República de Colombia
Departamento Nacional de Planeación
Dirección de Estudios Económicos
ARCHIVOS DE ECONOMÍA
El secuestro en Colombia:
Caracterización y costos económicos
María Eugenia PINTO BORREGO
Ivette Ma. ALTAMAR CONSUEGRA
Yilberto LAHUERTA PERCIPIANO Luis Fernando CEPEDA ZULETA Adriana Victoria MERA SOTELO
Documento 257 9 de Junio de 2004.
La serie ARCHIVOS DE ECONOMIA es un medio de la Dirección de Estudios Económicos, no es un órgano oficial del Departamento Nacional de Planeación. Sus documentos son de carácter provisional, de responsabilidad exclusiva de sus autores y sus contenidos no comprometen a la institución.
El Secuestro en Colombia:
Caracterización y costos económicos
Tabla de Contenido
Resumen ... 2
Introducción... 3
1. Evolución del secuestro en Colombia... 4
2. Modalidades de secuestro en Colombia ... 15
2.1. Secuestro Extorsivo ... 15
Datos personales de los secuestrados... 24
2.2. Secuestro Simple ... 26
Autores y distribución regional del secuestro... 28
Datos personales de los secuestrados... 32
3. Identificación de los costos económicos del secuestro en Colombia ... 33
3.1. Costos directos ... 34
3.1.1. Costos directos del sector público: Gastos del Estado colombiano en la lucha contra el secuestro ... 34
3.1.2. Costos directos por pago de rescates... 37
3.2. Costos indirectos... 39
3.2.1. Costos indirectos por la pérdida de productividad asociada con el tiempo de cautiverio de los secuestrados (PPATCS) ... 39
3.2.2. Costos indirectos por la pérdida de capital humano asociada con muerte temprana de los secuestrados (PCHAMTS) ... 42
3.3. Resultados generales de los costos económicos del secuestro... 44
3.4. Otros costos económicos del secuestro en Colombia ... 48
Conclusiones ... 50
Bibliografía ... 57
El Secuestro en Colombia:
Caracterización y costos económicos
María Eugenia PINTO BORREGO♣ Ivette María ALTAMAR CONSUEGRA
Yilberto LAHUERTA PERCIPIANO Luis Fernando CEPEDA ZULETA Adriana Victoria MERA SOTELO
Resumen
El delito del secuestro en Colombia ha presentado una tendencia creciente en la última década. Este instrumento de guerra utilizado por distintos actores armados, tiene un alto impacto en diversas esferas de la sociedad; pues se han visto implicados sectores económicos, sociales y políticos. Por ello, con el objetivo de mostrar este impacto y realizar una caracterización del secuestro, basados en la información suministrada por Fondelibertad, el Grupo de Gobierno y Asuntos Internos, realiza este estudio donde examina la evolución del delito en el país, las distintas modalidades con que se manifiesta, para concluir con un análisis de los costos directos e indirectos que involucra esta violación a la libertad personal en Colombia.
Entre los hallazgos de esta investigación, se puede señalar que entre 1996 y 2003 se registraron en Colombia 21.078 secuestros, incluidos secuestros simples, extorsivos, a miembros de la Fuerza Pública y algunos otros sin establecer. Los departamentos más afectados por este fenómeno, fueron Antioquia, Cesar, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca, siendo los principales autores las guerrillas de las Farc y el Eln.
Por otra parte, el estudio establece que la mayoría de las personas secuestradas son hombres casados o en unión libre, cuya edad oscila entre 24 y 55 años. Mostrando que el tiempo promedio de cautiverio no supera el mes, y el rescate pagado por su liberación no sobrepasa los 50 millones de pesos.
Finalmente, el artículo sostiene que las personas vinculadas al sector privado e independiente de la economía son las más afectadas por el secuestro; y que, en su orden, los comerciantes, profesionales, menores, políticos, ganaderos y servidores públicos ocupan la mayor participación en los casos reportados.
♣ Mayo 2004. Dirección de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación. Grupo de Estudios de Gobierno y Asuntos Internos.
Introducción
El Departamento Nacional de Planeación, particularmente la Dirección de Justicia y Seguridad –DJS-, en los últimos dos años ha venido desarrollando estudios que permiten explicar y entender las diferentes manifestaciones del conflicto armado en el país. Estos ejercicios han buscado prioritariamente acercar a los funcionarios del Departamento a la problemática de la violencia, pero principalmente, han permitido generar las herramientas para la construcción de las políticas públicas que permitan solucionarla.
En el marco de estas funciones, el Grupo de Estudios de Gobierno y Asuntos Internos (GEGAI) de la DJS , escogió como una de sus áreas prioritarias de trabajo la realización de investigación sobre la evolución, consolidación e impacto del secuestro en Colombia. Al inicio de esta tarea, se buscó construir un estado del arte sobre la materia que aprovechara aquellas aproximaciones hechas por la academia y otras agencias del Estado, pero particularmente, se quiso abordar el tema desde una nueva perspectiva.
Por ese motivo, y en respuesta a la convocatoria realizada por la Vicepresidencia de la República, específicamente el Programa de Lucha contra el Secuestro y la Extorsión, durante el segundo semestre de 2003 se realizó la estimación de los costos que debería asumir el Estado para brindar beneficios al secuestrado y su familia, esto en el marco de la ley que sobre beneficios presentaba conjuntamente el Gobierno Nacional y el Congreso de la República. Posteriormente, y una vez se adquirió experticia en el tema, por iniciativa de la Vicepresidencia de la República, se organizó un comité de trabajo conformado por varias entidades del Estado, con el fin de realizar una aproximación a la problemática del secuestro desde dos puntos de vista: su dinámica y el impacto económico sobre la sociedad. Producto de este trabajo institucional, surge el documento que a continuación se desarrolla. Para efectos de desarrollar esos dos objetivos, se decidió realizar el siguiente trabajo que fue dividido en tres partes. En la primera se expone la evolución del secuestro y sus principales manifestaciones, en la segunda se explica el comportamiento de las modalidades de secuestro, y finalmente en la tercera, se incluyen los cálculos de los costos económicos directos e indirectos que genera para el país la ejecución de este delito.
1. Evolución del secuestro en Colombia
El secuestro, entendido por la legislación colombiana como “toda retención en contra de la voluntad de las personas, con el propósito de pedir a cambio de su libertad una utilidad específica o para sacar algún provecho”1, constituye uno de
los tipos de violación más grave en relación con los derechos fundamentales (la integridad y la libertad personal) y el Derecho Internacional Humanitario. Según la Ley 40 de 1993, existen dos modalidades de secuestro: (a) secuestro extorsivo, que incluye secuestro con fines económicos y secuestro con fines políticos; y (b) secuestro simple2.
Sin embargo, en Colombia esta diferenciación es relativamente nueva, por lo menos para los organismos del Estado que se encargan de ejecutar la política y procesar información sobre este delito. En los últimos años las autoridades se han esforzado por conceptualizar el tema y desarrollar unos límites legislativos más claros que les permitan tipificar adecuadamente el delito y por ende clasificar los datos. De todas maneras, el secuestro extorsivo, ya sea con fines económicos o políticos, es el de mayor impacto en el país. Por este motivo en el transcurso de este trabajo se le dará mayor énfasis a este tipo de delito.
Muchas causas explican el secuestro extorsivo en el país, no obstante, dos de ellas son las de mayor incidencia. La primera es de índole político, con ella se busca no sólo el control del territorio a través del dominio de los cargos y finanzas públicas, sino también, incidir en aquellas decisiones del Estado colombiano (por ello los secuestros a políticos, a candidatos electorales, servidores públicos y miembros de la Fuerza Pública). La segunda, de tipo económico, busca ante todo una fuente de recursos para financiar las actividades bélicas del grupo que lo practica. Por supuesto, no hay que olvidar que el secuestro ha estado atado a la dinámica del conflicto colombiano y a la consolidación de los principales actores de este conflicto.
