Capítulo 7. La crisis del modelo reformista. La universidad durante el peronismo.
La universidad contra el régimen militar
El movimiento del Ejercito que el 4 de junio de 1943 termino con el gobierno conservador de Ramón Castillo fue celebrado por una parte relevante de la dirigencia política argentina ya que daba fin a un régimen acusado por su orientación extremadamente conservadora, cuestionado por estar sostenido por prácticas electorales fraudulentas y, además, sospechado de corrupción. El golpe conto con la complicidad de hombres del radicalismo, principal partido de oposición, e incluso de algunos de los más importantes dirigentes universitarios. Ricardo Caillet Bois, uno de los más estrechos colaboradores de Emilio Ravignani, en ese entonces decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y destacado dirigente radical de orientación alvearista, sostuvo que éste estaba en conocimiento del movimiento militar y que tal vez formaba parte del grupo revolucionario. A las pocas horas de producido resulto evidente que el movimiento de junio estaba impulsado por sectores que sostenían principios políticos e ideológicos de diferente naturaleza. Estos dirimieron rápidamente sus diferencias internas y surgió vencedora una fracción hegemonizada por grupos de raigambre profundamente conservadora, nacionalista y católica.
Las autoridades del nuevo gobierno se proponían llevar a cabo una transformación profunda de la sociedad y, particularmente del sistema de instrucción pública. El programa de transformación del aparato escolar constituía uno de los pilares del proyecto del nuevo gobierno. El sistema educativo debía ser refundado sobre una matriz confesional, autoritaria y tradicionalista. Este proyecto culmino con la introducción de la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas a finales de 1943. Las universidades no podían quedar al margen de la transformación que iba a experimentar el conjunto de la institución pública. Sin embargo aquélla solo podía llevarse a cabo en la mayoría de las casas de estudios imponiéndose por la fuerza. La primera institución en ser intervenida fue la del Litoral, y poco tiempo después fue la de Cuyo. El decreto de intervención en el Litoral hacia abierta referencia al predominio en la casa de estudios “de factores y elementos adversos a los sanos intereses de la nacionalidad”. El interventor designado fue Jordan Bruno Genta, conocido por sus posiciones de tono fervientemente nacionalista. Genta concebía a la Universidad como una incorporación jerárquica” y entendía que las jerarquías naturales que debían primar en ella habían sido corrompidas por las practicas electorales introducidas por la Reforma. Pero la intervención y la designación de Genta fueron rechazadas por las organizaciones estudiantiles, que protestaron airadamente por la decisión de las autoridades ministeriales. Se inicio entonces un proceso de persecución desde el gobierno que se tradujo en detenciones de estudiantes, y en el ámbito de la Universidad intervenida, en la suspensión de centenares de estos y de algunos profesores. Las protestas por la situación creada en la casa de estudios del Litoral se extendieron a otros centros universitarios de la Republica. El movimiento que exigía la normalización de las universidades intervenidas se expreso a través de huelgas y manifestaciones públicas y logro la adhesión de algunas de las figuras más relevantes de la vida económica argentina, como Bernardo Houssay. La creciente presión de la comunidad universitaria obligo finalmente al gobierno a separar a Genta de su cargo interventor en septiembre de 1943.
Por entonces, el gobierno ya estaba impulsado cambios en el resto de las casas de estudios que finalizaron también con la sustitución de los rectores por interventores. El avance del nacionalismo de derecha sobre la Universidad cobro nuevo impulso entonces con la designación de Gustavo Martínez Zuvirla, un famoso escritor conocido por sus ideas antisemitas y por su afinidad con el integrismo religioso de raíz católica, como ministro de Justicia e Instrucción Publica en octubre de
1943. La gran mayoría de los nuevos interventores no difería en principios e ideas del designado tiempo atrás en la Universidad del Litoral. Provenían de grupos antiliberales y también
propugnaban la confesionalización de la enseñanza universitaria. En consonancia con disposiciones tomadas para otros niveles del sistema educativo, se introdujo en los colegios secundarios dependientes de las universidades la enseñanza de la religión. En la Universidad de Buenos Aires fueron designados interventores Tomas Casares, reconocido jurista de orientación romista y Carlos Obligado después. Este último habilito el título de doctor en Teología para el dictado de materias como Filosofia, Moral, Psicología y latín en la Universidad y ordeno la
participación de la casa de estudios superiores en la festividad del Corpus Christi. En la mayoría de las casas de estudios se decreto la suspensión de algunos miembros del cuerpo docente ya la expulsión de los estudiantes señalados por su militancia opositora.
Las protestas contra la nueva situación universitaria se hicieron sentir prácticamente de manera inmediata. En este movimiento se articulaban la oposición a las medidas del nuevo gobierno que afectaban a las casas de estudios y en forma simultanea el rechazo hacia su política en términos generales básicamente a su estrategia neutralista ante el conflicto mundial. En octubre de 1943, varias figuras prestigiosas del ámbito académico firmaron un manifiesto opositor en el que exigían el retorno del sistema democrático y el cumplimiento de los compromisos internacionales”. La respuesta del gobierno fue la cesantía de la mayoría de los firmantes. Por su parte, los estudiantes se movilizaron en forma activa. La oposicion estudiantil se expreso a través de huelgas y
demostraciones masivas en las calles. Pero también se manifestó en las aulas mediante presiones y protestas contra profesores considerados afines al régimen gobernante. El objetivo principal de estos movimientos consistía en devolver la autonomía a la Universidad y desterrar de su
administración a aquellos sectores que habían asumido el control de las instituciones con el movimiento militar de 1943.
El régimen sometido a distintos tipos de presiones debió propiciar desde febrero de 1945 un proceso de normalización basado en los estatutos que habían sido suspendidos en 1943. Con el fin de las intervenciones se estableció también la reincorporación de los docentes cesanteados. Como resultado de este cambio de situación muchos de los que habían sido desalojados de sus
posiciones de responsabilidad institucional con las intervenciones iniciadas en 1943 volvieron al gobierno de las universidades. En Buenos Aires fue elegido rector Horacio Rivarola y la decisión de designarlo al frente de la Universidad parecía obedecer a la necesidad de romper en forma
definitiva y radical con las autoridades nacionales, ya que éste era el candidato de los grupos conciliadores y moderados. Había vencido en la elección a Bernardo Houssay quien era por entonces el representante de los grupos más reacios a dialogar con el gobierno.
