La institucionalización del género en las políticas públicas

40 Solución Integración de las mujeres en el

proceso de desarrollo existente.

"Empoderamiento" de las mujeres y personas desfavorecidas.

Transformación de relaciones desiguales.

Mayor acceso a los recursos dinero y trabajo, mayor libertad de tránsito, toma de decisiones y presencia de no violencia

Estrategias - Proyectos de mujeres.

- Componente de mujeres.

- Proyectos integrados.

- Aumentar la productividad de las mujeres.

- Aumentar los ingresos de las mujeres.

- Aumentar las habilidades de las mujeres para cuidar el hogar.

- Identificar y señalar las necesidades prácticas de mujeres y hombres para mejorar sus condiciones de vida.

- Al mismo tiempo, identificar y señalar los intereses estratégicos de las mujeres.

Identificar aquellas

acciones que

promueven el

empoderamiento económicos y no económicos.

Problemas consecuencia

Este enfoque ha aumentado a menudo la carga de trabajo de las mujeres sin lograr un mayor poder económico. Las mujeres no han sido consultadas sobre el tipo de desarrollo e integración que buscaban.

Se da una "integración" en el mundo de los hombres sin cambio en las relaciones de poder.

Las intervenciones del proyecto se basan en los roles, responsabilidades y poder de las mujeres y los hombres en la sociedad a la que pertenecen y las necesidades resultantes para cambiar su situación.

Se puede entender GED como un esfuerzo para mejorar la posición de las mujeres en relación a los hombres de manera que beneficie y transforme la sociedad en su totalidad.

El acceso a los recursos puede llegar a generar problemas en las relaciones de género en los hogares. Las tomas

de decisiones

estratégicas ya no son unilaterales sino consensuadas, lo que puede originar desacuerdos en los hogares.

Fuente: De la Cruz, Carmen (1999: 3); Rowlands, (1997); Kishor, (1999); Lagarde, (2005).

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dar las soluciones específicas para atender diferentes asuntos públicos. Por su parte Aguilar Villanueva (sf) define a las políticas públicas como acciones que se sustentan en el razonamiento técnico causal a fin de realizar los objetivos deseados y hacer que las intenciones de los gobernantes se vuelvan hechos sociales.

La transversalización de la perspectiva de género reconoce la especificidad de las mujeres y las diferencias que existen entre ellas, los distintos papeles de hombres y mujeres, su desigual acceso a los recursos y a su control, sus intereses prácticos y estratégicos, y busca garantizar la igualdad de género, es decir, el reconocimiento e igual valoración de mujeres y hombres, así como de las tareas y funciones que desempeñan, sin que haya una jerarquía de un sexo sobre otro favoreciendo la participación plena de unas y otros en los diferentes espacios y ámbitos de la sociedad (Rossilli, 2001), y supone una estrategia global de integración sistemática de dicha visión en todas las políticas y actividades, desde su planeación hasta su evaluación (Maceira, 2007:107).

Para Guzmán (2002a) la institucionalización se refiere a expresiones empíricas y materiales de relaciones políticas, prácticas sociales y visiones del mundo que se legitiman, cristalizan e institucionalizan como cosas públicas y/u oficiales mediante procesos históricos que involucran luchas políticas. Se consideran institucionalidades las leyes, las normas, los organismos estatales, los mecanismos institucionales de mediación política, los programas de políticas públicas, los servicios, las organizaciones sociales, las áreas de conocimiento legitimadas, etc. La institucionalidad, por tanto, busca incluir la consideración de equidad de género y promover un tratamiento intersectorial e integral de los problemas en todas las políticas (Guzmán, 2002b: 15).

La institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas permite no solo evaluar hasta qué punto los objetivos propuestos en los programas son compatibles o contradictorios sino también como las acciones propuestas pueden afectar la situación de las mujeres (Guzmán, 2002b: 11). Maceira (2007:132) advierte que existen maneras de poner a prueba la efectividad y eficacia de los resultados en que se ha concretado un proceso de implementación de la perspectiva de género en las políticas públicas, en un momento y lugar dados, la autora señala siete elementos que podrían servir para llevar a cabo esta evaluación:

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- El nivel de influencia y grado de acceso a las políticas gubernamentales.

- La profesionalización del personal.

