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Ley federal de los derechos del contribuyente

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Academic year: 2023

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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN UNIDAD TEPEPAN

SEMINARIO:

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2005

TEMA:

LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE

INFORME FINAL QUE PARA OBTENER EL TITULO EN LA LICENCIATURA DE CONTADOR PÚBLICO PRESENTAN:

EDGAR CHIRINOS MARTINEZ ANTONIO GALLEGOS MAYORGA ANDREA PIÑA MEJIA

CARLOS REGALADO BARAJAS MAYRA ISABEL TORRES DE JESUS ROBERTO URBANO AGUILAR

CONDUCTORES DEL SEMINARIO:

LIC. RAFAEL QUEVEDO GARCIA LIC. CARMEN ESTÉVEZ GUADARRAMA

MÉXICO D. F. 16 DE ENERO DEL 2006

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AGRADECIMIENTOS

La Unidad Tepepan de la Escuela Superior de Comercio y Administración a la que pertenecemos nos ha brindado la educación y formación indispensable para desarrollarnos profesionalmente, otorgándonos con ello la posibilidad de aspirar a una mejor calidad de vida y ver con ello cumplidas algunas de nuestra aspiraciones, oportunidad de la que no todos son privilegiados y la cual agradecemos sinceramente.

De igual forma agradecemos al Instituto Politécnico Nacional, nuestra escuela madre, no solo por la formación que nos ha brindado para poder desempeñarnos de forma profesional en el ámbito laboral, si no también por que a lo largo de esta jornada para lograr un objetivo, que se cumple con la culminación de este trabajo, ha sido un segundo hogar pues hemos dejado parte de nuestra vida en ella, en esta comunidad politécnica a la que nos sentimos honrados de pertenecer y que llevaremos siempre en el corazón, portando con orgullo el emblema de nuestra institución politécnica a la que sabremos dignificar no solo con los conocimientos en ella adquiridos sino también con las enseñanzas, experiencias y valores que nos ha aportado.

Aprovechamos también la oportunidad para agradecer a nuestros profesores quienes además de los conocimientos, que son las herramientas de nuestra profesión y que nos han transmitido con dedicación y paciencia, han sabido inculcarnos valores, principios y sobretodo amor a nuestra profesión e institución, motivándonos con su ejemplo a superarnos día a día, para ser mejores en cada aspecto de nuestras vidas, gracias a todos ellos por que nos han acompañado en esta jornada que ha enriquecido nuestras mentes pero sobretodo nuestras vidas.

Así mismo compartimos este logro con todas esas personas que a lo largo de nuestro trayecto han contribuido, con su apoyo y motivación, a este logro, que quizá sin ellos no hubiésemos alcanzado, pues no olvidamos que si el camino ha sido difícil siempre hubo alguien para impulsarnos a seguir adelante, y que si hemos llegado no se debe solamente al merito propio si no a todo lo que hubo detrás de cada uno de nosotros, gracias.

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INDICE

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I

LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE

1.1. Proyecto de Ley 1.1.1. Objetivos 1.1.2. Finalidad 1.1.3. Principios 1.2. Ley de España

1.2.1 Comparación de la “Ley Federal de los Derechos Del Contribuyente” de México con la “Ley de los Derechos y Garantías de los Contribuyentes” de España.

1.3. Ámbito de Aplicación de la Ley.

CAPITULO II

FACULTADES DE COMPROBACIÓN

2.1. Introducción

2.2. Facultades de Comprobación

2.3. Enumeración de las Facultades de Comprobación 2.4. Práctica de Visitas Domiciliarias

2.5. Revisión de Gabinete

2.6. Corrección por parte de los Contribuyentes 2.7. Multa en caso de Corrección por el Contribuyente 2.8. Autoridades Fiscales en Materia de Comprobación

2.9. Facultades Generales de las Unidades Administrativas del S.A.T.

2.10. Facultades de la Administración General de Aduanas

2.11. Facultades de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal

2.12. Facultades de Comprobación Específicas de la Administración General de Grandes Contribuyentes

2.13 Carta de los Derechos de los Grandes Contribuyentes Auditados

5

7 10 13 13 17 29

49

51 51 52 54 62 62 65 65 66 67 68 70

75

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CAPITULO III

ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

3.1. Introducción

3.2. Obligaciones de las Autoridades Fiscales 3.2.1. Asistencia al Contribuyente

3.2.2. Programas de Prevención y Resolución de Problemas del Contribuyente 3.3. Facultades de las Unidades Administrativas

3.4. Asistencia al Contribuyente en la Ley de Derechos 3.5. Lotería Fiscal

3.6. Síndicos del Contribuyente

3.7. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECO) 3.7.1. Proceso Legislativo de la Ley de la PRODECO

3.7.2. Veto de la Ley Orgánica de la PRODECO 3.7.3. Estructura de la Ley Orgánica de la PRODECO 3.7.4. Objeto

3.7.5. Autonomía, Independencia Técnica y Operativa 3.7.6. Estructura

3.7.7. Funciones

3.7.8. Servicios Gratuitos

3.7.9. Representación de los Particulares

3.7.10. Procedimiento en las Quejas y Reclamaciones 3.7.11. Acuerdos y Recomendaciones

3.7.12. Sanciones 3.7.13. Negligencia

3.7.14. Comparación con el Instituto de Protección al Contribuyente 3.7.15. Comparación con los síndicos

3.8. Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 3.9. Ejemplos de Asistencia al Contribuyente.

3.9.1. Devolución de Saldos a Favor en Impuestos Federales 3.9.2. Compensación de Saldos a Favor de Impuestos Federales

CASO DE APLICACIÓN CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA

78 78 78 79 80 83 85 86 93 97 97 99 99 100 101 104 105 105 106 108 109 110 110 114 116 118 118 123

127 148 150

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INTRODUCCIÓN

En el mes de Junio de 2005 se exhibió la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, como un elemento importante para el apoyo a los sujetos obligados al pago de contribuciones y los responsables solidarios.

