Primer año de Ejercicio
Primer Periodo Ordinario Martes 22 de Septiembre de 2015 VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
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ERSIÓN
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STENOGRÁFICA
No 9
Martes 22 de septiembre de 2015
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ERSIÓN
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STENOGRÁFICA
Primer Año de Ejercicio
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RIMER
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ERIODO
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RDINARIO
MESA DIRECTIVA PRESIDENTE:
SEN. ROBERTO GIL ZUARTH
VICEPRESIDENTES:
SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ
SECRETARIAS:
SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA SEN. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PRESIDENTE:
Sen. Emilio Gamboa Patrón,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional.
Sen. Fernando Herrera Ávila,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sen. Carlos Alberto Puente Salas,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Sen. Manuel Bartlett Díaz,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Sen. Miguel Romo Medina,
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sen. Blanca María Del Socorro Alcalá Ruiz, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sen. Fernando Yunes Márquez
LIC. ENRIQUE MONTES SÁNCHEZ Director de Registro Estenográfico
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
SESIÓN ORDINARIA DE LA CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
PRESIDENCIA DEL SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH.
ÍNDICE
ORDEN DEL DÍA. ... 6 ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. ... 6 COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Una, de la Comisión de Asuntos indígenas, con la que remite su Tercer Informe de Actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura ... 6 COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA
PODER EJECUTIVO FEDERAL Secretaría de Gobernación
Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 26 al 29 de septiembre de 2015, con objeto de participar en el Debate General del 70º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, al tiempo que desahogará actividades asociadas con la agenda multilateral de las Naciones Unidas y bilateral con Estados Unidos y otros países prioritarios para México ... 7 Oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para participar en los Ejercicios Multinacionales “UNITAS ANFIBIO 2015” y “UNITAS ATLÁNTICO 2015”, que se llevarán a cabo del 14 al 25 de noviembre de 2015, en Río Grande del Sur y Río de Janeiro, Brasil.. ... 7 INICIATIVAS
De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea el Instituto Nacional de Servicios Forenses ... 8 De las Senadoras Juana Leticia Herrera Ale, María Hilaria Domínguez Arvizu, Itzel Ríos de la Mora, Isidro Pedraza Chávez y Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. ... 10 De las Senadoras y los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, Raúl Morón Orozco, Luz Ma. Beristáin Navarrete, Rabindranath Salazar Osorio, Lorena Cuéllar Cisneros, Isidro Pedraza Chávez, Layda Sansores San Román, Zoé Robledo Aburto, Luis Humberto Fernández Fuentes, Sofío Ramírez Hernández, Adolfo Romero Lainas, Ana Gabriela Guevara Espinosa, David Monreal Ávila, Fernando Mayans Canabal y Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 21 y reforma la fracción xxiii del artículo 73 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de servicios periciales y forenses autónomos. ... 14
Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de acceso de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas a tratamientos seguros derivados de los avances de la ciencia médica. ...16 Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ...19 De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Maki Esther Ortiz Domínguez, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 161 bis a la Ley General de Salud. ...21 De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el consejo económico y social. ...23 DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
Nueve dictámenes en sentido negativo que proponen desechar proyectos recibidos de la Cámara de Diputados. ...24
Votación electrónica. ...25 Cuatro dictámenes en sentido negativo que proponen desechar proyectos iniciados en el Senado de la República. ...26 Cuatro dictámenes emitidos por diversas comisiones sobre los cuales no se inscribieron reservas para su discusión. ...27
Discusión en lo general ...28 De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar. (Dictamen en sentido negativo). ...30 De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 3 y 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. (Dictamen en sentido negativo). ...30 Ocho, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, los que contienen puntos de acuerdo. ...31 Discusión en lo general. ...32 De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, los que contiene punto de acuerdo: Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los contratos de obras públicas en el estado de Tlaxcala. ...34
Discusión en lo general. ...35 De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a efectuar el reconocimiento del Estado Mexicano a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada.37
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Discusión en lo general. ... 37
Dos, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de acuerdo. ... 42
Fundamentación del Dictamen. ... 42
Discusión en lo general. ... 44
EFEMÉRIDES. ... 57
SESIÓN ORDINARIA DE LA CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
PRESIDENCIA DEL SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:59 horas) Pido a la Secretaría dé cuenta de la asistencia de los señores Senadores.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lezama: Honorable Asamblea:
Conforme al registro de asistencia, se han acreditado 93 ciudadanos Senadores y Senadoras. En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del martes 22 de septiembre, correspondiente al primer período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.
El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lezama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente) Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente) Aprobada el acta, Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lezama: Se recibió de la Comisión de Asuntos Indígenas, su tercer informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto.
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La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lezama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 26 al 29 de septiembre del año en curso, con objeto de participar en el Debate General del 70º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, al tiempo que desahogará actividades asociadas con la agenda multilateral de las Naciones Unidas y bilateral con Estados Unidos y otros países prioritarios para México. El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha sido debidamente enterada.
Remítase copia de la documentación de las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lezama: Asimismo de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para participar en los ejercicios multinacionales “UNITAS ANFIBIO” y UNITAS ATLÁNTICO 2015, que se llevarán a cabo del 14 al 25 de noviembre del año en curso en Río Grande del Sur y Río de Janeiro, Brasil.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, para su análisis y dictamen correspondiente.
Honorable Asamblea:
En relación con la conmemoración del Día Internacional de la Paz, la Mesa Directiva hace suyos los pronunciamientos inscritos el día de hoy en la Gaceta Parlamentaria por la Senadora Sonia Rocha Acosta y los Senadores Jesús Casillas Romero, Angel Benjamín Robles Montoya y Francisco Salvador López Brito. Esta fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1981 y conmemorada por primera vez en el año de 1982.
En 2015 la Organización de las Naciones Unidas resolvió conmemorar el Día Internacional de la Paz con el lema “Alianza para la Paz, Dignidad para Todos”.
La invitación a todos es para que aquellos países que se encuentren en confrontación interna o externa, cumplan un cese de hostilidades durante todo ese día.
El Senado de la República se suma a esta importante celebración y convoca a todos los mexicanos para unirse en torno a la construcción de condiciones que aseguren una convivencia diaria en paz y en armonía.
Esta soberanía convoca a su vez a sus gobernantes y a los representantes populares, a fomentar y procurar en todas sus acciones, una cultura por el respeto de la paz y a que también lo celebren mediante la educación y la sensibilización del pueblo y sus ciudadanos, sobre todo en los temas relacionados con la paz.
En la celebración de esta importante fecha extendemos un franco reconocimiento a todas aquellas naciones y organizaciones que desde su particular posición pugnan por la paz mundial.
