Gobierno Del Estado Poder Ejecutivo Decreto Número. 622
CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATAN
CIUDADANO ABOGADO RICARDO AVILA HEREDIA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ENCARGADO DEL DESPACHO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATAN, A SUS HABITANTES HAGO SABER:
QUE EL LII CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATAN, D E C R E T A :
CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATAN
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las leyes y demás disposiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos en todo el Estado desde el día que fijen para comenzar a regir, con tal que se publiquen en el diario oficial cuando menos cinco días antes de la fecha fijada para que entren en vigor. Las disposiciones del presente código son supletorias de los demás ordenamientos legales y demás disposiciones de observancia general vigentes en el Estado.
Artículo 2.- Si las disposiciones de observancia general no fijan el día en que deben comenzar a regir, obligan en todo el Estado a partir del sexto día de su publicación en el diario oficial.
Artículo 3.- La ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior.
Artículo 4.- Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario.
Artículo 5.- La ignorancia de las leyes no disculpa de su incumplimiento; pero los jueces, teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación, o su miserable situación económica, podrán, previa vista que se dé al ministerio público, eximirlos de las sanciones en que hubiesen incurrido por falta de cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser posible, concederles un plazo para que la cumplan, siempre que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público o lesionen derechos de tercero.
Artículo 6.- Las leyes yucatecas, incluyendo las que se refieren al estado y capacidad jurídica,
se aplican, sin distinción de personas ni de sexos, a todos los habitantes del Estado, ya sean nacionales o extranjeros, estén domiciliados en él o sean transeúntes.
Artículo 7.- Los bienes inmuebles sitos en el Estado y los bienes muebles que en él se encuentren se regirán por las disposiciones de este código, aun cuando los dueños sean extranjeros.
Artículo 8.- Los actos jurídicos, en todo lo relativo a su forma, se regirán por las leyes del lugar donde se realicen. Los interesados deberán comprobar que existen las leyes extranjeras en que funden su derecho.
No obstante lo dispuesto en la primera parte de este artículo, los mexicanos o extranjeros residentes fuera del Estado quedan en libertad de sujetarse a las formas prescritas por este código, cuando el acto haya de tener ejecución en Yucatán.
Artículo 9.- La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero. Esta renuncia no produce efecto alguno, si no se hace en términos claros y precisos, debiéndose insertar el texto de la disposición cuyo beneficio se renuncia.
Artículo 10.- Las leyes que establecen excepción a las reglas generales, no son aplicadas a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes.
Artículo 11.- Los actos ejecutados contra el tenor de leyes prohibitivas o de interés público, serán nulos cuando en esas mismas leyes no se ordena algo distinto. La acción de nulidad por este motivo podrá ejercitarla cualquiera persona que tenga interés en que se haga la declaración respectiva.
Artículo 12.- Sólo es lícito el ejercicio de los derechos civiles, en cuanto se hace de acuerdo con los intereses de la sociedad y sin causar perjuicio innecesario a tercero.
Artículo 13.- Cuando alguno, explotando la suma ignorancia o la extrema miseria de otro, trate de obtener un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a la obligación que por su parte contrajo, el perjudicado tiene derecho de pedir la rescisión del contrato, y de ser ésta imposible, la reducción equitativa de su obligación.
El derecho concedido en este artículo prescribe en un año a partir de la fecha del contrato.
LIBRO PRIMERO DE LAS PERSONAS
TITULO PRIMERO
DE LA CAPACIDAD Y DEL DOMICILIO
CAPITULO I
DE LA CAPACIDAD JURIDICA
Artículo 14.- Son personas físicas los individuos de la especie humana, desde que nacen hasta que mueren.
Artículo 15.- Son personas morales:
I.- La nación, los estados, los municipios y las demás instituciones de carácter público reconocidas por la ley.
II.- Las sociedades civiles y mercantiles.
III.- Los sindicatos, las asociaciones profesionales y la s demás a que serefiere la ley federal del trabajo.
IV.- Las sociedades cooperativas y mutualistas
V.- Las asociaciones, corporaciones o fundaciones, temporales o perpetuas, constituídas para algún fin o por algún motivo de utilidad pública, o de utilidad pública y particular juntamente.
VI.- Las asociaciones distintas de las ya enumeradas, que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro que sea lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.
VII.- Todas las agrupaciones a las que la ley reconozca este carácter.
Artículo 16.- La personalidad jurídica se adquiere por el nacimiento y se extingue por la muerte; pero desde el momento en que un ser humano es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en este código.
Artículo 17.- Las personas físicas que tengan dieciocho años cumplidos adquieren la mayor edad y tienen capacidad jurídica plena para disponer libremente de su persona y de sus bienes, con las limitaciones que establece la ley.
Artículo 18.- La edad menor de dieciocho años, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley, constituyen restricciones a la capacidad jurídica; pero los incapaces pueden ejercer derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes.
Artículo 19.- Las personas morales tienen capacidad jurídica para ejercer todos los derechos necesarios al objeto de su instituto, contraer obligaciones y obran y se obligan por
medio de los órganos que las representen, sea por disposición de la ley o conforme a las reglas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos.
CAPITULO II DEL DOMICILIO
Artículo 20.- El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con la intención de permanecer en él; a falta de éste, el lugar en que tenga el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle.
Artículo 21.- El hecho de inscribirse en el padrón municipal pone de manifiesto y prueba la intención de domiciliarse en determinado lugar.
Artículo 22.- Se presume el propósito de establecerse en un lugar, cuando se reside en él por más de seis meses. Transcurrido este tiempo, el que no quiera que nazca tal presunción, declarará dentro de los quince días siguientes, tanto a la autoridad municipal de su anterior domicilio, como a la autoridad municipal de su nueva residencia, que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir otro nuevo. Estas declaraciones no producirán efectos si se hacen en perjuicio de tercero.
Artículo 23.- El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente.
Artículo 24.- Se reputa domicilio legal:
I.- Del menor de edad, el de la persona a cuya patria potestad esté sujeto, o la institución que tenga la custodia del mencionado menor.
II.- Del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor.
III.- De los militares en servicio activo, el lugar en que estén destinados.
IV.- De los servidores públicos, el lugar donde desempeñen sus funciones por más de seis meses. Los que por tiempo menor desempeñen alguna comisión, no adquirirán domicilio en el lugar donde la cumplen, sino que conservarán su domicilio anterior.
V.- De los sentenciados a cumplir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la extingan.
Artículo 25.- Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administración. Las que tengan su administración fuera del Estado, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de él, se considerarán domiciliadas en el lugar donde hayan ejecutado esos actos, en todo lo que a
ellos se refiera. Las sucursa les que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por ellas.
Artículo 26.- Toda persona tiene derecho de designar un domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones.
TITULO SEGUNDO DEL ESTADO CIVIL
CAPITULO I DEL REGISTRO CIVIL
Artículo 27.- El registro civil es la Institución de orden público e interés social dependiente del ejecutivo del Estado encargada de hacer constar los actos del estado civil de las personas y extender y autorizar las actas relativas a nacimientos, reconocimiento y adopción de hijos, matrimonios y divorcios, tutela de incapacitados y defunciones de los mexicanos y extranjeros que ocurran en el Estado, así como de sentencias judiciales que introduzcan modificaciones en la filiación o en el estado civil de las personas.
