El Juicio de Amparo y el Habeas Corpus en el Perú

El amparo, es como sabemos, una institución procesal dentro de la justicia constitucional que tiene origen mexicano. Este recurso se introdujo en el ordenamiento jurídico peruano en la constitución de 1979 en su artículo 295 y se mantiene en la carta magna actual que es la de 1993 en el numeral 200, inciso 2²⁷⁷. Este ha sido concebido como una "garantía constitucional" que tiene como fin el garantizar y proteger los derechos constitucionales distintos a la libertad individual, que sea vulnerado o amenazado por cualquier autoridad, funcionario o persona.

Con anterioridad, si bien existieron algunos antecedentes en el Perú, como el llamado habeas corpus civil previsto por el decreto ley 17083²⁷⁸, que era una extensión de la tradicional figura inglesa, que vimos aparece en España y Estados Unidos y que veremos que también aparece en este sistema de justicia constitucional, que vela por la tutela de derechos distintos a la libertad individual y que se tramitaba ante magistrados civiles, sólo puede hablarse del amparo como figura autónoma e integral a partir de la vigencia del texto constitucional de 1979.

En el tiempo que el amparo ha sido vigente en la constitución peruana, se han suscitado diversos problemas en su funcionamiento que en lugar de flexibilizar su tramitación y llevarlo a los justiciables rápidamente, se ha convertido en un elemento lento y distante en la justicia constitucional del Perú²⁷⁹. Esto ha hecho que se plantee en repetidas

277 Artículo 200°. Son garantías constitucionales:

(…)

2.-La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.

278 Para consultar el texto: https://peru.justia.com/federales/decretos-leyes/17083-oct-24-1968/gdoc/

279 Boletín Mexicano de Derecho Comparado, https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho- comparado/article/view/3401/3965 Inicio > Número 85 > Abad Yupanqui

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ocasiones una reforma para acelerar el proceso de dicho recurso, pero hasta el momento no se ha llevado a cabo dicho aspecto de reforma.

La constitución vigente en Perú precisa claramente que el amparo es el recurso encargado de proteger los derechos que ella reconoce en su propio texto, es decir, los derechos constitucionales, distintos a la libertad individual y a los tutelados por el habeas data²⁸⁰. El texto vigente emplea la categoría derechos fundamentales pero lo hace para denominar a los derechos incluidos en el capítulo I del título I de la carta. Los restantes derechos constitucionales, si bien en estricto no son fundamentales, gozan de la protección reforzada de las garantías constitucionales.

La actual constitución desarrolla similar precepto previsto por la constitución de 1979, el artículo 24 de la ley 23506, ley de habeas corpus y amparo (diciembre de 1982)²⁸¹, establece una enumeración completa de los derechos que son susceptibles de ser tutelados por este recurso, y el artículo 25 del texto en comento dispone que no se da lugar al amparo para los derechos a que se refiere la sexta disposición general y transitoria de la constitución peruana, estos son aquellos que para su cumplimiento se requiere un gasto o inversión por parte del Estado. Está previsto que el amparo se iniciara con petición de la parte afectada, nunca será de oficio, esto constituye una manifestación del principio dispositivo, pero este mismo principio se ve atenuado con la llamada

"suplencia de la queja" que impera fuertemente en el juicio de amparo peruano.

A diferencia del habeas corpus (recurso que trabajaremos en este trabajo más adelante), la demanda debe ser formalizada de forma

280Para más referencias en el Habeas Data:

http://olgaramirez.com/uploads/habeas_data_monografia_final.pdf

281 Para consultar mayor detalle a esta ley: https://www.refworld.org/cgi- bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52cbc4d44

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escrita, no se permite el interponerla verbalmente, y deberán tomarse en cuenta los requisitos generales que exige toda demanda, esto quiere decir que es de forma escrita, salvo lo referente a la identificación del agresor, en esta particularidad, esta exigencia se atenúa. Es suficiente con la existencia de una agresión para que la vía del amparo se habilite y proteja los derechos del afectado. El Perú lo toma desde la jurisprudencia argentina incluso, lo informa la tendencia de la jurisprudencia a desde el caso Ángel Siri (1957)²⁸², e incluso lo reconoce su respectiva ley reglamentaria al indicar que la demanda contendrá "la individualización, en lo posible, del autor del acto u omisión impugnados”²⁸³.

