Cátedras Carlos Marx 2013,
Programa de Cátedras y Estudios de la Universidad, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Auditorio Emiliano Zapata Salazar,
22 de noviembre de 2013.
El Pentágono y el despojo de recursos geoestratégicos Sobre México y la privatización de Pemex
Carlos Fazio1
Introducción.- Desde comienzos de los años noventa, ante las amenazas a su hegemonía por competidores inter-imperialistas, Estados Unidos ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios y refuncionalización del espacio a escala mundial. El llamado Hemisferio Occidental no escapó a esa lógica de reconquista imperial. Mediante un proceso de reingeniería militar post-Panamá, América Latina y el Caribe en general, y Colombia y México en particular, han sido convertidas en una auténtica plataforma de guerra, así sea guerra comercial, frente a la competencia extracontinental por los mercados y los recursos geoestratégicos.
Como las dos caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento militar estadunidense en el área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos y megaproyectos como los contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés), el Plan Colombia, el Plan Puebla Panamá (PPP), el Tratado de Libre Comercio de Centro América y República Dominicana (CAFTA-RD), la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), el por ahora abortado proyecto de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), la Iniciativa Mérida, y a últimas fechas el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y la Alianza del Pacífico, que combinan intereses de seguridad y económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus materias primas y recursos estratégicos, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes, para los que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera).
Como resumió en 2007 el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, “se trata de transformar el territorio; adecuarlo a las nuevas mercancías, a las nuevas tecnologías y los nuevos negocios. Cuadricularlo, ordenarlo, hacerlo funcional y… productivo”.2
En el marco del renovado expansionismo imperial, México no sería la excepción. Al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1994), que vinculó al país de manera asimétrica y subordinada a Estados Unidos, siguieron el Plan Puebla Panamá (2001); la ASPAN (o TLCAN militarizado, 2005), que contiene una redefinición de facto de la frontera entre ambos países de acuerdo con los objetivos de seguridad de Washington y en detrimento de la soberanía mexicana; la Iniciativa Mérida (o Plan México, símil del Plan Colombia, 2007), que implicó una acelerada readecuación de las Fuerzas Armadas y las distintas fuerzas policiales mexicanas por asesores e instructores de operación e inteligencia estadunidenses, combinada con una reanudación de las actividades paramilitares y el aterrizaje en el territorio mexicano de compañías privadas de seguridad subcontratadas por el Pentágono y el Departamento de Estado; el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), diseñado para contener a China, y la Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Perú y Chile, instrumento político y
1 Carlos Fazio, Montevideo, Uruguay (1948), naturalizado mexicano, es periodista de profesión y se desempeña como profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es colaborador habitual del diario La Jornada y corresponsal del semanario Brecha, de Montevideo. Ha sido consultor de UNESCO y UNICEF, y director de la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información (ALASEI). Es miembro del Capítulo México de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad y del Grupo Paz con Democracia. Fue ponente en los Foros Social Mundial de Génova (2001) y México (2008 y 2010). Es autor de los libros La cruz y el martillo. Una biografía política de monseñor Sergio Méndez Arceo; El Tercer Vínculo. De la teoría del caos a la militarización de México; Samuel Ruiz. El caminante; Juan Pablo II. El guerrero de Dios;En el nombre del padre. Depredadores sexuales en la Iglesia; El eje Wojtyla –Ratzinger.¿La dictadura del Papa? y Terrorismo Mediático. La construcción social del miedo en México.
económico mediante el cual Washington pretende modificar el mapa sociopolítico regional acabando con los gobiernos de los países del ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y socavar desde dentro proyectos que suscitan el visceral rechazo de la Casa Blanca como la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y, en menor medida, el Mercosur (Mercado Común del Sur).
En ese marco, y en particular desde la llegada al gobierno de Felipe Calderón (diciembre de 2006), se ha venido desarrollando en México un larvado proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización, bajo control estadunidense, que ha sumido al país en una catástrofe humanitaria.
Terrorismo y seguridad nacional
En el último cuarto de siglo, seguridad y terrorismo se volvieron dos palabras de uso común en la agenda mexicana de Estados Unidos. Pero la campaña psicológica-ideológica sobre la seguridad y la amenaza terrorista fue anterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001, y se conecta de manera directa con el proceso de anexión silenciosa de México por Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio. No obstante, después del 11/S hubo un cambio de inflexión. Se dio un incremento en el empleo ideologizado de las temáticas de la seguridad y el terrorismo para sacar mayores concesiones a los regímenes clientelares débiles, sin rumbo y sumidos en la corrupción, como los de Vicente Fox y Felipe Calderón.
La discusión sobre una de las manifestaciones del terrorismo actual y sus causas (el “fundamentalismo islámico”), así como las interrogantes acerca de si México puede o no ser blanco de un atentado como ocurrió en Madrid, Londres y otras partes del mundo, no pueden hacernos perder de vista el origen del problema, esto es, la conducta atávica del grupo de militaristas civiles que se apoderó del Pentágono y que a través de la manipulación sutil y la inflación artificial de los “miedos” en la sociedad estadunidense ha venido practicando una política totalitaria de guerra permanente sustentada en la doctrina hitleriana del “espacio vital”.
La coartada huntingtoniana sobre “la guerra de civilizaciones” (que preparó el camino para las guerras imperialistas de Estados Unidos en Medio Oriente), la exacerbación en los medios del “fundamentalismo musulmán” y la falsa propaganda sobre las armas de destrucción masiva se inscriben en una estrategia de construcción imperial de varios carriles, que en ocasiones recurre a la invasión militar lisa y llana (Afganistán, Irak) o encubierta vía agentes desestabilizadores (Libia, Siria) y/o al golpe de Estado bajo distintas modalidades (Venezuela, Haití, Paraguay), y otras veces mezcla presiones políticas y diplomáticas o se impone mediante la desnacionalización y recolonización de la economía y el Estado en un país dado.
En el caso de México, en la fase más reciente, la creación del Comando Norte por el Pentágono en 2002, incluyó de facto al país en el “espacio vital” de Estados Unidos y convirtió el tema de la “seguridad” en una palabra clave que involucra nociones de guerra abierta o clandestina, militar, política e ideológica. La construcción propagandística de una “frontera común de seguridad” (según la terminología utilizada por el ex secretario de Seguridad Interior estadunidense, Michael Chertoff), y a mediano plazo de una “OTAN norteamericana” bajo el mando operativo de Washington, no son sino instrumentos para culminar el minado de la base logística de las Fuerzas Armadas mexicanas, a fin de desactivar cualquier hipótesis de defensa de la soberanía nacional.
Hace un tiempo que las políticas económica y exterior de México se han “bi-laterizado” (aunque a los efectos prácticos se deciden en Washington), y la actual tendencia exhibe que las Fuerzas Armadas viven un proceso acelerado e inédito de “estadunización”, como pieza clave de un diseño global que busca asegurar el control transnacional sobre los recursos geoestratégicos de México. Se trata del famoso “tercer vínculo” mencionado por William Perry en 1997; el eslabón que faltaba para cerrar el círculo de la dependencia.3
La profusa información de que nuevas unidades de elite de las Fuerzas Armadas locales han venido recibiendo adoctrinamiento y adiestramiento en inteligencia para el combate al terrorismo, manejo de crisis marítima y otras disciplinas propias de la contrainsurgencia clásica en colegios y bases militares estadunidenses, viene a confirmar esa tendencia, que es apuntalada con “acuerdos de cooperación” militar y, eventualmente, “acuerdos de defensa mutua”, lo que mediante una “fórmula legal” y bajo la excusa de la “presencia terrorista” podría permitir luego la intervención militar directa de Estados Unidos en México, como ocurrió antes en Colombia.
Waco, el petróleo y seguridad nacional
El 12 de septiembre de 2005, con el telón de fondo de la tragedia ocasionada por el huracán Katrina, por enésima vez en sus cinco años de gobierno el presidente Vicente Fox anunció que elevaría al Poder Legislativo una iniciativa de reforma constitucional que “complementara” la inversión pública con la inversión privada en la exploración, explotación y actividades relacionadas con el gas natural no asociado al petróleo. Asimismo, propuso otra iniciativa de reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, para “complementar” la inversión pública con inversión privada en infraestructura de almacenamiento y ductos de petróleo y sus derivados. El llamado “decálogo energético” del presidente Fox tenía como antecedente otra iniciativa del Ejecutivo federal, del 21 de agosto de 2002, en la que proponía la reforma del 27 constitucional para permitir la inversión privada en generación de electricidad. Petróleo, gas natural y electricidad; sólo faltaba el agua.