Las funciones del registro civil se ejercen por los oficiales del registro civil, designados por el Ejecutivo del Estado, quien fijará su número y el territorio que deba abarcar sus actividades. Los mismos actuarán exclusivamente en los formatos respectivos y en los libros a que se refiere el artículo 14 del código del registro civil.
La infracción de esta disposición producirá la nulidad del acta y se castigará con la destitución del oficial respectivo.
Artículo 28.- El estado civil de las personas sólo se comprueba con las constancias respectivas del registro. Cualquier otro documento o medio de prueba sólo es admisible para comprobar el estado civil, en los casos especialmente previstos por la ley.
Artículo 29.- Cuando no hayan existido registros, o se hayan perdido o estuviesen rotos o borrados, o faltasen las hojas o el formato en que se supone estaba el acta, se podrá recib ir prueba del acto por documentos o testigos; pero si sólo uno de los registros se ha mutilado y existiese el duplicado que debe llevarse con arreglo a la ley, de éste ha de tomarse la prueba, sin admitirla de otra clase.
Artículo 30.- Los registros del estado civil sólo hacen fe respecto del acto que deba ser consignado en ellos; cualquiera otra cosa que se agregue, se tendrá por no puesta.
Artículo 31.- Los vicios o defectos que haya en las actas y que no sean substanciales, no producirán la nulidad del acta, a menos que judicialmente se pruebe la falsedad del acto.
El oficial del registro civil que fuere responsable de los vicios o defectos a que se refiere el párrafo anterior, quedará sujeto a las sanciones que correspondan.
Artículo 32.- Para acreditar el estado civil adquirido por los mexicanos fuera de la República, será bastante el certificado del acta de inscripción del documento de que se trate, expedido por la oficina respectiva del registro civil en el Estado de Yucatán o de cualquiera otra entidad federativa.
Artículo 33.- Los jueces que admitan los medios subsidiarios de prueba a que se refiere el artículo 29 de este código, ordenarán en las sentencias que dicten sobre el estado civil, que éstas sean inscritas en la oficina del registro civil que corresponda, acompañándose los documentos en que se haya fundamentado la sentencia y dejando copia de los mismos en autos.
Artículo 34.-En caso de que los interesados en un acto que deba de constar en un acta del registro civil, no pudieren concurrir personalmente, podrán hacerse representar por apoderado especial nombrado ante notario o escribano público o ante algún juez si en el lugar no hubiere dichos fedatarios.
Artículo 35.- Toda persona puede pedir certificado de datos de las actas del registro civil, así como de los documentos y apuntes archivados en relación con dichas actas.
Artículo 36.- La modificación de un acta de estado civil procede:
Por enmienda, cuando se solicite cambiar algún nombre u otra circunstancia, sea esencial o accidental.
Las rectificaciones de actas para enmendar vicios o errores, sin alterar ni cambiar la esencia del acto consignado en las mismas, será facultad del registro civil.
Artículo 37.- Son nulas las actas del estado civil cuando se pruebe en el juicio respectivo que el suceso registrado no ocurrió.
Artículo 38.- Pueden pedir la rectificación de un acta del estado civil:
I.- Las personas de cuyo estado se trate.
II.- Las que se mencionen en el acta como relacionadas con el estado civil de alguno.
III.- Los herederos de las personas comprendidas en las dos fracciones anteriores.
IV.- Los que según los artículos 266, 267 y 268 de este código, pueden continuar o intentar la acción que en ellos se menciona.
V.- Los adoptantes, en los casos establecidos en el artículo 309 E de este Código Civil.
Artículo 39.- Por comparecencia ante el oficial del registro civil que corresponda, el interesado mayor de edad podrá pedir que se varíe, por una sola vez, el nombre propio con que fue inscrito en su acta de nacimiento.
Artículo 40.- Salvo lo establecido en el artículo inmediato anterior y el reconocimiento que voluntariamente haga un padre de su hijo, dentro de los términos fijados en este código, las rectificaciones o modificaciones de actas del estado civil que cambien o alteren la esencia del acto registrado serán de la exclusiva competencia del poder judicial y en virtud de sentencia ejecutoria que éste dicte.
CAPITULO II DE LOS NACIMIENTOS
Artículo 41.- Las declaraciones de nacimientos se harán presentando al menor ante el oficial del registro civil del lugar en que hubiera ocurrido el alumbramiento.
Artículo 42.- Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre o la madre, dentro de cuarenta y cinco días de ocurrido. Los médicos o cualesquiera otras personas que hubiesen asistido al parto tienen obligación de dar aviso del nacimiento al oficial del registro civil, dentro de los diez días siguientes. La misma obligación tiene el jefe de familia en cuya casa haya tenido lugar el nacimiento , si éste ocurrió fuera de la casa paterna.
Artículo 43.- Toda persona que encuentre a un recién nacido o menor de edad en cuya casa o propiedad sea expuesto alguno, estará obligado a:
I.- Cuando se trate de un recién nacido, deberá presentarlo al oficial del registro civil del lugar, dentro de los tres días siguientes, con los vestidos, papeles y cualesquiera otros objetos encontrados con él, declarando el día y el lugar donde lo hubiese hallado, así como las demás circunstancias que en el caso hayan concurrido, sin perjuicio de hacer la denuncia ante el ministerio público que corresponda.
II.- Cuando se trate de menores de edad, de inmediato denunciarán el caso ante el ministerio público, para que, en tanto el representante social haga las investigac iones del caso, pongan al abandonado bajo el cuidado y protección del sistema del desarrollo integral de la familia, quién se avocará a realizar todas las averiguaciones en la búsqueda del antecedente del registro del nacimiento del menor y en caso de no e xistir, se procederá a la presentación del propio menor ante el oficial del registro civil que corresponda.
Invariablemente, en cualesquiera de los dos casos a que se refieren las fracciones precedentes, deberá observarse estrictamente lo establecido en los artículos 34 y 38 del código del registro civil en vigor.
Artículo 44.- Los jefes, directores o administradores de las prisiones y de cualquier casa de comunidad, especialmente los de los hospitales, casas de maternidad e inclusas, deberán proceder en la forma indicada en el artículo inmediato anterior, respecto a los niños que nazcan o sean expuestos en dichos establecimientos, así como a los que aparentemente sean menores de edad y no se tenga conocimiento de la identidad de sus padres, ni de que hayan sido presentados anteriormente al registro civil.
Artículo 45.- Si con el expósito o con el menor a que se refiere el artículo anterior se hubiesen encontrado papeles, alhajas u otros objetos que puedan conducir a la identificación de aquél, se depos itarán en el archivo del registro, mencionándolos en el acta y dando recibo de ellos al que recoja al niño.
Artículo 46.- Las personas que estando obligadas a declarar el nacimiento o dar aviso de él, no lo hicieren dentro de los términos fijados, serán sancionadas con multa hasta por el equivalente de dos días de salario mínino vigente en la zona, que impondrá el oficial del registro civil donde debió registrarse el acto o donde se haya hecho la declaración extemporánea de nacimiento.
