PROYECTO DE LEY PROYECTO DE LEY

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NELLY HUAMANI MACHACA CONGRESISTA DE LA REPÙBLICA

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Proyecto de Ley N°………

Proyecto de ley de reforma constitucional que crea la Procuraduría General de la

República mediante la

modificación del artículo 47° de la Constitución Política

PROYECTO DE LEY

Los Congresistas de la República que suscriben, a iniciativa de la Congresista NELLY HUAMANÍ MACHACA, Grupo Parlamentario FREPAP, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que le confieren el artículo 107º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con los artículos 75º y 76º del Reglamento del Congreso de la República, presentan el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

PROYECTO DE LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE CREA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 47° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 1°.- Modificación del artículo 47° de la Constitución Política

Modifíquese el artículo 47° de la Constitución Política, en los siguientes términos:

“Artículo 47°.- La Procuraduría General de la República es un organismo constitucional autónomo, descentralizado, de Derecho Público, que goza de autonomía e independencia conforme a su ley orgánica.

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Es el órgano rector del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y está encargado de la defensa de los intereses del Estado, a nivel nacional e internacional.

El Procurador General de la República es elegido por el Congreso de la República con el voto favorable de dos tercios del número legal de sus miembros, por un período de cinco años y no puede ser reelegido inmediatamente. El procedimiento para su elección está estipulado en su ley orgánica.

Para ser Procurador General de la República se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema, y también goza de la misma inmunidad y las mismas prerrogativas e incompatibilidades”.

Lima, 9 de setiembre de 2020

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NELLY HUAMANI MACHACA Congresista de la República

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I EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La corrupción es uno de los principales problemas de nuestro país, porque es uno de los males que ataca a nuestra república desde su nacimiento; porque afecta negativamente a toda nuestra sociedad, en particular, a los sectores sociales más desfavorecidos; porque genera anomia social el rechazo de la población al Estado, al observar cómo se roba o despilfarra con impunidad el dinero del pueblo, en los gobiernos locales, regionales y en las dependencias del gobierno central; porque los órganos encargados de defender los intereses de la población hacen poco o nada por prevenir o evitar las prácticas corruptas; porque atenta contra nuestra viabilidad económica al crear un sistema basado en la corrupción, en el que quienes deseen invertir deben participar en actos corruptos; porque influye negativamente en la política, la cual se ha convertido en una herramienta para el enriquecimiento ilícito y esto atenta contra la propia democracia; y, porque la corrupción se está convirtiendo en un sentido común maligno, que nos indica que para triunfar en cualquier ámbito público es necesario incurrir en actos de corrupción.

En la lucha contra esta lacra de la corrupción los procuradores públicos, tienen un papel central, o deberían tenerlo, pues aquéllos, según el artículo 22° del Decreto Legislativo N° 1068, el cual crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, tienen como función representar y defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la entidad de la cual forman parte, o en aquellos procesos que por su especialidad asuman y en aquellos que de manera específica se les asigne. Sin embargo, la realidad es distinta, lamentablemente, porque los procuradores públicos son funcionarios que carecen de independencia y autonomía funcional, administrativa y económica, porque dependen totalmente del ente público que integran, y por ello no previenen, ni investigan, ni acusan, cuando los protagonistas de actos de corrupción son miembros de los altos niveles de la entidad a la cual pertenecen, y tampoco hacen mucho o nada cuando se trata de personas o empresas coludidas con las autoridades de su entidad en actos de corrupción.

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Esta situación coloca a los procuradores públicos en una situación de precariedad y debilidad para enfrentar a la corrupción, por ello, debe dotárseles de un estatuto jurídico que les permita gozar de independencia y autonomía funcional, administrativa y económica, para que puedan verse libres de cualquier tipo de coerción o coacción que les impidan ejercer su función de defensa de los intereses estatales. Para ello es necesario realizar una reforma constitucional, que cree una institución del más alto rango jurídico, que les permita a los procuradores públicos ejercer plenamente su función de defensores de los intereses del Estado, y que le reconozca su independencia y autonomía en lo funcional, en lo administrativo y en lo económico.