De acuerdo a la estadísticas de la Policía Nacional3, los casos de secuestro
comienzan a ser registrados en la década de los 60’s4, periodo en el que se
1 Artículo 169 Código Penal.
2 El secuestro extorsivo se define como aquel en “donde se retiene una persona con el propósito de exigir cuantías de dinero o ejercer presión por su posición en la actividad pública o política respectivamente y crear temor a cambio de la libertad”. El secuestro simple, “es aquel en el que no median intereses, ni ventajas, ni utilidades de carácter económico y político; éstos por lo general son propiciados por conflictos familiares internos y violaciones de custodia de menores”.
3 Policía Nacional. "Orden público en Colombia". En: Criminalidad 1999, Santa fe de Bogotá: Fondo Rotatorio de la Policía, 1999. Pp. 53.
4 A pesar de que el primer secuestro realizado en Colombia se dio en 1933, cuando fue secuestrada una menor de tres años Elisa Eder, hija del industrial Harold Eder con el fin de extorsionarlo. Este industrial fue
presentaron un promedio de 83 secuestros cada año, estos casos fueron catalogados como eminentemente rurales. Esta época coincide con el surgimiento y consolidación de grupos insurgentes como: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). No obstante, la literatura sugiere que de estos grupos los primeros en utilizar el secuestro ya sea como forma de presión política o como forma de financiación económica, fueron las FARC, mientras que el ELN siempre permaneció renuente, por lo menos en la década de los sesenta5, a utilizar esta
nueva fuente de recursos.
Aunque, la apelación al secuestro por parte de los insurgentes pareciera que se hizo, en principio, para lograr un impacto social y político en la población y el gobierno, indiferentes a sus reivindicaciones y demandas, sin embargo, algunos estudios sugieren que desde 1966, el objetivo del secuestro era además de índole económico. La subversión requería para financiarse recursos diferentes a los que entregaba voluntariamente la población civil. Por ejemplo, y citando a Rubio (2003), la comisión financiera nacional (creada por la conferencia constitutiva de la FARC en 1966) aprobó recurrir a otras fuentes para financiar la lucha revolucionaria, entre ellas el secuestro. Este hecho se confirma con el incremento de los casos de plagio en las zonas donde tenían injerencia los 6 destacamentos guerrilleros de la FARC que hacían parte de la conferencia6.
En la década de los setenta las cifras indican que en promedio se secuestraban anualmente 55 personas7. Sin embargo, la década inicia con una nueva
diversificación en el secuestro, la población objetivo eran empresarios y diplomáticos, la mayoría extranjeros, por los cuales se exigía altas sumas de dinero. En los setenta surge el Movimiento 19 de abril - M-19 (organización urbana). Es precisamente esta agrupación, según fuentes oficiales, “la pionera de la práctica del secuestro urbano, altamente especializado y con nuevas tecnologías, de la que pronto aprendieron los demás grupos insurgentes”8. El M-19 influenció
significativamente en las acciones que más tarde ejecutarían los otros grupos insurgentes que para entonces eran eminentemente rurales. El éxito del M-19, su habilidad para realizar acciones que desestabilizaran al gobierno, las grandes cantidades de recursos, fruto del secuestro que lograron acumular, además, de una relativo apoyo social urbano que le facilitó su interlocución con las instituciones del Estado, eran metas que las guerrillas rurales querían alcanzar.
posteriormente secuestrado en 1965, también con fines económicos requeridos para financiar las acciones de un grupo liderado por Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo), grupo que más tarde se convertiría en la FARC. 5 En la década de los setenta el ELN realiza secuestros selectivos de grandes empresarios de multinacionales. 6 Para mayor información ver: Rubio, Mauricio. “el Rapto a la Pesca Milagrosa. Breve Historia del Secuestro en Colombia”. Documento CEDE 2003-36. Diciembre de 2003.
A pesar que para estas dos décadas los grupos armados iniciaron su consolidación territorial, la utilización del secuestro como estrategia de presión política o como mecanismo de financiación económica, era aún esporádica y casi inexistente. Inclusive, para esos años los grupos de delincuencia común eran responsables de la mayoría de los casos registrados.
En 1980 el panorama del conflicto colombiano adquirió una nueva configuración, debido a la entrada de dos nuevos actores: los narcotraficantes y las autodefensas ilegales. Para el caso de los narcotraficantes, sus acciones significaban una amenaza para la seguridad nacional tanto interna como externa; por su parte, las llamadas autodefensas ilegales, nacieron en oposición a las actuaciones de los insurgentes y otros para servir como ejército privado de los narcotraficantes9.
Mapa 1. Regionalización del número promedio de secuestros extorsivos por década en Colombia. 60´s 70´s 80´s 90´s Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 329 00´s Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 287
Fuente: Dijin-Fondelibertad. Cálculos DNP-DJS (GEGAI)
9 Bagley, Bruce M. “Narcotráfico, violencia política y política exterior de Estados Unidos hacia Colombia en los noventa”. Colombia Internacional. Nos. 49-50. Bogotá: Febrero de 2001. Pp. 11.
Gráfico 1. Secuestros extorsivos 1962 - 200310
Fuente: Dijin-Fondelibertad. Cálculos DNP-DJS (GEGAI)
Luego de múltiples acciones violentas y numerosos atentados a personalidades políticas y a la sociedad en general, en 1984 el gobierno tomó la decisión de aprobar la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos11. Con esa medida
como pretexto, los traficantes de drogas comenzaron a secuestrar a sus enemigos de la mafia, a familias pudientes y a destacados periodistas y personalidades políticas con el fin de obtener beneficios legales y políticos tales como, la reducción de penas y la prohibición de la extradición de nacionales.
Sin embargo, otros motivos también fueron causantes de muchos secuestros en la década, la literatura señala que desde la necesidad de recursos financieros hasta cobro de cuentas, eran motivos suficientes para que los capos de la época utilizaran el secuestro. La incursión violenta de los carteles de la droga y su reacción a políticas del gobierno nacional, fueron una de las razones que podrían explicar el rápido crecimiento del secuestro en este período.
10 A partir de 1996 no incluye los datos de secuestro a Fuerza Pública, debido a que Fondelibertad, a pesar de ser un secuestro extorsivo con fin político, no lo clasifica como tal.
Curiosamente aquellos narcotraficantes que se valieron del secuestro como estrategia de presión o medio para solucionar problemas de liquidez, conformaron a finales de 1981 el grupo MAS (Muerte A Secuestradores), en retaliación con el M-19 por el secuestro de familiares de narcotraficantes del Cartel de Medellín, específicamente el secuestro de Marta Nieves, hermana de los Ochoa12. Este grupo
inició una fuerte campaña para presionar por la vía de las armas a la guerrilla para que detuviera los secuestros, sin embargo, sus acciones sólo perpetuaron el conflicto armado.
Paralelo a la labor de los narcotraficantes, la delincuencia común y la guerrilla vieron la oportunidad de obtener altas sumas de dinero con el secuestro, además los insurgentes deseaban seguir en su campaña revolucionaria, lo que requería cada vez mayores recursos para su financiación. Por ese motivo, y tal como lo sustenta Rubio (2003), la guerrilla rural se benefició notablemente de ese boom económico generado por el narcotráfico, el crecimiento en el consumo de la finca raíz, inclusive en zonas rurales, fueron elementos que facilitaron la ejecución de secuestros en las zonas donde la guerrilla se movía con gran facilidad.
Por estas circunstancias, el promedio anual de casos de secuestros extorsivos en la década de los ochenta fue de 296 casos, siendo los años con mayor número de registros 1988 (709 casos) y 1989 (781 casos). Es más, el número promedio de secuestros en los ochenta creció con respecto a la década anterior un 438%.
En la década del noventa el conflicto colombiano se transformó significativamente, inclusive el secuestro se constituyó en una de las manifestaciones más importantes de esta violencia. La década se caracteriza por la existencia en promedio de 1.508 casos anuales, cifra que cuadriplica los datos registrados en los ochenta. Vale la pena anotar que en 1998 los registros se incrementan un 41%, con 2.135 secuestros extorsivos, aumento que se explicará más adelante.
