HIDROELECTRICAS E IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES CASO DE
ESTUDIO: HIDROELECTRICA ITUANGO
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF HYDROELECTRIC
PROJECTS CASE STUDY: HIDROELECTRICA ITUANGO
Torres, María Adelaida, Caballero, José Humberto, Awad, Gabriel.
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Resumen
La construcción de proyectos de infraestructura, como las hidroeléctricas, tiene un alto impacto socio ambiental sobre las comunidades que habitan área de influencia de los mismos. A partir de la construcción del proyecto Hidroeléctrico Ituango, que será el mayor generador de energía eléctrica en Colombia, se pretende identificar los impactos socio ambientales, asociados a cambios en el uso del suelo, que se presentan en las zonas cercanas a las obras principales del proyecto, analizando cómo ha sido la gestión para mitigarlos. Inicialmente se presenta una descripción del proyecto hidroeléctrico. Luego, se explica la metodología para la identificación y análisis de los impactos generados durante la construcción del proyecto. Finalmente, se realiza un análisis de los resultados y se concluye que, los estudios ambientales del proyecto hidroeléctrico solo contienen una descripción general de lo que se realizará en los programas y proyectos, sin incluir actividades puntuales para cada impacto. Además, la falta de información sobre las características del proyecto y los impactos socio ambientales que genera, y las medidas planteadas del Plan de Manejo Ambiental, que se evidenciaron en la recolección de información primaria, permite concluir que las medidas de gestión han quedado cortas frente a la magnitud y las problemáticas que ha generado el proyecto.
Palabras claves:
Impactos socio ambientales, gestión de proyectos, evaluación ambiental de proyectos, proyectos de infraestructura.
Abstract
electricity in Colombia, it seeks to identify the social and environmental impacts associated with changes in land use, which occur in areas close to the main works project analyzing how it has been managing to mitigate them. First, a description of the project is presented. Then, the methodology for the identification and analysis of the impacts is explained. Finally, an analysis of the results is made and it is concluded that environmental studies only contain the description of what is done in the programs and projects, without include specific activities for each impact. Also, the lack of information on the characteristics of the project and the social and environmental impacts generated, and the measures proposed in the Environmental Management Plan, which were found in the collection of primary information to the conclusion that management measures have fallen short given the magnitude and the problems generated by the project.
Keywords:
Social and environmental impacts, project management, environmental assessment of projects, infrastructure projects.
Introducción
Los proyectos de infraestructura son obras que se realizan para garantizar el equipamiento social general, permitiéndole a la sociedad disponer de los recursos y los servicios que necesita para su desarrollo. Sin embargo, la construcción de proyectos de gran envergadura, como las hidroeléctricas, generan una amplia gama de impactos socio ambientales, entendidos como la alteración que introduce una acción humana en su entorno (1). Algunos de los impactos más significativos generan las represas son los cambios en el clima local, aumentando la temperatura del aire, las precipitaciones y la niebla (2); la migración y el reasentamiento de las personas cercanas a los sitios de presas, los cambios en la economía rural y la estructura del empleo, los efectos sobre la infraestructura y la vivienda; así como impactos sobre aspectos como la cultura, las relaciones sociales, las relaciones de género y la salud (3).
En Colombia, la generación del 82,4% de la energía eléctrica se encuentra concentrada en tres regiones: Antioquia, Centro, y la Costa Atlántica. Debido a las condiciones geográficas del Departamento de Antioquia y la riqueza en recursos hídricos, allí se genera casi un tercio de la energía del país, contando en el 2010, con 45 centrales hidroeléctricas en operación, con una capacidad de 3,803 MW (4). El caso de estudio analizado es la construcción del proyecto Hidroeléctrica Ituango, que con 2400 MW será el de mayor capacidad de generación del país. Está ubicado al norte del Departamento de Antioquia, afectando a doce municipios e inundará 3800 ha (5). El responsable de la construcción del proyecto es Empresas Públicas de Medellín (EPM).
desarrollo de actividades económicas (6). Considerando las potencialidades en generación de energía eléctrica del país y particularmente del departamento de Antioquia, es importante estudiar los impactos socio ambientales que estas obras generan, como base para la planeación de nuevas obras que se desarrollen en el futuro. Aunque un proyecto de esta magnitud genera diversos impactos socio ambientales, este artículo solo considera los impactos asociados a cambios en el uso del suelo, ya que el análisis presentado se deriva de la tesis de maestría titulada “Análisis de nuevas dinámicas territoriales por proyectos de infraestructura y su influencia en la generación de conflictos socio ambientales. Caso de estudio: Hidroituango”, presentada para acceder al título de Magister en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Para el desarrollo de la investigación se aportaron recursos a través de la beca ISA, convenio Interconexión Eléctrica S.A E.S. P. y la Universidad Nacional de Colombia, y a través del proyecto MGSAI, convenio Universidad Nacional-Departamento de Antioquia.
El objetivo del artículo es identificar los impactos socio ambientales, asociados a cambios en el uso del suelo, que se presentan en las zonas cercanas a las obras principales del proyecto Hidroeléctrico Ituango, analizando cómo ha sido la gestión para mitigar dichos impactos. El estudio se realizó considerando dos perspectivas: desde la empresa ejecutora del proyecto y desde las comunidades.
Inicialmente se presenta una descripción del proyecto hidroeléctrico, que incluye sus principales características, como la localización, las dimensiones y el tipo de unidades de generación, las obras complementarias y un acercamiento a las características sociales, culturales y económicas de las comunidades que habitan el área de influencia del proyecto. Luego se procede a explicar en la metodología la forma cómo se realizó la identificación y análisis de los impactos que ha generado la construcción del proyecto y están asociados a cambios en el uso del suelo. En seguida, se presentan en los resultados y la discusión, la problemática alrededor de dichos impactos, cómo han afectado a las comunidades más cercanas a las zonas de obras, y cómo ha sido la gestión de los mismos.
