Los efectos del círculo virtuoso relanzado por la interacción entre el cambio socioeconómico, las oportunidades políticas y la moviliza- ción durante la parte final del franquismo tuvo evidentes límites.
Se vio entorpecido por importantes obstáculos estructurales. Sobre todo en aquellas provincias del país en las que las arrolladoras manifestaciones del cambio tuvieron una expresión más modesta.
Por ejemplo, en el caso de Albacete, el modelo de desarrollo econó- mico desigual y especialmente dirigido a aquellas zonas con una base industrial preexistente y la exclusión de las políticas de plani- ficación indicativa, limitó los efectos de las transformaciones socioeconómicas sobre la provincia. En ésta, la década de los sesenta se caracterizó, a excepción de la capital provincial de algu- nos de los municipios mayores, por la masiva emigración, el retar- do económico y el atraso social y cultural. En Albacete, el Plan de Estabilización no encarnó el gozne que abrió la escotilla del "mila- gro económico" de la provincia. Más bien, representó el inicio de la agudización de un proceso de abandono del medio rural ya iniciado inmediatamente después de la guerra civil. Según la OS albaceten- se, en 1960, las "repercusiones propias del Plan de Estabilización han creado en algunas zonas de nuestra provincia una situación grave, originando el que nuestros trabajadores se vean en la nece- sidad de emigrar a otras regiones donde cuentan con grandes fac- torías o centros fabriles en busca de la ansiada colocación". Quince
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años después de esta comunicación, en 1975, de los ochenta y seis municipios de la provincia, únicamente la capital, Almansa y Madrigueras, habían resistido la cuchillada de la emigración. Ésta desangró a una provincia de la que marcharon unas 21o.000 perso- nas entre 1940 y 19751
Durante la década de los años sesenta la provincia de Albacete fue testigo de una cierta reducción de los efectivos empleados en el sector primario. La mano de obra dedicada a faenas agrícolas dis- minuyó en un 29 por ciento entre 1950 y 1975. En el mismo inter- valo de tiempo los efectivos empleados en el sector secundario y en el terciario aumentaron en un 21 y un 16,1 por ciento respectiva- mente (Gómez Herráez, 1996, '68). Aun así, en 1967 la mitad de la población activa se dedicaba a la agricultura, el 22,3 por ciento a la industria y el 27.6 por ciento a los servicios. En realidad, la provin- cia de Albacete nunca pudo superar su regazada posición de salida en los albores del proceso a finales de los años cincuenta. El resul- tado fue, por un lado, la permanencia de un sector agrario total- mente arcaico, con preponderancia del latifundio y muy mal explotado. Por otro, la "ausencia casi total de empresas de verdade- ra importancia" en un océano preindustrial en el que predominó
"la gran atomización" y en el que "la mayor parte de las instalacio- nes que existen son un auténtico minifundio, y en un porcentaje alto de carácter puramente familiar y artesano" 2.
Para algunos autores el "tamaño de las empresas influyó deci- sivamente a la hora de que se produjeran o no huelgas". Entre 1968 y 1974. un 67,4 por ciento del número total de conflictos tuvieron lugar en centros con más de cien trabajadores (Mateos y Soto, 1997, 44). Por esta razón no extraña, como dijo la OS provincial, que la
"distribución de la población activa y el reducido tamaño de los establecimientos industriales [...] producen que el desarrollo de la vida laboral discurra por cauces de general normalidad". En 1967 la Policía resaltó la inexistencia de "conflictos laborales planteados"
debido a la "escasa importancia industrial de la capital y la provin- cia con ausencia de grandes centros industriales". Esta carencia de importantes luchas sociales también estuvo directamente relacio - nada con la paz sociolaboral que la dictadura franquista puso al ser- vicio de la clase empresarial a través de la represión de los más básicos derechos de los trabajadores y la eliminación de sus orga- nizaciones de clase (Vega, 2oo2, 39).
La dispersión, el aislamiento, la eventualidad, y el severo con- trol social, hicieron casi imposible la aparición de grandes huelgas y algaradas en provincias como Albacete. Extremo este que, no obs- tante, no agotó el catálogo de conflictos. Ni implicó una absoluta pasividad, aceptación, colaboración y lealtad de la clase trabajado- ra con el poder patronal o vertical (Benito del Pozo, 1990, 113- il4).
