CORTE DE
CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD
CONSTITUCIONALIDAD
LA JURISPRUDENCIA Y EL
LA JURISPRUDENCIA Y EL
PRECEDENTE
PRECEDENTE
EN MATERIA LABORAL
EN MATERIA LABORAL
Lic. Marlon Barahona
Lic. Marlon Barahona
GENERALIDADES
GENERALIDADES
PRINCIPIOS DEL
PRINCIPIOS DEL
DERECHO DE
DERECHO DE
TR B JO
TR B JO
GENERALIDADES
GENERALIDADES
PRINCIPIOS DEL
PRINCIPIOS DEL
DERECHO DE
DERECHO DE
TR B JO
TR B JO
DEFINICIÓN
DEFINICIÓN
“Los principios del derecho del trabajo son ideas
“Los principios del derecho del trabajo son ideas
fundamentales de la organización
fundamentales de la organización
jurídico-laboral que surgen del orden normativo dado y
laboral que surgen del orden normativo dado y
lo realimentan, dándole determinado sentido a
lo realimentan, dándole determinado sentido a
cada una de las disposiciones que lo componen,
cada una de las disposiciones que lo componen,
resultando indispensables para aplicar
resultando indispensables para aplicar
rectamente sus normas”.[1]
rectamente sus normas”.[1]
[1]García, Manuel A. , Montoya Melgar, Alfredo,
[1]García, Manuel A. , Montoya Melgar, Alfredo,
cits. Por Fernández Madrid, Juan C. Tratado
cits. Por Fernández Madrid, Juan C. Tratado
práctico de derecho del trabajo, t. I, La Ley,
práctico de derecho del trabajo, t. I, La Ley,
Buenos Aires, 1989, p. 160.
Finalidad
Es proteger la dignidad del trabajador y
proyectar su eficacia, tanto al iniciarse el
vínculo laboral, como durante su
desarrollo y al momento de su extinción,
además de ser un filtro para la aplicación
de normas ajenas al derecho del trabajo.
Funciones Esenciales
1. Orientadora e informadora
2. Normativa e integrativa
3. Interpretadora
4. Unificante o de armonización de
1. Orientadora e informadora
Debido a que ilustra al legislador y
delimita su actuar conforme a las pautas
superiores, asimismo orienta a quien debe
sancionar una ley sirviendo como
2. Normativa e integrativa
Debido a que es un instrumento técnico
para cubrir una laguna del ordenamiento
jurídico; integrando el derecho y actuando
como fuente supletoria en caso de
ausencia de la ley.
3. Interpretadora
Ya que fija reglas de orientación al juez o
al intérprete de la norma (abogado, jurista
y al doctrinario) en las controversias y lo
conduce hacia la interpretación correcta.
4. Unificante o de armonización de política
legislativa y judicial:
Ya que vela por la seguridad jurídica al
preservar la unidad sistemática del
derecho, evitando que tanto el legislador
(al sancionar la ley) como el juez (al
PRINCIPIOS DEL
DERECHO DEL
TRABAJO
1. Principio Protectorio
Este principio tiene como finalidad proteger la
dignidad del trabajador en su condición de
persona humana, el cual consiste en equilibrar
las diferencias preexistentes entre trabajador y
empleador evitando que quienes se desempeñan
bajo la dependencia jurídica de otros sean
víctimas de abusos que ofendan su dignidad, en
virtud del poder diferente de negociación y el
desequilibrio jurídico y económico existente
entre ellos.
3 reglas del principio protectorio:
1. Indubio pro operario
2. Regla de la aplicación de la norma más
favorable
1. Regla In dubio pro operario
Regla de interpretación la cual indica que
si una norma resulta ambigua, y puede ser
interpretada de varias formas y con
distintos alcances, el juez debe,
obligatoriamente, inclinarse por la
2. Regla de la aplicación de la norma más
favorable
Regla de aplicación la cual establece que
cuando se presentan dos o más normas
aplicables a una misma situación jurídica,
el juez debe inclinarse por aquella que
resulte más favorable al trabajador,
aunque sea de jerarquía inferior.
3. Regla de la condición más
beneficiosa
Esta regla dispone que cuando una
situación anterior es más beneficiosa para
el trabajador se la debe respetar, teniendo
como finalidad la ampliación de los
2. Principio de irrenunciabilidad de los
derechos
Busca evitar que el trabajador, forzado por
una situación social y económicamente
desventajosa frente a su empleador,
acepte estipulaciones que impliquen
renuncias y, para ello, excluye la validez
de toda convención de parte que suprima
o reduzca los derechos previstos en las
normas legales, estatutos profesionales o
convenciones colectivas.
3. Principio de la continuidad de la
relación laboral
Este principio establece que en caso de
duda entre la continuación o no del
contrato de trabajo, o respecto de su
duración, se debe resolver a favor de la
existencia de un contrato por tiempo
4. Principio de la primacía de la
realidad
Este principio otorga prioridad a los
hechos, es decir, a lo que efectivamente
ha ocurrido en la realidad, sobre las
formas o apariencias o lo que las partes
han convenido: el contrato de trabajo es
5. Principio de buena fe
Principio y deber de conducta recíproca de
las partes que si bien no es específico del
derecho de trabajo, adquiere esencial
relevancia, ya que el contrato no sólo
contiene prestaciones de carácter
patrimonial, sino también deberes de
conducta.
6. Principio de no discriminación e
igualdad de trato
Este principio comprende la obligación del
empleador de no discriminar por razones
de sexo, religión, estado civil, raza, ideas
políticas, razones gremiales, edad y
7. Principio de equidad
La equidad posibilita que el juez ante una
solución disvaliosa en un caso concreto
por aplicación “estricta de la norma” no se
transforme en un “esclavo” de la letra de
la ley y deba aceptar el summus ius,
summus iniuria, sino que se aparte de la
letra para aplicar el espíritu de la ley para
lograr una solución mas justa.