Caso de estudio: Hidroeléctrica Ituango
El Río Cauca es un eje fundamental de las dinámicas de poblamiento y de desarrollo en varias regiones de Colombia. Se localizan en esta cuenca parte de la industria azucarera, la mayor parte de la zona cafetera, las zonas de desarrollo minero del bajo Cauca y un sector importante de la industria manufacturera del occidente del país. El 70% de la población colombiana vive en la cuenca del río, concentrada en el Valle del Cauca, Antioquia y el Eje Cafetero (7). Desde la década del sesenta, se comenzaron a hacer estudios que permitieran identificar el potencial hidroeléctrico del río. En 1983 se realizó un estudio que demostraba la factibilidad de construir una hidroeléctrica en la zona conocida como el Cañón del Cauca, comenzando la construcción en el año 2009, cuando la autoridad competente otorgó la licencia ambiental (8).
Las obras principales del proyecto están localizadas en ambas márgenes del río Cauca entre las desembocaduras del río San Andrés y el río Ituango, ubicada al norte del Departamento de Antioquia, a 170 km por carretera de Medellín. En las Figuras 1 y 2 se puede observar la ubicación del proyecto en el plano internacional, nacional y en el Departamento de Antioquia. El proyecto afecta de manera directa territorios de doce municipios: Santa Fé de Antioquia, Olaya, Liborina, Buritica, Sabanalarga, Peque, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Ituango, Briceño, Yarumal y Valdivia (5).
El proyecto aprovecha un caudal de 1.000m3/s. La presa, con una altura de 225 m y una capacidad de 20 millones m3, comprende una presa de enrocado con núcleo de tierra. Así mismo, se cuenta con obras para descargas de fondo e intermedia y un vertedero en canal abierto con capacidad de 22.600m³/s para evacuación de crecientes.Las obras de la central, localizadas en el macizo rocoso de la margen derecha, comprenden la caverna principal de la casa de máquinas, donde se alojan ocho unidades de 300 MW de potencia nominal cada una, con turbinas tipo Francis, generadores sincrónicos de eje vertical, equipos auxiliares electromecánicos y de control, sala de control, sala de montaje, y edificios de oficinas. Cada unidad de generación es alimentada por un túnel de conducción, que se inicia en una excavación sobre la margen derecha, en donde se ubica el conjunto de las ocho captaciones. Los túneles están provistos de compuertas de cierre, instaladas en pozos verticales cercanos a las captaciones. En el exterior se tiene la subestación principal, de tipo encapsulada a 500 kV, a la cual llegan los cables de potencia aislados a 500 kV mediante un pozo inclinado.
Así mismo, cuenta con una caverna de transformadores monofásicos por grupo y dos cavernas de almenaras, una para cada cuatro unidades, que mediante túneles de descarga retornan el agua al río Cauca, a 1.400m aguas abajo de las captaciones. Complementan el proyecto otras obras asociadas, como el túnel de acceso a la casa de máquinas, el túnel de ventilación y salida de emergencia, los pozos de aireación de las almenaras y de extracción de humos, así como obras de infraestructura: vías de acceso, campamentos, línea de transmisión y subestación de construcción (9).
Dentro del proyecto se incluyen dos túneles para la desviación temporal del río Cauca, que se taponarán cuando sea construida la presa, un vertedero para evacuación de crecientes, controlado por cinco compuertas, y un túnel de descarga intermedia, para control del llenado del embalse y garantizar, en cualquier evento, la descarga hacia aguas debajo de la presa, de un caudal mínimo exigido por la autoridad ambiental, de 21m3/s.
Las obras principales del proyecto hidroeléctrico se ubican en una zona conocida como El Cañón del Cauca, caracterizado por unas agrestes condiciones ambientales, como se observa en la Figura 3. Las condiciones de alta pendiente y el clima determinan las actividades económicas que pueden desarrollarse en este territorio, donde predomina la agricultura, la pesca y la minería artesanal en la parte rivereña. Como parte de la adaptación de las comunidades al entorno se han desarrollado fuertes relaciones de vecindad y reciprocidad entre los mineros que intercambian mercancías con los campesinos de las partes medias y altas de la montaña, y los arrieros, que reparten mercancías por todo el territorio (5).
Figura 3. Cañón del Cauca. Fuente: (10).
Metodología
Para el desarrollo de la investigación, inicialmente se realizó una revisión de la literatura disponible sobre los impactos socio ambientales que generan los proyectos hidroeléctricos. Se consideraron fuentes académicas como revistas indexadas y fuentes de literatura gris, como informes de organizaciones sociales y estatales. A partir de esta información se identificaron los principales impactos que generaban este tipo de proyectos. Para el caso de estudio particular, fue necesario buscar los estudios ambientales asociados al proyecto y realizar los trámites pertinentes para acceder a los mismos, como las Licencias ambientales, el Estudio de Factibilidad, el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Gestión Social y los Informes de Cumplimiento Ambiental.
base para formular las preguntas de las entrevistas semiestructuradas, cuyo objetivo era comparar la información identificada en los estudios con la perspectiva de las personas y comunidades directamente afectadas por la obra. A partir del criterio de afectación se seleccionan dos municipios para realizar las visitas.
