Y ¿Cómo está la educación en este contexto?

La educación es un proceso continuo que permite al educando apropiarse críticamente de los saberes, competencias, actitudes y destrezas necesarios para comprender la realidad, penetrarla, valorar su universo simbólico y darle sentido a los eventos y circunstancias de su cotidianidad.

El nivel educativo de una persona le determina, en alto grado, las oportunidades de acceder a los derechos básicos propios de una sociedad democrática y moderna. El empleo, el ingreso, la seguridad social, la participación política, el desarrollo de su vida personal y familiar, el acceso a servicios culturales, a la ciudad y al tecnología, entre otros, están muy ligados con las oportunidades que cada quien haya tenido de obtener mayores niveles de educación. Por esto, la educación es uno de los derechos fundamentales, como la vida, pues garantiza la posibilidad de desarrollarla. Asimismo, es el medio por excelencia para desarrollar la libertad y la equidad, base y sostén de la democracia, cuya plena existencia garantiza el reconocimiento de los derechos inherentes al Estado Social de Derecho61_.

Lo anterior pone de presente la importancia de la educación en el desarrollo de una sociedad y con especial acento en Colombia con la crisis generalizada que viene presentándose durante varios años; esto hace necesaria la búsqueda de nuevas alternativas que permitan acciones claras en pro del tejido social; así la educación es una posibilidad para ello, como acceso a la información y al conocimiento y, en especial, a la pregunta por el ser en interacción con otros dentro de un contexto social. Ello justifica la necesidad de una propuesta educativa fuerte en el país, palabras que se repiten constantemente cuando se habla del tema en los niveles nacional y local; sin embargo, es notable cómo el discurso no se hace real con las medidas tomadas al respecto, que buscan incursionar en la globalización y en el mercado de libre comercio que afectan la inversión social y, por lo tanto, la educación como derecho fundamental.

61 GARAY SALAMANCA, Luis Jorge. Colombia entre la exclusión y el desarrollo. Contraloría General de la República. Colombia, 2002.

• Las políticas internacionales en educación

Las políticas educativas están bajo lineamientos internacionales de reducción del gasto público, descentralización, privatización y ajuste fiscal. El Banco Mundial, a finales de los 80, fija una dirección para las políticas educativas de los países endeudados; plantea reducir gasto público y aumentar el recaudo fiscal para pagar los intereses de la deuda y sugiere descentralización administrativa en educación, al igual que el fomento de escuelas privadas o su financiamiento por parte de las comunidades. En este mandato se inscribe el paquete de ajuste de la política educativa impulsada por Andrés Pastrana que tiene como eje central el acto legislativo 01 de 2002 y la reforma de la ley 60 materializadas en la Ley 71562_.

Estos fuertes recortes presupuestales, y las exigencias del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional bajo el modelo neoliberal, tienen la contraparte de dar continuidad al “servicio” de la deuda, y al tiempo se deben pagar sus altos intereses; esto implica un estancamiento en la inversión de la educación en pro de su autogestión, y por lo tanto disminuir las responsabilidades estatales que no generen ganancias al capital. Sin embargo, la baja en las inversiones sociales no ha sido directamente proporcional a la disminución en el endeudamiento del país, debido a que este dinero se ha utilizado en la guerra o en la expansión del capital financiero. A ello se le suman las políticas internacionales de la Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Tratado de Libre Comercio (TLC) que implica cambios notables en el modo de administrar las inversiones en educación y específicamente la forma como los países subdesarrollados se relacionan con las lógicas mundiales. EE. UU. y Canadá tienen un amplio dominio en la exportación de servicios educativos, siendo una competencia difícil de soslayar para las ofertas educativas nacionales que en la actualidad son de bajo 62 LIBREROS, Daniel. Compilador. Tendencias de las políticas educativas en Colombia: balance y

nivel, en donde se puede vislumbrar una venta de instituciones Colombianas a inversionistas multinacionales como ya se ha empezado a efectuarse con la privatización avanzada de otros sectores públicos.

En estas nuevas políticas no están incluidas las necesidades del país y los acuerdos internos no son posibles sino se encuentran acordes con los mandatos internacionales, quedando el gobierno nacional supeditado al mercado global y por lo tanto sus políticas como el ingreso de inversionistas multinacionales, el libre acceso, la libre inversión y libre comercio. Además estos productos extranjeros no van acordes con la población, su identidad, la cultura, las dinámicas propias de la comunidad no son parte de un plan de estudios internacional, más bien sus intereses van en pro de la dinámica global y la acumulación del capital.