Artículo 47.- La multa a que se refiere el artículo inmediato anterior podrá ser condonada por el oficial del registro civil, si el infractor prueba, a juicio de aquél, que su omisión fue debida a una causa grave o independiente de su voluntad.
Artículo 48.- En toda acta de nacimiento se asentará únicamente lo que manifiesten las personas que presenten al niño, aunque aparezcan sospechosas de falsedad, sin perjuicio de que éstas puedan ser sancionadas como dispone el código de defensa social.
Artículo 49.- Si algún nacimiento ocurriese a bordo de buque nacional, los interesados harán extender una constancia del acto, con todos los detalles que el código del registro civil exija para actas de nacimiento y solicitarán que la autorice el capitán o patrón de la embarcación, con dos testigos de los que se encuentren a bordo; si no los hubiere, se expresará esta circunstancia.
Artículo 50.- En el primer puerto nacional a que arribe la embarcación, los interesados entregarán la constancia de que habla el artículo inmediato anterior al oficial del registro civil, para que, a su tenor, asiente el acta y remita certificado de ella al oficial del domicilio de los padres, a fin de que se haga la inscripción en el
libro respectivo.
Artículo 51.- Si en el puerto no hubiese funcionario del registro civil, se entregará la constancia antes dicha a la autoridad local, para que ésta la remita inmediatamente al oficial del domicilio de los padres.
Artículo 52.- Si el nacimiento ocurriese en un buque extranjero, se observará, por lo que toca a las solemnidades del registro, lo prescrito en el artículo 8 de este código.
Artículo 53.- Si el nacimiento acaeciese durante un viaje por tierra, podrá registrarse en el lugar en que ocurra o en el domicilio de los padres, según las normas antes establecidas; en el primer caso, se remitirá copia del acta al oficial del registro civil del domicilio de los padres, y en el segundo, se tendrá para hacer el registro el término que señala el artículo 42 de este código, con un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad.
CAPITULO III DEL MATRIMONIO SECCION PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 54.- El matrimonio es la unión voluntaria entre un solo hombre y una sola mujer, basada en el amor y sancionada por el Estado, para fundar una familia, perpetuar la especie y darse recíprocamente compañía, ayuda y asistencia.
Artículo 55.- Para contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. El gobernador del Estado puede conceder dispensa de edad, en casos excepcionales y por causas graves y justificadas.
Artículo 56.- Las personas de uno u otro sexo, menores de dieciocho años, necesitarán para contraer matrimonio, del consentimiento de la persona o personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad.
Artículo 57.-A falta de ascendiente que ejerza la patria potestad, para el matrimonio de las personas a que se refiere el artículo anterior, se requerirá el consentimiento del tutor.
Artículo 58.- Cuando los ascendientes o tutores nieguen su consentimiento y su disenso no parezca racional, podrá acudir el interesado a la primera autoridad municipal del domicilio de cualquiera de los pretendientes, la cual, con audiencia de aquéllos, dará o no el consentimiento solicitado.
Artículo 59.- Ni los ascendientes, ni los tutores, ni la autoridad municipal, podrán revocar el consentimiento que hayan otorgado.
Artículo 60.- Las personas que deseen contraer matrimonio se presentarán al oficial del registro civil del domicilio de cualquiera de los contrayentes, acompañadas de tres testigos que, bajo protesta de conducirse con verdad, declaren que los interesados no tienen impedimento legal para el matrimonio; oída esta declaración y cerciorado el oficial de la espontánea voluntad de los contrayentes, declarará perfeccionado el acto, levantándose en el libro respectivo el acta correspondiente.
Artículo 61.- En el acto del matrimonio, los interesados deberán exhibir un certificado suscrito por médico titulado, en el que conste que los pretendientes que no padecen enfermedad alguna crónica e incurable, que sea además contagiosa o hereditaria. Los médicos encargados de los servicios de sanidad de carácter oficial tienen obligación de expedir gratuitamente este certificado a los indigentes.
En caso de que el matrimonio se celebre bajo el régimen de sociedad conyugal convencional, los interesados deberán exhibir el documento en el que consten las capitulaciones matrimoniales correspondientes, para que sea archivado, así como una relación valorizada de los bienes que a cada uno pertenezcan y de las deudas que existan a cargo de cada uno de ellos; en caso de que alguno o los dos no tengan bienes o deudas, se hará constar en el acta su declaración en ese sentido.
Artículo 62.- En el acta de matrimonio se hará constar expresamente si los contrayentes han celebrado capitulaciones matrimoniales, y si se casan bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. En caso de omisión se entenderá que se contrae por separación de bienes.
Artículo 63.- En caso de que los contrayentes sean menores de dieciocho años, concurrirán al matrimonio las personas que según los artículos 56 y 57 de este código deben prestar su consentimiento para el acto, salvo que por impedimento para concurrir personalmente, hubiesen otorgado su autorización en la forma prevista en el artículo 57 del código del registro civil.
Si a causa de irracional disenso, la autoridad municipal hubiese sido la que otorgó el consentimiento, deberán los interesados exhibir la constancia relativa.
Artículo 64.- El oficial del registro civil ante quien se haga una solicitud de matrimonio, está obligado a exigir de los pretendientes y de los ascendientes o tutores de éstos, bajo protesta de decir verdad, todas las declaraciones que estime necesarias para asegurarse de su identidad y de la aptitud de los interesados para contraer matrimonio.
maliciosamente un hecho falso, los testigos que falsamente declaren la exactitud de las declaraciones de aquéllos o su identidad, así como los que dolosamente se hiciesen pasar por padres o tutores de los pretendientes, serán consignados al ministerio público para la aplicación de las sanciones que correspondan.
Artículo 66.- Los oficiales del re gistro civil deberán negarse a autorizar el matrimonio, cuando por el conocimiento de los interesados o por denuncia en forma, tuviesen noticia de que alguno de los pretendientes carece de aptitud legal para celebrar el matrimonio.
Artículo 67.- La denuncia de impedimento puede ser hecha por cualquiera persona.
Las anónimas o hechas por cualquier medio, sin presentarse personalmente el denunciante, sólo serán admitidas cuando estén comprobadas con las constancias necesarias.
Artículo 68.- El matrimonio terminará:
I.- Por la muerte de uno de los cónyuges.
II.- Por nulidad declarada judicialmente.
III.- Por divorcio.
SECCION SEGUNDA
DE LOS IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO
Artículo 69.- Son impedimentos para contraer matrimonio:
I.- La falta de edad requerida por la ley.
II.- La falta del consentimiento a que se refieren los artículos 56, 57 y 58 de este código.
III.- El parentesco de consanguinidad o de afinidad, sin limitación de grado, en la línea recta ascendente y descendente.
IV.- El parentesco de consanguinidad en línea colateral dentro del tercer grado, entre hermanos y medios hermanos, entre tío y sobrina y entre sobrino y tía.
V.- El atentado contra la vida de alguna persona casada, para contraer matrimonio con su cónyuge.
VI.- La fuerza o miedo graves. En caso de rapto subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a lugar seguro, donde libremente podrá manifestar su voluntad.
VII.- El uso indebido y persistente de enervantes, estupefacientes u otras substancias que alteren gravemente la conducta y produzcan dependencia.