Los municipios más cercanos a la zona de obras como San Andrés de Cuerquia, Toledo, Ituango y Briceño, reciben los impactos directos por la construcción del proyecto, y considerando que Ituango posee la mejor infraestructura para recibir a la población que llega a trabajar en las obras, se selecciona ya que es uno de los más afectados. Así mismo, dentro de las obras complementarias necesarias para el proyecto, se incluye una vía de 37,855 km, que permita el acceso a la casa de máquinas por el corregimiento de Puerto Valdivia (5), considerando que esta vía será la de mayor longitud construida por el proyecto, se decidió seleccionar al Municipio de Valdivia.
El primer viaje se realizó al Municipio de Ituango en julio de 2013 y el segundo a Valdivia en octubre del mismo año. Se diseñó una entrevista semi estructurada, incluyendo preguntas que permitieran identificar la posición de los diferentes actores frente al proyecto y los principales impactos que se han generado desde que iniciaron las obras. Así mismo, se integró en la entrevista un análisis de prospectiva, interrogando a los entrevistados sobre las condiciones de vida antes y durante la construcción de las obras, y como se imaginaban el futuro de la región.
En total se realizaron diez entrevistas en Ituango y trece entrevistas en Valdivia. Como información complementaria se asistió a reuniones, foros y eventos académicos cuya temática fuera el proyecto hidroeléctrico. Finalmente, se realizó un análisis comparativo entre los resultados de la revisión de los estudios ambientales y los aspectos más relevantes de las entrevistas.
Resultados y discusión
Cambio en la tenencia de la tierra
Para la construcción de obras como la presa, la central, las vías y para el llenado del embalse, es inevitable la adquisición de predios y, por ende, el cambio de tenencia de la tierra. Considerando que el río Cauca es el principal referente en la vida de las comunidades que lo habitan y la principal fuente de obtención de recursos para su subsistencia, la compra de predios y el llenado del embalse, con el consecuente abandono involuntario del territorio por el cambio de tenencia de la tierra, y la desaparición de sus territorios de ocupación, genera la eliminación de la base económica de subsistencia, y de reproducción del grupo social.
Lo anterior se traduce en un fuerte sentimiento de desarraigo material, social y cultural por la pérdida de los espacios de uso y ocupación cotidianos, y la ruptura de las relaciones de parentesco y vecindad, de singular importancia en la generación de mecanismos de cohesión y solidaridad entre los habitantes de la parte baja del cañón, conocidos como “cañoneros”, y las personas que habitan las partes medias y altas, conocidos como “montañeros”. Dentro del contexto local estas relaciones son también relaciones económicas de reciprocidad (5). Desde el punto de vista de las comunidades, el principal impacto negativo asociado a cambios en el uso del suelo es el cambio en la tenencia de la tierra, y las implicaciones de este cambio en las relaciones sociales y comunitarias.
El área de influencia del proyecto se caracteriza por unas precarias condiciones de las vías que comunican a las zonas rurales con los cascos urbanos y a los municipios entre sí, siendo los caminos de trocha o tradicionales los utilizados de forma ancestral para recorrer el territorio. La adquisición de predios para el proyecto, también genera una interrupción o afectación de la infraestructura de transporte local, afectando las posibilidades de conectividad entre asentamientos, veredas y viviendas (11). Esta dificultad para transitar por los caminos tradicionales que ha utilizado la comunidad para desplazarse por el territorio, ha generado mucha inconformidad en las comunidades, ya que "nos impiden caminar por los caminos tradicionales, no nos habilitan senderos peatonales en la zona de construcción o senderos provisionales, nos tratan como invasores, el Cauca es de nosotros, no de EPM, nosotros no somos los invasores" (12).
Para el manejo del impacto cambio en la tenencia de la tierra, en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto se incluyeron tres programas: Comunicación y participación comunitaria, Restitución de condiciones de vida a la población afectada e Integración proyecto – Región (12). Se revisó la información de cada programa y se compararon los avances presentados en los Informes de Cumplimiento Ambiental con la información recolectada, analizando si los programas planteados han permitido reducir la afectación de este impacto.
Ambiental, realizada a finales del 2008, se identifican las primeras manifestaciones de desconocimiento por parte de las comunidades, quienes solicitaban que les explicaran en qué consistía el proyecto y cuáles eran las afectaciones del mismo. Por lo tanto, en la licencia ambiental otorgada en el año 2009 la autoridad ambiental le solicitó a la empresa ejecutora, realizar un proceso de socialización e información del proyecto en todos sus componentes mediante estrategias que permitan asimilar los efectos del proyecto sobre la región y sobre cada municipio en particular (8).
Sin embargo, un año después de otorgada la licencia ambiental, se observa en un informe de seguimiento al proyecto que el común de los habitantes del Municipio de San Andrés de Cuerquia desconoce el proyecto y los derechos y deberes frente a la licencia ambiental. En este informe no solo queda claro la falta de acciones por parte de la empresa para informar a las comunidades, sino el desconocimiento de los contratistas que ejecutan las obras, ya que en la oficina del proyecto en dicho municipio no se contaba con copia del Plan de Manejo Ambiental y no estaba disponible para efectos de su ejecución y seguimiento (13).
Entre agosto de 2012 y enero de 2013, se realizaron reuniones entre la Gobernación de Antioquia, EPM y un grupo de afectados por el proyecto agrupados bajo el movimiento Ríos Vivos, en las cuales se evidenció un desconocimiento generalizado de las comunidades sobre el proyecto hidroeléctrico, desde sus características, dimensiones y ubicación, hasta impactos y forma de compensación de los mismos. Así mismo, en las entrevistas realizadas a los funcionarios públicos de los municipios de Valdivia e Ituango, se observó no solo una falta de información, sino de integración de los funcionarios en los procesos que afectan sus territorios, por ejemplo, al preguntar al Secretario de Planeación de Ituango sobre la forma en cómo se iba a integrar el proyecto en los Planes de Ordenamiento Territorial, manifestó que no estaba enterado ya que de eso se estaba encargado EPM y el municipio no estaba participando en ese proceso (14).