Dos sectores se estaban diferenciando en la política nacional durante aquellos agitados meses.
Uno de ellos, integrado por los grupos afectos al régimen militar gobernante, conformo una
alternativa política alrededor de uno de sus líderes, el coronel Juan Domingo Perón. Éste conto con el apoyo mayoritario del sindicalismo y la clase obrera industrial de algunos sectores provenientes del conservadurismo y el nacionalismo. La Iglesia católica y por supuesto, del Ejército. En el otro sector estaban la mayoría de las organizaciones empresariales, las clases medias, los
profesionales e intelectuales y los partidos tradicionales. A ellos se sumaron prácticamente en masa los universitarios. Durante todo el año 45 estos se enfrentaron activamente al gobierno al que pertenecía Perón. A finales de julio de 1945, una conferencia nacional de rectores de todas las universidades se pronuncio enfáticamente a favor del respecto irrestricto de la autonomía universitaria. En repetidas oportunidades manifestaron en defensa de la vuelta a la normalidad
institucional. Durante las jornadas del 17 y del 18 de octubre una multitud compuesta
fundamentalmente por trabajadores urbanos logro luego de una rápida movilizacion, la liberación de Perón, por entonces prisionero de un sector del Ejercito. Se ha señalado como durante las jornadas que culminaron con la liberación de aquel en ciudades como La Plata, la ira de los manifestantes se dirigió especialmente contra las universidades y los grandes medios de prensa.
En la capital de la provincia de Buenos Aires, las pensiones estudiantiles fueron agredidas al igual que la residencia del rector. Episodios similares se produjeron en las ciudades de Córdoba y Rosario. Los hechos testimoniaban el papel central que la comunidad universitaria jugaba en la oposición al régimen militar y, en particular la propia figura de Perón.
Posteriormente, las organizaciones estudiantiles participaron en forma entusiasta en la campaña previa a las elecciones de febrero de 1946 apoyando en forma ostensible a los candidatos de la Unión Democrática, opositora a Perón. Las elecciones de febrero de 1946, que posibilitaron, finalmente el acceso de este último a la presidencia de la Republica dejaron a la Universidad en el bando de los derrotados.
El Peronismo.
En mayo de 1946, luego de las elecciones y un mes antes de Perón asumiese la presidencia, las universidades fueron nuevamente intervenidas. Los fundamentos del decreto de intervención hacían referencia a la necesidad de asegurar una absoluta neutralidad política en el ámbito universitario y de reestructurar al conjunto de las instituciones de enseñanza superior modificando las leyes y los estatutos vigentes. Una vez que hubo asumido Perón, se sostuvo también desde el gobierno la necesidad de limitar el proceso de politización de la Universidad, al que se vinculaba estrechamente con los estatutos entonces vigentes. Los estudiantes rechazaron la intervención, y entre fines de 1946 y principios de 1947 la resistencia se hizo sentir en forma prácticamente inmediata a través de distintos tipos de huelgas y movilizaciones, pero fue rápidamente desarticulada. Desde entonces se movió en un plano de semiclandestinidad.
Las nuevas intervenciones iban a forzar a corto plazo otro proceso de cambio en la composición del profesorado. Centenares de docentes fueron obligados a renunciar o directamente se los cesanteo. Cesantías de oficio, jubilaciones anticipadas, presiones directas, fueron los mecanismos utilizados para expulsar a una porción significativa del profesorado. Al finalizar 1946 habían sido desplazados de las universidades nacionales 1.250 docentes, casi un tercio del total del cuerpo de profesores: 423 fueron directamente separados de sus cargos y alrededor de 800 renunciaron. Era la primera vez que se producía, desde los tiempos de la Reforma, un recambio del personal científico y docente de las universidades de tal envergadura. Pero ahora las motivaciones políticas ocupaban un lugar central. Entre los profesores que dieron entonces por finalizada una carrera docente de más de veinte años en el ámbito universitario se encontraban algunas de las figuras más prestigiosas de la academia argentina, las que estaban distribuidas, además, entre todas las casas de estudios. Amado Alonso, Bernardo Houssay, Juan Garrahan, Emilio Ravignani, Ricardo Rojas abandonaron la Universidad de Buenos Aires; Francisco Romero, Juan Mantovani y José Maria Monner Sans, la de La Plata. Las cesantías y renuncias se repitieron también en las universidades de Cuyo y de Córdoba. En esta última, más de 150 profesores fueron desplazados.
Institutos y grupos enteros de investigación fueron prácticamente desmantelados. Un numero relevante de académicos opto entonces por exiliarse y continuar sus actividades en el exterior, iniciando una práctica que se reiterara a mediados de las décadas del sesenta y del setenta.
La mayor parte de las cesantías y renuncias tuvo lugar en la segunda mitad del año 1946 y los primeros meses de 1947. En la Universidad de Buenos Aires se produjeron renuncias masivas durante diciembre del primero de los años mencionados y a raíz de una protesta de alumnos. Las organizaciones estudiantiles habían programado una huelga para el turno de exámenes, de dicho mes. El gobierno ordeno entonces a las autoridades universitarias supervisar la toma de exámenes por parte de los profesores y velar para que se efectuasen preguntas benévolas a quienes
hubiesen tomado la decisión, a contramano de la huelga, de presentarse a rendir. En estas condiciones muchos profesores se negaron a concurrir a las mesas examinadoras, y esa situación los obligó, finalmente a renunciar. La presión y la intromisión del poder político en la vida
universitaria habían sobrepasado, para gran parte de los académicos, el límite de lo tolerable. La mayoría de ellos había iniciado y desarrollado su actividad universitaria en un ámbito preservado, hasta cierto punto, de las disputas políticas. Algunos como autoridades de las casas de estudios, habían procurado mantener un cierto clima de pluralismo y tolerancia hacia el disenso. Hasta entonces, los canales de dialogo habían permanecido abiertos y la política no había fracturado a la comunidad académica. Durante los años treinta un sector de la dirigencia universitaria logro mantener con notables dificultades la separación entre las dos esferas. Pero en este intento fueron relativamente exitosos solo hasta 1946. La situación se modifico sustancialmente con el ascenso del peronismo al poder. Desde entonces la política invadió la esfera universitaria y esta situación se tradujo en medidas discriminatorias de carácter sistemático y permanente hacia diferentes
miembros del personal docente y del estudiantado. La irrupción del peronismo introdujo así una serie de cambios sustanciales en las formas de entender los vínculos entre la Universidad y el sistema político.