Es una de las diversas medidas tendientes a mejorar las relaciones entre las autoridades y los gobernados, lo que indudablemente tendrá un efecto positivo en la justa recaudación.

Por otra parte se encuentra en proceso legislativo, la institución de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como adecuaciones al juicio de anulación, mediante una ley de lo contencioso de lo administrativo.

Además y en estrecha vinculación con la nueva Ley, se prepararon nuevas versiones de las cartas de derechos de los contribuyentes.

Ahora bien, un mejor resultado de Ley Federal de Derechos refiere su armonía con los distintos derechos que ya se han venido definiendo en el Código Fiscal de la Federación incluso en diversos casos se han venido fortaleciendo.

Un aspecto importante a considerar consiste en el hecho de que al proceder derechos a los habitantes, estos tienen facultad de exigir su cumplimiento a los servidores públicos que deben respetarlos, mediante la exigencia de que derivan del cumplimiento de la función pública.

Lo anterior, es desde luego independiente de que en caso de que el incumplimiento afecte los intereses jurídicos de los particulares, se empleen medios de defensa pertinentes.

Un elemento que contribuye a una concepción mas justa de los derechos de que se trata es conocer las soluciones que se han tenido como antecedentes y la comparación con la nuestra.

Con base en lo anterior, el objetivo del presente trabajo es el estudio de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente conjuntamente con el Código Fiscal de la Federación, para conocer los que sean pertinentes en el campo profesional y estar así en condiciones de exigir el debido cumplimiento.

Este informe se encuentra integrado por tres capítulos, con el siguiente contenido genérico.

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En el primero se refiere los antecedentes de la Ley Federal de Derechos y su comparación con la Ley Española.

En el siguiente se analizan las disposiciones concernientes al ejercicio de las facultades de comprobación.

En el tercero se abordan los temas relativos a la orientación y asistencia al contribuyente, comprendiendo el programa de los síndicos y la responsabilidad de los servidores públicos.

En la parte final del propio trabajo, a partir de un caso concreto se consignan una serie de derechos que corresponden a los contribuyentes y los responsables solidarios, comprendiendo los mas significativos y frecuentes, independientemente de que constituyan o no contenidos comunes en ambos ordenamientos legales

Lo anterior podría constituir una avance para efectos de identificación, posiblemente ampliando ambos cuerpos legales.

Por consiguiente decidimos que para analizar el estudio de todos los puntos anteriores, y poder dar una explicación óptima, hemos llegado a la conclusión que la metodología del trabajo este basada en:

¾ Disposiciones legales

¾ Información del Sistema de Administración Tributaria (SAT)

¾ Opiniones de autores especializados en la materia

¾ Visita de campo para recabar información (folletos)

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CAPITULO I

LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE

1.1. PROYECTO DE LEY

El 23 de julio de 2005 entró en vigor la nueva Ley de los Derechos del Contribuyente, que en un principio se denominaba Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y por una Nueva Cultura Tributaria, esta Ley reconoce y enuncia los principales derechos y garantías de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales federales, como son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y principalmente el Servicio de Administración Tributaria, el cuál era mencionado especialmente dentro del proyecto de dicha ley.

La Iniciativa de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y por una Nueva Cultura Tributaria fue presentada por la Diputada Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara en diciembre del 2003 ante la Cámara de Diputados y fue aprobada por unanimidad el 22 de abril de 2004, de igual forma fue aprobada por la Cámara de Senadores el 28 de abril de ese mismo año. Su publicación en el Diario Oficial de la Federación se realizó el 23 de junio del año 2005, entrando en vigor el día 23 de julio de este mismo año.

Esta nueva Ley fue inspirada en la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes que es un ordenamiento de España, publicado en 1998. Sin embargo en nuestro país ya existe un apartado de los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes que está contenido en el Código Fiscal de la Federación, razón por la cuál es comprensible la existencia de dicho ordenamiento para España, pero que en el caso de México esta nueva ley resulta para algunos solo una compilación resumida de los derechos ya existentes en diversos ordenamientos siendo el principal el citado Código.

Dado que la realidad de ambos países es diferente en los aspectos económico, político, social y jurídico, se podría esperar que esta nueva ley no lograra alcanzar los fines esperados para nuestro país. Por otra parte se maneja la posibilidad de que los derechos que se encuentran contenidos en el Código Fiscal de la Federación se traspasen paulatinamente a esta ley en un futuro, evitando de esta forma que la publicación de esta nueva ley tenga mayores incongruencias o contradicciones con el citado código.

A pesar de las distintas realidades entre México y España, la legislación española contiene diversas disposiciones que procuran el mejoramiento de los derechos y las garantías de los contribuyentes. Y aportan a

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nuestra nueva ley derechos, que no son considerados en el actual Código, y que representan un avance en el reconocimiento de los derechos y garantías de los contribuyentes por la novedad de algunas medidas.

Dentro de los motivos expuestos en la presentación de la iniciativa de Ley de los Derechos del Contribuyente y por una Nueva Cultura Tributaria, hecha ante la Cámara de Diputados se encuentran los siguientes:

México ha sido un país que durante mucho tiempo ha carecido de una cultura tributaria donde el monto total percibido por la Federación por el pago de las contribuciones es menos del 12% sobre el Producto Interno Bruto (que es uno de los más bajos internacionalmente comparado) y solo poco mas de siete millones y medio en un país de cien millones están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

Entre algunas de las razones en las que los ciudadanos se escudan para no cumplir esta obligación se encuentran las siguientes: “es muy difícil, no pasa nada si no se paga, otro tampoco paga impuestos, se ahorra el dinero, si paga impuestos el gobierno se los roba o los usa incorrectamente, los impuestos son muy altos, no sabe y no existe una cultura de aportación”, esta ultima apunta a una causa del incumplimiento que no se debe desdeñar.