Por lo expuesto es que, en mi afán y compromiso de legislar en favor de la lucha contra la corrupción, propongo la modificación del artículo 47° de la Constitución para crear la Procuraduría General de la República, como un organismo constitucional autónomo y descentralizado, de Derecho Público, que goce de autonomía e independencia conforme a la legislación orgánica correspondiente. Para que asuma el carácter de órgano rector del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y sea el encargado de la defensa de los intereses del Estado, tanto a nivel nacional como internacional. Adicionalmente, para que esta entidad ostente el máximo respaldo político institucional, propongo que el Procurador General de la República sea elegido por el Congreso de la República, por votación favorable calificada equivalente a dos tercios del número legal de sus miembros, por un mandato de siete años, sin que pueda ser reelegido inmediatamente, y el procedimiento para su elección estará señalado en su respectiva ley orgánica. Finalmente, propongo que para ejercer el cargo de Procurador General de la República se exijan los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema, y que disfrutará de la inmunidad y prerrogativas e incompatibilidades similares a las que tiene el Presidente de la Corte Suprema de la República.

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“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” Esta modificación a la norma constitucional anteriormente señalada constituye una necesidad imperiosa, porque es absolutamente necesario enfrentar y derrotar a la corrupción, para que no continúe corroyendo al Estado peruano, robando el dinero del pueblo. Adicionalmente, este cambio constitucional permitirá que nuestros procuradores públicos actúen en defensa de los intereses generales con independencia y autonomía funcional, administrativa y económica; de esta manera, en las administraciones públicas, se podrán prevenir e investigar los actos de corrupción, se podrán procesar a quienes resulten responsables de su perpetración en todo el territorio de la república, porque contaremos con un cuerpo de procuradores públicos libre de influencias políticas y autónomos en el ejercicio de su papel de defensores de la legalidad y de los recursos públicos, y esto impactará positivamente en el desarrollo integral de toda la nación peruana.

II IMPACTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La presente iniciativa legislativa solamente modificará el artículo 47° de la Constitución, además de lo anterior, mi proyecto de ley no tiene ningún efecto contradictorio con lo estipulado en la Constitución Política del Perú, ni con la legislación orgánica u ordinaria, ni con ningún tratado internacional del cual forme parte nuestro país, toda vez que su impacto está directamente relacionado con la urgencia y necesidad pública de contribuir con la lucha contra la corrupción mediante la creación de la Procuraduría General de la República, como un órgano constitucional autónomo y descentralizado, que goce de autonomía e independencia conforme a la legislación orgánica correspondiente, que se constituya en el órgano rector del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y para que sea el encargado de la defensa de los intereses del Estado, tanto a nivel nacional como internacional..

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III ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

La presente iniciativa legislativa no es un gasto improductivo, sino que constituirá una inversión de naturaleza productiva, por tratarse de una iniciativa de carácter legislativo que beneficiará al conjunto de nuestra sociedad y al Estado mismo, porque tiene como finalidad crear una entidad efectiva en la lucha contra la lacra de la corrupción; además, permitirá una renovación de nuestro cuerpo de procuradores públicos, quiénes serán independientes de los poderes políticos de turno, autónomos en lo funcional, en la administrativo y en lo económico, que se encargarán de velar y defender los intereses de nuestro Estado, y, de esta manera, se verán disminuidos o eliminados los actos de corrupción en las administraciones públicas de todo el territorio de la república, y esto impactará positivamente en el desarrollo integral de toda la nación.

Asimismo, mi iniciativa legislativa beneficiará a todos las administraciones públicas quienes actualmente cuentan con un cuerpo de procuradores públicos dependientes de los poderes políticos y fácticos nacionales y subnacionales, lo que los vuelve impotentes o cómplices de actos de corrupción, porque carecen de independencia y autonomía funcional, administrativa y económica. En cambio, mediante esta reforma constitucional, en un futuro cercano, podremos contar con una institución independiente y autónoma y con unos procuradores públicos independientes y autónomos de los poderes políticos y fácticos nacionales y subnacionales, esto posibilitará la construcción de una mejor administración pública con escasos o nulos niveles de corrupción; también permitirá la institucionalización de una institución y de un cuerpo especializado en la defensa de los intereses estatales y de lucha contra la corrupción en todas las entidades públicas, y, de esta forma, estaremos contribuyendo con la paz y la prosperidad nacional, la misma que constituye un elemento imprescindible para lograr el desarrollo integral de nuestra nación.

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IV. VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL

La presente iniciativa legislativa se encuentra vinculada con la siguiente Política del Acuerdo Nacional:

. Primera Política de Estado: Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho.

