Proyecto
“Uso de residuos agrícolas orgánicos como fuente de energía:
aprovechamiento de recursos y reducción de gases de efecto invernadero en Costa Rica”
Informe de consultoría
“Propuesta de marco político y plan de acción para promover el uso de residuos agrícolas orgánicos
como fuente de energía en Costa Rica”
Preparado por: MSc. Carolina Mauri Carabaguías
Presentado a: FITTACORI
Abril 2013
San José, Costa Rica
2 Tabla de contenido
Resumen Ejecutivo ... 4
Executive Summary ... 7
Reconocimientos ... 10
Acrónimos ... 11
1. Presentación ... 12
2. Principales instrumentos de políticas nacionales relacionadas con residuos agrícolas orgánicos y generación de energía. ... 14
2.1 Estrategia Nacional de Cambio Climático ... 14
2.2 Política para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010- 2021 ... 15
2.3 Política Nacional de Energía ... 20
2.4 Política Nacional de Residuos Sólidos ... 22
3. Marco legal para el uso de residuos agrícolas orgánicos como fuente de energía ... 24
3.1 Marco Legal Sector Agropecuario ... 24
3.2 Marco Legal Sector Energía ... 26
3.3 Marco Legal sobre Gestión de Residuos ... 31
4. Identificación y descripción de los elementos de legislación y políticas favorables al uso de residuos agrícolas orgánicos como fuente de energía ... 34
5. Identificación de las carencias y debilidades del marco de legislación y políticas actual en cuanto a la utilización de RAO como fuente de energía... 37
6. Identificación y descripción del marco legal regulatorio ante la entrada de RAO al país provenientes de otros países ... 40
7. Recomendaciones de un marco político para promover el uso de residuos agrícolas orgánicos como fuente de energía ... 42
7.1 Marco político ... 42
7.2 Beneficios de la producción de energía a partir de RAO ... 43
7.3 Visión y Objetivos de la política ... 44
7.4 Alcance y marco temporal ... 45
7.5 Integración de la Política RAO ... 45
7.6 Marco legal y regulatorio ... 46
8. Propuesta de mecanismos que podrían utilizarse para promover el uso de los residuos agrícolas orgánicos como fuente de energía, tales como incentivos fiscales y no fiscales, normativas, estándares voluntarias, entre otros ... 47
3
8.1 Información y Educación ... 48
8.2 Marco Regulatorio Ambiental ... 48
8.3 Mercados de Energía ... 49
8.4 Acceso a Financiamiento ... 50
8.5 Modelo de fijación de tarifas ... 50
9. Propuesta de Plan de Acción que permita llevar a la práctica las recomendaciones, con el objetivo de facilitar un mayor uso de residuos agrícolas orgánicos como fuente de energía en nuestro país ... 51
9.1 Acción Estratégica 1: Coordinación Interinstitucional ... 52
9.2 Acción Estratégica 2: Facilitar la disponibilidad de residuos agrícolas orgánicos ... 53
9.3 Acción estratégica 3: Mecanismos financieros ... 53
9.4 Acción Estratégica 4: Esquema de fijación de tarifas competitivo ... 54
9.5 Acción Estratégica 5: Educación, Sensibilización y creación de capacidades ... 55
9.6 Acción Estratégica 6: Investigación y desarrollo tecnológico ... 56
Conclusiones ... 60
Bibliografía ... 62
Lista de personas consultadas ... 65
4 Resumen Ejecutivo
El presente estudio se desarrolla en el marco del Proyecto “Uso de los residuos agrícolas orgánicos como fuente de energía: aprovechamiento de recursos y reducción de gases de efecto invernadero en Costa Rica” desarrollado mediante alianza entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Fundación FITTACORI, bajo el convenio específico CV-018- 2013, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Algunos de los principales retos para promover un mayor desarrollo de generación de energía a partir de residuos agrícolas orgánicos (RAO) incluyen la falta de un marco político y regulatorio que promueva tarifas competitivas, e incentivos que promuevan la inversión y desarrollo del uso energético de los residuos agrícolas a partir de tecnologías más eficientes.
En este documento se analiza el marco legal existente para integrar al sector agrícola con la generación de energía, así como la de gestión de residuos. El estudio parte del análisis de las políticas relacionadas en los temas de cambio climático, energía, sector agropecuario y residuos:
a. La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) cuyo objetivo es equilibrar un patrón de desarrollo, sostenible, competitivo y bajo en emisiones de carbono.
b. Política para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010- 2021, se enfoca en Competitividad; Innovación y desarrollo tecnológico; gestión de territorios rurales y cambio climático y gestión agroindustrial.
c. La política energética plantea el aprovechamiento energético de los recursos naturales y su transformación en energía útil y tiene como objetivo general asegurar el abastecimiento y uso de la energía en la cantidad, calidad y diversidad de fuentes, compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad costarricense.
d. El Plan Nacional de Residuos Sólidos tiene como objetivo orientar las acciones gubernamentales y privadas para implementar paulatinamente una gestión integral de los residuos sólidos.
5 Una de las principales limitaciones en el sector energético es la incertidumbre que plantean los vacíos existentes en materia legal. Para motivar las inversiones se requiere de una mayor certeza jurídica principalmente del modelo tarifario.
Una motivación importante para apoyar el desarrollo y el aumento del consumo de residuos agrícolas orgánicos es mejorar la seguridad energética del país y reducir la dependencia en los combustibles fósiles.
El uso de RAO para la generación de energía debe estar incentivado con criterios de eficiencia, rentabilidad, competitividad y sostenibilidad que promueva una mayor oferta para su uso. Esta es una oportunidad para promover el acceso a nuevas tecnologías, el desarrollo de capacidades y mejorar la eficiencia del uso de los RAO.
Desde la perspectiva económica el marco político debe incentivar condiciones apropiadas y estrategias de inversión (por medio de incentivos, oportunidades de inversión, créditos bancarios más blandos, etc.). Asimismo se debe contar con un marco regulatorio para la fijación de tarifas de energía por fuentes de RAO que sea oportuno y competitivo.
A nivel institucional se deben crear mecanismos apropiados de coordinación institucional para la formulación y ejecución de programas que incentiven un mayor uso de RAO para la generación de energía en el país.
