ACTA 22-2018
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy miércoles cuatro (4) de julio del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 10:30 a.m., el Consejo del Poder Judicial, órgano constitucional, reunido en su Sala de Reuniones, sita en el sexto piso del edificio de la Suprema Corte de Justicia, con la presencia de su Presidente Mariano Germán Mejía y los consejeros Sara I. Henríquez Marín, Etanislao Radhamés Rodríguez F, Fernando Fernández Cruz y Leonardo Recio Tineo, con la asistencia de Edgar Torres Reynoso, Secretario General, CONOCIÓ en reunión ordinaria, sobre los siguientes puntos:
1. Informes del Presidente del Consejo del Poder Judicial. 2. Informes Consejeros del Poder Judicial.
3. Se hace constar que se pasa para la firma el Acta 18/2018 de fecha 16
de mayo de 2018.
4. Participación de la Licda. Gloria Cecilia Cuello Suero, Directora General
Técnica y de la Licda. Melissa Álvarez Pichardo, Encargada de la División legal, sobre una propuesta de reestructuración de la División Legal del Poder Judicial.
Esta participación es sobre el oficio DL-189, de fecha 29 de junio de 2018, suscrito por la Licda. Melissa Álvarez Pichardo, Encargada de la División legal, el cual dice textualmente:
“Distinguidos Miembros del Consejo:
Cortésmente les saludo, en ocasión de presentarles la situación actual de la División Legal de la Dirección General Técnica respecto a sus labores.
Como es de su conocimiento el área legal es un órgano de apoyo de todas las áreas administrativas dentro del organigrama del Consejo del Poder Judicial. Desde antes de la creación del Consejo del Poder Judicial mediante la Constitución del año 2010 esta área se sitúa en el organigrama con jerarquía de División. No obstante, con la integración del Consejo del Poder Judicial el área legal ha asumido nuevos roles y responsabilidades que son de su atribución y que ha realizado con el compromiso de lograr servir de forma idónea al sistema de justicia.
Actualmente esta División en la práctica posee dos áreas de trabajo: un área de consultoría y un área de litigio. Ambas áreas constituidas por abogados ayudantes poseen labores y responsabilidades marcadas y distintas de cualquier otro perfil de abogado ayudante que labora en el Poder Judicial.
El área de consultoría realiza las siguientes funciones:
Asesorar legalmente a las diferentes áreas sobre procesos,
proyectos, leyes y programas que se susciten.
Redactar y someter a la consideración al Consejo del Poder
Judicial propuestas de proyectos de leyes, resoluciones, decretos, reglamentos y otras disposiciones legislativas y ejecutivas, así como los proyectos cuando las circunstancias indiquen la necesidad o conveniencia de hacerlo.
Participar en las comisiones para las cuales sea designado.
Estudiar las leyes y resoluciones aprobadas por las
cámaras legislativas relativas al Poder Judicial.
Conservar cronológico en su archivo copias de todas las
consultas e informes que rinda y de toda la correspondencia que despache.
Analizar y redactar contratos, acuerdos interinstitucionales
nacionales e internacionales, recursos de reconsideraciones de servidores judiciales administrativos, opiniones legales, comisiones rogatorias, exhortos, resoluciones, reglamentos, consultas, leyes y otros.
Realizar informes sobre documentos legales, proyectos,
propuestas, entre otros.
Tramitar y dar seguimiento a exhortos y comisiones
rogatorias solicitadas por organismos o poderes judiciales internacionales, por ante los tribunales nacionales correspondientes.
Recuperar, a través de acuerdos, valores transferidos a
Desarrollar el proyecto del Plan Titulación de los Inmuebles del Poder Judicial, ya sea a través de compras, donaciones, permutas, de cara a la normativa vigente.
El área de litigios que fue creada por el Consejo del Poder Judicial la mediante Acta No. 34/2016 de fecha 16 de septiembre de 2016 y rectificada por el Acta No. 44/2016 de fecha 7 de diciembre de 2016, tiene como funciones principales:
Responder los asuntos de interés jurídico de la Institución a
solicitud del Consejo del Poder Judicial.
Representar al Poder Judicial en los mandatos que le
otorgue el Consejo del Poder Judicial.
Defensa de los intereses en todo tipo de procedimientos
judiciales, de la jurisdicción civil, penal, contencioso – administrativo u otros.
Elaborar los escritos de los casos jurisdiccionales
asignados a su cargo.
Gestión y reclamación de todo tipo de derechos, deudas u
obligaciones, demandas y recursos en representación del Poder Judicial.
Elaborar y mantener actualizados los manuales de
procedimientos correspondientes a la Unidad de Litigio.
Elaborar informes legales de todos los casos y asuntos que
le sean asignados.
Mantener actualizado los registros de los casos
jurisdiccionales y mandatos que le sean asignados.
Visitar a los tribunales en los que se encuentren los casos
jurisdiccionales a nivel nacional.
Que como puede observarse en los anexos de esta comunicación se han realizado estudios desde las áreas correspondientes de la División de Estudios de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial y la Dirección de Planificación y Proyectos de la Dirección General Técnica, en los que muestran el rol y el
crecimiento de carga laboral que ha tenido la División Legal y en los que incluso han determinado que es necesario adiciones de plazas.
En ese sentido muestro un cuadro sumario de las labores de los primeros 6 meses del año 2018 sobre las solicitudes que se han requerido de la División legal:
Estudios de actos, documentos casos jurisdiccionales, (Unidad de Litigio)
157
Expedientes contenciosos apoderados ante los tribunales (Unidad de Litigio)
85
Tramites, elaboración, entre otros de Acuerdos y Convenios
10
Comisiones Rogatorias 166
Proyecto de regularización de inmuebles dependencias del Poder Judicial a nivel Nacional
46
Análisis/ elaboración/ redacción de normativas, manuales, leyes, reglamentos, otros.
22
Opiniones legales e informes 104
Recurso de Reconsideración 13
Contratos (personal, servicio, alquiler, permanencia, compra)
134
Cuentas por pagar y cobrar 8
Declaraciones Juradas de Vehículos del Poder Judicial 4 Documentación de Resoluciones Disciplinarias 8
Rescisiones 3
Reflejando un total de 760 requerimientos. Este recuadro concierne solo al 2018 sin contabilizar el 2017 con el que aún se trabajan situaciones legales de casos litigiosos, seguimientos de operaciones inmobiliarias, transacciones
contractuales y otros asuntos legales que como son de su conocimiento requieren tiempo para desarrollar las transacciones jurídicas e investigativas correspondientes y sin contabilizar las asistencias informales que otorgamos a las distintas áreas como apoyo de sus operaciones.
Que asimismo, el abogado litigante, que es una figura de abogado distinta a cualquier otra en el en tren judicial por la caracterización de su trabajo y ser quien representa en el día a día a la Institución, jueces, altos funcionarios y demás servidores judiciales administrativos debe poseer una recategorización para que esta posición desafiante sea atractiva a los fines de que los mismos puedan competir con cualquier contraparte y mantener al área legal de abogados compuestos con la mejor preparación que pueda adquirir el Poder Judicial.
Es necesario considerar que es el Poder Judicial el Poder del Estado idóneo para poseer la consultoría más capacitada de todas las demás instituciones de la administración pública y cualquier oficina legal privada; tarea difícil de cumplir cuando las competencias del perfil requerido son aún mayores que las de abogados que pertenecen a una División y no aun área superior.