VIII.- La enajenación mental, la idiocia y otras deficiencias mentales profundas, o el padecimiento de cualquier enfermedad de las tenidas por incurables, que sea además contagiosa o hereditaria.
IX.- La subsistencia legal de un matrimonio anterior.
Artículo 70.- El adoptante no podrá contraer matrimonio con el adoptado o sus descendientes, en tanto dure el lazo jurídico resultante de la adopción.
Artículo 71.- La mujer no podrá contraer matrimonio nuevamente, sino hasta pasados trescientos días después de la terminación del anterior, a menos que dentro de ese plazo diese a luz un hijo, o acredite, en vía de jurisdicción voluntaria que promueva ante el juez de su domicilio, estar libre de embarazo, por el dictamen de un médico designado por el propio juez. En los casos de nulidad de matrimonio o de divorcio, este plazo se contará desde que se interrumpió la cohabitación.
Artículo 72.- El tutor no podrá contraer matrimonio con la persona que ha estado o esté bajo su guarda, antes de que queden aprobadas legalmente las cuentas de la tutela. En todo caso, la voluntad del tutoreado deberá ser oída después de que hubiese estado treinta días en casa designada por el juez, fuera de cualquiera influencia del tutor.
Artículo 73.- La disposición contenida en el artículo inmediato anterior es aplicable al curador y a los descendientes de éste y a los del tutor.
Artículo 74.- Si el matrimonio llegare a celebrarse en contravención a lo dispuesto en los dos artículos inmediatos anteriores, el juez nombrará inmediatamente un tutor interino que reciba los bienes. El matrimonio será nulo si lo pidiese el tutoreado, y al tutor o curador se exigirán las responsabilidades que correspondan.
SECCION TERCERA
DE LOS MATRIMONIOS CONTRAIDOS FUERA DEL ESTADO
Artículo 75.- El matrimonio entre extranjeros celebrado fuera del territorio nacional, que sea válido con arreglo a las leyes del país en que se celebró, surtirá efectos legales en el Estado, siempre que los interesados comprueben ante la autoridad judicial que corresponda, en vía de jurisdicción voluntaria, que al celebrarlo no violaron las disposiciones contenidas en las fracciones de la III a la IX del artículo 69 de este código, observándose lo dispuesto en el artículo 54 del código del registro civil.
Artículo 76.- El matrimonio celebrado fuera del territorio nacional entre mexicanos, o entre un
mexicano y otra persona que sea extranjera, producirá efectos legales en Yucatán, si se prueba que en el acto se observaron las formas y requisitos que en el lugar de su celebración establezcan las leyes, y que los mexicanos no contravinieron las disposiciones de los artículos del 69 al 73 de este código.
Artículo 77.- Tratándose de mexicanos domiciliados en el Estado que contraigan matrimonio fuera de él, en caso de urgencia que no permita ocurrir a las autoridades de Yucatán, podrán suplir el consentimiento de los ascendientes las autoridades del Estado en que se celebre, o siendo fuera de la república, el ministro o cónsul mexicano, o quien haga sus veces conforme a los tratados internacionales.
Artículo 78.- En caso de peligro de muerte próxima, y no habiendo en el lugar ministro o cónsul, ni quién haga sus veces, el matrimonio será válido siempre que se justifique que concurrieron esas circunstancias.
Artículo 79.- Si el caso previsto en el artículo inmediato anterior ocurriere en el mar, a bordo de un buque nacional o extranjero, regirá lo dispuesto en dicho artículo, pero autorizando el acto el capitán o patrón del buque.
Artículo 80.- Las personas comprendidas en los cuatro artículos inmediatos anteriores, dentro de los tres meses de su llegada al Estado, deberán acreditar ante las autoridades judiciales, que concu rren en su matrimonio los requisitos establecidos en los citados artículos.
Artículo 81.- Si la sentencia dictada en el procedimiento a que alude el artículo inmediato anterior, fuere en el sentido de declarar válido el matrimonio, se enviará copia de ella al oficial del registro civil que corresponda, para que éste proceda a inscribirla en el libro respectivo.
Artículo 82.- Si la inscripción a que se refiere el artículo inmediato anterior fuere hecha después del término fijado en el artículo 80 de este código, el oficial del registro civil ante quien se haga, impondrá a los cónyuges una sanción equivalente al doble del salario mínimo vigente en la zona.
SECCION CUARTA
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO
Artículo 83.- Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, a vivir juntos y a contribuir, en lo que a cada uno corresponda, para los fines del matrimonio.
Artículo 84.- El marido debe dar alimentos a la mujer y hacer todos los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar; pero si la mujer tiene bienes propios, desempeña algún trabajo o ejerce alguna profesión, oficio o comercio, deberá también contribuir para los gastos de la
familia, en proporción a sus ingresos, sin exceder del cincuenta por ciento de dichos gastos a no ser que el marido estuviese inposibilitado para trabajar y careciese de bienes propios, pues entonces todos los gastos serán de cuenta de la mujer y se cubrirán con bienes de ella.
Artículo 85.- Cada uno de los cónyuges tiene derecho preferente sobre los bienes propios y los productos e ingresos del otro, para los gastos de su alimentación y la de sus hijos, pudiendo pedir el aseguramiento de bienes por una cuantía necesaria para hacer efectivo este derecho.
Artículo 86.- La responsabilidad del hogar recae en ambos cónyuges, siendo el acuerdo entre ellos el que debe prevalecer, tanto en lo doméstico como en la educación de los hijos, salvo que alguno de los consortes sea de notoria mala conducta.
Artículo 87.- El marido y la mujer menores de dieciocho años tendrán la administración de sus bienes; pero necesitarán autorización judicial para enajenarlos o gravarlos, y un tutor para sus negocios judiciales.
Artículo 88.- El marido y la mujer durante el matrimonio, podrán ejercer los derechos y accion es que tengan el uno en contra del otro; pero la prescripción entre ellos no corre mientras dure el matrimonio.
SECCION QUINTA
DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO
Artículo 89.- Son causas de nulidad del matrimonio:
I.- El error acerca de la persona con quie n se contrae, cuando intentando un cónyuge celebrar matrimonio con persona determinada, lo contrae con otra.
II.- Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo alguno de los impedimentos enumerados en el artículo 69 de este código.
III.- Que se haya celebrado contraviniendo lo dispuesto en los artículos del 60 al 63 de este código.
Artículo 90.- La acción de nulidad que nace de error, sólo puede deducirla el cónyuge engañado; pero si éste no denuncia el error dentro de los tres días siguientes a aq uél en que lo advierta, se tendrá por ratificado el consentimiento y queda subsistente el matrimonio.
Artículo 91.- La falta de la edad requerida para contraer matrimonio dejará de ser causa de nulidad:
II.- Cuando, aún no habiendo descendencia, el menor hubiere llegado a la edad que fija el artículo 55 de este código.
Artículo 92.- La nulidad por falta de consentimiento de los ascendientes sólo podrá alegarse por aquél a quien tocaba prestar dicho consentimiento, y dentro de treinta días contados desde que tenga conocimiento del matrimonio.
Artículo 93.- Cesa la causa de nulidad a que se refiere el artículo inmediato anterior:
I.- Si han pasado los treinta días que se conceden para intentar la acción.