El marco legal nacional para el uso de residuos sólidos no incluye una categoría para los desechos agrícolas orgánicos, lo cual es un vacío importante. Es importante promover un marco normativo que incorpore las fuentes de RAO en la matriz de generación de energía para cubrir la demanda nacional al mismo tiempo que se promueven beneficios ambientales adicionales por reducción de emisiones y de residuos en el sector agropecuario, que al mismo tiempo se asegure la protección ambiental, se minimice el impacto a los recursos naturales y asegure tarifas competitivas en el mercado.
La implementación de acciones para una adecuada gestión de los residuos agrícolas orgánicos requiere que la Ley de Gestión Integral de Residuos y la Política de Residuos Sólidos incorporen esta categoría de residuos.
6 Se proponen las siguientes acciones estratégicas:
1- Coordinación Interinstitucional para facilitar las acciones para la gestión adecuada de RAO como fuente de energía.
2- Planificación sobre la disponibilidad de residuos agrícolas orgánicos con el objetivo de asegurar el volumen y la escala de planta necesaria por medio de encadenamientos de suministro permanente y accesible de residuos agrícolas orgánicos a centros de acopio.
3- Mecanismos financieros que permitan establecer condiciones habilitantes para el desarrollo de proyectos RAO para generación de energía.
4- Esquema de fijación de tarifas competitivo con el objetivo de contar con una metodología tarifaria que incentive el uso de RAO para generación y venta de energía.
5- Educación, Sensibilización y creación de capacidades para el uso de RAO y las tecnologías apropiadas para generación de energía.
6- Investigación y desarrollo tecnológico que promueva de las universidades el uso de RAO como fuente de energía.
7 Executive Summary
The present study was conducted under the project " Use of Waste Agricultural Biomass as a Source of Energy: Use of Resources and Reduction of Greenhouse Gases in Costa Rica " developed through partnership between the Ministry of Agriculture and FITTACORI Foundation under agreement CV-018-2013, with the support of the United Nations Environment Programme (UNEP).
Some of the main challenges to promote further development of power generation from waste agricultural biomass (WAB) include the lack of a policy and regulatory framework that promotes competitive electric rates, and incentives to promote investment and development of the energy use of agricultural waste from more efficient technologies.
This document provides an analysis of related policies on climate change, energy, agriculture and waste management. The National Strategy on Climate Change aims to balance a pattern of sustainable, competitive and low emissions development. The Policy for the Agricultural Sector and Rural Development focuses on competitiveness, innovation and technological development, management of rural areas and climate change and agribusiness management. The energy policy raises the energy use of natural resources and their transformation into useful energy and has the overall objective to ensure the supply and use of energy in the quantity, quality and diversity of sources, compatible with sustainable development of Costa Rican society. The National Solid Waste Plan aims to guide the government and private actions to gradually implement a comprehensive solid waste management.
One of the major limitations in the energy sector is the uncertainty caused by legal gaps and barriers. To encourage investment it is required a greater legal certainty mainly on the tariff model. The country offers great opportunities for power generation using waste agricultural biomass, however much of the potential and opportunities are limited. The national legal framework for the use of solid waste does not include a category for waste agricultural biomass, which is an important gap.
8 An important motivation for supporting the development and increased consumption of waste agricultural biomass is the need to improve the country's energy security and reduce dependence on fossil fuels.
Use of organic agriculture waste for power generation should be encouraged with efficiency, profitability, competitiveness and sustainability. This is an opportunity to promote access to new technologies, building capacity and improving the efficiency of use of WAB in their traditional uses such as heat generation and to promote other uses.
From an economic perspective, the policy framework should encourage appropriate conditions and investment strategies (through incentives, investment opportunities, more soft bank loans, etc). The regulatory framework for establishing of rates for energy from WAB sources must be appropriate and competitive.
At the institutional level there is a need for appropriate institutional coordination mechanisms for the formulation and implementation of programs that encourage greater use of WAB for power generation in the country.
It is important to promote a regulatory framework that incorporates organic agriculture waste sources in the matrix of power generation to meet national demand while promoting additional environmental benefits by reducing emissions and waste in the agricultural sector, which simultaneously ensure environmental protection.
The implementation of actions for proper management of waste agricultural biomass requires that the Law on Waste Management and Solid Waste Policy incorporate a definition on this type of waste.
The following strategic actions are proposed:
1- Inter-institutional Coordination to provide an institutional framework to facilitate actions for the appropriate management of WAB for energy generation.
2- Planning the availability of waste agricultural biomass to ensure higher volume and scale through inventorying and creation of waste agricultural biomass collection centers.
9 3- Financial Mechanisms to enable conditions for the development of energy generation
projects from waste agricultural biomass.
4- Design of tariff setting methodologies that encourage the power generation projects from waste agricultural biomass.
5- Education, awareness and capacity building for the use of waste agricultural biomass and appropriate technologies for power generation.
6- Research and technological development from universities to promote power generation projects from waste agricultural biomass.
10 Reconocimientos
Este estudio contó con el valioso aporte, guía e insumos suministrados por el Equipo Local del Proyecto (ELP).
Un agradecimiento especial al Sr. Roberto Azofeifa, por sus valiosos aportes a este documento, su apoyo en las gestiones administrativas, así como el establecimiento de enlaces de comunicación con especialistas sectoriales entrevistados.
También se agradece a las Instituciones, Cámaras Sectoriales y Empresas que aportaron su información y conocimiento de cada uno de sus sectores, entre ellos Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Dirección Sectorial de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Costarricense de Electricidad, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Instituto del Café de Costa Rica y la Agencia de Cooperación Alemana GIZ.
11 Acrónimos
ARESEP Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ICE Instituto Costarricense de Electricidad
ICAFE Instituto del Café de Costa Rica
FITTACORI Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería
MINAE Ministerio de Ambiente y Energía MINSA Ministerio de Salud
PNE Plan Nacional de Energía RAO Residuos Agrícolas Orgánicos
RECOPE Refinadora Costarricense de Petróleo
12 1. Presentación
Costa Rica realiza importantes esfuerzos para avanzar hacia el desarrollo bajo en emisiones. Para potenciar dichos esfuerzos, se considera necesario contar con un marco de política pública y plan de acciones que establezcan condiciones habilitantes para el uso de residuos agrícolas orgánicos (RAO) como fuente opcional de energía, mediante tecnologías que fortalezcan la sostenibilidad de los procesos productivos en concordancia con los programas de desarrollo de acciones de mitigación y adaptación que el país impulsa como parte de la meta de carbono neutralidad.