Así mismo, en la declaratoria de utilidad pública se establece que la primera opción de compra de los suelos necesarios para la realización del proyecto, por un término de dos años es de la empresa ejecutora (15). Durante ese tiempo y mientras se hace efectiva la compra, los dueños del predio no pueden realizar modificaciones ni mejoras en las viviendas, ni en las actividades productivas que realicen en el suelo. Sin embargo, al vencerse los términos, la empresa no notificó a los propietarios que ya podían disponer y hacer uso libremente de los predios. Por ejemplo, en la Vereda Orejón (Municipio de Briceño), varios propietarios se han quejado porque pasaron los dos años y no les han comprado el terreno, no los dejan cultivar y no les han reconocido las pérdidas por no poder hacer uso de la tierra en ese tiempo (12).
En relación al segundo programa plateado en el EIA (5)., Restitución de condiciones de vida a la población afectada, no se encontró información detallada sobre el programa y se evidenciaron dificultades en los procesos de compensación a los afectados. Uno de los principales inconvenientes para la negociación de los predios es la informalidad en la tenencia del suelo, situación generalizada en toda el área de influencia del proyecto, ya que la mayoría de los predios no tienen registro de propiedad del suelo, o el valor registrado en notaria es menor al valor del predio, lo cual ha retrasado el proceso de negociación, que además se debe realizar predio a predio (12).
Así mismo, las comunidades consideran que "hasta que no se terminen los trámites legales y los procesos de cada predio, no se deberían intervenir los mismos, no deberían hacer construcciones ni dañar las viviendas" (12). En el municipio de Valdivia, donde apenas se están iniciando las obras de construcción de la vía la situación es muy similar, no se han comprado los predios, ni se tiene claro cómo se hará negociación de los mismos (16).
Frente a estas problemáticas, funcionarios de la empresa ejecutora explican otras dificultades para realizar la negociación, ya que existe una diferencia entre el imaginario de la gente sobre cómo debe ser compensada y lo que establece la legislación colombiana en la Ley 56 de 1981, sobre compensación para afectaciones de macro proyectos de generación de energía. La cual establece que se debe construir un Manual de Valores Unitarios en una comisión tripartita conformada por representantes de la empresa ejecutora, las organizaciones y el Ministerio de Minas y Energía, quienes, considerando las condiciones particulares de la región, clasifican la población en diferentes niveles de afectación, definen la compensación de predios, de actividades económicas y de afectación en la tierra (17).
La principal inconformidad sobre la compensación está relacionada con el valor de metro cuadrado con el que están reparando a los afectados, el cual es tan bajo que no les permite comprar un predio similar ni en el mismo municipio ni en los cercanos (18). Así mismo, algunos afectados esperan ser compensados de tal forma que puedan tener mejores condiciones de vida, en lugar de ser compensados por la afectación particular que sufren. Los funcionarios de la empresa ejecutora explican que sin importar si el afectado decide continuar viviendo en la región o habitar en otro lugar, la empresa realiza un acompañamiento que garantice que las familias afectadas tengan una vivienda a la final de la negociación (19).
empresa ejecutora para restituir las actividades económicas, ni de cómo se realiza la misma.
En relación al tercer programa planteado para este impacto, Integración proyecto – Región, al revisar la información en el EIA (5), no se identificaron acciones relacionadas al impacto cambio en la tenencia del suelo.
Cambio en la vocación económica
Al cambiar el uso del suelo y la tenencia de la tierra, la población que desarrolla actividades productivas en los sectores primario, secundario y/o terciario dentro de los predios requeridos por el proyecto se verá obligada a cambiar su vocación productiva, especialmente la minería, principal actividad económica que se ve afectada con la realización del proyecto hidroeléctrico, ya que como manifiestan las comunidades “taparon los caminos para bajar al rio, nos enviaron una carta diciéndonos que nos habíamos apoderado ilegalmente del predio, nos desalojaron de las playas, no hay garantías para que entren a las playas ni arrieros, ni barequeros, ni pescadores” (20), “nos sacaron del Cauca, ya no podremos vivir de la minería" (12).
Para las comunidades, no se identificaron debidamente a los afectados y muchos no fueron incluidos en los censos, como los arrieros, mineros, los agricultores que hacían minería de forma ocasional y los pescadores. Además, las propuestas de compensación económica no responden a las preocupaciones de los afectados, quienes temen por su futuro a largo plazo, ya que no saben desarrollar otra actividad económica, y la minería, no podrán ejercerla nunca más en el único territorio que han habitado. La empresa ejecutora, reconoce que algunas personas pudieron quedar por fuera del censo y pueden ser incluidos, si se demuestra su calidad de mineros artesanales, pero considera que los casos son muy pocos y que a la zona llegaron personas de otros lugares interesadas en obtener la compensación sin tener derecho a la misma (11). Esto fue corroborado por las comunidades, quienes reconocen que hay personas que no tienen derecho a compensación exigiéndolo o disfrutando de estos beneficios.
