Las externalidades ambientales y los enfoques de gestión ambiental dentro

Marshall introduce el concepto de externalidad en el análisis económico, el cual es positivo- en relación con el desarrollo industrial- cuando otorga beneficios sin pago alguno.

En la década de los cincuenta Pigou, sin embargo, analizó los fallos de mercado y propuso la existencia de externalidades que pueden funcionar como un beneficio, pero también como un coste; citando como ejemplo de estos últimos, los costos ambientales en un bosque cercano a las vías de un tren que es frecuentemente incendiado por las chispas que este produce (Burriel, 2012).

Este autor señala que existen daños generados a terceros por parte de las actividades económicas que no son compensadas y, por lo cual, el Estado tiene la capacidad, mediante instrumentos económicos, de resarcir el daño. Dichos instrumentos comprenden imposiciones fiscales para quienes provocan las externalidades negativas.

Ramos (1998) señala que, contraria a la visión de Pigou, en “El problema del coste social” Coase (1960) reconoce la existencia de fallos en el Estado, devolviendo la mirada al mercado como regulador óptimo de las relaciones económicas al internalizar las externalidades por medio de la definición de los derechos de propiedad que propiciaría contextos de negociación entre los agentes.

Con ello, la dicotomía público-privado nuevamente se hace presente.

La Economía Ambiental se nutre de estas discusiones y permite al pensamiento económico neoclásico extender su objeto de estudio hacia el medio ambiente con base en la internalización de las externalidades con dos enfoques ya citados: la protección y la administración ambiental.

El enfoque de gestión descrito como Protección ambiental –que alcanza su consolidación en la década de los setenta- se basa en la demanda de internalizar las externalidades negativas mediante la asignación de derechos de propiedad sobre daños y beneficios, los bienes de libre acceso y los recursos comunes, así como la asignación de límites admisibles de contaminación y obligaciones por compensación y reparación de daños en un enfoque tipo Piggoniano.

111 En este enfoque, tomando como referentes perspectivas que realizan señalamientos donde los bienes de libre acceso, los recursos comunes y los bienes públicos están condenados a su degradación (Hardin, 1968) o la no cooperación para producirlos o conservarlos (en el caso de los bienes públicos) se pugna por regímenes de propiedad privada y parques públicos separados (Colby, 1991) bajo la administración central de los Estados, de tal forma que se puedan proteger especies amenazadas o ecosistemas representativos, mediante el pago de impuestos y su transferencia. Se argumenta también el pago de impuestos por contaminación, siendo el Estado el encargado de desasir el daño.

Sin embargo, el enfoque de protección ambiental fue criticado al presentar un modelo de tipo correctivo, conocido también como el modelo al final del tubo, que se centra en la reparación de los daños una vez generados por las actividades económicas. Con ello, dicho enfoque encontró problemas para mantenerse dentro de las acciones de política ambiental, ya que al centrarse en el control de los daños dejó de lado procedimientos para mejorar las acciones de desarrollo y la resistencia ecológica” (Colby, 1991; Martínez & Casas, 2014).

En consecuencia, el enfoque de la administración ambiental se constituyó en una segunda perspectiva que partiría de la reformulación del enfoque de protección ambiental, aunque a través de la búsqueda de internalizar las externalidades, a través de monitoreo del impacto de las actividades productivas, la valoración ecosistémica y la contabilidad ambiental.

Así, este enfoque se basa en el desarrollo de métodos más precisos para el monitoreo de la oferta natural y la contaminación. Entre sus estrategias de gestión destacan el uso de tecnologías limpias, la conservación basada en la eficiencia energética, el principio del contaminador pagador y la salud del ecosistema (Martínez & Casas, 2014).

No obstante, al establecer principios como “quien contamina paga” el enfoque de administración ambiental se enfrentó a problemas institucionales relacionados con la adjudicación de los derechos de propiedad sobre los beneficios otorgados a los agentes; esto es, en cuanto a la asignación del pago sobre los daños.

112 Al analizar las externalidades en un esquema de quien contamina paga, Oliva (1993), señala que parte fundamental del planteamiento se basa en la reformulación de la teoría del consumidor, donde se abandona el supuesto “egoísta” del consumidor en el que cada agente elige su consumo o producción sin considerar lo de los demás agentes, para dar paso a una teoría en la cual los agentes están interconectados. En dicha interconexión, un agente consume o produce, generando externalidades a otro agente, no existiendo la condición de óptimo de Pareto. Por ello, quien recibe una externalidad negativa estaría dispuesto a seguirla recibiendo en cuanto exista una compensación o pagar al generador de la externalidad para que deje de generarla.

Al analizar teóricamente, mediante las curvas de indiferencia de dos agentes (A y B) que comparten el mismo espacio físico y con cierta dotación de dinero, Oliva (1963) observa que existen dos puntos de asignación óptima en el sentido de Pareto, uno que favorece a un agente A (en este caso el generador de la externalidad) y otro que favorece al otro agente B (quien recibe la externalidad). Al establecer derechos de propiedad sobre quien recibe el pago, ya sea beneficiando a A o B, se identifica seis problemas:

1) No se puede asignar precios, ya que los bienes y males no se encuentran en el mercado, por lo cual, sin negociación voluntaria de los agentes, no se puede alcanzar el precio óptimo.

2) Con dos o más agentes, y distinta valorización de las externalidades, se dará una indeterminación al existir precios múltiples.

3) Dado que los efectos de las actividades productivas sobre el sistema ecológico no son inmediatos, y en algunos casos son irreversibles, el mecanismo de mercado es ineficiente.