Como punto de partida, se hace necesario desarrollar un estudio base actualizado, que incluya el análisis detallado de las fuerzas impulsoras y restrictivas que desde el marco legal y de políticas públicas vigentes en el país, tengan impacto actual y potencial en materia de uso de RAO. Un estudio que incluya una propuesta de política pública orientada hacia el fortalecimiento e incremento del uso de los RAO como fuente de energía.
En el marco del proyecto “Uso de los residuos agrícolas orgánicos como fuente de energía: aprovechamiento de recursos y reducción de gases de efecto invernadero”, desarrollado mediante alianza entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Fundación FITTACORI, bajo el convenio específico CV-018-2013, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a través de su Oficina Regional para América Latina y el Caribe y del International Environmental Technology Center, se realizó el presente estudio, con el objetivo general de plantear una propuesta de política pública y plan de acciones para el fomento del uso de residuos agrícolas orgánicos como fuente de energía en Costa Rica.
Para el desarrollo del presente estudio, la metodología consistió en el análisis de fuentes secundarias de información así como la entrevista a especialistas con experiencia y conocimiento integral del tema. El trabajo se desarrollo según las siguientes etapas:
1. Recopilación y análisis de información sobre políticas existentes en materia de gestión de residuos, cambio climático y energía con el fin de identificar limitaciones y vacíos existentes.
2. Recopilación y análisis de información sobre los leyes, reglamentos y decretos
13 relacionados con la gestión de residuos, desde los aspectos de protección ambiental, gestión de residuos, salud, regulación de servicios públicos, procesos agrícolas, etc.
3. Coordinación de reuniones con los principales actores involucrados incluyendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Costarricense de Electricidad, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
4. Elaboración de propuesta de políticas y plan de acción para la gestión de residuos agrícolas orgánicos.
14 2. Principales instrumentos de políticas nacionales relacionadas con residuos
agrícolas orgánicos y generación de energía.
Algunos de los principales retos para promover un mayor desarrollo de generación de energía a partir de residuos agrícolas orgánicos incluyen la falta de un marco político y regulatorio que promuevan un mayor aprovechamiento de estos residuos, reducción de la contaminación y de emisiones, tarifas competitivas, e incentivos que estimulen la inversión en desarrollo y apropiación de tecnologías.
2.1 Estrategia Nacional de Cambio Climático
Costa Rica ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) mediante la Ley Nº 7414, del 6 de junio de 1994, y el Protocolo de Kioto mediante la Ley Nº 8219, junio 2002.
En el año 2007, el Gobierno de Costa Rica inicia el desarrollo de acciones políticas, por medio de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y el país asume un compromiso manifiesto de lograr la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2021, en procura de colaborar con la aplicación de la CMNUCC y, de esta manera, alcanzar el objetivo fundamental de la misma, el cual es “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas, peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible” (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, firmada en 1992, en vigencia en 1994).
La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) tiene como objetivo equilibrar un patrón de desarrollo, sostenible, competitivo y bajo en emisiones de carbono, mediante una serie de lineamientos políticos y acciones de acompañamiento en los sectores definidos como prioritarios en esta. La ENCC está compuesta por seis ejes de acción:
mitigación, adaptación, métrica, desarrollo de capacidades y tecnología, sensibilización pública, educación y cambio cultural, y financiamiento. Las políticas en materia de cambio climático requieren de estrecha coordinación con las autoridades competentes y con la
15 participación de los sectores y actores relevantes. Moverse hacia una sociedad baja en emisiones de gases con efecto invernadero implica resolver de forma paralela los problemas de pobreza, introduciendo cambios significativos en la agenda social y en los patrones de desarrollo en sectores tales como el energético y el agrícola.
Adicionalmente, existen otros esfuerzos relacionados con el tema de cambio climático, los cuales abarcan una serie de sectores e instituciones. Por ejemplo, desde el año 2008, Costa Rica consolida el esfuerzo para elaborar el Programa Nacional de Adaptación al Cambio Climático, con énfasis en los sectores recurso hídrico y biodiversidad, y los flujos de inversión asociados. Entre ellos, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha incorporado el componente de adaptación en sus planes de expansión energética, enfocándose en la diversificación de fuentes de energía.
Dentro de las Acciones específicas de la ENCC en el sector Agroindustrial se señalan:
Tratamiento de aguas residuales café
Extracción de metano en rellenos
Uso de combustibles alternativos para reemplazo de fósiles
Dentro de las Acciones específicas de la ENCC en el sector Agropecuario se señalan:
Reducción de emisiones de metano en ganadería
Cambio de dieta de animales
Biodigestores
2.2 Política para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010- 2021
El marco normativo del sector agropecuario en Costa Rica es muy amplio. La “Política para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021”, establece el detalle de las áreas, estrategias e instrumentos, correspondientes a cada uno de los pilares de la política, que se enfocan en Competitividad; Innovación y desarrollo tecnológico; gestión de territorios rurales y cambio climático y gestión agroindustrial.
Esta es una política de Estado con visión de largo plazo para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense, que brinda orientación, coordinación y articulación para las decisiones y acciones para que este sector contribuya al crecimiento y al desarrollo
16 agro-productivo, en general y de los pequeños productores, en particular.
Esta política tiene los siguientes objetivos específicos:
Elevar el nivel de competitividad del Sector Agroalimentario Costarricense, su aporte al Producto Interno Bruto (PIB), a las exportaciones, al empleo, a la inversión productiva, a la rentabilidad y al nivel de ingresos de los productores.
Fortalecer, integrar y redireccionar las actividades innovadoras y de generación y transferencia de tecnología agroalimentaria y sus vínculos entre las diferentes entidades competentes, públicas y privadas.
Fomentar el desarrollo equilibrado de territorios rurales, creando los espacios de participación proactiva y articulada a los circuitos comerciales, la mejoría de las economías rurales y la sostenibilidad de los recursos naturales.
Cada uno de los tres pilares está conformado por acciones estratégicas que, a su vez, se desglosan en estrategias específicas, con identificación de los instrumentos que se han establecido para cada una y que constituyen las herramientas de trabajo y los mecanismos de implementación.