Otro aspecto en relación a la minería como principal actividad económica afectada por el proyecto, son los impactos aguas abajo de la presa, en municipios que no hacen parte del área de influencia directa como Taraza y Cáceres, sobre los cuales la empresa solo hace referencia a garantizar el mínimo caudal exigido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y al tratamiento que le darán a los sedimentos y las especies ícticas que se vean afectadas en términos de población, sin incluir afectaciones en actividades económicas para los mineros y pescadores de estos municipios. Incluso el proyecto considera el llenado del embalse y la desviación del río Cauca como beneficio para estas comunidades, debido a la regulación del caudal (5).
se beneficiaba de las actividades económicas que realizaban los demás. Por lo tanto, la afectación a la minería, también afecta otras actividades económicas como el transporte de mercancías realizado por los arrieros, la pesca y la agricultura (20).
Aunque estas relaciones fueron claramente identificadas en el EIA (5), no se incluyeron estas actividades dentro de los programas de compensación, cómo lo expresa la comunidad “¿por qué solo incluyeron a la minería como actividad económica?, ¿y los agricultores que parte del tiempo hacían minería? ¿y los arrieros de Sabanalarga que repartían cargas por todas partes, porque no nos han llamado? ¿por qué no están incluidos en la política de empleo?” (12), “¿y el cambio en la vocación económica de los mineros, ¿cómo lo van a compensar? ¿Qué va a pasar con los pescadores?” (11). Como lo expresa el presidente de la asociación de mineros de Sabanalarga “no se podrá realizar la principal actividad económica en el municipio, cómo nos van a cambiar el modo de vida de un día para otro, de qué vamos a comer dónde vamos a vivir” (20).
En relación a la generación de empleo, la empresa reconoce que ante la oferta de alternativas que generen mayor estabilidad y mejor remuneración, algunos pobladores locales optan por abandonar las labores tradicionales y buscan vinculación laboral con el proyecto. Esta situación puede cambiar en la etapa de operación, debido a que la demanda de mano de obra, bienes y servicios será menor que en la etapa de construcción, en cuyo caso podrán decidir si retornan o no a sus actividades productivas habituales (5).
Aunque la generación de empleo es un impacto positivo y puede contribuir a mejorar los ingresos, existe una fuerte preocupación en la zona por el futuro de las familias que han abandonado el campo para trabajar en el proyecto, en especial cuando se termine la fase de construcción, porque “los campesinos están dejando la tierra para trabajar en la represa, y cuando terminen la construcción, dónde van a trabajar, si este pueblo es de campesinos” (21). La producción del campo ha disminuido desde que hicieron las obras, los campesinos van a trabajar a la obra y dejan las parcelas abandonadas, la preocupación de las comunidades es por la dificultad que tendrán los campesinos para realizar nuevamente actividades agrícolas, ya que regresarían a un campo abandonado, con un ingreso menor al que recibían en las obras (21). La empresa ejecutora no incluye en los estudios las afectaciones en estas personas una vez termine al fase de construcción del proyecto ni plantea acciones que les permitan regresar al campo (5).
Esta falencia en la incorporación de la realidad territorial en los planes de gestión, explica la inconformidad y preocupación de las comunidades ante los cambios de vocación económica que se están presentando cerca de las zonas de obras, y podrían presentarse en algunos lugares con el lleno del embalse. Concebir las actividades económicas únicamente al territorio que se habita en forma de posesión material de un inmueble, y no en la forma de adaptación de las comunidades al espacio que los rodea, genera fuertes diferencias entre las comunidades afectadas y la empresa ejecutora del proyecto.
Desplazamiento voluntario e involuntario de población
El desplazamiento de población que ha generado la construcción de la hidroeléctrica es un impacto directo e indirecto del proyecto. Por un lado, las personas que habitan en las zonas necesarias para el desarrollo y posterior operación de la hidroeléctrica, como los mineros, pescadores, y agricultores, deben abandonar de forma involuntaria el territorio. Por otro lado, otras personas que han recibido una afectación indirecta, como los arrieros y los agricultores de las partes medias y altas, quienes abandonan de forma voluntaria el territorio ante la imposibilidad de continuar desarrollando su actividad productiva. El cambio en la tenencia de la tierra, aparte de todas las implicaciones sociales y culturales que genera, está impulsando un desplazamiento voluntario de población en las comunidades cercanas a las obras.
La falta de legalidad de los predios es otro factor que ha generado un desplazamiento involuntario de población, ya que algunas familias al no poder demostrar la propiedad sobre el suelo, quedaron por fuera de los planes de compensación, los “poseedores sin propiedad, los han sacado sin compensación” (22), y tuvieron que migrar hacia otros lugares. No se encontraron cifras oficiales sobre la cantidad de familias desplazadas por esta problemática.
Así mismo, muchas familias han tenido que desplazarse de forma voluntaria por los impactos que está generando la construcción del proyecto en la fauna, ya que “los animales se están yendo de la parte baja a la parte alta, guacamayas, micos y serpientes, y están dañando los cultivos. Se observan daños de los micos en los palos de cacaos. Se comen completamente la almendra. Esto no pasaba antes. Los mandarinos son comidos por los animales en la noche”. (18). Las explosiones, el ruido, las vibraciones, y la contaminación del agua están espantando a los animales, “¿Cuándo se llene el embalse, adonde se van a ir los animales de tierra caliente?” (18).
El desplazamiento involuntario no solo representa la pérdida de las condiciones materiales, sino de las relaciones que las personas establecen con el territorio, en el cual han enraizado sus vivencias, y transforman y fundan su seguridad, los lazos de solidaridad, la organización y participación de la población, las costumbres y tradiciones como aspectos que determinan su nivel de bienestar (5).