- El grado de legitimidad alcanzada tanto dentro como fuera del gobierno.

- La relación con el movimiento de mujeres.

- La influencia sobre la sociedad.

- El nivel de influencia hacia dentro del Estado.

- La rendición de cuentas.

Tenemos por tanto que la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas sociales, hace referencia a las diversas normatividades y leyes de las expresiones materiales y empíricas que buscan garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Se refiere a cristalizar aquellas decisiones que promueven la igualdad entre los géneros así como a sus tareas sin que exista un predominio de un sexo sobre el otro.

Las primeras acciones encaminadas a promover la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, se inspiran en los acuerdos alcanzados en la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz (Nairobi, 1985), y en la Plataforma de Acción aprobada por la IV Cumbre Mundial para la Mujer (Beijín, 1995).

A partir de la década de 1990, Guzmán (2012: 15) encuentra que en casi todos los países en América Latina, a nivel ejecutivo, se formaron mecanismos responsables para el adelanto de las mujeres las cuales tenían por objeto promover políticas orientadas hacia la igualdad de género y el respeto de los derechos humanos, alcanzando posicionarse en los diversos niveles jerárquicos de gobierno. La mayoría de las instancias cuenta con Planes de Igualdad de Oportunidades, verdaderas cartas de navegación para la incorporación del género en las políticas públicas y el establecimiento de vínculos con los distintos poderes del Estado (Guzmán, 2001; Guzmán y Bonan 2003; Fernós, 2010). México no es la excepción.

Para el caso mexicano, derivado de la adopción del modelo neoliberal por un lado, y por el otro el régimen político que mantuvo el poder por más de 70 años, no permitieron una verdadera democratización del sistema. Sin embargo a partir del decenio de la mujer y décadas de los ochenta y noventa del régimen priista se suscitan actividades promovidas por activistas mexicanas que procuran la implementación de instancias de acompañamiento y defensa de los derechos de las mujeres.

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Al transitar de un régimen priista al panista en la esfera nacional en el año 2000, se supondría que existirían avances en materia de inclusión y transversalización de género en la vida política y social del país, sin embargo los resultados fueron poco alentadores (Tarres, 2001 y 1998). Aunque en los noventa se realizaron diversos acercamientos con funcionarias, representantes legislativas y militantes de los diversos partidos (Tarres, 2005a), en el 2001disminuyeron sus posibilidades para incidir en las decisiones estatales (Guzmán, 2012; 291), fue prácticamente un retroceso. El logro más sobresaliente fue la implementación del Instituto Nacional de las Mujeres, el cual se crea el 12 de enero del 2001. Su fundación se basó en la idea de que el ejercicio de los derechos de las mujeres como ciudadanas es un requisito para la democratización del país, la creación de este instituto ha sido una de las expresiones que más han contribuido a la inclusión de la perspectiva de género dentro de las agendas de gobierno, ya que no solo fue un proyecto propio para la administración pública federal sino además se implementaron y dio seguimiento a institutos de mujeres en los estados así como en los municipios.

Haciendo un recorrido breve, partimos del enfoque de Mujeres en el Desarrollo, Género en el Desarrollo, nos detuvimos en el enfoque de empoderamiento y llegamos a la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas. Este camino, cabe señalar, que en efecto alude a un modelo desarrollista occidental, a lo cual se han sumado una serie de críticas en torno a que estos modelos responden a la realidad de un tercio del mundo, colonizando de forma discursiva las heterogeneidades materiales e históricas de la vida de las mujeres del tercer mundo.

De acuerdo con Suarez (2008), la crítica a los modelos de desarrollo occidentales giran en función de que existe una colonización del denominado feminismo hegemónico etnocéntrico, el cual de acuerdo con el discurso occidental, cuestionan a mujeres indígenas, negras, islámicas, etc., por anteponer sus intereses colectivos, raciales, étnicos y/o religiosos ante sus demandas de género. No consideran los dinamismos sociales y culturales contemporáneos propios de una realidad compleja.

Para fines de esta investigación se decidió abordar los modelos MED y GED para rescatar de cierto modo el contexto histórico por el cual surge la perspectiva de género en las políticas públicas y de esa manera llegar al análisis del programa PESA, en una comunidad indígena.

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