UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA
TESIS
PRESENTADA POR:
Félix Rojas Orellana
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN ANTROPOLOGÍA JURÍDICA
Huancayo – Perú 2022
Las esterilizaciones forzadas como crimen a los derechos
humanos en Huamanga - Ayacucho 1995 – 2001
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN ANTROPOLOGÍA JURÍDICA
Mediante la plataforma de Microsoft Teams de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional del Centro del Perú, a los 12 días del mes de setiembre del 2022, siendo las 12:30 pm. se dio inicio al acto académico de sustentación de Tesis, con la presencia del Jurado Examinador: Mg. Leonardo Carlos Mendoza Mesías, Dr.
Freder Lorgio Arredondo Baquerizo, Mg. Fluver Saforas Huamán.
Se dio lectura a la Resolución N° 032-2022-UPGFAN/UNCP, en la que señala: fecha, hora y designación del Jurado Examinador para la sustentación de Tesis del Lic. FÉLIX, ROJAS ORELLANA, Tesis “LAS ESTERILIZACIONES FORZADAS COMO CRIMEN A LOS DERECHOS HUMANOS EN HUAMANGA - AYACUCHO 1995 – 2001”, para optar el Grado Académico de MAESTRO en Antropología Jurídica; Siendo el Asesor de la Tesis: MG. LEONARDO CARLOS MENDOZA MESÍAS Los miembros del Jurado Examinador, después de haber presenciado la exposición de Tesis, procedieron a formular las preguntas de acuerdo al tema y objeciones del caso, los mismos que fueron defendidas y absueltas por el graduando; acto seguido se procedió a deliberar el resultado, siendo el calificativo:
Siendo la 13:45 pm
se da por finalizadoel acto académico de sustentación de Tesis, pasando a firmar los miembros del Jurado Calificador.
a.- APROBADO
Excelente ( ) Bueno ( X ) Regular ( ) b.- DESAPROBADO ( )
Mg. Leonardo Carlos Mendoza Mesías JURADO
Mg. Percy Saúl Reina Orosco SECRETARIO
Mg. Freder Lorgio Arredondo Baquerizo JURADO
Mg. Carlos Antonio Romero Sihuay
PRESIDENTE
Mg. Fluver Saforas Huamán JURADO
ii
ASESOR: LEONARDO CARLOS MENDOZA MESIAS
DNI: 20019026
CODIGO ORCID: 0000-0001-5533-4110
Dedicatoria
A los varones y mujeres que fueron esterilizados sin su consentimiento.
A todos aquellos que me han inspirado confianza, brindado su apoyo incondicional y, especialmente, a quienes me abrieron sus corazones para contar su verdad; gracias por permitirnos describir las experiencias vividas y que hoy comparten para que nunca más vuelvan a ocurrir crímenes de esa índole.
A mi familia.
Agradecimientos
A la Universidad Nacional del Centro de Perú que, como cuna del saber, está siempre preocupada por la formación profesional de sus hijos. A cada uno de los profesores que compartieron sus sapiencias y experiencias en las aulas universitarias.
Esta investigación ha surgido gracias a la contribución de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas, sin su espléndida contribución este trabajo habría sido improbable.
Agradezco humildemente, desde lo más recóndito de mi corazón, a quienes estuvieron conmigo, en todo momento y durante el desarrollo de esta investigación.
Ellos y ellas saben que les aprecio sinceramente por haber sido mis únicos soportes.
Además, expreso mi gratitud y agradecimiento a mi familia, a mis hijos Cristian J., Edith Y. y Hans J., a mis colegas, amigos y amigas y a mis compañeros de trabajo. A Marcelino Carrera y Elida Ramírez, directivos de la ONG Centro de Desarrollo Andino SISAY, que me abrieron las puertas de su Institución para hacer el presente trabajo; a Keila Quispe Martúa; Jim Rivelino Paucca Gómez; Mg. Claudio Rojas Porras; al Mg. Martín Rodríguez Alburqueque; a Javier Alarcón Cervera representante de AVSF en Perú; a Bill Fairbairn de INTERPARES de Canadá; a Mauro Pérez Morales; a Alex Renato Huamanculi Allccahuaman; al Mg. Carlos Condori Castillo, al Dr. Godofredo Taipe; Dr. Lucio Alberto Sosa Bitulas, a Dr.
Ulpiano Quispe Mejía; Dr. Freder Lorgio Arredondo Baquerizo; a los maestros del
posgrado de Antropología Jurídica de la Universidad Nacional del Centro del Perú, al
Mg. Carlos Romero Sihuay y a mi asesor de tesis de maestría Mg. Leonardo Carlos
Mendoza Mesías.
Índice general
ÍNDICE GENERAL ... V ÍNDICE DE TABLAS ... VIII ÍNDICE FIGURAS ... IX RESUMEN ... X ABSTRACT ... XI
INTRODUCCIÓN ... 12
CAPÍTULO I ... 16
MARCO TEÓRICO ... 16
1.1. Antecedentes o marco referencial ... 19
1.1.1. En el ámbito local ... 22
1.1.2. En el ámbito nacional ... 23
1.1.3. En el ámbito internacional ... 26
1.2. Bases teóricas y conceptuales ... 29
1.2.1. Esterilizaciones forzadas.... 29
1.2.2. Crimen de lesa humanidad. ... 29
1.2.3. El Control demográfico y de la natalidad como políticas de estado ... 30
1.3. Definición de términos básicos ... 33
vi
1.3.1. Salud. ... 33
1.3.2. Economía y desarrollo. ... 33
1.3.3. Justicia. ... 34
1.3.4. Género. ... 34
1.3.5. Igualdad.... 36
1.3.6. Cultura. ... 37
1.3.7. Discriminación. ... 39
1.3.8. Confianza. ... 40
1.3.9. Corrupción. ... 40
1.3.10. Control de la natalidad para mujeres. ... 41
1.4. Hipótesis de investigación ... 41
1.4.1. Hipótesis general ... 41
1.4.2. Hipótesis específicas ... 41
1.5. Operacionalización de variables ... 43
CAPÍTULO II ... 44
DISEÑO METODOLÓGICO ... 44
2.1. Tipo y nivel de investigación ... 44
2.1.1. Tipo de investigación ... 44
2.1.2. Nivel de investigación ... 44
2.2. Métodos de investigación ... 44
2.3. Diseño de investigación ... 45
2.4. Población y muestra ... 45
2.4.1. Población ... 45
2.4.2. Muestra... 45
2.4.3. Técnicas de muestreo ... 46
2.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos ... 46
2.6. Técnicas de procesamiento de datos ... 46
CAPÍTULO III ... 47
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ... 47
3.1. Contexto de la planificación familiar y esterilizaciones forzadas ... 47 3.1.1. Breve informe de los años de la violencia política (1980 – 2000)
vii
para contextualizar el proceso de las esterilizaciones forzadas 49 3.1.2. Los manejos políticos de la planificación familiar y las
esterilizaciones. ... 52
3.1.3. Control de crecimiento demográfico y respuestas conservadoras en las políticas de planificación familiar ... 55
3.1.4. Nuevas miradas y promesas de cambio en esterilizaciones con organizaciones afectadas ... 58
3.1.5. Derechos humanos y los derechos a la salud reproductiva familiar ... 60
3.1.6. Esterilizaciones como planificación familiar gubernamental ... 61
3.1.7. Esterilizaciones en Huamanga (Ayacucho) ... 63
3.2. Testimonios de las mujeres afectadas por las prácticas de esterilización
... 65
3.2.1. Datos de las mujeres entrevistadas ... 66
3.3. Resultados por análisis Atlas.ti ... 68
3.4. Precisiones al tema investigado ... 85
CONCLUSIONES ... 95
RECOMENDACIONES ... 101
REFERENCIAS ... 103
ANEXOS ... 112
Anexo 1: Matriz de consistencia ... 112
Anexo 2: Instrumento: cuestionario de profundización ... 113
Anexo 3: Validación estadística de instrumento ... 114
Anexo 4: Entrevistas diligenciadas ... 115
Anexo 5: Registro fotográfico (Galería) ... 159
Índice de tablas
Tabla 1: Operacionalización de variables ... 43
Tabla 2: Frecuencia por repetición de palabras en las entrevistas ... 74
Tabla 3: Indicadores por porcentajes ... 76
Tabla 4: i por frecuencia de las palabras ... 80