8. Principio de justicia social
Este principio consiste en dar a cada cual
lo que le corresponde a fin de lograr el
bien común. Se vincula con la protección
de la dignidad del trabajador como
persona humana plasmada esencialmente
en el principio protectorio y, en el plano
colectivo, con la libertad sindical.
9. Principio de gratuidad
Este principio garantiza el acceso gratuito
de los trabajadores a la justicia para
reclamar por sus derechos, teniendo como
finalidad evitar que los trabajadores
resignen sus derechos por falta de
recursos económicos.
10. Principio de razonabilidad
Este principio opera como filtro en la
aplicación de interpretaciones “disvaliosas”
de una norma o de determinadas
situaciones. Se trata de un accionar
conforme a la razón y a determinadas
pautas de conducta que resultan lógicas y
habituales
LA ENMIENDA DE PROCEDIMIENTO NO ES APELABLE en materia laboral
(Casos relacionados: 382-2011 (2-8-11; 3936-2010(19-5-11); 2237-2010 (25-2-11)
Acto Reclamado: resolución que declaró sin lugar el ocurso de hecho promovido por el Sindicato amparista contra la decisión del Juez de conocimiento de NO ADMITIR A TRÁMITE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA DECISIÓN DE ENMIENDA DE PROCEDIMIENTO. AGRAVIO: denuncia el postulante que la Sala se basó en lo considerado por el juez de 1ª. Inst. sin entrar a analizar el fondo del motivo de su comparecencia dentro del conflicto colectivo, en lo que concierne a que tiene interés legítimo para que se le reconozca como tercero interesado, en virtud de que vela por los intereses de todos los trabajadores afiliados o no del Ministerio de Economía.
CC:
CC:
Advierte que laAdvierte que la
ENMIENDA DEL PROCEDIMIENTO
ENMIENDA DEL PROCEDIMIENTO
dispuesta dispuestapor el juez de 1ª. Inst.
por el juez de 1ª. Inst.
NO ENCUADRA
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en el artículo en el artículo365 DEL
365 DEL
C.T. PARA SER APELADA
C.T. PARA SER APELADA
, que regula que el recurso de, que regula que el recurso dealzada procede esencialmente
alzada procede esencialmente
CONTRA LAS SENTENCIAS O
CONTRA LAS SENTENCIAS O
AUTOS QUE PONGAN FIN AL JUICIO u otros casos expresos.
AUTOS QUE PONGAN FIN AL JUICIO u otros casos expresos.
La enmienda citada
La enmienda citada
NO
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reúne esa característica. reúne esa característica.
No obstante el art 67 de la LOJ establece que la enmiendaNo obstante el art 67 de la LOJ establece que la enmienda
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CÓDIGO DE TRABAJO.
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TRÁMITE
TRÁMITE DE RECURSO DE RECURSO DE APELACIÓN DE APELACIÓN en materia laboral, en materia laboral, debedebe
diligenciarse conforme lo regulado en el Código de Trabajo
diligenciarse conforme lo regulado en el Código de Trabajo
3406-2010
3406-2010 (22-3-11; (22-3-11; 278-2011278-2011
(26-5-11; 3561-2010(13-4-11-).
(26-5-11; 3561-2010(13-4-11-).
ACTO Reclamado:
ACTO Reclamado: resolución de la Sala que confirmó auto que declaróresolución de la Sala que confirmó auto que declaró CONCON
LUGAR EL INCIDENTE DE AUTORIZACIÓN DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE LUGAR EL INCIDENTE DE AUTORIZACIÓN DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DEL AHORA ACCIONANTE
TRABAJO DEL AHORA ACCIONANTE, emitido por el Juzgado de 1ª. Inst. de, emitido por el Juzgado de 1ª. Inst. de
TyPS de Izabal.
TyPS de Izabal.
AGRAVIO:
AGRAVIO: denuncia el postulante que la autoridad impugnadadenuncia el postulante que la autoridad impugnada DURANTE ELDURANTE EL TRÁMITE DE
TRÁMITE DE LA APELACIÓN NO LA APELACIÓN NO SE LE CONFIRIÓ AUDIENCIA SE LE CONFIRIÓ AUDIENCIA PARA EXPRESARPARA EXPRESAR MOTIVOS DE INCONFORMIDAD
MOTIVOS DE INCONFORMIDAD, inobservando el artículo 368 del Código de, inobservando el artículo 368 del Código de
Trabajo.
Trabajo.
Nota: La Ley del Organismo Judicial no prevé trámite en la alzada
Nota: La Ley del Organismo Judicial no prevé trámite en la alzada
278-2011
CC:
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AUTORIZACIÓN
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TERMINACIÓN
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CONTRATO
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SIN
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CONFERIR AUDIENCIA
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al postulante para que expresara los al postulante para que expresara losmotivos de su inconformidad,
motivos de su inconformidad,
NI SEÑALAR DÍA PARA LA
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art 368 del C.T.
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vulneró el principio jurídico vulneró el principio jurídicodel debido proceso.
del debido proceso.
El recurso de apelación en materia laboral se rige por loEl recurso de apelación en materia laboral se rige por lo
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prerevviisstto o een n eel l CCóóddiigo go dde e TTrraabbaajjoo, , ppoor r lo lo qquue e hhaabbererssee
promovido la apelación, se debe conferir audiencia por 48
promovido la apelación, se debe conferir audiencia por 48
horas a la parte recurrente y, luego de vencido este término,
horas a la parte recurrente y, luego de vencido este término,
señalar día para la vista.
EN LA FASE DE CONCILIACIÓN NO CABE RECURSO ALGUNO
ACTO R: resolución de Sala que confirmó auto de Juez que declaró sin lugar el
incidente de impugnación de nulidad por forma y fondo de: a) acta suscrita por los Directivos del Sindicato de Trabajadores de la Dirección General de Transporte; y b) Inscripción del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Dirección General de Transportes, planteado dentro del conflicto colectivo promovido por el mismo Comité del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda contra el Estado de Guatemala.
