La tutela judicial efectiva y la reparación integral de la víctima

Texto completo

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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES”

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL

PROYECTO DE EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL

TEMA:

“LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA”

AUTOR: AB. GARCÍA CHUQUIMARCA ÁNGEL WILFRIDO

ASESOR: DR. JORDÁN NARANJO GENARO VINICIO, Mg.

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APROBACIÓN DEL ASESOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

CERTIFICACIÓN:

Quien suscribe, legalmente CERTIFICA QUE: El presente Trabajo de Titulación realizado por el AB. GARCÍA CHUQUIMARCA ÁNGEL WILFRIDO, maestrante del programa de Maestría en Derecho Constitucional, Facultad de Jurisprudencia, con el tema: “LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA”, ha sido prolijamente revisado, y cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa pertinente de la Universidad Regional Autónoma de los Andes -UNIANDES-, por lo que apruebe su presentación.

Ambato, Abril de 2018

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DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo,AB. GARCÍA CHUQUIMARCA ÁNGEL WILFRIDO, maestrante del programa de Maestría en Derecho Constitucional, Facultad de Jurisprudencia, declaro que todos los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, previo a la obtención del grado académico de MAGISTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL, son absolutamente originales, auténticos y personales; a excepción de las citas, por lo que son de mi exclusiva responsabilidad.

Ambato, Abril de 2018

_______________________________ Ab. García Chuquimarca Ángel Wilfrido CI. 1803038106

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DERECHOS DE AUTOR

Yo, AB. GARCÍA CHUQUIMARCA ÁNGEL WILFRIDO, declaro que conozco y acepto la disposición constante en el literal d) del Art. 85 del Estatuto de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, que en su parte pertinente textualmente dice: El Patrimonio de la UNIANDES, está constituido por: La propiedad intelectual sobre las Investigaciones, trabajos científicos o técnicos, proyectos profesionales y consultaría que se realicen en la Universidad o por cuenta de ella;

Ambato, Abril de 2018

_______________________________ Ab. García Chuquimarca Ángel Wilfrido CI. 1803038106

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DEDICATORIA

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AGRADECIMIENTO

A UNIANDES por abrirme sus puertas y así lograr las metas propuestas para mi desarrollo personal.

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ÍNDICE PORTADA

APROBACIÓN DEL ASESOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

DERECHOS DE AUTOR DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO ÍNDICE

RESUMEN ABSTRACT

a) TEMA: ... 1

b) PROBLEMA QUE SE VA A INVESTIGAR ... 1

c) JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, ACTUALIDAD E IMPORTANCIA DEL TEMA ... 1

d) LINEA DE INVESTIGACION ... 3

e) OBJETIVOS ... 3

Objetivo general... 3

Objetivos particulares y específicos... 3

f) FUNDAMENTACIÓN TEORICO-CONCEPTUAL... 4

EPÍGRAFE I ... 4

1. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA ... 4

1.1. Naturaleza Histórica y Jurídica ... 4

1.2. Jurisdicción ... 6

1.3. Tutela Judicial en Ecuador ... 7

1.4. Constitución del Estado del Ecuador de 1830 ... 7

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1.6. Constitución de la República del Ecuador 2008 ... 8

Definición ... 9

1.7. Tutela Judicial Efectiva en los procesos penales ... 10

EPÍGRAFE II ... 11

2. EL DEBIDO PROCESO ... 11

2.1. El Derecho al Debido Proceso ... 11

2.2. El debido proceso penal ... 13

EPÍGRAFE III ... 15

3. LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA ... 15

3.1. Cuando nace la reparación integral en Ecuador ... 15

3.2. La reparación integral en el Código Orgánico Integral Penal ... 16

3.3. La reparación integral y los sujetos procesales ... 17

Fiscal ... 18

Víctima ... 18

Acusación Particular ... 18

3.4. Mecanismos de reparación integral ... 18

3.5. Reglas para establecer los montos de reparación integral ... 19

g) LA METODOLOGÍA ... 23

Deductivo – Inductivo. - ... 23

Analítico – Sintético. - ... 23

Histórico - Lógico. - ... 23

Técnica ... 23

ANÁLISIS DE UN CASO PRÁCTICO ... 24

h) PROPUESTA ... 28

ANTECEDENTES ... 28

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CONCLUSIÓN... 32 i) CONCLUSIONES GENERALES... 33 j) FUENTES/BIBLIOGRAFÍA

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RESUMEN

La vulneración de la tutela judicial efectiva por los operadores de Justicia produce incumplimiento de la reparación integral de la víctima, por cuanto en los procesos judiciales, en muchos casos no son imparciales ni expeditos, incumpliéndose con la garantía de este derecho con sujeción a los principios de inmediación y celeridad.

En el marco de esta problemática se ven inmersos quienes forman el sistema de justicia, enfocándonos en el tema penal que es en dónde la reparación integral tiene cabida, debemos observar que el artículo 78 de la Constitución de la República señala que esta incluye el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.

En concordancia con este derecho que se encuentra establecido en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo cuya finalidad a más de la tipificación de las infracciones penales, procedimiento para juzgamiento de las infracciones, rehabilitación social de las personas sentenciadas, es la reparación integral de las víctimas.

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ABSTRACT

The violation of the effective legal protection provided by people who work in the legal field produces non-compliance of the victim´s and integral preservation, owing to, in the legal procedures, there are no impartial or expeditious verdicts, weakening in this way with the guarantee of this legal right and the principles of immediacy and rapidity.

In the problematic stated, the ones who take part in the justice system, an important fact must be observed focusing on the crime issue where integral preservation takes place; in the Art. 78 of the Ecuadorian Constitution, it would be included the knowledge of the truth and the facts of the restitution, compensation, rehabilitation, guarantee of non-repetition and satisfaction of the disrupted right.

In agreement with this law that is established in the Criminal Code, apart from the classification of offenses, the procedure for judging agencies, the social rehabilitation of sentences lawbreakers, aimed at full reparation of the victims.

To address this issue, we have observed criminal proceedings, and the right is not fulfilled, because of justice operators did not deliver a fair-minded judgement which directly affecting the victims; who, more than being subject of the criminal offense, are victims of a slow criminal procedure, despite obtaining a condemnatory sentence, this sentence does not establish the integral restitution of the rights.