El Poder Judicial como órgano constitucional del Estado y uno de sus únicos tres Poderes, posee al igual que el Poder Ejecutivo y el Legislativo un área legal para responder por sus consultorías legales con la preponderancia necesaria para representar ante cualquier instancia jurisdiccional a sus órganos.
Que la disponibilidad financiera a situar a la División Legal en otra categoría superior podría ser evaluada para este 2018 sobre lo que posiblemente fuera aprobado en la reestructuración del POA 2018 que al momento se encuentra bajo estudio en la Dirección de Planificación y Proyectos y que lo restante sería colocado para el POA del año 2019.
Que en ese sentido, esta área legal requiere de recategorización a los fines de poseer en documentación lo que actualmente posee en la práctica:
Poder Judicial;
- Poder responder a todas sus demás dependencias con la
carga e importancia que amerita; y
- Una representación por la parte litigiosa ante los terceros que
quieren vulnerar y accionar en contra el Poder Judicial.
Por tales motivos, a los fines de fortalecer el área legal del Poder Judicial y mejorar el soporte brindado, solicito que esta División en base a los estudios realizados, responsabilidad atribuida y carga laboral sea categorizada a rango de Dirección bajo el nombre de Consultoría Jurídica, DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud y con respecto al nombre se aprueba que sea denominada Dirección Legal.
5. Oficio RRHH-098-18, suscrito por la licenciada Luz Muñoz, Encargada
de Recursos Humanos en la Jurisdicción Inmobiliaria, el cual dice: “Muy cortésmente, remitimos ante ese honorable Consejo la solicitud de permiso especial de la colaboradora Vanessa M. Ricardo Cabrera, Oficinista del Tribunal de Tierras Jurisdicción Original de Puerto Plata, quien solicita un permiso especial con o sin disfrute de sueldo para viajar a los Estados Unidos desde el 27 de julio de 2018 hasta el 11 de agosto del 2018. Dicha solicitud es realizada a los fines de darle entrada a su visa americana ya que es uno de los requisitos del consulado americano según expone en oficio anexado.
Cabe destacar que la colaboradora ingresó bajo la modalidad de contratada por el Plan de Mora Judicial, por lo que somos de opinión no favorable por el tiempo de contratación de la misma” (NRD 2018-006723), DECIDIÉNDOSE aprobar el permiso.
6. Oficio RRHH-087-18 de fecha 11 de mayo de 2018, suscrito por la Lic.
Luz Muñoz, Encargada de RRHH JI, el cual dice: “Muy cortésmente, remitimos ante ese honorable Consejo la solicitud de permiso especial de la colaboradora Bertilia Tejeda, Conserje de la Gerencia Administrativa, quien solicita un permiso especial con o sin disfrute de sueldo para permanecer en San Martin desde el 10 de mayo del 2018 hasta el 10 de agosto del 2018. Dicha solicitud es realizada a los fines de culminar el proceso de residencia, el cual no pudo ser completado por la colaboradora mientras se encontraba de vacaciones, adjunto Oficio d/f 08/05/2018” (NRD 2018-010360), DECIDIÉNDOSE otorgarle la licencia por la totalidad del periodo, con un mes con disfrute.
7. Oficio CDC Núm. 0436/18 de fecha 12 de junio de 2018, suscrito por
Mariloy Díaz Rodríguez, Directora de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, el cual dice: “Les remitimos el oficio señalado en el anexo, sobre la solicitud de licencia por espacio de un (1) año del Mag. Federico Fernández, con el fin de realizar estudios en los Estados Unidos de América, en lo relativo a la Ley No. 141-15 del 7 de agosto de 2015, sobre Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.
En relación a esta solicitud, les informamos que no tenemos objeción en que sea otorgada esta licencia, pero la política de la Institución es que sea un mes con disfrute de sueldo y el resto sin disfrute” (NRD 2018-011612), DECIDIÉNDOSE aprobar la licencia por un año, con seis meses con disfrute de salario. Debiendo el magistrado firmar un acuerdo compromiso de que debe concluir el estudio. Se hace constar el voto disidente de la magistrada Sara I. Henríquez Marín con respecto al tiempo otorgado con disfrute de salario.
8. Oficio DRP/1382/2018 de fecha 04 de junio de 2018, suscrito por
Yunior R. Ramos Báez, Encargado División de Registro de Personal, el cual dice: “Mediante la presente remitimos el oficio señalado en el anexo, mediante el cual la Sra. Ramona Celenia Soto Martínez, Oficinista del Centro de Citaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, solicita una licencia especial sin disfrute salarial por un período de un (1) mes y dieciséis (16) días, desde 09/08/2018 hasta 25/09/2018, a los fines de viajar a los Estados Unidos de Norteamérica en compañía de su nieto menor de edad, quien está bajo su custodia y tiene una condición especial de salud.
En tal sentido, exponemos breves datos de su historial laboral, con la finalidad de considerar:
La Sra. Soto Martínez ingresó al Poder Judicial en fecha
14/02/2001
No han sido suspendida ni se encuentran bajo ningún proceso
disciplinario.
En su última Evaluación del Desempeño del año 2016, obtuvo un
índice de 85, con un resultado sobre el promedio.
No ha ingreso a la Carrera Judicial Administrativa.
Ha sido favorecida con varias licencias especiales, a los fines de viajar a los Estados Unidos, a saber:
Acta Tiempo Tipo Tramite
N/A Desde 24/05/2010
hasta 21/07/2010 Sin disfrute de sueldo A los fines de viajar a los Estados
Unidos a
cuidar a su hija.
N/A Desde 05/12/2011
hasta 16/12/2011 Con disfrute de sueldo Para cuidar a su esposo
quien estaba hospitalizado. 18/2015 Desde 03/08/2018 hasta 04/09/2018 Sin disfrute de sueldo A los fines de viajar a los Estados Unidos por motivos familiares. 43/2015 Desde 22/12/2015
hasta 30/12/2015 Sin disfrute salarial A los fines de viajar a los Estados Unidos a finalizar asuntos migratorios relativos a su nieto 22/2016 Desde 25/07/2016
hasta 05/09/2016 Sin disfrute salarial A los fines de viajar a los Estados
Unidos en
compañía de
21/2017 Desde 07/08/2017
hasta 04/09/2017 Sin disfrute salarial A los fines de viajar a los Estados
Unidos.
Según la política vigente sobre licencias especiales se establece
como requisito, entre otros, que el empleado favorecido con una licencia especial mayor a treinta (30) días, luego de su reintegro, no será beneficiado con otra licencia en un período de un (1) año. Luego de lo expuesto anteriormente, somos de opinión que la licencia especial le sea rechazada y que disfrute sus dieciocho (18) días de vacaciones” (NRD 2018-008874), DECIDIÉNDOSE aprobar la licencia, con disfrute de salario.
9. Oficio DRP/1387/2018 de fecha 30 de mayo de 2018, suscrito por
Yunior R. Ramos Báez, Encargado División de Registro de Personal, el cual dice: “Mediante la presente remitimos el oficio señalado en el anexo, mediante el cual la Sra. Sonia Marte Mazueta, Oficinista del Tribunal Niños, Niñas y Adolescentes de Sanchez Ramírez, solicita un permiso de estudio con disfrute de salario, de dos (2) días a la semana por un período de once (11) meses desde el 11/09/2018, a los fines de ingresar al programa para aspirante a Ministerio Público en la Escuela Nacional del Ministerio Público.
