CAPITULO 2 : Sector Inmobiliario
5. URBI 6 SADAS
2.2.5 VIVIENDA SOCIAL
El Artículo 4 de la Constitución mexicana consagra el derecho de los mexicanos a contar con una vivienda. En el año 2006 la inclusión de la producción social de vivienda en sus diversas modalidades dentro de la política habitacional del país complementó y potenció el Sistema Nacional de Vivienda, abriendo opciones y apoyos viables y legales a sectores que enfrentan graves dificultades para tener una vivienda digna (CDDHCU (2006)). Sin embargo la población de menores ingresos sigue teniendo muchas dificultades para tener acceso a créditos que le permitan la adquisición de vivienda. Por otro lado deben dejarse de lado las políticas paternalistas de exceso de subsidios para enfrentar este problema social desde una base más operativa y menos política. Es decir, crear dentro de la industria de la vivienda la conciencia de que a través de la calidad y de diferentes tecnologías de construcción pueden reducirse los costos frecuentes que elevan los costos y reducen la utilidad del desarrollador. Es así que siendo la vivienda social una necesidad en el país, debe crearse una industria “manufacturera” de vivienda soportada por todos los sistemas de calidad que en la industria manufacturera han sido de gran provecho. (CIDOC y SHF (2006))
En junio del año 2006 se aprobó la Nueva Ley de Vivienda. Se puede decir que esta ley está dirigida principalmente a la producción social de vivienda. Dentro de esta regulación podemos encontrar que se define a este tipo de vivienda como “aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones ”. (Ley de Vivienda) (CDDHCU (2006))
Gracias a esta Nueva Ley de Vivienda se da reconocimiento a un sector productivo que ha cumplido ,y que, regulado y apoyado adecuadamente seguirá cumpliendo con mayor eficacia un papel relevante en la solución de la problemática de la vivienda para aquellos que no pueden tener acceso a un crédito. (CDDHCU (2006))
En la siguiente gráfica podemos observar la importancia relativa de la Producción Social de Vivienda en el producto interno bruto del país entre 1988 y 2005. Existe en este tipo de producción una consistencia interesante a lo largo del tiempo y su impacto macroeconómico que comparte con la producción privada de vivienda de interés social que cuenta con apoyos institucionales.
Figura 9: Inversión en vivienda como porcentaje del PIB, 1988-2004.
Fuente: UAM-Xochimilco, 2005, Dimensión e impactos Macro y Macroeconómicos de la Producción Social de vivienda en México, pág. 54. Elaborado con base en información de INEGI y CONAFOVI
Han sido muchos los beneficios de la producción social de vivienda ya que industrias
directamente relacionadas con la construcción como es la cementera y la del acero aún en tiempos de crisis económica han podido mantener en un nivel importante las ventas gracias a este mercado, sustentado en los productores sociales de vivienda. (CDDHCU (2006))
Este tipo de producción social de vivienda ha afectado directamente no solamente los indicadores macroeconómicos, sino que ha resuelto las necesidades habitacionales de cerca de dos terceras partes de la población del país, principalmente de aquélla que como comentábamos anteriormente no tiene acceso a los mecanismos crediticios del mercado, y los productores sociales de la vivienda siguen contribuyendo de forma relevante a la producción total de la vivienda en México. (CDDHCU (2006))
Figura 10: Volumen de la Producción Social de Vivienda (PSV), 1980-2004 (Miles de viviendas a diciembre de cada año)
Fuente: UAM-X, 2005. Elaborado con base en INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda 1980, 1990 y 2000. CONAFOVI, Estadísticas de Vivienda, varios años, y CIDOC, 2004.
Construir la propia vivienda es un proceso que implica mucho desgaste económico, emocional y físico para las familias que se involucran en este reto de autoproducir su vivienda. Desgraciadamente la reglamentación mexicana sobre la construcción tiene muy limitada la asesoría técnica para este tipo de vivienda. Muchos de los productores de materiales han generado manuales de autoconstrucción que promueven y dirigen la edificación de este tipo de vivienda; pero la supervisión profesional para este tipo de vivienda es muy escasa. (CDDHCU (2006))
Se confía en que la Nueva Ley de Vivienda proveerá un sistema de apoyo jurídico, financiero, programático, administrativo, de inducción (subsidios) y de fomento (capacitación y tecnologías adecuadas) que incida en la producción y gestión social de la vivienda y en la integración y manejo de sus componentes: suelo, servicios y equipamientos, materiales, asistencia técnica, participación social, financiamiento y movilización de otros recursos sociales. (CDDHCU (2006)) Para fortalecer este programa es necesario contar con enlaces con diferentes universidades públicas y privadas del país, y con la CONAFOVI para fortalecer la conceptualización, diseño y priorización de este Sistema Nacional de Vivienda. Anteriormente mencionamos que el ITESM ha estado muy pendiente de esta vinculación, pues existe dentro de la institución un fuerte compromiso por el desarrollo social.
La importancia social y cuantitativa; así como la magnitud de espacio que ocupa en todo el país la producción social de vivienda no debe de limitarse a la producción de unidades habitacionales sino también debe enfocarse a la construcción de ciudades; al uso racional de los recursos económicos y naturales que utiliza, y a la preservación y mejoramiento del ambiente a través de los lineamientos internacionales sostenibles.
La Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa Hábitat de las Naciones Unidas “ reconoce las capacidades de la gente para producir, desarrollar y organizar su hábitat, el proceso es en sí mismo participativo, equitativo, incluyente, integrado, sustentable y multisectorial, aspirando a satisfacer las necesidades individuales y colectivas a fortalecer una ciudadanía responsable, las economías locales y la transformación social”. (ONU (2005))