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1 a) TEMA:

“LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y LA REPARACION INTEGRAL DE LA VICTIMA”

b) PROBLEMA QUE SE VA A INVESTIGAR

La vulneración de la tutela judicial efectiva por los operadores de Justicia produce incumplimiento de la reparación integral de la víctima

c) JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, ACTUALIDAD E IMPORTANCIA DEL TEMA

La Constitución de la República en sus derechos de protección establece en su artículo 78 que se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.

El Código Orgánico Integral Penal alineado al postulado constitucional establece en el artículo 1 que una de sus finalidades es la reparación integral de la víctima, por lo que siendo uno de sus fines en el artículo 781 se desarrolla como debe adoptarse los mecanismos de reparación integral.

1 Artículo 78 COIP Mecanismos de reparación integral. - Las formas no excluyentes de reparación integral, individual o colectiva, son:

1. La restitución: se aplica a casos relacionados con el restablecimiento de la libertad, de la vida familiar, de la ciudadanía o de la nacionalidad, el retorno al país de residencia anterior, la recuperación del empleo o de la propiedad así como al restablecimiento de los derechos políticos.

2. La rehabilitación: se orienta a la recuperación de las personas mediante la atención médica y psicológica así como a garantizar la prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios para esos fines.

3. Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales: se refieren a la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable económicamente.

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Los procesos judiciales que terminan con una sentencia condenatoria, deben contener la reparación integral, que a petición de la fiscalía y de la acusación particular, debe ser determinada por el juzgador, precisamente este último que se constituye en juez de garantías penales, debe cumplir con determinar que mecanismo de reparación integral adopta frente a cada caso concreto en mérito del proceso.

En este marco, hemos notado que en varios procesos penales en donde se ha evidenciado un daño que debe ser reconocido en cualquiera de las formas en una sentencia a través de la reparación integral por parte del juez que conoce la causa en procedimientos directos y de los jueces del tribunal penal que la conocen en procedimientos ordinarios; sin embargo, esto no sucede en práctica por cuanto los mecanismos de reparación integral no son aplicados de forma correcta por los jueces, vulnerando por parte del operador de justicia la tutela judicial efectiva, teniendo como resultado que no se cumpla con uno de los fines del proceso penal que es la reparación integral.

Frente a este problema, es necesario que por parte de los operados de justicia se cumpla con la correcta aplicación de los derechos constitucionales y legales, dando cabal cumplimiento a la tutela judicial efectiva tal como lo establece el artículo 11 numeral 9 de la Constitución que señala “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. (…) El Estado será responsable

por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada

administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las

violaciones de los principios y reglas del debido proceso…”. Los operadores de justicia

en las sentencias no cumplen con la reparación integral a través de este derecho constitucional y legal que le asiste a la víctima, esta garantía que no se cumple en los fallos judiciales, por lo que es necesario que se evidencia esta problemática ya que no es un simple enunciado.

Este trabajo que abarca el tema para el examen complexivo, evidencia que la tutela judicial efectiva no se cumple por parte de los juzgadores en los procesos penales que no valoran de forma adecuada los medios probatorios para establecer una reparación integral

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a favor de la víctima tal como lo estable la Constitución de la República en su artículo 78 y de la misma forma el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal.

d) LINEA DE INVESTIGACION

Retos, Perspectivas y Perfeccionamiento de las Ciencias Jurídicas en Ecuador

- Fundamentos técnicos y doctrinales de las ciencias penales en el Ecuador tendencias y perspectivas.

e) OBJETIVOS Objetivo general

Diseñar un documento de análisis crítico jurídico que evidencie como la vulneración de la tutela judicial efectiva por los operadores de Justicia produce incumplimiento de la reparación integral de la víctima y proponer una alternativa para solucionar este problema

Objetivos particulares y específicos

1) Fundamentar jurídica y doctrinariamente la tutela judicial efectiva; el debido proceso y la reparación integral de la víctima.

2) Analizar el caso práctico que evidencia como la falta la vulneración de la tutela judicial efectiva por los operadores de Justicia produce incumplimiento de la reparación integral de la víctima.

3) Establecer los parámetros de un documento de análisis crítico jurídico que evidencie como la vulneración de la tutela judicial efectiva por los operadores de Justicia produce incumplimiento de la reparación integral de la víctima y proponer una alternativa para solucionar este problema.

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f) FUNDAMENTACIÓN TEORICO-CONCEPTUAL

EPÍGRAFE I

1. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

En el presente epígrafe que corresponde el tratamiento de la Tutela Judicial Efectiva, se hará una referencia a sus primeras apariciones en la historia de solución de conflictos de la humanidad, pasando por una breve revisión de la legislación histórica ecuatoriana, sobre todo de las cartas fundamentales de derechos y organización estatal, para finalmente poder construir a modo de síntesis una definición de Tutela Judicial Efectiva aplicada a nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano en actual, así como, al proceso en materia penal en especial.

1.1. Naturaleza Histórica y Jurídica

Al principio, haciendo referencia al momento en que los grupos sociales comenzaron a tener conflictos, sin tener la capacidad en el presente trabajo de poder señalar años o fechas con exactitud, nos encontramos con diversos intereses personales o colectivos que entran en contienda o conflicto con los de otros integrantes del grupo social, lo que genera que se tenga que dirimir estos problemas de alguna manera. Estas formas de resolver los conflictos surgidos entre los integrantes de determinados grupos sociales o entre grupos dentro de una sociedad, la doctrina las considera tres: autotutela, autocomposición y heterocomposición.

La primera de ellas, es decir, la Autotutela, encuentra positividad en las primeras formas de regular el tratamiento de los conflictos entre particulares, pues cada integrante del conglomerado social se defendía así mismo, se auto protegía de las violaciones a sus derechos, como lo señala Gómez (2012):

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Por otro lado, Vallespín, (2002) indica respecto las consecuencias de la autotutela, lo siguiente:

por una parte, existe un amplio número de hombres que no están en condiciones de defenderse por sí mismos. Por otra, son muy numerosas las ocasiones en que al acometer su propia defensa se exceden en su actuación, con lo cual no logran más que arreglar una rencilla o conflicto abriendo al mismo tiempo nuevas vías de tensión para el futuro. (p. 107).