Sabanalarga) y Barbacoas (Municipio de Peque), donde se debe reasentar a toda la población, en total 57 hogares, 227 personas, 48 viviendas. Estas comunidades presentan características particulares y condiciones de vida con altos niveles de vulnerabilidad, con una total dependencia de su entorno natural, y de un modelo económico basado en el lavado de oro, unos altos índices de necesidades básicas insatisfechas, y fuertes niveles de aislamiento de las instituciones y centros de servicios (5). El impacto en estos dos asentamientos es grave por las relaciones de parentesco y vecindad que se han desarrollado con el paso del tiempo, en este lugar “cada vereda son un grupo de parientes, todos son familia, todos tienen antepasados comunes” (20).
Para este impacto la empresa ejecutora plantea en el Proyecto de restitución integral de condiciones de vida, las medidas orientadas principalmente al manejo de la transformación o alteración de los patrones culturales de las familias que serán objeto de reasentamiento, por el desplazamiento involuntario de sus territorios de ocupación y de uso, para quienes se afecta principalmente el hábitat, la base económica, el tejido social e infraestructura comunitaria y de vivienda. Se incluye en el proyecto principalmente los asentamientos de Orobajo y Barbacoas y las familias que habitan en viviendas dispersas a lo largo del embalse, que por su condición cultural, grado de afectación y nivel de vulnerabilidad, también se hace necesario restituir de manera integral sus condiciones de vida (5).
Para quienes se afectan las actividades económicas, la red de relaciones sociales y el hábitat como territorio de uso, como la minería, la empresa considera adelantar estudios complementarios que permitan precisar la incidencia real de los impactos esperados y sobre todo la posibilidad de que estos grupos adelanten en sus actuales sitios de asentamiento, alternativas que permitan mantener y potenciar, o bien construir una nueva base económica de subsistencia (5). De acuerdo a las manifestaciones públicas (20-18) de los mineros afectados por el proyecto, la empresa no los identificó apropiadamente en los censos, quedando muchos por fuera de los planes de restitución, adicionalmente la compensación que les ofrecen a los que sí fueron incluidos no les permite subsistir sin realizar esta actividad económica. Lo que genera desplazamiento hacia otros municipios cercanos donde se realiza la minería como Buritica y Santa Fe de Antioquia, agravándose problemas sociales asociados a la explotación de minería ilegal en dichos municipios.
poca o nula y quienes determinan el orden social son los actores armados ilegales (5).
El inicio de las obras supuso mayor presencia de la fuerza pública en estos municipios, sin embargo, las comunidades cuestionan la efectividad de esta estrategia, ya que la situación en lugar de mejorar se agrava más, aumentando las acciones violentas en contra de la sociedad civil, como las amenazas, la quema de buses en las vías y el desplazamiento forzado. El recelo de los habitantes en Ituango es muy evidente para los viajeros de otros lugares, el temor a expresarse y recibir represalias, la angustia por lo que pueda ocurrir, genera que incluso que “a los eventos culturales la gente no llega por temor a que explote una granada o se generen disturbios” (24). En el municipio de Toledo también se evidencia un aumento de la violencia desde que iniciaron las obras del proyecto hidroeléctrico, y aunque se han planteado acciones para desarticular la delincuencia, los hechos de violencia que azotan al municipio continúan (25).
Presión migratoria
El inicio de obras principales del proyecto indujo el desplazamiento de población de otras localidades del área de influencia, y otras regiones del departamento y del país a la zona del proyecto en búsqueda de oportunidades de empleo, ya sea directamente con el proyecto o mediante la vinculación a algún tipo de actividad económica relacionada a él. La afluencia de población foránea se presentó en especial hacia las cabeceras municipales de Ituango, San Andrés de Cuerquia y Toledo y a los corregimientos El Valle y Puerto Valdivia, por su cercanía a las vías y obras principales. Estos flujos migratorios tienen una alta incidencia en la dinámica poblacional local y regional, que se refleja en el aumento de la natalidad, mortalidad y migraciones, así como en la alteración del entorno socioeconómico y cultural y en el aumento de la presión sobre los recursos naturales y los servicios, siendo importante considerar que el migrante en búsqueda de oportunidades puede trasladarse o instalarse definitivamente con su familia (5).
El desarrollo de las obras en el Valle de Toledo ha generado una presión migratoria muy fuerte sobre los municipios de Ituango, Toledo y San Andrés de Cuerquia. Al aumentar la cantidad de personas en la zona aumentaron problemas como la prostitución, la drogadicción, el aumento del embarazo adolescente y la prostitución infantil (26). La problemática asociada a la prostitución ha generado serias implicaciones sociales en una comunidad de tradición campesina con fuertes creencias religiosas. Para el común de los entrevistados, la empresa no consideró la magnitud de los impactos que generarían la llegada de tantas personas a trabajar en el proyecto, y no ha tomado medidas que permitan controlar o reducir dichas problemáticas.
municipio de Valdivia, al igual que Ituango, no está preparado para recibir y atender a la población que llega, pero al no contarse en los municipios con mano de obra calificada, es evidente la necesidad de contratar mano de obra de otras partes (27).
La presión migratoria que se ejercerá sobre las cabeceras urbanas en el área de influencia directa del Proyecto (Ituango, San Andrés de Cuerquia, Toledo, el corregimiento El Valle – Toledo y el corregimiento Puerto Valdivia - Valdivia), se expresa en aspectos como (5):
- Disminución de la capacidad operativa para prestación de servicios.
- Aparición de nuevos conflictos sociales.
- Incremento del poder adquisitivo y a su vez del costo de vida.
- Cambios en el comportamiento social por aparición e imitación de nuevos paradigmas.
- Incremento de riesgo por vectores ambientales.