Exponemos breves datos de su historial laboral, con la finalidad de considerar:
La Sra. Marte Manzueta ingresó al Poder Judicial en fecha
15/09/2010.
No ha sido suspendida ni tuvo proceso disciplinario en el último
año.
En su última Evaluación del Desempeño del año 2016, obtuvo
un índice de 93.3, con un resultado Sobre el promedio.
Ingreso a la Carrera Judicial Administrativa en fecha
13/01/2016.
Luego de lo expuesto somos de opinión que dicha licencia especial le sea otorgada sin disfrute de salario por el período completo, tal como se les ha otorgado a todos los aspirantes a Ministerio Público (NRD 2018-010509), DECIDIÉNDOSE sobreseer el conocimiento de este punto.
En ese sentido, se aprueba:
a) Solicitar a la Escuela Nacional del Ministerio Público que nos informe cuáles días imparte clases, talleres o eventos que requiera la presencia física del participante en los diferentes programas que imparte la Escuela Nacional del Ministerio Público.
b) Que la Dirección General de Administración y Carrera Judicial informe a este Consejo del Poder Judicial cuáles licencias y en cuáles condiciones se han aprobado licencias similares para participar en la Escuela Nacional del Ministerio Público.
c) Se comisiona a la Dirección General de Administración y Carrera Judicial a los fines de que una vez recibida todas las informaciones presente una propuesta.
10. Oficio DRP/1447/2018 de fecha 11 de junio de 2018, suscrito por
Yunior R. Ramos Báez, Encargado División de Registro de Personal, el cual dice: “Mediante la presente remitimos el oficio señalado en el anexo, mediante el cual la Sra. Rocio del Carmen Martínez Sánchez, Oficinista de la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, solicita un permiso de estudio por un período de tres (3) meses con disfrute de sueldo y un (1) año sin disfrute desde el 11/06/2018, a los fines de ingresar al Cuarto Concurso de Oposición para Aspirante a Fiscalizadores (as).
Exponemos breves datos de su historial laboral, con la finalidad de considerar:
La Sra. Martínez Sánchez ingresó al Poder Judicial en fecha
28/10/2008.
No ha sido suspendida ni tuvo proceso disciplinario en el último
año.
En su última Evaluación del Desempeño del año 2017, obtuvo
Luego de lo expuesto somos de opinión que dicha licencia especial le sea otorgada sin disfrute de salario (NRD 2018-011511), DECIDIÉNDOSE sobreseer el conocimiento de este punto.
En ese sentido, se aprueba:
a) Solicitar a la Escuela Nacional del Ministerio Público que nos informe cuáles días imparte clases, talleres o eventos que requiera la presencia física del participante en los diferentes programas que imparte la Escuela Nacional del Ministerio Público.
b) Que la Dirección General de Administración y Carrera Judicial informe a este Consejo del Poder Judicial cuáles licencias y en cuáles condiciones se han aprobado licencias similares para participar en la Escuela Nacional del Ministerio Público.
c) Se comisiona a la Dirección General de Administración y Carrera Judicial a los fines de que una vez recibida todas las informaciones presente una propuesta.
11. EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL APRUEBA LA NO PUBLICACIÓN
DE ESTE ASUNTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 29.2 DE LA RESOLUCIÓN NO. 03-2014 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2014, QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO INTERNO DEL PODER JUDICIAL.
12. Oficio DRP/1446/2018 de fecha 08 de junio de 2018, suscrito por Yunior
R. Ramos Báez, Encargado División de Registro de Personal, el cual dice: “Mediante la presente remitimos el oficio señalado en el anexo, mediante el cual la Sra. Jeisy L. Reyes Tejada, Abogada Ayudante de la División Legal, solicita una extensión de licencia especial por noventa y ocho (98) días, con efectividad al 1/8/2018 (fecha a partir de la cual vence la licencia especial otorgada por un período de un (1) año desde 1/8/2017, Acta núm. 23-2017, d/f 5/7/2017), a fines de licencia por maternidad (pre y post natal) con disfrute de sueldo. Además, solicita que al vencimiento de esta extensión por noventa y ocho (98) días le sea acogida su renuncia de la institución. En tal sentido, exponemos breves datos de su historial laboral, con la finalidad de considerar:
La Sra. Reyes Tejada ingresó al Poder Judicial en fecha
15/02/1999
No han sido suspendida ni se encuentran bajo ningún proceso
En su última Evaluación del Desempeño del año 2016, obtuvo un índice de 87.86, con un resultado sobre el promedio.
Ingresó a la Carrera Judicial Administrativa.
Ha sido favorecida con varias licencias especiales, a los fines de
viajar a los Estados Unidos, a saber:
Acta Tiempo Desde Hasta Tipo Trámite
ACTA NUM.07/2016 Un (1) año 1/8/2016 31/7/2017 3 meses con disfrute y 9 sin disfrute Proceso de obtención de residencia. ACTA NUM.
23/2017 Un (1) año 1/8/2017 31/7/2018 Prórroga Validación de su título
universitario, en consecuencia no ha conseguido trabajo.
Según la política vigente sobre licencias especiales se establece como requisito, entre otros, que las licencias especiales solo podrán ser prorrogadas en una ocasión.
Luego de lo expuesto anteriormente, somos de opinión que dicha solicitud le sea rechazada” (NRD 2018-010541), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación de rechazo.
13. EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL APRUEBA LA NO PUBLICACIÓN
DE ESTE ASUNTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 29.2 DE LA RESOLUCIÓN NO. 03-2014 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2014, QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO INTERNO DEL PODER JUDICIAL.
14. Oficio CDC Núm. 0431/2018, de fecha 08 de junio de 2018, suscrito
General de Administración y Carrera Judicial, el cual dice: “Les remitimos para su ponderación, la solicitud de permiso y viáticos para imprevistos del Mag. Justiniano Montero, Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien ha sido seleccionado para participar en el curso Acceso a la Justicia y Reforma del Sector de Justicia, que será celebrado en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, a realizarse del 9 al 13 de julio del corriente.
En ese sentido, en virtud de que se trata de un viaje oficial y de que existe disponibilidad económica para este fin, según correo anexo de la Dirección Presupuestaria y Financiera, recomendamos que se le otorgue el permiso y los viáticos correspondientes, según la política institucional, incluyendo los días de vuelo que serán el 8 y 14 de julio del corriente” (NRD 2018-012157), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.
15. Comunicación de fecha 19 de junio de 2018, suscrito por el magistrado
Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Coordinador de la Unidad Académica de la Suprema Corte de Justicia, el cual dice: “Cortésmente, le envío un saludo, y tenemos a bien solicitarle la tramitación correspondiente para la erogación de la suma de Cuatrocientos Euros con 00/100 (€400.00), para el pago del Prof. Adrian Todoli Signes, Catedrático de la Universidad de Valencia, quien vendrá a impartir el curso sobre “Economía Colaborativa y nuevas formas de trabajo”, el día 10 de agosto de 2018, en el auditorio de la Procuraduría General de la República, organizado por esta Unidad Academia en conjunto con la Sección de Jóvenes Juristas (SJJ) de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Dicho valor será desembolsado de los fondos asignados a esta Unidad Académica de la Suprema Corte de Justicia para tales fines y aprobados en el presupuesto general de esta institución” (NRD 2018-013450), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.