Tabla 5:Frecuencia como indicadores por porcentajes de las palabras ... 82
Índice figuras
Figura 1: Cuadro de Crímenes de Derechos Humanos ... 68
Figura 2: Nube de palabras más destacadas en los testimonios de las entrevistas . 70 Figura 3: Problemas y
dificultades sufridas por las mujeresdurante la esterilización ... 72
Figura 4: Frecuencia de palabras destacadas ... 78
Figura 5: Frecuencia de palabras destacadas ... 84
Figura 6: Víctima del Programa de Esterilizaciones Forzadas. ... 159
Figura 7: Víctima del Programa de Esterilizaciones Forzadas. ... 159
Figura 8: Víctima del Programa de Esterilizaciones Forzadas. ... 160
Figura 9: Víctima del Programa de Esterilizaciones Forzadas. ... 160
Figura 10: Víctima del Programa de Esterilizaciones Forzadas. ... 161
Figura 11: Víctima del Programa de Esterilizaciones Forzadas. ... 161
Figura 12: Víctimas del Programa de Esterilizaciones Forzadas. ... 161
Resumen
La presente investigación sobre las esterilizaciones forzadas como crimen a los derechos humanos en Huamanga – Ayacucho, ha logrado conocer la percepción social, cultural de la comunidad y se ha determinado la violentación a los derechos humanos en el marco de las esterilizaciones forzadas a las mujeres y estos hechos configuran como crímenes de lesa humanidad, los cuales se realizan en la provincia de Huamanga (Ayacucho) en el periodo de 1995 al 2001, problemática que ha sido excluido de la agenda de los diversos gobiernos en todos sus niveles.
Se ha desarrolladouna investigación cualitativa en el orden narrativo, dado que a través de las historias que los protagonistas detallan los elementos de juicio para comprender el problema materia de nuestra investigación, asimismo presenta un nivel relacional no experimental de diseño retrospectivo. Se consideró a la población de las mujeres miembros de la organización de afectados por las Esterilizaciones Forzadas “Sumaq Wayta” de Ayacucho, que trabajan por las reivindicaciones de las mujeres ayacuchanas. Se concluye que las mujeres esterilizadas poseen en común son: personas de zonas altoandinas, quechuas hablantes, semianalfabetas, sumidas en la pobreza y exclusión; habitan donde la presencia del Estado-Nación, se hace presente a través de algunos programas sociales, el cual no involucra a toda la población damnificada por las esterilizaciones forzadas y a los otros integrantes de la comunidad.
Palabras clave: Esterilización forzada, derechos humanos, mujer andina,
pobreza y crimen.
xi
AbstractThe present investigation on forced sterilizations as a crime against human rights in Huamanga - Ayacucho, has managed to know the social, cultural perception of the community and the violation of human rights has been determined in the framework of forced sterilizations of women. women and these events constitute crimes against humanity, which are carried out in the province of Huamanga (Ayacucho) in the period from 1995 to 2001, a problem that has been excluded from the agenda of the various governments at all levels. A qualitative research has been developed in the narrative order, given that through the stories that the protagonists detail the elements of judgment to understand the problem that is the subject of our research, it also presents a non-experimental relational level of retrospective design. The population of women members of the organization of those affected by forced sterilizations "Sumaq Wayta" of Ayacucho, who work for the demands of Ayacuchan women, was considered. It is concluded that sterilized women have in common:
people from high Andean areas, Quechua speakers, semi-illiterate, mired in poverty and exclusion; They live where the presence of the Nation-State is present through some social programs, which do not involve the entire population affected by forced sterilizations and other members of the community.
Keywords: Forced sterilization, human rights, Andean women, poverty and crime.
Introducción
La investigación evidenció la existencia de esterilizaciones forzadas de mujeres en la provincia de Huamanga en el periodo 1995-2001, las cuales son consideradas como crímenes de lesa humanidad; además, se explicó cómo se ejecutó el Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) y el grado de afectación que han sufrido las víctimas de las esterilizaciones forzadas. Asimismo, se ha expuesto los mecanismos culturales de persuasión u obligación que se utilizaron en la práctica de las esterilizaciones forzadas y cómo, para qué y por qué se esterilizaron, sobre todo, a mujeres quechuas, andinas o indígenas.
Además, se determinó cómo se construyó los efectos sociales de la AQV en las mujeres en las comunidades indígenas quechuas. Asimismo, indicar de cómo esta acción provocó una ruptura de las prácticas culturales en la cosmovisión andina, en la que la mujer es el centro de la atención en la producción y reproducción (dentro de la vivencia de las personas dentro de la comunidad).
Igualmente, entender del cómo la interrupción de la fertilidad de la mujer en la
cosmovisión rompe el círculo con la vida y la Mamapacha (Madre tierra). Por otro
lado, el efecto de la esterilización ha generado en muchos casos la expulsión o
inmigración de su comunidad por el rechazo social por parte de otras mujeres pares,
habitualmente por ser injurias sobre posibles adulterios, generando problemas
económicos y culturales; es decir, como el núcleo familiar gestó una ruptura por
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malos tratos de los maridos (apoyados en la presión social de la comunidad), además de gestarse un continuo castigo psicológico permanente e interminable.
Se debe resaltar que estos hechos ocurrieron en un contexto de posviolencia sociopolítica que ocurrió en los años previos desatados por el grupo terrorista denominado Partido Comunista Sendero Luminoso en contra del Estado Peruano, dejando un saldo incomprensible de muertes, desaparecidos, lisiados, enfermos psicológicos, entre otras consecuencias. A las cuales se sumó estas esterilizaciones que generaron un mayor deterioro en las condiciones de vida de las víctimas y sus familias, dejando huellas imborrables que impactaron en sus vidas como mujeres, madres, hermanas y madres integrantes de la familia y la comunidad. Es de resaltar que la mayor afectación fue para las poblaciones más vulnerables en regiones afectadas por la pobreza y la exclusión (Molina S., Esterilizaciones (forzadas) en Perú: Poder y configuraciones narrativas AIBR, 2017).
Los objetivos que nos planteamos fueron conocer la percepción individual, social y cultural de la comunidad, porque la gente e incluso familiares reaccionaron de manera negativa frente al hecho: condenaron y consideraron sanciones de tipo moral, los llamaron “machonas”, “capones”, “chanchas”, entre otros adjetivos indistintamente a varones y mujeres esterilizados; mientras tanto de manera personal sufrieron agresiones físicas de sus parejas, cambios en su físico y en el trabajo, siendo afectadas en sus derechos reproductivos, económicos y productivos, separaciones, entre otros.