En un plazo relativamente breve los profesores expulsados fueron reemplazados mediante designaciones interinas primero y, posteriormente, a través de la efectivizarían de concursos. En principio el masivo desplazamiento de docentes ocasiono problemas de todo tipo a la hora de garantizar el funcionamiento de las distintas cátedras e incluso resolver el problema de la toma de exámenes. Pero ya en 1947 comenzó un proceso de llamado masivo a concursos que permitió ir regularizando la situación de las casas de estudios. Los estudiantes denunciaron distintos tipos de anomalías en estos llamados en los que algunos profesores desconocidos fueron designados sin pasar por la prueba de oposición, y científicos ya destacados como Gino Germani fueron excluidos sosteniéndose que carecían de “antecedentes docentes y de investigación”. Pero, en líneas generales, puede observarse que muchos de quienes accedieron a la vida académica ni pertenecían tampoco en su gran mayoría a los círculos católicos y nacionalistas que habían ejercido un rol central en los programas de transformación educativa implementados por el régimen surgido del golpe de1943. El recambio docente que se vivió durante el peronismo constituyo más bien una transformación interna de los cuerpos profesionales universitarios.
Muchos profesores fueron reemplazados por sus antiguos adjuntos o auxiliares. Docentes que habían desempeñado funciones en la Universidad por más de veinte años fueron sustituidos por jóvenes que habían terminado sus carreras hacia menos de un lustro. Por entonces se acuño la irónica expresión profesor “flor de ceibo” para denominar a muchos de los nuevos integrantes del cuerpo docente de las universidades. La flor de ceibo había sido consagrada como flor nacional a fines de 1942, y su imagen era portada como etiqueta en productos industriales locales que reemplazaron durante aquellos años a otros que se importaban. La expresión aludía en forma despectiva a obreros baratos, y en distintos círculos en forma era sinónimo de productos de mala calidad.
Finalmente, durante estos años se quebró también un proceso de renovación del personal docente y una carrera académica que había funcionado con un grado elevado de previsibilidad desde la reforma del 18. Esto acentuó aun más la fractura de la comunidad académica en dos sectores irreconciliables de acuerdo con la posición que asumían en frente al nuevo régimen gobernante. La ruptura que se produjo entre los intelectuales que habían sido expulsados de la Universidad y los que ocuparon sus puestos se revelo con el tiempo irreversible.
La naturaleza de los cambios que el peronismo introdujo en la vida universitaria no ha sido objeto de un estudio exhaustivo. La forma en que los nuevos grupos dirigentes concebían a la función de la Universidad puede reconstruirse en principio a través del análisis de las disposiciones
establecidas en la Constitución de 1949 o en los escritos publicados desde principios de los años cincuenta por intelectuales y profesionales vinculados al régimen, como Arturo Sampay o Ricardo Guardo, o en la Revista de la Universidad de Buenos Aires, que dirigía por entonces el sacerdote Hernán Benitez. En estos juicios se presentaba una visión profundamente negativa y critica de la Universidad reformista que enfatizaba en el papel social y político que habían desempeñado las casas de estudios durante la mitad del siglo que en sus vertientes académicas y científicas. Las universidades eran impugnadas en principio por su carácter extremadamente elitista y por estar controladas por un pequeño núcleo perteneciente a las clases dirigentes. La Universidad durante los años veinte y treinta se había convertido para los lideres peronistas en un reducto de los” hijos del privilegio “. Incluso en esta perspectiva era entendida la tradición reformista cuestionada por su anticlericalismo por no haber abierto la Universidad al pueblo y por haberse “entregado a la oligarquía”
En su “ajenidad” al pueblo y a la clase obrera se centraba gran parte de los cuestionamientos. Por otro lado, la antigua idea de reducir la clase dirigente a una minoría formada en la Universidad era también fuertemente criticada. Era preciso entonces hacer que las instituciones académicas dejasen de constituir un instrumento y reducto de la oligarquía y para eso era necesario democratizar el acceso a ellas. Benítez subrayaba en algunos de sus artículos la contradicción entre una Universidad mantenida por el pueblo sobre la base de sus contribuciones y la utilización absolutamente individualista de los conocimientos allí adquiridos. La enseñanza superior solo servía para el enriquecimiento de una pequeña minoría. En un artículo publicado en la misma revista dirigida por Benítez y firmado por Juan Nasio, se señalaba que la Universidad debía actuar en función social y a favor, cultural y técnicamente “de las masas trabajadoras. Las casas de estudios no debían limitarse a su función técnica sino que tenían que asumir la tarea de capacitar técnicos con sentido de “responsabilidad social”. Nasio rescataba como elementos centrales de la política universitaria peronista el carácter absolutamente gratuito impuesto a la enseñanza superior, la supresión de los aranceles, la puesta de la ciencia y la técnica al servicio del pueblo y la
liberación de la Universidad del control de las oligarquías políticas. Simultáneamente insistía en otras variables relativas al funcionamiento interno de las instituciones. Criticaba el verbalismo y el profesionalismo y subrayaba el impulso otorgado por el gobierno peronista a la ciencia a traves de la creación del Consejo Nacional de Investigaciones y del sistema de dedicación exclusiva a la docencia.
Para cumplir con sus objetivos, el peronismo introdujo cambios en las formas de gobierno y administración de las casas de estudios. En 1947 fue sancionada una nueva Ley Universitaria que dejaba a un lado los principios reformistas que habían regido el funcionamiento de las casas de estudios desde 1918. La ley 13.031 no contemplaba el principio de autonomía universitaria y, prácticamente, suprimía la participación estudiantil en el gobierno de las casas de estudios
superiores. De acuerdo con lo establecido por las nuevas disposiciones, los rectores eran designados directamente por el Poder Ejecutivo y los decanos por el Consejo Directivo, pero a partir de una terna elevada por el rector. Los consejos directivos a su vez, estarían compuestos por siete representantes de los profesores titulares y cuatro de los adjuntos. La representación
estudiantil quedaba limitada a un solo miembro con voz y sin voto elegido por sorteo entre los diez alumnos del último año con mejores calificaciones. A partir de estas disposiciones se creo también el Consejo Universitario Nacional, que integraban el ministro de Instrucción y Justicia y los rectores de las universidades. Este consejo regulaba el desenvolvimiento de las universidades desde la perspectiva científica y educativa. De este modo las casas de estudios quedaban directamente sometidas al poder político y se les arrebataba tanto la autonomía en aspectos puramente institucionales como en la esfera de lo científico y lo pedagógico.