Por lo tanto, en esta primera forma de solución de controversias, si bien podríamos decir que fue aceptada por todos y transmitida mediante la costumbre, no constituye una forma de tutela en la cual un tercero más fuerte, el estado, resuelve las controversias de los litigantes, sino que cada uno se defendía como podía y según sus cualidades naturales sobre todo físicas.

Continuando con esta breve exposición sobre las formas de resolver los conflictos, tenemos los mecanismos de Autocomposición, que constituyen un alejamiento de la forma primitiva antes indicada y conlleva a que las partes mediante acuerdos o unilateralmente van creando una salida más humanizada a resolver los conflictos.

Así tenemos, los mecanismos de desistimiento, allanamiento, transacción y sometimiento a mediación; por las cuales, dentro de un conflicto el demandante puede desistir de continuar el pleito, el demandado allanarse total o parcialmente a la pretensión, las partes pueden llegar a una transacción fuera del proceso o dentro del proceso, conciliación, y cuando celebran contratos pueden expresamente someterse a resolver futuros conflictos mediante mediación.

Sin embargo, estas formas de autocomposición todavía no pueden comenzar a resolver conflictos mayores en los cuales los intervinientes no pueden llegar acuerdos y necesitan que alguien resuelva sus pretensiones y ejecute lo resuelto, es decir lo efectivice. Así lo señala, Vallespín (2002):

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De esta manera ingresamos a la tercera forma de resolución de conflictos, a la que ofrece mayores garantías a los litigantes y es actualmente aceptada por todas las regulaciones internacionales, la Heterocomposición.

Con la consolidación del estado y el incremento de la población comienza a producirse una mayor preocupación de garantizar a sus integrantes seguridad y garantías en la forma en que se deben resolver los conflictos; por ende, nace la figura de un tercero imparcial, que, investido de la autoridad del estado, resuelve los conflictos que se le presentan escuchando a las partes y recurriendo a las leyes.

Por lo tanto, esta forma de resolver los conflictos nace de la vulnerabilidad de la mayoría de los integrantes de la sociedad para auto tutelarse y del sentimiento de ansiedad ante la incertidumbre de las soluciones; por ello, el estado, el imparcial más fuerte, absorbe la facultad de resolver los conflictos y a manera de madre pájaro coloca una piedrita de facultad en algunos integrantes, quienes al poseer la misma, actúan resolviendo los problemas sociales. Esta facultad se conoce como jurisdicción.

1.2. Jurisdicción

Si bien es cierto, en la antigua Roma nace la iurisdictio que significa decir el derecho, ya que los pretores de ese tiempo decían el derecho aplicable al caso concreto, pero dejaban que el juez particular dictara sentencia, en la doctrina y ordenamientos jurídicos modernos, la jurisdicción no solo consiste en decir el derecho aplicable al caso, sino también juzgar, sentenciar y hacer ejecutar lo juzgado. Con lo cual, se garantiza el monopolio del estado en la efectiva resolución de los conflictos, ya que no solo basta que una sentencia declare un ganador de la contienda si esta no sería ejecutada no serviría de nada la intervención del estado y dejaríamos las resoluciones de los problemas a formas primitivas auto tutelares.

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7 1.3. Tutela Judicial en Ecuador

Ante la necesidad de fecundar las líneas anteriores dentro de nuestro marco constitucional, es necesario hacer referencia al tratamiento y concepción que las diversas cartas magnas que ha tenido nuestro país, tomando como muestra el inicio de la República, la del retorno a la democracia y la actual, le han dado al derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.

1.4. Constitución del Estado del Ecuador de 1830

La Constitución Política del año 1830, Decreto Legislativo No. 000. RA/ 1830 de 14 de junio de 1830, indica en su artículo 66:

Todo ciudadano puede reclamar respetuosamente sus derechos ante la autoridad pública, y representar al Congreso y al Gobierno cuanto considere conveniente al bien general; pero ningún individuo o asociación particular podrá abrogarse el nombre de pueblo, ni hacer peticiones en nombre del pueblo colectando sufragios sin orden escrita de la autoridad Pública. Los contraventores serán presos y juzgados conforme a las leyes. Del artículo señalado, si bien no se puede identificar expresamente enunciado el derecho a la tutela judicial efectiva, de la primera parte del mismo se puede encontrar una referencia a que todo ciudadano puede reclamar sus derechos ante la autoridad pública, dejando abierta la posibilidad de comparecer ante un juez, que es una autoridad pública, para perseguir algún derecho.

Sin embargo, el mencionado artículo hace referencia a que solo los ciudadanos gozan de esta facultad de reclamar derechos; por lo cual, indico que no todos los habitantes del territorio ecuatoriano eran ciudadanos, sino los que cumplían ciertos requisitos, de conformidad con el artículo 12 de la referida Constitución, que indica:

Para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía, se requiere: 1. Ser casado, o mayor de veintidós años: 2. Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos y ejercer alguna profesión, o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico, o jornalero: 3. Saber leer y escribir.

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establecidos en la constitución hacían referencia a los civiles, escasamente a los de participación y no existían garantías sobre todo en materia de procesos judiciales. El acceso a la justicia era restringido para los ciudadanos y otros habitantes no eran titulares ni siquiera de los mínimos derechos naturales y humanos, como los conocemos en la actualidad.

1.5. Constitución Política de la República Del Ecuador de 1978

En la presente constitución del Ecuador, encontramos a un cuerpo normativo que en gran medida refleja los avances en materia de derechos humanos que posterior a la segunda guerra mundial se hicieron con la finalidad de amparar a ciudadanos y grupos vulnerables de las arbitrariedades sobre todo de los poder públicos, así como también el retorno a un estado democrático refiriéndonos particularmente al estado ecuatoriano; en este sentido, la constitución del 1978, en su artículo 22, numeral 19, literal e), indica:

Nadie podrá ser penado sin juicio previo ni privado del derecho de defensa en cualquier estado o grado del proceso. Toda persona imputada por una infracción penal tendrá derecho a contar con un defensor, así como a obtener que se compela a comparecer a los testigos de descargo.