Mientras tanto, desde la comunidad sancionaron y adjetivaron llevándoles
a silenciar y callar; por otro lado, los grupos de Derechos Humanos denunciaban
los hechos como crimen a los derechos humanos, por tanto, se hacía incidencia a
nivel local, nacional e internacional, finalmente abriéndose el proceso por las
instancias respectivas, ordenándose registro de víctimas de esterilizaciones
forzadas (REVIESFO) y un juicio en proceso a los perpetradores y al principal
actor del hecho Sr. Alberto Fujimori. Parte de ese proceso son las víctimas en la
provincia de Huamanga en el periodo 1995 al 2001. Esto nos lleva a querer conocer
las acciones sociales y culturales, los tipos y características de las esterilizaciones
realizadas en Huamanga y describir la relación de los derechos humanos y la
configuración de crímenes en la práctica de las esterilizaciones; así como describir la
estrategia y acciones realizadas en la ejecución de la esterilización.
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La metodología de trabajo de la investigación ha sido del tipo cualitativa en el orden narrativo, dado que se recogió testimonios de las historias de vida de las protagonistas, quienes detallan los sucesos en los hechos que narran de sus experiencias, porque precisamente esos detalles de las ocurrencias nos ayudan a comprender el problema de análisis. El trabajo, además, se da a nivel relacional no experimental, dado que busca establecer el vínculo entre las variables de las esterilizaciones forzadas y crímenes de los derechos humanos (Gómez M., Deslauriers, & Alzate P., 2010). Finalmente, esta investigación es de carácter retrospectivo, porque se da con base en los acontecimientos desarrollados en el periodo 1995 al 2001, teniéndose como evidencia los testimonios y antecedentes jurídicos plasmados en la literatura (Supo C. & Zacarías V., 2020).
La exposición de este informe está organizada en tres capítulos: 1. Marco Teórico. 2. Diseño Metodológico y 3. Análisis y discusión de resultados.
El Capítulo I da a conocer el planteamiento del problema, nos da, además, una aproximación temática, la formulación del problema y de los objetivos, así como la justificación, los cuales han sido las directrices de nuestro trabajo de campo; a su vez se presenta el marco teórico, en ella se aborda los antecedentes de la investigación, estructurados en antecedentes internacionales, nacionales y locales, además están las bases teóricas y conceptuales, estado de arte, el planteamiento de las hipótesis y la operacionalización de las variables de acuerdo al plan de investigación.
El Capítulo II presenta el diseño metodológico, el tipo, nivel y diseño de investigación, a su vez presenta la población, muestra y muestreo, finalizando con las técnicas e instrumentos de recolección de datos.
Y en el Capítulo III brinda el análisis y discusión de los resultados y presenta,
un resumen de la política de salud sexual y reproductiva. Se ha indagado sus
consecuencias a nivel de las familias, de comunidades campesinas y de la propia
sociedad. Intento analizar hasta qué punto la AQV colisiono dentro de la
cosmovisión indígena y si existió una educación e información seria hacia la
población afectada. Evidenciar la existencia de la vulnerabilidad de las mujeres
afectadas por desconocimiento del idioma oficial: castellano. Los testimonios hablan
por sí solas, no hubo ejerció de libertades esenciales como es la apertura de un
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consentimiento informado. Y discusiones de las distintas instituciones, para determinar hasta qué punto se produjo una aceptación/rechazo de la AQV, por parte de la sociedad huamanguina – Ayacuchana. Además, los resultados de la aplicación del instrumento (entrevista).
Finalmente, se muestran las conclusiones y recomendaciones de la
investigación acorde a los objetivos planteados, adjuntándose los anexos
correspondientes que evidencias nuestra data.
CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO
Desde múltiples miradas los estudiosos han analizado la violencia contra la mujer (sin distinciones): bajo los signos de terror, bajo la presión social, bajo presión cultural y violencia psicológica, etc. A todas estas formas se suman, como caso concreto, las esterilizaciones en poblaciones vulnerables (quechuas, nativas e indígenas) y las secuelas sociales, económicas, subjetivas, sanitarias, políticas, entre otras (Lerner, 2009).
En ese sentido, las mujeres, en su devenir histórico, sufrieron variadas formas de violencia, configurándose como objeto de estudio para las ciencias sociales (Segato, 2016). Nutridas averiguaciones exponen la dimensión de la problemática, evidenciando un conjunto de laceraciones físicas y psicológicas que, finalmente, en la mayoría de los casos, terminan en muertes para las mujeres (Grosman &
Mesterman, 2005). La literatura, en su mayoría, gravita en torno a la mujer convertida en objeto sexual y sujeto de deseo, y que lamentablemente en la sociedad está “normalizada” y que de hecho conlleva a una violencia individual, física, psicológica, familiar y social.
Asimismo, entre los años 1990 y 2000, el entonces presidente Sr. Alberto
Fujimori estableció un régimen arbitrario y despótico (Quiroz, 2019), cuya directriz se
caracterizó por su manejo autócrata, teniendo como prácticas comunes la aplicación
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de la violencia y la manipulación; las mismas que trajeron resultados nocivos para la democracia. Además, impuso el modelo neoliberal en sus políticas de gobierno reduciendo al Estado a su mínima expresión, como se evidencia en su política económica y en la construcción de nuevos paradigmas ideológicos, profundizando la desigualdad social como práctica cotidiana.
Los impulsores del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) sostienen que su práctica nace como una maniobra monetaria o estrategia económica con el propósito de conseguir una homogenización social, con una redistribución más equitativa de los recursos y sin mayores sobresaltos, buscando un crecimiento demográfico más sostenible, pues se había detectado que las poblaciones vulnerables, en su mayoría quechuas e indígenas, contribuían de modo desmedido a la natalidad con un crecimiento poblacional muy alto y por ello se debía atender las carencias percibidas en el rol reproductivo de las mujeres (Boesten, 2018); es decir, se ha justificado toda medida realizada en lo concerniente al rol reproductivo por un objetivo económico, enarbolando una supuesta idea de lucha contra la pobreza, con un mensaje tramposo que enunciaba el
“empoderamiento” de las mujeres sobre el manejo de su cuerpo, pero que en realidad limitaba la autonomía de las mujeres en su decisión reproductiva. La aplicación del PNSRPF se dio en una coyuntura propicia, dado que el Gobierno encontró aliados estratégicos, sobre todo en los grupos feministas más influyentes, que buscaban el empoderamiento de la mujer a través del control de la natalidad (Lerner, 2009).
En este punto es importante establecer, claramente, que lo sucedido en
Huamanga en el periodo investigado fue un hecho de esterilizaciones forzadas que
atentaba directamente contra los derechos humanos de las víctimas por el daño
causado en el órgano reproductivo en muchas mujeres del área rural, dado que se
presume que las prácticas de control natal se realizaban en estos grupos
minoritarios y de familias muy pobres aprovechando las circunstancias de miseria,
de crisis social y económica generadas por la violencia del conflicto armado entre el
Estado peruano y Sendero Luminoso. El tránsito de la violencia política insurgente y
contrasubversiva hacia la democracia provocó que la población se encuentre
dubitativa, desconcertada y en una etapa de fácil sometimiento lo que decantó en el
momento propicio para efectuar las esterilizaciones. Con este programa de control
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reproductivo se creó lo que algunos expertos consideran como “darwinismo social”
con alcances de etnocidio para las comunidades rurales y de crímenes de lesa humanidad (Marin G., 2021).
En el Perú, durante los años 1990-2001, estuvo en el Gobierno de Alberto Fujimori. En ese periodo se estableció un sistema de gobierno de corte dictatorial (Quiroz, 2019) que se caracterizó por la aplicación de un conjunto de medidas y acciones con el uso de métodos violentos y de manipulación informativa bajo el amparo de un sistema corrupto instaurado, o potenciado, por la cúpula presidencial.