En cuanto al manejo de residuos agrícolas y gestión agroindustrial el siguiente cuadro resume los planes propuestos para implementar la estrategia en este tema:
17
Estrategia Instrumento de Política Propuesto
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. Implica la recuperación del potencial productivo, reubicación de actividades agroalimentarias y nuevas prácticas de manejo tecnológico e
infraestructura de producción en un horizonte de largo plazo.
Plan nacional agroalimentario de adaptación al cambio climático.
Para promover investigación y transferencia tecnológica;
identificación y difusión de prácticas de manejo que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero, desincentiven las prácticas que favorecen emisiones y estimulen la fijación de carbono en el suelo; fomento de desarrollo de zonas de protección; y, concientización y desarrollo de una cultura de cambio climático (información, comunicación y divulgación).
Programa de planificación del uso agroalimentario del territorio.
Para el desarrollo de las actividades agro-productivas que se adapten a los escenarios futuros de cambio climático y variabilidad futura.
Estrategias de adaptación a los efectos del cambio climático.
Para el restablecimiento de las tierras degradas, la no
fragmentación de los ecosistemas naturales, agroalimentarios, acuíferos, dando prioridad a la conservación in situ y ex situ de los recursos genéticos agrícolas, pecuarios y pesqueros.
Estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático.
Para el cumplimiento de la Convención de Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto, los compromisos asumidos dentro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y, a nivel nacional, en la implementación de la estrategia nacional de cambio climático que lidera el MINAE.
Fuente: Política para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010- 2021
18 Específicamente, existen leyes, reglamentos, directrices y políticas para la producción agrícola sostenible, así como diversas instituciones encargadas de coordinar la implementación de estas reglas, incentivos y políticas de forma coherente e integral.
A partir de la Política para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021 se establecen bases importantes que se pueden aprovechar para desarrollar un marco legal en materia de aprovechamiento de RAO. La legislación en material agropecuaria incorpora aspectos ambientales generales y establece incentivos que estimulan tipos de producción como la orgánica, que podrían ser una referencia para el desarrollo de los instrumentos económicos que se requieren para promover el aprovechamiento de RAO como fuente de energía.
Algunas de las acciones propuestas en esta política relacionadas con el aprovechamiento de los residuos agrícolas orgánicos incluyen:
Programa de Buenas Prácticas en la producción agroalimentaria y manejo de residuos.
Desarrollo de microempresas de abonos orgánicos mediante el aprovechamiento de residuos agrícolas.
Infraestructura para el manejo y disposición de los residuos generados en las fincas.
Programas de Investigación y Transferencia Tecnológica por Agrocadena (PITTA)
Los Programas de Investigación y Transferencia Tecnológica por Agrocadena PITTA fueron creados en 1989 por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, como un esfuerzo institucional para mejorar la integración y coordinación para ser perdurable y operativa en el ámbito de la investigación y la transferencia de tecnología, entre los actores de actividades agropecuarias específicas. (Chaves, 2011)
El PITTA Bioenergía está conformado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la Universidad Nacional (UNA) y el
19 Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura (IICA).
Los objetivos principales: unir esfuerzos y recursos para el desarrollo sostenible de la bioenergía mediante la innovación tecnológica; la inserción de la bioenergía en la matriz energética y su desarrollo con inclusión social en el país.
Las principales estrategias incluyen:
Ser proponente de rutas tecnológicas para el mejor uso y adecuación de los RAO orientados a la producción de bioenergia.
Proponer líneas de investigación; desarrollo, fomento e innovación en bioenergía (áreas potenciales para cultivos bioenergéticos, fuentes de bioenergía, entre otros);
Facilitar los mecanismos para la transferencia tecnológica;
proponer políticas de energía alternativas;
concientización de la población sobre el uso potencial e impacto de fuentes emergentes de energía.
20 2.3 Política Nacional de Energía
Política energética: VI Plan Nacional de Energía 2012-20301
La política energética plantea el aprovechamiento energético de los recursos naturales y su transformación en energía útil para lo cual se busca la manera más eficiente y eficaz de llevar a cabo los procesos, orientando a los diferentes actores a interactuar con el sistema energético.
El objetivo general es el “Asegurar el abastecimiento y uso de la energía en la cantidad, calidad y diversidad de fuentes, compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad costarricense”.
La política energética nacional, se plasma en el VI Plan Nacional de Energía 2011-2030, que tiene como propósito asegurar, en forma responsable el desarrollo energético del país, procurando un abastecimiento con energías limpias, sostenibles y amigables con el ambiente y la salud humana, para mejorar las condiciones de vida.
Políticas para la oferta energética
Esta política tiene como propósito asegurar el abastecimiento energético del país y reducir la vulnerabilidad externa, fomentando el uso de las diversas fuentes de energías renovables y alternas de origen nacional. Se requiere la participación de las empresas públicas y privadas, para efectuar inversiones competitivas, innovadoras e amigables. La oferta energética deberá ser sostenible y generara mercados donde se complementen las organizaciones públicas y privadas para desarrollar proyectos de infraestructuras energéticas renovables, limpias y de menor costo.
Las estrategias para aplicar esta política son las siguientes:
a) Inversiones competitivas para modernizar y desarrollar la infraestructura energética de forma oportuna y segura.
1 MINAE. Dirección Sectorial de Energía. VI Plan Nacional de Energía 2012-2030. Diciembre 2011. Disponible en: http://www.dse.go.cr/
21 b) Fortalecimiento de la institucionalidad y competitividad del sector energético mediante
el fortalecimiento del marco regulatorio energético.
c) Promover la investigación y la oferta de tecnología y equipos de energías alternas amigables y el desarrollo de grupos de encadenamientos de fabricación y desarrollo de energía limpia.
Política para la Demanda Energética
Esta política pretende mejorar la eficiencia de consumo de la energía, modificando los hábitos de consumo, e introduciendo el uso de tecnologías y fuentes de energía limpias.