Los inicios de esta década (gobierno del Presidente César Gaviria) se caracterizan por altos índices de ataques violentos cometidos por los grupos guerrilleros, además, por fuertes transformaciones políticas, tales como la creación de la Asamblea Nacional Constituyente13 y la posterior aprobación de la Constitución
Nacional de 1991, la creación de la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional. La necesidad de neutralizar la violencia, llevó al gobierno de Gaviria a ocuparse preferiblemente del narcotráfico, por ello aplicó estrategias como el sometimiento a
12 Op. Cit. Policía Nacional, 1999. Pp. 112.
13 En busca de un tratado de paz, el ejecutivo abrió la posibilidad de que los grupos guerrilleros que quisieran desmovilizarse participaran en esta Asamblea.
la justicia14 (la cual llevaba implícita una negociación con estos grupos que
consistía en la reducción de penas por la liberación de rehenes en los que se encontraban periodistas, hijos de políticos, entre otros).
Las estrategias de sometimientos y los decretos reglamentarios, en un principio incidieron significativamente en el aumento de los secuestros que cometían los narcos en cabeza de Pablo Escobar, pero posteriormente terminaron en su entrega y posterior fuga en 1992. Vale la pena recordar, que la presión que en su momento hizo Escobar a través del secuestro de personajes importantes en Colombia, estuvo dirigida a buscar la inclusión de un artículo en la nueva Constitución Nacional de 1991 que entonces se gestaba, que prohibiera la extradición de colombianos al exterior.
A pesar de la apertura política y de los cambios gubernamentales, los grupos al margen de la ley continuaron con sus acciones15. Luego de una ofensiva desatada
por las Fuerzas Armadas contra el Estado Mayor de las FARC en la Uribe-Meta (diciembre de 1990), esta organización intensificó el secuestro como estrategia que les permitió valorar la verdadera capacidad que tenía el Estado colombiano para brindar seguridad a la población civil.16
Para 1994, al finalizar el mandato del presidente César Gaviria, los insurgentes incrementaron sus acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil, lo que se vio reflejado en un aumento significativo del secuestro extorsivo (28%).
En el año 1997, el país se encontraba amenazado por la alta criminalidad de los grupos paramilitares y su impunidad, la bandolerización y dispersión de las guerrillas y la penetración del narcotráfico en los conflictos políticos. La escalada del conflicto, influyó en el aumento del número de casos de secuestro, inclusive pareciera que para estos años comienzan a incursionar en este tipo de delito las autodefensas ilegales17.
14 La política de sometimiento consistió en la aplicación de incentivos jurídicos y garantías para aquellos delincuentes que se entregaran voluntariamente a la justicia.
15 Según Francisco Leal Buitrago (1995), desde mediados de 1992 el gobierno de Gaviria se dejó desbordar por la intransigencia guerrillera, colocándose a su mismo vial al dar prioridad a los medios militares sobre los políticos. Los mayores recursos para seguridad y la ampliación de efectivos de la Fuerza Pública se convirtieron en la panacea para sustituir la ausencia de Estado. Para mayor información ver: Leal Buitrago, Francisco. “En Busca de la Estabilidad Perdida, actores políticos y sociales en los años noventa”. TM Editores, IEPRI (UN) y Colciencias. 1995
16Bejarano, Jesús Antonio y otros. "Evolución de los Indicadores de Violencia e Inseguridad Rural (1987-1995)". En: Colombia: Inseguridad, Violencia y Desempeño Económico en las Áreas Rurales. Colombia: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo y Universidad Externado de Colombia, 1997. Pp. 72.
17 Según Rubio (2003), esta participación casi débil de las autodefensas en el número total de casos registrados de secuestros en Colombia, se debe a varias razones entre ellas: primero, una posible dificultad en discernir aquellos secuestros cometidos por la delincuencia común, segundo, su menor organización centralizada y homogénea y tercero, la falta de una ideología que legitime el secuestro, no hay que olvidar que muchos de
A partir de entonces, el tema comienza a convertirse en un problema que afectaba a todas las esferas sociales y a todos los rangos de edad18, incluso se llegó a hablar
de la “democratización del secuestro”, situación que implicaba el plagio de más personas pero con menos recursos19. Los grupos que lo cometían tenían ante todo
intereses de tipo económico, y utilizaban diferentes estrategias para lograr sus fines. Según Rubio (2003), las nuevas estrategias de secuestro y la nueva población objetivo (no existe diferenciación), eran un buen indicio del desgaste de las modalidades pasadas, y del “desabastecimiento” de aquellas víctimas de otras épocas20. Además esta nueva forma de operar de los grupos que utilizaban el
secuestro ya sea como estrategia política o económica, era producto de la crisis económica que vivía el país, crisis que por supuesto incidió en la disminución de la capacidad de pago de los secuestrados.
El año 1998 coincide con las elecciones presidenciales y el cambio de gobierno. Para entonces ya se venía gestando un proceso de paz con la guerrilla de la FARC, que inicia formalmente en enero de 1999 con la instalación de una mesa de negociación y la creación de una zona de distensión21.
Para algunos analistas, es lógico que los meses previos a negociaciones, los grupos destinen sus esfuerzos humanos y financieros para entrar fortalecidos –militar y económicamente- a las mesas de acuerdo, fortalezas que por supuesto se logran a expensas de la estabilidad en el orden público. Esto quiere decir que desde el comienzo de la candidatura del Presidente Andrés Pastrana hasta el inicio de las negociaciones, las FARC ejecutaron una fuerte campaña de presión que estuvo siempre acompañada de acciones bélicas, como el secuestro.
Sin embargo, la negociación con las FARC no estuvo atada a un cese de fuego (de ninguna de las dos partes), esta situación, unido al hecho de que la guerrilla se sintió amparada por la zona de distensión, son razones que algunos especialistas encuentran para explicar el incremento del secuestro en 1998 y 1999. En 1998, los casos de secuestro extorsivo crecen un 41% y en 1.999 un 25%.
18 El secuestro de menores es una modalidad que se ha intensificado en los últimos años. Algunas observaciones sugieren que un gran número de secuestros están asociados con el reclutamiento forzoso para participar en actividades ilegales de los grupos armados al margen de la ley.
19 CASTRO, Manuel Fernando, Wartenberg Arabia Jorge, Celis Andrés Eduardo. “El conflicto armado: la estrategia económica de los principales actores y su incidencia en los costos de la violencia 1990-1998”. En: Planeación y Desarrollo, Vol. XXX, no. 3, Bogotá: julio-septiembre 1990. Pp. 92
20 Rubio (2003), insiste en que los secuestros reiterados de miembros de una misma familia, llevaron a la quiebra de estos hogares o sencillamente obligaron su salida del país. Para mayor información ver: Rubio, Mauricio. “el Rapto a la Pesca Milagrosa. Breve Historia del Secuestro en Colombia”. Documento CEDE 2003-36. Diciembre de 2003.
21 El 14 de octubre de 1998 se estableció la zona de distensión (resolución presidencial), esta zona comprendía cinco municipios de dos departamentos: Meta y Caquetá. En promedio eran 42 mil kilómetros de despeje. Sin embargo, el proceso de Paz comenzó formalmente el 7 de enero de 1999.
No obstante, y según el informe de la Vicepresidencia de la República (2002) sobre el conflicto en Colombia22, la zona de distensión tuvo un efecto notable en la
organización de las FARC. Primero, el reclutamiento en la zona probablemente fue escaso debido a la baja densidad poblacional, segundo, el control y monitoreo de la Fuerza Pública de la zona impidió fuertes movimientos de tropas de este grupo guerrillero, y finalmente para garantizar la seguridad de la zona, las FARC tuvo que destinar una cantidad considerable de hombres, lo cual le restó movilidad. El comportamiento de los años posteriores a 1999, indican un descenso en las cifras de secuestro. La caída durante los años 2000-2003 fue en promedio de un 3%, además, en esa época ocurrieron en promedio anualmente 1.583 secuestros extorsivos. Sin embargo, en el año 2002 se dispara la tasa con un crecimiento del 83% (1.888 secuestros extorsivos). Este comportamiento puede estar explicado por que en el 2002 culmina la zona de distensión (febrero), además, comienza la campaña para las elecciones presidenciales del mes de mayo, que vienen acompañadas de una fuerte política militar contra la subversión. Finalmente, los datos confirman que para el año 2003 el secuestro en Colombia disminuyó un 22%, es decir se cometieron 1.467 secuestros extorsivos, cifra que se encuentra por debajo del promedio anual de la década.