Estas prácticas trajeron muchas consecuencias absolutamente perjudiciales para la población y la democracia peruana. Asimismo, el Gobierno de aquel entonces introduce el modelo neoliberal y con ello la máxima reducción del Estado con el remate de empresas estatales. La total liberalización de la economía, la adopción de medidas de ajuste económico estructural en general y el nuevo paradigma ideológico y de valores fueron un duro golpe para los sectores económicos menos favorecidos profundizándose las iniquidades sociales (Martínez J. H., 2009).
En este nuevo escenario, el gobierno fujimorista inauguraba un conjunto de medidas económicas liberales caracterizado por los programas sociales para las poblaciones pobres y de escasos recursos; entre ellos, el programa referido a la salud reproductiva familiar, como el Programa Nacional de Población de 1998-2002 (INEI, 2022), en el que se afirmaba que la salud sexual y reproductiva es un derecho ciudadano fundamental para varones y mujeres y un requisito indispensable para lograr el desarrollo humano, el progreso socioeconómico y el desarrollo sostenible de la población; además, se anunció que esa era “La década de la planificación familiar” (Rousseau, 2007), la cual tuvo metas, a corto y mediano plazo, para reducir las cifras de crecimiento poblacional y la tasa de fecundidad. Esos antecedentes se convirtieron en el marco justificatorio para la creación y puesta en marcha del
“Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) 1996- 2000”; el mismo que, finalmente, se tradujo en las esterilizaciones forzadas, causando estigma, dolor, desgracia, abandono y migración en cientos de mujeres de las familias más pobres del departamento.
En un entorno jurídico enmarcado de reformas autoritarias, el gobierno de
turno, desde el año 1992, denominó a los años noventa como la Década de la
Planificación Familiar, respaldada bajo la Resolución Ministerial N° 0728-92. Esta
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estrategia se presenta como una de las primeras acciones del Gobierno en temas de planificación familiar y salud reproductiva, por ello este tema fue percibida como novedosa y de mejora.
Durante la década de los 90, el mandatario asistió, representando a Perú, a una Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en el que se remarcó los derechos de la mujer y necesidad de erradicar la pobreza como punto central, en esta conferencia expuso un tema de interés para el gobierno peruano: la planificación familiar y la salud reproductiva. Durante los últimos años del siglo XX, además, los temas mencionados eran temas de aplicación por los gobiernos líderes, a nivel mundial, para poder controlar la natalidad en la población de todo el orbe e influir en los índices de pobreza. Durante esta Cuarta Conferencia Mundial, el mandatario Alberto Fujimori tomó la palabra y ofreció un discurso en el cual manifestó lo siguiente: impresentables
Mi gobierno ha decidido llevar a cabo, como parte de su política de desarrollo social y lucha contra la pobreza, una estrategia integral de planificación familiar que encara, abiertamente y por primera vez en la historia de nuestro país, la grave carencia de información y de servicios sobre la materia, para que de esta manera las mujeres dispongan, con toda autonomía y libertad, sobre sus propias vidas. (Ballón, Muñoz, &
Sánchez, 2019).
Con relación a las medidas establecidas durante el año 1995, las mismas que se dieron dentro del primer trimestre del segundo gobierno de Fujimori, de acuerdo a la ley de política nacional de población, se generó una modificación dentro de la Ley N° 26530, la cual abordó la implementación de la AQV como una medida para controlar el índice de embarazos, por ello se implementó esta medida, la cual fue aplicada por el personal de salud; no obstante, el Gobierno afirmó su compromiso para sostener el derecho de libre salud reproductiva y planificación familiar.
De acuerdo a la mencionada Ley N° 26530: "La adopción de los métodos anticonceptivos y planificación familiar se basa en el libre ejercicio de la voluntad personal, sin que medien estímulos o recompensas materiales”.
1.1. Antecedentes o marco referencial
Los procesos de esterilización en el Perú, y en particular en Huamanga, se
implementaron como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y
Planificación Familiar, en adelante PNSRPF, que se encargaron de la esterilización
20
masiva, mediante el Ministerio de Salud y personal de la misma, estas sobre todo a mujeres que, por sus características sociales, en su mayoría, eran pobres, analfabetas, indígenas y de residencia en el ámbito rural. Esta práctica, promovida por la dictadura de Alberto Fujimori (Boesten, 2018), fue considerada por Chirif (2021), y por los movimientos en favor de los derechos humanos a nivel local, nacional e internacional, fueron considerados como crímenes de lesa humanidad, dadas las características de su aplicación.
De la ejecución de estos crímenes han pasado más de dos décadas, por lo que se han registrado diversos estudios del tema desde diversas perspectivas, sobre todo a modo de informes, tanto locales, nacionales como internacionales, que han ido esclareciendo el tema de las violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres (Tubino & Flores, 2020), dando diversas recomendaciones para una mejora del sistema de salud reproductivo nacional; sin embargo, hacen falta los estudios desde la percepción cultural, esto es la mirada antropológica y aquellos que nos ayuden a generar memorias y remembranzas individuales y colectivas que permitan una visión panorámica y profunda de los hechos a fin de que nunca más vuelva a ocurrir, considerando que fueron acciones aberrantes. Estos crímenes han generado, innumerables problemas físicos, psicológicos y sociales, hasta la actualidad, generándose un gran rechazo por los discursos socioculturales y percepciones contrarias a sus formas de vida de la mujer, con muchas sanciones morales en su entorno social y familiar, por la forma en que se llevaron a cabo, por los discursos que empezaron a adjetivarlos (machorras, caponas
1) contrarías a sus vidas, por los estigmas y sanciones morales familiares y comunales, pero continúan, lamentablemente al margen de las agendas político-económicas institucionales y/o gubernamentales y con administradores de justicia que continúan dilatando procesos abiertos, sin que los perpetradores respondan por sus actos, alargando el mal sentir de las poblaciones vulneradas, sobre todo de las que padecieron las esterilizaciones, al no encontrar respaldo judicial, sintiéndose relegadas, marginadas y excluidas ante una justicia peruana que no permite sanción para los culpables (Lerner, 2009).
Como es evidente, las esterilizaciones forzadas dejaron muchas secuelas dolorosas a modo individual, familiar y comunal, pero también implicancias en la
1Mujeres que no pueden reproducirse o mujeres que no pueden tener prole (son términos peyorativos)
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migración, dado que los (as) afectados (as) se vieron obligados (as) a dejar su lugar de origen en busca de refugio, huyendo de la presión y estigmatización social. Se desplazaron en busca de mejores y mayores oportunidades educativas, sociales y económicas (Boesten, 2018); se vivió un fenómeno similar al destierro y/o al encierro en su propia comunidad, esto distorsionó el buen vivir de las víctimas y les dio un cambio radical a sus formas de vida, pues como veremos más adelante quebró la autonomía económica en el campo y, sobre todo, en la economía tradicional de la familia.
El accionar del Estado peruano, al realizar las esterilizaciones bajo un lineamiento de control de la natalidad, se insertaba bajo parámetros de la política económica esbozada en un constante discurso a nivel nacional e internacional por parte del entonces presidente Alberto Fujimori, quien utilizó, en apariencia, el PNSRPF como una forma de combatir la pobreza; sin embargo; la literatura relacionada con el tema ha demostrado que el entonces presidente de la república promovió una política tradicional malthusiana, antinatalista (Boesten, 2018).