La iniciativa foxista en materia energética tenía que ver con actividades que la Constitución reserva con exclusividad al Estado mexicano. Para permitir la inversión de compañías privadas en el sector, Fox adujo que al Estado le faltaban recursos. En realidad, al llegar al final de su mandato, se trató de un último y desesperado intento por dar cobertura constitucional al despojo del sector energético nacional por las compañías transnacionales.
A lo largo del sexenio Fox impulsó una privatización de facto de funciones vitales de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad en beneficio de las grandes corporaciones del ramo de la energía. El debilitamiento y desmantelamiento de la industria energética mexicana no tiene nada que ver con la mano invisible del mercado sino con las propuestas del aparato de seguridad de Estados Unidos y del alto empresariado transnacional y sus socios locales agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Las llamadas “reformas estructurales” que han venido impulsando los distintos presidentes neoliberales de México en los últimos 30 años, no son sino un intento postrero para cumplir con los lineamientos del Banco Mundial y los plutócratas y grandes financistas nacionales asociados al capital extranjero. En rigor se trata de una contrarreforma constitucional privatizadora que pone en riesgo la soberanía nacional y atenta contra la rectoría del Estado sobre el sector energético. Es decir, pone en riesgo las defensas estratégicas de la nación.
¿Qué tendría que ver el “decálogo energético” de Fox con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), suscrita en el rancho Crawford, en Waco, Texas, por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el primer ministro canadiense, Paul Martin y Vicente Fox, el 23 de marzo de 2005? ¿Cuál fue la agenda oculta de Waco? ¿Cuáles sus antecedentes?
A comienzos de 2001 estalló otra crisis prolongada de la economía estadunidense. El endeudamiento de las familias y las empresas rebasaron su capacidad real de pago. Los bancos otorgaban préstamos por fuera de las reglas más elementales y contribuyeron al descalabro financiero. El caso de la transnacional Enron fue el más emblemático. Bush solicitó mano dura contra la deshonestidad, pero entonces la gran prensa estadunidense se dedicó a revelar su pasado y el del vicepresidente Dick Cheney, y la popularidad de ambos cayó al piso.
Para tratar de volver a los primeros planos, el presidente Bush huyó hacia adelante y se refugió en la guerra. Los atentados terroristas del 11 de septiembre, funcionales a la política internacional de Estados Unidos, le sirvieron a Bush de justificativo, reactivando la posibilidad de guerras contra naciones calificadas como integrantes del “eje del mal”. Después se supo que el equipo que rodea a Bush en la Casa Blanca había diseñado con antelación un plan cuyo objetivo era rediseñar el mundo en la medida de un único imperio en el Siglo XXI.
A partir de entonces, el “imperialismo energético” de Bush, Cheney y compañía se apoyó en un unilateralismo exacerbado y en la doctrina de la guerra preventiva. El belicismo de Washington se incrementó en Afganistán, después siguió Irak. Pero también se proyectó sobre el patio trasero del imperio, con la segunda fase del Plan Colombia, el golpe de Estado (2002) y las amenazas a la Venezuela de Hugo Chávez (estigmatizado en la propaganda de Washington como ejemplo del “populismo radical”), las provocaciones contra Cuba socialista y la inclusión de la Triple Frontera −una inhóspita región en el corazón de América del Sur, que abarca territorios de Brasil, Argentina y Paraguay− como otro de los “peligros” que amenazaban la “seguridad nacional” de Estados Unidos.
En abono a la hipótesis de que existía un plan previo a los sucesos del 11 de septiembre, cabe consignar que en mayo de 2001, el presidente Bush −principal operativo del cártel petrolero-gasero texano conformado por las transnacionales ExxonMobil, Halliburton, Enron y El Paso Corporation− dio a conocer su plan energético nacional, donde el combustible extranjero pasó a ser el eje del proyecto. En ese esquema, México fue definido como una “fuente primordial” para garantizar la “seguridad energética” de Estados Unidos.
Con eje en la seguridad energética de Estados Unidos, el Plan Cheney −como también se le llamó− recomendó a la administración Bush “fomentar que el sector privado estadunidense considere inversiones con base en el mercado”, lo que en código de los industriales del petróleo se llama “rédito de inversión basado en índice”, un mecanismo de compensación con pagos indexados a los resultados de la inversión. Si hay mayor rendimiento, el pago al inversionista será mayor.
las principales reservas de gas no explotado. En esa región, sugería el documento, podría darse una interrelación energética “natural”. Por eso, el grupo recomendó al presidente Bush que instruyera a sus secretarios de Estado y de Energía para que, en consulta con la Comisión Reguladora de Energía, se revisaran los “permisos presidenciales” para la construcción de infraestructura que permita el cruce de petróleo, gas natural y electricidad, y se propongan las reformas a las regulaciones que sean necesarias para hacerlas compatibles con el comercio intrafronterizo.
Es decir que entre febrero y mayo de 2001, la estrategia energética de la Casa Blanca buscaba convertir a México en exportador de hidrocarburos hacia Estados Unidos y proponía las reformas al 27 constitucional que sugeriría después el presidente Fox. El mensaje ponía énfasis en la “seguridad energética” de Estados Unidos. De lo que se trababa, entonces como ahora con la contrarreforma energética de Enrique Peña Nieto, es de que México produzca mucho más y que el petróleo (incluido el no convencional), el gas y la electricidad fluyan de sur a norte. En febrero de 2001, el experto George Baker, directivo de Mexico Energy Intelligence, dijo que Bush podía ofrecer fondos para convertir a PEMEX en la mejor empresa petrolera del mundo. “Por supuesto, tendría que ser una propuesta del presidente Fox, que no corresponde plantear al presidente Bush”, dijo Baker. En el corto lapso que medió entre su llegada a la Casa Blanca y septiembre de 2001, las presiones de Bush para “asociar” el gobierno de Fox en un “plan energético regional” no dieron respiro.
La idea de un “TLC energético” venía de la época de la campaña presidencial de Ronald Reagan, cuando el tema del petróleo y el gas entre México y Estados Unidos era casi tabú en la diplomacia bilateral y regional. Pero durante su campaña electoral, en octubre de 2000, el entonces gobernador de Texas, Bush, mencionó la idea en un debate televisado con Al Gore. “Le hablé (a Fox) de cómo sería mejor apresurar la exploración de gas natural en México, y transportarlo a Estados Unidos para que seamos menos dependientes de fuentes externas de petróleo crudo”, dijo Bush.
En marzo de 2001, ya como mandatario, Bush no tuvo empacho en afirmar que el gas encontrado en México era “hemisférico” y debía beneficiar a Estados Unidos. Afirmó entonces Bush: “Una buena política energética es aquella que entiende que tenemos energía en nuestro hemisferio y cómo explotarlo mejor y transportarlo a los mercados”.
Pocos días antes, con Fox de anfitrión, el secretario de Energía de EU, Spencer Abraham, había logrado introducir en la Declaración de México −suscrita por los ministros de Energía de las Américas− una frase que abogaba por la “integración energética” del continente. Allí quedó formado un grupo de trabajo trilateral (integrado por Abraham y los ministros del ramo de Canadá y México). “Encontramos que hay dependencia mutua, sin socios minoritarios ni socios mayoritarios”, dijo entonces Abraham con entusiasmo, desafiando la ley que rige la fábula del tiburón y las sardinas.
La idea de crear “redes” o “corredores energéticos” a través de ductos transfronterizos para el intercambio de hidrocarburos, así como la integración eléctrica entre EU, Canadá y México, fue retomada en la Cumbre de Quebec (abril de 2001), donde participaron 34 jefes de Estado y de gobierno de América. Uno de los compromisos de la cumbre fue “norteamericanizar los mercados de energía” −ante la deficiencia de Estados Unidos en la materia esgrimida por Bush−, para lo cual se requería “cambiar el marco legislativo y regulatorio” de los países involucrados. De paso, y a puertas cerradas, Bush y Fox resucitaron el viejo proyecto de un gasoducto para que fluyera gas natural mexicano de la costa del Golfo hacia California, en la costa oeste de Estados Unidos.