Muchas gracias.
Informo que recibimos del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, un punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula en extender una atenta felicitación a la Universidad del Valle de Cuernavaca por su trayectoria académica de más de 20 años encaminada a la educación y formación de jóvenes morelenses, bajo los principios rectores de esta institución: excelencia, liderazgo y humanismo.
(Aplausos)
Informo también que recibimos de la Senadora Layda Sansores San Román, un punto de acuerdo que exhorta a crear dos Fiscalías Especializadas en relación con las investigaciones del caso Ayotzinapa y al trabajo y recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y propone la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones.
Se reciben y se turnan a la Comisión de Derechos Humanos, los tres primeros resolutivos, y a la Junta de Coordinación Política el cuarto de estos.
Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores, por favor.
La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
Solamente quiero pedirle que esta proposición que presentamos como punto de acuerdo sobre la creación de dos Fiscalías que proponen los abogados de los padres de Ayotzinapa, de acuerdo al artículo 71, en donde deben tomarse en cuenta aquellos temas que representen mayor interés público, pues dentro del orden del día se les diera prioridad.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Presidencia informa que la Mesa Directiva, en su sesión del día de hoy, ha acordado incluir en el orden del día el asunto relativo a Ayotzinapa, en cuanto la Junta de Coordinación remita el punto de acuerdo respectivo.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 constitucional, por el que se crea el Instituto Nacional de Servicios Forenses.
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Presidente. Señoras y señores Legisladores:
La reforma constitucional que fue publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, como lo hemos venido reiterando, ha sido un parteaguas en la evolución de nuestro sistema penal, al pasar de un sistema de corte mixto preponderantemente inquisitivo, a uno de corte acusatorio y oral.
Esta reforma ha significado un rediseño integral de nuestro sistema de justicia. La reforma mencionada fue producto del esfuerzo de cambio estructural y de modernización, y fue motivada en gran medida por el imperativo de una sociedad que demandaba y que sigue demandando contar con instituciones jurídicas eficientes y eficaces que garanticen una correcta administración e impartición de justicia, bajo el respeto irrestricto a los derechos humanos y a las garantías de los ciudadanos.
En efecto, esta gran reforma publicada en el 2008, previene en el artículo 20 constitucional, que el proceso penal será acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
Asimismo este artículo, en su fracción primera, establece que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos: proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Es la finalidad del Sistema Penal Acusatorio.
En ese sentido, con la reforma constitucional aludida, se han materializado los principios y las reglas propias de un debido proceso legal cuyos contenidos fundamentales han sido reglamentados, guardando en todo tiempo la debida congruencia con lo establecido en el precepto constitucional.
Así, en ese sentido, tomando en consideración que el establecimiento de las bases del debido proceso previstas por la citada reforma constitucional han constituido un paso fundamental y sin precedente en la confección del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro país, también es cierto que para que esta reforma
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logre consolidarse en su aplicación, ha sido necesario acompañarla de otras reformas que han contribuido a su perfeccionamiento.
Y me refiero a la reforma al artículo 73 publicada el 8 de octubre de 2013, que dio paso al Código Nacional de Procedimientos Penales y que también hará posible la Ley Nacional de Ejecución Penal.
No obstante, como producto legislativo, éste siempre será perfectible y en ese sentido consideramos que es necesario fortalecer la función de cada uno de los operadores del Sistema Penal Acusatorio, que es lo que planteamos en el presente proyecto relativo específicamente a los servicios periciales en materia de ciencias forenses.
La finalidad de esta propuesta aunada a las reformas antes mencionadas contribuirá a concretar un modelo jurídico congruente con los postulados constitucionales sin llegar a desvirtuarlo ni a propiciar excesos en detrimento de los justiciables y demás intervinientes del procedimiento penal.
Diversos especialistas en Derecho Penal han reconocido la necesidad de que en materia forense los peritos se adapten a los nuevos requerimientos que impone el Sistema Penal Acusatorio. El nuevo diseño legal en materia penal requiere del acompañamiento de las instituciones que permitan esclarecer los hechos constitutivos del delito de manera transparente con objeto de evitar la impunidad, pero también de evitar que se culpe a inocentes.
No cabe duda que los servicios periciales son una parte fundamental de la investigación, sin los cuales no existiría prueba objetiva y por ende no habría un sistema efectivo de justicia.
En esta propuesta de reforma, que quede claro, no ponemos en tela de juicio la capacidad de los peritos mexicanos, sino que lo que estamos señalando es que el diseño institucional de los servicios periciales en México necesita un rediseño para otorgar mayor grado de autonomía al mismo, y que por consecuencia el mismo goce de plena credibilidad, y por ello es necesario enfocar los esfuerzos a conformar instituciones que no respondan a presiones políticas y sociales, sino que sean organismos eminentemente técnicos.
Refuerza lo anterior, el diagnóstico y propuestas de rediseño institucional de servicios periciales y forenses del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia en el que se menciona la propuesta sobre la necesidad de crear institutos de servicios periciales autónomos para evitar la conducción política de la investigación.
Es también conocido por todos ustedes que en fecha reciente el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos derivada del informe Ayotzinapa, investigaciones y primeras conclusiones de desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa propusieron reformar leyes para que los servicios periciales sean autónomos.
Cabe mencionar que el informe del citado grupo de expertos con base en análisis de un perito independiente sobre la supuesta incineración de normalistas de Ayotzinapa en un basurero de Cocula, que fue la conclusión a llegó la Procuraduría General de la República; entre las once conclusiones generadas señala que este peritaje adolece del uso de reglas internacionales ampliamente aceptada.
Esta conclusión pone en evidencia la necesidad que tenemos de fortalecer estas instituciones.
Nuestra propuesta se encamina a generar un órgano responsable de prestar servicios forenses con plena autonomía técnica y orgánica que garantice certeza en los resultados de sus dictámenes periciales y aunque es cierto que los hechos recientes en la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con certeza del actuar de las instituciones periciales, nuestra propuesta responde de igual forma a una exigencia del sistema acusatorio para crear una instancia de servicios forenses independiente tanto del órgano de acusación como de defensa, garantizando una investigación científica del delito realizada de forma objetiva, y así como con igualdad procesal o igualdad de armas dentro del proceso penal acusatorio.
En suma, lo que hoy proponemos, lo que hoy venimos a presentar al Senado de la República es, una propuesta para crear el Instituto Nacional de Servicios Forenses como órgano del Estado responsable de prestar
servicios en materia de medicina legal y ciencias forenses a las instituciones de procuración de justicia y defensoría pública tanto en el orden federal como en el local. Es decir, un instituto que tenga competencia en ambos fueros.