Por ello se considera de gran importancia conocer los tipos y características de las esterilizaciones efectuadas en la Provincia de Huamanga en el periodo de 1995 al 2001, así por ejemplo, no son atendidas por el sistema de salud, la justicia no ha procedido en favor de ellas, viven atormentadas por el hecho, se han separado de sus esposos y/o parejas, están enfermas, son mal vistas en su comunidad y por la familia, además, estas esterilizaciones afectaron socialmente a la persona afectada cultural y psicológicamente con relación a sus pares, los daños psicológicos se relacionan directamente a las sentencias de otras mujeres como
“Caponas, Machorras” que son murmuraciones negativas para sus vidas, a partir de
ellos poder describir la relación social y cultural, entender la situación jurídica de las
mujeres esterilizadas, el papel fundamental de los derechos humanos de los
individuos afectados y la configuración de crímenes en la práctica de las
esterilizaciones realizadas en el lugar y periodo indicados y, finalmente, describir la
estrategia y acciones realizadas por el Gobierno del Perú en la ejecución de las
esterilizaciones y con ello analizar las posibilidades hermenéuticas de los hechos y
explicarlas para la comprensión de la problemática estudiada.
22
1.1.1. En el ámbito localEn el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) se precisa que el impacto de la violencia sexual y de género se evidenció de manera dramática en la victimización de miles de mujeres en Ayacucho. En lo concerniente a las prácticas de control natal, estas se inscribieron en un contexto socio-histórico posconflicto armado interno en nuestro país. (Ballón A., 2015) sostiene que la política de las esterilizaciones forzadas estuvo instituida como política de Estado por los fujimoristas, acompañada de un conjunto de perjuicios y violaciones cometidos contra los derechos de muchas mujeres ayacuchanas, concretamente contra las que provenían de sectores rurales; a quienes se les prodigaba un trato social inadecuado y discriminativo; en general, con una atención sanitaria denigrante.
El Informe Defensorial N° 7 (1998) manifiesta que existen documentos que reafirman que se han realizado ligaduras de trompas sin la menor deliberación e información acerca del procedimiento de la intervención quirúrgica ni de las consecuencias, solo, en algunos casos, se mencionaban las bondades de la
“anticoncepción quirúrgica voluntaria”, pero obviando las consecuencias posoperatorias, entre otros detalles. En este caso existe un conjunto de evidencias que demuestran las diversas presiones del personal de los establecimientos de salud para que las mujeres se realizaran “las ligaduras”; sin embargo, las necesarias acciones previas de “orientación e información” para emplear la esterilización se omitieron por completo (Ballón A., 2015); así mismo, se puede aseverar que existió una vil forma de engaño a las mujeres de las zonas marginales. Los testimonios de vida recogidos nos muestran las presiones e intimidaciones recibidas e incluso las posibles multas que se pretendería cobrar por tener más hijos. Dado el actuar ilícito de quienes ponían en práctica el programa de esterilizaciones forzadas no hay rastro de las historias clínicas de las víctimas en los establecimientos de salud, lo cual refleja el carácter planificado y perverso del proceso o, cuando menos, el carácter encubridor con el que se obró luego de los hechos. Esa tendencia se aplicó en muchas partes en donde se realizó la AQV sin la aprobación personal o familiar.
Molina (2018) afirma que el conjunto de discusiones sobre el tema de las
esterilizaciones no se hizo esperar y el programa de planificación familiar
(antinatalidad) no tardó en ser cuestionado y deliberado a partir de sectores
conservadores de la Iglesia Católica y, sobre todo, desde los colectivos de los
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derechos humanos por el sesgo asumido en el programa mencionado con una orientación discriminatoria por motivos de raza, género y por su condición de pobreza; siendo que, en este caso, hubo una premeditación para esterilizar a personas pobres, mujeres indígenas y quechuas, en la mayoría de los casos, de manera forzada. Así mismo, algunas ONG de derechos humanos promovieron denuncias por las anomalías que se venían desarrollando como políticas públicas de salud en la intervención del control demográfico; al mismo tiempo, el Ministerio de Salud designó tareas para su personal a fin de que convenza a la población para que acudan masivamente a la aplicación de la AQV, destacándola sobre cualquiera otro método de anticoncepción; además, para ello, había publicidad a través de radio, televisión y carteles propagandísticos que mostraban imágenes en las que se daba por sentado que las mujeres con muchos hijos eran del sector rural, sobre todo de la población menos favorecida y pobre.
Las intervenciones quirúrgicas masivas se dieron en tiempos muy cortos; con aglomeración de pacientes en improvisadas salas de operación, en condiciones precarias, sin considerar medidas de bioseguridad e inocuidad en la intervención quirúrgica; y, sobre todo, con ausencia de información, la misma que debieron recibir las personas que eran sometidas a la esterilización. Como consecuencia de esta feroz intervención, como indica el informe detallado de la CVR entre otros, hay muchos casos de fallecimiento debidamente registrados por la Defensoría del Pueblo (Defensoría del Pueblo, 2002).
1.1.2. En el ámbito nacional
Lerner (2009) dice que la democracia peruana es muy frágil, endeble, porque
existen diversas formas de preguntarse sobre su precariedad y su recurrente
inestabilidad. Cuando uno sitúa su mirada y realiza preguntas sobre la trayectoria
autoritaria de ciertos gobernantes peruanos y grupos de poder político que a lo largo
de dos siglos de vida republicana han tenido éxito al imponer, de manera
intermitente o interrumpida, ideas y proyectos orientados al ejercicio desmedido y
dictatorial del poder se da cuenta que no es extraño que los procesos de eliminación
poblacional o de “limpieza étnica” hayan sido prácticas recurrentes. En efecto, hubo,
no solamente en el Perú, sino en toda América Latina, una tradición de caudillos
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que, desde la fundación misma de las repúblicas, vienen interrumpiendo el orden democrático y el Estado de Derecho, una y otra vez, bajo diversos subterfugios, en los que imponen, casi siempre, sus formas autoritarias de gobierno, haciendo suyas las normas y disposiciones para beneficio propio y así someter a la población a su propia voluntad, sin límites, con el apoyo de las fuerzas armadas o de aliados estratégicos.
Un conjunto de ONG peruanas, de carácter social (Pandjiarjian, 2009), con larga trayectoria en protección de los derechos humanos de las mujeres, lidiando frente a las prácticas segregacionistas, y por ello promoviendo la equidad de género, en un evento organizado por CLADEM en el 2008 realizaron una conferencia denominada “Esterilización forzada en el Perú, delito de lesa humanidad” para difundir informes jurídicos de mujeres esterilizadas que, además, eran de extrema pobreza. En ese mismo evento establecieron que dichas esterilizaciones eran una infracción y violación a los derechos humanos de las víctimas; por tanto, se configuraban como delitos de lesa humanidad; es decir, que están tipificados como crímenes en las poblaciones más vulnerables (Pandjiarjian, 2009).
Novoa Curich (2014) sostiene que en 1991 el entonces presidente Alberto Fujimori declaró el “Año de la Austeridad y la Planificación Familiar”, lo cual suponía que los manejos del Gobierno estaban orientados para alcanzar las metas diseñadas por dicha denominación; ratificándose en su propósito el año 1995 con el Programa Nacional de Población, cuya meta era reducir la tasa de crecimiento al 2.0
% y la tasa global de fecundidad a 3.3 hijos por mujer, en promedio. Por lo que, en
aquel momento, el Programa de Planificación Familiar empleó y entregó diversos
métodos de anticoncepción. Consecutivamente, entre los años 1992 y 1995, llevaron
a cabo el Programa Nacional de Atención a la Salud Reproductiva de la Familia; ese
Programa involucraba a muchas familias, a quienes se les inducía a alcanzar una
tasa de incremento poblacional que permitiera al país llegar a los niveles de
progreso anhelados por intermedio de la disminución de la fecundidad; todo ese
proceso, que debió ser bajo la libre e independiente voluntad de las mujeres o de las
familias para que decidan qué número de hijos tener y qué intervalo para cada
proceso de concepción, fue negado y opacado por el engaño, la coacción y la
desinformación.