Pero las transformaciones institucionales no se tradujeron en un cambio sustancial de las formas de organización didáctica ni pedagógica ni de los contenidos de las carreras. Es difícil entonces encontrar en el primer peronismo un programa elaborado y sistematizado para transformar la Universidad desde estos aspectos debido como han señalado diversos autores, a la ausencia de una política cultural sistematizada. Probablemente, en cierta medida por esta razón, el control del sistema universitario durante los primeros años del régimen fue ciertamente limitado y se vinculaba con la búsqueda de muestras externas de conformismo o lealtad como las relacionadas con el apoyo a la concesión del doctorado Honoris Noris Causa para el entonces presidente, con el respaldo a su reelección o con la observación del duelo por la muerte de Eva Perón.
Las nuevas autoridades partían, además, de un diagnostico negativo del sistema universitario de la Reforma que atribuían, en sus orígenes, a su excesiva politización. Según este diagnostico; la actividad política había subvertido las funciones y la naturaleza de la institución universitaria. Pero el intento de desterrar la política de los claustros conllevaba principalmente la intención de
neutralizar a los actores universitarios identificados por entonces en forma abierta con la oposición.
Las leyes universitarias sancionadas durante aquellos años prohibieron las actividades políticas de los miembros de los diferentes claustros. Determinaron la incompatibidad con la actuación política de las autoridades de las universidades y establecieron que los organismos de gobierno,
particularmente los consejos directivos, no podían abordar cuestiones ajenas a los planes de estudios o a los métodos de enseñanza.
Los primeros años del peronismo fueron de todos modos muy diferentes de los del periodo
comprendido entre los años 1943 y 1946, cuando se trataba de orientar la enseñanza y la actividad académica en función de una serie de principios ideológicos muy bien dirigidos y definidos. Puede advertirse que esta situación se reflejo, entre otros aspectos en la forma en la que los docentes desplazados de las universidades, la organización de los planes de estudios y los contenidos de la enseñanza. En alguna medida puede afirmarse que en relación con los aspectos académicos, la Universidad de los tiempos del primer peronismo presenta una fuerte continuidad con la de los treinta. Desde el punto de vista de sus estructuras curriculares, la institución de aquellos tiempos puede ser percibida como una prolongación, seguramente algo desgastada de la Universidad de la época reformista. Los planes de estudios de la mayor parte de las carreras mantuvieron los mismos rasgos que en la década anterior. Ni el contenido ni la orientación de la enseñanza experimentaron cambios significativos. Es cierto que en la conducción de varias universidades, en particular las de Buenos Aires, Cuyo y Córdoba, los dirigentes de orientación reformista y liberal fueron reemplazados por grupos ideológicamente afines al franquismo y el catolicismo hispanófilo.
Pero también debe señalarse que muchos de los profesores eran los mismos y los reemplazantes
de aquellos que fueron cesanteados, habían sido sus colaboradores y discípulos. No era tampoco elevado el número de los docentes que tenían participación en los circulos culturales afines al régimen. Por otro lado, una primera aproximación a las ideas de los principales cuerpos dirigentes de la Universidad durante el peronismo puede llevarse a cabo a partir del análisis del contenido de las publicaciones oficiales y las revistas de las casas de estudios. Los trabajos publicados allí presentan también una impronta vinculada con el franquismo, el tomismo o el nacionalismo católico.
De todos modos, a menudo los testimonios en torno al nivel de la enseñanza y la investigación son distintos de acuerdo con el ámbito, la disciplina y las carreras. Sin duda la enseñanza en las universidades de la región pampeana y del Litoral, y en particular en las disciplinas humanísticas, es percibida con una lente profundamente negativa. En este ámbito puede advertirse una mayor presencia de sectores vinculados con el integrísimo religioso. Se ha señalado que predominaban por entonces todavía formas arcaicas de enseñanza, como las clases magistrales, y que se otorgaba escasa importancia a la investigación científica. Numerosos grupos de alumnos no concurrían ni siquiera a clase y daban, sin demasiados inconvenientes, los exámenes libres. Pero debe destacarse también que las universidades del interior no experimentaron cambios muy significativos. En el área de las Ciencias Exactas y la Ingeniería tampoco se percibe un balance tan negativo. El mundo de la segunda posguerra estaba ya imbuido por una confianza profunda en la capacidad del conocimiento científico para transformar la sociedad y, al mismo tiempo, atribuía un rol decisivo al Estado en la construcción y planificación de la ciencia. Estas perspectivas concedían también un papel positivo a la ciencia en la construcción del poder militar de los estados. La Argentina del primer peronismo no permaneció ajena a este clima. Puede observarse así que la débil, aunque continúa tendencia a otorgar un peso cada vez mayor a la investigación científica entre las actividades de la enseñanza superior, que provenía de las décadas del veinte y del treinta, se profundizó. En este contexto se comprende la creación de premios a la investigación, la conformación de un Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Publicaciones y, sobre todo, la instauración estatutaria del régimen de dedicación exclusiva a la docencia en 1947. Pero si las disposiciones institucionales y administrativas favorecían el fortalecimiento de las tareas de investigación en la Universidad, los resultados concretos de estas actividades parecen más bien modestos. Esta situación se refleja también en las opiniones en torno a la calidad de la enseñanza impartida en las casas de estudios, que destacan el creciente deterioro de ésta. El proceso se debió en parte a las condiciones políticas que signaron esta etapa y que se tradujeron en la expulsión de muchos de los investigadores y docentes universitarios más calificados y mejor formados con los que contaba por entonces la Argentina.
También hay que señalar que los primeros años del peronismo fueron especialmente fecundos en creaciones institucionales.
Hasta principios de la década de 1950 se crearon catorce nuevas facultades en las cinco universidades. Entre otras, las de Odontología y Arquitectura de Buenos Aires, las de Ciencias Económicas v Filosofía y Humanidades de Córdoba, la de Ciencias Económicas de Tucumán y la de Ciencias Médicas en Cuyo. En julio de 1948 se diseñó un ambicioso plan de construcciones universitarias y un año después se creó la Subsecretaría Universitaria, dependiente de la Secretaria de Educación. Como ya señalamos, la ley 13 031, por otra parte, había creado el Consejo Nacional Universitario para coordinar la labor docente, cultural y científica de las casas de estudios superiores.
