LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL DETERMINADAS EN EL REGISTRO DE SANCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL. Por tal motivo, expreso mi más sincero agradecimiento a mi asesor que contribuyó al desarrollo y el tiempo y paciencia que dedicó para la realización de esta tesis con el profesionalismo necesario del asunto. El Método de esta investigación ofrece un diseño transversal no experimental con enfoque cualitativo debido a su carácter jurídico descriptivo.
En la tesis de diploma se analizaron descriptivamente algunas decisiones del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa Funcional y de la mesa del supervisor de registros de sanciones, principalmente de instituciones de derecho administrativo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Problema General
Problemas Específicos
ANTECEDENTES
A NIVEL INTERNACIONAL
Se plantea el objetivo general: lograr una solución a la falta de prestación de servicios sanitarios públicos, ya que los actuales no satisfacen las necesidades de los habitantes de la ciudad de Bogotá D.C. Se llega a la conclusión general: la solución se encuentra en el desempeño de la responsabilidad de gestión funcional, en que se repiten errores que requieren la construcción de baños públicos y no son realizados por la administración, por lo que se debe buscar una alternativa para cumplir con las órdenes judiciales y así satisfacer las necesidades de los habitantes de la ciudad de Bogotá. Tavera Uzqueda, 2018) tesis ubicada en la Universidad Mayor de San Andrés Bolivia, titulada: Ineficiencia en la aplicación de la responsabilidad administrativa a los ex servidores públicos en Bolivia. Se ha llegado a la conclusión general: la ineficacia de la aplicación de la responsabilidad administrativa a los ex servidores públicos en nuestro país está determinada por la imposibilidad de sancionar a los ex servidores públicos por errores cometidos en el desempeño de sus funciones, como consecuencia de la falta de medidas disciplinarias. sanciones en el sistema de justicia administrativa.
Asimismo, la responsabilidad administrativa incluye a todo el personal del servicio de la administración pública que haya cometido un acto u omisión voluntaria o involuntaria con consecuencias.
A NIVEL NACIONAL
Aplicación del principio de culpabilidad por el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa para determinar la responsabilidad administrativa funcional, Perú, 2017-2018. Como objetivo general, se han establecido las presunciones legales utilizadas por el Tribunal Superior de Responsabilidad Funcional para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos. Se llegó a la siguiente importante conclusión: El Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa del Perú utilizó las pruebas de dolo y culpabilidad para establecer la responsabilidad funcional a lo largo de los años, al tiempo que analizó la actuación imparcial del administrador, la intencionalidad y el incumplimiento de manera general. , pero no cumple con la ley, toda vez que el TC establece la existencia de responsabilidad administrativa funcional con base en el resultado, por lo tanto no cumple con la ley.
El autor señala que si bien es cierto que el Tc establece ciertas medidas en materia de responsabilidad empresarial funcional, también es cierto que esto tiene que ver con la intencionalidad de los gobernados.
A NIVEL LOCAL
Un alto coeficiente de correlación de Pearson (r = 0.803) indica que existe una relación significativa entre las causas del Silencio Administrativo Positivo y las sanciones administrativas o penales por disfunción funcional en el ejercicio funcional de la Autoridad Administrativa en el Municipio de Distrito de Paucarcolla. Flores Guillén, 2019) tesis colocada en la Universidad Nacional del Altiplano, la cual lleva por título: Cumplimiento del debido proceso en los procedimientos administrativos disciplinarios en la Municipalidad Provincial de Puno. El objetivo general se propone: Determinar si nuestro actual sistema administrativo cumple cabalmente con el debido proceso como principio fundamental de la justicia administrativa, con base en los casos administrativos que se tramitan en la Municipalidad Provincial de Puno, para fines compatibles con el Estado, y si el El derecho administrativo proporciona una justicia adecuada.
Lazo Zanabria & Mamani Yucra, 2022) disertación en la Universidad Nacional del Altiplano, titulada: Inhabilitación de servidores públicos para el ejercicio de funciones públicas, controversias entre derecho administrativo y penal, caso peruano.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .1 Objetivo general
Objetivo específico
Se fija el objetivo general: Con base en la normativa, doctrina y jurisprudencia vigente, determinar las diferencias problemáticas entre los tipos de incapacidad para el ejercicio de funciones públicas, que las unidades administrativas y jurisdiccionales imponen a los empleados públicos. La administración pública puede definirse como el Estado jurídicamente organizado a través del trabajo realizado por individuos denominados funcionarios públicos que representan al Estado ante otros ciudadanos; Por tanto, los funcionarios o servidores públicos se deben al público. La actividad de la administración pública hace posible la función del Estado y tiene como objetivo el cumplimiento de los fines y funciones del Estado, los cuales están sujetos a una jerarquía o niveles y roles.