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Boesten (2018) refiere que, en el año 1992, Alberto Fujimori hizo un autogolpe al cerrar el Congreso de la República, lo que precarizó la institucionalidad democrática que se tenía hasta esa época. Para el año 1995 la dictadura cívico militar de los personajes Fujimori-Montesinos ya estaba bien instaurada en el país, inaugurando su Segundo periodo de Gobierno, bajo un clima de violencia sociopolítica, estremecida por los grupos violentistas como Sendero Luminoso (en adelante SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (en adelante MRTA), quienes se mostraban desafiantes al sistema en aras “de la búsqueda de igualdad para el pueblo”.
Novoa Curich (2014) sostiene que todo el discurso del Segundo Gobierno del fujimorismo anunciaba la ejecución del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1995 - 2000), al decir que “las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino”. Estas frases enfurecerían a la iglesia católica conservadora y generaban debates álgidos con los movimientos feministas. Por esa razón, Fujimori y sus seguidores difundían solo las bondades de la AQV que, además, tampoco fueron aceptadas por una iglesia ortodoxa acostumbrada, hasta ese entonces, a vivir plácidamente con el Estado peruano.
Estas políticas de salud sexual y reproductiva fueron un engaño para los movimientos activos de derechos humanos y para el movimiento feminista, quienes inicialmente acompañaron el proceso; sin embargo, al surgir las primeras denuncias sobre las esterilizaciones forzadas, las condiciones en que se realizaban y, en muchos casos, las nefastas consecuencias que se observaban, los movimientos mencionados desistieron de su apoyo inicial (Escobar Ñ., 2013).
La gente vivía frente a un gobierno antidemocrático; sin embargo, a la par se
inauguraba en el Perú, una doble alocución, por un lado, un discurso soterrado de
eliminación de grupos vulnerables y por otro, el discurso a favor de políticas en pro
de las mujeres, sumado a ello realizaban muchos eventos sociales que contaban
con todo el apoyo y respaldo de grupos feministas en el país; que como se puede
concluir, no era más que una estrategia para conciliar sus propios objetivos
criminales con las necesidades y requerimientos de los grupos feministas, sobre
todo, en lo concerniente a la libre determinación en el “territorio de sus cuerpos”,
además se promovió una instancia de carácter ejecutivo, naciendo “El Ministerio de
Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano” con lo que se multiplicaba la
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intervención indiscutible de la mujer en la toma de decisiones, pero de un modo engañoso y que solo beneficiaba a sectores privilegiados de mujeres pertenecientes a circuitos socioeconómicos más favorecidos.
Como sostiene Pandjiarjian (2009), el entonces presidente Alberto Fujimori
“promovió una fuerte corriente de inclusión de la mujer con un discurso progresista”
que llevaría a las mujeres al protagonismo social; por ello, la ONG Manuela Ramos y otras organizaciones feministas fueron aliadas estratégicas (Ruiz A., 2019), teniendo como lineamiento principal la aplicación del modelo de planificación familiar, desarrollando una relación estrecha entre el Estado y la sociedad civil, pues el Estado brindaba recursos económicos y logísticos a fin de sumar esfuerzos para tener una mayor efectividad en las prácticas de esterilización; a priori el Gobierno encontraba muchos aliados, incluso en los sectores más conservadores del país.
Tal como sostiene Novoa Curich (2014), el Gobierno buscó falazmente, a través de la dación de programas sociales con mayores recursos como Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT), Programa de salud alimentaria (Presa), crédito rural, entre otras (Estrada Mora - Perea Flores, 2008) empoderar y otorgar mayor representatividad a las mujeres para mostrar una imagen de inclusión y visualización femenina. Esto generó un soporte para las fuerzas políticas de izquierda que tomaron el discurso de reivindicación simbólica de la mujer, lo que era un fenómeno nuevo. Esos emprendimientos significaron un accionar exitoso para el fujimorismo y para la derecha al dar prioridad a las organizaciones de mujeres, sobre todo al sector feminista; sin embargo, debajo de las apariencias había un engranaje nefasto y oscuro por parte del fujimorismo que obedecía a una primacía económica en desmedro de los derechos reproductivos, tanto en hombres como en mujeres, mediante las denominadas “esterilizaciones forzadas”, que se evidenciaron luego en los hechos contados por muchas mujeres víctimas de tales atrocidades.
1.1.3. En el ámbito internacional
En la actualidad podemos hablar de la Declaración Universal de Derechos
Humanos que data del año 1948, cuando fue proclamada y aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, y que sigue siendo pertinente hasta el
día de hoy (OEA_CIDH, 1948); sin embargo, su aplicabilidad, a pesar de su
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obligatoriedad, tanto en el ámbito moral como legal, aún sigue siendo proscrita en algunos gobiernos de corte autoritario o dictatorial como lo fuera el que ejerció Alberto Fujimori en más de una década de gobierno, tal y como lo expresara la Comisión Interamericana y la propia Corte Americana de Derechos Humanos, respecto a los hechos que son motivo de esta investigación.
Por otro lado, la existencia de numerosos compromisos internacionales de los DDHH consagra a los derechos inherentes a la mujer (sexuales, reproductivos, de lactancia, de protección a sus hijos, etc.) como derechos humanos (IIDH, 2008). Los compromisos mencionados establecen que la protección de los derechos humanos de la mujer, con arreglo al derecho internacional, están garantizados, mucho más cuando pertenecen a grupos minoritarios o a grupos vulnerables; de esa manera se establece la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. A pesar de ello, a lo largo de su vida, las mujeres de todo el mundo sufren regularmente las vulneraciones en sus derechos humanos y no siempre se considera prioritario hacer efectivos los derechos de la mujer.
(Gaussens, 2020), cuando nos habla acerca de la esterilización para localidades indígenas en México, menciona que la esterilización en poblaciones pobres y marginales fue absolutamente con un fin demográfico, discriminativo y selectivo y, por tanto, no solo podría ocurrir en sociedades alejadas o en culturas ágrafas en tiempos o épocas antiguas; es decir, que se trata de propuestas neomalthusianas que van mucho más allá de cuestiones meramente de planificación familiar para llegar a un determinismo biológico o acercarse a un supuesto mejoramiento genético. Este mecanismo de intervención social con poblaciones vulnerables, casi siempre ocurre en diversas partes del mundo bajo peculiaridades y formas muy especiales y que no son aleatorias, sino que tienen como origen o idea inicial controlar la población bajo criterios raciales y étnicos.
Romero Z. & Ortega M. (2017) manifiestan que las esterilizaciones realizadas
en México ocurrieron sin el consentimiento de las personas a las que se le
practicaron; por lo que fueron vulnerados en sus derechos, por ello existió un
aprovechamiento indebido por su condición social. Independientemente del
desarrollo alcanzado por la humanidad en los últimos cinco siglos, aún persiste el
flagelo de la discriminación y exclusión a poblaciones más vulnerables en varios
países; por lo que, la mujer, en particular, sobre todo la mujer originaria, campesina,
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establece el conjunto social más sensible. Por tanto, en coherencia a lo mencionado, es apropiado el estudio y la indagación histórica, respecto a la confluencia de los fenómenos sociales producto del mestizaje.
Igualmente, la OEA precisa que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre son de interés para el derecho internacional, y que esta declaración es un molde para estimular a que no vuelvan a ocurrir nuevos sucesos de violación a los derechos humanos en el continente americano. Por lo que podemos decir que el tema de las esterilizaciones forzadas no se limita a las mujeres peruanas, abarca también a los varones y ha ocurrido en diferentes partes del mundo, en donde se han practicado los mismos procesos; lo singular, sin embargo, es que existe jurisprudencia internacional en defensa de los derechos humanos como la Declaración Americana de los Derechos Humanos, que muy pocos conocen.