Cuando en septiembre de 2001 el presidente de México visitó a Bush en Washington, ambos mandatarios recibieron la propuesta del Consejo Binacional México-Estados Unidos para llevar a cabo, cuanto antes, la integración energética de Norteamérica. El principal destinatario de la solicitud fue el presidente Fox: a él le recomendaron aumentar la inversión privada en PEMEX; abrir el sector de refinación de crudo al capital extranjero; dividir en varias compañías la red de oleoductos mexicanos, y acceder a una pronta integración eléctrica con Estados Unidos. Para todo ello, señalaron, hay opciones: “liberalizando los marcos regulatorios y legales”. Es decir, modificando la Constitución mexicana, como propuso después el “decálogo” foxista, en su tiempo haría Calderón y en la actualidad Enrique Peña Nieto.
Como se ve, los contenidos de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte se habían venido definiendo desde 2001 bajo el control de Washington. Cuando en marzo de 2005 Paul Martin y Fox llegaron al rancho Crawford a suscribir la ASPAN, estaban avalando de manera subordinada la estrategia de Bush y del vicepresidente Cheney. Estrategia gradual y de doble vía que, por un lado, buscaba asegurarse más petróleo y gas natural del resto del mundo y, por otro, trataba de refinar la capacidad de intervención militar del Pentágono en los países productores de hidrocarburos.
y financiera del eslabón más débil de la cadena, México, preparando el terreno para las contrarreformas “estructurales” que faltan, en particular la privatización de los recursos energéticos (petróleo, gas, electricidad, agua). Desde 2005, el nuevo “paradigma”, según lo definió entonces la llamada Fuerza de Tarea Independiente (sic) sobre el Futuro de Norteamérica −cuyos copresidentes eran el ex viceprimer ministro de Canadá, John Manley; el ex secretario mexicano de Hacienda, Pedro Aspe y el ex gobernador de Massachussets, William Weld−, parece ser la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad. El “menú” del nuevo pacto, definido entonces por la Casa Blanca con el colaboracionismo de tecnoburócratas gubernamentales, asociaciones empresariales y círculos intelectuales conservadores y entreguistas de Canadá y México, incluyó seis puntos básicos de seguridad: militar, interna, energética, global, social y de acceso al agua dulce (el elemento que faltaba). No fue casual que los puntos de la agenda definían los intereses geoestratégicos de Washington; subordinaban el comercio a los asuntos de seguridad definidos en la doctrina Bush de guerra preventiva y lucha contra el “terrorismo”, y perseguían una dirección única: la dominación imperial estadunidense en el siglo XXI.
En síntesis, los objetivos clave del “nuevo acuerdo” −en cuya elaboración participó de manera activa Andrés Rozental Gutman, medio hermano del ex canciller del foxismo Jorge G. Castañeda− fueron desarrollar mecanismos de seguridad marítima, aérea y terrestre que permitieran hacer frente a cualquier “amenaza” en América del Norte; una estrategia energética basada en el incremento de la oferta para satisfacer las “necesidades” de la región (léase Estados Unidos), y facilitar inversiones en infraestructura energética, para las mejoras tecnológicas, la producción y el suministro confiable de energéticos, mejorando la “cooperación” en la materia.
En forma complementaria, un objetivo estratégico de la política petrolera del dúo Bush-Cheney fue persuadir u obligar a México, Venezuela y países productores del golfo Pérsico a que abrieran sus empresas estatales a la inversión multinacional privada. En ese sentido, en Waco, Bush trató de aprovechar la extrema debilidad del presidente Fox y definió la nueva agenda, que los tecnoburócratas tratarían de rellenar después con regulaciones, estándares y modificaciones graduales, pequeñas pero sustanciales, de modo de ir “armonizando” la legislación mexicana con los intereses de Washington y las transnacionales del sector energético.
A su vez, para garantizar “la producción y el suministro confiable de energéticos” en Norteamérica −que comenzaba ya a tomar forma como nuevo espacio geopolítico−, los estrategas de Washington impulsaron la idea de un “perímetro exterior de seguridad”, lo que colocó a Canadá y México bajo el manto militar nuclear del Comando Estadunidense de Defensa Aeroespacial (conocido como NORAD), y su extensión al Comando Norte, ambos bajo el mando del Pentágono, encargados de proteger de facto los suelos, mares y cielos trinacionales. La anuencia tácita de Fox al plan de seguridad de Bush, colocó al territorio mexicano como blanco de cualquier contingencia bélica. Pero, además, ese proyecto estadunidense que asumió a México como problema doméstico, incluyó el sellamiento militar del golfo de México, desde los cabos de Florida hasta la península de Yucatán, y el corrimiento de la frontera norte al istmo de Tehuantepec para controlar el tránsito de indocumentados mexicanos, centro y suramericanos, según el diseño original del Plan Puebla-Panamá.
México y la dominación de espectro completo
Desde finales de 2001, la doctrina Bush de “dispara primero, pregunta después” −continuada e incrementada por las dos administraciones de Barack Obama− ha venido dando prioridad al enfoque de la fuerza militar como herramienta básica de la política exterior estadunidense (diplomacia de guerra).
Esa estrategia de seguridad nacional, actualizada por el Pentágono en marzo de 2005, esbozaba la agenda de EU para la dominación militar mundial, mediante el aumento del despliegue de tropas en el exterior, el entrenamiento de ejércitos locales en tácticas básicas de contrainsurgencia y un incremento de los sistemas de armas avanzadas dirigido a escalar una carrera armamentista con países que desafiaban entonces la hegemonía de Estados Unidos, entre ellos China, Rusia, Francia y Alemania.
En su papel de “gendarme mundial”, además de esos enemigos potenciales de tipo tradicional el Pentágono identificó “nuevos enemigos” a los que calificó como Estados delincuentes o canallas (integrantes “el eje del mal”) y grupos calificados genéricamente como “terroristas”.4 Según esa estrategia, los nuevos adversarios no utilizan métodos de ataque clásico −o propios de la guerra convencional− y tienen posibilidad de acceder a tecnología y armas de destrucción masiva baratas. Contra ellos, al margen del derecho internacional, el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) aplicaron la Doctrina Bush de guerra preventiva (que en realidad es una guerra ofensiva), el asesinato selectivo, el secuestro (o la desaparición forzosa de personas) y la tortura sistemática, que se practica
desde entonces en una red de prisiones clandestinas diseminadas por varios países del mundo administradas por personal estadunidense.5 Otro elemento complementario de esa estrategia es la privatización de la violencia oficial, ejercida a través de “empresas contratistas”, lo que ha dado lugar a una mercenarización o tercerización de los conflictos. Otra modalidad es el paramilitarismo, como una forma no oficial de desarrollar la guerra sucia en zonas conflictivas.
En relación con México, la actual fase de intervención estadunidense responde a la agenda militar global de la Casa Blanca definida en el documento del Pentágono de marzo de 2005, ya citado. Como parte de una guerra imperial de conquista, el plan, que apoya los intereses de las corporaciones de Estados Unidos en todo el orbe, incluye operaciones militares ofensivas (directas, psicológicas o encubiertas) dirigidas contra países que no son hostiles a Washington, pero que son considerados estratégicos desde el punto de vista de los intereses del complejo militar, industrial, energético.6
Una orientación confidencial en el nuevo enfoque “proactivo” del Departamento de Defensa de Estados Unidos, fue el establecimiento de asociaciones con Estados debilitados y gobiernos tambaleantes. Bajo el disfraz de la guerra al terrorismo y la contención de Estados delincuentes, el Pentágono promovió el envío de fuerzas especiales (boinas verdes) en operaciones militares de mantenimiento del orden (funciones de policía). El documento impulsaba la adopción de “soluciones menos doctrinarias” que incluyeran el envío de pequeños equipos de soldados “culturalmente espabilados” para entrenar y dirigir a las fuerzas autóctonas en tácticas de contrainsurgencia. En las labores de capacitación destacaba la participación del Cuerpo de Marines, aunque una parte de esas actividades serían realizadas por compañías privadas de seguridad subcontratadas por el Pentágono y el Departamento de Estado.7 La tercerización de los conflictos vía empresas integradas por mercenarios, como Dyncorp o Blackwater – que se encargan de tareas propias de la guerra sucia que se apartan de la “doctrina”−, es una forma habitual de eludir los códigos de guerra o de derechos humanos por parte del personal militar reconocido oficialmente, lo que termina diluyendo las responsabilidades. Además de que constituyen una vía paralela para adoctrinar, penetrar y subordinar a las fuerzas armadas y las policías de los Estados nativos.