A este respecto, la protesta suele ser "una construcción a través de los recursos disponibles de acuerdo con las posibilidades y obs- táculos presentes en un determinado entorno" (Melucci, 1988, 320.
En este sentido, el conflicto anónimo, informal y subterráneo, representó el repertorio de reivindicación y expresión del descon- tento más accesible en escenarios atrasados y empobrecidos donde las condiciones estructurales y políticas hicieron de la rebelión abierta algo excepcional (Sartorius y Sabio, 2007, 91). Sin embargo, tales formas de resistencia han recibido hasta el momento poca atención por parte de la historiografía sobre el franquismo tardío.
Esta falta de interés ha condenado a la sumisa aquiescencia con la dictadura a sujetos y grupos que a menudo sólo pudieron manifes- tar su desasosiego de forma callada e individual.
Las formas de resistencia cotidiana encarnaron una alternativa para presionar sobre cuestiones vitales en el devenir diario del centro de trabajo, como mejores salarios, rendimientos más bajos, más tiempo libre, el trato respetuoso por parte de los capataces, etcétera.
Constituyeron una importante respuesta estratégica y adaptativa de los colectivos más débiles a un entorno subdesarrollado y represivo.
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Como han dicho ciertos autores, "algunas acciones individuales
como el absentismo o el abandono del trabajo pueden ser alterna- tivas a acciones más colectivas" en determinados contextos espe- cialmente hostiles (Edwards y Scullion, 1987, 18). No en vano los repertorios de este tipo necesitaron de una mínima coordinación y nunca persiguieron cambios profundos. Pero pusieron de relieve la resistencia y falta de aceptación del orden laboral impuesto por patronos y autoridades sindicales. Representaron, en otras pala- bras, las turbulencias cotidianas de un mar aparentemente en calma (Mingo, 1994, 133).
Estas formas de lucha cotidiana, aún individuales, calladas y prosaicas, preocuparon profundamente a las autoridades de la dic- tadura. Por este motivo los gobernantes franquistas pusieron a dis- posición de los empresarios una copiosa gama de recursos legales para sancionar formas de resistencia como el absentismo, la falta de puntualidad, la indisciplina, etcétera. Así, en las fábricas, talle- res y fincas de la provincia de Albacete habitualmente se produje- ron despidos por la "ausencia del centro de trabajo sin motivo alguno que lo justifique", por el "uso reiterado de bebidas alcohó- licas durante la jornada laboral", por asistir al trabajo en un "esta- do de falta al orden y decoro", por el "menosprecio de la autoridad de los jefes inmediatos", por "discutir de manera grosera con las compañeras", etcétera 3 . Debido al falseamiento patronal, no se puede saber en qué grado los asalariados utilizaron este tipo de acciones. No obstante, parece ser que algunas de ellas, como el absentismo, llegaron a representar un problema importante tanto para empresarios como para dirigentes del Sindicato Vertical.
Por ejemplo, los trabajadores de la localidad de Almansa hicie- ron un uso tan generalizado del absentismo que la propia Memoria de la Delegación Comarcal en 1973 calificó al mismo como un acto "muy perjudicial para la industria". Por esta razón fueron muy numerosas las sanciones impuestas por "falta al trabajo sin previa justificación
ni aviso" en algunas empresas del Calzado de dicha localidad como Garcimar, Lacarcel, etcétera. En este municipio, el absentismo laboral quedó escondido muchas veces en las visitas al médico. El elevado número de trabajadores que diariamente dejaron de traba- jar para ir al centro de salud llevó en 1969 a los facultativos del municipio a quejarse de la "grave interferencia que a su labor supone el elevado porcentaje de cazarrecetas o cazabajas y de otros usuarios sin una sintomatología que justifique la utilización de los ser- vicios" 4 . Tan generalizada fue esta práctica que los empresarios tuvieron que recurrir a "una interpretación de la Dirección General de Trabajo en virtud de la cual sólo tienen obligación de retribuir dieciséis horas al año" de las perdidas por los desplazamientos al médico. Hecho que "creó un gran malestar entre muchos trabaja- dores" pero que, según los mandos locales del Vertical, consiguió corregir "muchos abusos existentes, habiendo descendido nota- blemente el absentismo laboral que ello producía". Ante la dimen- sión del problema, los empresarios almanseños llegaron a adoptar medidas implacables para erradicar esta práctica de disensión obrera. En octubre de 1976 la UTF de la Piel denunció que "algunas Empresas de Ramo de esta localidad mantienen el criterio de no conceder vacaciones anuales retribuidas a aquellos trabajadores que durante el año natural han permanecido determinados peno- dos en baja por enfermedad o accidente de trabajo o accidente no laboral" 5.