El juez al momento de dictar su sentencia debe efectuar un doble análisis de la pretensión. En primer lugar, ha de examinar si aquélla cumple con los requisitos de procedibilidad que le exige el ordenamiento procesal que se le conoce como juicio de procedibilidad. En segundo lugar, sólo si los supera, declarará que la pretensión es fundada o infundada haciendo el juicio de mérito. De acuerdo con ello, la sentencia podrá reputar improcedente, infundada o sentencia desestimatoria, o fundada la demanda o sentencia estimatoria; en este último caso, se dará, si acoge la pretensión la decisión será una declarativa de condena. Esta deberá expedirse dentro del plazo de tres días de vencido el término para la contestación. Además, con el fin de garantizar su publicidad y el adecuado conocimiento de la jurisprudencia señala que una vez consentida y ejecutoriada la sentencia será obligatoriamente publicada en el Diario Oficial de la Federación²⁸⁴.

De acuerdo con la constitución, la ley de amparo y habeas corpus (ley 23506) y la cuarta disposición transitoria de la constitución, la demanda de amparo se debe de presentar ante un juez civil, el cual fungirá de

282 Para consultar el caso: http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autnoma- buenos-aires-siri-angel-fa57997827-1957-12-27/123456789-728-7997-5ots-eupmocsollaf

283 Ley 23506 del Perú, Ley de Amparo y habeas corpus, artículo 6, inciso b.

284 Ley de Amparo y Habeas Corpus de Perú, artículo 42.

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primera instancia, pudiendo acudirse en recurso de apelación o segunda instancia a la Corte Superior en su Sala Civil. Si la resolución es denegatoria procede interponer recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional que actuará como última instancia. Sólo si se cuestionan resoluciones judiciales la demanda se presentará ante la Sala Civil y conocerá en apelación (segunda instancia) la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Contra ésta última decisión se puede acudir al Tribunal Constitucional²⁸⁵.

Para concluir sobre el amparo en el Perú, abordaremos un problema surgido durante el desarrollo jurisprudencial del amparo, que ha sido el relativo a la concesión de los recursos de oficio en aplicación de la Ley de Defensa Judicial del Estado o Decreto ley 17537. Al respecto, la Segunda Sala Civil de la Corte Suprema, resolvió el de 28 de diciembre de 1984, una sentencia en el amparo iniciado por "Julio Villafuerte Jurgens c/ Supremo Gobierno", señalando acertadamente que²⁸⁶:

contra dicha resolución no se interpuso el oportuno recurso de nulidad, a que se contrae el artículo 35 de la ley 23506 [...]; que la antes citada es una ley especial, cuyo objeto es el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional [...]; que la ley 17537 es, en cambio, una ley general que se refiere a la defensa del Estado en juicio como sujeto de derechos y obligaciones, más no cuando resulte agresor por violación o amenaza de violación de derechos constitucionales que asisten a personas individuales o jurídicas [...]; que la institución procesal del recurso de nulidad de oficio, a que se contrae el artículo 22 de la ley general 17537, no se compadece con las normas de procedimiento a que se sujeta la

285 Abad Yupanqui, Op. Cit.

286Para consultar texto completo:

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/85/art/art1.htm

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acción de amparo [...], por lo que no cabe oficiosamente en este tipo de acción la concesión de dicho recurso.

Habiendo observado el proceso de amparo en el Perú, podemos acertadamente señalar, que el proceso de justicia constitucional que este aborda es muy similar al sistema español de justicia constitucional, que utiliza dicho recurso como un ejercicio de garantía para los derechos humanos previstos en su texto constitucional y que aborda su protección de la forma más amplia. Pero, a diferencia de la institución española, este comienza en una primera instancia. Esto también lo diferencia de su homónimo mexicano, en el que el procedimiento de amparo en su forma indirecta es el que más se le asemeja, así como dijimos previamente en el sistema español, que comienza en una instancia menor a diferencia del sistema mexicano, en el que comienza directamente en la justicia federal.

