Precisiones al tema investigado - tesis - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

85 De acuerdo a figura 5, los datos obtenidos indican que existen palabras

más destacadas del procesamiento del cuestionario de profundización de la

entrevista, en esta parte considera diez hitos que presentan los siguientes

resultados: acción social 47 veces, acciones legales 25 veces, características

de las esterilizaciones 28 veces, condiciones familiares 19 veces, ejecutores de

la esterilización 35 veces, problemática de ejecución 30 veces, procedimiento

de la esterilización 11 veces, reviesfo 6 veces, situación actual 38 veces y

finalmente tipología de la esterilización 18 veces, que en resumen significa

también los procesos ocurridos durante la esterilización forzada.

86

centro salud, luego me quitaron mi hijo y ya no nos dejaban salir () de ahí nos pasaron a una sala, me pusieron anestesia, ya no sé qué más nos habrán hecho dormidas, cuando desperté me dolía la parte baja del vientre, ya me habían cortado y busqué a mi hija, me entregaron, luego me devolvieron con otro carro a mi casa. (Testimonio en quechua, abril 2021, registrado en el distrito de Jesús Nazareno)

La hipótesis 1, que la esterilización forzada fue una realidad, se corrobora con las evidencias de los daños sufridos por las personas sometidas al proceso de planificación familiar de la AQV, como se observa, además, en el conjunto de testimonios recogidos de varones y mujeres de Huamanga; los mismos que adquieren una connotación especial para el presente estudio, ya que quienes padecieron estos crímenes fueron mujeres y varones de las zonas sumidas en la pobreza, exclusión, marginación y afectados, además, por el conflicto armado interno que asoló y desangró a la población pobre (Defensoría del Pueblo, 1999).

El departamento de Ayacucho, con su capital Huamanga, fueron los principales epicentros de la violencia política, generando grandes afectaciones a la infraestructura productiva, educativa, así como daños personales, físicos y psicológicos, entre otros. Las mujeres afectadas, muchas de ellas, son precisamente quienes padecieron el conflicto armado interno, de distintas formas, incluyendo las esterilizaciones forzadas, dado que el personal de salud no les informó oportunamente y mucho menos las prepararon bajo medidas sanitarias adecuadas.

Por otro lado, bajo el contexto de la posviolencia subversiva, las etapas posoperatorias, correspondientes a las esterilizaciones, generaron un deterioro de las familias; muchas terminaron en separaciones de parejas o con familias expuestas a daños físicos y psicológicos. Una gran cantidad de personas presentaron graves afectaciones de daños corporales, como se evidencia en los testimonios recabados.

Los impactos son múltiples, siendo las mujeres del campo, en su

mayoría, las que han tenido mayores afectaciones. En este grupo se

encuentran una gran cantidad de divorcios con muchas familias desamparadas

por esta causa, con hijos abandonados y que han sufrido perjuicios

económicos y psicológicos. Por otro lado, las mujeres sufren pérdidas

87 económicas, porque ya no pueden hacer las mismas actividades, no pueden

“hacer peso”, no pueden tener las mismas actividades sexuales; además las mujeres han sido las más estereotipadas por sus comunidades, por la familia, entre otros segmentos sociales, quienes las tildaban de “machonas”,

“caponas”, entre otros adjetivos (Bolaños, 1998).

La forma de cómo un programa de planificación familiar se desnaturalizó en lo que hoy conocemos como las esterilizaciones forzadas y que, peor aún, se replicó sistemáticamente en diferentes espacios rurales y urbano marginales, hace que el tema sea complejo en su discusión. Lamentablemente, se han presentado innumerables resistencias a reconocer los delitos cometidos, y a pesar de que se pueda reconocer el daño ejercido sobre las víctimas es inevitable no pensar ¿cómo podemos reparar el inconmensurable daño a varones y mujeres esterilizadas? Dado que el Estado está en el deber de resarcir esos daños.

Por otro lado, aún existe una fuerte correlación entre las relaciones de género, la situación socioeconómica y la práctica generalizada de esterilizaciones realizadas a mujeres más vulnerables. Por ello, nos encontramos frente a casos que constituyen una vulneración de los derechos a la vida, salud, integridad personal, autodeterminación de la persona, pero también estamos frente a un caso de violencia basado en el género con instrumentalización del cuerpo de las mujeres en situación de vulnerabilidad, enmarcadas en un contexto aún más grande de violencia sistemática y estructural, así como de discriminación por razones económicas y hasta étnicas (Ramos P., 2006).