AGRAVIO: el acto reclamado vulneró sus derechos, ya que no conoció ninguno
de los aspectos que motivaron el planteamiento del incidente de nulidad de documentos por defectos de fondo y de forma. En cuanto al acta tales como no
llenar los requisitos esenciales para que pueda ser aceptada, pues fue errónea la numeración de las hojas, así como la identificación de las personas que la firmaron. Se colige que dicha acta es nula de pleno derecho y, por ende, también
la inscripción del Sindicato de Trabajadores de la Dirección General de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, realizada con base en el acta referida.
1433-2010 3609 2009 10 9-10 2584-2009 8-7-10); 3504 2009 25-8-10)
La autoridad impugnada invocó el criterio que la C.C. sostiene sobre la improcedencia de recursos en fase de conciliación
CC:
Consideró que la a.i. al declarar sin lugar el recurso de apelación, no ocasionó agravio ya que conforme lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 383 del CT, DURANTE LA FASE DE
CONCILIACIÓN de los conflictos colectivos NO ES VIABLE
INTERPONER RECUSACIONES, EXCEPCIONES DILATORIAS O INCIDENTES DE NINGUNA CLASE contra lo decidido por el juez de trabajo.
La desestimatoria de la Sala cuestionada, no puede considerarse como violatoria a derecho constitucional alguno del accionante, ya que POR IMPERATIVO LEGAL EN LA FASE EN QUE SE ENCONTRABA EL CONFLICTO COLECTIVO (CONCILIACIÓN), -EL INCIDENTE DE IMPUGNACIÓN DE DOCUMENTOS- NO PODÍA CONSTITUIR UN MECANISMO APROPIADO PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ACCIONANTE, sin que esta situación pueda interpretarse como agraviante y susceptible de ser reparada por vía del amparo.
(4013-2009 (8-4-2010; 1867-2010 (18-1-11); 1014-2010(25-2-11); 3151-2010
(11-2-11)
ACTO R: sentencia de Sala, que revocó la emitida por el Juez que declaró sin lugar la
demanda ordinaria laboral promovida por Macario Cortéz López contra el Estado (PNC) y, en consecuencia, declaró con lugar las pretensiones del actor , condenándolo al reintegro de los salarios dejados de percibir durante la situación especial del demandante.
AGRAVIO: al revocar lo resuelto por el Juez y declarar la procedencia de la demanda
de pago de salarios dejados de percibir, violó el principio jurídico del debido proceso, no tomó en cuenta que al trabajador no le asistía el derecho de percibir los salarios que no devengó y demás prestaciones laborales reclamadas, en virtud de lo prescrito en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Presupuesto. La a.i. aplicó en forma equivocada el artículo 13 del Reglamento de Situaciones Administrativas de la PNC, que establece como requisito esencial para el pago de los derechos suspendidos, incluidos los económicos, la existencia de una sentencia absolutoria y no el sobreseimiento de la causa.
C S HA SIDO ABSUELTOS PO SOBRESEIMIENTO
CC:
Consideró que la a.i. aplicó la normativa al caso concreto -Reglamento de Situaciones Administrativas de la Policía PNC-, pues la forma de haber puesto fin al proceso penal antes relacionado -SOBRESEIMIENTO-, implica reconocer que la intención del legislador al prever que a los Agentes de la PNC sometidos a proceso penal se le suspendería sus derechos económicos durante el plazo que se sustanciara el mismo, era resguardar el derecho del patrono de -al momento de haber condena por hechos delictivos-, terminar la relación de trabajo sin responsabilidad de su parte, pues aquella circunstancia constituye una causal justificativa para el efecto.
Sin embargo, la ley aplicable también reconoce que ABSUELTO EL
INTERESADO, DEBEN RESTITUÍRSELE SUS DERECHOS LABORALES, DE LO CUAL CABE EXTRAER QUE EL ESPÍRITU DE LA LEY SE ENCAMINA A ABARCAR LA POSIBILIDAD DE QUE EL PROCESADO PENALMENTE RECUPERE SUS DERECHOS EN CUALQUIER CASO EN QUE NO RESULTE CONDENADO POR LOS HECHOS – PRESUNTAMENTE DELICTIVOS- que causaron su situación especial.
ACTO R : resolución de Sala impugnada, que al REVOCAR la conocida en
grado, DECLARÓ CON LUGAR EL RECURSO DE NULIDAD POR
INFRACCIÓN DE LEY interpuesto y, en consecuencia, declaró nula la
resolución que acogió la excusa médica presentada por la postulante PARA
NO COMPARECER A LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL.
AGRAVIO: denuncia la postulante que la Sala al revocar la decisión que
acogió la nulidad que interpuso la ex trabajadora, se extralimitó en sus funciones al resolver algo que no se le había solicitado, asimismo, se limitaron a transcribir artículos del Código de Comercio con el argumento de que una persona jurídica, por su naturaleza, no puede excusarse. La a.i. al resolver de la manera como lo hizo, vulneró los principios jurídicos enunciados, toda vez que le limitó el ejercicio de su derecho de defensa.
A A O N
APLICA PARA PERSONAS JURÍDICA
CC:
Concluyó que la Sala impugnada,
AL REVOCAR LA
DESESTIMATIVA DE LA NULIDAD
interpuesta por la ex trabajadora con relación a la admisión de laEXCUSA
MÉDICA
presentada, actuó en eluso de sus facultades
legales, haciendo una correcta aplicación de las normas atinentes al caso concreto,sin que con su proceder haya
variado las formas del proceso.
El estado de indefensión en el que aduce encontrarse la
entidad accionante es resultado de su negligencia procesal, al no haber adoptado las medidas pertinentes para ser representada en juicio, situación que únicamente le es imputable a aquélla, no se evidenció el agravio denunciado.