Como subrayamos, el estímulo a la actividad científica en términos generales no estuvo entonces ausente en las prácticas del primer peronismo. Ya en 1950 existía la Junta de Investigaciones Científicas y Experimentaciones, que dependía del Ministerio de Defensa Nacional. En 1951 se creó la Dirección Nacional de Investigaciones Técnicas y el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas. El objetivo de estas medidas consistía en coordinar la labor científica que se implementaba en organismos del Estado y en las universidades. En este mismo marco deben mencionarse la institucionalización de los premios al Mérito en el Arte, la Ciencia y la Técnica y, sobre todo, la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde se conforma- ron varios laboratorios y se adquirió un importante equipamiento con el que comenzaron a desarrollarse distintas líneas de trabajo en áreas de punta.
Es preciso destacar, en este contexto, los esfuerzos para alcanzar un alto grado de desarrollo en el área de la energía atómica y la física nuclear desplegados durante el primer gobierno de Perón.
Aunque algunos de estos proyectos, como el conducido por el físico austríaco Ronald Richter en la isla Huemul, fracasaron estrepitosamente, la CNEA procuró atraer a jóvenes científicos egresados de las universidades. Una de sus funciones consistía, precisamente, en capacitar a científicos y técnicos en energía nuclear. Los estudios sobre estas cuestiones comenzaron a tomar un nuevo impulso en las secciones dedicadas a la enseñanza de la física en vanas universidades a finales de los años cuarenta.
La Universidad Obrera
Uno de los aspectos más innovadores de la política universitaria de este periodo fue la creación de la llamada Universidad Obrera. Durante las primeras décadas del siglo XX se produjo en la Argen- tina un crecimiento sostenido de la producción industrial. La conformación de nuevos
establecimientos industriales se aceleró durante los años veinte y, sobre todo, desde mediados de la década del treinta, cuando cobró un nuevo vigor el llamado proceso de sustitución de
importaciones. Esto generó una creciente demanda de parte de los industriales, que requerían mano de obra entrenada y con diversos grados de calificación. Por iniciativa de algunas empresas, de la Unión Industrial Argentina, de los mismos sindicatos e incluso de la Iglesia, surgieron distintos organismos destinados a la formación técnica de los trabajadores. Finalmente, el desarrollo que se profundizó durante los años del primer peronismo requería la formación de una capa de técnicos y especialistas en condiciones de resolver los problemas que, en materia de mano de obra calificada, planteaba el crecimiento de la industria de bienes de consumo masivo. La educación técnica fue estimulada entonces a través de distintos tipos de medidas. Las iniciativas que, en esta materia, impulsó el gobierno peronista remarcaban tendencias implementadas desde principios de la década de 1940.
Ya el gobierno militar asumió como una de sus preocupaciones centrales el impulso a la actividad industrial. Dispuso la creación primero de la Dirección General de la Industria, dependiente del Ministerio de Agricultura, del Banco Industrial y luego de la Secretaría de Industria y Comercio. El Estado fue involucrándose también en el control del aprendizaje técnico que estaba, hasta entonces, en una porción relevante, en manos privadas o de diversas organizaciones de la
sociedad civil. Así, en 1944, se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP), cuya función era controlar y regular la formación de aquellos menores y jóvenes
vinculados con las fábricas. Una ley sancionada en 1948 otorgó la posibilidad a quienes habían
completado ya la primera etapa de formación técnica de seguir un ciclo superior de perfeccionamiento a partir del cual podrían obtener la certificación de técnico de fábrica.
Esta misma disposición creó la Universidad Obrera Nacional concebida como instituto superior que completaba la formación técnica de los otros niveles. Con la creación de la Universidad Obrera culminaba la conformación del sistema de educación técnica, que tenía como objetivo la formación profesional de la clase trabajadora. Este sistema no estaba integrado en el circuito de la educación formal y funcionaba en realidad como una estructura paralela constreñida únicamente a la
enseñanza técnica. En su conjunto, dicha estructura era concebida como un instrumento más del proceso de democratización de la sociedad a través de la educación. Durante los últimos años de la década del cuarenta tuvo lugar un proceso de incorporación creciente de alumnos provenientes de familias obreras al sistema de educación media. La Universidad Obrera era percibida en este contexto como una instancia más para favorecer la movilidad social de la clase trabajadora urbana.
La Universidad, que funcionó regularmente a partir de 1953, tenía como objetivo central formar profesionales de origen obrero y para esto restringió el ingreso a aquellos que no tuviesen experiencia en el trabajo de fábrica o no hubiesen realizado estudios técnicos especializados. La ley que definía la creación de la Universidad Obrera también delimitaba el perfil de sus estudiando s exigiéndoles acreditar su condición de trabajador a través de la presentación de la libreta de trabajo y, por supuesto, también la de técnico de fábrica. El objetivo de la Universidad era 'formar ingenieros de fábrica" con una formación de naturaleza menos teórica que la de los ingenieros egresados de las universidades tradicionales —cuestionada además por muchos empresarios— y con una orientación vinculada estrechamente con la tarea fabril. La institución creció rápidamente y sus sedes se extendieron por todo el país. Hacia 1955 ya estaba instalada en Capital Federal, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, Bahía Blanca. La Plata y Tucumán.
Con la conformación de la CNAOP el gobierno peronista procuraba diversificar y ampliar la oferta de enseñanza. Sin embargo, el hecho de que se tratase de una Universidad concebida esen- cialmente para obreros provocó el cuestionamiento del estudiantado opositor y de varias figuras relevantes de la oposición política. Para ellos, la Universidad Obrera no favorecía la promoción social y educativa sino que contribuía a segmentar el sistema De esta forma denunciaban el carácter de clase que asumía la "institución.
La Universidad Obrera se propuso, además de la formación de los ingenieros de fábrica, la instrucción del cuerpo docente de las escuelas técnicas y el asesoramiento tecnológico a la industria. La institución tuvo como primer rector a un1 dirigente sindical y a un ingeniero
especializado en problemas de la educación técnica. Los primeros planes de estudios privilegiaban especialidades tales como las construcciones mecánicas, los automóviles, la industria textil y las instalaciones eléctricas. Por otro lado, las primeras disposiciones establecían que las clases se dictarían sólo en horarios nocturnos. La Universidad Obrera se constituyó así como una casa de estudios vinculada en sus orígenes estrechamente con el régimen gobernante. Luego del golpe de septiembre de 1955 fue intervenida y hubo intentos de suprimirla que fueron resistidos por sus estudiantes y personal docente. A partir de 1956 adoptó la denominación de Universidad
Tecnológica Nacional y en 1959 fue incorporada como una institución más del sistema universitario oficial.