II.- Si dentro de ese término, el ascendiente ha consentido expresamente en el matrimonio o tácitamente, haciendo donación al hijo en consideración al matrimonio, recibiendo a los consortes a vivir en su casa, presentando a los hijos del matrimonio al registro civil, o practicando otros actos que a juicio del juez, sean tan conducentes al efecto como los expresados.
Artículo 94.- La nulidad por falta de consentimiento del tutor podrá ser pedida por éste dentro del término de treinta días; pero dicha causa de nulidad cesará si antes de presentarse demanda sobre ella, se obtiene la ratificación del tutor, o se suple el consentimiento de éste en la forma establecida en el artículo 58 de este código, aún después de verificado el matrimonio.
Artículo 95.- La acción de nulidad que nace por el parentesco a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 69 de este código, puede ejercitarse por cualquiera de los cónyuges, por sus ascendientes, sus descendientes o por el ministerio público.
Artículo 96.- La nulidad proveniente del atentado contra la vida de alguno de los cónyuges para casarse con el que quede libre, puede ser deducida por los descendientes del cónyuge víctima del atentado, por sus ascendientes o por el ministerio público, dentro del término de seis meses, contados desde que se celebró el nuevo matrimonio.
Artículo 97.- La fuerza o miedo graves serán causa de nulidad del matrimonio, si concurren las circunstancias siguientes:
I.- Que una u otro importen peligro de perder la vida, el honor, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes.
II.- Que el miedo haya sido causado, o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria potestad o tutela, al celebrarse el matrimonio.
III.- Que uno y otra hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad, sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado, dentro de sesenta días contados desde la fecha en que cesó la violencia o la intimidación.
Artículo 98.- La nulidad que se funde en alguna de las causas expresadas en la fracción VII del artículo 69 de este código, sólo puede ser pedida por los cónyuges, dentro del término de sesenta días, contados desde que se celebró el matrimonio.
Artículo 99.- Tienen derecho de pedir la nulidad a que se refiere la fracción VIII del artículo 69 de este código, el otro cónyuge o el tutor especial que para el efecto se nombre al cónyuge afectado, si éste estuviere incapacitado.
Artículo 100.- El vínculo de un matrimonio anterior, existente al tiempo de contraerse el segundo, anula éste, aunque se contraiga de buena fe, creyéndose fundadamente que el consorte anterior había muerto. La acción que nace de esta causa, puede deducirse por el cónyuge del primer matrimonio, por sus hijos o herederos y por los cónyuges que contrajeron el segundo o por el ministerio público.
Artículo 101.- La nulidad que se funda en la falta de formalidades esenciales para la validez del matrimonio, puede alegarse por los cónyuges y por cualquiera que tenga interés en probar que no hay matrimonio.
También podrá declararse a instancia del ministerio público.
Artículo 102.- No procederá la demanda de nulidad por falta de formalidades en el acta de un matrimonio celebrado ante un oficial del registro civil, cuando a la existencia de dicha acta se una la posesión de estado matrimonial.
Artículo 103.- El derecho para demandar la nulidad de un matrimonio sólo compete a quienes la ley lo concede expresamente, y no es transmisible por herencia ni de cualquiera otra manera. Sin embargo, los herederos podrán continuar la demanda de nulidad entablada por aquél a quien hereden.
Artículo 104.- Ejecutoriada la sentencia que declare la nulidad de un matrimonio, el tribunal, de oficio, enviará copia certificada de ella al oficial del registro civil ante quien pasó el matrimonio, para que al margen del acta ponga nota circunstanciada en que consten: la parte resolutiva de la sentencia, su fecha y el tribunal que la pronunció. La copia será depositada en el archivo.
Artículo 105.- Todo matrimonio tiene en su favor la presunción de ser válido, sólo se
considerará nulo, cuando así lo declare una sentencia que cause ejecutoria.
Artículo 106.- Los cónyuges no pueden celebrar transacción ni compromiso en árbitros, acerca de la nulidad del matrimonio.
Artículo 107.- El matrimonio contraído de buena fe, aunque sea declarado nulo, produce todos sus efectos civiles en favor de los cónyuges, mientras dure; y en todo tiempo, en favor de los hijos nacidos antes de la celebración del matrimonio, durante él y trescientos días después de la declaración de nulidad, si no se hubiesen separado los consortes, o desde su separación en caso contrario.
Artículo 108.- Si ha habido buena fe de parte de uno solo de los cónyuges, el matrimonio produce efectos civiles únicamente respecto de él y de los hijos. Si ha habido mala fe de parte de ambos cónyuges, el matrimonio produce efectos legales solamente respecto de los hijos.
Artículo 109.- La buena fe se presume, y para destruir esta presunción se requiere prueba plena.
Artículo 110.- Si la demanda de nulidad fuere entablada por uno solo de los cónyuges, se dictarán desde luego las medidas provisionales que establece el artículo 199 de este código.
Artículo 111.- Si de parte de ambos cónyuges hubiese habido buena fe, y a falta de convenio especial celebrado por los interesados, y una vez que la sentencia sobre nulidad cause ejecutoria, los hijos menores de catorce años, quedarán bajo la patria potestad de ambos cónyuges y al cuidado de la madre, salvo que alguno de los cónyuges se dedicare a la prostitución, al lenocinio, usare indebida y persistentemente las substancias a que se refiere la fracción VII del artículo 69 de este código, tuviere alguna enfermedad contagiosa, o por su conducta ofreciere peligro grave para la salud o la moralidad de sus hijos, en cuyo caso el cónyuge responsable perderá el derecho que le otorga este precepto.
Los hijos mayores de 14 años, permanecerán a su elección, con el padre o con la madre, salvo que el elegido se encuentre en alguno de los supuestos invocados en la parte final del párrafo anterior.
Artículo 112.- Si uno solo de los cónyuges ha procedido de buena fe, quedarán todos los hijos a su cuidado y bajo su patria potestad.
Artículo 113.- Lo prevenido en los dos artículos precedentes es sin perjuicio de la obligación que tienen ambos cónyuges de contribuir para los gastos de alimentación y educación de sus hijos, en la forma que disponga la sentencia.
Artículo 114.- Declarada la nulidad del
matrimonio, se procederá a la división de los bienes comunes en los términos de la sección sexta de este capítulo. Los productos repartibles, si los dos cónyuges hubieren procedido de buena fe, se dividirán por mitad entre ellos, o en la forma dispuesta en las capitulaciones matrimoniales, si las hubiere; si sólo hubiere habido buena fe por parte de uno de los cónyuges, a éste corresponderán íntegramente esos productos. Si ha habido mala fe de parte de ambos cónyuges, los productos se aplicarán en favor de los hijos, y si no los hubiese, se repartirán en proporción a lo que cada consorte llevó al matrimonio.
Artículo 115.-Si al declararse la nulidad del matrimonio, la mujer estuviere encinta, se dictarán las medidas de precaución a que se refiere el capítulo I del título quinto del libro cuarto de este código.
Artículo 116.-Es ilícito, pero no nulo, el matrimonio contraído sin que haya transcurrido el término fijado en el artículo 71 de este código. Los cónyuges que a sabiendas den motivo a la ilicitud a que este artículo se refiere, incurrirán en la sanciones señaladas en el artículo 203 del código de defensa social del Estado.