Las estrategias para aplicar esta política son las siguientes:
a) Programa para el Sector Residencial con el fin de concientizar sobre el ahorro y uso racional de la energía y los recursos naturales. Esto se busca mediante tecnologías que reduzcan la intensidad energética del sector, esquemas tarifarios con indicación económica del costo de producción de la energía, sellos de eficiencia a los mejores equipos en el mercado y uso de fuentes alternas de energía.
b) Programa para el Sector Industrial. Mejorar las prácticas operativas y de tecnología del sector mediante incentivos no fiscales y regulaciones para la introducción de tecnologías de alta eficiencia, tecnologías que reduzcan la intensidad energética del sector y ahorro energético en los macro-consumidores.
Política de Precios
Se impulsa una mayor apertura comercial, promoviendo la inversión extranjera y fomentando el cambio tecnológico. Se promueven acciones que le permitan elevar su competitividad. Por tanto se puede afirmar que en el sector energía es necesario mejorar la calidad, seguridad y eficiencia del suministro y la estructura de precios competitivos.
Las estrategias para aplicar esta política son las siguientes:
a) Mejorar los mecanismos de compra de petróleo en condiciones favorables de costo, calidad y oportunidad, debidamente planificadas y sin comprometer el suministro nacional.
b) Tarifas eléctricas competitivas. Incentivar la inversión con costos eficientes, precios competitivos, alta calidad, confiabilidad y sostenibilidad del servicio.
22 Dentro de las acciones políticas de destacan las siguientes:
Sustituir los combustibles fósiles importados por energéticos nacionales: alcohol, biodiesel, energía hidroeléctrica, geotérmica, biomásica, eólica y solar.
Incentivar el desarrollo de sistemas de generación de electricidad a pequeña escala para autoconsumo utilizando fuentes renovables de energía; así como las aplicaciones de cogeneración de electricidad y calor.
Promoción de fuentes renovables no convencionales.
2.4 Política Nacional de Residuos Sólidos
Plan Nacional de Residuos Sólidos (PRESOL 2008)
Este Plan tiene como objetivo: “orientar las acciones gubernamentales y privadas para implementar paulatinamente una gestión integral de los residuos sólidos”. Establece lineamientos a nivel técnico, legal-administrativo, institucional y organizacional, educación y sensibilización, y económico.
El sector de residuos en Costa Rica cuenta con un marco legal de reciente desarrollo.
Con la promulgación de la Ley de Gestión Integral de Residuos en el 2010. El Ministerio de Salud como ente rector en el manejo de residuos, ha realizado proyectos de reglamento a la Ley así como la elaboración de una nueva “Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021”. Es importante mencionar que dicha política continúa en proceso de desarrollo y en la elaboración de las estrategias específicas de sus objetivos en consonancia con la Ley de Gestión Integral de Residuos y el Plan de Residuos Sólidos de Costa Rica (PRESOL).
Esta política tiene los siguientes objetivos específicos:
Promover la separación en la fuente (en el mismo sitio en que se producen) y la clasificación de los residuos tanto por parte de los hogares, del sector privado, así como de las instituciones del sector público.
Generar nuevas fuentes de empleo a través de las acciones de separación y valoración de los residuos.
Fomentar el desarrollo de mercados de productos valorizados, de forma tal que se creen flujos de materiales y encadenamientos entre empresas, lo que para una empresa es un residuo para otra puede ser materia prima.
Generar mercados para los productos reciclados, reciclables y biodegradables de
23 forma tal que entre estos sean mas accesibles para su población.
Es importante señalar que el PRESOL está fundamentado en la ley 8839 para la gestión integral de residuos, la cual incluye todo tipo de residuos. En el artículo 2 se puede visualizar la inclusión de los RAO aun cuando no se expresa específicamente.
En cuanto al manejo de residuos para reducción de emisiones el siguiente cuadro resume los planes propuestos para implementar la estrategia en este tema:
Estrategia Instrumento de Política Propuesto
Ámbito: HABITAT HUMANO
Inclusión de la gestión Integral de Residuos como parte de las medidas para la mitigación y reducción de los efectos del cambio climático.
Promoción de la aplicación de las tecnologías para el tratamiento, valorización y disposición final de residuos que coadyuve a la mitigación y reducción de los efectos del cambio climático, efecto invernadero, desertificación, entre otros.
Instancias responsables directas: MS, MINAET, MICYT, Cámara de Comercio.
Otras responsables: MOPT, Municipalidades, MINAET, MAG, ICE, ICAA, JASEC, ESPH, Cámara de Comercio, Cámara de Industrias, Cámara de Agricultura.
Fuente: PRESOL 2007
Específicamente, existen leyes, reglamentos, directrices y políticas para la gestión integral de residuos, así como diversas instituciones encargadas de coordinar la implementación de estas reglas, incentivos y políticas de forma coherente e integral.
A partir de la Ley de Gestión Integral de Residuos se debe desarrollar un marco legal que vincule directamente la gestión integral de los residuos para que su separación y valorización sea promovida con una visión de aprovechamiento de los residuos agrícolas.
La legislación de residuos incorpora aspectos ambientales generales y establece incentivos fiscales, en algunos casos enfocados en la gestión del recurso hídrico, pero no integra el tema de residuos agrícolas.
24 3. Marco legal para el uso de residuos agrícolas orgánicos como fuente de energía 3.1 Marco Legal Sector Agropecuario
El marco legal existente ofrece una base conceptual de apoyo, con un mandato político claro y leyes complementarias en el tema agrícola. Sin embargo, la legislación no regula expresamente los mecanismos necesarios que son importantes para integrar al sector agrícola con la generación de energía.
En el siguiente cuadro se resumen los principales instrumentos normativos del sector agrícola relacionados con RAO.
Cuadro 1: Marco Legal del sector agrícola relacionado con RAO
Instrumento Normativo
Disposiciones
Constitución Política
Artículo 50 consagrar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
Programa de Fomento de la
Producción Agropecuaria Sostenible, Ley No. 8408 del 1º de marzo del 2004
El Programa financiará:
- proyectos locales de asistencia técnica e inversiones, presentados por organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios.
- Capacitación y divulgación de información.
- Generación de estudios para apoyar la competitividad del sector agropecuario.
Este programa brinda una oportunidad para aprovechar la asistencia técnica para la utilización de RAO para generar energía.
Ley de
desarrollo, promoción y fomento de la actividad agropecuaria orgánica No.
8591 de 28 de junio de 2007
Regulación para las empresas agrícolas orgánicas.