Procedía que se pagara el 30% de ventajas económicas
ACTO R: sentencia de Sala que confirmó improcedencia del pago de horas
extraordinarias y revocó parcialmente; CONDENANDO AL IPM A PAGAR LAS VENTAJAS ECONÓMICAS, calculándolas en un 30% del salario, los daños y perjuicios a razón de los salarios dejados de percibir desde el momento de su despido hasta el momento del pago de la indemnización hasta un máximo de 12 meses y costas judiciales; dentro del proceso ordinario laboral de pago de indemnización y demás prestaciones laborales promovido por Conrado Tello Orrego contra el Instituto de Previsión Militar.
AGRAVIO: a) las ventajas económicas a las que se le condenó adolecen de lógica, ya
que los parqueos de los vehículos de sus funcionarios son bienes de su propiedad por lo que resulta IMPROCEDENTE QUE SE CONSIDERE EL PARQUEO COMO VENTAJA
ECONÓMICA, conceder su uso o no, es potestad del patrono. y b) el POSTULANTE PROBÓ QUE SÍ LABORÓ FUERA DEL LÍMITE DE LA JORNADA DE TRABAJO, sin que dichos documentos hayan sido redargüidos de nulidad ni de falsedad, por lo que han hecho fe en juicio y han producido plena prueba.
CC:
Lo decidido por la Sala guarda relación a las ventajas
económicas, el concepto de las NO está definido taxativamente en la ley, le ES DABLE AL ÓRGANO
JURISDICCIONAL CONOCER, VALORAR Y ESTIMAR SI EL TRABAJADOR GOZÓ O NO DE UN BENEFICIO DE ESTA NATURALEZA, a criterio de la Sala recurrida, el gozar de un lugar de parqueo para que el interesado parqueara su vehículo, constituyó un BENEFICIO ECONÓMICO PERSONAL PARA
ÉL, por lo que este Tribunal estima que el juzgador analizó y realizó las valoraciones jurídicas atinentes al caso concreto.
Nota: La Corte no hace una calificación propia de lo que se
consideró ventaja económica. De caso en caso debe considerarse si hubo o no ventaja económica según las condiciones particulares del servicio
La conclusión de la a.i. de no haber probado que el ex trabajador haya
laborado extraordinariamente, puesto que el solo listado de horas de ingreso y egreso del trabajo no es prueba suficiente para acceder a la pretensión del actor, NO IMPLICA OMISIÓN DE VALORACIÓN DE PRUEBA, SINO FALTA DE PRUEBA QUE CONFIRMEN LAS ALEGACIONES PRONUNCIADAS POR EL TRABAJADOR, conforme a las reglas de la carga de la prueba, lo cual constituye parte medular de la potestad de juzgar que confiere el artículo 203 la cprg y el artículo 372 del CT a la Sala impugnada, con lo que no evidencia agravio alguno que afecte derechos del segundo postulante.
CC concluyó que pretender que por vía del amparo se exija a la a.i.
alteración en la valoración de la prueba diligenciada, equivaldría a invadir la esfera de las facultades que están conferidas a la autoridad impugnada.
Convenio 95 OIT, Integración del Salario
ACTO R: sentencia de Sala que confirmó la emitida por el Juez, que declaró con
lugar la demanda ordinaria laboral promovida por Juan Simón Herrera Juárez contra Transactel S.A.
AGRAVIO: el acto reclamado, le produjo agravio porque violó sus derechos de
defensa y del debido proceso, al no observar el contenido de los artículos 1 y 2 del Decreto número 78-89 del Congreso de la República, establece que la bonificación incentivo y las bonificaciones por productividad y eficiencia no incrementan el monto del salario para el cálculo de indemnizaciones o compensaciones por tiempo servido, ni aguinaldos, por lo que, al confirmar la decisión asumida en 1ª. instancia, perjudicó los intereses económicos de su representada al condenarla al pago de aguinaldo, vacaciones y bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público de forma ilegal, tomando como base un salario superior al devengado por el ex trabajador; al aplicar de forma errónea el artículo 1º. del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo.
CC:
Concluyó que la a.i. efectuó un análisis de las constancias procesales y de los argumentos presentados tanto por la entidad demandada como por el ex trabajador, y concluyó que compartía el criterio sostenido por el Juez de 1ª. Inst al considerar correcta la aplicación de las normas jurídicas contenidas en el Convenio Sobre la Protección del Salario (Convenio 95) y condenar a la entidad postulante al pago del aguinaldo, vacaciones y bono anual para los trabajadores del sector privado y público y, SIENDO QUE LA
CPRG, RECONOCE LA PREEMINENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL DERECHO INTERNO, la normativa señalada tiene carácter de ley de la República de rango constitucional y por consiguiente de cumplimiento obligatorio.
La a.i. basó su decisión en aplicación del artículo 1º. del Convenio Internacional de Trabajo precitado, en concordancia con lo establecido en los artículos 46 de la Carta Magna y 12 y 88 del CT, por lo que el solo hecho de que la decisión haya sido contraria a sus intereses, no implica vulneración a los derechos y garantías constitucionales de la amparista.
3399-2007;
• Acto R: sentencia dictada por la autoridad impugnada que confirmó la emitida
por Juzgado, que declaró con lugar la demanda ordinaria laboral promovida contra el Estado de Guatemala.
• Agravio: considera el postulante que al declarar que a los demandantes les
asiste el derecho a percibir en calidad de aumento salarial, la reclasificación que se hizo para quienes poseían el título en grado de licenciatura, no observó que esta diferencia no es un acto discriminatorio, sino una reclasificación dictaminada por los órganos competentes y apegada a las pruebas documentales para quienes ostentaban el grado académico.
