Nueva gestión pública

La Nueva Gestión Pública (NGP), empezó a usarse en México de forma experimental a partir de la década de los noventa para responder a las necesidades que la sociedad expresaba, dentro de un entorno de cambios drásticos, políticos y económicos, que incluían la precariedad fiscal.

Los gobiernos consecutivos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, incluyeron la NGP en sus agendas para evaluar y controlar resultados de las políticas y plantearon proyectos que buscaban pasar de la planeación tradicional a procesos de planeación y gestión estratégica.

A pesar de ello no se tocaron las estructuras de las agencias, ni delegaron autoridad (Cejudo, 2011: 37-40).

En esa época, la adopción de la NGP no formó parte de una estrategia o plan coordinado por el Gobierno Federal, por lo que solo fue implementada en algunos municipios y dependencias (Cejudo, 2011). Actualmente, la NGP forma parte de la política nacional ya que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 busca la aplicación de una gestión por resultados, utilizando la planeación estratégica, como herramienta.

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Según Ramírez y Ramírez (2010:86): “la nueva gestión pública es un cuerpo teórico que aglutina un gran número de propuestas en torno a si misma”. Por su parte, para algunos autores no resulta ser tan novedosa, por ejemplo Bañon (1997), Gruening (1998) y Arellano (2004).

Para Bañon (1997, citado en Ramírez y Ramírez, 2010:86), esta percepción se debe a que la NGP “refleja la concepción de estado y los movimientos políticos que la sustentan” y para otros, se debe a que incluye propuestas que ya habían sido desarrolladas anteriormente (Gruening,1998, citado en Ramírez y Ramírez, 2010 y Arellano, 2004).

En contraste, las razones principales por las que se considera novedosa la NGP son: la posibilidad de mezclar conceptos, herramientas y propuestas; su búsqueda de pragmatismo; el análisis del entorno; prescripciones que se centran en la privatización, descentralización, recortes presupuestales, evaluación de desempeño, subcontratación y separación entre producción y provisión (Ramírez y Ramírez, 2010).

Al recuperar las características del contexto como un factor clave en la actuación de las organizaciones gubernamentales, la NGP no realiza generalizaciones, es decir, no establece reglas o recetas universales. La posibilidad de proponer mejoras es resultado del estudio de problemas particulares y de la evaluación y medición de contextos específicos (Arellano, 2010).

En la práctica la NGP recupera las combinaciones que en ciertos contextos, son útiles a los tomadores de decisiones, esto implica un gran pragmatismo (Arrellano, 2011).

Además, de acuerdo con Ramírez y Ramírez (2010:94) este enfoque reconoce la influencia de la política y los juegos de poder en la toma de decisiones gubernamentales, en las que se tiene como herramientas la “negociación con grupos y agentes de la sociedad y distribución de recursos a partir de procesos de negociación” (Cabrero Mendoza, 2011:103).

Otra de las características que distinguen a la NGP de la administración tradicional, es la búsqueda de la eficiencia y legitimidad. Esta última se obtiene de la vinculación del Estado con la sociedad, de la cual se recibe demandas que la NGP considera como cambiantes, resultado de los procesos de transformación del “conglomerado social”. Aunque, el gobierno también puede promover nuevas demandas y buscar que las soluciones surjan de la sociedad misma (Cabrero, 2011:103).

La sociedad actual se considera “liberal” porque prefiere la actuación del mercado para organizar las actividades productivas, por la creencia de que el mercado responde a los deseos individuales de forma más eficiente y adaptable. Además porque se toma a las instituciones privadas como “un baluarte frente al poder del gobierno” (Moore, 1998: 77). Debido a esta preferencia, el gobierno debe justificar su actuación y la asignación de financiamiento para la provisión de un servicio. Las dos razones principales por las que se acepta la intervención pública son: la corrección de las fallas de mercado (monopolios, competencia imperfecta y externalidades) y la provisión de un servicio o derecho para todos los ciudadanos, como una cuestión de justicia. Asimismo, el gobierno debe tener como meta por excelencia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida, ya que se demostró que el mercado establece relaciones desiguales y hace grandes sacrificios sociales, principalmente en las fases depresivas del ciclo económico y no respeta los límites ecológicos del planeta (Ibarra, 1990; Moore, 1998).

La legitimidad de la actuación del gobierno en la gestión integral de RSU, proviene de la falta de capacidad del mercado para corregir las externalidades negativas generadas por los residuos, es decir, los efectos externos de las actividades de producción y consumo de las unidades económicas, que afectan valores de interés público (Moore, 1998 y Bifani, 1999). Los temas de interés público, idealmente son construidos por los ciudadanos y sus organizaciones mediante el diálogo y la concertación, se expresan en la constitución política, que es el “proyecto de nación” (Sánchez Albavera, 2003:27). Tradicionalmente se reconoce que la gestión de RSU, produce dos valores: la limpieza y la protección de la salud pública (Moore, 1998). Aunque, en la actualidad, también se reconoce la importancia de la gestión de los residuos en el cuidado del ambiente y por lo tanto, en el desarrollo sustentable.

En México, la LGPGIR menciona que la política en materia de prevención, valorización y gestión integral de residuos es “de orden público e interés social” (artículo 1, LGPGIR, 2003:1) al tener “por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable” (artículo 1, LGPGIR, 2003:1); así como “prevenir la contaminación de sitios con estos residuos” (artículo 1, LGPGIR, 2003:2) por lo tanto, la gestión integral de residuos sólidos urbanos es una estrategia para cuidar de la salud pública y lograr un desarrollo sustentable. También, para el caso de estudio se genera un valor no mencionado en la legislación vigente, que es el relacionado con la imagen urbana y su importancia para el desarrollo de la

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actividad turística. Este valor se menciona en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018.

Además, en los enfoque de políticas actuales de adaptación y mitigación del cambio climático, la gestión integral de RSU se considera una estrategia para reducir la generación de gases de efecto invernadero (CICC, 2013).

En la implementación de los planes y programas que buscan alcanzar los objetivos de interés público, el sector gubernamental enfrenta retos que no están presentes en el sector privado, mismo en el que se desarrollaron la mayor parte de herramientas incluidas en la NGP. Entre los principales problemas que enfrenta el sector público se encuentran que: no siempre se logra dar un “buen servicio” administrando adecuadamente los recursos disponibles generando insatisfacción en los grupos de interés; muchas veces no se tienen bien definidas las misiones, lo que genera una multiplicidad de responsabilidades asignadas; de igual forma se presenta el

“clientelaje”, que es el uso de recursos para la “manipular las necesidades” y conseguir respaldo, afectando el funcionamiento de las instituciones; además de la correlación de fuerzas sociales, conformación de grupos de poder (Sánchez Albavera, 2003).

Todos estos factores internos y externos, influyen en la administración pública y son difíciles de manejar y controlar, por lo que se deben considerar en los análisis necesarios para diseñar planes y aplicarlos. El enfoque de la gestión estratégica brinda los elementos que deben considerarse en el análisis de problemas o responsabilidades asignadas al sector público (Sánchez Albavera, 2003). El cual se describe a continuación con la finalidad de completar el marco de referencia de esta investigación.