Comunidad Valenciana: relación entre la economía social y el medio rural
3. Dos prioridades: la iniciativa privada empresarial y la mejora de las políticas públicas de desarrollo rural
3.2. Las políticas públicas de desarrollo rural 1
El desarrollo rural es un concepto amplio y complejo pero que, en líneas generales, se refiere al proceso de mejora de las condiciones de vida de la población rural a partir de acciones emprendidas en los ámbitos sociodemográficos, económicos, culturales y medioambientales. Su desarrollo en el ámbito de la política europea ha experimentado importantes mejoras en las últimas dos décadas, desde que el desarrollo rural pasara a conformar el segundo pilar de la PAC. Con todo, los avances producidos en el ám- bito del desarrollo rural en estos años han sido insuficientes y muy desiguales entre
1. Seguimos en este punto las conclusiones del informe del CES de España (2018).
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regiones, debido en buena parte al escaso peso del desarrollo rural en el conjunto de las políticas europeas. Además, la política europea de desarrollo rural ha mostrado limitaciones para incorporar los nuevos retos que han ido surgiendo, como la globa- lización, las nuevas tecnologías, la agudización de los problemas de despoblamiento de las zonas rurales o los requerimientos medioambientales, entre otros. Cuestiones, todas ellas, que están siendo debatidas en el ámbito de reforma de la PAC.
En relación con el problema específico del despoblamiento de las zonas rurales, algunos organismos europeos han solicitado una mayor atención a los retos sociode- mográficos en la configuración de las futuras prioridades europeas. Todo ello teniendo en cuenta que la reciente crisis financiera ha tenido un fuerte impacto en las políticas sociales de las zonas escasamente pobladas y con baja densidad de población y que, además, según las proyecciones demográficas y económicas realizadas por la Comisión Europea, el número de regiones “menos desarrolladas” aumentará en los próximos años, lo que nos aleja del reto de la cohesión territorial.
Por todo ello, el CES estima que sería conveniente un compromiso aún mayor por parte de la Unión Europea ante los restos que plantea el despoblamiento y el desarrollo rural en su conjunto, mediante la puesta en marcha de una estrategia eu- ropea sobre el cambio demográfico que incorpore el problema del despoblamiento, que cuente el suficiente respaldo de los programas de financiación europeos, que mejore la coordinación entre los mismos y que trate además de mejorar su eficacia, en línea con las recomendaciones de organismos europeos como el CESE o el Parlamento Europeo.
España, por su parte, cuenta con una política nacional de desarrollo rural desde 2007, la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (LDSMR), que fue dictami- nada por el Consejo Económico y Social. Esta Ley, sin embargo, y a pesar de contar con un instrumento de aplicación, como es el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, ha carecido de una aplicación efectiva.
Las principales medidas de políticas públicas adoptadas para el desarrollo econó- mico, social y medioambiental de las zonas rurales en España son, por tanto, las inte- gradas en el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) 2014-2020 y, con carácter específico para el ámbito regional, en los Programas de Desarrollo Rural autonómicos (PDRs). Programas, todos ellos que tienen como referencia la política europea de desa- rrollo rural para el periodo 2014-2020, encuadradas en el marco de la PAC.
Las evaluaciones sobre el grado de aplicación y desarrollo del PNDR, si bien se refieren a los primeros años de su aplicación, muestran que el ritmo desarrollo está siendo lento y desigual en relación a las medidas, dando como cómputo global un nivel de ejecución bajo, lo que implicaba un riesgo elevado de incumplimiento de los objetivos del PNDR para el final del periodo de su programación. Lo cierto es que no se trata un problema nuevo. Así, el Informe de seguimiento de los PDRs para el periodo 2007-2013, elaborado por el Ministerio de Agricultura, ponía de manifiesto que la eje- cución financiera acumulada de los programas regionales para dicho periodo, apenas alcanzaba el 66,5%.
España, pues, carece de una política rural de Estado, dada la inaplicación efectiva de la LDSMR, y ha venido cubriendo este vacío político y legislativo únicamente con la aplicación de la política comunitaria sobre desarrollo rural cuyo grado de ejecución, sin embargo, viene siendo bajo y desigual a nivel territorial. Ante este hecho, y dada la gravedad de la situación de las zonas rurales, se han puesto en marcha diversas iniciativas. Así, la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Con- greso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, en febrero de 2017, en la que se insta al Gobierno a reactivar y aplicar de forma efectiva la LDSMR y a adoptar las medidas incluidas en la misma.