EL HECHO DE AUMENTAR EL SALARIO SOLO A
TR B J DOR S SOCI LES “GR DU D S” NO
PRODUCE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS
TR B J DOR S UN “NO GR DU D S”
CC: LAS FUNCIONES DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES CON GRADO
ACADÉMICO DE LICENCIADAS EN TRABAJO SOCIAL Y LAS DE QUIENES NO LO TIENEN, SON LAS MISMAS; sin embargo, la calidad y los méritos alcanzados por quienes ostentan el grado académico de Licenciatura en trabajo social es distinta de quienes aún no han obtenido tal nivel académico, cuestión que ubica a los trabajadores sociales en situaciones diferentes que merecen ser tratadas desigualmente conforme sus diferencias, puesto que resultaría no equitativo y desestimulante para
quienes se han preocupado y esforzado por profesionalizarse no verse compensados por un mejor salario. Las trabajadoras sociales, en el desempeño de las labores que están llamadas a cumplir, prestan un servicio especializado que, como tal, ha de provocar a quienes lo llevan a cabo a alcanzar la superación académica, luego de lo cual pueden optar a que se les equipare el sueldo de conformidad con la normativa aplicable
El término de prescripción para reclamar el
pago de horas extras inicia desde termina la
relación de trabajo
Expediente 2150-2008 (relacionados: 505-2009 y 3108-2009)
Acto Reclamado: sentencia de uno de marzo de dos mil seis, por la que la Sala
Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social revocó la emitida por el Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social de la Primera
Zona Económica, que declaró sin lugar las excepciones planteadas y con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por varias personas contra del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Agravios: estiman los postulantes que, al revocar la resolución
apelada, la autoridad impugnada vulneró los principios jurídicos de impartir justicia de conformidad con la Constitución y las leyes y el de congruencia, debido a que no consideró que en aplicación del artículo 266, literal a), del Código de Trabajo, interrumpieron la prescripción al momento de interponer la demanda. Expresaron, además, que se produjo una errónea aplicación del artículo 263 del Código de Trabajo porque su reclamación tenía origen en la ejecución de un laudo
arbitral y no en los contratos individuales de trabajo como interpretó la Sala reclamada
Consideraciones de la Corte sobre
la prescripción en materia laboral
Existe una importante corriente doctrinaria, que en algunos casos ha logrado
plasmar sus teorías en la legislación positiva, que se pronuncia por la
imprescriptibilidad de los créditos laborales, fundándose en el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y en el carácter de orden público atribuido a las disposiciones laborales. Pero en general, la doctrina y las legislaciones admiten la aplicación de la prescripción extintiva en el Derecho del Trabajo, como un mal necesario, como una concesión que la justicia social debe hacer a la seguridad jurídica.
Las corrientes doctrinarias referidas en el párrafo anterior, han manifestado que
los principios del Derecho del Trabajo, destacándose el de irrenunciabilidad de derechos, que protege principalmente los derechos del trabajador, en ciertas oportunidades no se complementan con lo establecido en las normas jurídicas vigentes, y uno de los casos más destacados es el que se refiere a la prescripción en
materia laboral. Para ello, es necesario tener presente lo expresado por el
juslaboralista uruguayo, Américo Plá Rodríguez: "Dada la difícil armonización de estos institutos con los principios del derecho del trabajo, tanto la prescripción como la caducidad deben ser interpretadas con criterio restrictivo: admitirse lo menos
Consideraciones del Tribunal
sobre la prescripción:
Sin embargo, según la actual práctica laboral, resulta
sumamente difícil que un trabajador interrumpa el plazo prescriptorio en virtud de un beneficio no sufragado
oportunamente, por temor a presuntas represalias del empleador que tal vez puedan poner en riesgo el vínculo
laboral. Así, bajo este punto de vista, no puede configurarse un comportamiento omisivo por inacción voluntaria, pese a no
existir ignorancia, error, dolo o violencia, sino todo lo contrario, existiría una acción de parte del trabajador de modo implícito que hace imposible su exteriorización por temor a la ruptura de la relación laboral.
Continuación de consideraciones
de la Corte (prescripción)
Además, conviene tener presente la oportunidad de la
exigibilidad del derecho tal como lo manifiesta el autor
argentino Raúl Altamira Gigena: "Si se aceptara que el curso de la prescripción ha de correr en todos los casos desde que el
derecho es exigible, aunque su titular desconozca su existencia (por ignorancia o error espontáneo o provocado por dolo del deudor), o no pueda actuar por encontrarse ab initio ante una
fuerza irresistible o injustas amenazas, podría el titular perder su derecho antes de que pudiera ejercerlo. Ante esta innegable
realidad, prácticamente toda la doctrina y la jurisprudencia acepta que, en determinadas situaciones y como excepción, el
plazo prescriptivo comience a correr a partir del momento en que el titular de la acción toma conocimiento de los hechos en que funda su derecho, posición que se muestra muy vulnerable, ya
que se la funda en consideraciones más axiológicas que jurídicas".
LA JURISPRUDENCIA Y EL PRECEDENTE
EN MATERIA LABORAL art. 4c.1
CASO I (Causal de Despido en Ámbito
Municipal):
3089-06 (
no vigencia 4c.1
)
Casos relacionados: 2087-07 y 872-07
Acto Reclamado:
Resolución que confirmó la decisión de primer
grado que declaró con lugar la solicitud de
reinstalación promovida por una trabajadora
contra la Municipalidad de Mixco. El accionante
fue el patrono
–
Municipalidad de Mixco-.
LA JURISPRUDENCIA Y EL PRECEDENTE
EN MATERIA LABORAL
Argumento Central:
Que el artículo 4 inciso c) numeral 1 de la Ley de
Sindicalización y Regulación de la Huelga de los
Trabajadores del Estado, reconocía que no
constituía acto de represalia el despido de un
trabajador, dispuesto por causa justa, de
manera que, en el caso concreto, al haberse
dispuesto el despido con base en el artículo 62
de la Ley de Servicio Municipal, no se produjo un
despido injustificado que ameritara haber
obtenido autorización judicial previa, puesto que
obedeció a una causal justificativa de despido.
LA JURISPRUDENCIA Y EL PRECEDENTE
EN MATERIA LABORAL
Ratio Decidendi de la Corte:
La Corte reconoció necesario aplicar el principio indubio pro
operario, con base en el cual debía reconocerse que el artículo 380 del Código de Trabajo impone una obligación de inexcusable
cumplimiento, en virtud de la cual todo patrono debe obtener
autorización judicial previa para despedir a un empleado, cuando se encuentre emplazada dentro de un conflicto de carácter económico social.