Los datos de secuestro, no se pueden analizar separadas a las nuevas modalidades o estrategias que aplicaron los grupos al finalizar la década de los noventa. En 1998 se inician los retenes ilegales con los cuales se secuestraba en las carreteras del país, imprevistamente, sin ninguna labor de inteligencia previa y sin importar la condición económica o la edad del secuestrado23. No obstante, es probable que los
casos de secuestros no selectivos o pescas milagrosas hayan ocurrido desde muchos años atrás, aunque estos fueron sucesos aislados.
Desde antes de 1998 la guerrilla realizaba retenes en las vías, saboteo de tránsito y otras acciones en las carreteras, que para algunos analistas significaban una forma de manifestar el control del territorio y otra estrategia para valorar la capacidad de reacción del Estado. Con la detención temporal de personas, los grupos armados ilegales lograban controlar el tránsito por la zona e identificar a las personas que circulaban por su área de influencia, y así los que no consideraban un objetivo militar, económico o político, eran liberados inmediatamente. Esto último ha sido clasificado por los organismos del Estado como una modalidad de secuestro simple. Durante los años 1999 a 2003 han ocurrido 721 secuestros simples en retenes ilegales.
22 Vicepresidencia de la República, “Colombia: Conflicto armado, regiones, derechos humanos y DIH 1998-2002”.
El tema de los retenes ilegales, también se relaciona con lo que se conoce como el
secuestro express, es decir, detener a la víctima por un corto tiempo y exigir por su
liberación mínimas cantidades de recursos o bienes. En este tipo de delito participa activamente la delincuencia común.
Según datos del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal -Fondelibertad-, desde 1998 hasta el año 2003, bajo la modalidad de reten ilegal 2.369 personas fueron retenidas involuntariamente (11.2% del total de secuestros en el país), de esta cifra un 44.5% fueron de carácter extorsivo, mientras que aquellas catalogadas como secuestro simple se acercaron a un 30.4% (es decir 721 personas fueron liberadas inmediatamente), 129 casos fueron asociados con miembros de la Fuerza Pública (5.4%), y en el resto de los secuestros realizados en un retén ilegal no se ha podido definir su finalidad (19.7%).
A partir del 2003 los casos por retenes ilegales comienzan a descender un 57%, esto según los expertos es producto de la política de seguridad en carreteras aplicadas durante el último gobierno. Los años con mayor número de casos ocurrieron entre 2001 y 2002 (en promedio 710 secuestros), además, la mayoría de estos sucesos son atribuidos al ELN (50%) y las FARC (37%). Finalmente, a partir de 1998, los grupos de población más afectados por los retenes ilegales han sido los profesionales (15%), los comerciantes (11%) y los transportadores (7%).
Al mismo tiempo que la guerrilla utilizaba los retenes ilegales, los que estaban desprovistos de cualquier estrategia de inteligencia previa que permitiera seleccionar a sus víctimas, empezaron a aplicar otra modalidad: “los plagios masivos”. En 1999 se presentaron los primeros secuestros masivos, la mayoría de ellos fueron realizados por el ELN. El 31 de mayo de ese año ocurre el secuestro de 150 personas en la Iglesia la María en el Valle del Cauca; el 12 de abril el secuestro de 46 personas que viajaban en el Avión Fokker de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Bucaramanga; el 6 de junio el plagio de nueve personas en la ciénaga del Torno. Por su parte en el año 2000, también el ELN secuestra a 70 personas en el Kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura y las autodefensas ilegales retienen a 22 personas de la comunidad indígena Wido en Tierra Alta (Córdoba). En el año 2001 ocurre el secuestro de 15 personas en el Edificio Torres de Miraflores en Neiva. En el 2002, la FARC secuestran a 12 diputados del Departamento del Valle y en agosto 20 del mismo año ocurre el secuestro de 30 personas en la Ensenada de Utría en Bahía Solano.
Otra modalidad de secuestro estuvo asociada con el ataque a instalaciones militares y de policía y a la posterior retención de integrantes de la Fuerza Pública. Según Fondelibertad, los ataques a bases militares se intensificaron a partir del año 1996 hasta el año 2001. Entre 1996 y septiembre del 2003 se registraron 976
secuestros a miembros de la Fuerza Pública (4,6% del total de secuestros en el país). El mayor número de secuestros se presentó en 1998 (414 casos). Estos secuestros se explican a raíz de los fuertes golpes que la Fuerza Pública dio a la guerrilla a partir de 1998 –producto de una mayor movilidad y destreza de las fuerzas-. Esta situación obligó a la guerrilla a replantear sus tácticas, valiéndose del factor sorpresa para atacar bases militares y estaciones de policía24
Finalmente, y no ajeno a las nuevas dinámicas del secuestro en Colombia, se encuentra el tema de las pólizas de seguros antisecuestro. Este tema ha sido tan controvertido, que se ha mirado como el paso del secuestro a la extorsión. Es más fácil y menos costoso pagar por adelantado (inclusive dividido en cuotas) y evitar los gastos asociados con seguridad privada y aquellos costos una vez se cometa el delito. Por supuesto, esta situación pareciera que también le conviene más a los grupos armados ilegales, quienes ahorran dinero, esfuerzos y se arriesgan menos a ser descubiertos. En Colombia, y según Pax Cristi (2002)25, citado por Rubio (2003),
más del 50% de los extranjeros que trabajan en Colombia están asegurados.
Aunque surgieron nuevas modalidades, el secuestro “selectivo” continúa siendo significativo. Según cifras de Fondelibertad entre 1996 y 2003, se presentaron 18.183 casos de secuestros selectivos (86% del total de secuestros en el país). Estos casos comienzan a disminuir a partir del 2003 un 17%. El 28% de estos secuestros fueron cometidos por la FARC, un 21% por el ELN y un 6% por las autodefensas. Sin embargo, en un alto porcentaje de casos (24%) se desconoce el autor del móvil, mientras que la delincuencia común participa con un 16%. Algunos analistas, corroborados en algunos casos por investigaciones de inteligencia del Estado, confirman que muchos de los secuestros cometidos por la delincuencia común son entregados o vendidos a los grupos subversivos, sin embargo, no ha sido posible precisar el grupo armado ilegal que más utiliza esta figura.
En el caso de los “secuestros selectivos”, un porcentaje significativo se realizó con fines extorsivos (68%), es decir 12.334 personas, mientras que un 13% fueron secuestros simples (2.359 personas). Vale la pena resaltar que en un 14.6% (2.659 personas) no se ha podido definir los fines del delito.
Finalmente, y teniendo en cuenta las cifras disponibles, eennCCoolloommbbiiaaddeessddee11996622aa
2
2000033 ssee hhaann pprreesseennttaaddoo aapprrooxxiimmaaddaammeennttee 4411..997799 ccaassooss ddee sseeccuueessttrroo26. De estos,
25.578 son extorsivos y 16.401 son simples27. El 40% del total de secuestros
24 Los ataques a la Policía se hacía mediante la toma de poblaciones, emboscadas entre otros. 25 Páginas 100 y 103.
26 Incluye solamente secuestro extorsivo y simple. Se excluyen los casos de policías y militares secuestrados y aquellos casos sin establecer, que desde 1996 a 2003 (años disponibles en la base de Fondelibertad) suman 4.337 secuestros.
ocurrieron durante el período 1996 a 2003, fechas con información disponible en la base de datos de Fondelibertad.