16. Oficio DA Núm. 004305-2018, de fecha 21 de junio de 2018, suscrito
por la licenciada Hernileidys M. Burgos, Directa Administrativa, el cual dice: “Anexo remitimos el estado de cuenta al 20 de junio de 2018, detallando las facturas que aún están pendientes de pago de parte de la Procuraduría General de la República, correspondiente a la proporción de los gastos compartidos entre esa institución y el Consejo del Poder Judicial, ascendente a RD$27,843,859.83 (Veintisiete millones ochocientos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y nueve pesos con 83/00), según el resumen siguiente:
Agradecemos que dentro de los pagos mensuales que realiza la Procuraduría, pueda irse prorrateando la cuenta pendiente a fin de concluir con su pago en un tiempo prudente, ya que como es de su conocimiento nuestra institución funciona con déficit presupuestario y estos fondos nos son necesarios para cumplir con nuestras obligaciones” (NRD 2018-004305), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación y que se hagan los acercamientos necesarios a fines de lugar.
17. Oficio No. 766-18 de fecha 20 de junio de 2018, suscrito por la Dra.
Rosabel Castillo R., Directora Nacional de Registro de Títulos, el cual dice: “Aprovechamos la ocasión para saludarles, y a la vez me permito solicitarles la autorización correspondiente para que la Licda. Jenny Evelyn Lantigua Lora, Registradora de Títulos de San Cristóbal, asista a la actividad citada en el asunto, que será celebrada en la ciudad de Antigua, Guatemala, los días del 09 al 13 de julio del año en curso. Los ejes fundamentales de este seminario tratan sobre la colaboración interadministrativa y coordinación del catastro y registro como base del mantenimiento catastral mediante la exposición de la experiencia Española en el mantenimiento de los datos catastrales y el nuevo sistema de coordinación catastro y registro establecido en España, tanto en sus aspectos organizativos y legislativos, como en aquellos aspectos instrumentales: herramientas informáticas y servicios que hacen posible dicha colaboración. Debatir sobre su aplicación en los países latinoamericanos y, mediante el estudio de casos prácticos, reflexionar sobre los posibles problemas y soluciones que podrían darse en nuestros países.
El costo del evento lo hemos calculado como sigue:
Descripción Costo
Vuelo US$788.90
CONCEPTO MONTO
COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA EDIF. SCJ 1,899,140.00 SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO 980,355.81 RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL SUPERIOR 6,480.00 ELECTRICIDAD TRIBUNALES ZONA NORTE Y SUR 20,304,086.02 AGUA PJ. SANTIAGO (COORAASAN) 4,653,798.00 TOTAL 27,843,859.83
Imprevistas (7 días x
US$57.00)* US$399.00
Total US$1,187.90
Estos montos son estimativos, pues el costo del vuelo puede incrementar según se acerca la fecha del evento.
Como se puede apreciar en el cuadro que antecede, los costó de participación ascienden a unos US$1,187.90 dólares, que pueden ser cargados a las tasas por servicios de la Jurisdicción Inmobiliaria en el renglón de capacitaciones” (NRD 2018-014309), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.
18. Oficio CDC Núm. 0409/18 de fecha 8 de junio de 2018, suscrito por
Mariloy Díaz Rodríguez, Directora de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa el cual dice: “Les remitimos el oficio señalado en el anexo, en relación a la situación salarial de la Mag. Jakayra Veras García, quien su traslado a una posición de menor jerarquía salarial, afectó los beneficios marginales aprobados mediante Resolución 25 del 6/10/17, lo cual ya fue conocido y decidido en su Acta Núm.16/2018 d/f 2/05/18, (SGCPJ Núm. 01171/2018, NRD 2018-005945).
Al mismo tiempo solicita que le sea reactivada la compensación de RD$7,000.00 mensuales, que le fue retirada en el mes de noviembre de 2017, en virtud de que reside en Santiago y tiene que trasladarse a Puerto Plata a realizar sus funciones.
En relación a esta solicitud les informamos que la referida compensación le fue reajustada con la aplicación de la Resolución 25 antes señalada, por lo cual recomendamos acogernos a la Ley No. 821 del 21 de noviembre de 1927, de Organización Judicial y sus modificaciones, Gaceta Oficial No. 3921, que dice:
Art. 3.- (Mod. por la Ley 962 de 1928, G.O. 3978). Todos los funcionarios judiciales están obligados a residir en el lugar en donde ejerzan sus funciones; y los empleados en el lugar en donde esté la oficina en que presten sus servicios; y todos a cumplir fielmente con los deberes de su cargo y a observar buena conducta (NRD 2018-010335), DECIDIÉNDOSE rechazar la solicitud de la magistrada.
19. Oficio CDC Núm. 0433/2018 de fecha 11 de junio de 2018, suscrito
por Mariloy Díaz Rodríguez, Directora de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa el cual dice: “Les remitimos para su ponderación, el oficio señalado en el anexo, mediante el cual el Mag. Eduardo de los Santos solicita ayuda económica para participar en el “Curso sobre independencia judicial y responsabilidad” que se realizará en el Centro de Formación de la Cooperación Española (AECID), en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 2 al 6 de julio de 2018.
En relación a esta solicitud, en virtud de que el referido magistrado ha sido beneficiado con la ayuda que tenemos estipulada para estos fines (ver correo anexo), recomendamos que se le otorguen los viáticos para imprevistos incluyendo los días de vuelo. (NRD 2018-011432), DECIDIÉNDOSE archivar porque fue decidido en un Acta anterior.
20. Oficio DGHCJA Núm. 551/2018 de fecha 15 de junio de 2018, suscrito
por Kateryn Peralta Díaz, en función de Directora de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, el cual dice: “Cortésmente, sometemos para su consideración el oficio d/f 23/05/2018, suscrito por la Sra. Jorgelina Rodríguez, viuda del fenecido Sr. Carlos Féliz, quien fuera Juez de Paz de Salinas, Barahona, donde solicita la prórroga de la ayuda económica que recibe mensualmente, por un monto de RD$5,444.45. Esta ayuda fue aprobada en el año 2002 mediante Acta 15/2002, por un período de doce (12) meses, y ha venido prorrogándose, siendo su última aprobación mediante Acta 18/2017 d/f 31/05/2017 la cual venció el mes de mayo 2018.
Es importante señalar que en caso de ser aprobada, la ejecución está sujeta a la disponibilidad financiera de la institución. Sin embargo, dejamos a consideración de ese honorable Consejo la decisión a tomar (NRD 2018-011256), DECIDIÉNDOSE remitir a la Comisión Permanente de Seguridad Social.
21. Oficio DGHCJA Núm. 561/2018 de fecha 15 de junio de 2018, suscrito
por Kateryn Peralta Díaz, en función de Directora de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa el cual dice: “Cortésmente, en atención a la solicitud de incentivo académico suscrita por la Servidora Judicial Administrativa Mayrobi Rosina Gómez Soto, Oficinista del Tribunal de Tierras Jurisdicción Original de San Cristóbal, sometemos a su consideración el referido beneficio, a saber:
La Sra. Gómez Soto, quien ingresó al Poder Judicial el 02/07/2014, solicita el incentivo académico para realizar una Maestría en Derecho Inmobiliario.
