MARCO ESTRATÉGICO COMÚN ECUADOR

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MARCO ESTRATÉGICO COMÚN ECUADOR

2022-2026

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Contenido

Introducción y descripción del proceso de elaboración ... 3

Análisis general del contexto y de los riesgos ... 5

A nivel económico. “De la desaceleración económica a la crisis general” ... 5

A nivel social y ambiental ... 6

A nivel político e institucional ... 7

Metas estratégicas ... 12

Contribución MEC Ecuador y MEC temáticos con los ODS ... 12

Contribución MEC Ecuador al objetivo de la cooperación belga y las temáticas transversales prioritarias ... 13

Pauta de lectura para las metas, sus enfoques y tipos de acciones ... 14

Meta Estratégica Compartida 1 – Derechos Humanos y Equidad/Igualdad de Género ... 15

Análisis específico del contexto ... 15

Enfoques y tipos de acciones ... 17

Análisis específico de los riesgos ... 19

Meta Estratégica Compartida 2 – Justicia ambiental y climática ... 20

Meta Estratégica Compartida 3 – Sistemas agro-alimentarios ... 25

Meta Estratégica Compartida 4 – Justicia Económica y redistribución de la riqueza ... 29

Meta Estratégica Compartida 5 – Sistema educativo ... 32

Relación con otros MEC ... 37

Vínculo MEC Ecuador, MEC Perú y MEC Bolivia ... 37

Vínculo MEC Ecuador y MEC Ciudades Sostenibles ... 40

Vínculo MEC Ecuador y MEC Resiliencia ... 42

Sinergias y complementariedad ... 48

Proceso(s) de aprendizaje colectivo... 56

ANEXO 1 ... 59

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Siglas

AC - Acuerdos Comerciales ACC - Análisis de Contexto Común

ACNG - Actores de Cooperación No Gubernamental AFC – Agricultura familiar Campesina

ALC – América Latina y Caribe BM - Banco Mundial

CEDENMA - Coordinadora Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza y del Ambiente CEPAL - Comisión Económica para América Latina

CMNUCC - Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático DESC - Derechos Económicos Sociales y Culturales

DGD - Dirección General de Cooperación al Desarrollo (gobierno belga) EBD – Enfoque Basado en Derechos

ENEMDU - Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FMI - Fondo Monetario Internacional

IDH - Índice de Desarrollo Humano

ISIP - Instituto Superior de Investigación y Posgrado

LGTBI - Lesbianas, gays, transgénero, bisexuales o intersexuales MEC – Marco Estratégico Común

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social Mineduc – Ministerio de Educación

MSP – Ministerio de Salud Pública NNA – Niños, niñas y adolescentes ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible OIT - Organización Internacional del Trabajo ONU – Organización de las Naciones Unidas

OPLADI - Oficina de Planificación y Desarrollo Inspectorial OSC - Organizaciones de la sociedad civil

PEA - Población Económicamente Activa PBI - Producto Bruto Interno

TEFA - Tasa Específica de Fecundidad en Adolescentes TLC - Tratado de Libre Comercio

UE - Unión Europea

UNASUR - Unión de Naciones Suramericanas UPAS – Unidad de Producción Agropecuaria

RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural UNFPA - Fondo de Población de las Naciones Unidas VBG – Violencia basada en género

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Introducción y descripción del proceso de elaboración

Los actores de la cooperación no gubernamental (ACNGs) belgas definen cada 5 años su Marco Estratégico Común (MEC), para determinar metas comunes y estimular sinergias, complementariedades y aprendizajes. Los MEC constituyen el marco dentro del cual se posicionan los futuros programas y proyectos de los ACNGs belgas, en este caso en concreto, operando dentro del territorio ecuatoriano del año 2022 al 2026.

Los MEC tienen su base legal en el Real Decreto del 11 de septiembre de 2016 sobre la cooperación al desarrollo no gubernamental y por ley se han definido dos modalidades distintas: el MEC temático y el MEC geográfico (cf. Real Decreto 2016/15112, art. 2). El presente documento forma parte de la segunda modalidad creando el MEC Ecuador. Los objetivos de los MEC se describen en el acuerdo marco de 2015 de la siguiente manera:

1) fomentar la coordinación y concertación en cuanto a las estrategias entre los ACNG;

2) crear formas efectivas de complementariedad o sinergia dentro de la cooperación no gubernamental;

3) garantizar procesos de aprendizaje colectivo en materia de estrategias y riesgos;

4) llevar a cabo un diálogo estratégico con las autoridades.

En la redacción del MEC Ecuador 22-26 han participado de manera muy activa representantes de los 6 ACNGs involucrados (11.11.11, ACTEC, Plan Internacional, Rikolto, TRIAS y VVOB)¹, y 1 equipo consultor. Para el análisis de contexto y la discusión de las metas y los enfoques se contó con la participación de copartes locales de los ACNGs, además de algun@s expert@s temáticos. En varios momentos del proceso también se invitaron a los observadores en representación de los MEC temáticos². Un comité coordinador - integrado por Rikolto, 11.11.11, VVOB - se ha encargado de dinamizar el proceso y ha permitido una buena coordinación con el equipo consultor que ha facilitado la elaboración del MEC.

Estos actores han participado en el proceso, tanto en reuniones y talleres virtuales como en la revisión permanente de los documentos previos y dinámicas de trabajo con participación activa tanto de representantes en Ecuador como en Bélgica. Los contextos específicos han sido revisados por expertos externos para dar una mayor calidad y relevancia a los análisis.

La creación del presente MEC se ha llevado a cabo de octubre de 2020 a febrero 2021, por el contexto de pandemia mundial y por la participación de personas residentes en distintos países (principalmente, Ecuador y Bélgica) se han hecho dinámicas y comunicaciones online. La cronología de la elaboración del MEC ha sido la siguiente:

OCTUBRE

Coordinación entre comité coordinador y grupo consultor

Presentación proceso y metodologías a los ACNGs a través de un encuentro por videollamada

Análisis documental de contexto e investigación de datos

Entrevistas a cada ACNG

Análisis de documentos de presentación, programas pasados de los ACNGs y documentos preliminares de los nuevos programas.

Taller 1. Presentación del contexto general del país

1 Anexo 1. Lista participantes y observadores/as

2Anexo 1. Lista participantes y observadores/as

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4 y trabajo de metas. Dinamizado con las plataformas Zoom y Miro.

NOVIEMBRE

Inicio trabajo sinergias y complementariedades entre MEC geográficos de la región andina (Perú, Bolívia, Ecuador)

Formularios y llamadas a las copartes priorizadas Investigación de contextos específicos (uno por meta) a través de revisión documental y consulta a expertos.

Talleres 2.1. Reuniones temáticas (una por meta) para trabajar enfoques. En cada una de estas reuniones participaron los ACNGS que estaban involucradas en la temática.

Taller 2.2. Trabajo de Enfoques, sinergias y complementariedades. La convocatoria de este taller estaba dirigida a los representantes de los ACNGs y copartes priorizadas.