La cultura se desarrolla acumulando conocimientos y experiencias que tenemos en el ambiente familiar, escolar y laboral. Estos forman actitudes y valores que moldean nuestra forma de razonar, de sentir y de actuar. Razón por la cual se desea una cultura contributiva que parta de un conocimiento adecuado de nuestros derechos y obligaciones. Que transforme a la obligación, en un actuar por convicción, no por temor a ser reprendido. Se desea impulsar una conducta colectiva encaminada a la contribución a la sociedad a través del pago de los impuestos.

Por otra parte el Sistema de Gobierno que México había tenido donde no hubo un cambio democrático por más de setenta años origino en el aspecto contributivo:

9 Un divorcio entre el gobierno y su pueblo originado por décadas de opacidad en asuntos públicos, por episodios lamentables de corrupción o de un dispendio en el uso de los recursos públicos.

9 Los mexicanos no encontraron razones para contribuir a los gastos públicos pues la ineficiencia y corrupción del sistema han desalentado crónicamente a los contribuyentes nacionales.

México tiene una arraigada cultura de incumplimiento fiscal que en fondo es parte de un problema más amplio. Una cultura cívica endeble, una cultura de incumplimiento alentada por la repetida experiencia de la impunidad o por la constatación de ofensivas inequidades en la aplicación de la Ley. La “amnistía fiscal” se convierte en una exigencia relevante en una sociedad que ha carecido de confianza en sus autoridades y en las

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que apenas empieza a perfilarse el cambio democrático, la cuál debe instrumentarse a través de novedosos mecanismos legales que permitan la introducción de un nuevo pacto fiscal entre los mexicanos y su Gobierno, razón por la cual la nueva ley contiene diversas disposiciones sobre información y transparencia del actuar hacendario.

También se ha buscado conseguir una mayor recaudación a través de las sucesivas reformas con las que se ha dotado de importantes y numerosas facultades revisoras y de comprobación a las autoridades fiscales que incluyen entre otras:

-La presunción de ingresos por erogaciones del contribuyente de ingresos y de base gravable.

-La posibilidad de efectuar visitas domiciliarias hasta por 18 meses e incluso en algunos casos por tiempo indefinido.

-La intervención a la caja

-La caducidad hasta por 10 años de las facultades de las Autoridades Fiscales

-La posibilidad de que la Secretaria de Hacienda regularice el procedimiento de determinación de créditos en perjuicio del contribuyente a partir de una sentencia obtenida en un medio de defensa promovido y ganado por el propio contribuyente.

Hasta ahora este camino de fiscalización y sanción a los contribuyentes de la Secretaria de Hacienda (que tiene su peor expresión en el llamado terrorismo fiscal) no ha servido para lograr el fin deseado.

Si bien existe la necesidad de alcanzar una reforma fiscal que fortalezca los ingresos públicos sin afectar a las clases populares también es cierto que los graves problemas no pueden solucionarse con mas cargas fiscales que recaen siempre sobre un grupo cautivo de contribuyentes, mucho menos otorgando mayores facultades a la Secretaría de Hacienda en un de por sí ya complejo e in equitativo panorama del sistema fiscal, que solo origina que los nuevos contribuyentes se rehúsen a ingresar a dicho sistema que resulta cada vez mas riguroso y literalmente asfixiante, provocando esto, que México continúe siendo uno de los países con menor porcentaje de contribuyentes dados de alta en Registro Federal pues el Servicio de Administración Tributaria reporta que son menos de ocho millones de contribuyentes en un país donde la Población Económicamente Activa (PEA) es 45 millones y el total de la población asciende a mas de cien millones, es decir, solo el 17.7% del la PEA cumple con sus obligaciones y el 82% restante no lo hace.

Existe una tendencia mundial, de la cual México forma parte, por dotar a los contribuyentes de una mayor seguridad jurídica, simplificar los trámites fiscales y limitar la discrecionalidad de las autoridades fiscales federales en detrimento de los contribuyentes. Si bien en diversos países latinoamericanos se vienen perfeccionando estas instituciones, es en los países anglosajones donde se ha alcanzado una evolución más

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avanzada mediante la creación de instituciones autónomas, protectoras de las garantías y los derechos de los contribuyentes.

Estás experiencias muestran una clara tendencia a fortalecer los derechos y garantías del contribuyente como el mejor medio para aumentar la recaudación, dado que el marco de la certeza jurídica y la consagración legal y sistemática de nuevos esquemas de defensa han incidido en un crecimiento real y efectivo de los ingresos tributarios, demostrando igualmente que la eficiencia del fisco Federal depende de que su incapacidad administrativa sea efectivamente sancionada y esto se realizará mediante las garantías otorgadas a los contribuyentes.

Algunos ejemplos que destacan son:

• La Ley Española de 1998, enumera las garantías fundamentales de los causantes y la obligación de las autoridades de respetarlas, creándose en paralelo a estas normas el Consejo para la Defensa del Contribuyente.

• En Estados Unidos de Norteamérica, desde 1979 existe la Oficina del “Ombudsman del Contribuyente”, con una absoluta independencia de la Oficina Recaudadora de Impuestos. Su nombramiento lo realiza el Secretario del Tesoro.

• En la Unión Europea, existe la figura del "Ombudsman en materia de impuestos", quien ha asumido una relevante función en la atención de quejas y en la participación ante las autoridades fiscales de esa comunidad.5

1.1.1. OBJETIVOS

¾ Reconocer y enunciar de manera más sencilla los principales derechos y garantías de los contribuyentes y los responsables solidarios de estos (retenedores y recaudadores, los obligados a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente, liquidadores y síndicos, directores, gerentes y administradores, adquirentes de negociaciones, representantes de residentes en el extranjero, quienes ejerzan la patria potestad o tutores, legatarios y donatarios, quienes voluntariamente asuman la responsabilidad, socios y accionistas y asociados en asociación en participación) en sus relaciones con las autoridades fiscales, sin desconocer ni invalidar los actuales CFF. Siendo de manera general los siguientes:

9 Ser informado y asistido por las autoridades fiscales.

9 Obtener las devoluciones de impuestos que procedan.

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9 Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que sea parte.