SECCION SEXTA
DE LOS BIENES DE LOS CONSORTES DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 117.-El matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. La sociedad conyugal puede ser convencional o legal. Si en el acta matrimonial no se hiciere mención del régimen, se entenderá celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes.
Los cónyuges están obligados a presentar una copia certificada del acta en que conste la constitución de la sociedad conyugal y de las capitulaciones matrimoniales, en su caso, al registro público de la propiedad del Estado, para su inscripción.
Artículo 118.-La sociedad convencional se regirá estrictamente por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan. Todo lo que no estuviere expresado en ellas de un modo terminante, se regirá por los preceptos contenidos en los artículos del 137 al 173 de este código.
Artículo 119.-La sociedad conyugal, sea convencional o legal, se regirá por las disposiciones relativas a la sociedad común, en todo lo que no estuviere comprendido en esta sección.
Artículo 120.-La sociedad conyugal, sea convencional o legal, nace desde el momento en que se celebra por la voluntad de los cónyuges.
Artículo 121.-La sociedad convencional puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio, si así está convenido en las capitulaciones o por acuerdo de los cónyuges.
Artículo 122.-La sociedad legal termina por la disolución del matrimonio, por voluntad expresa de los consortes y por sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente.
Artículo 123.-Puede también terminar la sociedad conyugal durante el matrimonio, a petición de alguno de los cónyuges, por los siguientes motivos:
I.- Si el socio administrador, por su notoria negligencia o torpe administración, amenaza arruinar a su consocio o disminuir considerablemente los bienes comunes.
II.- Cuando el socio administrador hace cesión de bienes a sus acreedores, o es declarado en quiebra, estado de concurso o de suspensión de pagos.
Artículo 124.-La separación de bienes, hecha durante el matrimonio, puede terminar, suspender o modificar la sociedad conyugal, según convengan los cónyuges.
Artículo 125.-El abandono injustificado del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad legal, en cuanto le favorezcan; éstos no podrán comenzar de nuevo sino por convenio expreso.
Artículo 126.-La administración de los bienes de la sociedad conyugal reside en ambos consortes en los términos establecidos en este código, salvo convenio en contrario.
DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES
Artículo 127.-Se llaman capitulaciones matrimoniales los pactos que los esposos celebran para constituír, ya sea separación de bienes, la sociedad convencional, sociedad legal, así como para determinar la forma de administrar los bienes. Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o durante él; y pueden comprender no sólo los bienes de que sean dueños los consortes al tiempo de celebrarlas sino también los que adquieran después.
Artículo 128.-En las capitulaciones matrimoniales en que se pacte la separación de bienes durante el matrimonio, se observarán las formalidades exigidas para la transmisión de los bienes de que se trate.
Artículo 129.-Las capitulaciones no pueden alterarse ni revocarse después de la celebración del matrimonio, sino en los mismos términos que los demás contratos.
Artículo 130.-El menor de dieciocho años que con arreglo a la ley pueda contraer matrimonio, podrá también otorgar capitulaciones, las cuales serán válidas si a su otorgamiento concurren las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio.
DE LA SOCIEDAD CONVENCIONAL
Artículo 131.-Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad convencional, deben contener:
I.- La lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte lleve a la sociedad, con expresión de su valor y de los gravámenes que reporten.
II.- La lista especificada de los bienes muebles que cada consorte introduzca a la sociedad.
III.- Nota pormenorizada de las deudas que tenga cada cónyuge al celebrar el matrimonio, con expresión de si la sociedad ha de responder de ellas, o únicamente de las que se contraigan durante el matrimonio, ya sea por ambos consortes o por cualquiera de ellos.
IV.- La declaración expresa de si la sociedad ha de comprender todos los bienes de cada consorte o sólo parte de ellos, precisando en este último caso cuáles son los bienes que hayan de entrar a la sociedad.
V.- La declaración explícita de si la sociedad ha de comprender todos los bienes de los consortes, o solamente sus productos.
En uno y en otro caso se determinará con toda claridad la parte que en los bienes o en sus productos corresponda a cada cónyuge.
VI.- La declaración de si el producto del trabajo de ca da consorte corresponde exclusivamente al que lo ejecutó, o si debe dar participación de ese producto al otro consorte y en qué proporción.
VII.- La declaración terminante acerca de quién debe ser el administrador de la sociedad, expresándose con claridad las facultades que se le conceden.
VIII.- La declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges durante el matrimonio, pertenecen exclusivamente al adquirente, o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción.
IX.- Las bases para liquidar la sociedad.
Artículo 132.-Es nula toda capitulación en cuya virtud uno de los consortes haya de percibir todas las utilidades; así como la que establezca que alguno de ellos sea responsable por las pérdidas y deudas comunes en una parte que exceda a la que proporcionalmente corresponda
a su capital o a las utilidades que deba percibir.
Artículo 133.-Cuando se establezca que uno de los consortes sólo deba recibir una cantidad fija, el otro consorte o sus herederos deberán pagar la suma convenida, haya o no utilidades en la sociedad.
Artículo 134.-Los acreedores que no hubieren tenido conocimiento de los términos en que estuviere constituida la sociedad convencional, por no haberse registrado, podrán ejercitar sus acciones conforme a las reglas de la legal; pero el consorte que en virtud de las capitulaciones no deba responder de aquella deuda, conservará a salvo sus derechos para cobrar la parte que le corresponde, de los gananciales del otro consorte, y si éstos no alcanzaren, de los bienes propios de éste.
Artículo 135.-Todo pacto que importe cesión de una parte de los bienes propios de cada contrayente, será considerado como donación.
DE LA SOCIEDAD LEGAL
Artículo 136.-La sociedad legal queda constituida con la simple declaración que los cónyuges hagan ante el oficial del registro civil de ser su voluntad que los bienes aportados al matrimonio y los que en adelante adquieran, se rijan por este sistema.
Artículo 137.-En la sociedad legal, son propios de cada cónyuge:
I.- Los bien es de que era dueño al tiempo de celebrarse el matrimonio, y los que poseía antes de éste, aunque no fuere dueño de ellos, si los adquiere por prescripción durante la sociedad.
II.- Los bienes que durante la sociedad adquiera cada cónyuge por don de la fortuna, por donación de cualquiera especie, por herencia o por legado, constituido a favor de uno solo de ellos. Cuando las donaciones fueren onerosas, se deducirá del capital del cónyuge que las reciba, el importe de las cargas que hayan sido soportadas por la sociedad.
III.- Los bienes adquiridos por cualquier título propio que sea anterior al matrimonio, aunque la prestación se haya hecho después de la celebración de él. Los gastos que se hubieren causado para hacer efectivo el título, serán a cargo del dueño de éste.
IV.- Los adquiridos por venta o permuta de sus bienes raíces y los adquiridos con el precio de la venta de otros también raíces de su propiedad.
V.- Lo que cada cónyuge adquiera por la consolidación de la propiedad y el usufructo, siendo a su cargo los gastos que se hubieren hecho.
VI.- Las cantidades cobradas por los plazos
vencidos durante el matrimonio, si alguno de los cónyuges tuviere derecho a una prestación exigible en plazos, que no tenga el carácter de usufructo.