Como parte de una guerra de ocupación integral, la intervención estadunidense en curso responde a nuevas concepciones del Pentágono sobre la definición de enemigos: guerras contra no-Estados o contra enemigos no convencionales, irregulares o asimétricos (verbigracia, el terrorista, el populista radical, el traficante de drogas), que podrían actuar en Estados fallidos o ser patrocinados por Estados canallas o delincuentes. Lo que ha derivado en las guerras asimétricas de nuestros días, que no se circunscriben a las reglas establecidas en los códigos internacionales y evaden las restricciones fronterizas de los Estados.8
La ocupación integral de México forma parte de la “dominación de espectro completo” (full espectrum), noción diseñada por el Pentágono antes del 11 de septiembre de 2001,9 que abarca una política combinada donde lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural tienen objetivos comunes. Dado que el espectro es geográfico, espacial, social y cultural, para imponer la dominación se necesita manufacturar el consentimiento. Esto es, colocar en la
5
Una versión actualizada de las denuncias sobre la existencia de una red de prisiones secretas de Estados
Unidos en el mundo circuló en los medios el 2 de noviembre de 2005. Según
The Washington Post
, Estados
Unidos cuenta con “sitios negros” en Tailandia, Afganistán, Polonia y Rumania, que vienen a sumarse a los
casos más conocidos como la cárcel de Abu Ghraib, en Irak y el campo de concentración que opera en la
base militar de Guantánamo, en Cuba. Ver
La Jornada
, 3 de noviembre de 2005.
6 Ver Greg Jaffe, “Rumsfeld detalla un gran cambio militar en un nuevo documento”, The Wall Street Journal, 11 de marzo de 2005, y Michel Chossudovsky, “Los planes de EE.UU. para la dominación militar global”, Globalresearch
(http://globalresearch.ca/articles/CHO503A.html), 29 de marzo de 2005.
7
Ibíd.8 Ver Ana Esther Ceceña, Rodrigo Yedra y David Barrios,
Un continente bajo amenaza.
Observatorio
Latinoamericano de Geopolítica, Quito, Ecuador, 2009.
sociedad sentidos “comunes”, que de tanto repetirse se incorporan al imaginario colectivo e introducen, como única, la visión del mundo del poder hegemónico. Eso implica la fabricación y manipulación de una “opinión pública” legitimadora del modelo. Ergo, masas conformistas que acepten de manera acrítica y pasiva a la autoridad y la jerarquía social, para el mantenimiento y la reproducción del orden establecido.
Como plantea Noam Chomsky, para la fabricación del consenso resultan clave las imágenes y la narrativa de los medios de difusión masiva, con sus mitos, medias verdades, mentiras y falsedades.10 Apelando a la guerra psicológica y otras herramientas de la acción encubierta, a través de los medios se construye la imagen del poder (con su lógica de aplastamiento de las cosmovisiones, la memoria histórica y las utopías), y vía una sucesión de hechos signados por una violencia caótica y de apariencia demencial, se imponen a la sociedad las culturas del miedo y de la delación. La fabricación de imaginarios colectivos busca, además, facilitar la intervención−ocupación de Washington con base en el socorrido discurso propagandístico de la “seguridad nacional” estadunidense y/o la “seguridad hemisférica”. Con tal fin se introducen e imponen conceptos como el llamado “perímetro de seguridad” en el espacio geográfico que contiene a Canadá, Estados Unidos y México, que como parte de un plan de reordenamiento territorial de facto fue introduciendo de manera furtiva a México en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. La ASPAN, que como se dijo antes ha venido construyendo de manera larvada el concepto Norteamérica como una nueva estructura geopolítica/geoeconómica –que en la etapa ha logrado escindir a México de América Latina−, incluye una integración energética transfronteriza (hidrocarburos, electricidad) subordinada a Washington y megaproyectos del capital transnacional que subsumen los criterios económicos a los de seguridad, justificando así acciones que de otro modo no podrían ser admitidas por ser violatorias de la soberanía nacional, y una normativa supranacional que hace a un lado el control legislativo, mientras se imponen leyes contrainsurgentes que criminalizan la protesta y la pobreza y globalizan el disciplinamiento social.11
El manejo de una red de medios sistémicos bajo control monopólico privado permite, también, la construcción social del miedo,12 la fabricación del “enemigo interno” y el aterrizaje de doctrinas y matrices de opinión como “narcoinsurgencia” o “narcoterrorismo” y las referentes a los Estados fallidos y los Estados canallas, que por constituir un “riesgo” a la seguridad nacional de Estados Unidos deben quedar bajo su control y tutela. Ayer Colombia, la ex Yugoslavia, Afganistán, Irak. Hoy Libia, Paquistán, Siria, México.
La fabricación mediática de México como Estado fallido durante la transición Bush/Obama en la Casa Blanca (enero-febrero de 2009), incluía la previsión de un “colapso rápido y sorpresivo”, lo que según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (USJFCOM, por sus siglas en inglés) no dejaría más opción que la intervención militar directa de Washington.13 Entonces, la posibilidad de un colapso fue atribuida al accionar de grupos de la economía criminal y llevó a una acelerada militarización del país, con la injerencia directa de elementos del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigación (FBI), la agencia antidrogas DEA y otras dependencias estadunidenses en el territorio nacional, bajo la mampara de la Iniciativa Mérida, símil del Plan Colombia.14
10 Ver Carlos Fazio, “La mentira del Pentágono como arma de guerra”.
11
En marzo de 2005, en Waco, Texas, el presidente Vicente Fox adhirió a un acuerdo ejecutivo con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush y el primer ministro de Canadá, Paul Martin, denominado Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Los puntos nodales de la ASPAN (o TLC militarizado), fueron seguridad y energía, y laconstrucción de Norteamérica como un nuevo espacio político y económico para la competencia interimperialista de Estados Unidos con la Europa comunitaria y la región Asia-Pacífico. Desde su concreción, la ASPAN ha venido funcionando con un “gobierno sombra” de las elites empresariales y militares de Estados Unidos y sus socios menores en Canadá y México. Además, dicho acuerdo −que en México elude el control del Senado de la República, encargado por la Constitución de vigilar los acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo−, tuvo como objetivo establecer un “perímetro de seguridad” en el espacio geográfico inmediato a los Estados Unidos, bajo el mando de un nuevo comando militar del Pentágono creado en 2002: el Comando Norte
.
12 Ver Carlos Fazio, “La construcción social del miedo”. Ponencia en el Foro Social Mundial México 2008,
Jornada de Acción Global del FSM, Zócalo de la Ciudad de México, 25 de enero de 2008.
De manera sospechosa, a mayor militarización −vía la presencia del Ejército, la Marina de Guerra y las policías militarizadas en las calles y carreteras del país−, mayor violencia. Como si dijo antes, una violencia caótica y de apariencia demencial, pero planificada, que de manera encubierta fue protagonizada y potenciada por grupos paramilitares y mercenarios que han venido actuando bajo la fachada de empresas de contratistas privados, según el guión diseñado por el Pentágono en marzo de 2005.
Pero dado que en México los movimientos insurreccionales (EZLN, EPR) permanecen en una tregua armada y/o de acumulación de fuerzas en la clandestinidad, a través del terrorismo mediático se han venido impulsando matrices de opinión que permitan la aplicación de prácticas contrainsurgentes afines a la dominación de espectro completo y la guerra de ocupación integral (“narcoinsurgencia”, “narcoterrorismo”), utilizadas en el pasado reciente de manera reiterada por el ex jefe del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, general Víctor Renuart,15 la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton y otros altos funcionarios estadunidenses.16
El eje Wayne/Kilrain y la balcanización de México
La ocupación integral de México se inscribe dentro de las “guerras en curso” del Pentágono. Y de manera no tan velada, durante el régimen de Felipe Calderón los estrategas militares estadunidenses obtuvieron vía libre para sus acciones de “contra-narcoterrorismo” en el territorio nacional. Con esa bandera, el Departamento de Defensa estadunidense desplegó tres agencias de inteligencia y espionaje en México: la Agencia de Inteligencia Militar (DIA, por sus siglas en inglés), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que operaron desde los llamados “centros de fusión” u Oficinas Bilaterales de Inteligencia (OBI), la principal de las cuales está (o estuvo) instalada en Paseo de la Reforma 265, en el Distrito Federal.17
Según reportajes periodísticos no desmentidos del New York Times, The Washington Post, Proceso y La Jornada, en y desde esos centros “binacionales” de inteligencia −otro de los cuales estaría ubicado en la base militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Escobedo, Nuevo León, y dos más, que operarían como oficinas satélites, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Tijuana, Baja California− habrían venido operando agentes de la CIA, el FBI, la DEA, del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, los del Operativo Rápido y Furioso), del Departamento de Seguridad Interior y de la Oficina sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI, que depende del Departamento del Tesoro).