El absentismo también fue una práctica extendida en la cons- trucción. El presidente de este Sindicato Provincial se quejó en
1975 de la proliferación de "demasiados accidentes sin secuelas".
Ante la habitual repetición de hechos de este tipo, la empresa cons- tructora del Talave impuso que "al negociar un nuevo convenio colectivo, se estudien medidas severas para combatir la simulación de accidentes". En algunos puntos de la provincia de Albacete el absentismo llegó a ocasionar un "grave perjuicio" y una "carga
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notable", según algunos empresarios del sector, por las "horas de trabajo perdidas en detrimento de la producción, y los gastos que suponen las cargas de la Seguridad Social". No en vano, un estudio realizado por la Escuela de Organización Industrial calculó que las horas perdidas durante el año 1976 por razones de absentismo fue- ron veinte veces superiores a las perdidas en conflictos laborales abiertos. Ejemplo de la capacidad disruptiva de una acción anóni- ma aparentemente muy poco contenciosa como fue el absentismo.
Desde finales de los años sesenta el absentismo se convirtió en un instrumento de autodefensa obrera contra la alta siniestrali- dad, las precarias condiciones laborales y las largas e intensas jor- nadas de trabajo. Según la empresa constructora del túnel del Talave, el "elevado número de accidentes simulados acaecidos a finales de 1972" respondió al deseo de los trabajadores de "utilizar como festivos los días comprendidos entre 2 y 5 de enero" y "evitar trabajos al aire libre en los días más crudos de frío". En este senti- do, el absentismo representó un escape, un descanso tomado por cuenta propia, que reveló una especie de revancha contra el patrón.
Desquite que se intentó cobrar un miembro del jurado de empresa de Cementos de la Mancha, despedido por amenazar con reducir su rendimiento porque "en el trabajo no me engañan" 6 . Igualmente, pareció tomarse un descanso el trabajador de Villarrobledo que
—según la empresa— durante una "simulada enfermedad asistió, tarde y noche, a sendas representaciones teatrales que se celebra- ban en esta localidad". Actitudes que, en última instancia, remiten a la pervivencia de una economía moral entre la clase trabajadora de la provincia. Ante la imposibilidad de presionar colectivamente al empresario, ésta intentó recuperar un balance más justo entre el esfuerzo realizado, las horas trabajadas y el salario recibido.
La animadversión subterránea contra el patrón también salió a la superficie mediante la realización de destrozos, sabotajes y hurtos.
Entre otros muchos ejemplos, el jurado de empresa del túnel del
Talave pidió la revisión de la "instalación de aseos y servicios de talleres en los cuales han sido arrancadas las cerraduras y cadenas de los váteres". En Villamalea, el destrozo de caminos llegó a tener tales dimensiones que los burócratas verticalistas pidieron al Ayuntamiento "tomar medidas y acometer esta cuestión de forma firme [...1 con la debida fuerza y autoridad". El propietario de la finca Los Pandos, en Almansa, despidió a uno de sus peones porque
"intencionadamente, a mala fe, ha arrancado de una viña 181 vides, habiendo dañado otras tantas, por lo que el acto debe ser considera- do de sabotaje a la empresa, ya que en anteriores veces que ha labra- do la misma viña no ha rozado ni una sola cepa" 7. El hurto fue especialmente destacable en el campo, sobre todo en las fincas de los potentados locales. En 1967 el delegado de la OS informó que un grupo de terratenientes de la comarca de Vifiarrobledo "se han per- sonado en mi despacho para manifestar que los daños y hurtos en sus cosechas son constantes, y hasta el punto de que si no se les ponen remedio inmediato, se verán obligados a dejar de cultivar". Antes, en 1963, los mayores propietarios de Bogarra ya habían reclamado insistentemente el control estricto de los campos por parte de la Policía Rural, porque éstos estaban siendo "Pasto de las garras de los malhechores". Pero tal control no fue fácil cuando hechos de este tipo se escondieron en el anonimato facilitado por la solidaridad comuni- taria. Por ejemplo, en 1963 unos letreros apostados junto a la propie- dad de un pequeño agricultor de Vifiamalea decían "A vuestro amigo y compañero no perjudicarle, no le toquéis", porque "los que habéis nacido en el polvo de la tierra sabéis que todo pertenece al que la tra- baja"8 . Es más, mientras que algunas prácticas de resistencia fueron encubiertas y legitimadas por los vecinos, aquellos encargados de reprimirlas recibieron la animadversión, la difamación o la burla de la comunidad. Así ocurrió en 1975, cuando la Comisión de Vigilancia Rural creada en Villamalea "para ir solventando los problemas que se suscitasen en el campo", no resultó "eficaz para solventar los
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mismos, ya que incluso ningún vocal quiere formar parte de la Comisión por no tener que llegar a enfrentarse con asuntos que no son nada agradables".