DICIEMBRE

Intercambio de comentarios, aportaciones, peticiones de cambio entre los distintos actores (ACNGs y copartes) y el equipo consultor en el campo de enfoques, sinergias y complementariedades.

Trabajo sinergias entre MEC geográficos (Bolívia y Perú) y temáticos

Entrega borrador del texto total del MEC

Recopilación de comentarios, aportaciones y peticiones de cambio del documento general por parte de las ACNGs.

ENERO Concreción y redacción de la relación con otros MEC.

Entrega documento pre-definitivo

FEBRERO Taller 3. Validación MEC Ecuador 22-26 con la participación de los ACNGs

Entrega final MEC Ecuador 22-26

Después de cada uno de los talleres se han realizado propuestas de redacción por parte del equipo consultor que se han trabajado en reuniones operativas con el comité coordinador y/o a través de documentos de trabajo compartidos de manera online (sharepoint). Cada aportación, eliminación o cambio ha pasado por la ratificación del resto de actores involucrados y se han ido aprobando partes del documento antes de la entrega del primer documento global.

El documento final consta de los siguientes apartados que se ajustan a la extensión que se propuso al inicio de la creación del presente MEC:

Parte Contenido Páginas

Parte 1 Introducción 2p

Parte 2 Análisis general del contexto y de los riesgos 5p

Parte 3 Metas estratégicas 5p/meta

Parte 4 Relación con otros MEC 2p/MEC

Parte 5 Sinergias y complementariedades 5p

Parte 6 Proceso(s) de aprendizaje colectivo 2p

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Análisis general del contexto y de los riesgos

A nivel económico. “De la desaceleración económica a la crisis general”

En términos de crecimiento económico, durante dos años consecutivos la tasa interanual descendió ubicándose en 1,3% a finales de 2018 y en 0,1% en 2019. Los principales factores estructurales que incidieron en este escaso dinamismo de la economía fueron en su orden respectivo: a) la caída de las exportaciones petroleras y menores ingresos debido al descenso de los precios del petróleo en el mercado mundial, b) la severa contracción de la inversión estatal motivada por las políticas de austeridad, y c) la ralentización tanto de la inversión como del consumo privado.

A partir de 2018, el gobierno actual, optó por un giro radical en la orientación del modelo económico y el repertorio de políticas económicas, decantándose por un manejo alineado con las políticas de ajuste estructural y austeridad fiscal, impuestas en gran parte por las políticas monetarias internacionales. El resultado, como se ha mencionado, ha sido negativo tanto en términos del pobre crecimiento económico como respecto al deterioro de la mayor parte de los indicadores macroeconómicos y sociales.³

El escaso vigor del crecimiento económico afecta sobre todo al sector real de la economía: la agricultura, importante fuente del PIB, pasó de un crecimiento del 5,5% anual en 2017 a un reducido 1,8% en 2019. Únicamente el sector de la explotación minera ha logrado una ligera mejoría pasando de un decrecimiento en 2018 a un modesto crecimiento del 2,4% en 2019.

Este deterioro de la economía real impacta de manera directa sobre el empleo tanto en lo relativo a su disponibilidad como a la calidad del mismo. Durante 2018 y 2019 la tasa de desempleo se mantuvo cercana al 3,8%, en relación al porcentaje de la fuerza laboral que trabaja en el sector informal 46,7% y a los trabajadores no afiliados a la seguridad social que ascendieron al 60,1% para 2019.

En cuanto a la dinamización del sector externo y la atracción de la inversión extranjera las cifras también han sido esquivas. Hubo una ligera mejora del saldo de la balanza comercial en 2019 con un pequeño aumento de exportaciones de 3,2%.

En medio de este ya arduo panorama económico, el impacto de la crisis económica mundial provocada por la pandemia del COVID 19, puede llegar a ser francamente catastrófico. Las previsiones de crecimiento para Ecuador durante el 2020 calculadas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), establecen una caída del PIB de al menos 9 puntos porcentuales. Estamos hablando del decrecimiento económico más importante de la historia moderna del Ecuador, superando con creces al decrecimiento de 2,5% registrado tras la dura crisis financiera de 1999.

De acuerdo a las previsiones del Banco Central, se estima que la inversión podría contraerse entre un 13,4% y 15,3 % debido a la caída de la inversión pública y la importación de bienes de capital. La estadística laboral preliminar estima que entre el 60% y el 70% de los ecuatorianos en edad productiva se encuentran en el desempleo y el subempleo, y que el descenso de la participación del consumo de los hogares en el PIB caerá entre 7 y 10 puntos porcentuales como resultado de la pérdida de remuneraciones laborales en el sector privado, la reducción de salarios y personal en el sector público, así como por las medidas laborales adoptadas en la Ley Humanitaria adoptada a propósito del impacto de la crisis del COVID 19.

3 Ya desde finales de 2013 la economía ecuatoriana registraba una pronunciada desaceleración del crecimiento económico por efecto del fin del “superciclo de los commodities” y el consecuente deterioro de los términos de intercambio. El crecimiento entre 2015 y 2016 registró cifras negativas, mientras en 2017 se produjo un ligero repunte del PIB del orden del 2,4% impulsado sobre todo por el incremento del consumo de los hogares.

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6 A nivel social y ambiental

El impacto combinado de la pandemia, los efectos sociales de las políticas de ajuste y aquellos derivados de los problemas estructurales de la economía ecuatoriana – baja productividad, exportaciones concentradas en el sector primario, excesiva concentración de capitales, rigidez del tipo de cambio, etc. – han creado las condiciones para una tormenta perfecta que podría borrar todos los avances logrados en materia social en más de dos décadas.

De acuerdo a las previsiones establecidas por un reciente estudio de UNICEF e INCLUSION SAS, la pobreza por ingresos alcanzaría un incremento de más de 10 puntos porcentuales pasando del 27,2%

al 37.6% de la población⁴. De la misma manera, 1.4 millones de personas pasaran a vivir en extrema pobreza⁵. En ambos casos, esto supondría un retorno a los niveles de pobreza experimentados con anterioridad al año 2007 en términos relativos. Adicionalmente, se calcula que existen 1,1 millones de personas de clase media en riesgo de caer en situación de vulnerabilidad frente a la pobreza⁶.

Los factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas en relación a su descenso por debajo de los umbrales de pobreza son fundamentalmente tres: a) la incorporación a empleos informales y con bajos ingresos; b) la contracción de ingresos derivados de rentas, salarios o prestaciones sociales;

y, c) una débil o inexistente cobertura de los servicios de protección y seguridad social. Los tres factores forman parte del actual contexto socioeconómico del Ecuador y responden a fenómenos estructurales que marcarán la tónica del próximo sexenio⁷.