Los inversores en educación tendrán derecho a establecerse en cualquier país parte del ALCA y a competir por recursos públicos con las instituciones públicas de educación (...) Estas normas son irreversibles; una vez abiertas las fronteras, ningún gobierno puede cerrarlas. Si luego se percata de que estas normas son nocivas al país, no podrá establecer regulaciones o requisitos que aseguren un mejor acceso, una mayor calidad, o precios menos onerosos. En caso de hacerlo, el Estado se expone a multimillonarias demandas por interponer barreras u obstáculos a la libertad comercial63_.

La privatización de la educación formal se convierte en obstáculo para la realización del derecho a la educación, pues los altos costos no permiten el acceso a un alto número de población. Además, el ingreso diferenciado a las Instituciones educativas según la capacidad económica de las familias, se convierte, en un mecanismo de segregación social que fortalece la desigualdad de oportunidades entre distintos sectores sociales. Colombia es el único país de Latinoamérica en donde la educación básica no es gratuita.

63 YÉPEZ, Alberto. La educación en el ALCA ¿al servicio de quién? Alcatemas. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Bogotá 2004. P. 33

En América Latina, tanto como en el África Subsahariana o en el sur de Asia, el principal obstáculo que tienen los países para garantizar la satisfacción del derecho fundamental a la educación está en el peso enorme de la deuda pública y en los consiguientes programas de ajuste que los organismos internacionales han impuesto. Invariablemente, estos países han tenido que reducir los recursos que destinan a la educación y a los demás rubros del gasto social para atender el servicio de la deuda64_.

La consecuencia del no acceso a la educación es en sí misma una ventaja para las grandes multinacionales debido a la posibilidad de acceder a mano de obra no calificada por bajos salarios al devaluarse cada vez más la remuneración del trabajo y, por lo tanto, disminuyendo su inversión. Es así como bajo la lógica del ALCA la educación se convierte en un negocio muy rentable, con mercado asegurado y una clientela cautiva puesta al servicio de la diferenciación social, que asigna a cada persona, de acuerdo con su capacidad de pago, su futuro lugar en la sociedad. La promesa de salir de la pobreza y avanzar en la escala del éxito social hará que los ciudadanos se esfuercen por tratar de subir algunos escalones, en una pirámide educativa que tendrá unos costos de acceso y permanencia a medida que se asciende65_.

• Las políticas educativas en Colombia

Son diversas las problemáticas de las condiciones educativas en el país. Por ejemplo, los indicadores de cobertura, eficiencia y calidad del sistema educativo señalan que los avances han sido lentos e insuficientes y que, en varias ocasiones, los aumentos en cobertura se han logrado a costa de la calidad. La falta de educación constituye uno de los factores sustanciales detrás de la persistencia de la desigualdad y la concentración de las oportunidades66_.

Las siguientes cifras dan cuenta de cómo la educación en Colombia ha tenido un bajo nivel de cobertura y calidad sostenida en el tiempo, 64 Ibíd. P. 77

65 Ibíd. P. 98

y a diferencia del nombrado en las políticas educativas, la tendencia es al descenso. Se tiene como posible móvil de ello la distancia marcada entre los mandatos del gobierno y el contexto del país, en donde se hacen exigencias sin políticas claras de las necesidades de la población en el ámbito económico especialmente, lo que implica que en la apertura de la educación a un modelo neoliberal sea cada vez más difícil acceder a ella.

Matriz 4: Población objetivo de la educación por niveles, 1993-200067

Nivel /años 1993 2000 % 2000 -1993 Crecimiento 1993-2000 Preescolar (5 y 6 años) 1.719.437 1.922.450 11,2% 203.013 1,6% Primaria (7 a 11 años) 4.148.847 4.575.805 26,7% 426.958 1,4% Secundaria (12 a 17) 4.832.202 5.073.649 29,6% 241.447 0,7% Superior (18 a 24) 4.939.529 5.557.876 32,4% 618.347 1,7% TOTAL 15.640.016 17.129.780 100% 1.489.764 1,3%

FUENTE: Cálculos de la misión social basados en datos de población del DANE

Es notable el alto número de personas en edad escolar que hay en el país, especialmente de jóvenes que son la población más vulnerable en la medida que no hay la oferta para tanta demanda; esta razón se repite en las políticas educativas, teniendo como medida un aumento de cupo no planeado que afecta la calidad de la educación y la dinámica escolar propia de cada institución. Para muchos de estos niños/ as y jóvenes la educación no es una alternativa: debido a los altos índices de pobreza ingresan en mercados laborales o actividades delictivas a corta edad para ayudar económicamente en el sostenimiento de sus hogares.

