Estado del arte

En el gobierno del ex presidente Iván Duque, se implementó la política “Marco de Convivencia y seguridad ciudadana” que tenía como objetivo fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en el país, a través de un enfoque integral y coordinado entre las diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil. El Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana se enfocó en cinco líneas estratégicas: prevención, investigación, judicialización, atención y reparación integral a las víctimas, y gobernanza y coordinación interinstitucional (Departamento Nacional de Planeación, 2019).

En cuanto a la prevención, se buscaba prevenir la violencia a través de la implementación de programas educativos y culturales, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la promoción del deporte y la recreación. En cuanto a la investigación, se buscaba mejorar la capacidad de investigación y análisis criminal para desmantelar las estructuras delictivas. Respecto a la judicialización, se buscaba mejorar el acceso a la justicia y fortalecer la lucha contra la impunidad. En cuanto a la atención y reparación integral a las víctimas, se buscaba brindar una atención integral a las víctimas de la violencia y garantizar su acceso a la justicia y la reparación.

Finalmente, en cuanto a la gobernanza y coordinación interinstitucional, se buscaba fortalecer la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil para mejorar la eficacia de las políticas públicas en materia de seguridad y convivencia ciudadana (Departamento Nacional de Planeación, 2019).

Perú, acudiendo en su metodología a un enfoque cualitativo, transversal y descriptivo, mediante la realización de entrevistas estructuradas a representantes municipales, dirigentes vecinales y a policías. Los resultados demostraron que hay una percepción que las políticas públicas no se ejecutan de forma eficiente, situación que lleva a fallas como ausencia del personal de policía, lo incide en el nivel de inseguridad ciudadana. A manera de conclusión, el estudio demostró que las políticas públicas existentes para prevenir el delito y la violencia no funcionan, ya que la realidad muestra que a los jóvenes les falta realizar actividades útiles, y hay poca ayuda a la población vulnerable, lo que hace que aumente la delincuencia.

Se menciona el ensayo de Martínez y Navarro (2021) que titula “Análisis de las políticas de seguridad ciudadana en El Salvador y su impacto en el incremento de la violencia”, donde se realiza un estudio de los gobiernos de 2003 a 2009, que no lograron reducir los niveles de violencia en El Salvador, por el incremento y fortalecimiento de las pandillas, que hicieron a este país figurar como uno de los países más violentos del mundo. En el desarrollo del estudio se pudo constatar que, entre las debilidades de las políticas públicas de seguridad ciudadana, que existe debilitamiento por parte de la institucionalidad, que dichas políticas han hecho que se fortalezcan las pandillas, lo que hizo que en ese periodo se recrudeciera la tasa de homicidios. En el estudio se hace un breve recuento sobre política de seguridad ciudadana del gobierno de Nayib Bukele, el actual presidente de El Salvador. La conclusión del ensayo fue que ninguna de las políticas de seguridad ciudadana fue fructífera, todas fracasaron, porque hubo un recrudecimiento de los homicidios al año, hacinamientos en las cárceles con pérdida de control de las mismas, y que la institucionalidad se deterioró, porque las pandillas se hicieron más complejas y estructuradas.

De otro lado, en el artículo de Leiva y Ramírez (2021) se realiza un estudio sobre los efectos de la inseguridad ciudadana en el bienestar de la población, por medio de una revisión de literatura,

aplicando el método de análisis y síntesis sobre violencia e inseguridad en Perú, en donde se percibe que entre los problemas más recurrentes están la agresión física y psicológica, los cuales generan efectos negativos en el bienestar de las personas y la calidad de vida. Al realizar el análisis de inseguridad ciudadana en las dimensiones objetiva y subjetiva se buscan descubrir las causas que la originan, lo que lleva a que la población sea afectada en su felicidad, calidad de vida y bienestar, generando una percepción de miedo, temor y desconfianza, lo que afecta el estado emocional, la salud física y mental, los hábitos, relaciones interpersonales y rutinas. El estudio de la literatura llevó a concluir que la inseguridad ciudadana en la dimensión objetiva genera agresiones físicas y económicas, causando distintas afectaciones en la salud, la economía, a nivel laboral, y en la dimensión subjetiva la inseguridad genera temores y miedo, llevando diversas afectaciones de tipo emocional.

En Colombia, se presenta como antecedente el artículo de García y Devia (2018) que realiza un estudio sobre la cultura y violencia en Latinoamérica, con el fin de saber que hacer respecto a la seguridad ciudadana, ya que son diversos los factores que desencadenan la violencia y criminalidad, en especial porque se trata de un tema cultural, por ende, la investigación se centra en el caso de las experiencias de Chile y el Departamento de Antioquia, en Colombia, en donde se destaca que en Colombia se han adoptado diversas políticas de seguridad ciudadana en todo el país y en los territorios, pretendiendo que se incorpore en las personas la cultura de la legalidad, a fin de reconocer un respeto hacia el ordenamiento jurídico, para regular los comportamientos de la sociedad. Sin embargo, este estudio permite constatar que hay ciertos sectores lo que existe en una cultura de la ilegalidad, lo que lleva a la reproducción de anticulturas en Colombia y demás países de América Latina, resaltando el aprendizaje que se da en la niñez y la incidencia de la falta de educación en la cultura de la ilegalidad.