Es importante señalar que el solicitante no tiene abierto ningún proceso disciplinario, y en su evaluación del desempeño obtuvo una puntuación de 80.10, con una calificación promedio.
La institución cuenta con disponibilidad financiera para la ejecución de la presente solicitud de RD$40,000.00
Dejamos a consideración de ese Honorable Consejo la decisión a tomar (NRD 2018-011387), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación.
22. Oficio UMV/1137-18, de fecha 22 de junio de 2018, suscrita por el
licenciado Rafael Suarez C., Encargado de la Unidad de Mantenimiento de Vehículos y le señor Manuel Sierra Fabián, Encargado de la Sección de Transportación, el cual dice: “Cortésmente, por medio de la presente, solicitamos la corrección o nota aclaratoria sobre el oficio del Consejo SGCPJ Núm.: 0868/2018, correspondiente a la autorización de las reparaciones mecánicas y de pintura, para la Jeepeta Toyota Fortuner, año 2008, color Dorado, propiedad de la Institución y asignado al Mag. Amauris Antonio Pimentel Fabián, Juez Presidente Cámara Penal Corte de Apelación de La Vega, en virtud de que la placa especificada en el mismo es (EG0191) placa incorrecta, debiendo decir (EG01791) placa correcta, para los fines de lugar.
Nota: El oficio origina SGCPJ Núm.: 0868/2018, reposa en el documento de pago No. UMV/1005-18, NRD. 2018-010772, pago a Centro Automotriz Duran correspondiente a la Reparación Mecánica de dicho vehículo” (NRD 2018-012099 y 2018-002870), DECIDIÉNDOSE rectificar el acta.
23. Comunicación de fecha 22 de junio de 2018, suscrito por el licenciado
Edgar Torres Reynoso, Secretario General del Consejo del Poder Judicial, la cual dice: “Mediante la presente, con respecto al oficio CDC Núm. 00463/2018, de fecha 15 de junio de 2018, suscrito por la licenciada Mariloy Diaz Rodríguez, en funciones de Directora General de Administración y Carrera Judicial, el cual dice textualmente:
“Oficio DGHCJA Núm. 00463/2018, de fecha 21 de mayo de 2018, suscrito por la licenciada Mariloy Diaz Rodríguez, Directora de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, el cual dice: “En ocasión del proyecto de Innovación Tecnológica del Poder Judicial, solicitamos la
contratación de un consultor informático, con la finalidad de dar apoyo en los proyectos concernientes a las tecnologías de la información y comunicación (TIC), para la consolidación y fortalecimiento del sistema de gestión de la justicia.
A continuación, los principales objetivos de esta contratación:
1. Apoyar al Poder Judicial en su proceso de mejora y uso de las TIC aplicadas al Poder Judicial.
2. Proponer planes y proyectos que mejoren e impacten el uso de las TIC en el Poder Judicial, de cara a mejorar su desempeño y brindar un mejor servicio al ciudadano.
3. Preparar las especificaciones técnicas requeridas para incorporar el uso de las TIC al Poder Judicial.
4. Evaluar, acorde a las políticas internas establecidas, las propuestas que sean sometidas vinculadas al tema de TIC. 5. Dar seguimiento a los proyectos aprobados para garantizar su
éxito en el proceso de implantación.
6. Coordinar con el personal interno el proceso de instalación y uso de las TIC a ser implantadas.
7. Proponer políticas y procedimientos para uso interno que consoliden los avances logrados y garanticen su permanencia en el futuro.
8. Apoyar cualquier otro tema vinculado a las TIC que sea requerido”.
Proponemos disponer la contratación del Ing. Darwin Muñoz, como consultor, mediante un contrato con una duración trimestral, renovable de manera automática, un pago mensual de $US8,500.00 dólares más impuestos, los cuales pueden ser pagados en pesos dominicanos a la tasa del día del pago. El Consejo del Poder Judicial en sesión de fecha 20 de junio de 2018, según consta en su acta 20/2018, decidió remitir el caso a la Dirección Presupuestaria y Financiera, para fines de opinión de disponibilidad económica”.
En ese sentido, le remitimos la certificación de disponibilidad económica, por un período de 3 meses marcada con el oficio número DPF-OF-000339-2018, de fecha 21 de junio de 2018, suscrito por el
licenciado José A. Tapia Beltré, Director de la Dirección Presupuestaria y Financiera, ascendente a un monto de un millón seiscientos treinta y dos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,632,000.00)” (NRD 2018-013287), DECIDIÉNDOSE hacer constar que fue aprobado previamente por los consejeros del Poder Judicial.
24. Comunicación de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por el magistrado
Justiniano Montero Montero, Comisionado del Poder Judicial Dominicano de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, la cual dice: “Cortésmente les saludo, en ocasión de comunicarles que ya han sido publicadas por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial las bases del XII Concurso Internacional de Trabajo Monográfico en torno al Código Iberoamericano de Ética Judicial, bajo el tema: “La Prudencia” en su página web. El mismo será llevado a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, teniendo fecha límite de entrega el 30 de septiembre de 2018.
Como en cada entrega, el Poder Judicial Dominicano realiza una fase nacional del concurso a fin de elegir el o los mejores candidatos/as para participar en el concurso a nivel internacional. En este sentido, se hace necesaria la selección de los jueces/juezas que integrarán el jurado para la evaluación de los monográficos depositados, para lo cual tenemos a bien proponer:
El Magistrado Manuel Alexis Read Ortiz, Juez de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia y quien presidirá el jurado.
El Magistrado Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira,
Consejero del Poder Judicial.
El Magistrado Edynson Francisco Alarcón Polanco, Juez de la
Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El Magistrado Pedro Marcial Ramirez Salce, Juez de la Séptima
Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Asimismo, aprovechamos para hacer de su conocimiento que en el 2016 la República Dominicana obtuvo por unos de nuestros participante el primer lugar a nivel internacional, más una mención especial de otro participante, premiso que fueron entregados con la presencia de los ganadores el pasado mes de julio de 2018 durante la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana” (NRD 2018-014602),
DECIDIÉNDOSE aprobar la conformación de la comisión. Se hace constar la inhibición del consejero Etanislao Radhames Rodríguez.
25. EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL APRUEBA LA NO PUBLICACIÓN
DE ESTE ASUNTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 29.2 DE LA RESOLUCIÓN NO. 03-2014 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2014, QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO INTERNO DEL PODER JUDICIAL.
26. Se conoció el oficio No. 349-2018, de fecha 25 de junio de 2018, suscrito
por la magistrada Francisca Gabiela García de Fadul, Juez Presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el cual dice: “Luego de un cordial saludo, me dirijo a ustedes a los fines de solicitarle me concedan una cita dentro de su apretada agenda, a la mayor brevedad posible, para tratar asunto de sumo interés” (NRD 2018-014621).