La Masificación de la Enseñanza Superior
En los años del primer peronismo, la Universidad pública debió comenzar a afrontar problemas cada vez más agudos. Uno de ellos era el explosivo crecimiento de la matrícula. En 1947 había 51.447 estudiantes universitarios, pero en 1955 ya ascendían a casi 140.000. De esta forma, mientras en 1945 había tres estudiantes universitarios cada mil habitantes, en 1955 llegaban aproximadamente a ocho. Esta situación expresaba el incremento en las posibilidades de acceso a la educación que se efectivizó durante el peronismo y que se correspondía, por otro lado, con una tendencia mundial. La enseñanza secundaria experimentó también durante aquellos años un crecimiento sustancial y el numero de bachilleres en condiciones de iniciar estudios superiores aumentó de manera notable a principios de los cincuenta. En la Argentina este proceso fue estimulado por una serie de medidas que tendieron a romper con algunas de las limitaciones que existían para el ingreso de sectores de bajos recursos a la Universidad.
La más impórtame de estas medidas fue, probablemente, la supresión de los aranceles a la educación superior dispuesta en 1950. Esto aseguró por primera vez la plena gratuidad de la enseñanza en dicho nivel. En 1953 se suprimió el examen de ingreso, lo cual impulsó nuevamente el aumento de la matrícula universitaria. Por otro lado, a finales de los años cuarenta se
implemento un sistema de becas para que estudiantes de escasos recursos pudiesen acceder a la educación superior. Esta política permitió ampliar la base social del estudiantado y el ingreso de individuos provenientes de los sectores populares.
Pero este proceso de democratización encontró también distintos tipos de limitaciones. En principio el incremento en el número de estudiantes no fue acompañado por un aumento correlativo en el de graduados. El ingreso masivo a la Universidad se correspondía así con tasas de deserción
estudiantil extremadamente altas. De ochenta jóvenes que ingresaban a principios de los años cincuenta, solamente cinco llegaban a graduarse. El alto costo de textos y materiales de estudio, las dificultades para aprobar en cursos masivos cierto tipo de asignaturas y los problemas de hora- rios conspiraban contra la permanencia de los estudiantes en la Universidad. Las becas para estudiantes de familias obreras tuvieron un impacto limitado y hacia principios de los cincuenta el sistema comenzó a ser desactivado.
Las estructuras de las casas de estudios tuvieron notables dificultades para absorber el aumento de la matrícula. Los problemas se agravaron cuando surgieron limitaciones presupuestarias, resultado de la crisis económica que se desató a partir de 1949. El régimen peronista había manifestado por medio de distintos tipos de iniciativas y proyectos su preocupación por el estado de la infraestructura de las universidades. Se había proyectado en tiempos de la sanción de la Ley Universitaria una campaña de ampliación y remodelación de los edificios e incluso se planeó la construcción de una ciudad universitaria para la casa de estudios de Buenos Aires. Pero también en este caso la crisis económica de principios de los cincuenta obligó a abandonar los proyectos.
Por otro lado, si bien la matrícula aumentó, fueron limitados los cambios en su composición. Las ciencias médicas seguían concentrando más de un treinta por ciento de los estudiantes del nivel universitario en todo el país. Durante la primera mitad de los años cincuenta, sólo por un breve período, las ciencias básicas y tecnológicas, particularmente las carreras del área de Ingeniería, ocuparon el primer lugar en la matrícula.
El crecimiento de la población universitaria debe entonces insertarse en el marco del proceso de creciente integración social que culminó en la Argentina durante el peronismo. Estadísticas proporcionadas en 1956 por la Unión de Universidades Latinoamericanas, radicada en México, mostraban que la Argentina contaba con la población universitaria más numerosa de América lati- na. Casi un 0,8% de los argentinos estudiaba en la Universidad y apenas un 0,12% lo hacía en Brasil. Mientras tanto, en el nivel de la enseñanza secundaria, el porcentaje ascendía al 2,48% de la población. Esta última cifra sólo era superada en la región por Puerto Rico, que contaba con un 6,9% de la población en la enseñanza secundaria. Los números y proporciones fueron expuestos por el rector interventor de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Ceballos, al entregar diplomas a los profesores designados por concurso en diciembre de 1956, luego de la caída del peronismo. El mismo Ceballos manifestaba, tomando como ejemplo a la Universidad de Buenos Aires, otra serie de datos, mucho menos alentadores. Al finalizar 1955 la institución contaba con 71.823 estudiantes y la mitad de ellos estaba concentrada en las facultades de Ciencias Médicas y Derecho y Ciencias Sociales. Ceballos manifestaba su preocupación por el escaso número de graduados y, particularmente, por la excesiva duración de las carreras. En el conjunto de la primera Universidad del país en número de estudiantes, sólo entre un 8 y un 10% de los alumnos recibía su diploma en el plazo establecido para cada carrera.
De esta forma, el interventor denunciaba con crudeza el problema de la sobrepoblación estudiantil y marcaba, pocos meses después de la caída del peronismo, la instalación en la agenda de la Universidad de masas La masificación creo a partir de estos años un nuevo escenario para la problemática universitaria que el peronismo no llegó a asumir. Generó nuevas preocupaciones y obligó a buscar alternativas y vías de resolución para éstas. Los problemas edilicios, las cuestiones presupuestarias, la ubicación geográfica de las casas de estudios y la distribución de los alumnos se tornaron desde entonces temas centrales del debate universitario. Por otra parte, sobre todo en las ciudades de la región pampeana, la composición del estudiantado revelaba un peso creciente de alumnos provenientes de sectores populares En Buenos Aires, a fines de los años cincuenta, llegaban a un 18, 4% y en La Plata a un 11%. Algunas casas de estudios concentraban por entonces un 60% de la matrícula universitaria de todo el país. Estudios llevados a cabo durante aquellos años permitían así incluir a la Argentina desde el punto de vista del acceso a la enseñanza superior, en la categoría de naciones relativamente igualitarias.