De este artículo se puede constatar que nadie podrá ser penado, entiéndase en un sentido amplio como juzgado, sin un juicio previo, lo que nos indica que la facultad de comparecer a juicio y reclamar se tutele tal o cual derecho está garantizada y reconocida por el ordenamiento jurídico. Más adelante indica la constitución referida en su artículo 117 que: “El sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. No se sacrificará ésta por la sola omisión de formalidades.”, lo cual pone a la justicia como fin último del sistema procesal, con lo cual se va configurando una tutela judicial que tiende a ser efectiva por parte del estado ecuatoriano.

1.6. Constitución de la República del Ecuador 2008

El derecho a la tutela judicial efectiva, está plasmado en el artículo 75 de la Constitución de Montecristi, que textualmente indica:

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los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

Del cual se puede extraer las siguientes característica: a) acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva; es decir, el estado garantiza expresamente a todos los sujetos el poder recurrir a la justicia para buscar que se tutele o ampare sus derechos; b) esta tutela debe ser imparcial y expedita, debe ser depurada de favoritismos, amiguismos o compadrazgos, limpia de prejuicios y ágil; c) aplicando los principios de inmediación y celeridad, pues la relación procesal debe enmarcarse en el conocimiento que adquiera el juzgador de los hechos presentados por las partes en vivo y en directo, dejando a un lado al juez de claustro, sino procurando un juez activo en contacto con las partes, pruebas y alegatos; así también cumplimiento con los plazos y términos legales con una debida diligencia; y d) Nadie quedará en indefensión, es decir, a nadie se le privará de ningún derecho al debido proceso pues le generaría un perjuicio dentro del mismo y muchas veces irreparable.

Definición

Con los antecedentes históricos y constitucionales que se han expuesto, se puede en un intento por comprender holísticamente a la Tutela Judicial Efectiva, construir la siguiente definición: La tutela judicial efectiva, es un derecho de todos los habitantes del Ecuador, para requerir de los órganos judiciales, un inmediato, imparcial y oportuno tratamiento de amparo, reconocimiento, aceptación o cese de afectaciones a sus intereses, cuando estos sean requeridos a través de cualquier acción, inclusive hasta el cumplimiento efectivo de lo juzgado.

Por ende, se de comprender que la tutela judicial efectiva no consiste solo en el derecho de iniciar una acción, tampoco solo dentro de un proceso, sino que este derecho garantiza un resultado efectivo, es decir, que las causas o hechos que llevaron a impulsar un proceso, cesen o desaparezcan, o refiriéndonos a la materia penal, que es ha donde va dirigida nuestra investigación, los daños ocasionados sean reparados.

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1.7. Tutela Judicial Efectiva en los procesos penales

El derecho a la Tutela Judicial Efectiva de los intervinientes en un proceso penal en nuestro país, tiene su fundamento jurídico en el artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que indica:

Art. 1.- Finalidad. – Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.

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11 EPÍGRAFE II

2. EL DEBIDO PROCESO

2.1. El Derecho al Debido Proceso

El debido proceso es un derecho constitucional aplicable a todo proceso legal, sea administrativo o judicial y siempre que exista una autoridad pública o reconocida por la ley que deba resolver respecto a cualquier tema de su competencia, los ciudadanos tendrán una herramienta para que el tratamiento de su situación jurídica no sea arbitrario. En este sentido, encontramos que el derecho al debido proceso, se encuentra en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República Del Ecuador, dentro del capítulo correspondiente a los derechos de protección. Lo cual ha sido acertado por el constituyente, ya que los derechos de protección son aquellas facultades establecidas en la constitución para ejercer la defensa de otros derechos subjetivos de mayor rango; por tanto, son derechos secundarios respecto de los que protege, pero primarios por cuanto están constitucionalizados dentro de los derechos fundamentales que a su vez tienen su origen en los derechos humanos.

Dentro de los enunciados que integran el derecho al debido proceso, a más de las garantías generales de obligatorio cumplimiento, encontramos el derecho a la defensa, que consiste en herramientas que otorga la constitución a los intervinientes de un proceso legal y que deben ser utilizadas para repeler actos y resoluciones que puedan ser arbitrarias por parte de los particulares o las autoridades públicas. Así el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), indica:

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En este sentido, para concluir con esta visión general sobre el derecho al debido proceso, Zavala (2016), indica al respecto:

Toda persona puede exigir los derechos de protección, de los cuales son sus titulares, cuando un derecho subjetivo reconocido por el Derecho le es afectado y así poder reaccionar mediante acciones administrativas o judiciales. Tales derechos de protección que viabilizan las acciones reaccionales son el derecho a la jurisdicción o tutela administrativa o judicial efectiva (Art.75 CRE); el derecho al debido proceso (Art.76 CRE) que, su vez, comprende el derecho de toda persona a exigir, de la Administración o de la Jurisdicción, el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes (No.1); la presunción de inocencia (No.2); a que se cumpla el principio de legalidad (No.3); el derecho de prueba (No.4); la interpretación y aplicación de la ley penal mas benigna (No.5), a que se cumpla la debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones (No.6); el derecho de defensa y sus quince (15) derechos instrumentales que conforman su estructura (No.7, letras a) a m) y Art. 77, numeral 7, letras a) b) y c) (p. 11)

2.2. El debido proceso penal

Aterrizando en materia penal, después de una exposición general del tema del presente epígrafe, corresponde referirnos al derecho al debido proceso dentro de un proceso penal, por ende, entendemos que a más de las herramientas generales que nos otorga el debido proceso, existen unas especiales que solo son aplicables en un proceso penal; así tenemos, un corolario de derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico Integral Penal.

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la reparación integral; artículo 79 que prohíbe la extradición de ecuatorianos, el 80 que se refiere a la imprescriptibilidad de ciertos delitos y el 81 que trata sobre los procedimientos de delitos contra grupos vulnerables.