En apariencia, la guerra de ocupación integral en México no ha tenido buenos resultados. El 13 de marzo de 2012, el jefe del Comando Norte del Pentágono, Charles Jacoby, cuestionó ante el Senado de su país el saldo de la lucha antidrogas calderonista. Al testimoniar ante el Comité de Servicios Armados, el general Jacoby consideró
14
Símil del Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, anunciada por George W. Bush en Washington el 22 de octubre de 2007, fue diseñada como un paquete de asistencia militar (en especie) a México, por un monto de 1,400 millones de dólares para el trienio 2008-2010. Según el documento inaugural, el “nuevo paradigma de cooperación” entre Estados Unidos y México en materia de seguridad estuvo dirigido a hacer frente a “amenazas comunes” asimétricas, mismas que fueron identificadas como organizaciones transnacionales del crimen organizado, en particular las dedicadas al narcotráfico, el tráfico de armas, las actividades financieras ilícitas, el tráfico de divisas y la trata de personas. Con un dato adicional: la virtual equiparación (desde la óptica punitiva estadunidense) de tres términos y sus manifestaciones concretas: terroristas, narcotraficantes y migrantes sin documentación válida (indocumentados). En su parte sustantiva, el millonario paquete de asistencia militar incluyó aviones y helicópteros de combate; barcos, lanchas; armamento y equipo bélico, radares y sofisticados instrumentos para monitoreo aéreo e intervención de comunicaciones; software para análisis de datos asociados a inteligencia financiera, y recursos para sufragar cursos de
entrenamiento y asesorías del Pentágono, la CIA, el FBI, la DEA y otros organismos de seguridad estadunidenses a sus contrapartes mexicanas. También incluyó recursos para la instrumentación de reformas judiciales, penales y de procuración de justicia, áreas que de manera paulatina serían homologadas a las de Estados Unidos.
15
J. Jaime Hernández, “EU afina capacitación a Sedena en lucha a narco”. El Universal, 18 de marzo de 2009.16
“Hillary: narco mexicano, terrorista e insurgente”. El Universal, 17 de octubre de 2010.
17 Ver Jorge Carrasco Araizaga, “La guerra de Calderón también es del Pentágono”. Revista
Proceso
No.
1836, 8 de enero de 2012, y J. Jesús Esquivel, “En sigilo, crea el gobierno el Centro Nacional de
“inaceptable” la cifra de muertos y dijo que era muy temprano para estimar “si se está ganando o perdiendo” la guerra. Afirmó que la estrategia de “decapitación” de grupos criminales fue exitosa pero no tuvo un efecto positivo aceptable y la violencia se ha incrementado.18
El 28 de marzo siguiente, el secretario de Defensa, Leon Panetta, señaló que el número de muertos en México ascendía a 150 mil, cifra que triplicaba la manejada oficialmente por las autoridades locales, de 47 mil 500 para el período 2006-2011. Ex jefe de la CIA y una de las personas mejor informadas de Washington, Panetta hizo esa afirmación durante la primera reunión de ministros de Defensa de Canadá, Estados Unidos y México, en Ottawa, en presencia de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina de México, Guillermo Galván y Francisco Saynez.19 La declaración fue seguida pocas horas después de un dudoso desmentido.20
Los aparentes malos resultados de la guerra en México podrían obedecer a una lógica distinta de la que pregonaban entonces, de manera pública, los voceros de los dos países. El número de muertos y el aumento de una violencia irracional y caótica podrían obedecer a una política de desestabilización y exterminio, que utilizando mano de obra militar y policial mexicana y agentes encubiertos extranjeros, podría estar dirigida a debilitar aún más al país para propiciar una balcanización de México. En particular, el desmembramiento de los estados fronterizos del norte del país y los colindantes con el Golfo de México.
En ese contexto, en mayo de 2010 México y Estados Unidos emitieron la “Declaración para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI”. La franja fronteriza fue definida entonces como un área clave de la llamada “seguridad energética colectiva”, que incluye la generación e interconexión de electricidad y la exploración y explotación segura y eficiente de hidrocarburos (petróleo, gas) y agua.21
A ocho años de la entrada en vigor de la ASPAN y seis del lanzamiento de la Iniciativa Mérida que militarizó varios estados de México, no se entiende que siendo la “seguridad energética colectiva” la prioridad número uno de Washington, Tamaulipas reuniera hasta la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos las características de un Estado fallido, y fuera denominado incluso “territorio Zeta”, en alusión al grupo criminal que según la narrativa oficial habría iniciado sus andanzas como brazo armado del cártel del Golfo.
Rico en hidrocarburos, incluidos los yacimientos de gas natural y “shale” en las Cuencas de Burgos y Sabinas, Tamaulipas limita además con Texas, estado petrolero por excelencia de Estados Unidos, y con el Golfo de México, asiento de los hoyos de dona (el “tesorito” en aguas profundas de la propaganda privatizadora de Felipe Calderón de comienzos de su sexenio) y considerado el mare nostrum de la Unión Americana.22 (Un caso similar es Veracruz,
18 David Brooks, “Prematuro, saber si México va ganando la batalla al
narco
: EU”,
La Jornada
, “Cuestiona
EU saldo de lucha antinarco”, redacción de
El Universal
y “Sin efectos palpables, la aprehensión de capos:
EU”, redacción de
Milenio
, 14 de marzo de 2012.
19 Redacción, “Van 150 mil muertos en México por la
narcoviolencia
: Panetta”.
La Jornada
, 28 de marzo
de 2012.
20
David Brooks, “Los 150 mil muertos por la violencia, en el continente americano, aclara el Pentágono”.
La
Jornada
, 29 de marzo de 2012.
21 Ver Presidencia de la República, “Declaración conjunta de los Líderes de América del Norte”.
Washington, D.C., 2 de abril de 2012.
22 Ver Jenaro Villamil, “El hombre clave de Peña Nieto” (APRO Proceso 5 de septiembre de 2013), donde se dice que Raúl Cervantes en 2005 se casó con la empresaria de origen juarense Angélica Fuentes Téllez, directora general por más de una década de Grupo Imperial, bautizada como la Reina del Gas por las revistas de negocios. La unión civil no duró mucho tiempo, pero los intereses del sector gasero y la posición del futuro presidente del Senado sí. Desde 2008, Fuentes Téllez es esposa de Jorge Vergara, dueño de Omnilife y del club de futbol Chivas.Fuentes Téllez fue presidenta de la AMGN durante dos periodos consecutivos entre 1996 y 2000 y es integrante de Natural Gas Council y la American Gas Association, organismos vinculados a los poderosos consorcios estadunidenses interesados en invertir en la explotación del gas natural y del gas shale en México. En octubre de 1997, en Nuevo México, Fuentes Téllez animó a sus homólogos de Estados Unidos a invertir en conjunto con compañías mexicanas, “como ya se hace con el gas natural”.
estado considerado “Tierra Santa” por los traficantes de drogas, donde se incrementó la violencia durante los mandatos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte).
Como señala John Saxe-Fernández, el Caribe es una pieza central de la estrategia oceánica de Estados Unidos, ya que es el vínculo entre ese país y el teatro de operaciones militares en el Atlántico. El envío de combustibles, materiales estratégicos y bélicos en tiempos de paz y el tránsito de fuerzas estadunidenses hacia Europa en tiempos de guerra, “hacen que el dominio sobre las líneas de comunicación marítima del Caribe, el Golfo de México, el Canal de Panamá y eventualmente el Istmo de Tehuantepec, resulten vitales en la planeación oceánica de Estados Unidos”.23
Dado que Tamaulipas y el Golfo de México son puntos sensibles de la “seguridad energética” de Washington, ¿se estará asistiendo en Tamaulipas a una violencia provocada cuyo fin es el desplazamiento forzado de población y una eventual balcanización de esa porción del territorio nacional? ¿Obedecerá a la misma estrategia la escalada de violencia desestabilizadora y las políticas militares “pacificadoras” en estados como Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Baja California?