En cuanto al impacto diferenciado que guardan los fenómenos de precariedad y empobrecimiento en relación a variables de género y etarias, vale la pena señalar que el 65,4% de las personas empleadas en el sector informal son mujeres. Este número puede incrementarse de manera dramática, al igual que el desempleo abierto y oculto, en la medida en que los empleos femeninos generalmente se concentran en áreas seriamente afectadas por la pandemia como el turismo, las cadenas de restauración, los servicios empresariales, transporte y comunicaciones.

En este mismo sentido, la reorganización de la vida doméstica que ha supuesto el confinamiento y las medidas para la mitigación del COVID 19 han incrementado la sobrecarga de trabajos de cuidado no remunerados. De acuerdo a un estudio de la OCDE en promedio la mujer ecuatoriana dedicaba – antes de la pandemia – cuatro veces más tiempo que los hombres a labores de cuidado no remunerado.

Por otra parte, las tensiones sociales derivadas tanto de la crisis sanitaria como de la pérdida de empleos y procesos de empobrecimiento exponen a las mujeres y a las niñas al incremento de las tasas de violencia de género.

En este campo, un caso concreto de violencia que acomete niñas y adolescentes es el embarazo. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que en 2019 se han registrado 51.711 nacidos vivos de “mujeres adolescentes” de 10 a 19 años. Del total de embarazos ocurridos y registrados en ese año, el 17,5% provienen de adolescentes entre 15 y 19 años, y el 0.6 por ciento de niñas y adolescentes entre 10 y 14 años. La tasa de embarazo promedio de Latinoamérica es de 68 embarazadas por cada mil adolescentes, esta cifra asciende hasta 111 en Ecuador según una publicación de UNFPA de 20198. Cada día, catorce niñas menores de 15 años quedan embarazadas en

4 Esto supone que se adicionarían alrededor de 1.8 millones de nuevas personas bajo la línea de pobreza.

5 La extrema pobreza registraría un aumento de 9 puntos porcentuales pasando de 10,7% a 19,2%.

6 El estudio señalado propone también un índice de pobreza multidimensional considerando privaciones relativas al acceso a educación, empleo adecuado y bajo sistema de protección social, pobreza extrema por ingresos y viviendas con hacinamiento. El índice establece que la pobreza

7 De acuerdo a las estadísticas el 59,6% de los trabajadores son trabajadores informales. De ellos, el 70% tiene ingresos que califican dentro de la línea de pobreza (28%) o se encuentran cercanos a la línea de vulnerabilidad (42%). Índice de precariedad.

8 UNFPA, Un asunto pendiente, la defensa de los derechos y la libertad de decidir DE TODAS LAS PERSONAS. 2019

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7 el país y la Tasa Específica de Fecundidad en Adolescentes (TEFA) de niñas de 10 a 14 años, ha aumentado en la década de 2007 a 2017 llegando a 2,84. Se prevé, que la pandemia empeore la situación, en el mundo, más de 47 millones de adolescentes y mujeres podrían perder su acceso a anticonceptivos durante la emergencia sanitaria, lo que provocaría 7 millones de embarazos no deseados/planeados en los próximos meses según proyecciones del UNFPA de abril de 2020.

Además, los NNA siguen siendo, en su globalidad, otro segmento de la población altamente vulnerable a los efectos de la crisis socioeconómica. Del conjunto de jóvenes entre los 18 a 29 años dentro de la económicamente activa, solo un 33,8% de estos posee un empleo adecuado, el empleo inadecuado subió al 56,9%⁹. Se estima que el porcentaje de hogares que registran inasistencia de NNA a la educación básica y el bachillerato se incrementará dramáticamente de 14,2% en 2019 a 21,6% en 2020.

A todo esto, le debemos añadir las variaciones que se producirán a raíz de la pandemia mundial en el campo de la educación ya que ha hecho evidenciar que la brecha digital y el analfabetismo digital, ahora interfieren directamente en el acceso a la educación¹⁰. Si nos enfocamos en bachillerato y la zona rural, de acuerdo con varios estudios del RIMISP Ecuador¹¹, el 35% de la población joven (entre 15 a 29 años) vive en el sector rural y de este grupo únicamente el 37% ha completado el bachillerato.

A nivel ambiental, aunque resulta difícil estimar, con precisión, la magnitud del impacto sobre el ambiente que comportará la crisis económica, social y sanitaria del COVID 19, existen algunos elementos importantes para tomar en consideración no solamente de la coyuntura sino del contexto general en este ámbito.

En primer término, es necesario señalar que las relaciones históricas entre sociedad y naturaleza en Ecuador han estado fuertemente condicionadas por la matriz de una economía dependiente e intensiva en el uso de recursos naturales. Actualmente, los ecosistemas del norte y centro amazónico se encuentran bajo presión debido al boom petrolero que tuvo lugar gracias a los altos precios del petróleo durante el ciclo 2003-2015; mientras los ecosistemas del sur amazónico, junto con bosques subtropicales del piedemonte andino y significativas porciones del ecosistema páramo, soportan la presión del nuevo boom minero.

Los desafíos primordiales que afronta el Ecuador en materia ambiental son por un lado, la ampliación de estos proyectos extractivos a causa de las presiones económicas nacionales e internacionales, especialmente la presión por una recuperación inmediata de la economía postcovid puede hacer crecer los proyectos de mega-minería en distintos ecosistemas sensibles del país; y por otro lado, el crecimiento de las tasas de desforestación y la gestión del agua. Estos dos últimos desafíos estrechamente relacionados con la crisis climática y sus consecuencias.

A nivel político e institucional

Ecuador atraviesa una severa crisis política e institucional cuyos perfiles se han visto agravados durante el curso de la pandemia.

9 ENEMDU, 2019

10 En 2018, solamente el 24,2% de los hogares contaban con una computadora portátil y el 24,5% con una computadora de escritorio.

Además, solamente el 37,2% de los hogares a nivel nacional tenía acceso a internet, bajando hasta un 16,1% este porcentaje si nos fijamos en la zona rural. (INEC - ENEMDU, 2018)

11 Jóvenes rurales en Ecuador. Grupos de Diálogo Rural, una estrategia de incidencia. Agosto, 2017. Identificación de Necesidades y Requerimientos de la Educación Técnica Rural para las Zonas de producción de maíz amarillo duro, arroz y soya. Definición de perfiles de Bachillerato Técnico. Abril, 2018. Identificación de los aspectos clave de la demanda que permitan un adecuado ajuste de la oferta de educación técnica por parte del Estado, Ecuador. Abril, 2018.

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8 Durante la década anterior se ensayó un modelo de gobierno basado en centralismo, liderazgo presidencial, la supeditación de los poderes estatales al ejecutivo y el establecimiento de procesos de legitimación social basados en el dominio sobre el gasto del Estado y su inversión en políticas asistenciales y redistributivas que permitían sostener la popularidad gubernamental.

Este modelo empezó a dar muestras de agotamiento debido a una serie de factores relacionados tanto con el declive de los ingresos estatales, la saturación de la conflictividad política y por el proceso de desinstitucionalización estatal generado por las acciones políticas del gobierno actual.