El principio se aplicó en virtud de la dualidad de normas que era
posible aplicar al caso, por un lado, la que facultaba al patrono a despedir trabajadores cuando se tratara de una casual justificativa, por encima de la prohibición contenida en el artículo 380 del Código de Trabajo.
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Caso II: Certifica lo conducente contra patrono que no cumple
orden de reinstalación
3178-2007 (certificación de lo conducente) Casos Relacionados: 2498-07 y 1553-07
Actos Reclamados:
a) resolución por medio de la cual la autoridad impugnada decretó
embargo definitivo sobre bienes inmuebles propiedad de la
amparista, a raíz de la negativa a dar cumplimiento a la orden de reinstalación que había decretado en el mismo procedimiento;
b) resolución por medio de la cual la autoridad impugnada, resolvió
desestimar un recurso de revocatoria que se hizo valer contra el anterior acto y ordenó certificar lo conducente para su juzgamiento en contra de quien fuere responsable del incumplimiento de la
orden de reinstalación decretada en resolución de uno de junio de dos mil uno
LA JURISPRUDENCIA Y EL PRECEDENTE
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Argumento Central:
La amparista adujo que sí había dado cumplimiento a la
reinstalación, mientras que la trabajadora argumentaba lo contrario, así como que, no se le hizo efecto el pago de salarios caídos, por lo que pidió el embargo y que se hiciera efectivo el apercibimiento que refiere el artículo 379 del Código de Trabajo.
Ratio Decidendi:
La Corte constató que se probó dentro del procedimiento que, si
bien la trabajadora fue reinstalada, en acto inmediato posterior se le volvió a despedir. A la vez, la Corte dio preponderancia al texto del artículo 380 del Código de Trabajo, conforme al cual la certificación de lo conducente contra quien incumpla la orden de reinstalación que quede firme, es procedente.
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Caso III: Denuncia falta de notificación:
3150-06 (
nombre o denominación del patrono)
Casos relacionados: 2709-07; 1102-07;
Acto Reclamado:
Resolución por medio de la cual la autoridad
impugnada, ordenó el embargo de una cuenta de
depósitos monetarios a nombre de la amparista, a raíz
de que el proceso laboral correspondiente fue promovido
contra Sailfish de Guatemala, Sociedad Anónima y, su
denominación correcta es Sailfish Guatemala, Sociedad
Anónima, por lo que no ha tenido intervención en el
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Argumento Central:
Que se limitan sus derechos esenciales al haberse embargado una
cuenta de depósitos monetarios a su nombre, no obstante no fue parte en el proceso laboral en el que se dictó la orden
correspondiente. Además, adujo que no solamente no fue parte en el proceso respectivo, sino que la orden de embargo se emitió
contra una entidad distinta de ella, por lo que el Banco que ejecutó el embargo, tampoco debió obedecer la orden.
Ratio Decidendi:
Que el propio argumento del amparista descartaba la procedencia
del amparo, ya que si fuera cierta la situación relativa a que no es la misma persona demandada, no habría reprochado que el Banco
hubiere ejecutado la orden de embargo girada contra aquella
entidad, sino que habría limitado a alegar que no fue debidamente notificada en el juicio respectivo.
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Caso IV: Despido sin causa de trabajador del Estado. Aplicación 110 Const Exp 1877-07 (Facultad onsec e indemnización constitucional)
Exp. Relacionados: 3359-06 y 213-07 Acto Reclamado:
Sentencia mediante la que se declaró sin lugar la demanda ordinaria
laboral en única instancia que el amparista promovió contra el Estado de Guatemala.
Argumento Central:
Reclamó ante la Oficina Nacional de Servicio Civil el pago de prestaciones
laborales e indemnización, por haber laborado como Profesional II de la Secretaría de la Presidencia, habiéndosele declarado sin lugar el pago de indemnización bajo el argumento de que pertenecía al servicio exento, por lo que promovió demanda ordinaria con el mismo objetivo, la cual fue
declarada sin lugar con el argumento de que el interesado pertenecía al servicio exento.
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Ratio Decidendi:
Efectivamente la Ley de Servicio Civil resultaría inaplicable por el
hecho de que el reclamante es parte del servicio exento; sin
embargo, la Corte aclara que tal aseveración no debe entenderse en forma absoluta, pues siendo que tal inaplicación emana del
supuesto de que existe una ley especial aplicable, qué pasa cuando aún en esa les especial se omitió regular alguna situación jurídica determinada?. Concluye la Corte diciendo que el artículo 110, al regular la procedencia de la indemnización para los empleados del Estado que sean destituidos sin causa justificada, no hace distinción de la clase de servicio a la que pertenezcan los trabajadores, por lo que debe reconocerse que a todos corresponde la indemnización por despido injustificado.
Aplicación del principio de plenitud hermética del Derecho, que
implica que no puede dejarse de resolver ninguna situación sometida a juzgamiento.
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Caso V: No obligatoriedad audiencia al patrono
en reinstalación
2529-2007 (
no noti a patrono en
reinstalación
)
Casos relacionados: 1532-2003 y 3070-2006
Acto Reclamado:
Resolución que confirmó la que declaró con
lugar la solicitud de reinstalación promovida
contra de la Municipalidad de Guatemala.
Solicitante del amparo la Municipalidad.
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Ratio Decidendi:
Se debe considerar que el hecho de resolverse in límine una
petición de reinstalación, obedece a una orden y prevención establecida en la ley de la materia al juez que conozca de una
situación de éstas, lo que a la vez responde a que el patrono ya está apercibido de no disponer despidos sin autorización judicial previa, luego de planteado el conflicto colectivo de carácter económico
social, en el que debe reconocerse que está teniendo la oportunidad de ejercer sus derechos.
También se ha considerado, que el hecho de que la ley mencione
que el trámite de la reinstalación se lleva en incidente, no está
refiriendo que el trámite del mismo sea el que se observe, sino que hace alusión a que el asunto es una cuestión accesoria del conflicto colectivo que resulta ser la cuestión principal.