9 Conocer la identidad de las autoridades fiscales que tramiten los procedimientos en los que tengan condición de interesados.

9 Obtener certificación y copia de las declaraciones presentadas.

9 No aportar los documentos que estén en poder de la autoridad fiscal.

9 Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que conozcan los servidores públicos de los contribuyentes.

9 A ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos.

9 A que las actuaciones de las autoridades fiscales se lleven a cabo en forma que les resulte menos onerosa.

9 Formular alegatos, presentar y ofrecer como prueba documentos conforme a las disposiciones fiscales aplicables.

9 Ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal.

9 A ser informado al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales.

9 Derecho a corregir su situación fiscal

9 Derecho a señalar en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional.

¾ Instrumentar una Campaña Nacional del Contribuyente para fomentar y generar en la población mexicana una cultura contributiva, vinculando en la conciencia popular, el sacrificio económico que representa el pago de impuestos, con el crecimiento de México y la política inquebrantable de destinar esas contribuciones al desarrollo social y al servicio público de la nación.

¾ Permitir y promover una progresiva incorporación voluntaria y espontánea de las personas físicas al padrón tributario.

¾ Regularizar de manera definitiva a los contribuyentes que ya se encuentran inscritos mediante las distintas medidas que la ley contiene como son:

9 A los contribuyentes que son objeto de auditorias por parte de la Secretaría de Hacienda tendrán la posibilidad de corregir su situación fiscal sin que el ejercicio de este derecho esté sujeto a la autorización de la autoridad fiscal.

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9 No se podrán determinar nuevas omisiones de las contribuciones revisadas durante el periodo objeto del ejercicio de las facultades de comprobación.

9 Para los contribuyentes que corrijan su situación fiscal se reducirán las multas fiscales causadas por omisión de una o varias contribuciones hasta con el 20% o 30% de la contribución omitida dependiendo del momento de pago. Se estima que este tipo de medidas en lugar de afectar los ya por ahora pobres parámetros de recaudación, coadyuvarán a incrementar de manera notoria la recaudación ya que existen muchos contribuyentes que esperan una oportunidad accesible de regularizarse sin tener que pagar los altísimos costos que hoy en día representa omitir una contribución y que en muchos casos son de tal magnitud que rebasan por mucho la contribución omitida y paralizan la actividad económica del contribuyente.

¾ Control de la legalidad de los actos de la autoridad con la Ley como instrumento normativo. En la cual se proponen como medidas las siguientes.

9 Se sanciona a la autoridad hacendaría con la negativa ficta (no-determinación de contribución omitida) si en los nuevos plazos legales, para hacer valer sus facultades comprobatorias (seis meses para determinar las contribuciones omitidas) o emitir la resolución determinante del crédito, no lo hace.

9 Las autoridades no podrán llevar a cabo determinaciones adicionales con base en los mismos hechos conocidos en una revisión.

9 La disminución de los plazos en las visitas de auditoria para determinar las contribuciones omitidas que ahora será por un máximo de seis meses, pues la duración prolongada y a veces indefinida de dichas visitas o la repetición de estas sobre un mismo periodo y contribución provocaba la falta de certeza jurídica entre los contribuyentes e interfería en el desarrollo de sus actividades.

Esta Nueva Ley representa un importante avance en el control de la legalidad y un progreso en lo que caracteriza a un Estado de Derecho ya que es el reconocimiento de los derechos públicos subjetivos y el otorgamiento a los particulares de los medios idóneos para la defensa de los mismos, mediante el sometimiento del actuar de la autoridad a la Ley (principio de legalidad.

¾ Estimular la obligación legal de los contribuyentes para entregar comprobantes fiscales por las operaciones que realicen en el sistema de administración tributaria, organizando los sistemas de la Lotería Fiscal, otorgando premios a todos los contribuyentes que hayan obtenido comprobantes fiscales.

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¾ Esta ley servirá como instrumento del cuál se valdrá la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para defender los derechos de los contribuyentes, así como de proponer las adiciones necesarias para fortalecer el respeto y cumplimiento de los mismos ante las autoridades tributarias.

1.1.2. FINALIDAD

Ante el cambio democrático que vive el país es necesario encontrar un punto de encuentro con el pueblo para devolverle la confianza defraudada y fomentar el nacimiento y fortalecimiento de una cultura contributiva que permita incrementar el universo de contribuyentes y el monto total de recaudación. Pues si logramos empatar el desarrollo de una sana cultura contributiva con la evolución a un sistema tributario justo y competitivo y lo completamos con una eficiencia y eficaz administración tributaria, los mexicanos tendremos mayores recursos para acelerar el desarrollo social y mejorar así el bienestar común. Pero, aun más importante desde el punto de vista de los valores habremos contribuido a construir una mejor democracia, una democracia de ciudadanos libres y responsables.

1.1.3. PRINCIPIOS

Los principios en los que se basa esta Ley son: que los tributos deben atender a la capacidad económica y contributiva de los sujetos pasivos de la relación tributaria (principio de proporcionalidad); y los tributos deben sujetarse a los principios de equidad, proporcionalidad, legalidad, generalidad; y por último la información y transparencia del actuar del hacendario. A continuación daremos un panorama más amplio de cada uno.

Los tributos deben sujetarse a:

¾ Equidad

Respecto del principio de equidad, consiste en cobrar al contribuyente de una forma justa, es decir con igualdad de trato en igualdad de circunstancias. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos nos menciona en su articulo 31 fracción IV que “ Son obligaciones de los mexicanos: Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”

Por ello encontramos algunas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referentes a dicho tema y que nos ayudarán a comprender más acerca del mismo.

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Equidad Tributaria. Implica Que Las Normas No Den Un Trato Diverso A Situaciones Análogas O Uno Igual A Personas Que Están En Situaciones Dispares.

El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los Poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas.