27. Se conoció el oficio CG-043 de fecha 12 de junio de 2018, suscrito por
EL Lic. Arsenio Reyes Rodríguez, Contralor General, el cual dice: “Cortésmente, y en atención a las Actas de referencia procedimos a dar cumplimiento a las instrucciones recibidas de ese Honorable Consejo, respecto a la entrega bajo inventario de los Cuerpos del Delito de todos los Palacios de Justicia a Nivel Nacional. A tales efectos les presentamos los resultados de la entrega realizada en el Palacio de Justicia de Valverde Mao, donde desarrollamos una ardua labor durante el período del 28/05/2018 al 08/06/2018, realizando el inventario a un total de 715 Procesos Judiciales, conteniendo diversos tipos de Cuerpos del Delito, los cuales fueron entregados y recibidos satisfactoriamente por el Ministerio Público, según se puede observar en los oficios de Decomiso anexos al presente informe.
Es oportuno hacer de su conocimiento, que esta Contraloría General está inmersa en las coordinaciones de lugar respecto a los demás Palacio de Justicia que contengan Cuerpo del Delito, para el Descargo correspondiente al Ministerio Público” (Visto por la Dirección General de Administración y Carrera Judicial) (NRD 2018-012386).
28. Se conoció el oficio CG-041 de fecha 06 de junio de 2018, suscrito por
EL Lic. Arsenio Reyes Rodríguez, Contralor General, el cual dice: “Cortésmente, y en atención a las Actas de referencia procedimos a dar cumplimiento a las instrucciones recibidas de ese Honorable Consejo, respecto a la entrega bajo inventario de los Cuerpos del Delito de todos los Palacios de Justicia a Nivel Nacional. A tales efectos les presentamos los resultados de la entrega de los Cuerpos del Delito que
se encontraban ubicados en el Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros, desarrollando una ardua labor durante el período del 02/05/2017 al 28/03/2018, realizando el inventario a un total de 3,633 procesos, conteniendo diversos tipos de cuerpos del delito, los cuales fueron entregados y recibidos satisfactoriamente por el Ministerio Público, según se puede observar en los oficios de Decomiso y Descargo de referencia y anexos al presente informe.
Es de lugar hacer de su conocimiento, que esta Contraloría General está inmersa en las coordinaciones de lugar respecto a los demás Palacio de Justicia que contengan Cuerpo del Delito, para el Descargo correspondiente al Ministerio Público” (Visto por la Dirección General de Administración y Carrera Judicial) (NRD 2018-011435).
29. Se conoció el oficio CG-042 de fecha 06 de junio de 2018, suscrito por
EL Lic. Arsenio Reyes Rodríguez, Contralor General, el cual dice: “Cortésmente, y en atención a las Actas de referencia procedimos a dar cumplimiento a las instrucciones recibidas de ese Honorable Consejo, respecto a la entrega bajo inventario de los Cuerpos del Delito de todos los Palacios de Justicia a Nivel Nacional. A tales efectos les presentamos los resultados de la entrega de los Cuerpos del Delito que se encontraban ubicados en la Jurisdicción Penal de la Provincia de Santo Domingo, desarrollando una ardua labor durante el período del 19/02/2018 al 13/03/2018, realizando el inventario a un total de 1,348 Procesos Judiciales, conteniendo diversos tipos de Cuerpos del Delito, los cuales fueron entregados y recibidos satisfactoriamente por el Ministerio Público, según se puede observar en los oficios de Decomiso de referencia y anexos al presente informe.
Es oportuno hacer de su conocimiento, que esta Contraloría General está inmersa en las coordinaciones de lugar respecto a los demás Palacio de Justicia que contengan Cuerpo del Delito, para el Descargo correspondiente al Ministerio Público” (Visto por la Dirección General de Administración y Carrera Judicial) (NRD 2018-011441).
30. Oficio DA/0745/2018, de fecha 18 de junio de 2018, suscrito por la
licenciada Hernileidys M. Burgos, Directora Administrativa, el cual dice: “Le remitimos el oficio S/N, de fecha 06 de junio, suscrito por el Dr. Miguel Surun Hernandez y la Dra. Ruddy Alcántara, Presidente y Coordinadora del Consejo del Colegio de Abogados de la República Dominicana, respectivamente, mediante el cual solicitan la donación de equipos de oficina (computadoras, impresoras, fax, escritorios, sillas, sillones, abanicos, archivos, materiales para el trabajo de oficina y demás), para mejorar necesidades económicas, sociales, educativas y
de salud de abogados dominicanos del Distrito Nacional y Seccionales de las Provincias, como una forma de colaborar con el compromiso social de esa institución” (Visto por la Dirección General de
Administración y Carrera Judicial) (NRD 2018-012051),
DECIDIÉNDOSE informarle que lamentablemente no tenemos disponibilidad de bienes para donación.
31. Oficio SGCPJ Núm. 1659/2018, de fecha 25 de junio de 2018, suscrito
por el licenciado Edgar Torres Reynoso, Secretario General del Consejo del Poder Judicial, el cual dice: “Mediante la presente les solicitamos al Consejo del Poder Judicial la rectificación del Acta 20/2018 de fecha miércoles 20 de junio de 2018, con respecto al punto en el cual se conoció el oficio 0560/2018 suscrito por Hernileidys M. Burgos, Directora Administrativa, sobre la reducción del presupuesto para la construcción del Tribunal de Niños, Niñas, y Adolescentes del Distrito Judicial de Sánchez Ramirez, el cual estaba pautado para realizarse en un monto de RD$44,543,913.75.
Realizamos esta solicitud debido a que en la referida acta se consignó que la reducción ascendía a un monto de RD$42,543,913.75 siendo lo correcto el monto de RD$42,764,851.70 lo que representa un ahorro para la Institución de RD$1,779,062.05.
Esta rectificación obedece a un error mecanográfico en la colocación del monto en la Agenda del día miércoles 20 de junio de 2018” (NRD 2018-014243), DECIDIÉNDOSE rectificar el acta.
32. Ayuda memoria “Taller Regional: ¿Más presos o más justicia?” del 20
al 22 de agosto de 2018, San José, Costa Rica.
Objetivo: Ilanud estima necesario abrir un espacio que reúna a actores regionales vinculados al sistema penal para conocer, analizar y debatir sobre desafíos y prácticas exitosas que permitan mejorar las condiciones de los centros penitenciarios de Latinoamérica.
Organizado por: Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal (ILANUD).
Fecha y Lugar del evento: del 20 al 22 de agosto de 2018 en San José, Costa Rica.
Los organizadores solo disponen de un (1) cupo para cubrir los gastos a un participante de nuestra Institución.
Mag. Adalgisa Castillo, Jueza de Ejecución de la Sanción del Distrito Nacional.
Mag. Rubén Darío Cruz Uceta, Juez de la Ejecución de la Pena de
Santiago.
Qué subvencionarán los organizadores al participante designado?
Boleto Aéreo
Alojamiento
Alimentación
Qué debe cubrir esta Institución a el/la participante?
Viáticos para imprevistos (Incluir los días de vuelo).
Traslados internos
Informaciones adicionales:
Para quienes deseen participaran cubriendo sus gastos: Costo Inscripción U$500.00
Incluye: Hospedaje por 3 noches, desayunos, Coctel de Inauguración, Traslados desde y hasta el aeropuerto en San José, Costa Rica, Alimentación y material de apoyo.
No incluye la Cena del martes 21 de agosto de 2018 ni el Pasaje Aéreo.
Fecha límite de inscripción: lunes 09 de agosto de 2018. Anexos:
Carta de Invitación d/f 11 junio de 2018. Ilanud.
Correo Electrónico ENJ d/f 28 de junio de 2018, con propuesta
de participantes.