Esto lo hace un juicio de protección de derechos y un instrumento importante del ejercicio democrático del país andino, que tiene como organismo de tercera instancia al mismo tribunal constitucional nacional, recordándonos también su diferencia en organización, ya que el país que estamos estudiando es un país centralizado, a diferencia de la federación que somos en México. El otro elemento relevante a desarrollar es el correspondiente a las instancias que conoce. Maneja tres instancias en Perú, dándole forma de un juicio ordinario en ese aspecto, mientras que el amparo en su forma indirecta en nuestro país abarca solo un recurso, que es el de revisión, ya que solo la justicia federal está facultada para conocer del mismo.

Ahora pasaremos a estudiar brevemente el habeas corpus, que vemos aparecen en Estados Unidos y España también, y que en el caso nacional, no es realmente semejante al Amparo Directo Mexicano, pero esto lo desarrollaremos más adelante.

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2.2.3.1.1 El hábeas corpus

Como vimos, desde el estudio del sistema de justicia constitucional norteamericano, el habeas corpus es el recurso de protección de los derechos humanos que se gesta como defensa frente arbitrariedades de las autoridades específicamente en procedimiento de la índole penal. Este recurso de origen anglosajón también aparece en el apartado correspondiente al Perú y va de la mano, al igual que en el sistema español, de la mano con el recurso de amparo.

De acuerdo a la constitución del Perú, la garantía de la libertad humana o proceso de hábeas corpus, como lo ha denominado el Código Procesal Constitucional es:

“Viene a ser nada menos que el primer proceso constitucional reconocido en el Perú en el año 1897 mediante Ley n. º 2223,

"Liquidación de prisiones preventivas" del 21 de octubre”²⁸⁷.

En la teoría peruana, se señala que: “El hábeas corpus es un derecho humano y a la vez un proceso concreto "de resguardo y tutela de la libertad personal en sentido lato" al alcance de cualquier persona, a fin de solicitar del órgano jurisdiccional competente el resguardo de la libertad corpórea

"independientemente de la denominación que recibe el hecho cuestionado (detención, arresto, prisión, secuestro, desaparición forzada, etc.) para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad" la seguridad personal, la integridad física, psíquica o moral, así como los demás derechos que les son conexos, nominados o innominados.

También protege a la persona contra cualquier órgano, público o privado, que ejerciendo funciones de carácter materialmente jurisdiccional, adopta

287 Donayre Montesinos, Christian; El hábeas corpus en el Código Procesal Constitucional: una aproximación con especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano; Ediciones Lima Jurista, 2005, P.64.

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resoluciones con violación de la tutela procesal efectiva que lesiona su libertad personal.²⁸⁸”

El Código Procesal Constitucional de Perú²⁸⁹ consagra en su numeral 25 los siguientes derechos protegidos que, establecen el concepto de libertad individual y que por ende son sujetos del habeas corpus:

1) La integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones.

2) El derecho a no ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

3) El derecho a no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sentencia firme.

4) El derecho a no ser expatriado ni separado del lugar de residencia sino por mandato judicial o por aplicación de la Ley de Extranjería.

5) El derecho del extranjero, a quien se ha concedido asilo político, de no ser expulsado al país cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado.

288 Mesía Ramírez, Carlos; “Exégesis del Código Procesal Constitucional (2T)”, Gaceta Jurídica. Lima, 2013, p.240.

289Para consultar texto completo de la ley en comento:

https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/transparencia/pdf/marco_legal/Codigo_Procesal.pdf

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6) El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o de Sanidad.

7) El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido detenido, a ser puesto dentro de las 24 horas o en el término de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda, de acuerdo con el acápite "f" del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución sin perjuicio de las excepciones que en él se consignan.

8) El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar, conforme a la ley de la materia.

9) El derecho a no ser detenido por deudas.

10) El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como de obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República.

11) El derecho a no ser incomunicado sino en los casos establecidos por el literal "g" del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución.

12) El derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que se es citado o detenido por la autoridad policial u otra, sin excepción.