El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.”

No. Registro: 198,402, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Constitucional., Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: V, Junio de 1997, Tesis: P./J. 42/97

“En torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.”

No. Registro: 179,914, Tesis aislada, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XX, Diciembre de 2004, Tesis: 2a. XCV/2004

¾ Generalidad

Este principio se refiere a que los impuestos deben ser cobrados a todos los individuos, en este caso a todos los mexicanos, que se encuentren en los supuestos que establecen las leyes mexicanas, quedando de igual forma exentos aquellos que la misma ley señale, considerando las situaciones económicas, sociales, políticas o de orden público.

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“Dado que la justicia en la imposición sólo puede alcanzarse si el legislador observa los requisitos de generalidad y abstracción, así como conserva el esquema de igualdad de las cargas públicas que pesan sobre los particulares, de manera que al crear el supuesto generador de la obligación tributaria no se conduzca con fines discriminatorios, caprichosos o arbitrarios, sino conforme a criterios objetivos que sean relevantes y tengan significación frente al objeto y fin de la ley impositiva, lo que se logra cuando el legislador, al considerar el objeto generador de la obligación tributaria, declara excluidos de la causación a supuestos en que se desarrollen actividades que estime no convenientes considerar en el nuevo tributo por razones de orden económico, de orden social, de naturaleza política o de orden público.

No. Registro: 200,125, Tesis aislada, Materia(s): Constitucional, Administrativa

Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, Mayo de 1996, Tesis: P. LXXVIII/96

¾ Proporcionalidad (equitativa distribución de la carga tributaria)

Este principio consiste en que los contribuyentes deberán aportar al gasto público en proporción directa de su capacidad económica, esto quiere decir que a mayores ingresos mayor deberá ser la contribución y a menores ingresos menor será la contribución, de esta manera habrá igualdad en el impacto económico que sufran los contribuyentes, pues dado que no todos tienen la misma capacidad de pago no todos serán gravados con los mismos porcentajes, procurando de esta forma que los impuestos sean justos y se adecuen a las capacidades económicas de los contribuyentes.

“Proporcionalidad Tributaria. Debe Existir Congruencia Entre El Tributo Y La Capacidad Contributiva De Los Causantes.

El artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción.

No. Registro: 184.291, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Mayo de 2003, Tesis: P./J. 10/2003, Página: 144”

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¾ Legalidad

Este principio representa la columna vertebral de las funciones del Estado, pues el principio de legalidad consiste en que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, es decir que solo pueden realizar los hechos para que la ley los faculta y por el contrario los ciudadanos, en este caso los contribuyentes, pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba, procurando así un equilibrio en las situaciones jurídicas.

“Legalidad Tributaria. El Examen De Esta Garantía En El Juicio De Amparo, Es Previo Al De Las Demás De Justicia Fiscal.

Dado que el principio general de legalidad constituye una exigencia de primer orden, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por una disposición legal anterior, por lo que de no respetarse, no podría considerarse equitativa y proporcional una contribución cuyos elementos no estén expresamente previstos en una ley formal y material.

No. Registro: 193.475, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, Agosto de 1999, Tesis: P./J. 77/99, Página: 20”

“Legalidad Tributaria. Alcance Del Principio De Reserva De Ley.

El principio de legalidad se encuentra claramente establecido en el artículo 31 constitucional, al expresar en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Conforme con dicho principio, es necesaria una ley formal para el establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, así como que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen a la arbitrariedad. Para determinar el alcance o profundidad del principio de legalidad, es útil acudir al de la reserva de ley que se clasifica en absoluta y relativa. La primera aparece cuando la regulación de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal y la materia reservada a la ley no puede ser regulada por otras fuentes. La reserva relativa, en cambio, permite que otras fuentes de la ley vengan a regular parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condición de que la ley sea la que determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deberán ajustarse. Basta un acto normativo primario que contenga la disciplina general o de principio, para que puedan regularse los aspectos esenciales de la materia respectiva. En materia tributaria la reserva es de carácter relativa, por una parte, dicha materia no debe ser regulada en su totalidad por una ley formal, sino que es suficiente sólo un acto normativo primario que contenga la normativa esencial de la referida materia, puesto que de ese modo la presencia del acto normativo primario marca un límite de contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales no podrán nunca contravenir lo dispuesto en la norma primaria; y, por otro lado, en casos excepcionales, y que lo justifiquen, pueden existir remisiones a normas secundarias, siempre y cuando tales remisiones hagan una regulación subordinada y dependiente de la ley, y además constituyan un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria.

(17)

No. Registro: 197.375, Tesis aislada, Materia(s): Administrativa, Constitucional, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente:

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VI, Noviembre de 1997, Tesis: P. CXLVIII/97, Página: 78”

“Derechos. Para Que Cumplan Con El Principio De Legalidad Tributaria Basta Con Que Sus Elementos Esenciales Se Consignen Expresamente En Una Ley, Aun Cuando Esta Sea La De Ingresos.

Si el principio de legalidad tributaria consiste en que los elementos esenciales de un tributo se consignen expresamente en una ley, se respeta tal principio cuando los elementos esenciales de algún derecho se consignan en la Ley de Ingresos respectiva, pues el principio de legalidad no exige que tales elementos se consignen en una determinada ley, sino sólo que se establezcan en ley.

No. Registro: 200.367, Tesis aislada, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente:

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: I, Junio de 1995, Tesis: P. XXII/95 Página: 37”

¾ Información y transparencia del actuar hacendario.

Desde el comienzo de esta Administración se han instrumentado las medidas necesarias para erradicar la evasión fiscal y la corrupción, las cuales lesionan la confianza de los mexicanos en sus instituciones.

La SHCP comenzó limpiando su propia casa. Como parte de las medidas instrumentadas, casi todos los directores de Aduanas han sido sustituidos, al demostrarse que había pruebas suficientes de corrupción y malos manejos.

