La violencia estructural: la existencia de lógicas bajo el discurso

lógicas bajo el discurso

Para entender estas dinámicas de creación de representaciones de la realidad es necesario recurrir al concepto de campo de Pierre Bourdieu y entender la sociedad como un agregado de campos interrelacionados en diferentes grados. El pensamiento de Bourdieu constituye la base epistemológica y, en parte, teórica sobre la que se erige la presente investigación. No detenernos en este concepto de campo podría dar lugar a interpretaciones erróneas sobre el origen del discurso que vamos a estudiar. Como veremos, si bien el discurso sobre la radicalización isla- mista es enunciado por diferentes instituciones del Estado, éste responde a lógicas que no tienen por qué ser propias de las instituciones que enuncian el discurso. En consecuencia, merece la pena detenernos durante unos instantes en explicar ciertos conceptos básicos de la sociología de Bourdieu, para así poder entender como en los campos sociales se producen discursos que responden a lógicas que recorren dichos campos y que tienen distintos orígenes.

Debemos partir del concepto bourdiano de campo.

“Un campo puede ser definido como una red o una configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones están objetivamente definidas, en su

44 _{Por ejemplo, la noción de violencia subjetiva es, en determinados momentos, disputada y}

cuestionada por agentes sociales que valiéndose de sus diferentes capitales tratan de hacer mella en la supuesta evidencia de lo que se considera o no violencia.

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existencia y en las determinaciones que imponen sobre sus ocupantes, agentes o instituciones, por su situación presente y potencial (situs) en la estructura de distribución de especies del poder (o capital) cuya posesión ordena el acceso a ventajas específicas que están en juego en el campo, así como por su relación objetiva con otras posiciones” (Bourdieu & Wacquant, 2005, p. 156).

El campo debe ser entendido como un juego en el que varios agentes interactúan y, con sus estrategias y posibilidades, compiten por convertirse en actores dominantes o por mantener la dominación. Estas diferencias de posición, tanto en los diferentes campos como en la estructura social, son producto de la desigual distribución de capitales. Estas asimetrías permiten a los dominantes disfrutar de ventajas –monopolios– y les dota de capital simbólico para justificar su dominación. El campo, para poder reproducirse y sustentarse, ha de ser legitimado en algún grado por aquellos que operan en él.

En nuestras sociedades contemporáneas, fruto de la acumulación de diferentes especies de capital, el Estado adquiere la capacidad de fijar las tasas de cambio entre capitales. El Estado puede determinar qué capitales son más valiosos y qué capital simbólico se puede extraer de ellos. De este modo, el Estado se erige como garante de las estructuras sociales y como origen de su capacidad para legitimarse a sí mismas (Bourdieu, 1993).

La legitimación de la estructuración de los campos naturaliza las relaciones entre las posiciones que los conforman. En consecuencia, la asimetría entre las posiciones que conforman cualquier campo social dará lugar a relaciones de dominación facilitadas por el poder asociado a quienes ocupan posiciones dominan- tes. Este poder toma la forma de modos de interacción violentos, dando lugar a la

violencia estructural. Como dicen Bernal et al.: “gran parte del daño que se produce

en nuestras sociedades viene determinado por la inequidad y la división social, que han devenido violencia estructural” (2012, p. XXV).

Esta violencia se manifiesta de dos formas: por una parte, un agente puede valerse del poder asociado a su posición para materializar su capacidad de dominación sobre otras posiciones en un acto de violencia estructural; por otra parte, la propia posición impone al agente una serie de constricciones a su acción y a su percepción.

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Para entender cómo la posición social moldea al agente que la ocupa, es sumamente ilustrativo el concepto de habitus acuñado por Bourdieu. El habitus debe ser entendido como “un sistema de disposiciones duraderas y transponibles que, integrando todas las experiencias pasadas, funciona en cada momento como

una matriz de percepciones, apreciaciones y acciones”(1989, p. 60). Este sistema

de disposiciones operará como una suerte de instrucciones que permitan al agente

social alcanzar las exigencias sociales de su entorno(Da Graça Magalhaes, 2006,

p. 31).

A las posiciones dominadas les van adjuntas una serie de disposiciones que posibilitan su dominación. Del mismo modo, a aquellos que ocupan las posiciones dominantes el propio campo les impone ciertas pautas. En este punto debemos atender a la existencia de lógicas que recorren el espacio social condicionando las relaciones entre posiciones (Bourdieu & Wacquant, 2005). Las lógicas no tienen por qué ser percibidas conscientemente, pero aun así determinan el comportamiento de los agentes sociales. Estas lógicas proceden de la estructuración del espacio social, y operan como una serie de inercias que condicionan los modos de interacción entre las posiciones sociales.

Si concibiéramos el mundo social como un espacio estructurado por la distribución asimétrica de capitales pero carente de lógicas inherentes a la estructura, cualquier manifestación de una relación de poder debería ser concebida como un acto consciente de violencia. Estaríamos hablando de individuos plenamente conscientes de sus posibilidades de actuación que deciden libremente hacer su voluntad sobre otros individuos aprovechando la capacidad de la que le dota su posición en el espacio social. Pero, atendiendo a la existencia de dinámicas objetivas en el espacio social, es decir, de lógicas de interacción que no dependen de las voluntades individuales, la violencia estructural toma la forma de una violencia que “ya no es atribuible a los individuos concretos y a sus malvadas intenciones, sino que es puramente objetiva, sistémica y anónima” (Žižek, 2009, p. 23). Podemos hablar, por tanto, de una violencia estructural pura. Las palabras de Foucault al hablar del panóptico son una buena ilustración de este tipo de violencia:

“[…]el poder externo puede aligerar su peso físico; tiende a lo incorpóreo; y cuanto más se acerca a este límite, más constantes, profundos, adquiridos de una vez para siempre e incesantemente prolongados serán sus efectos: perpetua victoria que

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evita todo enfrentamiento físico y que siempre se juega de antemano” (Foucault, 2002b, p. 206).