Con el compromiso de consolidar el régimen democrático y el Estado de derecho para asegurar un clima de estabilidad y cooperación política, promover la competencia democrática y garantizar elecciones libres y transparentes, el pluralismo y la alternancia en el poder. Declaramos que la democracia representativa es la base de la organización del Estado de Derecho, que se refuerza y profundiza con la participación ciudadana permanente, ética y responsable, en el marco de la constitucionalidad.

Con este objetivo el Estado:

a) Defenderá el imperio de la Constitución asegurando su funcionamiento como Estado constitucional unitario y descentralizado, bajo los principios de independencia, pluralismo, equilibrio de poderes y demás que lo integran;

b) Garantizará el respeto a las ideas, organizaciones políticas y demás organizaciones de la sociedad civil, y velará por el resguardo de las garantías y libertades fundamentales, teniendo en cuenta que la persona y la sociedad son el fin supremo del Estado;

c) Fomentará la afirmación de una cultura democrática que promueva una ciudadanía consciente de sus derechos y deberes; y

d) Establecerá normas que sancionen a quienes violen o colaboren en la violación de la constitucionalidad, los derechos fundamentales y la legalidad

. Séptima Política de Estado: Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo y de la Seguridad Ciudadana

En la cual el Estado se compromete a normar y fomentar las acciones destinadas a fortalecer el orden público y el respeto al libre ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes individuales.

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“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” Con este objetivo el Estado:

a) Consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad, integridad o libertad de las personas así como la propiedad pública y privada; b) Propiciará una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de convivencia, sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y generando un marco de estabilidad social que afiance los derechos y deberes de los peruanos.

. Décimo Octava Política de Estado: Búsqueda de la Competitividad, Productividad y Formalización de la Actividad Económica

Nos comprometemos a incrementar la competitividad del país con el objeto de alcanzar un crecimiento económico sostenido que genere empleos de calidad e integre exitosamente al Perú en la economía global. La mejora en la competitividad de todas las formas empresariales, incluyendo la de la pequeña y micro empresa, corresponde a un esfuerzo de toda la sociedad y en particular de los empresarios, los trabajadores y el Estado, para promover el acceso a una educación de calidad, un clima político y jurídico favorable y estable para la inversión privada así como para la gestión pública y privada. Asimismo, nos comprometemos a promover y lograr la formalización de las actividades y relaciones económicas en todos los niveles.

a) Consolidará una administración eficiente, promotora, transparente, moderna y descentralizada;

. Vigésimo Cuarta Política de Estado: Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente

Nos comprometemos a construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y de sus derechos, y que promueva el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos. Nos comprometemos también a que el Estado atienda las demandas de la población y asegure su participación en la gestión de políticas públicas y sociales, así como en la regulación de los servicios públicos en los tres niveles de

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“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” gobierno.Garantizaremos una adecuada representación y defensa de los usuarios de estos servicios, la protección a los consumidores y la autonomía de los organismos reguladores.

b) Establecerá en la administración pública mecanismos de mejora continua en la asignación, ejecución, calidad y control del gasto fiscal;

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e) Erradicará la utilización proselitista del Estado y la formación de clientelas; f) Mejorará la capacidad de gestión del Estado mediante la reforma integral de la administración pública en todos sus niveles;

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h) Revalorará y fortalecerá la carrera pública promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y solvencia moral.

.Vigésimo Sexta Política de Estado: Promoción de la Ética y la Transparencia y Erradicación de la Corrupción, el Lavado de Dinero, la Evasión Tributaria y el Contrabando en Todas sus Formas

Nos comprometemos a afirmar, en la sociedad y el Estado, principios éticos y valores sociales que promuevan la vigilancia ciudadana y que produzcan niveles crecientes de paz, transparencia, confianza y efectiva solidaridad.

a) Enfatizará los principios éticos que refuercen el cumplimiento ciudadano de las normas;

b) Velará por el desempeño responsable y transparente de la función pública, promoverá la vigilancia ciudadana de su gestión y el fortalecimiento y la independencia del Sistema Nacional de Control;

c) Desterrará la impunidad, el abuso de poder, la corrupción y el atropello de los derechos;

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e) promoverá una cultura de respeto a la ley, de solidaridad y de anticorrupción, que elimine las prácticas violatorias del orden jurídico, incluyendo el tráfico de

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“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” influencias, el nepotismo, el narcotráfico, el contrabando, la evasión tributaria y el lavado de dinero; y

f) Regulará la función pública para evitar su ejercicio en función de intereses particulares.

Lima, 9 de setiembre de 2020

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NELLY HUAMANI MACHACA Congresista de la República