Crea incentivos para la producción agropecuaria orgánica que incluye:
- Financiamiento de programas que crean beneficios ambientales;
- Apoyo bancario (créditos diferenciados);
- Recursos de PYMES para financiar la actividad;
- Exoneración de impuestos de varios tipos de insumos como vehículos e importación de maquinaria;
- Exoneración de pago de impuesto sobre la renta;
- Exoneración de pago de impuesto de ventas.
Promueve la investigación científica y la transferencia de tecnología, para detener las consecuencias del mal uso de los agroquímicos.
Dentro del marco de esta Ley se puede promover el uso de los RAO de la producción orgánica aprovechando los diversos incentivos y mecanismos de investigación y transferencia de tecnología que pueden ser utilizados para fomentar la generación de energía.
25
Instrumento Normativo Disposiciones
Ley de fomento a la producción agropecuaria No. 7064 del 29 de abril de 1987
Regula las funciones institucionales en el sector agropecuario, otorgando al Ministerio de Agricultura y Ganadería la rectoría en este campo.
Establece que el Estado brindará su apoyo y otorgará incentivos para las explotaciones cuyas actividades agropecuarias estén identificadas como prioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de Desarrollo Agropecuario.
Aunque esta Ley no está dirigida al uso de RAO, se puede aprovechar este mecanismo para que los productores que tienen acceso a los incentivos respectivos puedan financiar actividades de uso de RAO para generar energía
Reglamento al art. 2 de la Ley de Fomento a la producción agropecuaria No. 31570 del 17 de noviembre de 2003
Se incluye dentro de las actividades de producción agrícola, la silvicultura y la agroindustria, bajo la tutela, supervisión, incentivos y regulación del MAG.
Reglamento de
financiamiento de programas de asistencia técnica y financiera de apoyo al mercadeo No.
26487 de 21 de setiembre de 2005
Impulsa el Programa de Apoyo al Mercadeo Agropecuario (PROAMER), para financiar programas de asistencia técnica y financiera para productores y organizaciones agrícolas pequeños y medianos.
Aunque la Ley no es expresa se puede utilizar esta asistencia técnica y financiera para fomentar el uso de RAO con pequeños y medianos productores y organizaciones.
Reglamento para el Manejo de Rastrojos, Desechos y Residuos de origen Animal y Vegetal para el control de Plagas.
Decreto No 37358-MAG de Agosto, 2012
Establece el manejo de desechos o residuos de origen animal o vegetal, debe hacerse mediante la implementación de las buenas prácticas agrícolas y pecuarias cuyo fin sea evitar la reproducción de plagas.
El incumplimiento de esta regulación implica la aplicación de sanciones administrativas, por lo cual el manejo de RAO debe seguir buenas practicas para evitar daños al ambiente y a la salud.
Fuente: Elaboración propia
26 3.2 Marco Legal Sector Energía
Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, (Ley 7200) permite la generación autónoma paralela de energía producida por centrales eléctricas de capacidad limitada que pertenecen a empresas privadas o cooperativas que puedan ser integradas al sistema eléctrico nacional.
Es de interés público la compra de electricidad, por parte del ICE, a las cooperativas y a las empresas privadas en las cuales que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales (hidráulico, geotérmico, eólico).
- ARESEP tiene la facultad de otorgar concesiones destinadas a explotar centrales eléctricas de capacidad limitada, y el ICE quien declara elegible los proyectos generación paralela que no lleguen a constituir más del 15% de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el sistema eléctrico nacional.
- Además, a partir de la vigencia de la Ley 7200, los generadores que le venden la energía al ICE al amparo de la Ley 7200 han firmado contratos con dicha institución, refrendados por la ARESEP, en los que se han incluido estructuras tarifarias diversas, a saber: con cláusula de revisión anual, con cláusula de tarifa no revisable anualmente y tipos de tarifas para generación privada según una fórmula que a su vez tiene dos versiones.
- A partir de 1995 se incorporó un segundo régimen de participación privada en la generación, que corresponde al segundo capítulo de la Ley N.° 7200. En este régimen, que corresponde a un esquema BOT (Building, Operation and Transfer), se han construido varios proyectos. En esta modalidad las plantas pueden tener una capacidad instalada máxima de 50 MW y el proceso de contratación se hace mediante el sistema de licitación pública. El ICE está autorizado por esta ley a comprar de estas centrales hasta un 15% adicional al autorizado por la Ley N.° 7200, para totalizar un 30% de la capacidad instalada nacional.
- En 1996, por Ley 7593, se crea la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), como órgano competente para la fijación de tarifas en el Suministro de
27 Energía Eléctrica en las etapas de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización. La ARESEP siguiendo los lineamientos establecidos en el Artículo 6 de su Ley, tiene la obligación de establecer las tarifas de la electricidad generada de las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional. Las tarifas fijadas deben ser cubiertas por quien ostente la condición de concesionario del servicio público Dichas tarifas se sujetan al principio de servicio al costo. Estos costos pueden ser establecidos según distintas metodologías: de rentabilidad o tasa de retorno, costo marginal, costo evitado u otra, definida por el legislador o por la propia ARESEP.
Los precios de compra y venta de energía eléctrica tanto para el ICE como para los otros agentes, salvo lo indicado en la Ley N.° 7508, son fijados por la ARESEP y tienen implícitos criterios de calidad, confiabilidad y seguridad, además de una rentabilidad adecuada para el desarrollo y expansión de la actividad eléctrica. El proceso de negociación de contratos de compra–venta de energía con generadores privados, a través de la Ley N.° 7200 y la Ley N.° 7508, se realiza por medio del Proceso Estrategias de Inversión del Centro Nacional de Planificación Eléctrica (CENPE) del ICE.
Cuadro2: Principales regulaciones del sector energía
Normativa Disposiciones relevantes
Ley que
Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, Ley No. 7200 del 28 de agosto de 1990, Gaceta No.197 del 18 de octubre de 1990
Permite la generación autónoma paralela de energía producida por centrales eléctricas de capacidad limitada que pertenecen a empresas privadas o cooperativas que puedan ser integradas al sistema eléctrico nacional.
Es de interés público la compra de electricidad, por parte del ICE, a las cooperativas y a las empresas privadas en las cuales que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales (hidráulico, geotérmico, eólico).