En ese contexto existió una situación de impunidad y de protección a los

perpetradores de los delitos estudiados en este trabajo, pues, aún a la fecha,

no hay justicia para las mujeres afectadas pertenecientes a comunidades

indígenas y en situación de pobreza, por lo que su nivel de afectación y

vulnerabilidad es alto, siendo, como ya se ha manifestado, marginadas y

excluidas de los sistemas de justicia. Lo más grave es que, a pesar de las

evidencias, no son atendidas por el sistema de salud estatal ni siquiera en sus

demandas de reparación (Boesten, 2018).

88 La presente investigación ha establecido que los acontecimientos de las esterilizaciones forzadas realizados en Huamanga en el periodo de 1995 al 2001 configuraron, para los derechos humanos de las víctimas, crímenes de lesa humanidad. Dichos crímenes los padecieron, en su mayoría, mujeres rurales, con la agravante que se encontraban en condición de vulnerabilidad al ser afectadas por la pobreza y por la violencia sociopolítica, lo que generó desplazamiento, zozobra social, mayor desigualdad y rompimiento de la identidad cultural (sanciones socioculturales desde el grupo social) en una población que ya venía golpeada desde la época del terrorismo (violencia sociopolítica).

En el Perú, y en particular en Ayacucho, durante los años de 1980 a 2000, se ha desarrollado y ejecutado los eventos políticos más cruentos de la historia peruana reciente, con saldos trágicos para las poblaciones rurales y en especial para Huamanga (estigmas que comparaban al campesino igual subversivo). No se olvide que Sendero Luminoso (Degregori C. I., 2010), grupo subversivo y genocida que apareció como fosforero

, irrumpiendo con detonaciones de pólvora por todos lados, todos fueron testigos de lo que destruía, no solo infraestructura económica productiva, sino que también a los liderazgos político-sociales a través de asesinatos y expulsiones. Declarada la guerra no convencional al Estado peruano, la respuesta antisubversiva no se hizo esperar dejando miles y miles de muertos, desaparecidos, migraciones compulsivas forzadas, abandono del campo y crecimiento de las ciudades, así como desorden y caos social. A este mismo proceso se sumó un crimen: las esterilizaciones a mujeres pobres y sumidas en la pobreza, violencia, migración, olvido y exclusión (CVR, 2003; Degregori C. I., 2010).

La violencia política, entre los años 1980-2000, generó una profunda crisis económica y social que, a partir de 1990, con el presidente Alberto Fujimori, se agudizó con un modelo de gobierno de corte dictatorial caracterizado por la aplicación de un conjunto de medidas autoritarias y de políticas amparadas desde una nueva Constitución, con normas hechas a la medida del Gobierno, en donde se buscaba la máxima ampliación de sus

2Personas que son recepcionados en la comunidad como PURIQ RUNA (Visitantes ocasionales a los que se les dada afecto y provisión de alimentos).

89 poderes desde un sistema corrupto, ampliamente conocido en la actualidad.

Adicionalmente, con el uso de procedimientos agresivos y de manipulación a la población, desde los medios masivos de comunicación, programas sociales y otros, dejaron como secuela un conjunto de consecuencias totalmente perjudiciales para la población y para la institucionalidad democrática (Quiroz, 2019), un desgobierno donde los derechos humanos fueron ignorados y despreciados por los operados de estado.

Se ha evidenciado que, en ese escenario, el gobierno dio una serie de disposiciones dentro del marco del Programa Nacional de Población Familiar;

inclusive consideró a esa década como “La Década de la Planificación Familiar”

(Boesten, 2018). Se asumió que, a manera de metas a corto y mediano plazo, podrían reducir ciertas poblaciones a una mínima expresión, así como el incremento poblacional a través de una regulación de la fertilidad.

Posteriormente, el programa mencionado se convirtió en la instauración y puesta en funcionamiento del “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar” (PNSRPF), cuya vida organizativa estuvo comprendida entre el año 1995 y el 2001, tiempo en el cual se sometió a esterilizaciones y castraciones obligadas a las poblaciones más vulnerables, siendo las más perjudicadas las mujeres de condición humilde, muchas de las cuales no habían planificado cuántos hijos tener, pero desde el estado se planteaba y argumentaba que las familias no podrían seguir creciendo demográficamente, fue una forma de cortar los proyectos de vida de cada una de las mujeres, no olvidemos que en el tiempo de la violencia sociopolítica se les arrebataron a sus parejas e hijos, pero en esta circunstancia se les cortaba la posibilidad de seguir creciendo como familia y comunidad.