La lógica de una desestabilización encubierta dirigida a provocar un desmembramiento territorial podría explicar la llegada al país del embajador de Estados Unidos Earl Anthony Wayne y del agregado militar Colin J. Kilrain. Perteneciente a una generación de diplomáticos expertos en intervenciones, Wayne, quien se desempañaba como embajador adjunto en Afganistán, fue escogido en función de los intereses expansionistas de Estados Unidos.24 Especialista en administrar a la llamada “comunidad de inteligencia”, a su perfil de experto en contrainsurgencia, terrorismo, lavado de dinero y aseguramiento de activos de la economía criminal, Wayne suma habilidades en temas económicos, comerciales y energéticos.
Su nombramiento estuvo cargado de simbolismos. Si el defenestrado embajador Carlos Pascual era especialista en Estados fallidos, el relevista Wayne venía de Kabul, donde estaba dirigiendo una invasión bajo la pantalla de combatir al terrorismo.25 Con esos antecedentes, su misión en México desde septiembre de 2011 sería profundizar la estrategia de desestabilización en curso, hacerse cargo de la “guerra” de Calderón en su último tramo, orientar la sucesión presidencial y, al igual que el ex embajador Antonio Garza con el ex presidente panista, vigilar que el candidato del PRI palomeado por Washington, Enrique Peña Nieto, una vez en funciones no se desviara de las agendas de la Casa Blanca y el Pentágono.
En marzo de 2012, el arribo del nuevo agregado militar de Estados Unidos, contralmirante Colin Kilrain, quien hasta su nombramiento se desempeñaba como director encargado de combate al terrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional (CNS) en Washington, vendría a reforzar esa percepción.26 Antes de su misión en el CNS, Kilrain
cocaína a territorio estadunidense en un tráiler de gas LP (Proceso 1201).
Sus primos –de apellidos Zaragoza Fuentes y Fuentes Zaragoza– han sido mencionados en escándalos como la investigación de Amigos de Fox y en los casos relacionados con los feminicidios en Ciudad Juárez. Uno de los hermanos de Angélica, Valentín Fuentes Téllez, se casó con Karla Korrodi, hija de Lino Korrodi, cerebro financiero de la campaña del panista Vicente Fox en el año 2000.
En los documentos elaborados por Pemex para promover la inversión privada en la explotación de gas shale en México, identifica cinco grandes reservas geológicas ubicadas precisamente en Chihuahua, en la Cuenca de Burgos (Tamaulipas), en Tampico-Misantla, en Sabinas-Burro-Picachos y en Veracruz. Según la paraestatal, se trata de “la cuarta reserva más grande a nivel mundial de este tipo de gas”.
23 John Saxe-Fernández, “Cuba en la Tercera Cuenca”. Revista
Memoria
, México, junio de 2004.
24
Earl Anthony Wayne presentó sus cartas credenciales como nuevo embajador de Estados Unidos en México, al presidente Felipe Calderón, el 13 de septiembre de 2011. Ver Jorge Ramos, “La relación bilateral, más que sólo seguridad, dice Wayne”, El Universal, y Claudia Herrera Beltrán, “Trabajaré muy de cerca con autoridades de seguridad, dice Earl Anthony Wayne, nuevo embajador de EU”, La Jornada, 14 de septiembre de 2011.25
Ver Roberto Garduño, “EU enviará como embajador a un policía especialista en terrorismo: Muñoz Ledo”, La Jornada, 28 de mayo de 2011, y Notimex, “A México, el número 2 de EU en Afganistán”, Milenio, 25 de mayo de 2011.era comandante de las fuerzas especiales SEAL−acrónimo de sea, air and land: mar, aire y tierra−, las unidades de élite de la Marina. En los años 90 había participado en la invasión militar a Haití y en la guerra de los Balcanes que fragmentó a la ex Yugoslavia; después apoyó la Operación Libertad Duradera en Afganistán y se integró a la Operación Libertad para Irak, desde donde coordinaba acciones en Pakistán.27
Con el envío de Wayne y Kilrain a México el mensaje de Barack Obama fue claro: la guerra debía continuar. A ello obedecería el abrupto cambio de discurso del presidente Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, pocos meses antes de culminar sus gestiones. Del lenguaje triunfalista (“vamos ganando al narco por goleada”, Calderón dixit), el “presidente valiente” de la propaganda oficial pasó a la aceptación de que grupos criminales “han conformado un Estado paralelo” en algunas partes del territorio mexicano, e “imponen su ley y cobran cuotas”.28 A su vez, el general Galván admitió que en algunas regiones del país la delincuencia “se apropió de las instituciones del Estado”, lo que constituye una “grave amenaza para la seguridad interior”. La admisión de México como Estado fallido fue la excusa perfecta para profundizar una intervención encubierta que a la larga podría derivar en una balcanización del país, como en la ex Yugoslavia.
Una represión aterrorizante y manipuladora
Durante el gobierno de Calderón, la lógica de una desestabilización encubierta con fines de una balcanización territorial −parcial o total− de México se apoyó en la guerra psicológica y en la guerra sucia. A ambas modalidades bélicas les es consustancial la propaganda. La propaganda de guerra. Consustancial a la ingeniería del consenso y el control elitista de la sociedad, mediante la propaganda se fabrica la “verdad oficial”. En el proceso de manufacturación de una verdad colectiva el objetivo es lograr que aparezca como verdadero lo falso. La realidad cotidiana es negada como tal y redefinida por la propaganda gubernamental como espectáculo. No hay causas ni contexto. No hay historia ni memoria. Tampoco actores. Es la ideología del directo: “Usted ve la historia hacerse ante sus propios ojos”.
La guerra psicológica utiliza una caracterización simplista y maniquea para describir al enemigo. El propagandista debe utilizar las palabras claves capaces de estigmatizar al contrario y de activar reacciones populares. En realidad, de lo que se trata al utilizar el mito de la guerra, es de satanizar al adversario, arrancarle todo viso de humanidad y cosificarlo, de tal modo que eliminarlo no equivalga a cometer un asesinato. En ese sentido, uno de los objetivos de la propaganda de guerra es sustituir el razonamiento por las pasiones y convencer a la población de la necesidad de participar en una misión purificadora, reivindicadora o justiciera.
Así, los continuos partes oficiales (del Ejército, la Marina y las policías federal, estatal y municipal) se convierten en la “realidad”, por más obvia que sea su distorsión de los hechos. En ese ambiente de mentira institucionalizada los medios realizan una verdadera inversión orwelliana de las palabras. Y como en toda guerra el “enemigo” llega a ser −aunque no siempre de manera explícita− la referencia fundamental del quehacer social, identificar quién es enemigo de quién y de qué manera lo es, son preguntas que en muchos casos tienen menos que ver con realidades objetivas que con construcciones elaboradas mediante una calculada manipulación mediática de la realidad.
Como principal procedimiento de la guerra sicológica, la propaganda consiste en “el empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas, principalmente a través de la sugestión compulsiva (…) con miras a alterar o controlar opiniones, ideas y valores y, en última instancia, a cambiar actitudes manifiestas según líneas predeterminadas”.29 Frente a la inercia y debilidad de la conciencia pública, la ambivalencia y confusión de las capas medias de la población son explotadas mediante un uso intensivo de la propaganda. Los medios son uno de los principales vehículos de la propaganda. El poder real tiene conciencia que los medios son un poder. Y los utiliza para incrementar el propio. Máxime, cuando, como en el caso del duopolio de la televisión (Televisa y TV Azteca), las familias propietarias (Azcárraga Jean y Salinas Pliego) forman parte de la plutocracia mexicana.
Si la guerra psicológica busca la destrucción del enemigo real o potencial no mediante su eliminación física sino por medio de su conquista psíquica, la guerra sucia se dirige contra la población civil, y como no existe una justificación,
27
Ver Jorge Carrasco Araizaga, “La guerra de Calderón también es del Pentágono”, revista Proceso No. 1836, 8 de enero de 2012.