Por otra parte, la Nueva Hacienda Pública incluye reformas jurídicas muy amplias que buscan eliminar las contradicciones en la legislación fiscal y reducir la discrecionalidad de la autoridad hacendaria. Con un sistema de tributación más sencillo, se cierran los espacios a la corrupción y a la elusión y evasión fiscales.

1.2. LEY ESPAÑOLA

La iniciativa de la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes presentada ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no es original pues fue prácticamente copiada de la legislación española “Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes”, sufriendo las adecuaciones necesarias para su aplicación en nuestro país.

Existe ya en nuestro país un apartado de los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes contenido en el Código Fiscal de la Federación situación que no ocurre con la legislación española razón por la que en

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país y que en el caso de México este ordenamiento constituya una compilación resumida de diversos derechos que en muchos casos se retoman del citado Código y que en opinión de algunos resultaría más sano y efectivo realizar las modificaciones y reformas al actual Código (esperadas desde abril 2001 en que se comenzó a hablar de una reforma integral en lugar de la creación de una nueva Ley).

Considerando que la realidad Económica, Social, Política y Jurídica de España es distinta de la nuestra se cree que esta nueva ley dista mucho de alcanzar plenamente los fines esperados para nuestro país.

Sin embargo lo cierto también es que dicha Ley General Tributaria Española contiene diversas disposiciones que en forma indirecta pugnan por mejorar los derechos y garantías de los contribuyentes y que aportan a nuestra nueva ley derechos que van mas allá del Código Fiscal de la Federación y que representan un avance en el reconocimiento de los derechos y garantías de los contribuyentes por la novedad de algunas medidas.

Para una mayor ilustración sobre la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes de España se transcribe tal cuál es a continuación:

Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. Ley 1/1998.

Capítulo I:Principios generales y derechos de los contribuyentes.

Capítulo II:inf.y asistencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Capítulo III:Devoluciones y reembolsos.

Capítulo IV:Derechos y garantías en los procedimientos tributarios.

Capítulo V:Derechos y garantías en el procedimiento de inspección.

Capítulo VI:Derechos y garantías en el procedimiento de recaudación.

Capítulo VII:Derechos y garantías en el procedimiento sancionador.

Capítulo VIII:Recursos y reclamaciones.

Disposición adicional única.

Disposición transitoria única

Disposición derogatoria única

Disposiciones finales

Capitulo I

Principios generales y derechos de los contribuyentes

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Ley regula los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las Administraciones tributarias, y será aplicable a todas ellas.

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2. Los derechos que se reflejan en la presente Ley se entienden sin perjuicio de los derechos reconocidos en el resto del ordenamiento.

3. Las referencias que en esta Ley se realizan a los contribuyentes se entenderán, asimismo, aplicables a los restantes sujetos pasivos, retenedores, obligados a ingresar a cuenta, responsables, sucesores en la deuda tributaria, representantes legales o voluntarios y obligados a suministrar información o a prestar colaboración a la Administración tributaria.

Art. 2°. Principios generales en particular. La ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de generalidad, proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales. Asimismo, asegurará el respeto de los derechos y garantías del contribuyente establecidos en la presente Ley.

Art. 3°. Derechos generales de los contribuyentes.

Constituyen derechos generales de los contribuyentes los siguientes:

a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias acerca del contenido y alcance de las mismas.

b) Derecho a obtener, en los términos previstos en la presente Ley, las devoluciones de ingresos indebidos y las devoluciones de oficio que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 58.2.c) de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.

c) Derecho de ser reembolsado, en la forma fijada en esta Ley, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de una deuda tributaria, en cuanto ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa firme.

d) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.

e) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personas al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos de gestión tributaria en los que tenga la condición de interesado.

f) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas.

g) Derecho a no aportar los documentos ya presentados y que se encuentran en poder de la Administración actuante.

h) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos

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gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.

i) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria.

j) Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa.

k) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.

l) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo a la redacción de la propuesta de resolución.

m) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.

n) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos, acerca de la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que se desarrollen en los plazos previstos en la presente Ley.

Art. 4º Normativa tributaria

1. Las leyes y los reglamentos que contengan normas tributarias deberán mencionarlo expresamente en su título y en la rúbrica de los artículos correspondientes.

2. Las leyes y los reglamentos que modifiquen normas tributarias contendrán una relación completa de las normas derogadas y la nueva redacción de las que resulten modificadas.

3. Las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias, así como el de los recargos, tendrán efectos retroactivos cuando su aplicación resulte más favorable para el afectado.

4. Las presunciones establecidas por las leyes tributarias pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto en los casos en que aquéllas expresamente lo prohíban.

Capitulo II

Información y asistencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

Art. 5° Información y asistencia.

1. La Administración tributaria deberá prestar a los contribuyentes la necesaria asistencia e información acerca de sus derechos.

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Esta actividad se instrumentará, entre otras, a través de las siguientes actuaciones: publicación de textos actualizados de las normas tributarias, remisión de comunicaciones, contestación a consultas tributarias y adopción de acuerdos previos de valoración.

2. En los términos establecidos por las leyes, quedarán exentos de responsabilidad por infracción tributaria los contribuyentes que adecuen su actuación a los criterios manifestados por la Administración tributaria competente en las publicaciones, comunicaciones y contestaciones a consultas a las que se refiere el párrafo anterior.

Art. 6° Publicaciones.

1. El Ministerio de Economía y Hacienda acordará y ordenará la publicación en el primer trimestre de cada ejercicio de los textos actualizados de las Leyes y Reales Decretos en materia tributaria en los que se hayan producido variaciones respecto de los textos vigentes en el ejercicio precedente. Asimismo, ordenará la publicación en igual plazo y forma de una relación de todas las disposiciones tributarias que se hayan aprobado en dicho ejercicio.

2. También publicará periódicamente por los procedimientos que en cada caso resulten adecuados las contestaciones a consultas y las resoluciones económico-administrativas de mayor trascendencia y repercusión.