En cuanto a las acciones hay políticas de seguridad ciudadana de “tolerancia cero”, o la prevención desde la planeación urbanística, pero lo que es evidente es que aún las políticas no son afines con la desorganización de la sociedad, y esto es lo que genera el crimen y la violencia. Es necesario que en la región las políticas públicas de seguridad ciudadana incluyan el tema cultural, para que pueda transformarse las anticulturas desde distintos enfoques transversales (García y Devia, 2018).

En otra investigación hecha por Granados (2018) se realizó un análisis de la seguridad ciudadana en Bogotá, revisando si el presupuesto en seguridad ciudadana es directamente proporcional con la eficiencia en el gasto local en 2011 a 2016. La ciudad de Bogotá, como capital de Colombia, tiene una preocupación enorme respecto a la inseguridad ciudadana que puedan sufrir sus ciudadanos, lo que lleva a que las políticas públicas en la materia sean una prioridad, lo que implica una mayor asignación de recursos. En el desarrollo del estudio se pudo constatar que la mayor asignación de recursos no tiene relación con la eficiencia, debido a que la ciudadanía no reconoce que la seguridad que proporciona el Estado pueda ser suficiente para dar tranquilidad, por eso la presencia de seguridad privada.

Existe además desarticulación institucional, ya que el Estado entrega unos recursos a la policía, pero no se tiene certeza de las acciones de lucha contra la criminalidad. También sucede que los recursos no se invierten en el enfoque correcto, porque se sabe en qué programas se invierte y los criterios de dicha inversión, al momento de implementar las políticas de seguridad. En conclusión, la seguridad ciudadana es fundamental para la sociedad, donde se constata que debe haber coherencia entre el presupuesto y saber que se pretende hacer, porque la seguridad es un concepto complejo, ya que son varios factores para luchar contra la criminalidad (Granados, (2018).

En el ámbito local, se relaciona el concepto técnico 010 de Bonilla et al. (2021) en donde se realiza un informe sobre la seguridad ciudadana para la competitividad en el Departamento de Santander, en donde se explica que tanto la seguridad en Colombia como en el Departamento se ha afectado por el conflicto armado y la violencia urbana, sus factores estructurales no son los mismos en los municipios, ni en zonas rurales y urbanas, registrando asimetrías respecto al género, grupo étnico o condición socioeconómica, en donde se presentan más fenómenos de inseguridad en los municipios con mayor actividad económica, lo que ha llevado a ejecutarse la estrategia de Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, las Casas para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Entre las recomendaciones de este concepto están que se realice una acción pública con el fin de contener y mitigar los aspectos que facilitan el delito por medio de una perspectiva preventiva, integral y de salud pública; debe darse una coordinación público privada, atendiendo los múltiples factores que presentan como foco a los grupos en condición de vulnerabilidad; para garantizar el carácter participativo, democrático y diferenciado de la provisión de seguridad; y mejorar los sistemas de información, y asegurar la coordinación regional para el diseño de una agenda compartida (Bonilla et al., 2021).

La construcción de este capítulo teórico ha permitido llegar a la conclusión que la seguridad ciudadana es un tema que debe ser considerado en la política pública, y que deben implementarse acciones policiales y militares para combatir la delincuencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la solución a largo plazo para la seguridad ciudadana no se puede lograr simplemente mediante la aplicación de medidas de fuerza, sino que debe abordarse desde múltiples perspectivas, incluyendo la educación, la promoción de valores cívicos y éticos, la generación de empleo y el fortalecimiento de las redes sociales y comunitarias.

Es un problema social complejo que se ha visto agravado por diversos factores, como el desempleo, la situación migrante, la pandemia, factores socioeconómicos, familiares, culturales, educativos y asociados a la drogadicción. Estos factores aumentan los riesgos de inseguridad y delincuencia en la sociedad, sin embargo, la literatura analizada permitió entender que existe un estigma de la sociedad frente a factores como la pobreza, el desempleo o migración, ya que más que posibles victimarios, en muchos escenarios son víctimas. Por otra parte, las consecuencias de la inseguridad son graves, porque incluyen la pérdida de vidas humanas, el impacto en la salud mental, el aumento del costo de vida y la reducción de la calidad de vida, entre otros.

Además, es importante mencionar la relevancia del estado del arte en la investigación académica sobre la seguridad ciudadana. El análisis de investigaciones previas permite conocer las principales tendencias, perspectivas y resultados obtenidos en la academia, lo que puede contribuir a la formulación de políticas más efectivas y adaptadas a las necesidades de la sociedad. La seguridad ciudadana es un tema que requiere una atención continua y esfuerzos concertados por parte de los gobiernos, la sociedad civil y la academia para lograr un impacto duradero en la reducción de la delincuencia y la promoción de la convivencia pacífica.