28 Jorge Ramos y Eduardo Camacho, “Impone el narco su ley y cuotas: FCH”. El Universal, 18 de abril de 2012.
ni política ni legal, para dirigir a las fuerzas armadas y los organismos de seguridad del Estado contra la sociedad, muchas veces la tarea se encomienda a organizaciones clandestinas o escuadrones de la muerte −grupos de hombres armados vestidos de civil− que secuestran, torturan, asesinan o desaparecen sospechosos de colaborar con el “enemigo”.
Ambas formas de guerra constituyen maneras de negar la realidad y buscan alcanzar la victoria sobre el enemigo por medio de la violencia y generando terror en la población. La guerra sucia se sirve de la represión aterrorizante. Es decir, de la ejecución visible de actos crueles que desencadenan en la población un miedo-pánico masivo, incontenible y paralizante. A su vez, la guerra psicológica utiliza la represión manipuladora, generando miedo a través de una sistemática e imprevisible dosificación de amenazas y estímulos, premios y castigos, actos de amedrentamiento y muestras de apoyo condicionado.
En diciembre de 2006, para justificar la militarización del país como vehículo para profundizar el plan de reordenamiento territorial de facto contenido en el Plan Puebla Panamá y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, Felipe Calderón y sus patrocinadores en Washington y México tuvieron que fabricar un nuevo “enemigo”. Dado que Andrés Manuel López Obrador desactivó la resistencia civil pacífica contra el fraude electoral presuntamente para evitar un baño de sangre, y que tras los laboratorios de la mano dura en Atenco y Oaxaca (2006), las dos principales guerrillas siguieron en sendas fases de construcción pacífica de autonomía territorial (el EZLN) y de acumulación de fuerza (el EPR), los estrategas de la “guerra” de Calderón tuvieron que fabricar un nuevo “peligro” para México. Entonces, el enemigo sustituto pasó a ser el narcotráfico, como la modalidad más visible de los grupos de la economía criminal, agrupados en lo que con fines mediáticos y para la imposición de normas internacionales Washington denominó hace ya muchos años crimen organizado.
Hermano gemelo del calderonismo en su gestación, la irrupción del grupo criminal la Familia Michoacana, en 2006, sintetizó y exhibió la nueva matriz de opinión que habría de ser impuesta a la población desde los medios masivos: la violencia caótica con su sanguinolenta estela de cuerpos degollados, desmembrados, colgados, torturados y balaceados obedecería a una guerra entre grupos delincuenciales por el control de los territorios, las rutas y los mercados de la economía criminal. Una guerra entre pandillas o sicarios. Una guerra de distracción −salvaje y de apariencia demencial, pero planificada para ese fin según se dijo antes−, que por la vía de inflar, potenciar y posicionar en el escenario mexicano y la agenda pública a organizaciones criminales reales o ficticias (el grupo de Joaquín El Chapo Guzmán, Los Zetas, La Mano con Ojos, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y otras sorpresas), permitió desviar la atención de la nueva guerra de conquista del capital transnacional por los territorios y los recursos geoestratégicos, con sus megaproyectos y una integración energética transfronteriza en curso.
En forma paralela a la “guerra” contra los malos de Calderón −una guerra real, encubridora de la dominación de espectro completo con fines de balcanización del territorio nacional y miles de ejecutados sumarios, torturados, detenidos-desaparecidos y fosas clandestinas−, las usinas de la Agencia Central de Inteligencia y del Pentágono en Washington fueron manufacturando, como se apuntó arriba, otras matrices de opinión tales como México Estado fallido, “narcoinsurgencia” y “narcoterrorismo”, y otras más recientes como “narcoestado sustituto”, que han venido siendo utilizadas para profundizar la militarización de la vida cotidiana y de los principales espacios sociales en varias regiones del país.
Una militarización que con la excusa de acabar con “enclaves criminales” y “zonas sin ley” y recuperar “espacios sin gobierno” bajo control de una “narcoinsurgencia multilateral”,30 contribuye a la omnipresencia del control prepotente y de la amenaza represiva, como vía para imponer un nuevo reordenamiento territorial que contempla desde el rediseño de los espacios geopolíticos y la disolución de facto de las actuales fronteras, hasta el reforzamiento de la presencia directa de los cuerpos de seguridad estadunidenses en la geografía mexicana, incluidos, como se apuntó antes, cuarteles de inteligencia y el libre tránsito de agentes de la CIA, el FBI, la DEA y otros similares en el marco de un Estado contrainsurgente en ciernes.
¿Soberanías paralelas en enclaves criminales?
Fue en ese contexto, que el 14 de abril de 2012, durante la VI Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia, el presidente Felipe Calderón le confesó en privado a su homólogo peruano, Ollanta Humala, que en
algunas partes del territorio mexicano el narcotráfico había comenzado a remplazar funciones del Estado como la recaudación de impuestos,31 pareció avalar la matriz manufacturada en Washington tres años antes, que definía a México como un Estado fallido.
Y aunque era admitir el tácito fracaso de “su” guerra a las drogas después de cinco largos años de terror y muerte, Calderón volvió a redondear la idea en Puerto Vallarta, Jalisco, tres días después, en el Foro Económico Mundial para América Latina. Dijo allí: “Los cárteles de la droga han conformado un Estado paralelo al suplir funciones de gobierno (…) Imponen su ley y cobran cuotas (…) Estos señores tienen un comportamiento monopólico y no quieren que entre su competencia. En lugar de vencer con precio y calidad, se matan. Eso genera caos en algunas regiones (donde) buscan controlar ciudades y territorios”.32
Según John P. Sullivan, experto en contrainsurgencia y contraterrorismo de la Asociación de Inteligencia del Cuerpo de Infantes de Marina de Estados Unidos, un área donde el narcotráfico ha logrado establecer “soberanías paralelas” o “enclaves criminales” arrebatándole funciones al Estado mexicano, es Tamaulipas.33 Para el también teniente de la policía de Los Ángeles, California, Tamaulipas es un ejemplo de “Estado fracasado” a nivel subnacional o de un “estado criminal liberado”, donde el gobierno de Calderón había perdido el control; lo que de seguir la tendencia podría derivar en un “Estado criminal sustituto”.
Autor de un informe sobre el tema en marzo de 2012,34 en realidad, el “aporte” del académico de los marines es la hipótesis de que los grupos de traficantes de drogas mexicanos han devenido en “insurgencias criminales beligerantes”. A su juicio, la novedosa evolución difiere del terrorismo y la insurgencia convencional, ya que “su única motivación política es ganar autonomía y control económico sobre el territorio”, llenando el “hueco” que deja el Estado y creando “enclaves criminales”.35 Según Sullivan, en municipios como Ciudad Juárez (Chihuahua) y Nuevo Laredo (Tamaulipas) o porciones de estados como Michoacán, grupos delincuenciales dominan mediante una “cuidadosa combinación de violencia simbólica, ataques a la policía y corrupción”; recaudan impuestos, recogen información de inteligencia, amenazan a la prensa, hacen negocios e imponen una versión de orden que sirve a sus intereses, mientras fomentan la percepción de que son “protectores” de la comunidad.
Símil de los “señores de la guerra” de Afganistán, Los Zetas –agrega Sullivan− controlan pedazos de territorio en la península de Yucatán, el noroeste de Durango y los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, configurando zonas “neofeudales” en el marco de un “Estado paralelo”. Según él, México es víctima de un poderoso “narcoligopolio” o un adversario “parapolítico”.36
De acuerdo con Dolia Estévez, corresponsal de los noticieros de MVS en Washington, el término “insurgencia criminal” acuñado por Sullivan –cuyos trabajos se divulgan en Smal Wars Journal, una publicación cibernética fundada por ex marines−37 fue introducido al lenguaje del Pentágono y la doctrina de seguridad estadunidense. El
31 José Antonio Román, “Calderón dice que el
narco
empezó a suplir funciones del Estado, revela Humala”.
La Jornada
, 15 de abril de 2012.
32 Jorge Ramos y Eduardo Camacho, “Impone el narco su ley y cuotas: FCH”.
El Universal
, 18 de abril de
2012.
33 Marco Appel, “Ante el Estado fallido, narcoestado sustituto”.
Proceso
No. 1853, ya citado.
34 John P. Sullivan, “De las guerras contra las drogas a la insurgencia criminal: los cárteles mexicanos,
enclaves e insurgencia criminal en México y Centroamérica y sus implicaciones para la seguridad global”,
ya citado.