En la medida en que el modelo anterior no contribuyó a desarrollar un sistema de partidos sólido ni a fortalecer la presencia autónoma de la sociedad civil en los temas políticos y democráticos, el sistema político actual carece de espacios institucionales que puedan procesar tanto las demandas de la sociedad como los conflictos consustanciales del mundo de la política.

Frente a la deslegitimación general del sistema político, se han reactivado las tendencias de autoritarismo y mayor represión del Estado.

Por otra parte, si bien existe una calificación positiva a los movimientos sociales, en particular al movimiento indígena, cuya imagen positiva oscila entre el 35% y el 40% de la población según los sondeos de opinión, la ausencia de canales institucionales para procesar diálogos y demandas sociales puede generar mayores conflictos y el desate de violencias sociales.

En cuanto a la recomposición de los movimientos y actores sociales, en particular del movimiento indígena, es de esperarse que el nuevo periodo gubernamental y legislativo abra nuevas posibilidades para promover reformas que apunten a institucionalizar de manera más eficiente las demandas y reivindicaciones de los movimientos en torno a temas ambientales y en especial, al avance del Estado Plurinacional. En la actualidad, Pachakutik se perfila como la segunda fuerza política en el Ecuador y se augura las condiciones como impulsar una agenda de derechos colectivos y reformas democráticas durante la próxima legislatura. Los movimientos sociales contarán con mayor representatividad en la Asamblea Nacional y con una mayor fuerza moral para fortalecer su participación.

En febrero de 2021 se ha producido la primera vuelta electoral para el nuevo periodo gubernamental 2021 – 2025 que ha arrojado como resultado a dos candidatos para el ballotage del 11 de abril del presente año. Por una parte, está el Econ. Andrés Arauz Galarza (32,74%) del movimiento UNES cercano al ex presidente Rafael Correa e inscrito dentro del, así llamado, progresismo latinoamericano.

Por otra parte, el candidato Guillermo Lasso Mendoza (19,74%) del movimiento de derecha CREO, partidario de la continuidad del manejo económico liberal en lo económico y conservador en lo político y social.

Las elecciones han estado empañadas por denuncias de fraude por parte del candidato del movimiento indígena, Yaku Pérez, en medio de un ambiente de generalizada zozobra y desconfianza en la autoridad electoral, que avizora el grado de desinstitucionalización que sufre actualmente Ecuador.

El futuro de Ecuador podría debatirse entre el regreso de una versión muy reducida – debido a las nuevas circunstancias económicas y políticas – del keynesianismo económico que marcó la década 2007-2017, y la continuidad del manejo neoliberal ortodoxo por parte del candidato que viene de los sectores financieros del Ecuador. Ambas fórmulas se verán constreñidas en su margen de acción por la crisis del endeudamiento eterno que vive Ecuador y las adversas circunstancias que significan los compromisos con el FMI para los derechos económicos y sociales.

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ÁMBITO PARÁMETROS RIESGO Hipótesis de Avance Frente al Riesgo

Económico

Contracción prolongada de la economía mundial y drástica reducción de la demanda exportable.

ALTO

Los análisis más serios señalan que estamos frente a la crisis económica más profunda desde la segunda guerra mundial y el

periodo de recuperación será largo y prolongado.

La recuperación económica tendrá forma de L y su inicio no puede ser previsto sino antes del fin de la pandemia que la

OMS prevé para 2022 en el escenario optimista.

Concentrar los enfoques de desarrollo en la potenciación de sistemas de necesidades y capacidades que respondan a desafíos más locales de la

economía.

Potenciar la reconstrucción de sistemas locales (desde sistemas agroalimentarios orientados a la seguridad alimentaria hasta circuitos de

educación/formación locales)

Aportar a la recuperación y apertura de mercados basados en relaciones de comercio justo para los productos con los que se viene trabajando.

Salvaguardar los intereses de las economías locales y pequeños y pequeñas productoras afectadas por la crisis a través de la activación de

cláusulas sociales y ambientales de los tratados comerciales.

La exportación debe fortalecer elementos como el valor agregado y sostenibilidad (diversificación de cultivos, agricultura regenerativa, etc.)

Colapso económico y financiero nacional y salida de la dolarización

MODERADO

Los indicadores económicos muestran que Ecuador depende de la financiación externa para resolver sus problemas de

cuenta corriente y balanza comercial externa.

En recientes declaraciones el Presidente Lenin Moreno admitió que en mayo de 2020 se consideró por primera vez el abandono de la dolarización debido al shock generado en el

sector externo por la salida de divisas y la caída de las exportaciones.

Orientar esfuerzos a la demanda y formulación de políticas y programas de compensación social tanto a nivel de los Estados como a nivel de los

programas de cooperación, frente a los efectos adversos de un posible colapso

Establecer rutas de protección de las pequeñas economías y propender a un rol más activo de los sistemas de protección social para la reactivación

y salida de la crisis.

Caída de la capacidad de inversión del Estado debido a alto endeudamiento y

déficit fiscal.

ALTO

La inversión del gobierno central viene cayendo sistemáticamente desde finales de 2015.

Solo el año anterior la inversión del gobierno central se contrajo en un 37,5%

Considerar enfoques de desarrollo territorial que permitan activar respuestas desde la sociedad y la cooperación internacional frente al

estancamiento de la inversión social.

Establecer, junto con otros actores de cooperación y sociedad civil, plataformas para promover el apoyo a sistemas de protección social y

programas de asistencia social.

Mantener un enfoque de responsabilidades de los titulares.

La conflictividad socioambiental se reactiva a medida que la recuperación económica de la crisis generada por el COVID es impulsada por la expansión

de fronteras extractivas y la formulación de macroproyectos de

ALTO

Los datos económicos y sociales de la crisis generadas por el covid19 dibujan uno de los peores escenarios históricos a nivel

económico, social y por lo tanto, medioambiental

Se trabaja a nivel de incidencia internacional para lograr que Ecuador suscriba, adhiera y respete los pactos en donde se protegen los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, al

tiempo que se fortalecen las capacidades de ejercicio de la libre determinación y herramientas de consentimiento para los pueblos

indígenas.

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minería, petróleo, etc.

Social y ambiental

Incremento de la pobreza multidimensional y acrecentamiento

de las brechas sociales reduce oportunidades para la inclusión económica de población vulnerable, al

tiempo de agravar los indicadores de precariedad laboral y en general la inobservancia de derechos sociales. .

ALTO

Las cifras presentadas indican que tanto la pobreza por ingresos como la pobreza multidimensional afectarán de manera sistemática a grandes segmentos de la población

durante un prolongado periodo de tiempo.

Fortalecer la cooperación para el desarrollo con enfoques en sistemas de capacidades y necesidades locales e integrar visiones orientadas hacia

una agricultura regenerativa de ecosistemas locales.