VII.- El tesoro encontrado casualmente.
Artículo 138.-Forman el fondo de la sociedad legal:
I.- Todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges en el ejercicio de una profesión o actividad lícita, mercantil o industrial, o por cualquier trabajo.
II.- Los bienes que provengan de herencia, legado o donación hechos a ambos cónyuges sin designación de partes. Si hubiere designación de partes, y éstas fueren desiguales, sólo serán comunes los frutos de la herencia, legado o donación.
III.- El capital sa cado de la masa común de bienes para adquirir fincas por cualquier título que nazca de derecho propio de alguno de los cónyuges, anterior al matrimonio.
IV.- El precio de las refacciones de crédito y el de cualesquiera mejora y reparaciones hechas en fin cas o créditos propios de uno de los cónyuges.
V.- El exceso o diferencia de precios dados por uno de los cónyuges en venta o permuta de bienes propios para adquirir otros en lugar de los vendidos o permutados.
VI.- Los bienes adquiridos por título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los consortes.
VII.- Los frutos, accesiones, rentas e intereses percibidos o devengados durante la sociedad, procedentes de los bienes comunes o de los propios de cada uno de los consortes.
VIII.- Lo adquirido por razón de usufructo.
IX.- Los edificios construidos durante la sociedad con fondos de ella, sobre suelo propio de alguno de los cónyuges, a quien se abonará el valor del terreno.
X.- Las cabezas de ganado que excedan en número de las que al celebrarse el matrimonio fueron propias de alguno de los cónyuges.
XI.- Los frutos pendientes al disolverse la sociedad, que se dividirán en proporción al tiempo que ésta haya durado en el último año. Los años se computarán desde la fecha de la celebración del matrimonio.
XII.- El tesoro encontrado por industria de cualquiera de los cónyuges.
Artículo 139.-Se reputan adquiridos durante la sociedad los bienes que alguno de los cónyuges debió adquirir como propios durante ella, y que no fueron adquiridos sino después de disuelta, ya por no haberse tenido noticia de ellos, ya por haberse dificultado injustamente su adquisición o goce.
Artículo 140.-Serán del fondo social los frutos de los bienes a que se refiere el artículo inmediato anterior, que hubieren sido percibidos después de disuelta la sociedad y que debieron serlo durante ella.
Artículo 141.-No pueden renunciarse los gananciales durante el matrimonio; pero disuelto éste, o decretada la separación de bienes, pueden renunciarse los adquiridos, y vale la renuncia si se hace en escritura pública, otorgada después de treinta días de la separación o disolución. Esta disposición no es renunciable.
Artículo 142.-Todos los bienes que existan en poder de cualquiera de los cónyuges al hacerse la separación de ellos, se presumen gananciales, mientras no se pruebe lo contrario.
Artículo 143.-Ni la declaración de uno de los cónyuges que afirme ser suya una cosa, ni la confesión del otro, ni ambas juntas, se estimarán pruebas suficientes, aunque sean judiciales. En este caso, la confesión se considerará como donación, que no quedará confirmada sino por la muerte del donante.
Artículo 144.-El dominio, posesión y administración de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad.
Artículo 145.-Los bienes raíces pertenecientes al fondo social, no pueden ser obligados ni enajenados en modo alguno por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro. En los casos de oposición infundada podrá suplirse por decreto judicial el consentimiento del cónyuge disidente, previa su audiencia.
Artículo 146.-Ninguno de los cónyuges podrá tomar capitales prestados, sin el consentimiento del otro, cuando su importe exceda al equivalente de veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado.
Este consentimiento deberá hacerse constar en el documento de préstamo. Es nula toda obligación contraída con infracción de las disposiciones de este artículo.
Artículo 147.-Ninguno de los cónyuges puede aceptar ni repudiar la herencia común sin consentimiento del otro; pero el juez puede suplir este consentimiento, previa audiencia del disidente.
Artículo 148.-La responsabilidad de la aceptación sin la conformidad del otro cónyuge
o la autorización judicial, sólo afectará los bienes propios del aceptante y su mitad de gananciales.
Artículo 149.-Ninguna enajenación que de los bienes gananciales haga un cónyuge en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste ni a sus herederos.
Artículo 150.-Cualquiera de los cónyuges puede pagar con los gananciales los gastos ordinarios de la familia.
Artículo 151.-Las deudas contraídas durante el matrimonio por ambos cónyuges o por cualquiera de ellos en los términos del artículo 146 de este código, son carga de la sociedad legal.
Artículo 152.-Las deudas de cada cónyuge, anteriores al matrimonio, no son carga de la sociedad legal, a no ser en los casos siguientes:
I.- Si el otro cónyuge estuviere personalmente obligado.
II.- Si hubieren sido contraídas en provecho común de los cónyuges.
Artículo 153.-Quedan comprendidas entre las deudas de que habla el artículo que precede, las que provengan de cualquier hecho de los consortes, anterior al matrimonio, aun cuando la obligación se haga efectiva durante la sociedad.
Artículo 154.-Los créditos anteriores al matrimonio, en el caso de que el cónyuge obligado no tenga con qué satisfacerlos, sólo podrán ser pagados con los gananciales que le correspondan.
Artículo 155.-Son carga de la sociedad legal:
I.- Los atrasos de las pensiones o réditos devengados durante el matrimonio, con motivo de las obligaciones a que estuvieren afectos, tanto los bienes propios de los cónyuges, como los que forman el fondo social.
II.- Los gastos que se hagan en las reposiciones indispensables para la conservación de los bienes propios de cada cónyuge; los gastos que no fueren de esta clase, se imputarán al haber del dueño.
III.- Todos los gastos que se hicieren para la conservación de los bienes del fondo social.
IV.- El mantenimiento de la familia, la educación de los hijos comunes y la de los entenados que fueren menores de edad.
V.- Los gastos de inventarios y demás que se causen en la liquidación y en la entrega de los bienes que formaron el fondo social.
suspende en los casos señalados en los artículos 122, 123 y 124 de este código.
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
Artículo 157.-En los casos de nulidad del matrimonio, cuando los dos cónyuges procedieron de buena fe, subsistirá la sociedad hasta que cause ejecutoria la sentencia. Si uno solo de los cónyuges tuvo buena fe, subsistirá la sociedad también hasta que cause ejecutoria la sentencia, si ésto es favorable al cónyuge inocente; en caso contrario, la sociedad se considerará nula desde su principio.
Artículo 158.-Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, la sociedad se considerará nula desde la celebración del matrimonio, quedando en todo caso a salvo los derechos que un tercero tuviere contra el fondo social.
Artículo 159.-El cónyuge o cónyuges administradores darán cuenta de la administración de los bienes en los términos convenidos en las capitulaciones matrimoniales y faltando éstas, conforme a las prescripciones establecidas en este código para el caso de disolución de la sociedad legal.
Artículo 160.-En los casos de divorcio se procederá a la liquidación de la sociedad en los términos establecidos en este código.
Artículo 161.-En los casos de divorcio por mutuo acuerdo o de simple separación de bienes, se observarán para la liquidación los convenios que hayan celebrado los consortes y que fuesen aprobados por el juez, en caso de rebeldía de alguno de los cónyuges, el juez podrá ejecutarla.