Durante el periodo 11999966 yy 22000033,, ssee rreeppoorrttaarroon n 2211..007788 sseeccuueessttrrooss eenn CCoolloommbbiiaa ( (iinncclluuyyee sseeccuueessttrrooss ssiimmpplleess,, eexxttoorrssiivvooss,, aa FFuueerrzzaa PPúúbblliiccaa yy aaqquueellllooss ccaassooss ssiinn e essttaabblleecceerr), es decir, en promedio ) 22..663344sseeccuueessttrroossaallaaññooyyuunnaattaassaaddee66sseeccuueessttrrooss p
poorr ccaaddaa 110000 mmiill hhaabbiittaanntteess. Durante estos años la tasa de crecimiento promedio anual del secuestro fue del 15,6%, mientras el año con menor registros fue 1996 (1.092 casos), el de mayor número de casos fue el 2000 (3.706 personas). A partir de este último año los secuestros comienzan a descender, y se ubican por debajo de la tasa promedio anual del período.
Gráfico 2. Número de secuestros (1996 – 2003)
Fuente: Fondelibertad. Cálculos: DNP-DJS (GEGAI).
Mapa 2. Regionalización del número promedio de secuestros por décadas en Colombia*. 80´s 90´s 00´s Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 382 Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 387
* Incluye secuestro simple y extorsivo
2. Modalidades de secuestro en Colombia
2.1. Secuestro Extorsivo
Desde 1962 hasta el año 2003, en Colombia 25.578 personas han sido secuestradas con fines extorsivos (61% del total de secuestros ocurridos en ese período). Hoy en día el secuestro extorsivo se constituye en una fuente importante de financiación para los grupos armados ilegales, según Badel y Trujillo (1998) los ingresos de la guerrilla por concepto de secuestro representan aproximadamente un 22% de sus finanzas28, cifra que muy probablemente hoy en día es igual de representativa.
Durante el periodo comprendido eennttrree11999966yy22000033,,sseerreeppoorrttaarroonn1133..661166sseeccuueessttrrooss e
exxttoorrssiivvoosseenn CCoolloommbbiia, es decir, en promedio 1.702 secuestros al año (equivale a a
4,6 secuestros diarios). La tasa de secuestros extorsivos es de 4 por cada 100 mil habitantes. Además, el porcentaje de crecimiento promedio anual del secuestro fue del 15,8%, siendo el año con menor registros 1996 (961 casos) y el de mayor número de casos 1999 (2.675 personas).
Generalmente se ha asociado el crecimiento importante de la tasa de secuestro en el año 1999, con el inicio de los diálogos de paz del gobierno del Presidente Andrés Pastrana con la FARC (no hubo cese al fuego de ninguna de las partes) y con la creación de la zona de distensión29. Para los analistas este grupo armado ilegal
aprovechó las ventajas adquiridas con el diálogo y con la creación de la zona de despeje, para cometer delitos y ocultar a los secuestrados.
En cuanto a tendencias se pueden destacar dos periodos: el primero se encuentra entre 1996 y 1999, el cual se caracteriza por un crecimiento significativo del secuestro en Colombia, que culmina en 1999 (año con el mayor número de secuestros). A partir de 2000 se inicia el segundo período, con una tendencia más bien decreciente (desciende 3,2% en promedio anual). Aunque en el año 2002 el número de secuestros crece con respecto al 2001 un 83%, la tendencia decreciente del período continúa, para el año 2003 los secuestros disminuyen un 22% y los casos llegan a estar por debajo de la tasa promedio anual.
28 Trujillo, Edgar y Martha Badel, “Los Costos económicos de la criminalidad y la violencia en Colombia: 1991-1996”. Departamento Nacional de Planeación. Archivos de Macroeconomía No. 76. 1998
Gráfico 3. Número de secuestrados (1996 – 2003)
Fuente: Fondelibertad. Cálculos: DNP-DJS (GEGAI). Autores y distribución regional del secuestro
Las FARC es el grupo armado ilegal que más secuestra con fines extorsivos en el país. Durante el período de estudio esta organización secuestró a 4.153 personas (30.5%). No obstante, el ELN también tiene una importante participación en el número de secuestros, alcanzando el 24,8% del total de los casos, es decir que aproximadamente 3.377 personas fueron retenidas con fines económicos o políticos por esta grupo armado. Vale la pena anotar, que la delincuencia común comete un 14,3% de los secuestros extorsivos en el país30.
Sobre los casos de secuestro realizados por la delincuencia común, existen muchas hipótesis que tienden a relacionar estos secuestros con el accionar de los grupos armados ilegales (guerrilla y autodefensas). Es decir, que generalmente un número considerable de secuestros cometidos por la delincuencia común terminan en manos de estos grupos. Para algunos analistas31, los grupos armados ilegales, como la guerrilla de las FARC, el ELN y las autodefensas, están utilizando a las bandas de delincuentes comunes para secuestrar personas en las capitales, ya que no cuentan con el control territorial, el personal suficiente en las zonas urbanas, ni con los espacios físicos para mantener a los secuestrados.
Por otro lado, las cifras indican que las autodefensas ilegales sólo participan con un 3.8% de los secuestros. Según algunos autores, entre ellos Rubio (2003), esta participación casi débil de las autodefensas en el número total de casos de secuestros en Colombia, se debe a varias razones, entre ellas, una posible dificultad
30 En el 20.5% de los casos no se ha podido establecer el autor del secuestro.
31 Estudios como el de Peña, Carina “La guerrilla resiste muchas miradas”, en Análisis Político No. 32, IEPRI-Universidad Nacional, 1997 y Vicepresidencia de la República, Programa presidencial de derechos humanos y DIH. Colombia Conflicto Armado, Derechos Humanos y DIH 1998-2002. Bogotá: 2002.
en discernir aquellos secuestros cometidos por la delincuencia común, su menor organización centralizada y homogénea, y la falta de una ideología que legitime el secuestro. No hay que olvidar que muchos de estos grupos surgieron para frenar las acciones que como el secuestro, eran cometidas por los grupos guerrilleros.
Gráfico 4. Participación del número de secuestros extorsivos según autor (1996 – 2003)
Fuente: Fondelibertad. Cálculos: DNP-DJS (GEGAI).
Si se analiza el mapa de evolución del conflicto en Colombia, se puede concluir que las zonas con mayor incidencia de secuestro extorsivo son Antioquia, Cesar, Santander, Valle y Cundinamarca. De los 13.616 secuestros extorsivos realizados desde 1996 al 2003, el 46,8% de estos actos se concentraron en 5 departamentos: Antioquia (19,4%), Cesar (8,2%), Valle del Cauca (6,8%), Santander (6,6%) y Cundinamarca (5,7%).
Este comportamiento regional del secuestro va a atado a la evolución del conflicto en el país, y a los intereses estratégicos de los grupos armados ilegales que están relacionados con la ampliación de la base territorial, la obtención de recursos y el control de las poblaciones. Las organizaciones armadas ilegales utilizan la violencia, y sus múltiples manifestaciones, como medio para alcanzar sus objetivos.
Una característica común a todos los años es que el departamento con mayor incidencia de secuestros extorsivos es Antioquia (2.648 personas secuestradas durante todo el período de estudio), cifra por encima del promedio nacional anual (1.702 secuestros). La situación de este departamento está relacionada con la intensidad del conflicto armado. En Antioquia se registra la mayor cantidad de acciones armadas que desarrollan los grupos armados ilegales en el país (17% del
total de estas acciones)32. Además, este ha sido el territorio donde confluyen
conflictos asociados con el narcotráfico, la guerra de guerrillas, el control y expansión de zonas mineras y agrícolas, entre otros.
Por su parte Cesar, que según Vicepresidencia de la República (2002) acumula en términos de conflicto el 5% de los casos registrados de alteración del orden público en el país, también tiene un importante participación en la tasa de secuestro a nivel nacional (1.121 personas secuestradas). La situación de este departamento está relacionada con la lucha armada entre autodefensas y guerrilla por el dominio de la Sierra Nevada de Santa Marta, además, por la típica labor de control de territorio y obtención de recursos que ejecutan estos grupos ilegales en las zonas prósperas del país.
En el caso del Valle del Cauca, la intensificación del conflicto está relacionada con la expansión de la FARC en esta zona, estrategia que busca asegurar vías para el suministro de armas y víveres, debido a la pérdida de la zona de Urabá a manos de las autodefensas ilegales. En el Valle se concentra el (3%) de las acciones armadas del país, porcentaje que incide considerablemente en el comportamiento de las tasas de secuestro (928 personas secuestradas durante el período de estudio).
