Alcances

Las competencias de la PROFEPA son un elemento importante a señalar, el enfoque de la herramienta sobre la industria grande de alto riesgo, de acuerdo a sus autoridades internas generó buenos resultados al concretar más de 3, 200 auditorías, y menciona que ahora el reto es atender a la pequeña y mediana, que representa el 80% de la industria total. De acuerdo a Murad (2006) la PROFEPA debe integrar al programa de certificación a las empresas, giros o actividades de competencia federal, permitiendo a las autoridades estatales o municipales la responsabilidad de implementar esta herramienta en el ámbito de sus atribuciones y competencia.

La AA sin estar prevista en la propia ley, logró que una importante cantidad de empresas grandes y medianas iniciaran el proceso de transición hacia el cumplimiento de las normas ambientales, e incluso emprendieran acciones más allá de lo señalado en dichas normas, en un entorno no litigioso. El éxito de ese procedimiento radica en que se ha utilizado en forma combinada con la verificación industrial: las empresas que se acogen a una auditoría ambiental no son consideradas prioritarias de la verificación administrativa, salvo en el caso de que se presenten situaciones que requieran una atención urgente.

Respecto a la contribución de la AA sobre el problema de contaminación ambiental industrial, Domínguez (2016) menciona que en los inicios del instrumento se pudo notar cierta efectividad, pues de no tener una herramienta para el control a ya contar con una, obviamente eso representa un avance, pero cuestiona si se ha seguido avanzando desde esa etapa inicial.

Con el fin de evaluar los beneficios ambientales y económicos derivados de las auditorías ambientales, la PROFEPA realizó en 1997 una encuesta aplicada a 21 instalaciones auditadas, como resultado de las cuales se presenta el siguiente cuadro con la variación en la generación de residuos debida a las auditorías.

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Fuente: PROFEPA, SEMARNAP. 1997 Informe Trianual 1995-1997

El PNAA tuvo un primer reconocimiento a nivel internacional cuando en abril de 1997 el presidente de los Estados Unidos de América presentó al Congreso de su país el informe de operación y efectos del TLC, en el cual destacó que el gobierno de México había instituido un programa innovador de auditoría ambiental, a fin de promover el cumplimiento voluntario de la legislación ambiental en la industria. Posteriormente en 1998, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que en el desempeño ambiental de México el PNAA era novedoso y que le había permitido avanzar en materia de protección ambiental (Murad, 2006).

Con la firma de México en 1994 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en el artículo V del Acuerdo Paralelo denominado “Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte” quedó establecida la AA mexicana como una forma de cumplir la legislación para los fines del tratado. De esta manera el programa se extendió para cubrir aquellas industrias que destinaban total o parcialmente su producción a la exportación, asimismo se extendió a sectores de micro y pequeña industria que en la cadena productiva fuesen proveedoras de empresas exportadoras (SEMARNAT, 2000).

Por medio del Programa Frontera XXI y la Comisión de Cooperación Ambiental derivada del TLC, en conjunto con la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) y en coordinación con la Comisión Centroamericana para el Medio Ambiente y el Desarrollo y los gobiernos de América Central, se ha realizado un intercambio de información y experiencias sobre los programas voluntarios que se manejan en estas instituciones y regiones, asimismo se ha invitado para participar como observadores a representantes de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Belice y Panamá, a fin de hacer de su conocimiento la dinámica que los tres países de Norteamérica tienen respecto a la auditoría ambiental.

Cuadro 4.4 Variación de la generación de residuos peligrosos

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En la misma línea del reconocimiento que ha adquirido la auditoría ambiental mexicana en otros países, destaca el hecho de que instituciones financieras y de seguros de los Estados Unidos de América han comenzado a solicitar a empresas localizadas en México, que requieran de sus servicios, constancia de que se encuentran en el PNAA. Derivado de esto se plantea la posibilidad de un reconocimiento trinacional, que consistiría en que aquella empresa que obtuviera el CIL otorgado por el gobierno mexicano (al igual que empresas ubicadas en Canadá o en los Estados Unidos de América que recibiesen reconocimientos equivalentes) tendrían acceso en forma automática a un sello norteamericano, que permitiría que sus productos fuesen identificados en los mercados internacionales como resultado de procesos de producción limpia (Murad, 2006).