ARESEP quien tiene la facultad de otorgar concesiones destinadas a explotar centrales eléctricas de capacidad limitada, y el ICE quien declara elegible los proyectos generación paralela que no lleguen a constituir más del 15% de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el sistema eléctrico nacional.
28 Continuación.
Normativa Disposiciones relevantes
Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica. Ley 8723 del 2009
Se designa al MINAE para otorgar las concesiones de fuerza para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas que puedan obtenerse de las aguas de dominio público del territorio nacional.
Ley de Aprobación del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y su Protocolo, Ley No. 7848 del 20 de noviembre del 1998
Esta norma es de orden regional y nace dentro del marco del Sistema de Integración Centroamericana, para crear una integración eléctrica mediante el desarrollo de un mercado eléctrico regional competitivo, a través de líneas de transmisión que interconecten los sistemas eléctricos de las redes nacionales, la promoción de proyectos de generación regionales y la promoción del desarrollo de la industria eléctrica.
Este mercado eléctrico regional, permitirá el incremento de las transacciones de electricidad y el desarrollo sostenible en la región
Reglamento Sectorial de Servicios Públicos, Decreto 29847-MP-MINAE-MEIC del 11 de noviembre del 2011.
Define las condiciones generales de la regulación del servicio eléctrico que brindan las empresas a los abonados y usuarios, en las áreas técnica y económica.
Decreto-Ley 449 de creación del Instituto
Costarricense de
Electricidad.
Crea el ICE con personería jurídica y autonomía con duración indefinida. Se le encomienda el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física, en especial los recursos hidráulicos.
El ICE debe encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica para dar solución a la escasez de fuerza eléctrica y que haya energía disponible para satisfacer la demanda normal.
29 Continuación.
Normativa Disposiciones relevantes
Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos No.
7593 del 9 de agosto de 1996
ARESEP tiene autonomía técnica y administrativa para fijar precios y tarifas y velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima de los servicios públicos.
Para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, la ARESEP toma en cuenta las estructuras productivas modelo para cada servicio público, según el desarrollo del conocimiento, la tecnología, las posibilidades del servicio, la actividad de que se trate y el tamaño de las empresas prestadoras. Los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia económica definidos en el Plan Nacional de Desarrollo son elementos centrales para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos.
Otros aspectos de variables externas que se consideran son la inflación, tipos de cambio, tasas de interés, precios de hidrocarburos, fijaciones salariales realizadas por el Poder Ejecutivo. Adicionalmente, por cada actividad regulada, la ARSEP cobra un canon anual por servicio público.
Fuente: Elaboración propia.
El Esquema Regulatorio fija las tarifas al costo, garantizan cobertura de costos de inversión. Como los costos se trasladan a las tarifas, el país pierde competitividad y ventajas comparativas en ahorro energético. Además de que no se incorporan los costos ambientales, ni se incentiva la eficiencia energética, ni evaluación de riesgo por efectos del cambio climático.
La ARESEP ha definido un procedimiento metodológico correspondiente al “Modelo y estructura de costos típica de una planta modelo de generación de electricidad con bagazo de caña” para la venta al Instituto Costarricense de Electricidad.2
2 Mediante Resolución de la Junta Directiva de la ARESEP. Resolución RJD-004-2010. Metodología tarifaria según la estructura de costos típica de una planta modelo de generación de electricidad con Bagazo de caña
30 Este procedimiento tiene como objetivo definir la metodología y demás características para la definición y aprobación de la tarifa aplicable a los contratos de compraventa de energía eléctrica entre el ICE y los generadores privados al amparo de la Ley 7200, cuya fuente sea el bagazo de caña y tengan una concesión válida para este tipo de actividad.
Asimismo, la ARESEP definió el procedimiento metodológico correspondiente al modelo y estructura de costos de una planta de generación de electricidad con biomasa distinta de bagazo de caña y su fórmula de indexación. El objetivo de este modelo tarifario es contar con el marco normativo específico para fijar y ajustar las tarifas de venta de electricidad por parte de generadores o cogeneradores privados que produzcan energía con fuentes biomásicas mediante sistemas de combustión, en el marco del Capítulo 1 de la Ley 7 200.
Se excluyen de esta metodología las fijaciones de tarifas asociadas con ventas de electricidad producidas únicamente con bagazo de caña de azúcar, a las cuales se les aplica la metodología aprobada por la Junta Directiva mediante la resolución RJD-004- 2010. También se excluyen las fijaciones tarifarias para ventas de energía generada por plantas que utilizan residuos municipales como insumo.3
El modelo es aplicable únicamente a plantas de generación ó cogeneración de electricidad con biomasa que utilizan únicamente procesos de combustión. Por lo tanto, no es aplicable a plantas que incluyen procesos distintos a los de combustión para generar electricidad con biomasa, tales como los de gasificación, pirolisis, o reactores de plasma. Además, debe tenerse presente que dado que el ámbito de aplicación del modelo se restringe a transacciones de electricidad enmarcadas en el Capítulo 1 de la Ley 7 200, solamente se puede utilizar para fijar las tarifas de energía generada en plantas con capacidades de 20 MW o menos.
para la venta al Instituto Costarricense de Electricidad y su fórmula de indexación disponible en:
http://www.aresep.go.cr/index.php/buscador-tarifas/76-metodologias
3Mediante Resolución de la Junta Directiva de la ARESEP. Resolución RJD-162-2011 Modelo y estructura de costos de una planta de generación de electricidad con biomasa distinta de bagazo de caña y su formula de indexación disponible en: http://www.aresep.go.cr/index.php/buscador-tarifas/76-metodologias
31 3.3 Marco Legal sobre Gestión de Residuos
El marco legal nacional para el uso de residuos sólidos en la producción de energía era limitado hasta el año 2010 con la publicación de la Ley para la Gestión Integral de Residuos y su recién publicado reglamento en 2012. Dicha ley contempla responsabilidades y criterios específicos para la valorización de residuos sólidos en el país. La Ley de Gestión Integral de Residuos desarrolla la definición de residuos en sus distintas categorías:
Residuos de manejo especial: son aquellos que por su composición, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje, formas de uso o valor de recuperación, o por una combinación de esos, implican riesgos significativos a la salud y degradación sistemática de la calidad del ecosistema, por lo que requieren salir de la corriente normal de residuos ordinarios.
