4.1.1. Funciones de la policía nacional del área de protección de la familia y personas vulnerables de la Policía Nacional de Perú en el distrito de Huancayo 2020.
La Policía Nacional de Perú tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, de hacer cumplir las leyes y de garantizar el correcto orden en todo el territorio nacional. Los policías son el primer eslabón en la cadena de justicia, de ellos depende que un delito tenga un eficiente y oportuno canal de justicia, sin embargo, para ello, los funcionarios deben estar debidamente preparados, en este caso específico la atención que deben tener las mujeres que son víctimas de la violencia, en tal sentido la ley número 30364 elaborada por el Congreso de la República dictamina lo siguiente:
La Ley N° 30364 es la norma promovida por el Estado peruano con el fin de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar, producida en el ámbito público o privado. Especialmente cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad (Ley 30364, 2015).
Es por esta razón que la policía implementó la creación del área de protección de la familia y personas vulnerables, cuyo objetivo principal, es ofrecerles un apoyo y una asesoría a
las víctimas, con policías capacitados y orientados en el tema de la violencia familiar.
(Oblitas, 2014) señala lo siguiente:
La Ley 26260 respecto a la intervención de la policía dice: «La Policía Nacional en todas las delegaciones policiales, recibirá las denuncias por violencia familiar y realizará las investigaciones preliminares correspondientes (art. 4), éstas se siguen de oficio (art. 6), termina con un atestado. A solicitud de la víctima brindará las garantías necesarias en resguardo de su integridad (Oblitas, 2014, pág. 234).
Es innegable que la Policía Nacional de Perú ha está realizando acciones necesarias para controlar y minimizar la violencia en contra de la mujer, pero requiere que otras instituciones del Estado se involucren y asuman responsabilidades en ese sentido, porque este delito tiene que ser afrontado de manera estructural.
Uno de los principales problemas con los que ha se ha encontrado la Policía Nacional de Perú es la falta de denuncia y que muy pocas mujeres buscan ayuda, aunado a ello muchas víctimas que se atreven a denunciar no le dan continuidad a su denuncia. Datos aportado por (El Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 2017) señala que el “70.8% de las mujeres alguna vez unidas entre 15 a 49 años que sufrieron violencia por parte de sus pareja o expareja, no buscaron ayuda en una institución (Observatorio Ncional, 2017, pág. 02).
Datos compilados por la Defensoría del Pueblo, resaltan, que para el año 2018 la Policía Nacional de Perú acogió más de 59 mil denuncias de violencia intrafamiliar, existiendo un notable incremento con años anteriores, lo que permite tener una referencia de casos relacionados con este delito. Las siguientes son cifras aportadas por la (Defensoría del Pueblo, 2018) “entre enero y marzo de 2018, la PNP recibió 59,341 denuncias de violencia familiar. El 42% de violencia física y psicológica, el 15.8% de violencia física, el 1.5% de violencia económica y patrimonial, y violencia sexual otros el 0.2%
(Defensoría del Pueblo, 2018, pág. 14).
Una situación negativa, observada por este trabajo de investigación, ha sido la falta de capacitación de los policías con el tema de la violencia en contra de la mujer, destinando un porcentaje muy reducido de todos los policías a atender este delito, originando con ello que este problema no sea percibido como de mucha relevancia por las autoridades.
En ese sentido la (Defensoría del Pueblo, 2018) señala que “solo el 5.9% de los efectivos policiales que trabajan en las comisarías tienen como actividad principal la investigación en violencia familiar (Censo de Comisarías 2016) (Defensoría, 2018, pág. 14). Las autoridades policiales le otorgan mayor peso e importancia a otros delitos, que obviamente son relevantes, pero minimizando el de la violencia familiar.
Esta condición repercute en que las mujeres víctimas de la violencia se resistan a formular denuncias ante las autoridades, porque siente que el trato que se les da no es el más profesional ni el más adecuado. Esta situación sucede, basado en datos obtenidos de la (Defensoría del Pueblo, 2018) que afirma que “más de mitad del personal (55.8%) del personal de las Comisarías de Familia no ha sido capacitado en atención a personas víctimas de violencia en el último año. Es probable que este porcentaje se incremente en las demás comisarías (Radiografía a las Comisarías, 2017) (Defensoría, 2018, pág. 14).
Es indiscutiblemente diferente atender delitos por drogas, por robo, secuestro, entre otros, a atender a una mujer víctima de la violencia, en especial cuando esa violencia proviene de su pareja o esposa. Sin embargo para el año 2019 se observó un incremento notable de los casos de violencia familiar, incluido por supuesto el delito en contra de la mujer, lo cual demuestra la relevancia de llevar unas estadísticas confiables, para contener y disminuir este delito. (Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2019) confirma la información mediante los siguientes datos “en el año 2019 56 271 casos de violencia contra la mujer, violencia familiar y violencia sexual se atendieron en el periodo de enero a abril del presente año a través de los CEM a nivel nacional (Ministerio, 2019, pág. 03).
4.2. Cursos y capacitaciones sobre violencia contra la mujer y de género en