Nuestra propuesta tiene como finalidad propiciar mayor certeza en las investigaciones realizadas por las instituciones responsables de la procuración de justicia de nuestro país, así como de las defensorías públicas. Nuestra propuesta pretende hacer modificaciones al artículo 21 de la Constitución con la finalidad de crear este organismo.
Por su atención, muchas gracias.
PRESIDENCIA DEL SENADOR JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senadora María del Pilar Ortega Martínez. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Leticia Herrera Ale para presentar a nombre propio y de los senadores Hilaria Domínguez Arvizu, Itzel Ríos de la Mora, Isidro Pedraza Chávez y Lorena Cuéllar Cisneros, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 106 de la Ley de Desarrollo Sustentable.
En el uso de la palabra, senadora.
La Senadora Leticia Herrera Ale: Con su venia, señor Presidente.
Muy buenas tardes compañeras y compañeros senadores:
El día de hoy subo a esta tribuna a nombre propio y de las Senadoras María Hilaria Domínguez Arvizu, Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Lorena Cuéllar Cisneros y el Senador Isidro Pedraza Chávez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicional los artículos 15 y 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable al tenor de la siguiente exposición de motivos.
El pasado 10 de agosto del presente año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación dieron a conocer los resultados finales de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014.
Esta encuesta contiene la información de mayor relevancia de los 34 productos de mayor importancia para nuestro país.
Este informe señala que actualmente contamos con 27.5 millones de hectáreas de superficie agrícola total de las cuales 5.6 de hectáreas son superficies de riego; y 22 millones de hectáreas son de temporal, y que actualmente existen 22.4 millones de hectáreas de superficie sembrada.
Del número total de productores en el país, 85 por ciento son hombres, y 15 por ciento son mujeres.
Los seis productos que representan el 58 por ciento de la superficie sembrada son: el maíz grano blanco, el sorgo grano, el frijol, el café, la caña de azúcar y el trigo grano.
El uso de tractores en nuestras unidades de producción cubre el 55 por ciento del total.
El 21 por ciento de las unidades de producción ya utilizan tecnologías informáticas y de comunicación, de las cuales el 99 por ciento usa teléfonos celulares, el 10 por ciento computadoras y el 9 por ciento Internet.
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
México cuenta con un territorio nacional de 198 millones de hectáreas, de las cuales 145 millones se dedican a la actividad a la actividad agropecuaria.
Cerca de 30 millones de hectáreas son tierras de cultivo, y 115 millones son de agostadero.
Además los bosques y selvas cubren 45.5 millones de hectáreas.
La agricultura en México es más que un sector productivo importante, más allá de su participación en el PIB Nacional que es de aproximadamente cuatro por ciento.
Las funciones múltiples de la agricultura en el desarrollo económico, social y ambiental determinan que su incidencia en el desarrollo sea mucho mayor de lo que ese indicador implicaría.
Esta información nos demuestra que contamos con un sector primario dinámico y en constante evolución. El clima de nuestro país genera las condiciones necesarias para que en diversas regiones del mismo la actividad agropecuaria sea la principal actividad económico, y por lo tanto la generadora de ingresos para la sobrevivencia de millones de familias.
La cadena de producción agropecuaria en términos generales va desde la generación de las mejores semillas aptas para la siembra pasando por el cuidado, la cosecha, en su caso la transformación, su comercialización y hasta llegar finalmente a los consumidores.
En esta cadena existen eslabones más firmes que otros, en nuestro país la comercialización de los productos agropecuarios sigue siendo uno de los temas que mayores injusticias generan a lo largo de esta cadena. El proceso de la siembra por parte de los campesinos conlleva un arduo trabajo físico y material, que desafortunadamente no es remunerado de manera justa, las estadísticas de pobreza señalan que una inmensa cantidad de campesinos se encuentran en condiciones de pobreza alimentaria y patrimonial que conlleva un serio retraso para ellos, y para sus familias.
El proceso globalizador que se implantó en nuestro país desde la década de los ochenta nos impone nuevos retos, si bien ha traído beneficios para productores que cuentan con amplios campos de cultivo y con mayor tecnología. Es evidente que también la comercialización es tema pendiente por resolver.
Ejemplos hay varios, pero podemos citar el del maíz, el cual es el principal producto de la agricultura nacional. En 2014, la producción nacional fue de 22.8 millones de toneladas, cifra que quedó por debajo del consumo nacional de ese año que fue de 31.9 millones de toneladas, lo que originó la necesidad de importar para cubrir la demanda nacional.
El maíz blanco la producción nacional fue suficiente, el déficit se presentó en producción de maíz amarillo, producto que sirve de insumo para la cría de ganado como un importante insumo para una importante cantidad de industrias que lo utilizan.
La importación de productos de otro país, principalmente de los Estados Unidos de América, implica que los productores nacionales tengan que competir en términos de calidad y competitividad con productores que reciben apoyos muy superiores a los que ellos reciben, a los productores norteamericanos la Ley conocida como la Farm Bill, les otorga miles de millones de dólares anuales para la producción de diversos productos agropecuarios.
La entrada de productos importados con altos niveles de subsidio, originan una competencia desleal para los pequeños productores nacionales, quienes debido a sus bajos niveles de producción, no son capaces de competir con los precios en los que se ofrecen los productos importados, originando que tengan que malbaratar su producción.
A raíz de esta situación surge la necesidad de nuestro país de conformar un marco jurídico que apoye al sector agropecuario rural nacional, fruto de esta necesidad, y como resultado de un intenso debate que duró varios
años surge la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual sirve como la Ley marco bajo la cual se llevará a cabo las actividades agropecuarias.
En esta ley se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, organismo en donde confluyen representantes de las Secretarías de Estado que tienen una relación con el sector agropecuario, incluyendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representantes de las Secretarías de Desarrollo Agropecuario, de las entidades federativas y del Distrito Federal, representantes de la agroindustria nacional y, por supuesto, representantes de las diversas organizaciones campesinas con representación nacional.
El objeto de esta comisión, según lo establece el artículo 17 de dicha ley, es la de ser una instancia consultiva del gobierno federal con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural.
A su vez, se crea en esta ley el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, PEC, programa marco en donde emergen de manera transversal los diversos programas de las diversas dependencias que conforman la Administración Pública Federal, y que tienen alguna relación con el sector agropecuario.
El artículo 14 de dicha ley, señala que el PEC es un programa que comprenderá las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles.
En el artículo 15 de dicha ley se establecen las acciones que el PEC tendrá como objetivo llevar a cabo. En otro apartado de la ley, en el artículo 106, se enumeran los objetivos que conllevará el Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los agentes de la sociedad rural.