La academia fuera de la Universidad
Durante los primeros años de la década de 1950 se desarrolló una activa vida cultural
protagonizada por muchos de los que veían cerrado su acceso a los claustros universitarios. Esto fue visible sobre todo en Buenos Aires, pero también en algunas ciudades del interior del país. El mundo editorial, algunos establecimientos prestigiosos de segunda enseñanza y ciertos institutos privados instituyeron los principales núcleos de socialización y trabajo de quienes no podían desarrollar sus actividades académicas en el ámbito estatal y no habían optado por el exilio. La industria editorial había experimentado un notable desarrollo durante los años treinta. La crisis económica del 29, la Guerra Civil española y la consecuente crisis de la industria editorial de ese país convirtieron gradualmente a Buenos Aires en tino de los centros principales de producción de libros de codo el mundo de habla hispana. Surgieron en este contexto algunas editoriales que privilegiaron la difusión de obras de carácter científico y pedagógico, como Abril o Paidós, donde
trabajaron vanos científicos destacados marginados por entonces de la Universidad, como los casos de Gino Germán y Oscar Varsavsky.
Por otro lado, organismos ajenos a la Universidad, como la Sociedad Argentina de Biología y Medicina Experimental o el Instituto Católico de Ciencias, albergaban a investigadores de prestigio como Bernardo Houssay o Eduardo Braun Menéndez Durante aquellos años, hombres de fortuna vinculados con la industria y el comercio otorgaron importantes recursos para estimular las ac- tividades científicas En 1944 se creó el Centro de Investigaciones Cardiológicas, dirigido por Alberto Taqinni. En el marco de la Fundación Grego, En 1947 se fundó un laboratorio de investiga- ciones bioquímicas dirigido por Luis F. Leloír y financiado por la familia Campomar. En este mismo marco, investigadores prestigiosos como los ya mencionados Gavióla y Braun Menéndez pro- piciaron la creación de universidades libres e independientes de la tutela del Estado. Un sector relevante de la comunidad científica procuró conformar una Universidad privada en tanto entendía que las falencias de la Universidad pública no podían ser suprimidas. Estas instituciones
académicas eran entendidas prioritariamente como ámbitos de socialización de los científicos y como espacios en los que podría canalizarse la práctica de la investigación. Esto intentos
fracasaron, entre otras razones, por la oposición oficial y por las dificultades para obtener un apoyo financiero sostenido de parte del sector privado.
Uno de los ámbitos principales de sociabilidad de los científicos e intelectuales marginados de la Universidad pública fue el Colegio Libre de Estudios Superiores, que cumplió así un papel relevante. Había sido fundado en 1930 y editaba una revista, Cursos y Conferencias, que gozaba de un notable prestigio en el medio académico. Era habitual que profesores e intelectuales que se veían forzados a abandonar la Universidad tomasen parte de sus actividades. Hacia principios de los cuarenta contaba con varias sedes en ciudades del interior. En 1931 estaba instalado en Rosa- rio, y entre 1940 y 1941 en La Plata, Paraná, Mendoza y Bahía Blanca. Entre fines de los años cuarenta y principios de los cincuenta su sistema de cursos fue reorganizado y sistematizado: apa- recieron seminarios, cursos de posgrado, introductorios y de especialización. En julio de 1952 la sede de Buenos Aires fue clausurada por disposición del gobierno y las actividades se
concentraron en Bahía Blanca y Rosario. Sobre todo allí se logró incorporar a muchos de los docentes expulsados de Buenos Aires.
Por otra parte, revistas culturales como Imago Mundi sirvieron como instancias de aglutinación de individuos de distintas generaciones, ya que reunían a ex profesores de las universidades con estudiantes que pugnaban por abrir nuevos canales de expresión.
Esta revista, dirigida por el historiador José Luis Romero, comenzó a publicarse a partir de 1953 gracias al aporte del empresario Alberto Grimoldi. La publicación se transformó en un lugar de unión de muchos profesores que habían abandonado la Universidad en 1946. Además, funcionaba como un canal de comunicación entre generaciones. Graduados jóvenes y estudiantes avanzados se nucleaban en torno a la revista. Para un sector importante del estudiantado, quienes conducían estas instituciones se convirtieron en referentes ineludibles desde el punto de vista científico e intelectual.
Hacia mediados de la década se había conformado una suerte de coalición académica opositora situada fuera de la Universidad que agrupaba a sectores descontentos del estudiantado y a profesionales e intelectuales con distintas orientaciones académicas y políticas. Todos ellos
establecieron lazos de fuerte solidaridad. Como lo señalaría José Luis Romero, se generó una verdadera "Universidad en las sombras" preparada para reemplazar a la por entonces existente.
Muchos de los protagonistas de ese mundo cultural e intelectual y científico participaron del proceso de ocupación de las universidades que tuvo lugar después de la revolución de 1 955.
Según lo recordaría el mismo Romero, los tres candidatos propuestos por la FUBA para asumir el rectorado de la UBA luego de la revolución de 1955 pertenecían a la dirección de Imago Mundi.
La politización de la Universidad y las organizaciones estudiantiles
Hacia los primeros años de la década del cincuenta, el régimen gobernante impulsó, en forma activa, un proceso de politización de la sociedad. En el ámbito nacional este cambio de estrategia condujo al peronismo a un agudo conflicto con la Iglesia católica. En la Universidad esto implicaba abandonar la pretendida neutralidad política en los claustros. Si bien los primeros síntomas de estos cambios pueden advertirse ya a finales de los años cuarenta, fue en la década posterior cuando comenzó a implementarse con sistematicidad esta política. En 1953 fue reformada la Ley Universitaria sancionada en 1947, adjudicándose al Estado la potestad de regular la administración interna de las casas de estudios y las paulas de los cursos. Este cambio en la estrategia frente a la sociedad impulsó un nuevo y lento proceso de expulsión de alumnos y docentes que rechazaron los requerimientos de adhesión explícita al gobierno.
En este marco se comprende la creación, por parte del gobierno, de la Confederación General Universitaria (CGU) y los intentos de politizar al estudiantado a través de los llamados cursos de formación política, que fueron instrumentados a partir de 1952. La existencia de estos cursos estaba contemplada ya en la Constitución reformada de 1949. Allí se señalaba que las Univer- sidades implementarían "cursos obligatorios y comunes" cuya finalidad era lograr "que cada alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y la misión histórica de la República Argentina". Arturo Sampay, por entonces profesor de Derecho Político en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, explícito en un breve texto los principios que debían orientar estos cursos, cuyo objetivo final era la formación política de la clase dirigente. Sampay reivindicaba abiertamente la tradición revisionista expresada en las obras de Ernesto Palacio y los hermanos Irazusta. El propósito final de los cursos era formar "argentinos dirigentes para salvar nuestro ser nacional, consolidar un orden social justo, afianzar la libertad e independencia del país en sus decisiones".