Artículo 162.-La disolución no producirá efecto respecto de los acreedores, sino desde la fecha en que se les notifique el fallo judicial.
Artículo 163.-Disuelta la sociedad, se procederá desde luego a formar el inventario, incluyéndose en forma detallada, no sólo los bienes que formaron la sociedad, sino los que deban traerse a colación.
Artículo 164.-Deben traerse a colación las cantidades pagadas por el fondo social y que sean carga exclusiva de los bienes propios de cada cónyuge, y el importe de las donaciones y de las enajenaciones que deban considerarse fraudulentas conforme al artículo 149 de este código.
Artículo 165.-No se incluirán en el inventario los efectos que formaban el lecho y vestidos de los consortes, que se entregarán desde luego a éstos o a sus herederos.
Artículo 166.-Terminado el inventario y tratándose de sociedad legal, se pagarán los
créditos que hubieren contra el fondo social; se devolverá a cada cónyuge lo que llevó al matrimonio y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los cónyuges por mitad. En caso de que hubiere pérdidas, el importe de éstas se deducirá por mitad de lo que cada consorte hubiere llevado a la sociedad; y si uno solo llevó el capital, de éste se deducirá el total de las pérdidas.
En el caso de sociedad convencional, se procederá como se haya establecido en las capitulaciones, y si nada se hubiera dispuesto al respecto, se aplicará lo ordenado en el párrafo anterior.
Artículo 167.-Tratándose de sociedad legal, en la liquidación de los gananciales, cada cónyuge tendrá derecho a la mitad, sea cual fuere el importe de los bienes que cada uno de ellos haya aportado al matrimonio, o adquirido durante él y aun cuando alguno de los dos haya carecido de bienes al tiempo de celebrarlo, salvo lo dis puesto en el artículo 114 de este código.
T ratándose de sociedad convencional, se procederá en los términos de las capitulaciones, y si nada se hubiera dispuesto en ellas al respecto, se aplicará lo ordenado en el párrafo anterior.
Artículo 168.-Las pérdidas o desmejoras de los bienes muebles no estimados, aunque provengan de caso fortuito, se pagarán de los gananciales, si los hubiere; en caso contrario, el dueño recibirá los muebles en el estado en que se hallen.
Artículo 169.-Los deterioros de los bienes inmuebles no son abonables en ningún caso al dueño, excepto los que provengan de culpa del cónyuge administrador, en cuyo caso se pagarán con cargo al fondo social.
Artículo 170.-Muerto uno de los cónyuges, continuará el que sobreviva en la posesión y administración del fondo social, con intervención del representante de la sucesión, mientras no se verifique la partición; salvo que hubieren existido matrimonios anteriores, que no hayan sido liquidados, en cuyo caso el albacea tendrá la posesión y administración de los bienes gananciales.
Artículo 171.-Cuando haya de ejecutarse simultáneamente la liquidación de las sociedades correspondientes a dos o más matrimonios contraídos por una misma persona, a falta de inventarios se admitirán las pruebas ordinarias para fijar el fondo de cada socio.
Artículo 172.-En caso de duda, se dividirá los gananciales entre las diferentes sociedades, en proporción al tiempo que hayan durado y al valor de los bienes propios de cada socio.
Artículo 173.-Todo lo relativo a la formación de inventarios y a las solemnidades de la partición y adjudicación de los bienes, se regirá por lo que disponga el código de procedimientos civiles.
DE LA SEPARACION DE BIENES
Artículo 174.-La separación de bienes puede establecerse por simple declaración al momento de celebrarse el matrimonio, y que se asentará en el acta, o por medio de capitulaciones matrimoniales.
Artículo 175.-En el régimen de separación de bienes, los cónyuges serán considerados como dos extraños en todo lo relativo a sus bienes.
Artículo 176.-En el caso del artículo inmediato anterior, los cónyuges conservan la propiedad, posesión y administración de sus bienes muebles e inmuebles y el goce de sus productos.
Artículo 177.- Cada cónyuge responderá de las deudas que contraiga antes y durante el matrimonio.
Artículo 178.-Si la separación de bienes se adopta por medio de capitulaciones matrimoniales, se observará lo dispuesto en los artículos del 127 al 130 de este código.
Artículo 179.- La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los puntos que no estén comprendidos en las capitulaciones de separación, se regirán por los preceptos que regulan la sociedad legal, a no ser que los esposos constituyan acerca de ellos sociedad co nvencional.
Artículo 180.-En el matrimonio sujeto al régimen de separación de bienes, cada uno de los consortes contribuirá a sostener los alimentos, la habitación, la educación de los hijos y demás cargas del matrimonio, según el convenio; y a falta de éste, en la forma prevista en el artículo 84 de este código.
Artículo 181.-Los bienes adquiridos en común por ambos cónyuges y respecto de los cuales no se haya hecho designación de parte, quedan sujetos a las reglas de la copropiedad, mientras no se practique la división de los mismos. Hecha ésta, cada uno de los cónyuges disfrutará exclusivamente de la parte que le corresponda.
Artículo 182.-La separación de bienes por convenio puede verificarse, en virtud de divorcio o por mutuo consentimiento.
Artículo 183.-En caso de divorcio por mutuo consentimiento, se observará lo que los cónyuges acordaren con aprobación del juez, o lo que hubiesen pactado en capitulaciones matrimoniales.
Artículo 184.-La separación de bienes por sentencia judicial tendrá lugar en los casos de ausencia y cuando alguno de los consortes fuere condenado a la pérdida de los derechos de familia, conforme al código de defensa social.
Artículo 185.-La sentencia ejecutoria que declare la separación, debe registrarse en el registro público de la propiedad.
CAPITULO IV DEL DIVORCIO
Artículo 186.-El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro.
Artículo 187.-El divorcio tendrá lugar:
I.- Por mutuo consentimiento.
II.- Por sentencia ejecutoria dictada con fundamento en alguna de las causas a que se refiere el artículo 194 de este código.
Artículo 188.-El divorcio por mutuo consentimiento sólo podrá pedirse cuando haya transcurrido un año, contado desde la celebración del matrimonio.
Artículo 189.-Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, no tengan hijos menores de edad, y de común acuerdo hubiesen liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, el divorcio se llevará a cabo por simple comparecencia ante el oficial del registro civil del lugar de su domicilio.
Artículo 190.-El divorcio obtenido en la forma establecida en el artículo anterior no surtirá efectos legales si se comprueba que los cónyuges no reunieron las condiciones a que se refiere dicho p recepto.
Artículo 191.-Si los cónyuges que pretenden divorciarse tuvieren hijos menores, presentarán al juzgado un escrito en que se fijen los siguientes puntos:
I.- Designación de la persona a quien sean confiados los hijos del matrimonio, tanto durante el procedimiento como después de consumado el divorcio.
II.- El modo de subvenir a las necesidades de los hijos, tanto durante el procedimiento como después de consumado el divorcio.
III.- La casa en que habitará cada cónyuge durante el procedimiento.
IV.- La cantidad que a título de alimentos un cónyuge debe pagar al otro, la forma de hacer el pago y la garantía que deba darse para asegurarlos durante el procedimiento y después de ejecutoriada la sentencia que aprobó las