El objetivo de esta iniciativa es el de incidir de manera directa en la toma de decisiones que el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable tenga a bien tomar.
Se adiciona un inciso al artículo 15 de la ley para señalar que uno de los objetivos y líneas de acción que debe contener el PEC debe ser la generación de programas de incentivos fiscales que apoyen la comercialización de productos agropecuarios, principalmente los definidos en el artículo 179 de la ley.
Además, se le adiciona un párrafo segundo al artículo 106 de la misma ley para incluir en los objetivos del Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los agentes de la sociedad rural, el diseñar una política de incentivos fiscales que apoyen el proceso de comercialización de productos agropecuarios, con especial interés en los señalados en el artículo 179 de esta ley.
Con la inclusión de estas modificaciones a la ley, se busca que se generen las condiciones legales necesarias para incluir en las iniciativas de Ley de Ingresos de cada año y en las que tienen que ver con las cuestiones fiscales, la inclusión de propuestas que contengan incentivos fiscales que apoyen a mejorar las condiciones de comercialización de los productores agropecuarios en beneficio de los productores del sector primario. Actualmente, con la aprobación de la última reforma fiscal aprobada en 2013 y aplicada desde 2014, los productores agropecuarios se enfrentan ante la obligación de incorporarse al sistema tributario, que si bien les trae beneficios como lo es la seguridad social, también han incrementado los trámites administrativos. De aprobarse la presente iniciativa, se le instruye a la Comisión Intersecretarial, de la cual forma parte el Consejo Mexicano, a diseñar una política de incentivos fiscales que apoyen el proceso de comercialización de los productos agropecuarios.
En base a estas consideraciones que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con
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Único.- Se adiciona un inciso XVIII al artículo 15, recorriéndose el siguiente, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 15. El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias:
Programas e incentivos fiscales que apoyen a la producción, a la comercialización y en general a toda la cadena productiva, sobre todo tratándose de los productores del sector social, principalmente para los productos agropecuarios definidos en el artículo 179 de esta ley, sin excluir a los demás productos.
Las demás que determine el Ejecutivo Federal.
Artículo 106. Para los efectos del artículo anterior, la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano a través de los Comités y Sistema Producto, elaborará el Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los agentes de la sociedad rural, así como los programas anuales correspondientes, los que serán incorporados a los programas sectoriales y los programas operativos anuales de las Secretarías y dependencias correspondientes.
Asimismo, diseñará una política de programas e incentivos fiscales que apoyen a la producción y al proceso de comercialización de productos agropecuarios que realicen principalmente los productores del sector social, con especial interés en los señalados en el artículo 179 de esta ley.
Transitorios:
Único.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, 22 de septiembre de 2015. Muchísimas gracias a todos mis compañeros y mis compañeras.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Leticia Herrera Ale. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos. Sonido, por favor, en el escaño del Senador Ascención Orihuela Bárcenas.
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Sólo para solicitarle a la Senadora Leticia Herrera, si estaría de acuerdo en que me sume a su iniciativa.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senadora Leticia Herrera, ¿acepta que se sume a su proyecto el Senador Ascención Orihuela Bárcenas?
Con gusto.
Pido a la Secretaría que tome nota de ello. Igualmente el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Senador Joel Ayala, la Senadora Marcela Guerra, la Senadora Rocío Pineda, Senador David Penchyna, y a todos los que deseen sumarse a este proyecto, con todo gusto.
Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad de Chapingo, de la carrera de Agronomía, invitados por el Senador Héctor Yunes Landa.
(Aplausos)
Informo a la Asamblea, que el punto de acuerdo de la Senadora Layda Sansores, en relación con las investigaciones del caso Ayotzinapa, se turna integro a la Junta de Coordinación Política.
A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios, un proyecto que reforma los artículos 21 y 73 constitucionales, en materia de servicios periciales y forenses autónomos.
En el uso de la palabra, Senadora.
La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Presidente. Estimados Senadores y Senadoras:
Hago uso de esta tribuna, para presentar a nombre de las Senadoras: Lorena Cuéllar Cisneros, Raúl Morón Orozco, Luis María Beristain Navarrete, Layda Sansores San Román, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Rabindranath Salazar Osorio, Isidro Pedraza Chávez, Zoé Robledo Aburto y Armando Ríos Piter, Sofío Ramírez Hernández, Luis Humberto Fernández Fuentes, Adolfo Romero Lainas, David Monreal Ávila, Fernando Mayans Canabal y a nombre propio.
La siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo 3º al artículo 21 y reforma la fracción 23 de la artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de servicios periciales y forenses autónomos.
Nuestros hijos tienen un rostro, una familia, una historia y los esperamos con todo nuestro amor, seguiremos gritando que los amamos y los necesitamos y que nunca dejaremos de buscarlos, hasta encontrarlos. Estas fueron las palabras de una madre de cuatro jóvenes desaparecidos, que compartiendo el dolor con miles de familias, buscan incansablemente a sus seres queridos.
Como todos sabemos, en junio del 2008, se realizó una reforma que implicó cambios profundos en al menos 10 artículos de nuestra Constitución, y se sentaron las bases para transitar de un modelo inquisitivo a un acusatorio en materia penal.
Como parte fundamental de esta reforma, se establecen principios procesales y derechos tanto de las víctimas como de las personas imputadas en delitos. Los servicios periciales y forenses juegan un papel fundamental en cualquier investigación de carácter judicial. Para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, se requiere de servicios periciales de calidad y además confiables.
Actualmente, la Procuraduría General de la República, cuenta con un área denominada “Coordinación General de Servicios Periciales” con un organigrama muy parecido al de cualquier dirección.
Ejerce sus facultades en el territorio nacional, a través de unidades administrativas que integran su organización regional y estatal en cada entidad federativa, quienes fungen además como enlaces y auxiliares de los titulares de las delegaciones, así como de las demás autoridades judiciales y civiles en la entidad, conforme a lo que establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y demás disposiciones aplicables.
Desafortunadamente esto no es suficiente. Hoy en día, hay una gran cantidad de personas desaparecidas, violentadas y asesinadas, cuyas víctimas exigen servicios periciales de primer nivel.
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Primero.- La incapacidad de los agentes del Ministerio Público para integrar equipos periciales multidisciplinarios que permitan la realización de un trabajo más profesional durante las investigaciones ministeriales.
Segundo.- Insuficiente capacidad técnica que se ha considerado por expertos internacionales, que esto es una consecuencia de la falta de profesionalización y de la ausencia de una salario digno.