13) El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento policial, cuando resulten arbitrarios o injustificados.

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14) El derecho a la excarcelación de un procesado o condenado, cuya libertad haya sido declarada por el juez.

15) El derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento o detención de las personas, a que se refiere el artículo 99 de la Constitución²⁹⁰.

16) El derecho a no ser objeto de una desaparición forzada.

17) El derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena.

Se puede observar como el numeral 25 de la Ley en comento establece un catálogo robusto de elementos que quedan protegidos por la figura del habeas corpus, dando un amplio panorama de protección al concepto de derecho de libertad y alcanzando una protección muy completa en los elementos del derecho penal, limitando el actuar de las autoridades punitivas a un catálogo establecido de elementos jurídicos muy definidos. Cabe señalar que también procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio, ya que el Hábeas Corpus es el instrumento judicial, de acuerdo a la teoría peruana, (pero en general por lo observado tanto en estados unidos como en España es similar) para verificar la legalidad de la privación de la

290 Artículo 99 Acusación por infracción de la Constitución: Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.

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libertad de una persona, éste en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es esencial para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”²⁹¹.

Se señala también, que este recurso se encuentra no solo consagrado en los capítulos I y II del título II en sus numerales 25 a 36 del Código Procesal Constitucional Peruano, también conocido como la ley n. º 28237, sino también en los artículos 9.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como en los numerales 7.6 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que Perú, como nuestro país, forma parte del sistema interamericano de derechos humanos. En su OC-9/87²⁹² la CIDH afirma en uno de los tres párrafos resolutivos que:

"…deben considerarse como garantías judiciales indispensables no susceptibles de suspensión [en estados de emergencia según lo establecido en el artículo 27.2 de la Convención, el hábeas corpus (art. 7.6), el amparo, o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes (art. 25.1), destinado a garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada por la misma Convención"

Esto determina el alcance y estructura general del recurso de habeas corpus en el Perú. Por su parte el propio Tribunal Constitucional en el expediente nº 2663-2003-HC/TC, se dio a la tarea de desarrollar una clasificación tipológica del recurso en comento, puntualizando de esta manera sus

291 García-Sayán, Diego; “Hábeas corpus y estados de emergencia”, Comisión Andina de Juristas con el auspicio de la Fundación Friedrich Naumann, 1988, p.58.

292 Para consultar texto completo de la Opinión Consultiva de la CIDH:

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1264.pdf?view=1

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alcances y protecciones. El tribunal constitucional da la siguiente clasificación²⁹³:

A.- El hábeas corpus reparador:

Dicha modalidad se utiliza cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de la libertad física como consecuencia de una orden policial; de un mandato judicial en sentido lato -juez penal, civil, militar-; de una decisión de un particular sobre el internamiento de un tercero en un centro psiquiátrico sin el previo proceso formal de interdicción civil; de una negligencia penitenciaria cuando un condenado continúe en reclusión pese a haberse cumplido la pena; por sanciones disciplinarias privativas de la libertad; etc…

En puridad, el hábeas corpus reparador representa la modalidad clásica o inicial destinada a promover la reposición de la libertad de una persona indebidamente detenida.

B.- El hábeas corpus restringido:

Se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, "se le limita en menor grado".

293 Para consultar la sentencia completa: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02663-2003-HC.pdf

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Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares; los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes; las reiteradas e injustificadas citaciones policiales; las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc.

C.- El hábeas corpus correctivo:

Dicha modalidad, a su vez, es usada cuando se producen actos de agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las penas privativas de la libertad. Por ende, su fin es resguardar a la persona de tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad, cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o de pena.

En efecto, en el caso Alejandro Rodríguez Medrano vs la Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario y otro (Exp. N.°

726-2002-HC/TC), el Tribunal Constitucional señaló que:

"Mediante este medio procesal puede efectuarse el control constitucional de las condiciones en las que se desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad individual, en todos aquellos casos en que éste se haya decretado judicialmente"

Así, procede ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad física y psicológica, o del derecho a la salud de los reclusos o personas que se encuentran bajo una especial relación de sujeción internados en establecimientos