Nota: Para dominicanos con pasaporte oficial no requieren visado, pasaporte regular puede acceder con visado americano vigente” (NRD 2018-014820), DECIDIÉNDOSE sobreseer el conocimiento de este
asunto. Se comisiona al Secretario General a los fines de indagar sobre este asunto.
33. Comunicación de fecha 15 de junio de 2018, suscrito por la magistrada
Rosanna Isabel Vásquez Febrillet, Juez de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, la cual dice: “Respetuosamente nos dirigimos ante su alta investidura, a los fines de solicitar autorización para dividir nuestro periodo vacacional correspondiente al año 2018, en cuatro periodos.
Motiva nuestra solicitud, el hecho de que ya en este año, y por motivos familiares y personales, nos vimos precisados a tomar dos periodos de cinco días laborables cada uno, restándonos veinte días que quisiéramos dividir en dos, en atención a que familiares residentes en el exterior nos visitarán en dos periodos distintos y nos han invitado a compartir con ellos en el interior del país.
Es la primera vez que realizamos la presente solicitud, conscientes de las disposiciones existentes al respecto, en ese sentido, ruego considerar que la misma se encuentra fundamentada en nuestro marcado interés de afianzar los valores de nuestros hijos a través de la integración familiar” (NRD 2018-013472), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.
34. Comunicación Núm. 24-2018, de fecha 28 de mayo de 2018, suscrita
por el magistrado Justiniano Montero Montero, Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual dice: “Pláceme saludarles, solicitamos encarecidamente que el inventario de boletines y gacetas judiciales y otros materiales didácticos que reposan en los archivos de esta Corte de Apelación (salón de deliberaciones), según inventario instrumentado por la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial, sean trasladados al CENDIJD, a fin de salvaguardarlos y poder darles el uso adecuado, puesto que se exponen a un progresivo deterioro, combinado con el hecho de que en el caso de los libros, Enciclopedia Dalloz, eran varios tomos y solamente queda uno solo, lo cual es lamentable que sucedan cosas similares.
En espera de su cooperación y comprensión, sobre todo tomando en cuenta de que esos boletines judiciales y prontuario de gacetas judiciales, constituyen una memoria histórica; otra opción, es que pudieran ponerse a disposición dl Archivo General de la Nación o de la Biblioteca Nacional. Resaltamos estas opciones, por el hecho de que
hemos solicitado en varias ocasiones el traslado sin respuesta alguna del CENDIJD, que no sea la indiferencia.
Esta situación, la encontramos al llegar a la Presidencia de la Corte” (NRD 2018-012101), DECIDIÉNDOSE aprobar la solicitud.
35. Se conoció la comunicación de fecha 21 de junio de 2018, suscrito por
el Lic. Rafael Camilo Amarante, Presidente, y la Dra. Engracia Velázquez Fuentes, Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Jueces y Empleados Jubilados y Pensionados del Poder Judicial, el cual dice: “Es propicia la ocasión para informarles sobre el acto de apertura de la segunda Mesa Regional Este.
Las mesas regionales han sido creada con la finalidad de que todos los jubilados y pensionados del poder judicial estén integrados, y a la vez colaboren y participen dentro de las diferentes comunidades, según sus capacidades y experiencias.
Se conformaron cinco mesas regionales, una en el Distrito Nacional, dos en el Cibao, una en la región este, y una en la región sur. Esta última fue exitosamente realizada el día 27 de abril del corriente año, en la ciudad de Azua.
Esta vez corresponde dicha actividad en la Región Este la que tendrá lugar a las 10:00 de la mañana, del día viernes 29 del mes en curso en el Club del Cuerpo de Bomberos (frente al Palacio de Justicia) de El Seibo, por lo que de manera complacida les invitamos a participar en el referido evento” (NRD 2018-014338).
36. Oficio DRP/1416/2018 de fecha 07 de junio de 2018, suscrito por
Yunior R. Ramos Díaz, Encargado de la División de Registro de Personal y Oficiales del la Justicia el cual dice: “Mediante la presente solicitamos la destitución por abandono de labores de los alguaciles ordinarios descritos a continuación:
Nombre Tribunal Fecha de ingreso
Leury Luis Pérez Corniel Primer Tribunal
Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de de Duarte
Luis Manuel Matias Segundo Juzgado de la Instrucción de Duarte
10/06/2013 Roberto Antonio Duarte Cámara Penal de la
Corte de Apelación de
Duarte 27/09/2010
Jose Antonio Henríquez Vargas
Primer Juzgado de la Instrucción de Duarte
23/01/2012 Jose Alexander Rosario
Jesurun Cámara Penal de la Corte de Apelación de
Duarte 12/12/2011
Según Oficio No. 00003-2018, suscrito por la Licda. Luisa E. Fernández Rodríguez, Supervisora de la Unidad de Citaciones, Notificaciones y Comunicaciones Judiciales del Departamento Judicial de Duarte, los Ministeriales nunca se han presentado al Centro.
Esta División ha intentado comunicarse con los ministeriales sin obtener resultados positivos.
Hacemos la presente tramitación en virtud del inciso 11 del artículo 91 del Reglamento de Carrera Administrativa Judicial, que establece: “Son faltas graves, que dan lugar a destitución, lo siguiente: Dejar de asistir al trabajo durante tres días consecutivos, injustificadamente, incurriendo en abandono del cargo” (NRD 2018-011421), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación y destituirlos por abandono de labores.
37. Oficio DRP/1451/2018 de fecha 14 de junio de 2018, suscrito por
Yunior R. Ramos Díaz, Encargado de la División de Registro de Personal y Oficiales del la Justicia el cual dice: “En atención a la solicitud de reingreso realizada por el Sr. Samuel Alexis Rodríguez Pérez, de 36 años de edad, informamos que laboró para el Poder Judicial desde 01/12/2005 hasta 19/12/2013, cuando presentó renuncia; desempeñó el cargo de Mensajero Interno del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y de la Unidad de Servicios Administrativos y Logísticos de la Jurisdicción Inmobiliaria.
En el expediente del Sr. Rodríguez Pérez, reposa tres medidas disciplinarias, motivo por el cual somos de opinión de que su solicitud de reingreso debe ser rechazada” (NRD 2018-010166), DECIDIÉNDOSE acoger la recomendación de rechazo.
38. Oficio DRP/1713/2018 de fecha 14 de junio de 2018, suscrito por
Yunior R. Ramos Díaz, Encargado de la División de Registro de Personal y Oficiales del la Justicia el cual dice: “En atención a la solicitud de reingreso realizada por el Sr. Samuel Alexis Rodríguez Pérez, de 36 años de edad, informamos que laboró para el Poder Judicial desde 01/12/2005 hasta 19/12/2013, cuando presentó renuncia; desempeñó el cargo de Mensajero Interno del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y de la Unidad de Servicios Administrativos y Logísticos de la Jurisdicción Inmobiliaria.
En el expediente del Sr. Rodríguez Pérez, reposa tres medidas disciplinarias, motivo por el cual somos de opinión de que su solicitud de reingreso debe ser rechazada“ (NRD 2018-012706), DECIDIÉNDOSE archivar este punto, debido a que se evidencia que está repetido en el punto anterior.