Los trabajos revisados, concluyen que las esterilizaciones fueron

forzadas y durante un proceso planificado desde el Gobierno central, dado que

no hubo consultas previas ni consentimiento informado (nunca se utilizó el

quechua para comunicarles las consecuencias del programa) de las familias

afectadas. Entonces, las esterilizaciones fueron parte del PNSRPF ejecutado

durante el periodo de 1995-2001, en el segundo gobierno del presidente

Alberto Fujimori, desde una perspectiva de control económico y de natalidad en

el Perú.

90 Es necesario mencionar que la consumación del PNSRPF concuerda con el momento de la posviolencia (década de violencia sociopolítica) que vivió el país, y sobre todo en la región de Ayacucho, entre los años 1980-2000, proceso que fue investigado y escrito por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) y considerado como parte de los años más cruentos para la población, debido a la dimensión y fuerza de la violencia política del país. En ese sentido, además de los sucesos ocurridos, se añaden las esterilizaciones a varones y mujeres y daños de los órganos reproductivos de algunas mujeres ayacuchanas, no como parte de escenarios aislados, sino como un devenir histórico-cultural de sometimiento y de desprecio a comunidades andinas producto de un persistente y anacrónico criollismo, que dio origen a las esterilizaciones mencionadas (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003), los cuales constituyen violentación a los derechos humanos.

De acuerdo a los documentos emitidos por el Ministerio de Salud de aquel entonces, el PNSRPF se ejecutó con fines económicos para obtener una supuesta correspondencia horizontal de recursos, además, para contar con una redistribución más justa y equitativa en la población, esto motivó al gobierno de turno a trabajar acciones para luchar frente a las miserias vividas, sobre todo por las mujeres, desde la salud sexual y reproductiva (Boesten, 2018). En este escenario, devino un sometimiento a algunas poblaciones, siempre a grupos sociales minoritarios y empobrecidos, a indiscutibles procesos forzados en su salud reproductiva, con el supuesto plan de combatir la pobreza e indigencia, con “recomendaciones” de parte de los órganos de salud encargados que causaba la vulneración a los derechos y a la autonomía de decisión reproductiva de las mujeres. Además, el gobierno de turno aprovechó la coyuntura de la “Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo”

en 1994” y la “IV Conferencia de Beijing” en 1995” para que sobre esa base y de acuerdo a las conclusiones de esos eventos se tenga un pretexto para vulnerar los derechos ciudadanos en materia reproductiva (Boesten, 2018).

Asimismo, podemos observar que el conjunto de personas más

afectadas por las esterilizaciones son mujeres; siendo lo más vil que estas

fueron forzadas. Esta situación no solo cambió sus vidas, sino que trajo

mayores fragilidades económicas y no un supuesto “progreso económico”

91 familiar; resaltamos que las más afectadas eran mujeres originarias e indígenas (Lerner, 2009). Por lo mismo, se puede demostrar que existió, desde el Gobierno, una forma cínica de mentir a través de múltiples medios comunicativos y hacia distintos estratos, dado que, a nivel regional y mundial, solo se hablaba de las grandes bondades del PNSRPF y nunca de sus limitaciones; las mismas que contenían, incluso, propuestas eugenésicas y punitivas de parte de los perpetradores de los hechos (Lerner, 2009).

Los hechos mencionados se han observado en los procesos de campañas de esterilizaciones sistemáticas en poblaciones vulnerables (rurales); que incluían, para esa época, una práctica de anticoncepción quirúrgica o esterilización quirúrgica “voluntaria”

(AQV), hoy considerada como esterilización forzada por los métodos usados y por la ausencia de consentimiento o la mediación del engaño para conseguirlo, todo esto durante el gobierno de Alberto Fujimori.