Como parte de la gestión, la empresa plantea capacitar y fortalecer a las administraciones municipales para que puedan hacer frente a fenómenos que alteran la vida cotidiana, como la prostitución, la drogadicción y el alcoholismo, cuyos efectos se revierten en el entorno socio-cultural debido a la llegada de personal foráneo (5). Sin embargo, en las visitas de campo y en las entrevistas realizadas, se evidenció un desconocimiento de las autoridades locales de las problemáticas que ha generado la presión migratoria. En todas las entrevistas realizadas en el municipio de Ituango los entrevistados manifestaron una preocupación por la prostitución, en especial de menores de edad, en el Corregimiento El Valle de Toledo, cercano al campamento de la empresa. Sin embargo, al preguntarles sobre la problemática a los funcionarios de la alcaldía, parecían desconocer por completo la situación. Así mismo, no se encontraron evidencias de la ejecución de programas educativos que permitieran prevenir la problemática, ni programas orientados a los contratistas y obreros.
Transformación del paisaje
La construcción de las obras para el proyecto Hidroeléctrico Ituango, en especial la apertura y adecuación de vías, generan cambios en las geoformas y características del suelo, por la necesidad de realizar excavaciones y la construcción de depósitos, y en las coberturas vegetales, por la necesidad de removerlas para poder construir las obras. Sobre la red hídrica también se generan alteraciones debido a la necesidad de desviar, canalizar o captar caudales para poder construir las obras. Los cambios mencionados generan modificaciones en la calidad visual del paisaje, ya que la percepción de la población sobre la zona cambia, con la aparición de nuevos elementos en el entorno.
visual, ya que se puede presentar un avance en la sucesión natural y en el crecimiento de las coberturas vegetales, reemplazando aquellas zonas que actualmente presentan pastizales o rastrojos (5).
La empresa ejecutora deberá compensar cinco hectáreas por cada hectárea utilizada por el proyecto hidroeléctrico (8). Considerando, el alto nivel de degradación en que se encuentra el suelo en el Departamento de Antioquia, y en particular en el área de influencia del proyecto se presenta una fuerte presencia de Bosque no estable. Por lo tanto, las actividades de compensación y protección del proyecto, se convierten en un beneficio ambiental para la región. Aunque todavía no es claro cómo podría explotarse económicamente el embalse, la reforestación potencializaría el turismo ecológico en el área de influencia del proyecto. En este sentido, el Municipio de Toledo expresa “se debe iniciar una reforestación y embellecimiento paisajístico para generar empleo e ir ganando espacio en ese sector de lo que será la represa que cambiara al municipio para un futuro potencial turístico” (28).
El proyecto genera un rompimiento de la identidad territorial de las comunidades, puesto que, al cambiar el paisaje, cambia también la forma en cómo éstas se relacionan con el entorno. La relación de interdependencia con el territorio queda reflejada en la frase “para el barequero del cañón del cauca, el río es su casa” (20). En el EIA (5) se plantean cuatro programas orientados a maenjar de forma indirecta este impacto, y son: Programa de manejo del embalse Programa manejo integral de residuos, Programa de manejo de fuentes de materiales de construcción y el Programa de manejo de inestabilidad y erosión Sin embargo no es claro cómo estos programas ayudarán a las comunidades a adaptarse al nuevo paisaje, en especial después de llenado el embalse.
Conclusiones
Ante la predominancia de suelo rural y de población dedicada a labores del campo, los cambios en el uso del suelo que el proyecto genera, ponen en riesgo la continuidad de estas actividades en el tiempo y la permanencia de las comunidades en el territorio. Por otra parte, las personas afectadas no tienen claro de qué forma y en qué momento se realizará la compensación. Se evidencia una alta incertidumbre frente a los cambios a futuro que generará la operación del proyecto.
Uno de los aspectos más relevantes en el desarrollo de la investigación es la evidente falta de información en todos los grupos de actores que se identificaron. Las autoridades locales de los municipios entrevistados no tienen claros los impactos que han generado las obras, ni los que se generaran a futuro con el llenado del embalse. Los contratistas que realizan las obras y la gestión social, no tienen claras las acciones que se están planteando para mitigar los impactos. Las comunidades que habitan en los municipios cercanos a la obra no tienen suficiente información que les permita prepararse para las afectaciones que genera un proyecto de la magnitud de Hidroituango, presentándose inconformidades, malentendidos y dificultad en las relaciones empresa-comunidad, que han generado continuas manifestaciones de rechazo en contra del proyecto.
El cambio en la tenencia de la tierra ha sido uno de los impactos que más afectaciones a generado en las comunidades, tanto por la pérdida del suelo productivo del cual dependían sus actividades económicas, como por las dificultades para transitar por el territorio, interrumpiéndose tanto las relaciones económicas como sociales. La incertidumbre frente a la forma de compensación y el tiempo que toma la misma, es otro factor que aumenta la inconformidad de las comunidades frente a la gestión que realiza el proyecto.
El inicio de la construcción del proyecto ha impedido realizar actividades económicas que de forma ancestral se realizaban en la zona, como la minería, de la cual dependían otras actividades como la agricultura en las partes medias y altas del cañón, y el transporte de mercancías de los arrieros. Los cambios en la vocación económica y la no inclusión de algunas actividades productivas dentro de los programas de compensación, han generado un fuerte rechazo al proyecto y han puesto en riesgo el futuro agrario de la región.
Ante la imposibilidad de realizar las actividades económicas tradicionales y a la no inclusión en los planes de compensación de la empresa ejecutora, muchas familias han optado por desplazarse de forma voluntaria y abandonar el territorio. En particular los mineros han tenido que buscar otros ríos y playas donde realizar su actividad. El aumento del conflicto armado en la zona desde que iniciaron las obras, ha aumentado el desplazamiento de la población. Aunque es un referente en todas las entrevistas, no se dispone de cifras sobre la cantidad de población desplazada.