También existió el boicot, el manifiesto desinterés en el traba- jo y la reducción del rendimiento. Actitudes de este tipo fueron intolerables para el jurado de la empresa textil Ibermoda. En junio de 1974 dicho jurado acordó sancionar a seis operarias por "cambiar hilos a los bolsillos de unas prendas y no poner interés en el traba- jo". Fueron habituales las denuncias patronales por "falta de pun- tualidad al trabajo" y "disminución voluntaria en el rendimiento de la labor". Entre otros muchos, éste fue el caso del operario de la empresa Lacarcel, que en 1971 fue amonestado por la "disminución voluntaria y continuada de rendimiento". Ejemplos, en definitiva, que hacen pensar que cada forma de producción y de obtención del salario generó su propias. adaptativas y distintivas, formas de calla- da resistencia y "contraapropiación" (Scott, 1986,31).
Las necesidades materiales de una clase trabajadora albace- tense, con "mucho miedo y muy poco pan" 9 , hicieron de la adapta- ción a las circunstancias cotidianas una necesidad casi perentoria.
En este escenario, las demandas más modestas pudieron ser más fácilmente alcanzadas a través de prácticas silenciosas. Es decir, mediante acciones que no desafiaron directamente al patrón y que se escondieron detrás de la máscara de la pública aquiescencia. Por ejemplo, una operaria de las cadenas de producción de la industria textil no levantaba la cabeza de la máquina cuando el jefe o el encar- gado rondaban por la planta. Sin embargo, cuando la mirada de escrutinio de ambos desaparecía, era el momento de descansar, de hablar con los compañeros, de contar chistes, mofarse de los jefes, hacerles copitilas o cantar. Ésta era la única posibilidad de adapta- ción pragmática a los frenéticos ritmos demandados por el patrón.
De ahí la nota que el gerente de la firma de Calzados Lacárcel entre- gó a una de sus trabajadoras en 1967. Según la cual debía "tener
presente que para trabajar y poder sacar la producción encomenda- da, no le será permitido, entre otras cosas, el cantar durante el trabajo, mantener conversaciones impropias de su cometido o mantener cualquier otra actitud que perjudique los intereses de la empresa". al "estar el resto de la plantilla pendiente de su conver- sacióny por lo tanto desatendiendo cada cual sus obligaciones" 0.
Se trató, en líneas generales, en todos los casos citados con anterioridad, de un conflicto soterrado en el que el asalariado no manifestó abiertamente un desafío al control empresarial. Más bien fueron acciones defensivas y antipatronales en las que el tra- bajador intentó eludir de forma callada la autoridad de aquel.
Resistencia brechtiana, como diría James Scott, en forma de auto- defensa y autoayuda que pretendió obtener puntuales mejoras en las condiciones laborales sin recurrir al conflicto directo con empresarios y autoridades. Sin embargo, la conflictividad indivi- dual también manifestó otra cara más frontal y disruptiva para el orden empresarial. Nos referimos a aquella relacionada con los conflictos de carácter disciplinario. De esta suerte, desde la segun- da mitad de los sesenta, aumentaron los despidos disciplinarios en la provincia. Habitualmente éstos fueron maquillados por las auto- ridades bajo una eufemística "incompatibilidad de caracteres".