Tercero.- La insuficiencia y la falta de habilidades en las distintas áreas forenses. Cuarto.- La dispersión de los servicios.
Quinto. Y último.- El menosprecio institucional de la actividad forense y pericial.
Ahora bien, organizaciones nacionales internacionales de derechos humanos, han referido la necesidad de servicios periciales autónomos para el fortalecimiento del sistema de justicia y el respeto a los derechos humanos de nuestro país.
El informe de justicia fallido en el estado de Guerrero, presentado por la Organización Internacional que recomienda garantizar servicios periciales autónomos de autoridades policiales y de instancias de procuración de justicia.
El título cuarto de la iniciativa de ley para prevenir, investigar, sancionar, reparar, la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares, presentada por la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada el pasado 3 de septiembre, propone la creación también de un Instituto Autónomo de Investigación Forense con servicios gratuitos.
También el informe de Ayotzinapa, señala como recomendación en el apartado de reformas institucionales para la investigación y sanción. El contar con un organismo pericial y forense, autónomo y competente a nivel federal, como en los diferentes estados.
Consideramos, pues, que la autonomía administrativa y financiera de las áreas de servicios es una necesidad. Es una demanda de los ciudadanos y de las víctimas.
El Estado mexicano tiene que ofrecer servicios periciales y forenses con capacidad técnica que cumplan con los protocolos internacionales y de los estados.
A su vez, tenemos que generar las condiciones para que los peritos puedan profesionalizarse, capacitarse y que sus condiciones laborales respondan a las exigencias ciudadanas.
Se tiene que ampliar y enriquecer las áreas de servicios en todas las ramas: en la biología, la medicina, la rama genética, balística, psicológica, antropológica, odontología, fotografía, todo esto en una Ley Reglamentaria que además deberá elaborarse, como consecuencia de la reforma que ahora se propone. Y dicha ley también tendrá que regular el esquema que permita operar el banco de datos forenses, incluido el Registro Nacional de Información Genética. La base de huellas dactilares y todos los datos forenses para poner a la ciencia al servicio de la verdad, la justicia, la reparación integral.
Debemos fortalecer los servicios forenses para que su trabajo sea funcional y no insuficiente y dudoso. Quienes presentamos esta iniciativa, estamos convencidos de que si dotamos de autonomía a los servicios forenses y periciales y de las entidades federativas, para que no dependan de ningún organismo de investigación o judicial. Para que cuenten con un patrimonio propio y personalidad jurídica.
Estaremos dando un paso muy importante en el que todos ganamos. Los ciudadanos, ante la posibilidad de contar con un órgano forense de servicios periciales gratuitos de primer nivel, por especialistas altamente capacitados; y por otro lado, los propios peritos al encontrarse ante la posibilidad de prepararse más, de mejorar su trabajo y sus condiciones laborales.
Y como consecuencia de todo esto, el Sistema de Investigación de los casos de tortura, de tratos inhumanos o degradantes, de desaparición forzada de personas y de ejecuciones extrajudiciales u homicidios entre otras. Tendremos mayores certezas sobre el trabajo de nuestros peritos.
Por lo anterior, proponemos una reforma que adiciona un tercer párrafo al artículo 21 constitucional para la existencia de servicios periciales autónomos, así como el ajuste correspondiente a la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Muchas gracias.
EL Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud.
En el uso de la palabra, Senador.
El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea.
Nobleza obliga, y quiero agradecer a mi compañero David Monreal la fina distinción que tuvo de cederme su turno en esta ronda.
Gracias, mi querido, David.
Quiero llamar la atención de mis compañeros Senadores para compartir con ustedes dos experiencias de vida, entre muchas que afortunadamente nos deja esta labor como servidores públicos enfocados a la representación popular.
Hace unas semanas se nos presentó, ante esta Cámara, el tema de una niña que padece epilepsia refractaria. Algunos de los compañeros, aquí presentes, la apoyaron, una jovencita de ocho años de nombre Grace, que no obstante haber utilizado 18 diferentes anticonvulsivos, registra alrededor de 400 convulsiones al día, inclusive dormida.
Fue precisamente el arrojo de algunas compañeras Senadoras y algunos compañeros Senadores, las presiones que ejercimos sobre la Cofepris para que se permitiera la importación temporal del cannabidiol, que es un medicamento alternativo que tiene su origen precisamente en la cannabis, y surte efectos, no a nivel psicotrópico, sino a nivel de relajación de músculos a las personas que padecen estas enfermedades. Este medicamento fue utilizado exitosamente con una niña, en el estado de Colorado, que es la situación “espero de Grace” de nombre Charlotte, de 12 años, y alivianó, en buena medida, estas crisis convulsivas terribles de la epilepsia refractaria.
En otro punto, me tocó en algún momento de mi vida, atender a un jovencito, víctima de un osteosarcoma, motivo por el cual le fue amputada su extremidad inferior derecha a nivel de la cadera.
Gracias a la asociación Castro Limón, que lo quiero decir en mayúsculas. Es una asociación tijuanense, pudimos considerarlo desde el punto de vista clínico remiso de cáncer. Sin embargo, meses después, un hospital privado, no diré el nombre, atiende al niño, en efectos secundarios registra un padecimiento cardiaco severo y le dan dos opciones a su familia, a los papás del niño —lo que ingresa a nuestro pueblo, 6 mil, 8 mil
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pesos al mes en conjunto— y le dan dos opciones: un trasplante de corazón o un tratamiento de cédulas madre a costa de 45 mil dólares.
Precisamente la iniciativa, que vengo a compartir con ustedes, es el primer paso que yo quisiera así lo consideráramos, apelo a los Senadores médicos, muy brillantes, por cierto, que hay aquí; o a los Senadores que han administrado dentro de la función pública instituciones de salud, y que sé que pueden entender, inclusive, mejor que el ponente, este tema.
¿De qué se trata?
Con esta iniciativa, que hoy presento a consideración de ustedes, busco reducir significativamente el impacto de esta encrucijada en materia de salud pública.
En todo el mundo se registran avances de lo más variado para el tratamiento de todo tipo de enfermedades, la investigación científica ha dado pasos enormes en el último cuarto de siglo, las terapias novedosas permiten alentar la esperanza de pacientes, hasta hace poco condenados a una vida solitaria de sufrimiento y resignación.
Sin embargo, las terapias innovadoras benefician únicamente a las capas más altas de la población, las familias pobres, incluso de clase media, están prácticamente excluidas de estas terapias.
Esta situación prevalece en razón de que para aplicar tratamientos que todavía se encuentran en etapas de investigación, se requiere de permisos especiales otorgados por la autoridad en materia de salud.