Orientar los esfuerzos en educación hacia la innovación y el desarrollo de nuevas capacidades en contextos sociales adversos

Propulsar mecanismos de exigibilidad de derechos para evitar la elusión de responsabilidades por parte del Estado.

Debilidad de las salvaguardas ambientales y los instrumentos internacionales que los protegen.

ALTO

La crisis mundial puede contribuir a un reforzamiento del extractivismo y propender a la flexibilización de las legislaciones, normas y estándares ambientales en los países

receptores de inversión extractiva.

Veeduría a la legislación relativa a la tenencia y uso de suelos, así como el uso y explotación de recursos naturales para evitar nuevas olas de

depredación de commodities

Impulsar iniciativas de exigibilidad a los derechos de la naturaleza.

Considerar los tejidos de comunicación comunitaria y alternativos para el impulso de agenda climática y medioambiente.

Promoción de redistribución de ingresos, entre otros a través de la justicia fiscal

Existe menor impulso a la promoción de derechos humanos en un contexto

de creciente reducción de las capacidades de inversión estatal e

incremento de las presiones para bajar costos laborales

ALTO

La política de austeridad y recortes sociales merma el impulso económico e institucional para el cumplimiento de derechos.

Procurar una mayor presencia de la sociedad civil sobre la ratificación de Tratados vinculantes y acuerdos internacionales.

Procesos de expropiación de territorios y vulneración de derechos indígenas y derechos de la naturaleza.

ALTO

Los gobiernos y agentes económicos pueden verse impulsados a promover fuertes procesos de explotación de recursos naturales en territorios indígenas como salida de corto plazo

frente a la crisis.

Fomentar herramientas para la revisión de la situación de criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza Procurar buenas condiciones para defensores y defensoras de derechos

humanos – Alentar coaliciones políticas para la ratificación de los acuerdos y protección a defensores y defensoras.

Social y ambiental

Se registra un incremento de la deserción escolar junto con obstáculos económicos y sociales que

dificultan el acceso a la educación superior y la eficiencia terminal.

ALTO

Las estadísticas demuestran que este proceso puede tener carácter sistémico.

Establecer acciones relativas a un incremento de la atención estatal y el desarrollo de políticas públicas para evitar los efectos adversos de la

crisis en este ramo.

Vincular educación y trabajo como enfoque de desarrollo.

Impulsar nichos de empleo y ocupación para jóvenes estudiantes.

Mejorar la calidad de los actores educativos.

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Se incrementa la inobservancia y vulneración de derechos de los

sectores vulnerables

ALTO

Los niveles de vulneración de derechos de las mujeres y NNA han crecido con la pandemia.

Trabajar en rutas de protección para derechos de adolescentes.

Trabajar por evitar más recortes en los programas de protección social.

Demandar transparencia sobre cifras de violencia escolar, violencia de género, etc.

Perpetuación de los círculos de pobreza entre las mujeres debido a las

dificultades de acceso a otros derechos

ALTO

Los datos presentados suponen altos niveles de vulnerabilidad para las mujeres.

Desarrollar enfoques que permitan el refuerzo de la integralidad e interdependencia de los derechos.

Se perpetua y se prevé un aumento de los embarazos de niñas y adolescentes

ALTO

Datos como los casos de embarazo en menores de 14 años y adolescentes evidencian una vulnerabilidad alta para niñas

sobre todo en lo que se refiere a violencia sexual

Trabajo con todos los actores involucrados en la protección de las niñas como la escuela, las familias, la sociedad en general.

Desarrollar herramientas de prevención y trabajo de masculinidades positivas

Político

Fragmentación política impide la adopción de pactos sociales y visiones

de desarrollo de largo plazo

ALTO

La debilidad del sistema de partidos y la crisis institucional se mantiene como una de las principales amenazas.

Procurar mantener enfoques de coaliciones y plataformas desde la sociedad civil que aboguen por la construcción de un acuerdo nacional.

Las multilaterales tienen una baza importante de poder y los Estados tienen menos herramientas para alejar sus políticas en un contexto de

crisis

MODERADO

Los márgenes de acción estatal serán altamente reducidos debido a los efectos de la crisis mundial y a la dependencia del

endeudamiento externo.

Presionar desde la sociedad civil para que no se apliquen políticas de austeridad sin compensación social y respeto a derechos laborales.

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Metas estratégicas

En este apartado se encuentra la descripción de las Metas estratégicas compartidas que se han descrito durante el proceso de elaboración del MEC Ecuador 22-26. Además, dentro de cada Meta se encuentra una descripción del Contexto específico de Ecuador en cada una de las temáticas y un listado de los riesgos específicos también por cada temática.

Además, en cada una de las Metas estratégicas compartidas se encuentra un cuadro donde se exponen los distintos enfoques previstos para el alcance de esta y los tipos de acciones que cada una de las ACNGs realizará según cada uno de los enfoques.

Contribución MEC Ecuador y MEC temáticos con los ODS

La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que guía el trabajo de las Naciones Unidas y de los Estados miembros como Perú hasta el año 2030. En tal sentido, encontramos varias interrelaciones posibles entre las metas estratégicas del MEC Ecuador, MEC temáticos y los ODS que a continuación presentamos en el cuadro, con un enfoque de derechos y la necesidad de orientarnos hacia un desarrollo sostenible dentro de los límites y capacidades reales del planeta.

ODS

Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 5 MEC temáticos

DDHH y género

Justicia ambiental

y climática

Sistemas agroalimentarios

 Justicia económica y redistribución

de la riqueza

Sistema educativo

MEC ciudades sostenibles

MEC Ecosistemas

resilientes

Educación superior

ACNG 11.11.11, ACTEC, VVOB, Rikolto, Plan internacional, TRIAS Rikolto,

VVSG Bos+ WWF VLIR-USO, ARES Derechos

humanos

Fin de la Pobreza

Hambre 0

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento

Energía asequible y no contaminante

Trabajo decente y crecimiento

económico

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13

Industria, innovación e infraestructura

Reducción de las desigualdades

Ciudades y comunidades

sostenibles Producción y

consumo responsable

Acción por el clima

Vida submarina

Vida de ecosistemas

terrestres Paz, justicia e

instituciones sólidas Alianzas para

lograr los objetivos

Contribución MEC Ecuador al objetivo de la cooperación belga y las temáticas transversales prioritarias

“El desarrollo humano sostenible mediante la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho” es el objetivo de la cooperación belga. Para el cumplimiento del objetivo, las cinco metas con sus respetivos enfoques de trabajo y las sinergias y complementariedades que están descritos en el MEC Ecuador 22-26, están acordes a esta visión.

El MEC como documento base del cual se van a ir ramificando los programas de cooperación de los ACNGs belgas en Ecuador plantea la plataforma para poder cumplir con el objetivo de la cooperación belga y también la transversalización de las siguientes temáticas prioritarias: género, medio ambiente y digitalización.