3. La Administración central y las Administraciones autonómicas podrán regular mediante convenios la publicación, además de en castellano, en las demás lenguas declaradas oficiales en los Estatutos de Autonomía.

4. La Administración tributaria y los Tribunales Económico-administrativos deberán suministrar, a petición de los interesados, el texto íntegro de consultas o resoluciones concretas, con supresión en ellas de toda referencia a los datos que permitan la identificación de las personas a las que se refiere.

Art. 7° Comunicaciones. La Administración tributaria informará a los contribuyentes de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria a través de los servicios de información de las oficinas abiertas al público, facilitará la consulta a las bases informatizadas donde se contienen dichos criterios y remitirá comunicaciones destinadas a informar sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes de renta.

Art. 8° Consultas tributarias.

1. Los contribuyentes podrán formular a la Administración tributaria consultas debidamente documentadas respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda. La Administración tributaria deberá contestar por escrito las consultas así formuladas.

2. Dicha contestación tendrá carácter vinculante para la Administración tributaria en la forma y en los supuestos previstos en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y en las leyes propias de cada tributo. En este supuesto el plazo máximo para contestar por escrito las consultas será de seis meses.

Art. 9° Acuerdos previos de valoración.

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1. Los contribuyentes podrán solicitar a la Administración tributaria, cuando las leyes o reglamentos propios de cada tributo así lo prevean, que determine con carácter previo y vinculante la valoración a efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos del hecho imponible.

2. La solicitud deberá presentarse por escrito antes de la realización del hecho imponible o, en su caso, en los plazos que establezca la normativa de cada tributo y tendrá que acompañarse de una propuesta de valoración formulada por el contribuyente.

3. La Administración tributaria podrá comprobar los elementos de hecho y las circunstancias declaradas por el contribuyente.

4. La valoración de la Administración tributaria se emitirá por escrito, con indicación de su carácter vinculante, del supuesto de hecho al que se refiere y del impuesto al que se aplica, de acuerdo con el procedimiento y en los plazos fijados en la normativa de cada tributo. La falta de contestación de la Administración tributaria en los plazos indicados implicará la aceptación de los valores propuestos por el contribuyente.

5. Salvo en el supuesto de que se modifique la legislación, o que varíen significativamente las circunstancias económicas que fundamentaron su valoración, la Administración tributaria está obligada a aplicar al contribuyente los valores expresados en el acuerdo.

6. El acuerdo tendrá un plazo máximo de vigencia de tres años, salvo que en la normativa que lo establezca se prevea otro distinto.

7. Los contribuyentes no podrán interponer recurso alguno contra los acuerdos regulados en este precepto, sin perjuicio de que puedan hacerlo contra las liquidaciones que pudieran dictarse ulteriormente.

Capitulo III

Devoluciones y Reembolso

Art. 10. Devolución de ingresos indebidos.-Los contribuyentes y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente hubieran realizado en el Tesoro con ocasión del pago de las deudas tributarias, aplicándose a los mismos el interés de demora regulado en el artículo 58.2.c) de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria.

Art. 11. Devoluciones de oficio.-La Administración tributaria devolverá de oficio las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la normativa específica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración tributaria, el contribuyente tendrá derecho al abono del interés de demora regulado en el artículo 58.2.c) de la Ley General Tributaria, sin necesidad de efectuar requerimiento a tal efecto. A estos efectos, dicho interés se

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devengará desde la finalización del plazo que dispone la Administración tributaria para practicar liquidación provisional hasta la fecha en que se ordene el pago de la correspondiente devolución.

Art. 12. Reembolso de los costes de las garantías.

1. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de una deuda tributaria, en cuanto ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa y dicha declaración adquiera firmeza.

Cuando la deuda tributaria sea declarada parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de las referidas garantías.

Reglamentariamente se regulará el procedimiento de reembolso y la forma de determinar el coste de las garantías distintas del aval.

2. Asimismo, en los supuestos de estimación parcial del recurso o la reclamación interpuestos, tendrá derecho el contribuyente a la reducción proporcional de la garantía aportada en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Capitulo IV

Derechos y garantías en los procedimientos tributarios

Art. 13. Obligación de resolver.

1. La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de gestión tributaria iniciados de oficio o a instancia de parte excepto en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación y cuando se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados.

No obstante, cuando el interesado pida expresamente que la Administración tributaria declare que se ha producido alguna de las referidas circunstancias, ésta quedará obligada a resolver sobre su petición.

2. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que resuelvan recursos y reclamaciones, los que denieguen la suspensión de la ejecución de actos de gestión tributaria, así como cuantos otros se establezcan en la normativa vigente, serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho.

Art. 14. Estado de tramitación de los procedimientos. El contribuyente que sea parte en un procedimiento de gestión tributaria podrá conocer, en cualquier momento de su desarrollo, el estado de la tramitación del procedimiento. Asimismo podrá obtener, a su costa, copia de los documentos que figuren en el expediente y que hayan de ser tenidos en cuenta por el órgano competente a la hora de dictar la resolución, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga una ley. En las actuaciones de comprobación e investigación, estas copias se facilitarán en el trámite de audiencia al interesado al que se refiere el artículo 22 de esta Ley.

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Art. 15. Identificación de los responsables de la tramitación de los procedimientos.-Los contribuyentes podrán conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos de gestión tributaria en los que tengan la condición de interesados.

Art. 16. Expedición de certificaciones y copias acreditativas de la presentación de declaraciones y documentos. Los contribuyentes tienen derecho a que se les expida certificación de las declaraciones tributarias por ellos presentadas o de extremos concretos contenidos en las mismas. Asimismo, a efectos de la acreditación de la presentación de documentos ante la Administración tributaria, así como de la fecha de dicha presentación, los contribuyentes tienen derecho a obtener copia sellada de los mismos, siempre que la aporten junto con los originales para su cotejo y, en el caso de que dichos documentos no deban obrar en el expediente, podrán solicitar la devolución de tales originales.