Residuo: material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generador o poseedor debe o requiere deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o tratado responsablemente o, en su defecto, ser manejado por sistemas de disposición final adecuados.
Residuos peligrosos: son aquellos que por su reactividad química y sus características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o que por su tiempo de exposición puedan causar daños a la salud y al ambiente.
Residuos ordinarios: residuos de carácter doméstico generados en viviendas y en cualquier otra fuente, que presentan composiciones similares a los de las viviendas.
Las precisiones anteriores son necesarias ya que en el marco legal sobre residuos no se incluye una categoría para los desechos agrícolas orgánicos, lo cual es un vacío importante. En la definición de “residuo” que se conceptualiza como “material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generador o poseedor debe o requiere deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado” tiene una alcance amplio que abarca los RAO.
A continuación se señalan las principales leyes y regulaciones en materia de gestión de residuos.
32 Cuadro 3: Resumen del Marco Legal existente en relación a gestión de residuos
Ley Disposiciones
Ley 8839. Ley para la Gestión Integral de Residuos
Ley contempla diversas categorías d e residuos y otorga la propiedad de los residuos sólidos a los generadores y los Municipios. Los municipios como encargados del manejo de los rellenos sanitarios pueden dar en concesión para el aprovechamiento energético en el país.
Es de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se regulan por legislación especial.
Permite a los gestores autorizados en el país y aquellos concesionarios de rellenos sanitarios la importación de residuos de otros países de Centroamérica para la valorización y conversión energética de residuos ordinarios.
No contempla incentivos para la valorización de residuos de ninguna clase como exenciones tributarias u otras.
Establece que debe comprobarse ante el MINSA que existen las tecnologías adecuadas para realizar conversión y valorización de los residuos en el país.
Reglamento General a la Ley de Gestión Integral de Residuos
Comprende las especificaciones para el cumplimiento de las metas de
recolección por parte de los productores y establece responsabilidades para los generadores y gestores de residuos sólidos en el país.
Establece las definiciones de residuos especiales y se amplía el espectro de responsabilidades de los generadores de residuos así como los requisitos para inscribirse como gestor de residuos.
Código Municipal
Establece las responsabilidades y autonomía para el otorgamiento de los rellenos sanitarios del país a entidades privadas. El plazo para el otorgamiento de concesiones de rellenos sanitarios puede ser hasta 25 años.
Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos
El Reglamento comprende en su artículo 36 que el manejo de residuos puede llevarse a cabo mediante cualquier tecnología que la normativa establezca adecuada. Un elemento importante a considerar por este reglamento es que comprende la obligatoriedad de valorización previa al envío en relleno sanitario de los residuos.
Reglamento sobre Rellenos Sanitarios No 27378-S
Establece que el Departamento de Ambiente Humano del Ministerio de Salud es el encargado de otorgar los permisos para viabilidad de apertura de rellenos sanitarios en cumplimiento con el marco normativo nacional. Puntualmente los rellenos sanitarios pueden ser manejados por las municipalidades o
concesionarios privados.
Fuente: elaboración propia
33 La utilización de residuos agrícolas entra en un ámbito de valorización de residuos que es competencia del Ministerio de Salud, pero que no está expresamente regulada. La valorización de residuos se define como “conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de los residuos para los procesos productivos, la protección de la salud y el ambiente”. Dentro de la definición de residuos valorizables de la Ley 8839 se pueden considerar los RAO como fuente de energía ya que tienen un valor al ser utilizados para reemplazar otras fuentes contaminantes, que al mismo tiempo contribuye a la protección de la salud y del ambiente.
La tecnología para la utilización de RAO ha alcanzado un desarrollo importante para adaptarse a la pequeña y mediana industria, brindando una oportunidad de aprovechar los residuos de productos agrícolas con un mayor rendimiento energético y menor nivel de emisiones. La Ley en este sentido establece un marco para la valorización de residuos en general que puede interpretarse incluye los RAO, ya que estos residuos no se excluyen de los usos permitidos por la Ley.
En el artículo 7 de la Ley 8839 se designa al Ministerio de Salud como el “rector en materia de gestión integral de residuos, con potestades de dirección, monitoreo, evaluación y control. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, tiene entre sus funciones… “formular y ejecutar la política nacional y el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, así como evaluarlos y adaptarlos periódicamente en coordinación con el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.”
34 4. Identificación y descripción de los elementos de legislación y políticas
favorables al uso de residuos agrícolas orgánicos como fuente de energía
El marco de las políticas existentes brinda elementos importantes que abarcan a los residuos agrícolas orgánicos. La Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos establece la visón para gestión de residuos a corto, mediano y largo plazo, mientras que el Plan Nacional de Residuos Sólidos del año 2008, busca orientar las acciones gubernamentales y privadas desde los ámbitos: técnico, legal-administrativo, institucional y organizacional, de educación y sensibilización y económico. El tema de RAO no está expresamente contemplado pero se incluye dentro del concepto amplio de residuos. El Ministerio de Salud tiene el mandato de actualizar este Plan, por lo que se brinda la oportunidad de incluir un mandato específico para la gestión de RAO en el país.
Por su parte la Estrategia Nacional de Cambio Climático promueve la reducción de emisiones que incluye acciones específica como el tratamiento de aguas residuales café, la Reducción de emisiones de metano en ganadería y el uso de biodigestores.
La política para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense, propone promover investigación y transferencia tecnológica; identificación y difusión de prácticas de manejo que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero, desincentiven las prácticas que favorecen emisiones y estimulen la fijación de carbono en el suelo. A partir de esta política se establecen bases importantes que se pueden aprovechar para desarrollar un marco legal en materia de aprovechamiento de RAO.
Algunas de las acciones propuestas en esta política relacionadas con el aprovechamiento de los residuos agrícolas orgánicos incluyen:
Programa de Buenas Prácticas en la producción agroalimentaria y manejo de residuos.
Desarrollo de microempresas de abonos orgánicos mediante el aprovechamiento de residuos agrícolas.
Infraestructura para el manejo y disposición de los residuos generados en las fincas.
Por su parte el PITTA Bioenergía Ser proponente de rutas tecnológicas para el mejor uso y adecuación de los RAO orientados a la producción de bioenergia.
Proponer líneas de investigación; desarrollo, fomento e innovación en bioenergía