La ejecución de las obras requiere la contratación de mano de obra, tanto calificada como no calificada, para trabajar en el proyecto, la llegada de personal a la obra ha aumentado los costos de vida en los municipios de Ituango, Valdivia, Toledo y San Andrés de Cuerquia, quienes han experimentado un aumento considerable en el costo de arriendos, alimentación y transporte. La presión migratoria también ha limitado el acceso a servicios de salud y ha aumentado problemáticas como la prostitución, la drogadicción y el alcoholismo.
plantaciones forestales que debe desarrollar el proyecto.
Al analizar las problemáticas alrededor de la hidroeléctrica, se puede concluir que la gestión de la empresa ejecutora se ha quedado corta frente a magnitud del proyecto y de los cambios que ha generado. Sin embargo, es importante reconocer que la complejidad de la zona donde se inserta el proyecto, evidenciada en aspectos como el conflicto armado, la informalidad en la tenencia de la tierra y el imaginario de la comunidad, son factores ajenos a la empresa ejecutora que dificultan tanto la ejecución del proyecto, como las medidas de gestión socio ambiental para responder a los impactos que se han generado.
Referencias
(1) Gómez Orea, D., Evaluación de impacto ambiental: un instrumento preventivo para la gestión ambiental. Mundi-Prensa Libros, 2003.
(2) X. Xu, Y. Tan, and G. Yang, “Environmental impact assessments of the Three Gorges Project in China: Issues and interventions,” Earth-Science Rev., vol. 124, pp. 115–125, Sep. 2013.
(3) B. Tilt, Y. Braun, and D. He, “Social impacts of large dam projects: A comparison of international case studies and implications for best practice,” J. Environ. Manage., vol. 90, pp. S249–S257, Jul. 2009.
(4) Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia, Potencial Hidroelectrico de Antioquia inventarios, perspectivas, estrategias. Medellín, 2011.
(5) EPM Ituango, “Actualización del Estudio de Impacto Ambiental.” 2011.
(6) J. A. Quintero, “Efectos de las políticas públicas del sector eléctrico en la participación de las organizaciones comunitarias del Oriente Antioqueño-estudio de caso-Asociación Campesina del Oriente Antioqueño-ACOA,” Cuad. Desarro. Rural, no. 58, pp. 101–127, 2007.
(7) Cormagdalena and Universidad de Medellín, “Plan estratégico para el manejo integral de la cuenca del río cauca.” 2006.
(8) MAVDT_Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, “Resolución 0155 de enero 30 de 2009.” 2009.
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(10) Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P, “Página web.” .
(12) Empresas Públicas de Medellín, Gobernación de Antioquia, and Movimiento Ríos Vivos, “Continuación dialógos sobre el proyecto hidroélectrico Ituango,” Oct-2012.
(13) Dirección Territorial Tahamíes, “Informe Técnico 130 TH 12461,” Aug. 2010.
(14) Juan Fernando Arboleda Zapata, “Entrevista a Juan Fernando Arboleda Zapata, Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipio de Valdivia.” Oct-2013.
(15) Republica de Colombia, “Diario oficial Año CXLIV No. 47.093. Declaratoria de utilidad pública.” 2008.
(16) Mariano Espinosa, “Entrevista al presidente Asocomunal, Municipio de Valdivia.” Oct-2013.
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(18) Ríos Vivos and Congreso de la República, “Audiencia descentralizada del Congreso de la República sobre Hidroituango,” Apr-2013.
(19) Funcionarios de Codesarrollo, “Entrevista a funcionarios de Codesarrollo en el Corregimiento de Puerto Valdivia. Martes 14 de octubre de 2013. 3.30 pm.” 2013.
(20) Ríos Vivos and Instituto de Estudios Regionales, “Foro Académico cañon del Cauca,” Apr-2013.
(21) Asociación de cacaoteros de Ituango, “Entrevista a representante Asociación de cacaoteros de Ituango_ASOCAL.” Jul-2013.
(22) Asamblea Departamental de Antioquia, “Sesión Descentralizada de la Asamblea Departamental de Antioquia en el Municipio de Ituango.,” Jul-2013.
(23) Defensoría del pueblo, “Informe sobre desplazamiento forzado en Antioquia y valoración de la política pública de atención integral.” 2011.
(24) Asociación de Comerciantes de Ituango, “Entrevista al representante de Asociación de Comerciantes de Ituango_ASCOMI.” Jul-2013.
(25) Municipio de Toledo, “Plan de Desarrollo Municipal ‘Juntos lograremos el progreso de Toledo’. Juan Carlos Montoya Osorio. Alcalde popular 2012-2015.” 2012.
(26) Asociación de Campesinos de Ituango, “Entrevista a Asociación de Campesinos de Ituango.” Jul-2013.
(28) Municipio de Toledo, “Plan de Desarrollo Municipal 2001-2003. Toledo Paraiso Ecológico. ‘Por un Toledo nuevo y honesto’. Alcalde Otoniel Valderrama.” 2001.
Correspondencia
María Adelaida Torres Sánchez. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
Departamento de Geociencias y Medio Ambiente. Medellín, Colombia. Carrera 80 No. 65-223 Teléfono: (57-4) 425 51 00. Correo: [email protected].
José Humberto Caballero Acosta. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Departamento de Geociencias y Medio Ambiente. Medellín, Colombia. Carrera 80 No. 65-223. Teléfono: (57-4) 425 51 00. Correo: [email protected]