El Código Orgánico Integral Penal, en su art. 5 establece 21 principio del debido proceso penal, como son el de legalidad, favorabilidad, duda a favor del reo, inocencia, igualdad, impugnación procesal, prohibición de empeorar la situación de procesado, prohibición de autoincriminarse, prohibición de doble juzgamiento, intimidad, oralidad, concentración, contradicción, dirección judicial del proceso, impulso procesal, publicidad, inmediación, motivación, imparcialidad, privacidad y objetividad. Estos principios constituyen la columna vertebral de un debido proceso penal, ya que las actuaciones de las partes procesales, del juez y de terceros deben enmarcarse en estos postulados.

Así también, a parte de los derechos de las personas privadas de libertad, encontramos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, los derechos de las víctimas de las infracciones y por ser el presente trabajo de investigación dirigido a analizar una parte fundamental de estos últimos, es necesario indicar que según el artículo 11, los derechos de las víctimas son: 1) Proponer acusación particular; 2) Reparación integral; 3) Reparación de las infracciones de agentes del estado; 4) Protección especial; 5) A no ser revictimizada; 6) A tener un defensor; 7) Asistencia gratuita de un traductor; 8) A ingresar a sistema de protección de víctimas y testigos; 9) A recibir asistencia integral; 10) A ser informada de la investigación; 11) A ser informada aun cuando no haya intervenido en el proceso; 12) Igualdad y medidas de acción afirmativa.

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15 EPÍGRAFE III

3. LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA

3.1. Cuando nace la reparación integral en Ecuador

La reparación integral en el Ecuador, como figura jurídica y de rango constitucional nace con la constitución del 2008 y se desarrolla legalmente con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal del 2014; sin embargo, la posibilidad del resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el cometimiento de una infracción penal, ya se encontraba en el Código De Procedimiento Penal de 1983 que señalaba: “Art. 434.- En caso de sentencia condenatoria, la acción por daños y perjuicios y costas procesales se sustanciará ante el mismo Juez que dictó tal sentencia, en juicio verbal sumario y en cuaderno separado.”; lo cual, sin embargo no contenía ningún tipo de reglas para cuantificar dichos daños y perjuicios, por lo cual se recurría a la legislación civil para determinar en que consisten los daños y perjuicios. También es necesario evidenciar que esta posibilidad de reparación solo era posible si el ofendido lo reclamaba en juicio.

Más adelante, con el Código de Procedimiento Penal del 2000, se establece que los daños y perjuicios ocasionados por el cometimiento de una infracción, son un derecho del ofendido a ser establecidos y cuantificados en la misma sentencia, así lo disponía:

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El nacimiento de la reparación integral, en nuestro ordenamiento jurídico, concretamente se produce en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, la cual en su artículo 78 expresa:

Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.

El cambio de paradigma constitucional que representó la Constitución de Montecristi, sobre todo con el avance en reconocimiento y protección de derechos, así como garantías de los mismos, se va tratando de promover una satisfacción integral a las víctimas de infracciones penales en cuanto a las afectaciones provocadas por las alteraciones a su paz patrimonial, psicológica y moral; por tanto, es un deber del estado, por medio de la administración de justicia, tutelar efectivamente los derechos de las víctimas de infracciones penales en el transcurso del proceso penal estableciendo y ejecutando al final del mismo, las medidas de reparación integral mediante las cuales se compensa la vulneración del derecho sufrido.

3.2. La reparación integral en el Código Orgánico Integral Penal

Anteriormente, hicimos referencia a la tutela judicial efectiva en los procesos penales y dejamos sentado que al artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal, señala un fin efectivo para las víctimas de las infracciones penales, el cual consiste en su reparación integral; así también el mismo código en el Título III, Reparación Integral, Capítulo Único, artículo 77, indica:

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un derecho y una garantía para interponer los recursos y las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones en proporción con el daño sufrido.

La disposición normativa nos indica ya expresamente en que consiste la reparación integral a las víctimas de una infracción y sobre todo, no indica parámetros de proporcionalidad para el establecimiento de las medidas es decir. a) Características del delito; b) Bien jurídico afectado; y, c) Daño ocasionado.

Por otro lado, refiriéndonos al momento en que debe ser establecida y cuantificada la reparación integral, el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 622 numeral 6, indica:

Art. 622.- Requisitos de la sentencia. - La sentencia escrita, deberá contener:

…6. La condena a reparar integralmente los daños ocasionados por la infracción con la determinación del monto económico que pagará la persona sentenciada a la víctima y demás mecanismos necesarios para la reparación integral, con determinación de las pruebas que hayan servido para la cuantificación de los perjuicios cuando corresponda…

Por tanto, al ser un derecho fundamental el de la reparación integral a las víctimas de una infracción penal y de obligatorio cumplimiento para los jueces de garantías penales, pese a no intervenir la misma en el proceso penal como acusadora particular, es requisito que en la sentencia condenatoria se establezcan las medidas de reparación; sin embargo, cuando la víctima no demuestra en el juicio los daños materiales e inmateriales causados por la infracción, le resulta a los jueces difícil adivinar los mismos para valorar y establecer las medidas de reparación sobre todo en cuanto al menoscabo patrimonial sufrido.

3.3. La reparación integral y los sujetos procesales

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18 Fiscal

Según lo dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal, el fiscal es quien dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso. En otras palabras, el fiscal es el funcionario púbico encargado por mandato constitucional de representar a la sociedad ecuatoriana en la investigación de las infracciones de ejercicio de acción pública que se cometan, y de ser el caso, acusar y perseguir una sentencia condenatoria al responsable de su cometimiento.

Por tanto, el fiscal, como parte procesal y funcionario, público no tiene la obligación de perseguir una reparación integral a la víctima, su marco de acción es determinar si existió infracción y quien es el responsable.

Víctima

Podemos entender por víctima en un sentido genérico al sujeto de derechos, que ha sufrido algún daño o menoscabo a un bien jurídico de manera directa o indirecta como resultado de la infracción.

La víctima tiene el derecho de presentar acusación particular; sin embargo, no es necesario presentar acusación particular, para poder intervenir en el proceso con un abogado público o privado y pedir que se le reconozca su derecho a la reparación integral y se fijen las medidas necesarias de compensación o satisfacción simbólica.