Cuando (Boesten, 2018) habla acerca de las políticas peruanas de 1995 afirma que Alberto Fujimori implementó un programa de promoción de la
“planificación familiar”; como resultado de dicho proceso se reveló, más tarde, que las mujeres pobres, predominantemente de origen rural, fueron esterilizadas a partir de un sistema de metas. En este caso, muchas mujeres fueron sorprendidas e inducidas, sin una información real, a someterse a la AQV; ya sea por coacción o miedo, dando como resultado que algunas de ellas murieron a causa de complicaciones médicas sin que hayan sido atendidas en los establecimientos de salud de manera adecuada, oportuna o, incluso, sin atención alguna. Estos hechos han sido investigados y se ha demostrado que fueron crímenes de lesa humanidad, como afirma Villela (2017). Por su parte la Defensoría del Pueblo y Boesten (2018) refieren que el programa de control de natalidad estuvo dirigido a los más pobres.
Esta práctica de control demográfico no es nueva ni única alrededor del mundo, el caso peruano solo se suma a un conjunto de estadísticas vividas en muchas partes.
Para Reggiani (2019), al mencionar a Galton (quien fundó la eugenesia en el
año 1883 como una técnica para mejorar los rasgos hereditarios humanos a través
de una reproducción selectiva), la concepción eugenésica causó discriminación
racial en muchas partes y la misma fue el soporte ideológico para la realización de
esterilizaciones forzadas y para la eliminación de delincuentes, de enfermos
mentales, entre otros y llevada a la práctica, en muchos casos, como crímenes a
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grupos humanos vulnerables o incluso como crímenes de lesa humanidad. Estas iniciativas fueron apoyadas por líderes de la burguesía mundial como Roosevelt, Winston Churchill, entre los principales. En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, incluso, se aprobaron leyes de carácter eugenésico en algunos de sus Estados o en algunas de sus colonias entre los años 1907 y 1937. Por otra parte, para los años 1928 y 1937 hubo aprobación de nuevas leyes para la esterilización forzada en Suiza, en algunas provincias canadienses como en la Columbia Británica, en Alemania, Dinamarca, Noruega y Estonia, entre otros.
1.2. Bases teóricas y conceptuales 1.2.1. Esterilizaciones forzadas.
Según Ballón (2015), cuando se refiere a esterilizaciones forzadas, nos remitimos, esencialmente, a los derechos reproductivos de las mujeres en la salud pública. Por otro lado, considera el caso como “una de las más graves vulneraciones de los derechos fundamentales ocurridos durante las décadas de violencia política”
en el Perú. En este caso, las esterilizaciones son procedimientos quirúrgicos asumidos desde jerarquías superiores como metas programáticas que generaron abusos y vulneraciones a los derechos de las mujeres.
Por otro lado, la esterilización es la castración o aquella amputación de un órgano reproductivo de una o más personas. (El Tiempo, 2022).
La esterilización forzada, como dice Ballón (2013), “atañe principalmente a los derechos reproductivos de la mujer en el marco de la salud pública”. Además, el procedimiento es solo aplicado o realizado por médicos.
Por lo mismo, la sanción debe recaer de manera contundente sobre la responsabilidad ejercida por el cuerpo médico. Esto debido a que las esterilizaciones son procedimientos quirúrgicos que solo pueden ser realizados por médicos (Novoa C., 2014).
1.2.2. Crimen de lesa humanidad.
La figura de crimen de lesa humanidad se tipifica por la necesidad de
preservar a hombres y mujeres de hechos y barbaridades cometidas en contra de
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ellos y que, generalmente, se ejecutaban durante los conflictos bélicos (González G., 2011).
Gonzáles (2011) considera que los crímenes de lesa humanidad son delitos hacia la humanidad, debido a las acciones lesivas y/o beligerantes cometidas en contra de la población, sean atentando contra la vida, salud, integridad física, libertad, entre otras, ya sea que se cometan en tiempos de paz o de guerra, pero forzosamente desde un plan o acción debidamente deliberada contra objetivos, generalmente, poblaciones civiles, vulnerables, pero, en donde los perpetradores son conocidos y muchas veces protegidos por sus altas investiduras, poder e influencias.
1.2.3. El Control demográfico y de la natalidad como políticas de estado
Entre los años 1995 - 2001, el gobierno de Alberto Fujimori promovió la implementación de un programa político de control de la natalidad y de promoción de la planificación familiar, la que más tarde se develó fue para mujeres que pertenecían a regiones afectadas por la pobreza, como Ayacucho; y, sobre todo, de las zonas rurales, así como a varones indígenas, quienes fueron sometidos a esterilizaciones forzosas de acuerdo con un sistema de metas establecidas como políticas de Estado, con saldos de varios muertos entre hombres y mujeres por la mala aplicación del método. Mayoritariamente, las víctimas afectadas eran mujeres que fueron obligadas a dicha intervención. Evidentemente, el conjunto de estos hechos fue investigado como perpetración de daños y afectación a las personas (Pandjiarjian, 2009).
Esa perspectiva de control de la natalidad recibía una motivación internacional en materia de derechos reproductivos, así como propuestas de buenas intenciones, pero que, finalmente, indujo a un sector poblacional hacia un objetivo
“neomalthusiano” que se aplicó en el Perú, y en particular en Huamanga, en la
segunda mitad de la década de 1990. Los acuerdos alcanzados en la Tercera
Conferencia de El Cairo sobre población y desarrollo (1994) y la Cuarta Conferencia
de Beijing sobre la mujer (1995), en lo que respecta a los derechos sexuales y
reproductivos, fueron aplicados con un carácter de control de la población, pero de
manera discriminatoria (Boesten, 2018; Ballón A., 2015).
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Existe un conjunto de evidencias, reportes e informes defensoriales que, igualmente, explican, en una gran diversidad de publicaciones, tesis y reportes periodísticos, que los programas de control de natalidad, en esa época, eran dirigidos a los más pobres, tanto en el Perú, especialmente en Ayacucho, como en el mundo (Boesten, 2018).
Estas políticas de control de natalidad, tantas veces negadas por los responsables, han sido demostradas como parte de un sistema de control y desarrollo económico; siendo que los estudios realizados revelan las razones y motivaciones más profundas acerca de la problemática generada por la AQV, el porqué de los hechos, el cómo, dónde, cuándo, los sectores involucrados y quiénes participaron (Boesten, 2018).
En realidad, como afirman las investigaciones de Boesten, Drinot y otros, la idea de que la población indígena o rural debe ser “moldeada” para convertir a sus individuos en “ciudadanos deseables” estuvo presente desde los principios del siglo XIX, inclusive todavía se mantiene vigente en las voces de políticos y de entidades con fuerte capacidad de decisión como el Banco Mundial o el BID. Así, los procesos de planificación familiar, más conocidos como control de la población mundial o control de natalidad, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, respaldados por la idea de un hipotético problema de “sobrepoblación” mundial y de incremento de la indigencia, generan disertaciones mal intencionadas acompañadas de experimentos de “limpieza” con propuestas eugenésicas (mejora biológica de la raza) en distintas partes del planeta (Rochabrún, Drinot, & Manrique, 2014).
En el Perú, las discusiones sobre la raza y la problemática del indio fueron parametradas como un “problema indígena” y no como una problemática de país, omitiendo una identificación nacional (Degregori C. I., Perú: identidad, nación y diversidad cultural, 1977). Se presentaron defensores indigenistas e hispanistas; los segundos como promotores de la supuesta superioridad biológica y cultural europea, argumentando que la herencia occidental fue lo mejor que le ha pasado a nuestro país; mientras que la otra corriente, la indigenista, ponía énfasis en que ya no hay una herencia indígena única, sino un claro mestizaje (Marzal, 1986).