En ese sentido, parecería ser que el PNSRPF se encaminó, principalmente, a un solo procedimiento de técnica de planificación familiar, el método privilegiado fue la AQV, cuyo carácter es irreversible, debido a que en la práctica implicaba un corte en la zona del útero (Informe Defensorial N° 27, 1999) y que esta forma de tratamiento ocasiona la infecundidad definitiva en la mujer. El procedimiento se realizó a través de una práctica previa, de inducción engañosa

⁴

, falsa o distorsionada e incluso con el uso de la fuerza; como tal, no existió aprobación consentida, informada, respetada o aceptable por la víctima y su familia; además, no existen, en su mayoría, historias clínicas de las víctimas, las mismas que habrían desaparecido punitivamente para que no quede huellas de los delitos cometidos en los establecimientos de salud (Defensoría del Pueblo, 2001; Boesten, 2018).

Estos hechos fueron realizados en mujeres quechuahablantes, de educación paupérrima e incluso analfabetas, a quienes se les hizo firmar un supuesto consentimiento informado en un idioma ajeno, uno que apenas conocían: “el español”. Por lo demás, estas mujeres no sabían qué es lo que se

3Es un periodo donde las mujeres no podían negarse a este tipo de prácticas, considerando los castigos a los que se sometían quienes se reusaban a cooperar con los operadores del estado.

4No olvidemos la relación vertical y autoritario de las instituciones de los representantes del Estado.

92 les hizo firmar al no entender a cabalidad el idioma en el que estaba escrito el consentimiento y al no habérseles explicado, en su idioma nativo, el documento que firmarían. Algo más, muchas de estas mujeres fueron incitadas, bajo condiciones de coacción, para que firmaran; luego, ese mismo documento desaparecería para que, al no existir historias clínicas, no se sepa, precisamente, qué ocurrió con ellas en la perniciosa AQV (Boesten, 2018).

Por lo dicho, por las huellas dejadas en el cuerpo de cada mujer sometida, por los testimonios contados y recogidos, evidenciamos el daño irreparable a la integridad física, psicológica y emocional de las personas esterilizadas, quienes fueron sometidas a la expresión extrema de la violencia al quedar discapacitadas, o muchas de ellas muertas, debido a malas praxis médicas, quirúrgicas y al no acompañamiento posoperatorio. Por otro lado, ese proceso implicó, en sus vidas sexuales, diversos problemas que devinieron en violencia familiar, al no poder tener más hijos. Asimismo, se acentuó la segregación y el estigma, acrecentando la crisis económica familiar (Ballón A. , 2015).

Evidentemente, estos hechos están descritos en los mensajes a la nación de parte del expresidente Alberto Fujimori, como el dado el 28 de julio de 1995:

Si hablamos de futuro, tenemos que hablar de planificación o control de la natalidad. Todos los niños son hermosos, son el signo de la vida, pero qué penoso es ver niños hambrientos, desnutridos, desamparados, viviendo en la calle, algunos germinando como delincuentes ¿Hay algo más dramático que esto? Está en nuestras manos obrar y obrar con realismo, con apego a la razón y no al temor que puedan infundir tabúes y mitos. Por ello, el Estado promoverá que las familias de bajos ingresos y de menor nivel educativo tengan el mismo acceso a los métodos de planificación familiar con que cuentan las clases de mayores ingresos. Sería una hipocresía hacerse de la vista gorda, sabiendo que se aplican diferentes métodos para familias de diversas clases sociales. Lo justo es difundir, he dicho difundir, a fondo, los métodos de planificación familiar. Hemos sido y seremos un gobierno pragmático, sin tabúes ni “vacas sagradas”. ¡Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino! (Fujimori, 1995; Ruiz A., 2019)

Definitivamente, este es un discurso populista y elaborado con la

finalidad de controlar a la población destacando el rol que cumplen las mujeres

en el proceso reproductivo, familiar, social y económico, lo cual servía para una

efectiva aplicación del método de planificación familiar, en el mensaje no refiere

93 la realidad multiculturalidad de nuestra nación. Esa diversidad que hace de nuestra región como territorio multiétnico y diverso, porque en ella cohabita hombres y mujeres de varios espacios territoriales.

En este escenario justificaron un proceso cruel, vistiéndolo de planificación familiar; evidentemente, no importando el cómo, sino el resultado.

Para quienes estaban en el poder representaba un peligro que nazca más gente; el crecimiento poblacional implicaba más ciudadanos que reclamaran derechos al Estado; tal vez ese fue el verdadero móvil del proyecto de esterilizaciones ejecutado.