Acusación Particular

La acusación particular es un derecho que tienen las víctimas de la infracción para por medio de un abogado, participar en la etapa de juicio y actuar pruebas que considere necesarias para colaborar con la fiscalía en el establecimiento de la responsabilidad del acusado y también por medio de la misma se persigue la reparación integral a la víctima.

3.4. Mecanismos de reparación integral

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arriba; así tenemos, que estos mecanismos con 5: 1) Restitución, indica restablecimiento de derechos pedidos o suspendidos; 2) Recuperación, refiere a tratamiento médico y psicológico; 3) Indemnización de daños materiales e inmateriales, reparación apreciable en dinero; 4) Medidas de satisfacción o simbólicas, consistentes en reparar dignidad, disculpas, homenajes, etc.; y, 5) Garantías de no repetición, que las víctimas no sea afectadas por delitos del mismo género.

De las cinco mecanismos de reparación integral que contempla nuestra legislación penal, el 3 referente a indemnización de daños materiales e inmateriales es el que ocasiona más problemas a los sujetos procesales y a los jueces a la hora de pedirlos y probarlos por parte de los primeros y el otorgar y cuantificar por parte de los segundos; ya que, los daños materiales se refieren al daño emergente y lucro cesante causado por las consecuencias de la infracción y el inmaterial por la afectación psicológica de las víctimas y su entorno familiar. No se considera que dentro de los daños inmateriales pueda tener cabida el daño moral, ya que el 4 mecanismo de reparación indicado, contempla la posibilidad de medidas de satisfacción, y se entiende que dicho daño se refiere al descrédito social y a la deshonra, siendo pertinente esta reparación para ello.

3.5. Reglas para establecer los montos de reparación integral

Los daños y la afectación causada en las víctimas de una infracción penal, deben ser debidamente fundamentados y probados mediante los medios que establece el Código orgánico Integral Penal; ya que del aporte que haga la víctima, sea con acusación particular o sin ella, el tribunal tendrá los elementos necesarios para otorgar las medidas de reparación integral necesarias y cuantificar la reparación por daños materiales e inmateriales.

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por ejemplo: intervenciones médicas, consultas, medicamentos, radiografías, ecografías, etc.; y, b) En cuanto al lucro cesante, en el caso de que sea un padre de familia y único sostén económico del hogar, los ingresos que ha dejado de percibir durante todo el tiempo que ha llevado la recuperación, así como, las deudas y demás gastos que se deriven de no haber tenido ingresos por consecuencia de la infracción, de parte de la víctima y de todos aquellos que dependían de la misma.

El pedido de reparación integral debe ser fundamentado estableciendo el nexo causal entre la infracción y el daño ocasionado y una vez que se tenga esa relación de causa y efecto, procede la prueba para la cuantificación; para lo cual, se recomienda realizar estas dos preguntas: ¿Qué consecuencias me ocasionó la infracción? Y ¿Cómo las mismas, menoscaban mi patrimonio y mi integridad?

Sin embargo de lo expuesto, la víctima o acusador particular no realizan este análisis, fundamentación y prueba necesaria para otorgar al tribunal de garantías penales los medios necesarios para una valoración y cuantificación adecuada a la reparación integral, y entonces el tribunal se encuentra en un camino sin salida respecto a este derecho constitucional, ya que ellos tienen el deber de indicar en sentencia las medidas necesarias de reparación, no pueden omitir y vulnerar este derecho de las víctimas, deben tutelar efectivamente el derecho de las víctimas; por lo cual, se ha encontrado un análisis realizado dentro del juicio 0997-2013 A.C., tratado en la Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Penal, delito de injurias, 29 de Julio de 2013. las 12h30, jueza ponente: Dra. Gladys Terán Sierra, que respecto a no contar con los medios probatorios aportados por la víctima, y por ser un derecho constitucional, realiza la siguiente motivación en la parte pertinente:

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g) LA METODOLOGÍA

La presente investigación se llevará a cabo mediante el análisis de un caso específico referente al tema que nos ocupa, con su respectivo análisis de información jurídica, desde una perspectiva descriptiva, evaluativa, explicativa y propositiva, bajo un lineamiento jurídico en materia Constitucional.

Se utilizarán los siguientes métodos:

Deductivo – Inductivo. -

Partiremos desde el concepto de tutela judicial para llegar a la reparación integral establecida en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal.

Analítico – Sintético. -

En el presente trabajo es indispensable analizar los tipos penales que con más incidencia en los procesos penales y como se refleja la reparación integral en sus sentencias.

Histórico - Lógico. -

La parte medular de la investigación se concentra en analizar las sentencias dictadas por los jueces en los que se evidencia que no refleja de conformidad a la prueba la reparación integral a favor de la víctima indistintamente de los delitos sobre los que se sustanció el proceso penal.

Técnica

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24 ANÁLISIS DE UN CASO PRÁCTICO

En esta parte del presente trabajo se realizará el análisis de un caso práctico extraído de nuestro sistema de justicia, en el cual, se comprobará el poco conocimiento y falta de técnica del abogado del acusador particular al momento de fundamentar y probar lo pertinente a obtener una reparación integral adecuada; así como, por parte del juzgador, como se viola el derecho a la tutela efectiva de la víctima al no motivar el establecimiento de los mecanismos de reparación integral y fijar una monto económico arbitrario por concepto de reparación de daños ocasionados producto de la infracción.