La interacción entre las tomas de posición (actos y estrategias de los agentes sociales ejecutadas de forma consciente que, a su vez, operaran condicionadas por el habitus asociado a su posición) y la lógica objetiva de las estructuras sociales nos permite ver el espacio social como un campo:

“a la vez como un campo de fuerzas, cuya necesidad se impone a los agentes que se han adentrado en él, y como un campo de luchas dentro del cual los agentes se enfrentan, con medios y fines diferenciados según su posición en la estructura del campo de fuerzas, contribuyendo de este modo a conservar o a transformar su estructura” (Bourdieu, 1997, p. 49).

Como señala Bourdieu, todas las sociedades se presentan como espacios estructurados en función de la “distribución de las especies de capital, o formas de poder, eficientes en el universo social considerado” (Bourdieu, 1997, p. 49). De esta estructuración de las sociedades procede la violencia estructural que, como hemos visto, se manifiesta de diferentes formas. Por una parte, la distribución asimétrica de estos capitales hace posible que las tomas de posición de los agentes generen relaciones de dominación subjetivas. A la vez, la posición social objetiva- mente determinada se impone sobre el agente social como una serie de disposicio- nes a la percepción y a la acción. Por último, las lógicas propias del campo dan lugar a relaciones objetivas de dominación entre posiciones.

Más allá de que las tomas de posición concretas de los agentes vayan destinadas a subvertir o a mantener la estructura del campo, la aceptación del

habitus asociado a una posición –y la misma participación en el campo– requieren

que el campo goce de cierta legitimidad. La violencia estructural depende de una violencia simbólica que la posibilite y ésta remite a un capital simbólico que, como cualquier otro capital, se encuentra distribuido y asociado a determinadas posiciones, lo que le confiere cierto carácter estructural.

Determinar qué forma de capital actúa como primer elemento estructurador en nuestras sociedades requeriría un profundo trabajo sociogenético que no es nuestra tarea. No obstante, si el Estado-moderno tiene la capacidad de legitimar y regular las estructuras sociales empleando los recursos materiales y simbólicos necesarios para regular el funcionamiento de los diferentes campos (Bourdieu, 1997), debemos

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resolver que las violencias estructurales –pese a poder ser ejercidas por campos altamente autónomos– tienen su amparo último en el campo burocrático y su

capital simbólico. En consecuencia, puede afirmarse que tras la violencia estructural existe una violencia simbólica que la posibilita y cuyo ejercicio recae

principalmente en el Estado.

Trasladando estas nociones teóricas a nuestro objeto concreto de estudio, concebiremos el Estado como campo burocático. Esto implica que las acciones del Estado se entenderán atravesadas por una serie de lógicas y por la pugna entre diferentes posiciones por imponer como universales sus representaciones de la realidad. A su vez, el campo burocrático se verá influido por las luchas y posicionamientos que tengan lugar en otros campos. En la materia que nos ocupa, tales campos serán el jurídico y el político.

Nuestro objeto de estudio es la gestión estatal de la radicalización islamista. Una vía para aproximarnos a ella hubiera sido identificar todas las posiciones de estos tres campos que intervienen en la construcción y gestión de esta problemática social para observar sus habitus, conflictos y tomas de posición. No obstante, dada la complejidad de la cuestión estudiada, la multiplicidad de autores implicados y el difícil acceso a ellos –pues pertenecen en muchos casos al ámbito de la seguridad o a las altas instancias del Estado–, hemos tenido que optar por otro camino para aproximarnos a la realidad estudiada.

La concepción del discurso como acción social (Van Dijk, 2001) permite tomar tanto aquello que el estado dice como aquello que propone como una toma de

posición enunciada a través de un discurso. Si, como acabamos de exponer, los

campos están recorrido por lógicas –elementos ideológicos y representaciones de la realidad (Van Dijk, 1998) – que condicionan las interacciones entre posiciones sociales y tomas de posición, la observación del discurso enunciado por el Estado en sus documentos oficiales –sentencias y documentos estratégicos, en este caso– va a estar condicionado por las lógicas que lo recorren como campo burocrático. En consecuencia, la observación del discurso del Estado en busca de estas lógicas nos permitirá ver cómo se ha definido la radicalización islamista y qué medidas se

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proponen para gestionarla, además de entender por qué se ha definido así y por qué

se proponen estas medidas y no otras45_.

Por haber sido construida como una problemática ligada con la violencia terrorista, la radicalización islamista es objeto de la política criminal. Su proximidad a la violencia subjetiva permite recurrir a las instancias de control social formal (Bergalli & Bustos Ramirez, 1983) para gestionarla . Como veremos a lo largo de la presente investigación, esto sitúa a la radicalización islamista dentro de la discusión en torno a qué interacciones sociales se catalogan como violencia

subjetiva y, a su vez, en el debate sobre las circunstancias que justifican que el

Estado recurra a las Fuerzas de Seguridad, los tribunales y a la prisión, es decir, a la violencia estructural ejercida por él mismo.

2.4. La violencia subjetiva: aquello que es