39. Oficio DRP/1448/2018 de fecha 12 de junio de 2018, suscrito por
Yunior R. Ramos Díaz, Encargado de la División de Registro de Personal y Oficiales del la Justicia el cual dice: “En atención al oficio citado en la referencia, remitimos para su homologación las rescisiones de los contratos, en virtud de que cesaron los motivos que dieron origen a su ingreso, quedando sin efecto las designaciones provisionales, según reportes de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, a saber:
COD. INGRESO NOMBRE CARGO DEPENDENCIA DISTRITO JUD. EFECTIVO
21142 25/04/2018 Yorjani Cedeño Oficinista
Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia La Altagracia 07/06/2018 20908 26/01/2018 Mili E. Zapata Conserje Juzgado de Paz Boca Chica 13/06/2018
40. Oficio DGHCJA Núm. 513/2018 de fecha 04 de junio de 2018, suscrito
por Kateryn Peralta Díaz, en función de Directora de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa el cual dice: “Cortésmente, en atención a la aprobación de inclusión en el seguro médico de Servidores Judiciales Interinos, d/f. 14/02/2018, según consta en el SGCPJ Núm. 0484/2018, Acta No. 07/2018, solicitamos la rectificación, en virtud de que dicha aprobación no especifica de cuáles Servidores Interinos se trata, pues tenemos Servidores aprobados por diferentes periodos de tiempo.
En ese sentido, solicitamos la rectificación para que se establezca que dicho beneficio sea para aquellos que sean designados y realicen labores por más de tres (3) meses en la Institución.
El descuento del 2% establecido como aporte para el seguro médico será aplicado y entrará en vigencia cuando el Servidor complete el proceso de ingreso al mismo.
Dejamos a consideración de ese Honorable Consejo la decisión a tomar“ (Dominium 556032), DECIDIÉNDOSE devolver para fines de estudio, a los fines de que se presente una propuesta que contemple un seguro de salud provisional durante el período probatorio, independientemente de lo supere o no.
41. EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL APRUEBA LA NO PUBLICACIÓN
DE ESTE ASUNTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 29.2 DE LA RESOLUCIÓN NO. 03-2014 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2014, QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO INTERNO DEL PODER JUDICIAL.
42. EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL APRUEBA LA NO PUBLICACIÓN
DE ESTE ASUNTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 29.2 DE LA RESOLUCIÓN NO. 03-2014 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2014, QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO INTERNO DEL PODER JUDICIAL.
43. Oficio DGHCJA Núm. 535/2018 de fecha 14 de junio de 2018, suscrito
por Kateryn Peralta Díaz, en función de Directora de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa el cual dice: “Cortésmente, en atención al Oficio SGCPJ Núm. 0786/2018, de fecha 22/03/2018 mediante la cual consta el acta Núm. 012/2018, decidió “la adición de una (1) plaza de oficinista para la Unidad de Atención a Usuarios del Despacho Judicial Penal de Santiago”.
En ese sentido solicitamos la rectificación del acta Núm. 12/2018, para que diga: “la adición de una (1) plaza de oficinista para la Unidad de Atención a Usuarios del Centro de Servicios Secretariales de las Salas de Familia, Santiago”.
Por lo antes expuesto, dejamos a consideración de ese honorable Consejo la decisión a tomar” (Dominium 541063), DECIDIÉNDOSE rectificar el acta.
44. Oficio DIFNAG/157/2018 de fecha 21 de febrero de 2018, suscrito por
la Licda. Iluminada Gonzalez Disla, Directora Familia, Niñez, Adolescencia y Género, el cual dice: “Por medio de la presente remitimos a ese honorable Consejo del Poder Judicial y sometemos a su consideración la “Propuesta de Política de Niñez y Adolescencia del Poder Judicial”, una iniciativa de ésta Dirección con la colaboración del Movimiento Asturiano por la Paz (MASPAZ) y el auspicio del Ayuntamiento de Gijón España, cuyo objetivo es diseñar un instrumento orientador que permita el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, sin discriminación y poder garantizarles la respuesta a sus necesidades jurídicas para el fortalecimiento de la democracia.
Esta política fue elaborada por una consultora experta en niñez, con experiencia con políticas de infancia. Procediéndose a realizar una recopilación doctrinal y de marco jurídico nacional e internacional, que permitiera una base para el desarrollo de las líneas de acción de la política, además se realizaron entrevistas con jueces y juezas de la jurisdicción de niñez, a través de un cuestionario que permitiría conocer su visión en torno a la problemática y cómo podríamos encauzar el esquema de dicha política.
Posteriormente, se realizó una revisión y validación de dicha propuesta con los magistrados/as de la jurisdicción de niñez. Al finalizar dicho proceso, enviamos el documento al Mag. Víctor José Castellanos Estrella, quien validó y lo consideró pertinente”, (Visto por el Dr. Justiniano Montero Montero) (Dominium 556679) Nota de la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial: Este caso fue sobreseído mediante Acta 10/2018 y remitido copia a los consejeros, DECIDIÉNDOSE sobreseer y colocar para la próxima sesión.
45. Oficio DL-199 de fecha 18 de junio de 2018, suscrito por la Licda.
Melissa Álvarez Pichardo, Encargada División Legal, presentando informe y recomendaciones sobre el acto Núm. 700/6/2018 de fecha 07 de junio de 2018, mediante el cual Freddy Peña notifica al Consejo
del Poder Judicial y a la Lic. Melissa I. Álvarez P., intimación y puesta en mora para entrega de valores, el cual dice textualmente:
“Honorables Consejeros:
En ocasión de la notificación del acto de referencia, mediante el cual, el Lic. Freddy Peña, pone en mora al Consejo del Poder Judicial y a la Encargada de la División Legal de la Dirección General Técnica, para que dentro de un plazo de un día franco proceda con la entrega de RD$1,779,000.00, luego del examen del mismo, y de las demás piezas que conforman el expediente relativo al embargo retentivo practicado por los señores Florencio Paulino y Juan Adalberto Franjul, sobre los valores depositados por el Lic. Freddy Peña, como garantía para participar en venta en pública subasta, tenemos a bien expresar lo siguiente:
Requerimientos del Lic. Freddy Peña:
a.Entrega de RD$1,779,000.00 retenidos en virtud de embargo retentivo declarado nulo mediante sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
El Lic. Freddy Peña alega que el Consejo del Poder Judicial retiene sin fundamento legal alguno, los valores embargados mediante el acto 074/2015, toda vez que dicho embargo retentivo fue anulado mediante sentencia de la Suprema Corte de Justicia Núm. 1285 de fecha 28 de junio de 2018, por lo que con dicha retención, el Consejo del Poder Judicial incurre en enriquecimiento ilícito.
La Suprema Corte de Justicia, en sus atribuciones de Corte de Casación, no examina el fondo del asunto litigioso, sino que su función se circunscribe al examen de las violaciones procesales que pudieran viciar la sentencia objeto de recurso; que en el caso en particular, la decisión recurrida (Sentencia Núm. 857/2015, de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, de fecha 30 de octubre de 2015) se emitió en ocasión del recurso de apelación contra la ordenanza en referimiento Núm. 381/2015 de fecha 26 de marzo de 2017, que rechaza solicitud de levantamiento de embargo retentivo y ordena su reducción de RD$2,200,000.00 a RD$1,200,000.00; es decir, que la demanda primigenia no versaba sobre el fondo de la