El caso corresponde a la sentencia emitida dentro juicio penal número 17282-2016-03397, tramitado en la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes, con sede en la Parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, procesado señor GALARZA GARZON NELSON GEOVANNY, victima LEE MACIAS CHANG HO, delito de LESIONES, fecha de la sentencia 20/09/2016, 13:25, jueza Dra. MENDEZ MELGAREJO ELBA INÉS, dentro de la cual, en el considerando 4.5 de la sentencia, que se refiere la prueba producida por la defensa de la acusación particular, indica:

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el derecho de contradicción pongo a conocimiento de la otra parte a fiscalía para que haga las respectivas observaciones y también a la defensa de la persona procesada, el 12 de julio del 2016 el registro de retiro de la Universidad, se tome en cuenta la calidad de acusador particular en cuanto a las posibles indemnizaciones que fueren del caso el daño emergente y el lucro cesante 77 y 78 La reparación a la Víctima Esta suscrita juez da paso únicamente a las facturas que tenga referencia de medicación que haya sido adquirida para las curaciones, con respecto a las otras facturas que presenta la defensa del señor Chang Ho Lee Macías por encontrarnos dentro de un litigio oral y por el derecho que tienen las partes para interrogar y contrainterrogar, y no se vulnere los principios constitucionales de inmediación, contradicción y al tener los certificados médicos una firmas de respaldo de los médicos que atendieron al mencionado Señor y no encontrase presente los médicos en esta audiencia pública y contradictoria no se da paso a dicha documentación. Haciéndole conocer al Abogado de la defensa que es obligación estar pendiente de la prueba anunciarla, practicarla en esta audiencia de juzgamiento que presente en la misma, para garantizar los derechos de su defendido. Sin embargo de ello esta Juez considerar como referencia los documentos que no se encuentran con firma de respaldo para hacer un análisis del monto de la reparación a la víctima. El Abogado Acusador que considera que únicamente sea incorporada como una referencia para el juzgador.

Ante este anuncio probatorio, en la parte de la resolución, referente a la motivación en la determinación y aplicación de los mecanismos de reparación integral, la jueza indica: “…Con respecto a la reparación a la Victima se establece monto $ 500 dólares americanos…”

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En segundo lugar, corresponde analizar la resolución de la jueza en cuanto a la determinación de los mecanismos de reparación integral aplicables al caso; en este sentido, constatamos que en su sentencia escrita, le dedica solo dos líneas a la reparación integral indicando que “se establece monto $ 500 dólares americanos”; por tanto, si bien no existió una adecuada defensa técnica por parte del abogado acusador particular, no le exime a la juzgadora de realizar un análisis y valoración de las pruebas aportadas para la reparación, no existe motivación de la resolución, ya que el artículo 621 del Código Orgánico Integral Penal, dice:

Art. 621.- Sentencia.- Luego de haber pronunciado su decisión en forma oral, el tribunal reducirá a escrito la sentencia la que deberá incluir una motivación completa y suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal como con la determinación de la pena y la reparación integral a la víctima o la desestimación de estos aspectos.

Por ende, la sentencia no cumple con lo pertinente a la motivación en cuanto a la reparación integral a la víctima; y, entendemos según el numeral 18 del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, que: “Motivación: la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular, se pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los sujetos procesales durante el proceso.”; de igual manera, la Constitución de la República del Ecuador, en el literal l) numeral 7 del artículo 76, indica:

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

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28 h) PROPUESTA

DOCUMENTO DE ANÁLISIS CRÍTICO JURÍDICO QUE EVIDENCIE COMO LA VULNERACIÓN DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA POR LOS OPERADORES DE JUSTICIA PRODUCE INCUMPLIMIENTO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA Y PROPONER UNA ALTERNATIVA PARA SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA

ANTECEDENTES

El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, no ha sido amparado debidamente por los jueces o tribunales de garantías penales, al momento de establecer los mecanismos de reparación integral de las víctimas de las infracciones dentro de un proceso penal; así como, de cuantificar el daño material o inmaterial causado; ya que, en realidad los operadores de justicia no están llamados a adivinar el daño causado por la infracción y sus consecuencias emergentes y cesantes, esto le corresponde a la víctima o acusador particular de ser el caso; sin embargo, como se ha constatado en el caso práctico estudiado previamente, y así lo ha demostrado la experiencia en muchos otros casos, que los abogados defensores de las víctimas no comprenden como llevar técnicamente y demostrar un pedido de reparación integral

Empero, el derecho a la reparación integral de las víctimas de una infracción penal es de categoría fundamental, reconocido en las Constitución de la República del Ecuador y garantizado por otros derechos, entre ellos el de tutela judicial efectiva; es decir, debe ser reconocido y garantizado por parte de los operadores de justicia, sin la necesidad de que la víctima intervenga en el proceso o presente acusación particular; pero, ¿cómo se podría lograr la tutela efectiva de este derecho de la víctima sin su intervención o deficiente intervención?

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integral a la víctima cuando esta no ha intervenido en el proceso y los jueces deben fijarla de oficio por ser un derecho constitucional.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Con la finalidad de alumbrar esta falta de preparación por parte de los operadores de justicia de nuestro país, en cuanto al tratamiento de los mecanismos de reparación integral a las víctima de infracciones, es necesario comprender que este derecho no es un invento de la constitución de Montecristi o del COIP, ya que el desarrollo de este tema se encuentra en instrumentos internacionales de derechos humanos y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de obligatorio cumplimiento para nuestro estado.

En este sentido Hirsch (2007), indica:

El desarrollo de los debates sobre el objeto del derecho penal y las discusiones político criminales sobre los fines de la pena han hecho que se mueva el centro de las mismas, de la euforia de la resocialización que ponía como eje de atención al autor, a mirar al ofendido y generando una especie de redescubrimiento de la víctima. (p. 139)

…..El cambio de paradigma constitucional que se realizó en el 2008 en el Ecuador, junto con un posterior desarrollo normativo, obliga a que los operadores de justicia a una mayor preparación académica en cuanto a derechos humanos, instrumentos internacionales y jurisprudencia internacional en especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para garantizar en sus resoluciones una motivación nutrida de los elementos necesarios a la luz del nuevo derecho constitucional y penal, en donde son garantistas de derechos de los sujetos procesales y en nuestro caso de las víctimas.

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Ya que partimos de lo general con la afirmación del párrafo anterior, compete proponer una solución particular para los jueces de garantías penales, en dos escenarios: a) Cuando exista intervención de la víctima en el proceso penal; y b) Cuando no exista intervención de la víctima en el proceso penal.