También el comportamiento del secuestro extorsivo en Santander (903 personas secuestradas) y Norte de Santander (577 secuestros) es producto de la escalada de violencia de los grupos armados ilegales. Según Vicepresidencia (2002), cada uno de estos departamentos concentran el 7% de las acciones armadas que se ejecutan en el país. La zona más crítica corresponde al Magdalena Medio debido al enfrentamiento entre autodefensas y guerrillas. Barrancabermeja –puerto petrolero- es la zona que más aporta a este conflicto.
Entre 1998-2002, se intensificó la confrontación armada en el departamento de Cundinamarca, período fuertemente relacionado con las negociaciones de paz del presidente Andrés Pastrana, por esa razón, este departamento acumula según Vicepresidencia de la República (2002) un 4% del total de acciones armadas del país. Al mismo tiempo, algunos índices de violaciones de derechos humanos y DIH crecen.
Cundinamarca con niveles de secuestro por debajo del promedio anual nacional, se convierte en está época en un departamento crítico, situación que suele empeorar por el temor de la cercanía con la capital del país (Bogotá). Sin embargo, los casos de secuestros comienzan a descender a partir del 2003, la fuerte labor militar del Estado produjo un desvertebramiento de las principales organizaciones criminales (Frente 22 de las FARC) que se encargaban de ejecutar la mayoría de los secuestros
en la región, así como a gran parte de las bandas de delincuentes comunes que estaban al servicio de este grupo.
Mapa 3. Regionalización del número promedio de secuestros extorsivos por años en Colombia.
Extorsivo 1996 Extrosivo 1997 Extorsivo 1998 Extorsivo 1999
Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 300 Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 350 Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 450 Secuestros 0 1 - 50 51 - 150 151 - 200 201 - 500
Extorsivo 2000 Extorsivo 2001 Extorsivo 2002 Extorsivo 2003
Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 450 Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 400 Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 250 Extorsivo Total (1996 – 2003)
Secuestros 0 1 - 400 401 - 800 801 - 1200 1201 - 2700
Fuente: Fondelibertad. Cálculos DNP-DJS (GEGAI)
Tabla 1. Número de Secuestros Extorsivos por entidades territoriales
Fuente: Fondelibertad. Cálculos DNP-DJS (GEGAI)
Forma de secuestro
Si se analizan los datos de secuestros ocurridos durante el período 1996-2003, se puede concluir que anualmente en promedio un 90,5% de los secuestros extorsivos se realizan de manera selectiva. No obstante, se debe reconocer que el retén ilegal ha sido un importante medio para retener a las víctimas y pedir dinero a cambio de su liberación. Por ejemplo, particularmente a partir del año 2000, el 11,4% de los secuestros extorsivos fueron cometidos en un retén ilegal.
Gráfico 5. Participación y promedio anual del número de secuestrados por motivos extorsivos según forma de secuestro (1996 – 2003)
Fuente: Fondelibertad. Cálculos: DNP-DJS (GEGAI).
Otras características:
Condición laboral del secuestrado:
Del total de personas secuestradas por motivaciones extorsivas, el 3366%%ttrraabbaajjaabbaann i
innddeeppeennddiieenntteemmeenntte y pertenecían al sector privado de la economía, e eell 2211,,88%% eerraa
d
deeppeennddiieenntte (distribuidos en privado y público), mientras que al 30% no se le pudo e
establecer su condición laboral. El resto de la población que no aplica en esta clasificación, en donde se incluyen amas de casa, estudiantes y menores, constituyen un 12% del total de casos.
Gráfico 6. Participación del número de secuestros extorsivos según condición laboral (1996 - 2003)
En cuanto a los casos sin establecer, al analizar el comportamiento de los datos y algunas situaciones particulares con respecto a esta población, se podría sugerir, y partiendo del supuesto de que todos estaban trabajando al momento de su secuestro, que un gran número de estos casos son trabajadores independientes. Esto debido a que es más probable que se reporte e identifique clara y oportunamente un caso de secuestro cuando la víctima es dependiente (el patrón o empleador es más exigente en este sentido) que cuando es independiente. Esto quiere decir que eennttrreeeell ppeerrííooddoo 11999966--22000033 eess mmuuyy pprroobbaabbllee qquuee eell 6666,,22%% ((99..001133
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viinnccuullaaddoossaallsseeccttoorrpprriivvaaddoo..
De esta forma, la ubicación del secuestrado por sector económico, privado o público, era la siguiente:
Tabla 2. Secuestrados según sector económico
Fuente: Fondelibertad. Cálculos: DNP-DJS (GEGAI).
El cuadro anterior indica que en el caso de los trabajadores dependientes, también un alto porcentaje trabajaban con el sector privado (55.7%), lo que quiere decir que
e ennttrreeeell ppeerrííooddoo11999966--22000033 uunn 7788,,55%%((1100..669933ppeerrssoonnaass))ddeelloosssseeccuueessttrraaddoosseessttaabbaann v viinnccuullaaddooss llaabboorraallmmeennttee ccoonn eell sseeccttoorr pprriivvaaddoo ddee llaa eeccoonnoommííaa ––iinncclluuyyee llooss ccaassooss s siinneessttaabblleecceerrppoorrlloossssuuppuueessttoosssseeññaallaaddoossaarrrriibbaa--yyuunn99..44%%((11..228866ppeerrssoonnaass))ccoonneell s seeccttoorrppúúbblliiccoo. .
Tabla 3. Secuestros extorsivos según sector económico
Ahora, de los 13.616 secuestros extorsivos ocurridos entre 1996 y 2003, el sector de más afectado fueron los comerciantes que participaron con un 16,1% del total de los casos, le siguen los profesionales con el 15,6% y los trabajadores públicos (donde se incluyen servidores públicos, Fuerza Pública y personas vinculadas a la administración pública) con un 13,4%. Cabe señalar que los menores de edad participan con un 7,7%.
Finalmente, el 9,3% de población secuestrada hace parte del sector agropecuario (ganaderos y agricultores). Este comportamiento puede estar explicado por el hecho de que los ganaderos, comerciantes y agricultores, son sectores económicamente productivos, que tienen ingresos un poco más altos que el resto de la población.
Gráfico 7. Participación del número de secuestros extorsivos según sector (1996 – 2003)
Fuente: Fondelibertad. Cálculos: DNP-DJS (GEGAI).
Tabla 4. Número de secuestrados extorsivos según sector (1996 – 2003)
Fuente: Fondelibertad. Cálculos: DNP-DJS (GEGAI).
Sí se analizan los porcentajes, se puede notar la importante participación que tienen los políticos en los secuestros del país (7.2%), es decir 982 personas. Esto puede ser para presionar un canje (intercambio de secuestrado por guerrilleros
o propiciar la renuncia de los dirigentes en ciertos zonas para lograr el control territorial de las mismas. También se pueden presentar los casos en donde las elecciones de alcalde, gobernadores y concejales, aumentan el índice de los secuestros de políticos, cuyo responsable es la guerrilla, y su objetivo es causar temor en la población y desestabilizar la democracia.
Datos personales de los secuestrados
Teniendo en cuenta la información disponible en la base de datos de Fondelibertad, se puede concluir que la mayoría de los secuestrados con fines extorsivos durante el período de estudio (23.7%), se encontraban en un rango de edad entre los 25 y 55 años de edad33 (3.227 personas). Vale la pena anotar, que el
7,7% de los secuestros extorsivos fueron a menores de edad (1.044 menores) y el 2,3% eran extranjeros34.
Gráfico 8. Participación del número de secuestros extorsivos según grupo de edad (1996 – 2003)
Fuente: Fondelibertad. Cálculos: DNP-DJS (GEGAI).
La mayoría de las población secuestrada con fines extorsivos eran hombres (81,6%), además, un porcentaje significativo estaba casado o en unión libre (71,7%). Los grupos delincuenciales y alzados en armas saben que esta población tiene hijos o se encuentra comprometida económicamente con su cónyuge, así es más probable el pago de rescates y la exigencia de altas sumas de dinero.