Pero estos cursos fueron resistidos activamente por los militantes estudiantiles. El ensayo de peronizar la Universidad, que se correspondía además con un intento general por politizar al conjunto del sistema educativo, provocó una fuerte reacción negativa entre los estudiantes.
Si bien el peronismo logró conformar en las universidades un cuerpo profesoral del que obtenía una adhesión pasiva y que no cuestionaba el estado de la situación universitaria, no ocurrió lo mismo con el estudiantado. Este permaneció, en su gran mayoría, apegado a los principios de la Reforma y se manifestó activamente en oposición al gobierno. El régimen procuró, a través de diferentes tipos de estrategias, organizar un movimiento dentro del ámbito universitario que canalizase a las fuerzas oficiales. En junio de 1947 se creó la Federación Nacional de Universitarios Peronistas.
Tiempo más tarde, con ese mismo objetivo, organizó una central estudiantil: la Confederación General Universitaria (CGU). A través de ella trató de conformar una alternativa a la FUA. Pero estas iniciativas no tuvieron éxito. La CGU no logró concitar el apoyo estudiantil, a pesar de que muchos de sus miembros usaban a menudo su influencia ante las autoridades para resolver distintos problemas de carácter administrativo de los alumnos. También se ocupaba de organizar la provisión de apuntes y de los comedores estudiantiles. Sólo integró a unos pocos estudiantes de origen nacionalista y a empleados de las universidades De todos modos, en algunas universidades del interior, como en la de Cuyo, su influencia fue mayor que en las grandes casas de estudios del Litoral. En éstas la única organización en condiciones de movilizar a los I estudiantes siguió siendo la FUA, cuya orientación era claramente el reformismo.
Durante los primeros años de la década de 1950, el moví miento estudiantil comenzó a superar la clase de atomización y división en la que había caído luego de las intervenciones del año 1946.
Los centros habían dejado en un segundo plano sus reivindicaciones más puramente políticas y se habían concentrado en temas de índole administrativo o académico. Centraron sus reclamos en cuestiones tales como las malas condiciones edilicias, la falta de materiales y, en algunos casos, los contenidos de las carreras, los planes de estudios y las formas de enseñanza. La supresión del examen de ingreso conformó por entonces también uno" de los ejes de la agitación estudiantil.
Pero el movimiento estudiantil entró en una nueva fase de reorganización y politización de tono fuertemente opositor en 1951. Un hito clave en este proceso fue la detención del estudiante de Química de la Universidad de Buenos Aires Ernesto Bravo, que era, además, afiliado comunista.
Bravo desapareció luego de ser arrestado por la Policía en mayo de 1951. Las organizaciones iniciaron una activa campaña por su liberación, la que se efectivizó un par de meses más tarde.
Posteriormente, diversos núcleos de militantes apoyaron v participaron activamente en la huelga de maquinistas de La Fraternidad y en el levantamiento militar del general Benjamín Menéndez en agosto y septiembre de 1951, respectivamente. El año 1952 se inició con la intensificación de la persecución policial a los centros de estudiantes y con la oposición militante de éstos a los cursos de formación política. A partir de septiembre de 1952 las disputas se concentraron en torno al Cen- tro de Ingeniería, cuya personería fue retirada por el gobierno. Esto originó una nueva oleada de huelgas que se prolongaron durante todo el año siguiente. En 1954 se les aplicó a trece estudian- tes peruanos la Ley de Residencia y se los expulsó del país.
Durante este último año la expulsión de los estudiantes opositores tomó una nueva modalidad. Los legajos de muchos de quienes estaban vinculados directamente con la oposición desaparecieron de las facultades respectivas sin que mediase resolución alguna. Varios de los protagonistas han recordado dichos episodios señalando que en el momento de inscribirse se les comunicaba que habían dejado de pertenecer al alumnado de su facultad. Entre octubre y diciembre de 1954 fueron llevados a prisión en todo el país más de doscientos militantes estudiantiles En la cárcel porteña de Villa Devoto quedaron detenidos alrededor de ciento cincuenta. Algunos de ellos permanecieron en esa condición más de seis meses. Muchos se sumaron activamente a las conspiraciones contra el gobierno una vez que fueron puestos en libertad.
Durante aquellos meses el movimiento estudiantil se articuló estrechamente con la oposición política Era evidente por entonces el fracaso rotundo del gobierno en su intento de construir una fuerza sólida que lo expresase entre el alumnado. Pero si bien el estudiantado se inscribía mayoritariamente en la oposición al régimen, en su interior ya comenzaban a hacerse visibles las diferencias. Dentro de los reformistas surgieron disputas relevantes entre los grupos
independientes, afines al radicalismo y al socialismo, por un lado, y a los comunistas, por otro.
Estos últimos habían impulsado la participación de sus militantes en la CGU. Si bien no constituían una parte numéricamente relevante dentro del estudiantado, los comunistas eran importantes por su capacidad política y de movilización. Por otro lado, en 1950, por iniciativa de un grupo de estudiantes de ingeniería se conformó la Liga de Estudiantes Humanistas. Estos, si bien valoraban explícitamente la experiencia reformista, respaldaban la libertad de enseñanza y la posibilidad de la existencia de universidades libres, oponiéndose así al monopolio estatal en materia educativa.
Aunque estaban vinculados con distintas vertientes cercanas a la Iglesia católica, no se concebían a sí mismos como una agrupación confesional, pero rechazaban el anticlericalismo propio de los reformistas La aparición de los humanistas contribuyó a otorgar un carácter cada vez más diverso y heterogéneo al movimiento estudiantil y restó fuerzas al reformismo tradicional. Durante los últimos años del gobierno de Perón, las tensiones con la Iglesia se acentuaron y en mayo de 1955 se estableció la derogación de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa. Aunque conservando sus propios matices, también los humanistas se incorporaron a la coalición que se oponía a la política del régimen en la Universidad. El giro anticlerical de los últimos tiempos del primer peronismo no hizo sino consolidar la heterogénea alianza que se alzaría con el control de las instituciones en septiembre de 1955.