En cuanto, al primer problema, consistente en que dentro del proceso penal si participó la víctima de la infracción, sea como tal o como acusadora particular, debe proceder de dos maneras, dependiendo del aporte de fundamentos y pruebas incorporados por la parte procesal al juicio, estos son: a) Si la intervención del defensor de la víctima es técnica, y en efecto, fundamenta su pedido de mecanismos de reparación, identifica los mismos y prueba su necesidad, no le queda al juzgador más que motivar en sentencia su decisión respecto al tema, y, b) Si la intervención de la defensa de la víctima es pobre, y dependiendo del tipo de infracción, no son los mecanismos de reparación adecuados o suficientes, deberá suplir de oficio este vacío, garantizar una reparación integral adecuada y necesaria y oficiar al Consejo de la Judicatura para que se le sancione al abogado por la falta de defensa técnica a la víctima, ya que es un derecho constitucional en juego. En cuanto al segundo escenario indicado, cuando la víctima no interviene en el proceso penal, que es lo más común dentro de nuestra sociedad por diversos factores, entre ellos, el desconocimiento de la población frente a sus derechos, le corresponde al juez garantista en materia penal determinar sin elementos aportados una adecuada reparación integral, para esto, se expondrán algunas directrices de la Corte Interamericana de Derechos humanos, al respecto.

En la sentencia del 16 de noviembre del 2009, caso Gonzales y otras versus México, en el párrafo 450, indica la Corte:

…se debe tomar en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas, dado que, es imprescindible para los Estados respetar los derechos de los grupos expuestos a mayor riesgo de violaciones de sus derechos fundamentales, como las mujeres, los niños y niñas, los pueblos indígenas, las comunidades afro, los líderes sindicales, los defensores de derechos humanos…

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consecuencias que produjeron las infracciones y compensación por los daños ocasionados en el caso”.

Si se ha ocasionado la muerte de la persona como resultado de la infracción, como reparación integral para las demás víctimas, en cuanto a determina el lucro cesante, la Corte en sentencia de fecha de 10 de septiembre de 1993, caso Aloeboetoe y otros versus Surinam, indica que es preciso hacer una estimación prudente de ingresos posibles de la víctima durante el resto de su vida probable.

Continuando, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia de fecha 27 de noviembre de 1998, caso Loayza Tamayo versus Perú, párrafo 148, se refiere a la ampliación del espacio de reparaciones incorporando el concepto de daño al proyecto de vida, el mismo que se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone; sin embargo, este constituye un parámetro subjetivo a la hora de determinar posibilidades de un futuro incierto, por lo cual, lo conveniente consiste en fijar una indemnización por el daño material de una manera objetiva, atendiendo a datos reales de la víctima y proyectándolos hasta que desaparezcan sus probabilidades.

Por tanto, se considera que el juez o tribunal de garantías penales al momento de establecer los mecanismos de reparación integral a las víctimas lo haga atendiendo a las siguientes consideraciones:

a) Identifique la condición natural de vulnerabilidad de la víctima, es decir, si es niño, niña o adolescente, adulto mayor, discapacitado, inmigrante; para lo cual, deberá aplicar necesariamente mecanismos de rehabilitación, satisfacción y no repetición; y,

b) El grado de afectación del bien jurídico en cada caso; depende de este, cabría la posibilidad de mecanismos de restitución e indemnización de daños materiales e inmateriales.

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a) Solo puede fijar un monto por concepto de lucro cesante, y si de la investigación se cuenta con elementos de que ingresos mensuales recibía la víctima hasta la fecha de la infracción se tomará esa cantidad como base, si no se tendrá que tener en cuenta como unidad de partida el Salario Básico Unificado del Trabajador en Generala la fecha de la audiencia de juicio; y,

b) El monto mensual fijado en el literal anterior, multiplicarlo por los meses transcurridos desde el cometimiento de la infracción hasta la fecha de la audiencia de juicio, considerando los beneficios legales de cualquier trabajador; en caso, de personas que no tengan ingresos propios, se deberá realizar el mismo análisis respecto a sus representantes.

CONCLUSIÓN

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i) CONCLUSIONES GENERALES

1. El derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de las infracciones penales en cuanto a la reparación por los daños sufridos, está garantizado por parte de los operadores judiciales siempre que se apliquen los mecanismos permitidos y adecuados para cada caso particular, los cuales deberán estar debidamente motivados en la sentencia condenatoria.

2. El derecho a la reparación integral de las víctimas de una infracción penal, es un derecho fundamental reconocido en la Constitución de la República del Ecuador; por lo cual, los jueces deben garantizar este derecho en sus resoluciones, sea que haya comparecido o no la víctima al proceso penal, y haya o no aportado elementos y pruebas para determinar los mecanismos de reparación.

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j) FUENTES/BIBLIOGRAFÍA DOCTRINARIOS

1. ALBA José, Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y Motivación de las Resoluciones Judiciales, Ara Editores, Perú 2006

2. BOBBIO Norberto, Teoría General del Derecho. Editorial Temis, Bogotá 1992. 3. ELBERT Carlos, Manual Básico de Criminología, Editorial Temis, Bogotá 1992. 4. GARCÍA, Ramiro, “Código Orgánico Integral Penal Comentado”, Tomo I, ARA

editores, Perú 2014.

5. GUZMAN, Leandro, “Derecho a una sentencia motivada”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2013.

6. LÓPEZ Diego, El Derecho de los Jueces, Editorial Legis- Colombia 2017. 7. LARREA Juan, Manual Derecho Constitucional. Corporación de Estudios y

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8. RAWLS John,Teoría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica, México 2003. 9. VALLESPIN, David, “El modelo constitucional de juicio en el ámbito del proceso

civil, Relieve Del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva”, Atelier, Barcelona 2002. 10.ZAIDAM Salim, Neoconstitucionalismo, Teoría y práctica en el Ecuador, Editora

Jurídica Cevallos, Quito- Ecuador.

11.ZAVALA, Jorge, “Introducción al COGEP, Reflexiones sobre Derechos Fundamentales”, División Académica Zavala Egas, Perú 2016.

FUENTES NORMATIVAS:

12.CÓNSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 2009.

13.CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones. 2016.

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k) DATOS PERSONALES

Nombre: Ángel Wilfrido García Domicilio: Quito-Pichincha-Ecuador. Cédula: 180303810-6

Teléfono: 0988760741

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