35
Ibíd.
36 Ibíd.
viraje conceptual habría sido estimulado a comienzos de la administración de Barack Obama por el subsecretario de Estado, James Steinberg, considerado la mano derecha de la entonces titular del ramo, Hillary Clinton, sobre quien habría tenido una gran influencia intelectual. Y la señora Clinton fue uno de los vehículos principales para posicionar mediáticamente la matriz de Sullivan; incluso llegó a comparar a México con la Colombia de hace 20 años. A la sazón, Sullivan –a quien Estévez señala como hombre del Pentágono− es el enlace entre el subsecretario Steinberg y el Centro para una Nueva Seguridad Americana.38
En ese contexto, se entenderían las coincidencias discursiva y conceptual del Felipe Calderón de finales de sexenio, con las matrices de opinión contenidas en el nada inocente análisis “académico” de Sullivan. Aunque en un intento de control de daños con vistas al futuro, en 2010 Calderón cambió su “guerra a las drogas” por “lucha por la seguridad pública”, simplemente se estaría ajustando al guión que viene de Washington. La existencia de una “insurgencia criminal” en México justificaría la aplicación del manual de contrainsurgencia.
Un par de datos adicionales resultan sugerentes: en marzo de 2009 se divulgó un documento del Departamento de Defensa estadunidense, según el cual, como parte de un “paquete contraterrorista”, se asignaba una partida discrecional por casi 13 millones de dólares para “liberar territorios” en México (al margen de la Iniciativa Mérida).39 En marzo de 2010, Estados Unidos y México pactaron un plan binacional con sendos programas piloto en las zonas fronterizas de Ciudad Juárez-El Paso y Tijuana-San Diego, para frenar las actividades de las organizaciones criminales en esos corredores.40 Asimismo, según revelaciones de Wikileaks y del New York Times, al igual que en Afganistán, Irak y Pakistán, desde 2009 aviones no tripulados Predator (drones) de Estados Unidos, sobrevuelan la frontera méxico-estadunidense, presuntamente, para “localizar redes del narcotráfico”.41
Sin embargo, lejos de decrecer la violencia aumentó. Y se registraron graves violaciones a los derechos humanos (detenciones ilegales, tortura, ejecuciones sumarias extrajudiciales, desapariciones forzosas) atribuidas a mandos militares y policiales en Baja California y Chihuahua. Para entonces, comenzaba a convulsionarse Tamaulipas con la ejecución del candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú y la aparición de dos grandes fosas clandestina en el municipio de San Fernando, la primera en agosto de 2010, con 72 cuerpos de migrantes ilegales, y la segunda en abril de 2011, con 193 cadáveres. En la escalada de desestabilización seguirían otros tres estados fronterizos con Estados Unidos: Nuevo León, Coahuila y Sonora, a los que se sumaría más tarde Veracruz, sobre el Golfo de México.
En abril-mayo de 2012, en vísperas de los comicios presidenciales, la ejecución del general Mario Acosta Chaparro, epítome de la guerra sucia de los años 70 y del cerco contrainsurgente contra el EZLN en los 90;42 el hallazgo de nueve cadáveres colgados de un puente en Nuevo Laredo, Tamaulipas,43 y de 49 cuerpos mutilados en
38
Culturadelalegalidad.wordpress.com/.../dolia-estevez-el-origen-del-concepto de “insurgencia criminal”. En Consultores en Investigación y Análisis de Medios, S.C., 26 de octubre de 2010.
39 Doris Gómora, “EU dio partida para liberar territorios”. Primera plana de
El Universal
, 25 de marzo de
2009.
40
Paloma Alcántara y Lorena López, “Pactan plan binacional para Tijuana y Juárez”.
Milenio
, 24 de marzo
de 2010.
41
Ver Andrea Becerril y Víctor Ballinas, “México pidió y controla los vuelos de EU, dice Espinosa”,
La
Jornada
, 18 de marzo de 2011; Doris Gómora, “Desde 2009 hay aviones espías en México: EU”,
El
Universal
, 17 de marzo de 2011.
42
Gustavo Castillo, Arturo García y Alejandro Cruz, “Ejecutan a tiros al general retirado Acosta Chaparro”, La Jornada, y Claudia Bolaños y Marcos Muedano, “Asesinan al general Acosta Chaparro”, El Universal, 21 de abril de 2012.Cadereyta, Nuevo León,44 así como la detención de tres generales y un teniente coronel del Ejército por presuntos vínculos con el crimen organizado,45 fueron otros tantos ingredientes que venían a sumarse al caldo de cultivo que alimentaba la matriz de México como un Estado fallido. A lo que habría que agregar, en agosto siguiente, el caso de los dos agentes de la CIA emboscados y baleados por agentes de la Policía Federal a la altura de Tres Marías, en Morelos.
Cabe recordar que en 1998, en la fase previa a la implementación del Plan Colombia, el Pentágono definió a ese país como un Estado fallido, y que años antes, en los 80, Washington y sucesivos gobiernos colombianos acuñaron y posicionaron mediáticamente el término narcoguerrilla aplicado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el objetivo de dar pretexto ideológico y moral a la contrainsurgencia, y encubrir, por añadidura, la infiltración de altos organismos del Estado por parte del narcotráfico, por conducto de los paramilitares, lo que derivó en el escándalo de la narcoparapolítica durante los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe, altamente funcionales a la administración Bush en su proyecto de restauración conservadora en el subcontinente latinoamericano.
Peña Nieto, Wayne y la seguridad
A un año de la entronización cívico-militar de Enrique Peña como administrador de los intereses de los poderes fácticos y el capital transnacional, el “arranque” de la “nueva era” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) arroja pocos datos duros. A nivel práctico, lo más visible en la transición ha sido el protagonismo del embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, con eje en la agenda de seguridad y la contrarreforma energética. También algunos ajustes retóricos en el discurso oficial de turno, dirigidos a promover la amnesia histórica y la destrucción de la memoria, y la reaparición de los halcones como grupo de choque del Estado el 1 de diciembre de 2012, combinada con el uso de las balas de goma por los fusileros de Manuel Mondragón y Ángel Osorio Chong, con la complicidad del jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.
En el plano simbólico destaca el hecho de que en el momento de su entronización en el Congreso, fue el general comandante de Estado Mayor quien le acomodó la banda presidencial a Peña y no un representante de la soberanía popular. Aunque en rigor, como había ocurrido seis años antes en Los Pinos, la ceremonia de transmisión del mando se dio al filo de la medianoche en Palacio Nacional, cuando en un singular evento protocolario Felipe Calderón entregó la bandera a su sucesor, y Peña procedió a tomar protesta a los nuevos responsables de las Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad nacional, en una ceremonia más militar que civil, homosintonizada a través de la cadena monopólica mediática privado-estatal.
Envueltos en la vieja iconografía priista, ambos eventos y escenarios fueron decorados, iluminados, concebidos y configurados como acontecimientos litúrgico-mediáticos para las cámaras de la televisión. Salvo algunas pequeñas escaramuzas de legisladores de oposición, en el recinto de San Lázaro la operación guarura funcionó. A su vez, el blindaje mediático de Estado copó las estaciones de radio y televisión. Con intermitencia, debajo de las pantallas aparecieron dos cintillos: “el arranque” y “nueva era”. Lo cual remite al conocido análisis de Walter Benjamin en el epílogo de su pequeño ensayo La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, sobre la estetización de la política y lo que eso significa: el “arranque” de una “nueva era” de violencia extrema.
Escribió Benjamín: “Todos los esfuerzos por un esteticismo político culminan en un solo punto. Dicho punto es la guerra”. Profético, Benjamin escribió ese texto en 1935, en pleno ascenso del nazismo. El acontecimiento mediático de la entronización de Peña, culminada a coro con el “mexicanos al grito de guerra” del himno nacional, fue un verdadero ejemplo de una estetización superlativa de la política y anuncio de otro sexenio de liturgia kitsch
“Decapitan a 14 y cuelgan a nueva en Nuevo Laredo”, redacción de Milenio, 5 de mayo de 2012.
44
“Hallan en Cadereyta, Nuevo León, 49 cuerpos mutilados”, redacción de La Jornada, y “Encuentran 49 cuerpos mutilados en Cadereyta”, redacción de Milenio, 14 de mayo de 2012.