La disminución general de la tasa de escolarización y las dificultades para la culminación del ciclo educativo se presentan en la matriz 5, lo cual se evidencia en los altos grados de deserción, para lo cual las 67 CORPOEDUCACIÓN y Otros. Situación de la educación básica, media y superior en Colombia. Casa Editorial el Tiempo, Fundación Corona y Fundación Antonio Restrepo Barco. Bogotá, 2001. p 139

políticas educativas toman como medida el control extremo que solo permite la repitencia del 5%.

Matriz 5: Tasas brutas de escolarización por nivel educativo, 1985-200068

Niveles 1993 1997 1998 1999 2000 Var. 1993-2000 Preescolar 39,2 41,8 41,7 43,6 46,8 7,6 Primaria 118,5 113,9 113,1 113,1 111,2 -7,3 Secundaria 63,9 82,5 81,7 81,8 84,2 20,3 Superior 15,7 22,5 22,4 20,7 22,2 6,5

FUENTE: Cálculos Departamento Nacional de Planeación, basado en encuestas de hogares de septiembre de cada año

Pese a hablar de disminución en la tasa de analfabetismo nacional, los datos alertan una marcada debilidad cuando un país tienen tantas personas sin un conocimientos básico en lectura y escritura; muchos/as de ellos/as son jóvenes lo cual precariza más su situación laboral y remuneración económica.

Como estrategias para atender estas problemáticas educativas se definen reglamentaciones y planes nacionales que obedecen a lineamientos internacionales y, como se presentó antes, contribuyen a desmejorar la calidad de vida de la población. Una de estas estrategias es el Plan decenal de educación que responde a:

La necesidad de dotar al país de un Plan Nacional de Desarrollo Educativo se fundamenta en la comprensión de que la educación, como principal fuente de saber, se constituye en la época actual en la más cierta posibilidad de desarrollo humano, cultural, económico y social de la nación. La complejidad de los procesos productivos y de la vida social ha convertido el conocimiento en un bien esencial para la supervivencia y proyección de las naciones. El momento histórico nacional y mundial nos coloca ante la certeza de que una apuesta al futuro de la nación y sus gentes es una apuesta por la educación69_.

68 Ibíd.

Para ello se pretende implementar estrategias como integrar distintas formas, niveles, modalidades y sectores de la educación; elevar su calidad por medio de la cualificación de los educadores; el desarrollo curricular y pedagógico; el mejoramiento de ambientes escolares y la dotación de las instituciones; la programación de investigaciones; la ampliación de la jornada; el premio a la excelencia; la expedición pedagógica nacional; la producción y distribución de textos, libros, material didáctico, también la información en ciencia, tecnología, educación y pedagogía; los programas de medios de comunicación y recursos telemáticos; la universalización de la Educación Básica; la ampliación de la cobertura; y el fortalecimiento de la educación no escolarizada. También tiene un componte de equidad desde la promoción en el sistema educativo: equidad de género y programa de atención a las poblaciones en situación de desplazamiento, en áreas rurales y minorías étnicas.

La financiación del Plan propone ser compartida por los gobiernos en mandato en los diez años de su desarrollo, tanto del orden nacional como territorial y local, las organizaciones y personas de la sociedad civil y los beneficiarios directos del mismo.

Al año 2004 después de nueve años del Plan Decenal de educación es claro que sus objetivos, propósitos y metas no han sido cumplidos, y la educación en Colombia hoy no es de alta calidad, ni tiene una alta cobertura, ni han disminuido en notable porcentaje los niveles de analfabetismo; es un Plan que se construye desde lo discursivo pero que no llega a un nivel real, pues son mucho más fuertes los pedidos internacionales y la guerra que el tener una población educada.

Los lineamentos del Plan Decenal se refrendan en la Ley General de educación – ley 115 / 94- donde se nombra como fin de la educación el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la vida y demás derechos humanos, la participación en decisiones de la nación, respeto a la ley y símbolos patrios, la adquisición y generación

de conocimiento, estudio y comprensión crítica de la cultura nacional, el fomento de investigación y creación artística, desarrollo de capacidad crítica reflexiva y analítica, conciencia del cuidadado del medio ambiente, promoción y preservación de la salud, capacitación en desarrollo tecnológico, acompañada de una evaluación constante de los/as educadores/as, directivos y estudiantes, y en su conjunto la calidad de la educación.

Art. 4 - El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo70_.