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Caso VI (Simulación de Contratos otorgados a plazo fijo)
857-2007 (
simulación de contrato -022-)
Relacionados: 1112-2007 y 1545-2007
Acto reclamado:
Sentencia que declaró sin lugar las excepciones
perentorias interpuestas por el Estado de Guatemala y, con
lugar la demanda promovida en cuanto al pago de
indemnización y daños y perjuicios solicitados; finalmente,
declaró sin lugar la demanda en cuanto al pago de salarios
reclamados desde el día en que ocurrió el despido
.LA JURISPRUDENCIA Y EL PRECEDENTE
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16- Argumento Central:
la autoridad impugnada soslayó las normas aplicables al caso concreto
porque declaró con lugar la demanda, fundándola en principios doctrinarios contenidos en el Código de Trabajo, que fueron citados por el actor,
específicamente el que se refiere a la continuidad en la prestación de los servicios, sin considerar que el Código mencionado exime del ámbito de su aplicación en relación a la forma, plazos, derechos y obligaciones, las
relaciones de carácter laboral que se establecen entre el Estado y sus trabajadores; b) no se valoraron de conformidad con la ley los medios probatorios que fueron diligenciados, cuyo resultado de alguna manera debió sustentar un fallo absolutorio, debido a que se demostró plenamente que el demandante aceptó y ratificó cada una de las cláusulas de los
contratos suscritos con el Estado de Guatemala, para prestar sus servicios en el Renglón Presupuestario cero veintidós (022); c) carece de la
objetividad que debe plasmarse en los fallos de acuerdo a los hechos, fundamentos legales y medios de prueba aportados por las partes para
probar sus pretensiones; y d) omitió considerar que el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales tiene la facultad de dar por terminados
unilateralmente los contratos y la prórroga de los mismos, cuando así lo requiera el servicio.
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16- Ratio Decidendi:
Los principios generales del derecho del trabajo son las reglas inmutables e
ideas esenciales que forman las bases sobre la cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico-laboral. Su finalidad es proteger la dignidad del
trabajador y proyectar su eficacia, tanto al iniciarse el vínculo laboral, como durante su desarrollo y al momento de su extinción. Sirven también como una especie de filtro para la aplicación de normas ajenas al derecho del trabajo.
Entre los principios mencionados, en el derecho guatemalteco se encuentra
el de realidad o primacía de la realidad como se conoce en otros países, el cual se encuentra reconocido en el inciso d), del cuarto considerando del Código de Trabajo. En aplicación de este principio, el juez debe
desentrañar las verdaderas características de la relación que unió a las partes, por sobre los aspectos formales de la misma. Sigue con la nulidad de los convenios que se otorguen al iniciar la relación de trabajo, en
perjuicio, disminución o tergiversación de las garantías mínimas de los trabajadores, conforme la Constitución y la ley.
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También se podría denunciar la existencia de fraude, porque se
actúa en forma fraudulenta cuando, ajustando el comportamiento a las disposiciones legales, se busca evadir el fin previsto por ellas; en el caso que nos ocupa, por medio de la firma de contratos de plazo fijo se pretendió soslayar la continuidad existente en la relación
laboral.
Que entre el inicio del contrato de trabajo en el año dos mil uno y
la extinción del mismo en el año dos mil cuatro no se interrumpió la continuidad de aquél porque la naturaleza de la prestación obligaba a que la relación fuera de tracto sucesivo, característica esencial en un contrato de trabajo; en consecuencia, cuando la amparista
celebró con el trabajador un contrato de plazo fijo, con la intención de interrumpir la continuidad en la prestación, vulneró la ley, y la sanción para esa actuación ilegal es la nulidad de lo actuado y por ello deben sustituirse los actos simulados o fraudulentos por las normas desplazadas, que para el caso concreto son las que están contenidas en el Código de Trabajo.
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Caso VII Carácter de los pactos colectivos como ley profesional 2650-07 (aplicación de procedim pacto colec)
Relacionados: 2594-2007 y 476-2007 Acto Reclamado:
Resolución que al revocar la de primera instancia, declaró sin lugar
la solicitud de reinstalación promovida contra el Estado de Guatemala (Ministerio de Salud autoridad nominadora)
Argumento central:
la Sala impugnada no aplicó la normativa que establece mejores
condiciones y es más protectora de los derechos de los
trabajadores. b) Indicó, además, que la autoridad reclamada no se pronunció respecto de la Ley Profesional -Pacto Colectivo de
Condiciones de Trabajo vigente- cuando existió una petición en ese sentido, lo que viola su derecho de defensa.
LA JURISPRUDENCIA Y EL PRECEDENTE
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18- Ratio decidendi:
Los pactos colectivos de condiciones de trabajo forman parte del
derecho objetivo, son fuente formal y autónoma del Derecho del Trabajo, porque las normas respectivas son creadas por la
autonomía de las partes colectivas, sobre la base de la autorización del Estado que por ley les concede eficacia general. Es por ello, que las cláusulas normativas de un pacto colectivo constituyen ley en sentido material (norma jurídica de alcance general), lo que significa que rigen los contratos individuales igual que las normas legales
(forzosas o de derecho necesario).
Por lo anterior, la Corte concluye que al trabajador despedido
debió, previo a despedírsele – sin perjuicio de que hubiera
emplazamiento o no-, sometérsele al procedimiento administrativo previsto en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.
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Caso VIII: Estabilidad relativa y absoluta en el
ejercicio del trabajo:
2060-07 (
estabilidad absoluta-relativa
)
Relacionados: 739-07 y 3099-07
Acto reclamado:
Resolución que revocó la que había declarado
procedente la reinstalación promovida contra la
Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa.
Amparista, el trabajador.
