El Catastro en Iberoamérica

La situación catastral en América Latina es enormemente rica y variada.

Existen Catastros muy consolidados y catastros que cubren menos del 50% de la superficie como Guatemala y Ecuador, y tampoco están completos los de República Dominicana, Bolivia, Honduras y Nicaragua entre otros.

No hay tampoco uniformidad a la hora de definir quiénes son los organismos que conducen los Catastros y éstos pueden ser nacionales, regionales o locales. Por ejemplo, en Argentina y México la función catastral es responsabilidad de cada estado y se han creado “asociaciones” a nivel nacional para coordinarlos pero sin influencia legal sobre las instituciones catastrales. En Colombia, por ejemplo, existe un organismo nacional IGAC, que se responsabiliza del catastro de las zonas que no tienen otra institución catastral, pero municipios como Bogotá, Medellín o Cali tienen su propio catastro, además muy avanzado, y también lo tiene la región de Antioquia. A estas instituciones se añaden las organizaciones creadas para la devolución de las zonas ocupadas

por las guerrillas y el manejo de las tierras públicas a efectos principalmente medioambientales.

En Brasil, los municipios son responsables del catastro urbano. Existe una institución, el INCRA, que se ocupa del catastro rústico de todo el país y además se está haciendo una labor integradora a cargo de la Receita Federal responsable de los impuestos.

En Perú son muchas las instituciones implicadas en catastro: por un lado, la parte catastral de la SUNARP (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos), por otra, los municipios que son los responsables del catastro urbano, por otra el ministerio de Agricultura responsable del catastro rústico y por último la COFOPRI, organismo para la formalización de la propiedad informal.

La dependencia jerárquica del Catastro tampoco reviste un criterio único.

Así, existen diversos supuestos en los que los Catastros dependen de Ministerios de Hacienda, de Agricultura, de Minería, de Desarrollo Sostenible y Planificación o de Justicia.

La relación entre las instituciones Catastrales y Registrales también varía a lo largo del continente. Costa Rica, Panamá, Paraguay y el Salvador, así como la provincia Argentina de Salta y algunos estados Mexicanos, tienen sus catastros y registros integrados y su función es principalmente la seguridad en el tráfico inmobiliario.

Efectivamente, las funciones varían mucho entre unos países y otros.

Existen catastros muy implicados en la legalización de la propiedad informal como Panamá, Brasil y Ecuador, aunque es un problema que preocupa a la mayoría de ellos; dedicando la mayoría de sus esfuerzos en el reconocimiento de los derechos de los Indígenas, en la delimitación de los bienes públicos, como El Salvador o Venezuela; o en la protección medioambiental, como en Costa Rica.

En Chile, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se encarga de la tributación inmobiliaria pero de menos del 50% del país que es de dominio privado, existiendo además un catastro de Bienes Públicos y gestionándose el catastro en los municipios.

Por otro lado, es frecuente la existencia de conflictos de competencias entre distintos órganos y administraciones vinculados al Catastro. Los motivos de la existencia de estos conflictos están relacionados con las indefiniciones legales, empezando en algunos países por el hecho de no existir unidad de criterios en la definición de lo que debe entenderse por Catastro, así como por la ausencia de normativas claras, dando lugar a las contradicciones e interferencias entre los mismos.

No obstante, están en marcha en todo América Latina actividades tendentes a centralizar la información en un sistema integral con cobertura nacional, con el objeto de tener un mejor diagnóstico para la toma de decisiones dentro de procesos de planificación y desarrollo territorial.

Muchos son los avances que se están experimentando en los últimos años en diversos aspectos. El principal es, por supuesto, el aumento espectacular de la cobertura catastral en el territorio y la formalización de la propiedad informal, donde es de destacar la labor masiva que está haciendo el ANATI de Panamá, la delimitación de las zonas indígenas de Costa Rica y los trabajos de Perú, El Salvador, República Dominicana y Ecuador. Avances también en la interrelación Catastro-Registro en algunos estados de México, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador y Argentina, entre otros.

La reforma de las instituciones catastrales, la coordinación entre instituciones y la participación en las infraestructuras de Datos Espaciales son también temas importantes que se están acometiendo en los últimos años.

La vocación multifinalitaria del Catastro de estos países se evidencia cada vez con más fuerza: su utilización en las políticas públicas municipales con los ejemplos de Lima (Perú), México DF, Medellín (Colombia) y Campinas (Brasil), entre otras. Así como en la delimitación del dominio público en Costa Rica, Panamá, El Salvador, Colombia y Perú y otras aplicaciones medioambientales como la importante labor para la delimitación de la zona marítimo terrestre y las zonas de protección en Costa Rica.

Otro aspecto importante es la utilización de los datos catastrales en situaciones de emergencia como el caso de Colombia o Perú en la ayuda a los damnificados por las inundaciones de los pasados años.

La adaptación de los servicios catastrales a la administración electrónico es también un tema presente tanto para el mantenimiento de los datos, como para el uso de éstos por los ciudadanos y por las instituciones públicas que actúan sobre el territorio, destacando en ello el catastro de Uruguay.

A pesar de todos estos avances, los principales problemas a los que se enfrentan estas instituciones catastrales iberoamericanas son, por un lado, las zonas aún por catastrar y, por otro lado, la falta de mantenimiento continuo de los datos que hace que los catastros queden obsoletos e inservibles.

El mecanismo de la actualización periódica de todos los datos de una zona es muy inefectivo y costoso y solo se realiza cuando hay ingresos externos por ayudas y subvenciones del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo u otros organismos. Por ello lo más urgente es poner en marcha procedimientos de mantenimiento continuo con obligaciones de los titulares de los derechos y con herramientas tecnológicas que ayuden a hacer más sencilla esta actualización.