La investigación ha develado los hechos que ocurrieron en torno a las esterilizaciones en muchas mujeres de precarios recursos económicos en Huamanga; a su vez, dar a conocer los resultados que marcaron las esterilizaciones mencionadas. Asimismo, ha desentrañado, los hechos acaecidos en torno al tema investigado para acercarnos a comprender la verdad de lo sucedido. La constatación de los hechos no ha generado algunas reflexiones de cómo o cuánto han cambiado la vida de las mujeres huamanguinas sometidas a la AQV, cuánto han logrado en el proceso de empoderamiento, en la lucha por el reconocimiento, por la justicia, reparación y dignificación tras los crímenes que abordamos en este trabajo.

Abordamos el tema de las esterilizaciones, sobre todo con mujeres,

mucho más cuando se convirtieron en procesos forzados. A través de este

trabajo podemos evidenciar el abuso cometido con las esterilizaciones

realizadas, de manera selectiva, a poblaciones más vulnerables,

transgrediendo sus derechos humanos y ciudadanos. Desde el Centro de

Desarrollo Andino Sisay, ONG que acogía al que suscribe, trabajamos con

decenas de mujeres esterilizadas pertenecientes a las regiones de Ayacucho y

Huancavelica, quienes brindaron la oportunidad de conocer sus historias

personales, sus vicisitudes, sus frustraciones, sus esperanzas y sus propuestas

personales. A través de muchas conversaciones con mujeres y varones se

obtuvieron testimonios desgarradores, con historias que describen procesos

dolorosos, de pesadilla, tanto para las personas que padecieron la

esterilización como para sus familias. Se observa, además, que a la AQV se

94 sumaba lo acaecido en los años previos con la escalada de la violencia política

en nuestro país.

Conclusiones

1. Las esterilizaciones fueron parte de una expresión de las más profundas iniquidades, manifestando claramente las injusticias sociales y culturales, históricamente negadas del desarrollo económico, excluidas y marginadas, sin acceso a calidad educativa, salud y de las otras políticas sociales que se han reproducido desde siempre, manifestando en el olvido y exclusión, en el que las mujeres llevaron la peor parte por la discriminación, con doble, triple y más afectaciones por la violencia sociopolítica que vivió el país, y en la posviolencia afectadas aún más por las esterilizaciones forzadas que finalmente este caso configura en crímenes de lesa humanidad.

Esta forma de hacer políticas públicas desde el Estado central fue naturalizado y replicado sistemáticamente, siendo complejo trabajar procesos alternativos, de construir sociedades más llevaderas con cambios reales. Es cierto que, ha habido algunas resistencias que se han dado, es inevitable, porque ha habido denuncias por valientes mujeres que estaban siendo vulnerados sus derechos. Sin embargo; no fueron escuchados ni atendidas.

Además, el sistema de implementación y ejecución de las

esterilizaciones forzadas tuvo como variables la distribución de tres

factores asociados a los crímenes de derechos humanos; en primer

96 lugar, las acciones para ejecutar la esterilización, la cual presenta una relación directa con la acción social, situación actual, consentimiento informado y condición familiar; en segundo lugar, la estrategia para ejecutar la esterilización se relaciona directamente con el programa de

PNSRPF

, la problemática de ejecutar la esterilización forzadas y las acciones legales; en tercer lugar, las esterilizaciones forzadas parten de un tipo de esterilización, que se relaciona con características de esterilización a una población que recién salía de la época de violencia sociopolítica.

La existencia de políticas agresivas de planificación familiar o de control de la natalidad se evidencia en los testimonios de las mujeres que padecieron dicho programa, los mismos que coinciden en que fueron llevadas con engaños a los establecimientos de salud, muchos de ellos ni siquiera fueron hospitales. Algunas de las víctimas presentaban complicaciones posparto, razón por la que asistían a los mencionados centros de salud con la esperanza de ser atendidas por sus dificultades en la etapa puerperal, con la idea de mejorar su salud.

En tanto estas mujeres fueron citadas por los trabajadores del sector salud de las zonas más cercanas junto a un grupo de féminas, de características similares, para entregarles víveres (a modo de soborno) y en algunos casos ser atendidas de las complicaciones sanitarias que afrontaban antes de la esterilización. Cabe destacar que estas mujeres eran de bajos recursos y vivían en zonas muy alejadas de las ciudades o incluso de los pueblos, por lo que su traslado (según testimonios de las víctimas), desde sus caseríos o comunidades, se daba en camiones y de manera grupal sin mayor cuidado, lo peor, es que eso significa el trato humillante que podía recibir una mujer para ser esterilizada.