En este tipo de procesos, lo primero que se clarifica es que la terapia, medicamento o material, no cause daños en las personas.
A este arranque de las investigaciones se le conoce como la fase uno.
Las fases subsecuentes tienen que ver con determinar si las terapias arrojan resultados positivos de manera concluyente.
En nuestro país, por sólo hablar de un caso, se registran más de 70 mil amputaciones de pie diabético al año. Sin contáramos con permisos para utilizar terapias y materiales, aún en investigación científica, pero que han demostrado buenos resultados: inocuidad y eficiencia, la mayoría de estas personas podrían conservar sus extremidades.
Me he permitido ilustrar la iniciativa que hoy aparece publicada en la Gaceta, al alcance de todos ustedes, con sendas imágenes de pies diabéticos antes y después de la aplicación de las terapias innovadoras.
En casi todos los casos la aplicación del nuevo tratamiento no causa daños al paciente, más bien les permite conservar sus pies.
En consecuencia, la iniciativa de hoy, la que elevo a la consideración de ustedes, busca ampliar la esfera de derecho de los pacientes, en especial aquellos a los que la medicina tradicional ya no aporta ninguna respuesta.
Para ello propongo que la autoridad en materia de salud otorgue permisos temporales condicionados que permitan de manera ágil a los pacientes recibir dichos tratamientos o materiales para buscar una cura eventual, como lo he destacado en relación con el pie diabético, reducir el sufrimiento que padecen o simplemente mejorar su deteriorado nivel de vida.
La propuesta contiene una preceptiva que busca garantizar al cien por ciento los derechos de los pacientes. Para ello, recurrimos a un consentimiento informado más profundo, a un monitoreo exhaustivo para evitar eventos adversos, así como a la mayor transparencia para que se puedan apreciar los avances y condiciones en la aplicación de las nuevas terapias y materiales.
Se propone que las empresas que generan las nuevas terapias o materiales, no sean las mismas que las apliquen a los pacientes, los doctores que atiendan a este tipo de paciente agudo deberán contar necesariamente con título de médico cirujano y, además, la especialidad correspondiente a la enfermedad que tenga el paciente.
Finalmente, se propone que las instituciones o médicos que se dediquen a la aplicación de las nuevas terapias y materiales, destinen el 1.5 por ciento de sus ingresos para atender a mujeres de escasos recursos que requieren de su atención, ya que ellas son quienes más necesidad tienen de estas terapias.
No quiero dejar de mencionar que en países como Japón y Panamá, así como en algunos estados del vecino país del norte, se han aprobado recientemente ordenamientos de este tipo para hacer más ágil la aplicación de las terapias novedosas, siempre y cuando se tomen medidas legislativas adicionales para proteger escrupulosamente los derechos de los pacientes.
En México, en la actualidad, no contamos si quiera con una norma oficial en la materia, llevamos meses discutiendo, estamos empantanados en la normativa, estamos empantanados en los intereses de los laboratorios, en los intereses de algunas empresas, y, la verdad, es que estamos sujetando a la gente que más lo requiere a un sufrimiento verdaderamente grave.
Por ello, quiero que se considere esta iniciativa como el saque, el saque con el cual pudiéramos organizar los foros, pudiéramos tomar las opiniones correspondientes, opiniones, por supuesto, de regulación u opiniones científicas, para poder, como les dije en un principio, poner el tema de las células madre por encima de la mesa.
Es cuanto. Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. Túrnese esta iniciativa a las comisiones unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.
Esta directiva saluda la presencia de destacadas personalidades del ámbito científico, invitados por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.
Le damos la bienvenida al doctor Neal Fearnot. Doctor Amit Patel.
Doctor Santosh Kesari. Doctor Thomas Ichim.
Doctor Eugenio Deister Mateos. Licenciado Oscar Espinoza Villarreal. Doctor Abraham Franklin.
Ingeniero Alejandro Von Mohr. Y
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A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En el uso de la palabra, Senador.
El Senador Héctor Yunes Landa: Muchas gracias, señor Presidente.
También quisiera yo agradecerle al Senador Jesús Casillas, el que me haya hecho el gran favor de cederme su lugar el día de hoy para presentar esta iniciativa.
Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, amigos todos:
Nuestro país registra lo que los especialistas han llamado un bono demográfico, lo que significa que el volumen de la población en edad de trabajar supera a la población dependiente constituida por infantes y por ancianos. Contar con un bono demográfico implica, desde luego, retos e implica responsabilidades. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que esta ventana de oportunidad empezará a revertirse a partir del 2020, fecha en la que la población dependiente empezará a aumentar más que la población productiva. México experimenta un comportamiento demográfico caracterizado por el decrecimiento en el número de hijos por mujer y un incremento en la esperanza de vida.
En cinco años más, en el 2020 se estima que en promedio un mexicano vivirá 78 años, mientras que para el año 2050 vivirá 81. Para ese año más de la cuarta parte de la población de nuestro país será adulto mayor. Actualmente nueve por ciento de la población de México cuenta con 65 años o más.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que aproximadamente 939 mil personas con edades de 65 años y más viven en situación de pobreza alimentaria; el 57.6 por ciento no posee un trabajo.
Todos los aquí presentes hemos escuchado sobre casos de maltrato, abandono y de exclusión laboral que sufren los adultos mayores en México. Tal parece que aquí aplica la famosa frase del escritor español Francisco de Quevedo, que todos deseamos llegar a viejos, y todos negamos que hayamos llegado. Como si acumula experiencia una causa legal para no hallar trabajo o sufrir discriminación por ello.
Bajo este contexto los poderes federales nos vemos obligados a proponer políticas cada vez más amplias, interinstitucionales y de manera transversal con los tres niveles de gobierno. Los problemas que acarreará el proceso de envejecimiento demográfico en México serán comunes y serán transversales.
Uno de los grandes retos que enfrenta la política de desarrollo social en el país es y será generar calidad de vida a la población adulta mayor, en tal virtud la calidad de vida es un concepto amplio y multifactorial, influido por la salud así como por aspectos sociales y económicos.
Por lo tanto las soluciones tendrán que involucrar a los diferentes actores para lograr una sociedad más igualitaria. Se requiere un enfoque de la política pública más estructurado y pro activo, por ello propongo a esta soberanía promover la inclusión laboral de los adultos mayores.
Los ciudadanos con 65 años o más aún están en posibilidades de compartir su experiencia, su talento y sus conocimientos. Generemos mecanismos legales que vayan limitando la discriminación laboral que sufre este sector poblacional.