33 La caracterización del rango de edad se hizo teniendo en cuenta la Encuesta Nacional del DANE, para población ocupada en el 2000), que establece los siguientes rangos:
- Menores de edad (menos de 18 años) - De 18 a 25 años
- De 26 a 55 años - Más de 55 años.
34 La nacionalidad de los extranjeros secuestrados con fines extorsivos eran en su mayoría venezolana, norteamericanos, italianos, alemanes y españoles.
Gráfico 9. Participación del número de secuestros extorsivos según estado civil (1996 – 2003)
Fuente: Fondelibertad. Cálculos: DNP-DJS (GEGAI). Tiempo de cautiverio y dinero pagado
En cuanto al tiempo de cautiverio, 7.829 secuestrados con fines extorsivos (57,5%) permanecieron en poder de los secuestradores menos de un mes. Sin embargo, si se suma este tiempo con los que estuvieron menos de un año, en promedio 10.757 personas (79,1%) permanecieron máximo un año cautivos. Por otro lado, una cantidad significativa de personas secuestradas (2.846 personas), estuvieron en cautiverio más de un año.
Gráfico 10. Participación del número de secuestros extorsivos según el tiempo de cautiverio (1996 – 2003)
Fuente: Fondelibertad. Cálculos: DNP-DJS (GEGAI).
En cuanto al dinero pagado, por la liberación del 63,2% de las personas secuestradas por motivos extorsivos, se pagaron menos de $50 millones, mientras que los que pagaron más de $100 millones fueron el 14,2%.
Gráfico 11. Participación del número de secuestros según dinero pagado (1996 –2003)
Fuente: Fondelibertad. Cálculos: DNP-DJS (GEGAI). 2.2. Secuestro Simple
El secuestro simple, entendido como aquel delito en el que no median intereses, ni ventajas, ni utilidades de carácter económico y político, generalmente propiciados por conflictos familiares internos y violaciones de custodia de menores, adopciones ilegales, tráfico de personas para su prostitución, entre otros, ha cobrado importancia en las últimas décadas. Inclusive este tipo de secuestro ha estado relacionado también con la evolución del conflicto armado interno que vive el país. De acuerdo a los datos disponibles, desde 1981 a 2003 han ocurrido 16.401 secuestros simples, un promedio anual de 713 casos, lo que significa que aproximadamente 2 personas son secuestradas diariamente en Colombia con fines no extorsivos –secuestro simple-.
Mapa 4. Regionalización del Secuestro Simple en Colombia.
80´s 90´s 00´s Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300
Secuestro Simple35
En Colombia durante el período 1997-2003 han sido secuestradas 3.125 personas sin que medie un interés extorsivo. Esto significa que en el país se presenta una tasa de 0.9 secuestros simples por cada 100 mil habitantes. Es necesario aclarar que Fondelibertad incluye también como secuestro simple aquellos casos cometidos por los grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado, pero que por motivos diferentes culminan en la liberación inmediata de la persona que fue secuestrada. Esto puede ocurrir en el caso de los retenes ilegales o cuando se secuestra selectivamente36.
Por ese motivo, los secuestros simples cometidos en el marco del conflicto armado interno, representan un 52,4% (1.637 personas) del total de casos registrados. Por su parte, los secuestros simples no asociados con este conflicto, sino que más bien son propiciados por líos familiares, violaciones de custodia de menores, tráfico de personas para su prostitución, entre otros, equivale a un 27% (844 personas). Vale la pena anotar, que un número significativo de casos se encuentra sin establecer (20,5%).
Durante estos años los secuestros simples han crecido a una tasa promedio anual de 105,3%. Mientras el año con menor número de registros fue 1997 (30 casos), el de mayor número de casos fue el año 2002 (928 personas). En el 2003, al igual que en los casos de secuestros extorsivos, el secuestro simple comienza a decaer un 24%, sin embargo, estos registros aún permanece por encima de la tasa promedio anual del período de estudio.
35 La base de datos de Fondelibertad no incluye casos de secuestro simple para 1996, por ese motivo y para efectos de la caracterización, se tomarán los datos a partir de 1997.
36 El caso de los retenes ilegales, tal como se explicó anteriormente, por control territorial y por la filosofía misma de los retenes, muchas personas son dejadas en libertad sin exigir a cambio ningún tipo de dinero o bien. Por su parte, en un secuestro selectivo, muchas personas son retenidas junto con aquellos individuos o aquel individuo que realmente se desea secuestrar –porque estaban en compañía del secuestrado-, estas
Gráfico 12. Número de secuestrados simples (1997 – 2003)
Fuente: Fondelibertad. Cálculos: DNP-DJS (GEGAI). Autores y distribución regional del secuestro
La mayoría de los secuestros simples en el país fueron asociados con el conflicto armado, por ese motivo los grupos armados ilegales son los principales ejecutores de este tipo de secuestro (52,4%). Mientras que los secuestros simples no relacionados con la violencia armada, fueron realizados en su gran mayoría por la delincuencia común (27%), y por familiares (0,1%), del restante 20,5% no existe información.
Gráfico 13. Participación del número de secuestros simples según autor (1997 – 2003)
Fuente: Fondelibertad. Cálculos: DNP-DJS (GEGAI).
Si se observa la evolución regional de los secuestros simples en el país se tiene que la participación actual es casi homogénea para todo el territorio colombiano. Lo que fue a mediados de la década de los noventa un tema casi exclusivo de algunos departamentos, la mayoría de ellos con fuertes índices de violencia, hoy es un problema generalizado.
El hecho de que los departamentos de Antioquia y Cesar contribuyan con el mayor número de casos no es gratuito. Tal como se ha explicado en el transcurso de este trabajo, una gran proporción de los secuestros simples están asociados con el conflicto, eso quiere decir que complementariamente aquellos lugares donde la violencia ha sido más significativa, allí es muy probable que ocurra el mayor número de secuestros, no sólo de tipo extorsivo, sino también aquellos simples.
Mapa 5. Regionalización del número promedio de secuestros simples por años en Colombia.
Simple 1997 Simple 1998 Simple 1999 Simple 2000
Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200
Simple 2001 Simple 2002 Simple 2003
Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 Secuestros 0 1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 Simple Total (1996 – 2003)
Secuestros 0 1 - 400 401 - 800 801 - 1200 1201 - 1600
Fuente: Fondelibertad. Cálculos: DNP-DJS (GEGAI).
Tabla 5. Secuestros simples por entidades territoriales
Fuente: Fondelibertad. Cálculos: DNP-DJS (GEGAI).
Forma de secuestro
Si se analizan los datos de secuestros ocurridos durante el período 1997-2003, se puede concluir que en promedio anualmente un 84% de los secuestros simples se realizan de manera selectiva. No obstante, es importante aclarar que a través de retén ilegal un número significativo de víctimas han sido retenidas temporalmente, particularmente durante los años 2001 y 200237.
37 Aproximadamente un 23% del total de los secuestros simples estuvieron asociados con un retén ilegal.
Gráfico 14. Participación y promedio anual del número de secuestros simples según forma de secuestro (1997 – 2003)
Fuente: Fondelibertad. Cálculos: DNP-DJS (GEGAI).
Otras características:
Condición laboral del secuestrado:
En Colombia los menores de edad son la población más afectada por el secuestro simple (27%). Para el resto de la población afectada, en un 40,2% no fue posible identificar el oficio o actividad que ejecutaba al momento de su cautiverio. De todas maneras una primera aproximación sugiere que el comportamiento por condición laboral y sector económico fue el siguiente:
Gráfico 15. Participación del número de secuestros simples según sector (1997 – 2003)
Fuente: Fondelibertad. Cálculos: DNP-DJS (GEGAI). Datos personales de los secuestrados
Según los datos anteriores, y teniendo en cuenta las características del secuestro simple que ya han sido descritas en este ejercicio, la mayoría de los casos registrados de personas secuestradas bajo esta modalidad eran menores de edad (844 niños y niñas). Un 70% eran hombres y un porcentaje cercano al 80% (2.503 personas), duró menos de un mes secuestrado.