En los periodos de los años 1930, 1940 y 1950, en el proceso del auge de las
ideas y teorías eugenésicas en el mundo, en el Perú, los profesionales de la salud
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promovían los pensamientos y manejos políticos con intenciones eugenesias a través de una sociedad racista financiada por el mismo Estado peruano; de esta forma, los profesionales de la salud y los políticos “de siempre”, interesados por la mejora de la “calidad de la raza” y del ciudadano, promovían esfuerzos para concientizar a la población sobre la “superioridad occidental”, a través de la educación y otros mecanismos de la época y para lograr alcanzar la tan anhelada
“modernidad” (Villela C., 2017).
En ese sentido, la población rural estuvo “condenada a pagar por el tan deseado desarrollo”; dado que, si el desarrollo requería planificación familiar, los costos que pagaban las familias rurales implicaban engaños, mutilaciones e inclusive la muerte. Por otro lado, los beneficios no se evidenciaban ni en la mejora de la calidad educativa ni en la mejor atención de la salud o en oportunidades de trabajo, entre otros; muy por el contrario, a menudo, la población, en su mayoría, fue relegada y hasta olvidada por los políticos y solo recordada por los demógrafos para casos de control de natalidad (Novoa C., 2014) transgrediendo “el territorio” o cuerpo de la mujer, interviniendo en su cuerpo, en su libre determinación sexual y en sus opciones de reproducción.
Después de décadas de activismo y debate de políticas públicas, sobre todo en la atención de la salud pública y planificación familiar, la atención preferente a las poblaciones vulnerables y el “problema” del crecimiento de la población fueron abordados en 1994 en la Conferencia de El Cairo, sobre población, así como en la Conferencia de Beijing, sobre la Mujer (Novoa C., 2014). Los derechos reproductivos y la salud, sobre todo de la mujer, fueron considerados como derechos imprescindibles para la superación de la pobreza y su atención preferente en los programas de planificación familiar; no obstante, los tiempos adecuados para el tratamiento del crecimiento poblacional en zonas rurales, pobres o vulnerables requería de un mayor periodo de tiempo que implique planificación, información, adecuación de infraestructura, etc., sobre todo en los países como las nuestras en vías de desarrollo. Muchos aspectos, sin embargo, no fueron planteados o resueltos;
como, por ejemplo, cómo enfrentar los costos sociales y económicos del creciente proceso del neoliberalismo a nivel mundial, que desarrolló programas de planificación familiar en el mundo (Nuget, 2010).
En el Perú, este programa de control de natalidad fue acogido animosamente
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por el régimen totalitario de Alberto Fujimori, algunas organizaciones sociales e incluso algunas ONG de derechos humanos, sobre todo organizaciones feministas que promovieron, apoyaron e hicieron campaña con mucho entusiasmo en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres entre los años de 1990-2000 y que, finalmente, terminaron desencantados y sorprendidos con la barbarie cometida.
1.3. Definición de términos básicos 1.3.1. Salud.
Según la RAE, la salud (del latín salus, -utis) es un momento en el que la persona se encuentra en un estado de bienestar o también de equilibrio emocional y mental. El ser humano tiene diversas etapas en su salud o en su estado anímico, dependiente de varios factores, los que van desde una causa orgánica hasta una cuestión mental o psicológica.
1.3.2. Economía y desarrollo.
Pensamos que el desarrollo, así como dice Castillo (2011), está referido a aquellos cambios en la vida económica de las familias, que surgen desde adentro, desde su propia iniciativa, que son procesos sociales no forzados. Cambios que se dan, además, con adecuación a las necesidades de las poblaciones. Entonces, el desarrollo económico es un proceso integral, que involucra la capacidad de progreso de la sociedad. Además, este es un paso de evolución de la sociedad en la situación de mejora de las condiciones de vida de las familias.
Además, la Economía es una ciencia que estudia los recursos económicos
que generan riquezas desde la obtención básica de insumos, comercialización,
colocación y consumo y cuyo objetivo final es la satisfacción de las necesidades más
elementales de las personas. Este un procedimiento de producción de bienes. (INE,
2022).
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La AQV, en relación con la economía, trajo un conjunto de consecuencias negativas evidenciadas en problemas físicos posoperatorios:
Las mujeres se vieron obligadas a cambiar de trabajo e incluso tuvieron que dejar de trabajar. El esfuerzo físico que demanda el trabajo en el campo se volvió una tarea imposible de realizar. Las mujeres que se quedaron en el campo, luego de la operación, se dedicaron a cuidar a los hijos y a los quehaceres sencillos de la casa dependiendo así económicamente de los hijos y del cónyuge o ex cónyuge. (Ballón A. , 2015, págs. 30-31)
1.3.3. Justicia.
La justicia, según Bernales (2016), ha sido reconocida como un derecho fundamental de toda persona, a pesar de que no existe una declaración manifiesta que obligue su aplicación; sin embargo; existe un conjunto de normas como las que se encuentran en la Convención Americana de Derechos Humanos que sirven como eje normativo para la legislación de los Estados conformantes, que debería aplicarse como principio de los derechos humanos.
Como afirma Ballón (2015), la Justicia está ausente en una sociedad jerarquizada, en donde los beneficios son para unos cuantos. Por ello, el incumplimiento de la ética médica y de los derechos humanos en un proceso como el de las esterilizaciones forzadas dan cuenta de la ausencia de este importante valor.
Evidentemente, la Justicia debe ser mejor administrada para que el Estado peruano ejerza su rol de vigilancia y para que sus instancias oficiales la cumplan y hagan cumplir con sentido de equidad.
1.3.4. Género.
Como menciona las políticas públicas y de Estado de diferentes gobiernos, el
componente de género se refiere, principalmente, solo al uso instrumental de la
mujer en el diseño de sus políticas gubernamentales, aún muy distantes de los
componentes económicos; sin embargo, ya se ha incorporado en la agenda de la
cooperación internacional y de los grupos de los derechos humanos y feministas. En
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el caso peruano, el uso instrumental de la mujer es porque no existen políticas claras y concretas para las mujeres esterilizadas (Ballón A. , 2015).
Asimismo, según la RAE, el género es el conjunto de individuos que tienen una o varias formas comunes; es el sentido de pertinencia de los hombres en grupos sociales, pertinencia sexual en los grupos según sus características comunes, entendido exclusivamente desde una perspectiva biológica.
Según Romero y Ortega (Romero Z. & Ortega M., 2017), el género es una percepción en la teoría feminista que impulsa un conjunto de derechos ciudadanos desde políticas de promoción de igualdad y equidad, promoviendo un conjunto de políticas públicas de alcance nacional. Entonces, la idea de género demanda una alta movilización de carácter nacional, regional y global como se evidencia en conferencias mundiales sobre la mujer y en la labor de ONU Mujeres. Asimismo, la Unión Europea promueve la equidad e igualdad entre mujeres y hombres, en todos sus Estados miembros, estableciendo políticas de desarrollo de Norte a Sur, y ahora de Sur a Sur.
Según Guerra (2016), el género está relacionado al sexo; es decir, fundamentalmente a la parte biológica y no necesariamente a la expresión cultural del sexo. Para Guerra el género no es una simbolización de la conducta humana, sino que es la diferenciación sexual entre masculino y femenino. “No obstante, hablar de género no solo implica hablar de categorías, sino también de las conductas que le sirven de sustrato. Dicho esto, podemos decir que el concepto de género posee tres elementos: categorización, conducta observable y sexo biológico”.
Es evidente que la postura de Guerra es distinta a las propue