Género

En el MEC 22-26 la transversalización de género se ve reflejada en los distintos contextos y en los análisis de riesgos, enfocando cada temática en como su efecto es diferenciado entre hombres y mujeres. En las metas y enfoques propuestos se ha trabajado para evidenciar esta transversalización y para que después a través de la concreción de programas y proyectos de cada ACNG puedan llevarse a cabo acciones para intentar paliar estas desigualdades específicas.

Además de ser una temática transversal, en el MEC Ecuador 22-26 se consideró oportuno que una de las Metas estuviera explícitamente dirigida a esta temática (Meta 1) ya que además de actividades transversales también se desarrollan acciones concretas para la igualdad/equidad de género en los programas de los ACNGs.

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14 Medio Ambiente

Empezando por tener claro el vínculo entre Medio Ambiente y desarrollo se busca transversalizar la temática. En el análisis de contexto no se puede desvincular la parte económica y sociopolítica de la ambiental y por eso se ha tenido en cuenta tanto en el apartado de contexto general como en el de análisis de riesgos. Esta temática también es el hilo conductor entre el MEC Ecuador y los MEC temáticos: MEC ciudades sostenibles y MEC resiliencia.

Explícitamente se ha optado por una meta concreta de justicia ambiental y climática (Meta 2) teniendo en cuenta la urgencia de la crisis que estamos viviendo y porque hay ACNGs desarrollando actividades específicas en esta temática. Será bueno que cada programa, entre otras dinámicas, evalúe el impacto positivo (y negativo) de las acciones planteadas con una visión de medio ambiente para poder traspasar este concepto a niveles más bajos.

Digitalización

Las nuevas tecnologías, la informática y las nuevas formas de comunicación ya habían llegado a nuestra cotidianidad con fuerza, destacando particularmente el uso de Internet, pero el año 2020 atravesado por una pandemia mundial con sus medidas de mitigación que se han caracterizado por el distanciamiento físico que se ha materializado en teletrabajo, sistema educativo virtual, etc. Hace imperante la necesidad de trabajar esta temática como prioritaria para poder tener herramientas que estén a la altura de las condiciones en las que tocará desarrollar la cooperación para el desarrollo estos próximos años. Distintas metas y enfoques están dirigidas a tratar este tema prioritario.

Pauta de lectura para las metas, sus enfoques y tipos de acciones

A continuación, se encuentra la descripción de cada Meta estratégica con su análisis concreto de contexto, la tabla de enfoques y tipos de acciones realizadas que contribuirán a cumplimiento de la meta y un análisis específico de los riesgos con su probabilidad de ocurrencia (bajo, moderado o alto).

Las estrategias o tipos de acciones implementadas para la ejecución operativa desde los ACNGs o sus co-partes en relación a cada enfoque están divididos en los siguientes grupos:

 FC = Fortalecer capacidades y liderazgos

 FO = Fortalecimiento organizacional e institucional

 AA = implementación y promoción de prácticas y acciones alternativas

 GS = Gestión de saberes incluyendo su recojo o valoración, el interaprendizaje, la investigación, la sistematización, la comunicación y la difusión.

 AR = desarrollar o fortalecer articulaciones y alianzas a nivel regional, nacional e internacional

 VI = vigilar, investigar y documentar casos, informar, denunciar, acciones legales

 IS = incidencia pública: informar, promover, sensibilizar, desarrollar campañas, comunicación a través de medios, etc.

 IP = incidencia política, incluyendo cabildeo, campañas, comunicación a través de medios, etc.

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15

Meta Estratégica Compartida 1 – Derechos Humanos y Equidad/Igualdad de Género

META 1. Contribuir en la defensa y promoción de los derechos humanos y la equidad/igualdad de género¹ e incentivar la participación e implicación activa de todos los actores en esta defensa (NNA, mujeres, hombres, comunidades, instituciones y sociedad civil organizada).

Análisis específico del contexto

En términos generales, la situación de derechos humanos en Ecuador ha presentado una pronunciada desmejora a lo largo de los últimos años. Si bien, al iniciar el nuevo periodo gubernamental los anuncios de una política de diálogo dirigida a los movimientos sociales, junto con una distensión de los conflictos entre el Estado y los organismos de la sociedad civil, auguraron una mejora de la observación y respeto gubernamental a los derechos y libertades, esta posibilidad tendió a diluirse a medida que las políticas de austeridad y ajuste erosionaron la base para un amplio diálogo social y reinstalaron un escenario marcado por el incremento de la conflictividad social.

El ejercicio de los derechos civiles y políticos, sobre todo en lo relativo a la libertad de expresión, de asociación y protesta, ha enfrentado renovados obstáculos derivados de la fragilidad de los dispositivos de diálogo social y de la escasa tolerancia gubernamental al ejercicio del derecho a la protesta. En este sentido, las masivas protestas desatadas en octubre de 2019 constituyeron un punto de inflexión; la priorización de la coerción y la represión como respuesta gubernamental frente a la protesta social volvió a activar enfoques securitistas basados en el uso abusivo de la figura del Estado de Excepción, el uso desmedido de la fuerza y la judicialización de la disidencia política. De acuerdo al Informe de derechos humanos elaborados por la CIDH durante su vista a Ecuador, a lo largo de las dos semanas de protestas de octubre de 2019 se registraron vulneraciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libre expresión y al derecho de protesta y participación política.

En cuanto al ejercicio de los derechos económicos y sociales, el deterioro de la situación económica y la elección de un programa de ajuste y austeridad fiscal como plan de gobierno, han constreñido severamente la capacidad institucional del Estado para garantizar el acceso a los DESC para la población ecuatoriana. No solo, no se han producido avances en relación al acceso a derechos económicos y sociales básicos como la vivienda, los servicios básicos, el empleo digno, acceso a salud, educación, sino que, ya desde el año anterior a la pandemia, se constataba un franco deterioro de los principales indicadores sociales que permiten mesurar el desempeño del Estado en la garantía de los DESC. De acuerdo a una investigación del ISIP de la Universidad Central del Ecuador, de los 14 indicadores de metas en desarrollo social formulados en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 12 mostraban retrocesos o deterioros significativos encontrándose varios puntos por debajo de la meta esperada.

En lo relativo a los derechos de las mujeres, los modestos avances registrados tanto en la reducción de pobreza, como en el acortamiento de las brechas salariales entre hombres y mujeres podrían revertirse debido a los efectos acumulados de la pandemia del COVID 19 y la profundización del crecimiento de la desigualdad económica. Los 3 puntos de pobreza multidimensional de las mujeres reducidos en 2017 – pasó de 36,8% en 2014 al 33,7% en el año mencionado- y la disminución de la brecha hasta el 17,9% pueden verse afectadas debido al crecimiento del desempleo, la precarización laboral y el incremento de la actividad informal en condiciones de una reducción sustancial de los ingresos de los hogares. Ya antes de la pandemia, el empleo adecuado ascendía apenas al 38,8% de la población; de este porcentaje el 44,8% eran hombres y apenas el 30,6% eran mujeres. Entre el 2019 y el 2020, la tasa global de participación laboral de las mujeres pasó del 53,7% al 51,3% (INEC, 2020).