Gráfico 16. Participación del número de secuestros simples según el tiempo de cautiverio (1996 – 2003)
3. Identificación de los costos económicos del secuestro en Colombia
El secuestro en Colombia tiene efectos no sólo sobre la vida social y política del país, sino que también ha generado impactos económicos importantes.En este capítulo se realizará una estimación de los principales costos económicos generados por el secuestro en Colombia. Para el cálculo de estos costos, se tendrán en cuenta dos grandes grupos:
• Costos directos: los que representan remuneración de factores necesarios para la producción de un bien o servicio. En el caso específico del secuestro se asignan recursos económicos para combatirlo, pero además, se generan costos adicionales para las víctimas y sus familiares. Los primeros los asume el Estado a través del Presupuesto General de la Nación. Los segundos se asocian con los recursos que orientan el secuestrado y su familiar para el pago de su rescate.
• Costos indirectos: son aquellos que no implican necesariamente una asignación directa de recursos, pero que sí representan un costo de oportunidad o un uso alternativo no utilizado de los factores. Para el caso del secuestro, se estimará la pérdida de capital humano por el tiempo que dura el cautiverio y por la muerte del secuestrado durante su cautiverio. Entre los costos directos que se generan por el secuestro se encuentran:
• Gastos del Estado colombiano en la lucha contra el secuestro. • Pago de rescates.
Entre los costos indirectos se tienen:
• Costos relacionados con la pérdida de productividad asociada con el tiempo de cautiverio de los secuestrados (PPTCS): valoración económica del trabajo que hubiera realizado una persona de no haber estado privada de la libertad.
• Costos relacionados con la pérdida de capital humano asociada con muerte temprana de los secuestrados (PCHAMTS): valoración económica del trabajo que hubiera realizado una persona de no haber tenido una muerte prematura.
3.1. Costos directos
3.1.1. Costos directos del sector público: Gastos del Estado colombiano en la lucha contra el secuestro
El Estado colombiano, a través de sus entidades del nivel nacional, ha invertido recursos del Presupuesto General de la Nación para financiar la lucha contra el secuestro. Estos recursos son ejecutados por el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad)38, los Grupos de Acción Unificada para la
Lucha Antisecuestro (GAULA), Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Fiscalía General de la Nación, la Dirección Antisecuestro de la Policía y la Red de Solidaridad Social39. Vale la pena aclarar que estas entidades programan el
100% de sus recursos en el rubro de funcionamiento.
Durante el período 1996 a 2003, el Estado invirtió en la lucha contra el secuestro 318.809 millones de pesos de 2003, es decir, US$110 millones (ver Cuadro 1), esto es el 0.019% del PIB del 200340 y representa además, un 0.064% promedio anual del
Presupuesto General de la Nación. Además el gasto per cápita asciende a $15 millones de pesos de 2003, es decir, que el Estado colombiano por cada persona secuestrada invirtió durante el período 1996-2003 en promedio $15 millones de pesos de 200341.
Tabla 7. Recursos ejecutados por el Estado en la lucha contra el secuestro y la extorsión
Fuente: Entidades. Cálculos: DNP-DJS(GEGAI).
38 Fondelibertad orienta sus recursos para el pago de recompensas, gastos de dotación y funcionamiento de los Grupos de Acción Unificada para la Lucha Antisecuestro (Gaula), gastos de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (CONASE); además, se encarga de la administración y custodia provisional de los bienes incautados que hayan sido utilizados para la comisión de delitos de secuestro o sean producto del mismo.
39 Para mayor información sobre las funciones que ejecutan cada una de estas entidades, remitirse al anexo final de este capítulo.
40 PIB Proyectado por la DEE-DNP.
Sin embargo, en término de gastos estos pueden ser significativamente mayores si se tiene en cuenta que muchas de estas entidades financian sus actividades con recursos de cooperación internacional, recursos que para efectos de este ejercicio no se pueden contabilizar como costos para el Estado colombiano42.
Por otro lado, existen otros gastos que generan un impacto importante en la lucha contra estos delitos, pero que no se pueden clasificar exclusivamente como recursos para atacar el fenómeno del secuestro y la extorsión. Por ejemplo, el gasto en seguridad y defensa y las acciones como el proceso de modernización de la Fuerza Pública, la seguridad en las carreteras, la modernización en los equipos y procesos de inteligencia (incluye DAS), además, de aquellos recursos de modernización de la Fiscalía General de la Nación, son estrategias que inciden significativamente en la reducción de los índices de violencia y en aquellos factores asociados a ella. Es decir que muchos de estos recursos y programas afectan directamente las causas comunes de las problemáticas del conflicto armado que vive Colombia, incluyendo el secuestro. Por este motivo, nuevamente es posible que los gastos del Estado en la lucha contra el secuestro y la extorsión sean mucho más altos de los aquí incluidos.
Partiendo de la posible complementariedad del gastos en defensa y seguridad versus el gasto específico para la lucha del secuestro y la extorsión, es factible argumentar que en los años en que el gasto para atacar el secuestro se reduce considerablemente esta disminución puede ser compensada con la inversión que el Estado hace para atacar los índices del conflicto armado (profesionalización de la fuerza, inteligencia, lucha contra los grupos criminales, seguridad en las carreteras), acciones que como ya se dijo pueden afectar la probabilidad de que se cometa un secuestro en el país.
Ahora, en cuanto a las entidades que participaron significativamente con los costos directos del sector público durante el período 1996-2003, se encuentra que las unidades Gaula ejecutaron el 56% de los recursos asignados, le sigue en su orden Fondelibertad (30%) y la Fiscalía General de la Nación (12%)
42 Además, revisando los datos remitidos por las entidades se puede intuir una subestimación de los recursos reportados. Por ejemplo, Fondelibertad estuvo adscrita primero al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, luego al Ministerio del Interior y finalmente hoy es una dependencia del Ministerio de Defensa, esta situación pudo conducir a que los reportes de gastos tanto de Fondelibertad como de las entidades en las que se encontraba adscrito, no coincidan. Por otra parte, para el caso de la Fiscalía Nacional de la Nación sólo a partir de agosto 2001, existen gastos desagrados de la lucha contra el secuestro y la extorsión, año en el cual se creó la Unidad Nacional Contra el Secuestro y la Extorsión, antes de esa fecha, a pesar que se invirtieron recursos, es difícil identificarlos en la medida en que se ejecutaban como partidas globales, además, las acciones se enmarcaban en objetivos también generales de la entidad. Igual situación ocurre con el DAS, que para el 2002 creó la Subdirección Antisecuestro, razón por la cual sólo hay recursos
Tabla 8. Participación del gasto por entidad
Fuente: Entidades. Cálculos: DNP-DJS(GEGAI).
El gasto del Estado colombiano en la lucha contra el secuestro y la extorsión ha tenido una tendencia creciente (ver gráfico 1). Entre 1996 y 2003, la tasa de crecimiento promedio anual es del 17.3%. El crecimiento más significativo se da a partir del año 2000 (el gasto crece con respecto a 1999 en un 51%), durante el período 2000 a 2003 la tasa de crecimiento alcanza el 24%. Sin embargo, el año con la mayor tasa de crecimiento es el año 2002, con un 57.9%.
Gráfico 17. Variación anual de los recursos ejecutados en secuestro y extorsión
Fuente: Entidades. Cálculos: DNP-DJS(GEGAI).
Por otro lado, si se analiza el comportamiento del gasto frente a la evolución del secuestro, se observa que entre 1996 y 2000 el número de secuestro y el gasto estatal experimentan un crecimiento continuo año a año. Se podría argumentar que los incrementos en los recursos surgen como respuesta al aumento en el número de casos de secuestro, y que sólo hasta 2001 se hacen visibles los efectos esperados de la política (y por ende del gasto), mediante un quiebre en la tendencia del número de casos. Esto podría sugerir que la efectividad de las políticas financiadas con ese gasto tiene cierto rezago en el tiempo, es decir, que sus efectos pareciera que no son inmediatos. El problema es que, a pesar que después de 2001 se reduce el número de casos, el gasto sigue creciendo, y aún a tasas mayores de las que se vieron cuando el problema estaba en su mayor auge, entre 1998 y 2001.