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Ratio Decidendi:
La estabilidad propia -que puede ser absoluta o relativa- se presenta cuando la
norma aplicable prevé la imposibilidad jurídica de extinguir la relación sin causa; en este supuesto, el empleador tiene vedada la posibilidad de despedir sin invocar una causa y está obligado a reincorporar al trabajador (absoluta) o, en caso de negarse, debe pagar una indemnización agravada (relativa). En el derecho guatemalteco del trabajo, se podrían considerar como casos de estabilidad propia absoluta el de la mujer embarazada, el de los dirigentes sindicales que integran el Comité Ejecutivo de un Sindicato, el de los trabajadores que participen en la constitución de un sindicato y el del conjunto de trabajadores cuando el patrón se encuentra emplazado dentro de un conflicto colectivo de carácter económico social.
La estabilidad impropia -que es la aplicable a la mayoría de casos en la legislación
guatemalteca- se produce cuando no se le garantiza al trabajador la perduración del vínculo jurídico, pero sí una indemnización en caso de despido sin causa. Artículo110 constitucional.
Criterio: No es Factible impugnar los pactos colectivos de condiciones de trabajo,
mediante inconstitucionalidad general o en casos concretos. 3705-07Relacionados: 2700-08, 202-08
CASO IX: INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA
NORMAS DE PACTOS COLECTIVOS
Norma Impugnada en un planteamiento de inconstitucionalidad de
ley en caso concreto:
Artículo 45 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado
entre el Ministerio Público y el Sindicato de Trabajadores de dicha Institución.
Argumento central:
Esencialmente consistió en que la norma impugnad al regular que
los trabajadores tienen derecho de acudir a los tribunales a
denunciar que el despido de que fueron objeto no obedeció a causa justa, contraviene lanorma constitucional que dispone que las
entidades del Estado con ley propia se regirán por ellas, puesto que la Ley Orgánica de la Institución referida no contempla la posibilidad de acudir a formular aquel planteamiento, lo que implicaría aplicar supletoriamente el Código de Trabajo.
INCONSTITUCIONALIDAD
–
PACTOS
COLECTIVOS
Razón de la Corte para no conocer el planteamiento:
En ese sentido, un pacto de condiciones de trabajo es
un acuerdo colectivo que rige para partes determinadas
por tiempo determinado (denunciable a su término) y no
está dotado de generalidad. Es decir, no se trata de una
ley ordinaria por no haber sufrido el procedimiento
formal de creación, no es un reglamento por no ser
emitido por los órganos públicos que de acuerdo a la
Constitución tienen potestad reglamentaria, y no son
disposiciones de carácter general porque no van
dirigidos a un número indeterminado de personas, sino a
partes determinadas como consecuencia de un acuerdo
CASO X: PROTECCIÓN ESPECIAL A
MUJERES EMBARAZADAS
Estabilidad de las Mujeres en estado de
embarazo:
1466-08
Relacionados:
Acto Reclamado:
Sentencia de segunda instancia que confirmó la que
declaró con lugar la reinstalación de una trabajadora.
Argumento Central:
La trabajadora no cumplió con presentar al patrono la
constancia médica dentro de los dos meses siguientes a
que dio aviso de su estado al patrono.
CONTINUACIÓN (PROTECCIÓN
ESPECIAL AMUJERES EMBARAZADAS)
Razón de la decisión:
El artículo 52 de la Constitución Política de la República establece: “La
maternidad tiene la protección del Estado, el que velará en forma
especial por el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que
de ella se deriven”. La Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer -que ha sido ratificada por Guatemala-, en su artículo 11, numeral 2, inciso a) establece: “2. A fin
de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado
civil…”. En el mismo sentido que la norma internacional se pronuncia el Código de Trabajo, que en su artículo 151, inciso c) preceptúa: “Se
prohíbe a los patronos: (…) c) Despedir a las trabajadoras que
estuvieren en estado de embarazo o período de lactancia, quienes
CASO XI: DESPIDOS DURANTE
PERÍODO DE PRUEBA
Despidos en período de prueba:
3447-06
Relacionados: 364-07 y 364-07
Acto reclamado:
El Estado impugna la decisión de segunda instancia que
confirmó la inferior, corroborando la reinstalación de un
empleado del Congreso.
Argumento Central:
Que era viable destituir al trabajador durante el período
LA JURISPRUDENCIA Y EL PRECEDENTE
EN MATERIA LABORAL
Ratio Decidendi:
La situación de expectativa caracterizada por el período de prueba prevalece
sobre las prevenciones decretadas dentro de conflicto colectivo de carácter económico social.
El período de prueba tiene por objeto comprobar la idoneidad y eficacia del
trabajador para el desempeño de las funciones y atribuciones del puesto de que se trate (…) De no concluirse satisfactoriamente el período de prueba, el
Presidente del Organismo Legislativo, puede dar por terminada la relación laboral sin incurrir en más responsabilidad, que la que deviene del pago de prestaciones proporcionales a los derechos adquiridos”.
El período de prueba, entendido como el plazo en el cual la relación laboral no
ha creado un vínculo estable entre el trabajador y el empleador, tiene como característica principal, que durante su transcurso el patrono puede poner fin al contrato de trabajo, con justa causa o sin ella, sin obligación de preavisar ni de pagar indemnización alguna, es decir, no le genera ningún tipo de
responsabilidad. La función del periodo de prueba es la de brindar al empleador un plazo para verificar si la persona reúne las condiciones, o cuenta con el
CASO XII: RECURSOS EN FASE
EJECUTIVA
En la fase Ejecutiva del juicio laboral no procede más recurso
que el de rectificación contra el auto que apruebe la
liquidación
3398-07
Acto reclamado
Resolución que inadmitió a trámite una revocatoria
promovida en la fase ejecutiva del juicio laboral, contra la
resolución que pidió informe al patrono sobre la debida
ejecución de la reinstalación del trabajador.
Argumento central:
Directa denuncia de habérsele dejado en estado de
indefensión, y de nuevo se alegan cuestiones de fondo
CONTINUACIÓN (RECURSOS EN FASE
DE EJECUCIÓN)
Razón de la decisión:
