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“2015, AÑO DEL XL ANIVERSARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR”
DIP. EDA MARÍA PALACIOS MÁRQUEZ.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA XIV LEGISLATURA AL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
P R E S E N T E.-
El que suscribe, CIUDADANO DIPUTADO FRANCISCO JAVIER
ARCE ARCE, representante del XV Distrito Electoral, integrante de
esta XIV Legislatura al H. Congreso del Estado, presento a su distinguida consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Uno de los problemas más graves que enfrenta el sector pesquero sudcaliforniano es la pesca ilegal porque ocasiona sobreexplotación, captura de ejemplares juveniles y la utilización de artes de pesca prohibidas, lo cual significa fuertes pérdidas económicas para el sector y una amenaza para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos, así como para la sostenibilidad a largo plazo
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de la pesca y es uno de los principales problemas para la ordenación de los recursos pesqueros.
La pesca ilegal se contrapone a los esfuerzos que realizan los permisionarios o concesionarios de la actividad pesquera que aportan recursos y personal para la conservación y ordenamiento de los recursos pesqueros. La disminución de algunas especies pesqueras encuentra su explicación más clara, además de los fenómenos climáticos, en la elevación de los índices de la pesca ilícita.
Una de las acciones fundamentales para prevenirla y combatirla es la inspección y vigilancia pesquera. En la Constitución General de la República, en los acuerdos internacionales que México ha suscrito y en nuestra legislación interna se establece la obligación de llevarla a cabo, como parte de las medidas gubernamentales para la conservación y aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales.
La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables señala como objeto de la misma garantizar la conservación, la preservación y el aprovechamiento de los recursos pesqueros y establece las bases relativas a la inspección y vigilancia. El Artículo 21 de la Ley se señala lo siguiente:
ARTÍCULO 21.- Para las acciones de inspección y vigilancia, la Secretaría, con la participación que corresponda a la Secretaría de Marina, tendrá como función primordial la salvaguarda de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la prevención de infracciones administrativas.
La Secretaría, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la colaboración de los productores pesqueros y acuícolas, comunidades indígenas, los gobiernos municipales y otras instituciones públicas formulará, operará y evaluará el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, especialmente
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en las zonas sobreexplotadas y de repoblación, para enfrentarla con diversas acciones, así como para prevenir actos sancionados por la presente Ley y otras disposiciones aplicables.
La Secretaría dispondrá de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales necesarios para la ejecución de las acciones previstas en el Programa y promoverá la participación de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos de la distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren.
Sin embargo, esta responsabilidad ha ido abandonándose paulatinamente por la SAGARPA, quien a través de la CONAPESCA es la encargada de tal función. Según la página electrónica de la CONAPESCA, el Programa Nacional de Inspección y Vigilancia tiene los siguientes objetivos:
Establecer una acción contundente del Gobierno Federal para
combatir frontalmente la pesca, tránsito y comercio ilegal de productos de la pesca y la acuacultura.
Privilegiar la prevención con la participación de los tres ámbitos
de gobierno y corresponsabilidad de la sociedad a través de los productores.
Prevenir, combatir y sancionar la pesca y acuacultura ilegal de tal
manera que esta actividad ilícita se vuelva totalmente incosteable.
Incentivar y verificar el cumplimiento de la normatividad. Combatir la comercialización clandestina de especies.
Promover la creación de comités estatales de inspección y
vigilancia así como difundir el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros.
No obstante lo anterior, es una realidad que hoy existen problemas graves en materia de inspección y vigilancia en todo el país y especialmente en Baja California Sur, como falta de personal para
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realizarla eficientemente, más equipo para ello y mayor coordinación entre las diversas instancias que llevan a cabo tareas de vigilancia. Hasta hace pocos años se planteaba por la ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA
AGRICULTURA (FAO) que la pesca furtiva significaba hasta el 30% de
las capturas totales, pero se habla en el sector pesquero que ésta puede constituir más del 40%, lo cual tiene una grave repercusión en la sustentabilidad de las especies pesqueras y en la afectación grave del sector pesquero nacional.
En Baja California Sur siguen existiendo problemas en materia de inspección y vigilancia que afectan a los recursos marinos y en especial a los pescadores. Por citar un caso, actualmente sólo existen 5 inspectores de pesca para un litoral de más de 2,200 kilómetros, no obstante la diversidad de especies pesqueras de alto valor comercial, como langosta, abulón, camarón, pepino de mar, o las especies destinadas a la pesca deportiva, por citar algunas de ellas.
Como efecto de tales carencias hoy vivimos un problema muy fuerte de pesca ilegal en el litoral de la Pacífico Norte de nuestro Estado, dentro de la zona concesionada a las cooperativas que integran la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la Industria de la Baja California, las cuales en su mayoría se encuentran dentro del Área Natural Protegida Biosfera del Vizcaíno, las cuales se dedican a la captura de diversas especies como abulón, langosta y caracol, entre otras.
Estas cooperativas pesqueras capturan tales especies desde hace casi un siglo, primero a través de permisos y hace más de 25 años a través de concesiones y como parte de su responsabilidad social han
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coadyuvado al desarrollo y la creación de una gran parte de la infraestructura y servicios de sus comunidades, a la generación de empleos, así como en la ecocertificación de sus pesquerías, en la investigación pesquera y son factor importante en la captación de divisas para el país.
Además, en apoyo a la autoridad pesquera y ambiental, los cooperativistas de la Pacífico Norte han sido y son permanentes y celosos guardianes de las especies marinas de la zona, para lo cual apoyan a las autoridades federales con equipo y personal para la inspección y vigilancia.
Sin embargo, hoy más que nunca siguen resintiendo el impacto de la pesca ilegal. En el caso del abulón y la langosta desde hace varios lustros se extrae furtivamente más del 50% de esas especies sin distinguir época del año o etapa reproductiva, lo cual pone en riesgo la sustentabilidad de esas pesquerías y el ingreso de los pescadores y sus familias. En esta temporada de langosta se prevé una reducción de hasta el 40% de las capturas de las cooperativas, respecto a la temporada anterior, lo cual afectará de manera muy severa la economía de la región.
Es lamentable que para una extensión de más de 400 kilómetros de litoral de la zona concesionada sólo exista un inspector de pesca, lo cual es a todas luces insuficiente. Además, este inspector tiene su base en la Ciudad de La Paz, con lo cual ni siquiera reside de manera permanente en la zona. Por ello, uno de los reclamos más sentidos de los habitantes de la región Pacífico Norte es la deficiente y en ocasiones inexistente inspección y vigilancia pesquera.
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Además de la pesca ilegal que se sufre de manera permanente por pescadores furtivos que se asientan en la zona, o cercanos a ésta, ahora sufrimos la pesca furtiva que realiza la tripulación de barcos con permiso para camarón de altamar, procedentes de otras entidades, que durante seis meses realizan arrastre para la captura de dicho recurso en la misma zona concesionada a las cooperativas, sin ninguna limitación, porque sus permisos son para todo el litoral del Océano Pacífico y que se concentran en esa área porque a raíz del Fenómeno del Niño se han incrementado ahí las poblaciones de esa pesquería. El 10 de marzo de 2014, elementos de la Secretaría de Marina, inspectores de PROFEPA Y CONAPESCA, con apoyo logístico de pescadores de la Sociedad Cooperativa La Purísima, se detuvo en la región de Guerrero Negro a siete personas que a bordo del barco camaronero “Victoria X” se encontraban en posesión de mil nueve colas de langosta, recurso en veda, muchas de ellas de talla menor, extraídas de manera ilegal en las costas cercanas a la Bahía de Vizcaíno, lo cual, de acuerdo con el Código Penal Federal, requería el ejercicio de la acción penal y hasta el decomiso de la embarcación, dada la gravedad de las conductas.
Sin embargo, la embarcación, propiedad del Presidente de CANAINPESCA, fue liberada en los días siguientes junto con la mayoría de la tripulación. Es importante señalar que de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales en vigor en ese momento, esa conducta constituía delito grave, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, y por tanto quienes la cometieran no contaban con el beneficio de la libertad bajo caución. Sin embargo, los presuntos responsables fueron liberados de inmediato
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y la embarcación y las artes de pesca utilizadas en dicho ilícito fueron devueltas a su propietario.
En lugar de que se liberara esa embarcación con tanta rapidez y que volviera a pescar de inmediato, al igual que su tripulación, se debió aplicar la sanción más severa, así como la cancelación de los permisos respectivos, porque es inadmisible que una conducta de esta magnitud quedara en una multa simbólica. Lo único que pasó es que fue despedido el inspector de PROFEPA que llevó a cabo dicha actuación. Ante este tipo de problemas se suscribió el pasado 28 de julio de 2015 un convenio suscrito por la CONAPESCA, los productores de camarón de altamar y productores de langosta en la costa occidental de la Península de Baja California, en el que se comprometen a cuidar ambas pesquerías, establecen una ruta de navegación de los barcos camaroneros, regresar al mar las langostas capturadas incidentalmente y permitir que dichos barcos sean abordados para inspección por los socios de las cooperativas cuando el abordaje lo encabece un Oficial Federal de Pesca de la CONAPESCA, en lo cual ha habido resistencia por parte de las embarcaciones camaroneras.
No obstante todo lo anterior, este pasado lunes 23 de noviembre, en un operativo de inspección y vigilancia a solo 6 barcos camaroneros en la Bahía Sebastian Vizcaíno, se volvió a presentar el mismo problema: el barco “Indio Azteca”, procedente de otra entidad, propiedad de Juan Carranza, hermano del magnate pesquero Leovy Carranza, fue sorprendida con más de 20 kilogramos de pulpa de langosta, el equivalente a más de 1000 ejemplares, suponiendo que fueran de talla legal, capturadas ilegalmente dentro de la zona concesionada a la Cooperativa de Producción Pesquera La Purísima, lo cual son hechos
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constitutivos del delito ambiental en contra de la biodiversidad, previsto y sancionado por el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal.
Este barco con permiso de pesca para camarón de altamar, además de dicha langosta, traía a bordo trampas langosteras propiedad de la referida Cooperativa, todo lo cual han querido presentar como “captura incidental”, cuando es de todos conocido que el acto de su retención no es accidental, sino deliberado.
Pese a los hechos anteriores es claro y enérgico el mencionar que la tripulación así como la embarcación que se hace alusión en párrafos anteriores los cuales se encontraban detenidos en las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la Republica en el Estado, fueron liberados en días anteriores pese a la gravedad de los hechos delictivos.
Continuando con la problemática planteada, al problema de la pesca furtiva “tradicional” ahora se añade el de los barcos de la flota camaronera que arrastran en la zona concesionada a las cooperativas de la Pacífico Norte.
Según algunos cálculos realizados, en plena temporada de langosta en este año, desde el pasado mes de septiembre, más de 300 barcos están incursionando en la zona de trampas para langosta, dañándolas y posiblemente llevándose el producto, pues casualmente la producción anual se redujo drásticamente, lo que es el efecto de la pesca ilegal a gran escala de esta especie, que pareciera nadie la detiene. Por ello, demandamos de la CONAPESCA un combate enérgico y decidido contra quienes realizan esta pesca ilegal.
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Denunciamos desde esta Tribuna ante la autoridad pesquera que en un área tan reducida como es la zona concesionada a nuestras cooperativas, estén arrastrando actualmente hasta más de 300 barcos camaroneros de manera permanente, con las graves consecuencias biológicas que ello implica. Además, con un solo inspector, en el mejor de los casos, por lo cual es casi imposible detener la pesca ilegal en la zona.
Le pedimos a la CONAPESCA, que en la calificación y sanción de estas conductas ilícitas no haya impunidad para los pescadores furtivos, porque generan fuertes reacciones de protesta y desesperación de la población, lo cual pone en peligro la tranquilidad social. Exigimos que aquellos que sean capturados por la comisión de delitos penales y los que cometan infracciones a la Ley Pesquera sean sancionados con todo el rigor, sin permitir ningún tipo de influyentismo o amiguismo entre delincuentes o infractores y las autoridades.
Si la sociedad no encuentra respuesta de la autoridad a sus justos reclamos, se corre el peligro de que los pescadores busquen defender sus recursos concesionados, lo cual puede generar violencia y una afectación al Estado de Derecho. Recordamos que el pasado reciente han quedado impunes otros casos similares que han sido sorprendidos en flagrancia.
Por eso, desde aquí hacemos un enérgico llamado a la CONAPESCA, para que resuelva el problema de la pesca ilegal en la Pacífico Norte, en coordinación con las Secretarías de Marina y la PROFEPA, con el apoyo desde luego del Gobierno Estatal y Municipal, pero sobre todo, se dé la oportunidad de participar a los miembros del propio sector pesquero, de tal manera que se integre un frente común que atienda
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esta compleja problemática, con un combate decidido y frontal contra quienes cometen estos ilícitos, pero también que haya cero tolerancia para delincuentes e infractores.
Por otra parte, pero respecto al mismo problema que enfrenta el sector pesquero de Baja California Sur, es urgente también que el INAPESCA determine el esfuerzo pesquero óptimo de las embarcaciones camaroneras que pueden operar en la zona, ya que la aplicación de un esfuerzo pesquero de 300 embarcaciones ocasiona que el fondo sea arrastrado varias veces durante la temporada, afectando a organismos bentónicos en el área de influencia de la Reserva de la Biosfera el Vizcaíno.
La operación de 300 barcos camaroneros en el área genera gran cantidad de capturas incidentales para la pesca de camarón, pero que son especie objetivo para pescadores y organizaciones que operan en la zona, por lo que se hace necesario evaluar el impacto ecológico sobre estos recursos y el económico para los productores. La operación de tan elevado número de barcos camaroneros en el área genera interacciones con otras pesquerías de importancia comercial como lo son langosta, escama y tiburón y ocasiona daños en las artes de pesca de terceros, lo cual repercute económicamente sobre sus finanzas. Compañeras y compañeros Diputados:
Por los motivos anteriormente expuestos a ustedes y con fundamento en el artículo 105 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo para el Estado de Baja California Sur, en mi carácter de representante por XV distrito, presento a la consideración de esta Honorable Asamblea,
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solicitando respetuosamente su voto aprobatorio a esta proposición de:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- LA XIV LEGISLATURA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA, A QUE INSTRUMENTE DE MANERA INMEDIATA DURANTE LA ACTUAL TEMPORADA DE CAMARÓN DE ALTAMAR, UN PROGRAMA EMERGENTE DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA ZONA DE LA BAHÍA SEBASTIÁN VIZCAÍNO, EN EL LITORAL DEL OCÉANO PACÍFICO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS RELACIONADAS CON LA MATERIA, EN COORDINACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES Y EL SECTOR PESQUERO, PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA DE PESCA ILEGAL
QUE SE ESTÁ PRESENTANDO SOBRE LAS ESPECIES
CONCESIONADAS A LAS COOPERATIVAS DE LA ZONA, PRINCIPALMENTE POR LOS 300 BARCOS CAMARONEROS QUE SE ENCUENTRAN ARRASTRANDO EN DICHA ÁREA.
SEGUNDO.-LA XIV LEGISLATURA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA CONAPESCA, A QUE DENTRO DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LAS ACCIONES DE PESCA ILEGAL, DERIVADAS DEL ACTA DE INSPECCIÓN LEVANTADA EL
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PASADO 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CONTRA LA EMBARCACIÓN “INDIO AZTECA”, SE APLIQUEN CON TODO RIGOR LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, CONSIDERANDO LA GRAVEDAD DE TALES CONDUCTAS Y A EFECTO DE QUE NO SE PRESENTE NUEVAMENTE EL CASO DE QUE EMBARCACIONES CAMARONERAS QUE SEAN DETENIDAS POR LA PESCA ILEGAL
DE ESPECIES CONCESIONADAS, SEAN LIBERADAS DE
INMEDIATO Y SU TRIPULACIÓN CONTINÚE REALIZANDO ACTIVIDADES PESQUERAS EN LA MISMA ZONA.
TERCERO.- LA XIV LEGISLATURA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DELEGADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO, PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE INTEGRE LA AVERIGUACIÓN PREVIA E INSTAURE PROCEDIMIENTO PENAL A LOS TRIPULANTE DE LA EMBARCACIÓN “INDIO AZTECA”, ASÍ COMO TAMBIÉN SEA DETENIDA Y DECOMISADA DICHA EMBARCACIÓN COMO INSTRUMENTO DEL HECHO
DELICTIVO Y SE EJERCITE LA ACCIÓN PENAL
CORRESPONDIENTE.
CUARTO.- LA XIV LEGISLATURA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR DEL INAPESCA EN EL ESTADO, PARA QUE INICIE DE INMEDIATO UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EVALUAR EL IMPACTO ECOLÓGICO Y ECONÓMICO QUE SIGNIFICA EL
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ARRASTRE DE ALREDEDOR DE 300 EMBARCACIONES
CAMARONERAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA EL VIZCAÍNO, ASÍ COMO PARA DETERMINAR EL ESFUERZO PESQUERO MÁXIMO DE LAS EMBARCACIONES DE CAMARÓN DE ALTAMAR PARA DICHA ZONA, TODA VEZ QUE EL ESFUERZO PESQUERO QUE AHÍ SE CONCENTRA OCASIONA UN GRAVE DAÑO A LOS ORGANISMOS BENTÓNICOS Y PORQUE RESULTA OBVIO QUE EL ACTUAL ESFUERZO PESQUERO QUE AHÍ SE CONCENTRA, CON UNA DURACIÓN DE SEIS MESES, SUPERA AMPLIAMENTE LA CAPACIDAD DE CARGA DE ESE ECOSISTEMA Y GENERA INTERACCIONES NEGATIVAS CON OTRAS PESQUERÍAS DE IMPORTANCIA COMERCIAL.
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR A LOS TRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