La creación del manual de convivencia tiene un lugar relevante en esta ley, en el cual se definen los derechos y obligaciones de los/as estudiantes, los padres o tutores y los/as docentes. En cuanto a los docentes se habla de su actualización profesional, nombrada en las políticas educativas, de llevar a la práctica el Proyecto Educativo Institucional, mejorar permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de ideas y sugerencias a través del Consejo Directivo, el Consejo Académico y las Juntas Educativas. Como deber del Estado se encuentra garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales, y en ningún caso desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los/ as educadores/ as.

Con la ley general de la educación se habla de comunidad educativa como un grupo de personas conformado por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares, que participan en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en el desarrollo del establecimiento educativo.

Este Proyecto Educativo Institucional (PEI) propende por una autonomía escolar en su construcción, dependiendo de las características propias de la institución y sus objetivos. Esta autonomía tiene la pretensión de vincular los currículos educativos a las necesidades de la población. Esta ley le da un importante lugar a la familia como parte esencial del proceso de formación escolar, y es un espacio para la confluencia de las diferentes figuras involucradas en este proceso, mediante canales de diálogo y transformación. De igual manera, los estudiantes empiezan a tener un lugar en la toma de decisiones institucionales desde el consejo directivo como el ente principal dentro del organigrama.

Esta ley abre otro tipo de posibilidades a la comunidad educativa en cuanto a participación activa de diferentes instancias como docentes, estudiantes y padres de familia y genera procesos democráticos en la institución, en la construcción del PEI que involucra a todas las instancias para dar directrices de futuro a cada institución de manera autónoma; introduce la pregunta por la democracia en la escuela, la toma de decisiones, la recepción de propuestas, la autonomía escolar. Aunque estos procesos en sí mismos tienen sus dificultades, son planteamientos de participación democrática que aportan importantes elementos a la construcción institucional y educativa.

Pese a los avances en los intereses de democratización de la escuela con esta ley, se inicia su desmonte como sucede también con la constitución del 1991. Un ejemplo de ello es la ley 715 del 2001

Es evidente el carácter regresivo de la reforma sustentada en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno que intensifica la aplicación del modelo neoliberal. La desfinanciación del sector educativo, la profundización de la racionalización y el erosionamiento de la carrera docente son medidas que el gobierno ha impuesto como dictamen de los organismos internacionales de crédito71_.

La financiación de la educación comienza a descentralizarse, para dirigir la responsabilidad a los municipios y distritos, desplazando desde el Estado su financiamiento e ingresar a una educación basada en la teoría del capital social. Acompaña este proceso el sistema de participaciones, basado en estándares técnicos y administrativos definidos por la nación, que buscan el financiamiento de proyectos educativos, el mantenimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura, las inversiones de infraestructura y dotación. Los costos amparados con estos recursos no pueden generar gastos permanentes a cargo del Sistema General de Participaciones y, si se excede el monto, los municipios tienen autonomía local para pagar con recursos propios lo que haga falta72_.

Como criterios de distribución, la participación para educación del Sistema General de Participaciones será distribuida por municipios y distritos: la Nación definirá la metodología para el cálculo de la asignación por alumno, y anualmente fijará su valor atendiendo las diferentes tipologías, sujetándose a la disponibilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones73_{. Los recursos son asignados}

por el número de alumnos matriculados de acuerdo con el esquema que el gobierno expide; por lo tanto, la asignación por alumno no corresponde con su valor real sino con el resultado de dividir un monto fijo entre los matriculados, llegando incluso a la paradoja de recibir un “menor valor por cada alumno” si aumenta globalmente la matrícula, valores que en muchas ocasiones son escasos para el funcionamiento total de la institución; por lo tanto, los padres/madres de familia deben asumir ciertos gastos para el autosostenimiento de los establecimientos educativos. Esta ley impone la política del subsidio a la demanda, pasó de la financiación de la oferta a la financiación por costo per cápita de alumnos/ as atendidos/ as.

72 LIBREROS, Daniel. Op. Cit.

73 REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL. LEY 715 DE 2001 (diciembre 21). Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2001.

Ley 715 establece el nuevo sistema escolar. Se convierten los colegios en “empresa social del Estado”, con autonomía administrativa, financiera y laboral. Los planteles tendrán que vender los servicios para subsidiar el déficit que se genere, genera lucha por estudiantes y estrategias de mercadeo74_.

Los departamentos, distritos y municipios certificados prestan el servicio público de la educación a través de las instituciones educativas oficiales, y cuando se demuestra insuficiencia en dichas instituciones contratan la prestación del servicio con recursos del