Por otro lado, y con carácter más específico, la agenda política ha incorporado la problemática del despoblamiento de las zonas rurales. En 2015 el Senado creó una comisión específica al respecto en la que hicieron propuestas de medidas dirigidas a combatir el despoblamiento. Más recientemente, la Conferencia de presidentes, en su reunión del 17 de enero de 2017, acordó impulsar medidas específicas al respecto y encomendó al Gobierno de la Nación, con la colaboración de las distintas Administra- ciones Públicas, la elaboración de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico de naturaleza global y transversal. El Gobierno, por su parte, aprobó el Real Decreto 40/2017, de 27 de enero, por el que se ha creado la figura del Comisionado del Gobier- no frente al Reto Demográfico, que se encargará de elaborar y desarrollar dicha Estra- tegia Nacional, la cual ha de recoger el conjunto de propuestas, medidas y actuaciones necesarias para alcanzar el equilibrio de la pirámide poblacional.
En definitiva, no cabe duda de que las zonas rurales configuran una fuente de riqueza económica, cultural y social que, sin embargo, se ha visto mermada en los últimos años. El deterioro y empobrecimiento de la economía, el empleo o las infraes- tructuras sociales de las zonas rurales, entre otros, ha mermado la calidad de vida de su población, dando como resultado un serio problema de despoblamiento rural que no hace sino ahondar en dicho deterioro. Y sin embargo, el desarrollo rural en España es vital, no solo para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las zonas rurales, sino también el del conjunto del territorio nacional.
La mayoría de los problemas de las zonas rurales, sin embargo, no son nuevos. Ya una década atrás la LDSMR hacía un diagnóstico de estos territorios que no ha cam- biado, aunque sí empeorado en los últimos años, lo que hace necesario un esfuerzo mayor del que se ha venido desarrollando con el fin de poder paliar esta situación.
Por todo lo anterior, es necesario retomar e impulsar de manera decidida la LDSMR con el fin de tener una estrategia de país que, además, guíe y adapte al ámbito nacio- nal las orientaciones y directrices procedentes de la Unión Europea. Se hace necesario, además, la puesta en marcha de medidas consensuadas en el marco de la Estrategia Nacional, con el fin de contribuir a un tratamiento amplio y transversal de este proble- ma. Para el CES sería necesario asimismo mejorar el grado de ejecución y desarrollo del
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PNDR con el fin de maximizar la eficacia y eficiencia de las ayudas europeas dirigidas a mejorar el desarrollo rural.
A este respecto, resulta patente la necesidad de avanzar en un esquema de go- bernanza basado en el principio de cooperación que, con pleno respeto a la distri- bución territorial y administrativa de competencias en vigor, facilite un desarrollo e implementación eficaz del conjunto de políticas relevantes para el medio rural que se llevan a cabo en España. En este sentido, el CES entiende que se trata de avanzar en la cooperación vertical y horizontal entre administraciones para el desarrollo rural.
Aquí las administraciones locales tendrían un papel destacado, pudiendo incluso po- ner en marcha mecanismos interadministrativos para ayudar a la puesta en marcha y financiación de actuaciones.
En paralelo a la mejora de la gobernanza de las políticas rurales, se debería avanzar en el desarrollo de políticas de evaluación con el fin de garantizar no solo el control de la ejecución del gasto, sino también para aumentar en la racionalidad, eficacia y eficiencia de las políticas públicas dirigidas a mejorar el desarrollo rural, y todo ello sustentado con un presupuesto nacional que sea capaz de complementar adecuada- mente las ayudas procedentes de la PAC.
El CES considera que, en la situación global económica y social en la que nos encontramos, es imprescindible el refuerzo de medidas públicas y de la iniciativa pri- vada para garantizar el bienestar de la población rural en España, porque ello tendrá una repercusión positiva a todos los niveles en el conjunto del territorio nacional y comunitario. Solo desde una perspectiva integral de modernización, planificación y actuaciones de desarrollo integral que favorezcan el crecimiento económico, del em- pleo, adecuación y mejora de las estructuras agrarias e infraestructuras rurales, de los planes educativos y formativos y de los servicios sociales y sanitarios (entre otros), se podrá lograr el asentamiento poblacional, especialmente de jóvenes y mujeres, que el medio rural español necesita.