Los invito a que como mexicanos del presente otorguemos desde la ley oportunidades a los mexicanos del futuro, para que vivan con mayor dignidad y con mayor decoro. Se trata de hacer un compromiso con generaciones de mexicanos que han dado lo mejor de sí, y con quienes como sociedad y Estado tenemos una deuda moral impostergable.
Por lo anteriormente expuesto, se propone ante esta soberanía la discusión y en su caso aprobación del siguiente proyecto de decreto.
Único.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue.
Artículo 186. El patrón que contrate a adultos mayores en jornada laboral de seis horas, remunerando las ocho horas que establece el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, obtendrá un estímulo fiscal del cinco por ciento adicional al estipulado en el párrafo anterior.
Es cuanto, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senador Héctor Yunes Landa. Sonido en el escaño de la senadora Silvia Garza y Marcela Torres Peimbert.
Sonido por favor en el escaño de la Senadora Marcela Torres.
La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño). Simplemente pedirle al Senador si me puedo sumar a su iniciativa.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro: ¿Senador, acepta? Pido a la Secretaría que tome nota de ello.
Senadora Silvia Garza, ¿para el mismo asunto?
La Senadora Silvia Garza Galván: (Desde su escaño) Preguntarle al senador Yunes, si puedo suscribirme a ésta e interesante y noble iniciativa.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con mucho gusto. Alejandro Tello. Para el mismo asunto.
Pido a la Secretaría que tome nota de la senadora Margarita Flores, Roció Pineda Gochi, de la Senadora Lorena Cuéllar, del Senador Ricardo Barroso Agramont. Con mucho gusto.
Senador Ascención Orihuela, Senador Blásquez, con mucho gusto, y la Senadora, Senador Jorge Aréchiga, Ernesto Ruffo, Ana Gabriela también, con mucho gusto, Senador Luis Sánchez.
Pido a la Secretaría que tome nota de ello, igualmente Senador Francisco Salvador López Brito y Senadora Sonia Rocha. Con mucho gusto.
Perdón. Sonido en el escaño del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.
El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño). Gracias, Presidente.
Felicitar a mi compañero Senador Yunes, hay piezas que verdaderamente son muy significativas, y me veo totalmente representado en mi pensamiento en eso.
Creo que hasta me espiaste mis apuntes, Senador. Gracias.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese esta iniciativa que ha presentado el Senador Héctor Yunes Landa, a la Cámara de Diputados.
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A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Torres Peimbert, para presentar a nombre propio y de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 161 Bis, a la Ley General de Salud.
En el uso de la palabra, Senadora.
La Senadora Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros Senadores:
En esta ocasión me dirijo a ustedes, igual que hace dos años, de manos de la sociedad civil organizada cuando presentamos ante esta misma tribuna la posibilidad de un impuesto a las bebidas azucaradas.
Juntos, sociedad civil y partidos políticos pudimos incluir en la ley dos impuestos con fines extra fiscales a favor de la salud: el impuesto a las bebidas azucaradas y el impuesto a la comida chatarra.
A diferencia de hace dos años, hoy los ojos están puesto sobre nuestro país, periodistas, investigadores, médicos, legisladores de América Latina, Estados Unidos y Europa, se han acercado a nosotros para saber de primera mano cómo es que se logró este impuesto en México, a pesar de las resistencias que nos topamos. Y sobre todo preguntan qué es lo que estamos haciendo con el producto de este impuesto, con los recursos que se recaudan a través de él. La expectativa es grande, y recae sobre nuestro país.
La epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes atenta contra la vida de millones de seres humanos alrededor del mundo, y en México también a pesar de que hablamos de que son enfermedades totalmente prevenibles. El impuesto a las bebidas azucaradas tiene dos objetivos
El impuesto a las bebidas azucaradas tiene dos objetivos básicos: el primero, desincentivar el consumo de refrescos y otras bebidas perjudiciales a la salud que favorecen estas enfermedades.
Este objetivo se ha venido cumpliendo, según cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, en el 2014, el impuesto logró disminuir el 6 por ciento la ingesta de estas bebidas y el consumo se ha venido disminuyendo gradualmente, hasta alcanzar un 17 por ciento de reducción en su consumo en este año.
El estudio de este Instituto, también señala que las personas con ingresos más bajos son las que más redujeron el consumo de refrescos.
Otro dato de gran relevancia del estudio es que mostró un aumento de 4 por ciento en la compra de bebidas sin impuesto, que en su mayoría, se debe a un incremento de la compra de agua embotellada, así como de refrescos reducidos en azúcar.
Este decremento en el consumo, se debe también a las buenas prácticas de la industria refresquera, quien ahora ofrece nuevas alternativas, mucho más saludables, con menos contenido de azúcares o totalmente sin calorías.
Esto ya es un logro.
El segundo objetivo del impuesto es el de generar los recursos suficientes para financiar políticas públicas eficaces, para prevenir sobrepeso, obesidad y diabetes.
Según estimación de la propia Secretaría de Salud, el costo de esta enfermedad, la obesidad, asciende actualmente a 80 mil millones de pesos, cada año y tiende a aumentar.
La diabetes, atribuible a la obesidad, genera costos que representan, escuchen, 73 por ciento del presupuesto programado para salud en un año, 73 por ciento.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, sólo incluía dos partidas presupuestales: una, por 328 millones de pesos, para prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes. Estos recursos se han venido recortando constantemente en estos tres años de gobierno, y corresponden solamente al 2.6 por ciento de la estimación de recaudación del IEPS de bebidas azucaradas, que actualmente es de 50 mil millones de pesos; entonces, con una recaudación de 50 mil millones de pesos en dos años, los programas de atención ascienden solamente a 300 y pico millones de pesos.
Estas cifras demuestran que el gobierno no está previniendo el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, solamente está paleando las enfermedades a través de pocos recursos en el tema.
El día de hoy, en este preciso momento, a lo largo y ancho del país, a pesar de que existen ya estos impuestos, a miles de personas, se les está diagnosticando diabetes, sus vidas y las de sus familias, van a cambiar y cambiarán drásticamente para mal.
Allá, afuera de este recinto, hay gente que enfrenta este problema solo; una enfermedad costosa en términos económicos, y dolorosa para el individuo y sus familias.
Un Estado comprometido con la salud, no permite que mueran miles de personas por padecimientos previsibles como la obesidad y la diabetes.
El Estado no puede cruzarse de brazos, hoy tras dos años de la creación del impuesto al refresco y las bebidas azucaradas y el impuesto a los alimentos con alto aporte calórico, el gobierno cuenta con casi 50 mil millones de pesos recaudados con el objetivo de abatir estos padecimientos.