Detrás de dicha incompatibilidad se escondieron faltas de indisci- plina, desobediencia, insultos, e incluso agresiones a los empre- sarios o encargados. Todo lo cual reprodujo un enfrentamiento abierto entre algunos operarios y sus jefes que en muchas ocasiones llegaron a cuestionar la autoridad patronal. Entre otros casos, en 1969, la empresa García Lorente advirtió a una trabajadora de que
"como vuelva a faltar el respeto al gerente de la empresa, con insul- tos impropios de una persona, será motivo de despido inmedia- to"". También López Vera amonestó a una de sus trabajadoras porque "habiéndole ordenado el jefe de su taller a dicha producto- ra que se sentara en su mesa, ésta le contestó que no quería". En la
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empresa textil Hijos de Ginés Pérez hubo sanciones de empleo y sueldo a una trabajadora por "haber desobedecido una orden del Encargado de Almacén". Insubordinación que en ocasiones estalló en amenazas y violencia contra los jefes y encargados. Así, en la Junta de Conciliación un empresario de la construcción se negó a readmitir en octubre de 1969 a un trabajador despedido por
"haberlo insultado el demandante y amenazarlo con una navaja y un serrucho". En 1965 un trabajador villarroblense se despidió "con gestos despectivos" de la oficina local de la OS "no sin antes haber- se expresado en forma violenta y despectiva hacia la Organización Sindical, Magistratura de Trabajo y Tribunal Central de Trabajo".
Entre otros ejemplos, en marzo de 1966 la Policía Rural de Casas Ibáñez denunció a un enlace por el "mal trato que dio a las jerar- quías de la Organización Sindical y al propio jefe de la Hermandad que se encontraba presente" 12•
En definitiva, las formas más o menos discretas de manifesta- ción del descontento analizadas en este apartado parecen sugerir un menor apoyo y legitimación social de la dictadura franquista de la que cabría suponerse en atención a las escasez de expresiones colectivas, visibles y notables, del malestar y de la protesta. Por consiguiente, como sugieren ciertos autores, "focalizar la atención meramente en las expresiones manifiestas de desafío ofrece una falsa impresión de generalizado apoyo y legitimidad del régimen"
(Eckstein, 1989, 3o).
. EL GRITO AHOGADO DEL CAMPO
La centralidad que en el estudio de la segunda parte de la dictadura franquista han ostentado los grandes cambios económicos y socia- les ha contribuido a oscurecer otras parcelas importantes para un conocimiento más profundo del periodo. Éste es el caso de los
comportamientos de aquellos sectores más rezagados en la moder- nización socioeconómica que han quedado postergados en los aná- lisis del cambio social durante el franquismo tardío. En este sentido, la tendencia a contemplar a los actores colectivos de la parte final de franquismo como epifenómenos acompañantes de una modernización que se desplegó por su propio empuje y ritmo ha llevado a la par cierta marginación historiográfica en el análisis de los colectivos anclados en el medio agrario y rural (Sartorius y Sabio, 2007, 228-229).
La historia social sobre la parte final del franquismo ha tendi- do a identificar acción colectiva y conflicto industrial. En base a dicha relación casi unívoca han pasado desapercibidas diversas formas y manifestaciones del descontento enraizadas en las for- mas de vida y culturas de las sociedades rurales. Según el ya clásico argumento de Charles Tilly y sus colaboradores, los repertorios de acción colectiva desarrollados en la Europa de los siglos XVIIIy XIX dejaron paso, conforme avanzó el siglo XX, a formas de conflicto típicamente industriales. Estas nuevas formas fueron resultado de la industrialización, la urbanización y la proletarización por un lado, y del crecimiento del Estado-nación y de la institucionaliza- ción de la democracia liberal por otro (Tilly, 1978, 8-96). Sin embargo, difícilmente se puede hablar de una evolución lineal y unívoca de los repertorios de la acción colectiva aplicable a la España de los años sesenta, donde la pujanza de dichos procesos de modernización fue discontinua y desigual. Por tanto, las tradicio- nales categorías de división y clasificación de la acción colectiva en función de su carácter reactivo o primitivo y proactivo o moderno, tienen poca validez en la realidad rural de la parte final del fran- quismo. Es más, aunque en los diferentes ciclos de protesta se sue- len producir innovaciones estratégicas y discursivas, éstas quedan limitadas a la pequeña escala. Habitualmente los descontentos recurren a repertorios de acción cercanos, aprendidos, insertos en