Art. 17. Presentación de documentos.-Los contribuyentes pueden rehusar la presentación de documentos que no resulten exigidos por la normativa aplicable al procedimiento de gestión tributaria de que se trate. Asimismo, tienen derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante.

Dicha Administración podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de aquellos datos específicos propios o de terceros, previamente aportados, contenidos en dichos documentos.

Art. 18. Carácter reservado de la información obtenida por la Administración tributaria y acceso a archivos y registros administrativos.

1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.

Cuantas autoridades, funcionarios u otras personas al servicio de la Administración tributaria tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos previstos en las leyes.

2. En el marco previsto en el apartado anterior, los contribuyentes pueden acceder a los registros y documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud en los que el solicitante haya intervenido.

Art. 19. Trato respetuoso. Los contribuyentes tienen derecho, en sus relaciones con la Administración tributaria, a ser tratados con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de aquélla.

Art. 20. Obligación de la Administración tributaria de facilitar el ejercicio de los derechos. La Administración tributaria facilitará en todo momento al contribuyente el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Las actuaciones de la Administración tributaria que requieran la intervención de los contribuyentes deberán llevarse a cabo de la forma que resulte menos gravosa para éstos, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

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Art. 21. Alegaciones. Los contribuyentes podrán, en cualquier momento del procedimiento de gestión tributaria anterior al trámite de audiencia o, en su caso, a la redacción de la propuesta de resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.

Art. 22. Audiencia al interesado.

1. En todo procedimiento de gestión tributaria se dará audiencia al interesado antes de redactar la propuesta de resolución para que pueda alegar lo que convenga a su derecho.

2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

Art. 23. Plazos.

1. El plazo máximo de resolución de los procedimientos de gestión tributaria será de seis meses, salvo que la normativa aplicable fije un plazo distinto. Las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la propia Administración interrumpirán el cómputo del plazo para resolverlo.

2. Si venciere el plazo de resolución en los procedimientos iniciados a instancia de parte, sin que el órgano competente la hubiera dictado expresamente, se producirán los efectos que establezca su normativa específica. A estos efectos, todo procedimiento de gestión tributaria deberá tener expresamente regulado el régimen de actos presuntos que le corresponda.

3. Queda excluido de las previsiones anteriores el procedimiento de apremio, cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el plazo de prescripción de la acción de cobro.

Art. 24. Prescripción. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas.

c) La acción para imponer sanciones tributarias.

d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos.

Art. 25. Valoración de bienes.

1. Cada Administración tributaria informará, a solicitud del interesado y a los efectos de los tributos cuya gestión le corresponda, sobre el valor de los bienes inmuebles que, situados en el territorio de su competencia, vayan a ser objeto de adquisición o de transmisión.

2. Dicha información no impedirá la posterior comprobación administrativa, pero, cuando el contribuyente haya seguido los criterios manifestados por la Administración tributaria, no incurrirá en ningún tipo de responsabilidad.

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Capitulo V

Derechos y garantías en el procedimiento de inspección

Art. 26. Planes de inspección. La Administración tributaria hará públicos los criterios que informan cada año el Plan Nacional de Inspección.

Art. 27. Información al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación.-Los contribuyentes tienen derecho a ser informados, al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos, acerca de la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.

Art. 28. Alcance de las actuaciones de comprobación e investigación.

1. Todo contribuyente que esté siendo objeto de una actuación de comprobación e investigación de carácter parcial, llevada a cabo por la Inspección de los Tributos, podrá solicitar a la Administración tributaria que dicha comprobación tenga carácter general respecto al tributo y ejercicio afectados por la actuación, sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso.

2. El contribuyente tendrá que efectuar la solicitud en un plazo de quince días desde que se produzca la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras de carácter parcial.

3. La Administración tributaria deberá iniciar la comprobación de carácter general en el plazo de seis meses desde la solicitud.

Art. 29. Plazo.

1. Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos deberán concluir en el plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las mismas. No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen, por otros doce meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad. En particular, se entenderá que concurre esta circunstancia a la vista del volumen de operaciones de la persona o entidad, la dispersión geográfica de sus actividades o su tributación como grupos consolidados, o en régimen de transparencia fiscal internacional.

b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el contribuyente ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades, empresariales o profesionales, que realice.

2. A los efectos del plazo previsto en el apartado anterior, no se computarán las dilaciones imputables al contribuyente, ni los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente.

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3. La interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras, producida por causas no imputables al obligado tributario, o el incumplimiento del plazo a que se refiere el apartado 1, determinará que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de tales actuaciones.

4. A los efectos de los apartados anteriores, se entenderá que las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación concluyen en la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de dichas actuaciones.

Capitulo VI

Derechos y garantías en el procedimiento de recaudación

Art. 30. Suspensión del ingreso.

1. El contribuyente tiene derecho, con ocasión de la interposición del correspondiente recurso o reclamación administrativa, a que se suspenda el ingreso de la deuda tributaria, siempre que aporte las garantías exigidas por la normativa vigente, a menos que, de acuerdo con la misma, proceda la suspensión sin garantía.

2. Cuando el contribuyente interponga recurso contencioso-administrativo, la suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha suspensión.

Art. 31. Procedimiento de apremio.

1. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al deudor en la que se identificará la deuda pendiente.

2. La Administración tributaria no podrá proceder a la enajenación de los bienes y derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que el acto de liquidación de la deuda tributaria ejecutada sea firme, salvo en los supuestos de fuerza mayor, bienes perecederos, bienes en los que exista un riesgo de pérdida inminente de valor o cuando el contribuyente solicite de forma expresa su enajenación.

Art. 32. Derivación formal y alcance de la responsabilidad.-La derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria al responsable requerirá la notificación al mismo del acto en el que, previa audiencia al interesado, se declare su responsabilidad y se determine el alcance de ésta.

Capitulo VII

Derechos y garantías en el procedimiento sancionador

Referencias

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