Hasta el momento, no sabemos a ciencia cierta qué se ha hecho con estos recursos.
Con el anuncio del Presidente Enrique Peña Nieto, durante la presentación de su III Informe de Gobierno, respecto al fortalecimiento de la estrategia para la prevención del sobrepeso, obesidad y diabetes, los legisladores que firmamos la presente iniciativa y las 60 organizaciones de la sociedad civil que lo avalan, queremos darle una propuesta concreta.
Por ello, los senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta de la Comisión de Salud; Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación; Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte; Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Fernández Sánchez, Daniel Ávila, Martín Orozco, una servidora, proponemos una acción clara y contundente que, seguramente, el Presidente y la bancada del PRI en este recinto no tendrán objeción en aceptar y procesar.
Proponemos la creación de un fideicomiso en cual, la Cámara de Diputados, mandate depositar el total de lo recaudado en este impuesto, los 50 mil millones de pesos, para acciones concretas, de política pública, efectivas, medibles, evaluables, transparentes.
Esta medida legislativa es de suma importancia, porque a dos años de la creación de estos impuestos, no se han incrementado el número de horas que las niñas y niños adolescentes realizan activación física en sus escuelas.
Tampoco se ha mejorado la infraestructura para que los deportes se hagan con mejor calidad en las escuelas públicas, tampoco hay más escuelas con agua potable, siguen siendo 40 de cada 100, ni las escuelas públicas tienen bebederos.
Tampoco hay políticas públicas evaluables, eficientes, que logren realmente abatir las 80 mil muertes anuales sólo por diabetes.
Compañeros, los invito a sumarse a esta noble causa que puede no sólo cambiar, sino salvar vidas. Es cuanto, muchas gracias, Presidente.
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Marcela Torres Peimbert. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.
A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 25 de la Constitución.
En el uso de la palabra, Senadora.
La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:
El artículo 25 de nuestra Constitución, establece la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral, sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático.
De acuerdo con este precepto, mediante la competitividad, el fomento al crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, permitirán el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
Se trata de los objetivos más altos que nuestra nación está obligada a asumir si pretende tener viabilidad, objetivos que a todas luces aparecen distantes, sino es que inalcanzables a la luz de los datos duros que arrojan los indicadores económicos y sociales.
México debe fortalecer su régimen democrático.
La presente iniciativa, reconoce que la democracia representativa es notoriamente insuficiente.
Reconoce también que la discusión sobre los grandes temas de desarrollo nacional, debe involucrar a diferentes actores, debe abrir al debate público, donde cada sector defina claramente su postura.
A todos los sectores debe interesar el destino de nuestro país.
Sabemos que existe el cabildeo, la negociación, y hasta las presiones de distintos actores económicos, muchas veces imperan las visiones parciales y sesgadas de la realidad o prevalecen los intereses de unos cuantos sobre el interés nacional.
Cada quién acude ante el Presidente, ante los secretarios o a los legisladores a plantear sus preocupaciones o sus intereses.
Esto es común, sobre todo, en un entorno democrático, pero la situación de México nos exige una visión integrada y estratégica, con soluciones de largo plazo que provengan de acuerdos de fondo, sobre todo entre la mayor cantidad de actores económicos y sociales.
Es claro que para la ciudadanía los acuerdos en la clase política no siempre reflejan el interés de las mayorías. Es preciso emprender un esfuerzo de diálogo político entre empresarios, sindicatos, universidades, expertos, entre campesinos, indígenas y muchos otros actores más. Un esfuerzo que trascienda a lo institucional, que aporte soluciones y acuerdos.
Hoy requerimos un esfuerzo profundo de concertación con visión de Estado, para abrir paso al desarrollo y acabar el estancamiento y la precarización de la vida social y laboral, para impedir que se siga expandiendo la pobreza.
México sigue estancado, se siguen ampliando las desigualdades y se están abriendo nuevas brechas como resultado de una modernidad que excluye a millones y destruye el tejido social.
Es necesario conciliar posturas y generar mayores equilibrios, acabar con la división entre lo social y lo económico, ambas políticas deben ser parte de una misma estrategia que ponga en el centro a la justicia. Existen experiencias exitosas desde alianzas estratégicas de largo plazo basadas en objetivos comunes de la sociedad. Por ello, proponemos crear el Consejo Económico y Social como un órgano consultivo del Poder Ejecutivo que tendría un peso enorme al estar previsto en la Constitución y conformado por todos los sectores y actores sociales que deben incidir en el rumbo económico y social del país.
Se trata de un instrumento que genere acuerdo y consensos de manera horizontal, con visión incluyente, democrática y plural que genere respuestas y soluciones de fondo con una interlocución permanente y constructiva hacia el Ejecutivo.
El Consejo, sin duda, puede fortalecer la gobernabilidad, prácticamente todos los países de Europa cuentan con organismos de esta índole. Incluso la ONU cuenta con un Consejo Económico y Social que se ocupa de los problemas económicos, sociales, ambientales del mundo.
La Comunidad Europea tiene su Comité Económico y Social de carácter consultivo, y tiene como finalidad representar los intereses de los destinos de grupos económicos sociales de Europa.
En América Latina, un número importante de países, provincias y ciudades cuentan con un consejo también de este tipo.
Existe una red de Consejos Económicos y Sociales de América Latina y el Caribe. En la gran mayoría de los casos ha sido esencial el involucramiento de los sectores, pero también el de la sociedad civil organizada. La riqueza de las resoluciones del consejo estriba en que las decisiones trascendentes para el país, contarían con la opinión de los actores económicos y sociales, de asesores y expertos con autonomía. Esa autonomía ha sido muy valiosa en los últimos años. Nuestro país cuenta con información precisa para tomar decisiones, para rectificar el camino o reforzar lo que corresponda.
Las recomendaciones del Consejo Económico y Social, sin duda pueden mejorar la implementación de políticas a mediano y largo plazo.
Como han señalado diversos líderes de opinión e investigadores, el problema económico y social que enfrenta el país, nos exige una evaluación desprovista de perjuicios, de los supuestos que han guiado la estrategia del Estado mexicano para combatirlo y de la política económica social en su conjunto.
Con este consejo, proponemos transitar hacia un diálogo incluyente, ampliando la participación de la sociedad al más alto nivel, con propuestas con crítica y con reflexión profunda. Un diálogo social institucionalizado que no sea subordinado por ninguno de los poderes públicos.
Por ello es importante incluirlo a nivel constitucional. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.
A continuación tenemos la discusión de nueve dictámenes en sentido negativo que proponen desechar proyectos recibidos de la Colegisladora.
Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, pasaremos a su discusión de manera conjunta.