4) Producto de diferentes capacidades de gestión de los agentes, es difícil asignar derechos de propiedad.

5) No toma en cuenta los problemas de mala distribución de los recursos. No se toma en cuenta, por ejemplo, los problemas que enfrentan los sectores en pobreza extrema.

113 6) No se toma en cuenta el concepto de riesgo ambiental de una forma amplia, esto es que, al internalizar las externalidades en el corto plazo, no se toma en cuenta sus efectos en el largo plazo.

Con lo anterior, se observa limitantes en el planteamiento de quien contamina paga, ya que se tendrán que enfrentar a mecanismos de negociación donde será difícil la asignación de derechos de propiedad.

La asignación del derecho de propiedad sobre quien recibe el pago es un proceso de tensión en el cual si no existen acuerdos no se generarán procesos de conservación o restauración ambiental. Adicionalmente, la internalización de una externalidad mediante el pago por contaminar, no resarce el daño causado a los sistemas ambientales. El ejemplo citado, es el de una fábrica que daña una pesquería mediante el depósito de contaminantes en el lago; ésta puede pagar a los afectados (pescadores) los daños causados, pero no por ello realizar acciones de conservación del lago (Oliva, 1963).

Frente a las limitantes de los enfoques de protección y administración ambientales se desarrolla en la década de los noventa el enfoque desarrollo sostenible. Dicho enfoque se inserta en la discusión del desarrollo como eje central del análisis, señalando la importancia del crecimiento económico y el combate a la pobreza como medios para la conservación ambiental. Se convierte así en el enfoque con mayor divulgación y aceptación en el mundo.

Desde su concepto más divulgado, el desarrollo sostenible es entendido como “un proceso que permite satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de atender a las generaciones futuras” (Leff, 2002, p. 20) para lo cual es necesario que tal proceso sea “económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente correcto. Es decir, la sostenibilidad integrada por tres niveles:

La primera, la necesidad de mantener altos niveles de bienestar entre los seres humanos presentes y futuros -lo que se relaciona al desarrollo humano-, incluyendo aspectos como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, la información y la cultura. La segunda busca un uso eficiente de los bienes y servicios (productividad y rentabilidad) y su distribución equitativa, ambos aspectos resultan improcedentes si no se realizan dentro del universo biofísico, es decir dentro de la capacidad de carga de los sistemas ecológicos (tercer nivel) (Toledo 2006 en Ballinas 2012).

114 En este sentido, el desarrollo sustentable articula dentro de sus objetivos el combate a la pobreza, el desarrollo humano y la conservación ambiental con la participación de los instrumentos de mercado. Planteamientos como el de Kunsnez, señalan que existen umbrales de crecimiento de los países, en los cuales el crecimiento económico está asociado a la degradación ambiental, sin embargo, superando esos umbrales se llegará a un momento en que el crecimiento económico generará incentivos para la conservación ambiental. El postulado es que una vez satisfechas las necesidades habrá incentivos para la conservación.

El desarrollo sustentable también se ha alimentado de enfoques que, a través de la innovación, buscan corregir externalidades sobre el medio ambiente. La eco innovación señala como objetivo el tránsito de una economía oscura a una economía verde, con la generación de energía alternativa y uso más eficiente de los recursos.

En síntesis, los enfoques de protección ambiental, administración ambiental, desarrollo sostenible y eco innovación, de una u otra forma, se han traducido en la aplicación de políticas ambientales en diversas partes del mundo. Podemos encontrar mecanismos, como el Pago por Servicios Ambientales (PSA), así como la implementación de generadores de energía eólica y programas de cooperación, que enfatizan el desarrollo económico de áreas marginadas con el afán de reducir la presión sobre los recursos naturales.

Estas formas de gestión también se han traducido en la implementación de reservas de la Biósfera, parques naturales y mecanismos de impuestos bajo el esquema de quien contamina paga.

La valorización económica de los recursos renovables también ha sido una parte importante en la preocupación ambiental y, para ello, se ha recurrido a la modelización económica propia del método de análisis de la corriente neoclásica.

Específicamente se busca la valorización de los bienes y servicios ambientales.

Estos enfoques son considerados como planteamientos de conservación neoliberal sustentados en la perspectiva de la economía ambiental neoclásica. De acuerdo a Durand (2017):

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“…la conservación neoliberal busca conciliar la supuesta eficiencia del mercado con los objetivos de la preservación ambiental y se supone que la naturaleza sólo puede ser preservada si se asigna un valor monetario a sus componentes, y si su conservación reditúa beneficios económicos concretos a los dueños de la tierra y los recursos” (p.45).

Existen serias críticas, sin embargo, a estas formas de gestión, en el hecho de que se han constituido como respuestas al problema de la imposibilidad del crecimiento económico ilimitado por la vía capitalista neoliberal.

Autores como Durand (2017) Márquez (2002) Paz (2008) Toledo (2005) y Leff (2002), coinciden en señalar que, bajo este enfoque, se sustentan los planteamientos neoclásicos de conservación que tratan de internalizar las externalidades negativas del sistema económico a través de instrumentos de mercado, como la valorización económica de la naturaleza, el PSA, la certificación de aprovechamientos forestales y el ecoturismo, entre otros, que ven en la degradación ambiental un área de oportunidad económica más que un proceso de crisis ecológica proveniente del sistema capitalista y de su racionalidad (Durand, 2014).

II.1.3.3 Planteamientos teóricos críticos: el problema ambiental asociado al