Respecto al reconocimiento de los certificados ambientales por parte de la sociedad, se hizo un estudio por parte de El Colegio de México y el Instituto Tecnológico Estudios Superiores de Monterrey, en el que estos certificados son asumidos como parte de una

“publicidad verde”. En dicho estudio se contemplan las prácticas de las empresas para obtener el certificado ISO y el CIL de la PROFEPA, y lo cual deriva en una tendencia a consumir productos o servicios de empresas que cuentan con estos reconocimientos (Mercado, entrevista, 2016).

Cabe destacar que a pesar de que en la literatura especializada y en la opinión pública de varios países se tenga la creencia de que el capital internacional aprovecha la normativa más laxa de países como México para establecerse, la realidad es que ésta puede ser igual o incluso más estricta; lo que sí es laxa, es su aplicación efectiva, pues aunque se ha comprobado que los alcances de la auditoría se han expandido, aún no son claras las evidencias de que los resultados esperados se hayan alcanzado en términos de mejorar el desempeño ambiental o disminuir el impacto ambiental de la industria (Murad, 2006).

Se han realizado estudios que demuestran la medida en que los instrumentos de política ambiental coadyuvan a contrarrestar la problemática ambiental, por medio de la medición y calificación del comportamiento ambiental de las industrias ante estos instrumentos, principalmente económicos (Mercado, entrevista, 2016). No obstante que la PROFEPA no cuenta con indicadores (bases de datos) o con un registro sistematizado de los resultados obtenidos a partir de la realización de las auditorías ambientales, se pudieron obtener algunos

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datos de referencia a partir de encuestas que realizó entre las empresas participantes, en primer lugar se destacaron los beneficios económicos en la medida que las empresas mejoraban su desempeño ambiental, por ejemplo, la reducción en el costo de los seguros por accidentes industriales. Tras la adopción de medidas de seguridad a partir de la auditoría, varias empresas registraron un descenso importante en el número de “incapacidades” o ausencias de personal a causa de accidentes de trabajo. En términos numéricos, 116 empresas que representaban el 70 por ciento de las encuestadas, manifestaron un ahorro de casi diecisiete millones de dólares, es decir, más de ciento cincuenta mil dólares por instalación industrial, en primas de seguros. En general las encuestas revelaron reducciones sensibles en todos los rubros: 107 empresas reportaron reducción del diez por ciento en sus emisiones totales a la atmósfera, aun cuando tuvieron aumentos en su producción, con lo cual la reducción, medida por unidad de producto, ascendía a más del 22 por ciento. Respecto a la restauración de suelos contaminados y considerando los reportes obtenidos de la PROFEPA, se calculó que a partir de las auditorías ambientales, para el año 2000 se había concluido la limpieza de casi un millón de cuatrocientas mil toneladas de suelo, de un universo total de tres millones seiscientas mil toneladas cuya limpieza se había comprometido en las auditorías (Azuela, 2006).

Diversos estudios demuestran un cambio ambientalmente más responsable en el comportamiento empresarial, el cual indudablemente no ha sido automático pues ha implicado políticas de gobiernos, mezclado con las exigencias de propios consumidores y las empresas que usan insumos de otras empresas, la disponibilidad de instrumentos, toda una serie de condiciones, factores que han encaminado a las empresas hacia una preocupación y acción por cuidar el ambiente. El mosaico de la situación es todavía muy amplio y heterogéneo, donde aún persisten las empresas sucias, sectores con procesos tradicionalmente sucios que probablemente han tenido cambios pero siguen alimentando la problemática (Mercado, entrevista, 2016).