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16 Esta caída, superior a los dos puntos en apenas un año, perfila ya el impacto que tendrá la pandemia del COVID 19 sobre los indicadores de igualdad y el ensanchamiento de las brechas de género tanto en el mundo laboral, como en la percepción de ingresos.

Otro aspecto que cabe señalar en relación a los derechos de las mujeres, es al altísimo grado de vulnerabilidad de las mujeres en relación a ser víctimas de algún tipo de violencia. En el Ecuador según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia contra las Mujeres, realizada en el año 2019, el 65% de mujeres ha enfrentado algún tipo de violencia basada en género a lo largo de su vida, el 56,9% violencia psicológica, el 35,4% violencia física, el 32,7% violencia sexual y el 16,4%

violencia patrimonial. La Encuesta nos muestra que la violencia es un problema actual, pues al preguntar si la violencia ocurrió en este último año, el 31,6% de las mujeres refirieron que enfrentaron violencia basada en género en este último año (INEC, 2019)

En febrero de 2018 entró en vigencia la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, considerada el pilar fundamental de la estrategia estatal para combatir los altos índices de violencia contra la mujer registrados en Ecuador. Pese a la centralidad estratégica que reviste este cuerpo legal para encarar el fenómeno de la violencia, los recortes presupuestarios generados por las políticas de austeridad han significado una disminución del 84% del presupuesto para la Secretaría de Derechos Humanos, entidad competente para activar el sistema nacional de prevención de la violencia contemplado en la Ley.

Finalmente, en relación a la situación de los derechos de los NNA, las principales vulnerabilidades para el ejercicio de sus derechos están vinculadas al crecimiento del trabajo infantil, los altos niveles de deserción escolar, la violencia intrafamiliar, la exposición a diversas formas de abuso – incluyendo la violencia sexual – y las dificultades de acceso estructural a empleos dignos para los jóvenes.

En relación al trabajo infantil, las condiciones anteriores a la pandemia ya mostraban un retroceso sustantivo en relación a las metas de reducción y erradicación del mismo. Si en 2016 el trabajo infantil afectó al 4,9% de la población infantil, para 2019 este indicador creció al doble marcando 8,3%. Esto supone que 8 de cada 100 niños trabajan a pesar de no tener edad para ello. (Baez, 2019)

De los niños y niñas de entre 6 a 11 años que se encuentran laborando, 71,37% se encuentra en situación de pobreza, donde 43,5% son pobres extremos, es decir, más de 31 mil niños y niñas. Por tanto, la pobreza es uno de los principales factores que socava la situación de muchos niños y niñas en el país (Plan Internacional, 2020).

En lo relativo a las restricciones en el acceso a la educación, de acuerdo a datos de UNICEF, en el 2019 el 14,2% de hogares con NNA sufrían privaciones severas que tuvieron como consecuencia la deserción o inasistencia a la escuela. Se espera que este número crezca por el contexto de la pandemia y afectando con más ímpetu a las niñas. Antes de la pandemia, la carga de trabajo no remunerado ni visibilizado de cuidados en el hogar ya se ejercía casi tres veces más tiempo por las mujeres (y niñas) de América Latina y el Caribe (ALC) que por los hombres de esta región, esto sumado al cierre de centros escolares, espacios públicos y servicios de cuidado hace que el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres, lo mismo que la división desigual del trabajo en los hogares, se esté profundizando aún más12 y pueda recaer en niñas que al final dejen sus estudios. Este trabajo, ha mantenido en pie a muchas familias y también a sistemas de salud y economías de la mayoría de países.

12 UN WOMEN, 2020. Análisis rápido de género para la emergencia de COVID-19 en ALC.

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17 Por otra parte, los niveles de violencia contra los NNA en el Ecuador muestran que al menos 870.000 niños, niñas y adolescentes crecen bajo amenazas y castigos físicos en sus hogares y cuatro de cada diez niños sufren maltrato extremo por parte de sus padres (Observatorio de la Niñez y la Adolescencia, 2020). En este sentido, los altos índices de embarazo precoz en el Ecuador, una tasa que asciende al 111 x 1000 (la más alta del continente), pueden estar estrechamente correlacionados con esta situación estructural de maltrato e incluso violencia sexual. Esta violencia sistematizada no disminuye ya que la TAFE registrada en 2017 en el grupo de edad de 15 a 19 años, por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años nacieron en promedio 7.09 hijos y en el grupo de 10 a 14 años 2.84, el dato más alto en este grupo de edad desde 200713. Además, la prevención del embarazo en estos grupos de edad, más allá de su repercusión en la vida escolar y en consecuencia directa de su economía, tiene especial interés por estar atado a “situaciones de violencia sexual, incluido el incesto y embarazos y maternidades infantiles forzadas” (MSP, Mineduc, Mies, 2018).

Y aunque las medidas de mitigación del Covid19 estén silenciando la situación real, ya se tienen datos que apuntan a que esta situación puede empeorar, por ejemplo, la VBG ha aumentado en ALC durante la crisis de la COVID-19 ya que las medidas de aislamiento y confinamiento aumentan los niveles de estrés y los problemas económicos, e impiden que las mujeres y las niñas que son objeto de violencia abandonen los lugares en los que se está abusando de ellas14.

Enfoques y tipos de acciones

Meta estratégica compartida 1

Contribuir en la defensa y promoción de los derechos humanos y la igualdad/equidad de género¹⁵ e incentivar la participación e implicación activa de todos los actores en esta defensa (NNA, mujeres, hombres, comunidades, instituciones y sociedad civil organizada).

Enfoques (Contribución) FC FO AA GS AR VI IS IP ACNG

1A

Promover acciones de defensa de los derechos humanos usando los (1) mecanismos nacionales e internacionales existentes, (2) empleando un enfoque interseccional y (3) relacionando la interdependencia de las diversas generaciones de derechos, en especial con los grupos y poblaciones vulnerables como NNA, jóvenes, mujeres, poblaciones rurales, indígenas y comunidades de la diversidad sexual LGTBIQ.

11.11.11 TRIAS Rikolto

VVOB Plan Internacional

ACTEC

1B

Proteger y promover la formación de un entorno cívico favorable para la defensa de los derechos humanos y el respeto a los defensores y defensoras; en especial en lo

11.11.11

TRIAS

13 UNFPA. 2020. Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en Ecuador. Implementación de la metodología para estimar el impacto socioeconómico del embarazo y la maternidad adolescentes en países de América Latina y el Caribe.

14 UN WOMEN, 2020. Análisis rápido de género para la emergencia de COVID-19 en ALC.

15 Para Plan Internacional la igualdad de género significa que todas las personas, de manera independiente de su género, ejercen todos sus derechos, acceden a todos los servicios (alimentación, educación, salud –incluidos los SSSR), son valoradas/os de la misma manera en las familias y en la sociedad; y, tienen las mismas oportunidades para ser autónomas a nivel social y económico. Tener una perspectiva interseccional nos permite identificar y trabajar para las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, por cómo se articulan ciertas condiciones sociales de exclusión como: el género, la edad, la situación socioeconómica, étnica, geográfica, identidad de género y orientación sexual, entre otras. Por esto, en el centro de nuestro trabajo están las niñas y mujeres jóvenes de los sectores más empobrecidos en el país. Para alcanzar la igualdad de género, es decir, que ellas tengan vidas dignas, es necesario garantizar que inicien sus vidas en entornos saludables para ser resilientes, crezcan sin violencia para ser libres, incrementen sus habilidades para liderar en todos los espacios, desde las familias hasta instancias formales de poder y tengan todas las herramientas para ser emprendedoras y autónomas.

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18

relacionado a garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos por parte de los Estados, revisar o corregir las normas y reglamentaciones que restrinjan la participación de la sociedad civil, al tiempo de estimular la inclusión, rendición de cuentas y adopción de enfoques de derechos humanos en las políticas del desarrollo.

Rikolto

ACTEC

1C

Articular procesos de sensibilización y formativos orientados a la transformación cultural respecto a igualdad/equidad* de género, culturas no sexistas y masculinidades positivas.

ACTEC

1D

Impulsar acciones dirigidas a la promoción y cumplimiento de los derechos de la niñez trabajando con NNA, familias, comunidades, sociedad civil organizada y las diferentes instancias institucionales involucradas.

ACTEC

1E

Promover los derechos de niñas y mujeres y establecer estrategias y acciones efectivas para mejorar (1) su liderazgo social y político y (2) su autonomía social y económica.

ACTEC

1F

Empoderar a las niñas, las jóvenes y mujeres en sus derechos sexuales y reproductivos, fortalecer sus habilidades para prevenir la violencia basada en género.

ACTEC

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19

Análisis específico de los riesgos

a) El actual escenario político en Ecuador tiende a crear un clima cada vez más polarizado y con fuertes tensiones sociales en medio de un ambiente de desinstitucionalización y uso político de la justicia. En este marco, la creación de entornos cívicos favorables y coaliciones amplias por los derechos humanos puede terminar siendo señalada por alguno de los actores políticos en conflicto como una estrategia próxima al adversario y genera vulnerabilidades tanto para los defensores de derechos como para las instituciones que apoyan la labor de promoción de derechos humanos – MODERADO

b) Debido a la precariedad de los márgenes de gobernabilidad del próximo gobierno, en virtud precisamente de la polarización política, no se debería descartar la posibilidad de una interrupción abrupta de la vía democrática en el Ecuador. Esto supondría un grave revés y un riesgo tangible para las personas y organizaciones involucradas en la creación de entornos favorables a derechos humanos – BAJO

c) Debido a la continuidad de las políticas de ajuste y/o a un recrudecimiento de las vulnerabilidades de la economía ecuatoriana, las instituciones responsables de estrategias, programas y acciones de reducción de la violencia contra la mujer o para protección de NNA podrían ver socavado su trabajo e incluso desaparecer sin que existan adecuados procesos de traspasos de responsabilidades y procesos a otras instituciones – ALTO

d) Debido a la pandemia del Covid19 y la falta de medidas de mitigación eficaces y directas para su control, la exigibilidad de los actores podría verse reducida y subordinada al impacto de esta – ALTO

e) El incremento de las tasas de pobreza y exclusión, el impacto de las medidas de mitigación del Covid19 que ha generado más presión en los hogares, pueden dar un incremento sustantivo de la tasa de VBG – ALTO

f) La creciente reconservadurización del espectro político en relación a posturas anti-derechos podría dar lugar a retrocesos en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos - ALTO

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Meta Estratégica Compartida 2 – Justicia ambiental y climática

META 2. Contribuir al manejo equilibrado de los bienes y recursos naturales preservando la biodiversidad y previniendo la degradación de los ecosistemas, hacia nuevas formas de economía y sociedad con base en la justicia ambiental y climática

Análisis específico del contexto

La cuestión ambiental en Ecuador se encuentra atravesada por dos orientaciones políticas contradictorias que determinan sus tendencias, contratendencias y horizontes de posibilidad. Por una parte, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza dentro de la Constitución Política del Estado ha significado un hito jurídico de enorme importancia para la preservación de la biodiversidad y la protección de los ciclos de generación y restauración de los ecosistemas, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Ecuador ha sido señalado como un país pionero en el cambio de visión hacia un horizonte de civilización biocéntrico y un laboratorio para la nueva jurisprudencia de los derechos de la naturaleza.

Por otra parte, sin embargo, la secular dependencia de su estructura económica respecto a la exportación de materias primas y la explotación de recursos primarios – hidrocarburíferos en el pasado reciente y mineros en la actualidad – establece una enorme presión a la vez sobre sus ecosistemas y recursos naturales y sobre su reciente desarrollo de la jurisprudencia de protección de la naturaleza.

El núcleo de esta contradicción se expresa en la prioridad que otorga el Estado ecuatoriano al avance de los proyectos extractivos, la supeditación de toda consideración social y ambiental a la rentabilidad que estos proyectos producen y la generación de una orientación contradictoria en la política pública que se expresa en la tensión entre la regulación y avance de los derechos de la naturaleza y el carácter de interés nacional y recursos estratégicos que reviste el avance de las fronteras extractivas.

De allí que en la actualidad, el Ecuador enfrente cinco grandes desafíos en lo que respecta a la protección y preservación de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y el avance de las tendencias biocéntricas como núcleo de su ordenamiento político y social.

En primer lugar, se encuentran las presiones económicas nacionales e internacionales para ampliar e intensificar los proyectos extractivos vinculados a hidrocarburos y minería. En el ramo petrolero, enclavado sobre todo en la Amazonía norte y centro, el Ecuador ya tiene compromisos de pre venta petrolera con China por cerca de 5000 millones de dólares. Lejos de reducir la importancia de estos compromisos, la actual administración ha comprometido la entrega de 181 millones de barriles más, de los cuáles ya se han entregado 73 millones. La segunda entrega comenzará en octubre de 2021 y durará hasta finales de 2024. Esto pone presión sobre territorios indígenas localizados en centro y sur amazónico cuya población resiste la ampliación de las fronteras extractivas mediante el uso estratégico de sus derechos como pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza.

Por otra parte, el desarrollo de la mega-minería como apuesta para generar un nuevo boom económico está comprometiendo áreas ecológicamente sensibles tanto del bosque tropical amazónico, como de los ecosistemas de páramo localizados en el largo corredor de la cordillera de los Andes. De acuerdo al catastro minero nacional, el 7,5% del territorio nacional está concesionado para el desarrollo de proyectos mineros. Ese porcentaje incluye algunas áreas naturales protegidas, atraviesa territorios indígenas de gran sensibilidad ecológica en la Amazonía sur y amenaza las fuentes de recarga hídrica en los andes.