Desde el punto de vista penal, la afectación o amenaza al normal o correcto funcionamiento de la Administración Pública, que tiene por objeto la consecución de sus objetivos, que es el interés común. El normal y correcto funcionamiento de la Administración Pública es el bien jurídico general que se protege en caso de delitos cometidos por funcionarios o funcionarios públicos; Sin embargo, cada tipo penal (colusión, cohecho, etc.) busca proteger bienes jurídicos más específicos que sufren dentro de este bien jurídico. La responsabilidad de los funcionarios públicos surge del poder de represión disciplinaria, que permite a la administración pública corregir errores y anomalías en los servicios públicos, como se describe.
Más bien, se limita a enumerar las entidades que la ley considera dentro de la jurisdicción de la administración pública. Se ha discutido cómo es misión de la administración pública trabajar por el cumplimiento de los fines del Estado. El poder político se caracteriza por la coerción que puede ejercerse contra la población mediante el uso de la fuerza sancionada por la ley.
Un Estado regido por el Estado de derecho es un tipo de Estado definido por el derecho público como aquel en el que los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos son reconocidos y protegidos subordinando la administración pública a la ley. El estado puede materializar sus poderes y autoridades a través de una función pública desempeñada por determinados ciudadanos.
MARCO CONCEPTUAL Autonomía administrativa.-
En la misma línea, Boyer sostiene que la situación jurídica de un funcionario público es una situación objetiva controlada por leyes y reglamentos (2019, p. 27). Un concepto fundamental de gestión y control utilizado en entidades gubernamentales para describir las acciones que deben tomar sus propietarios y funcionarios para mantener, evaluar y monitorear el desempeño y la calidad de los servicios. (Martínez Trelles, A. Todas las instituciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial). , los gobiernos regionales y locales, los organismos constitucionalmente autónomos, las instituciones públicas descentralizadas y las empresas que integran la actividad empresarial del país en el que tengan participación total o mayoritaria, de los incisos a), b), c), d), e ) y f) el artículo 3 de la Ley núm. 27785. Se define como lo que el Estado debe imponer a los funcionarios por los delitos previstos en la ley que cometen en el ejercicio de sus funciones o en la prestación de servicios.
La introducción de un procedimiento administrativo disciplinario adecuado a tal efecto y la imposición de una sanción, en su caso, son ejemplos de cómo se hace. Es el que soportan los servidores y funcionarios por haber violado el ordenamiento jurídico administrativo y/o las normas de la entidad a la que pertenecen, independientemente de que la relación laboral o contractual esté vigente o haya cesado al momento de su identificación durante el ejercicio. desarrollo de la acción de control (Leonarte Vargas, J.C., 2014). Va en contra de las garantías del Estado de derecho que alguien sea castigado dos veces por el mismo acto, por lo que la misma persona no puede ser castigada por la misma violación.
Esto se debe a que tal procedimiento significa excederse en la autoridad para imponer sanciones, lo que es contrario a los principios del Estado de derecho. La aplicación de este principio impide que una persona sea procesada y sancionada o sancionada dos veces (o más) por el mismo delito si existe identidad de objeto, hecho y fundamento. En otras palabras, este principio garantiza que una persona no sea castigada más de una vez por el mismo delito.
Asimismo, no es posible procesar dos veces el mismo delito por el mismo delito, la misma persona y por el mismo motivo (Silva Córdova, 2016). Este estudio es de tipo jurídico descriptivo porque identifica las propiedades significativas de los sujetos u objetos mediante la observación y/o medición de algunas de sus características (Arias, 2012).
ZONA DE ESTUDIO .1 Población
TAMAÑO DE MUESTRA .1 Muestra
Enfoque
MÉTODOS Y TÉCNICAS .1 Instrumentos
IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES .1 Variables
MÉTODO O DISEÑO ESTADÍSTICO Marco Metodológico
MATERIALES Y EQUIPO
De tal forma que la norma jurídica no podía en modo alguno vulnerar los principios de seguridad jurídica, así debería haberse hecho (artículo 9.3 de la Ley Fundamental-EDL y legalidad sancionadora (Art. Además, esta teoría exige responsabilidad ) en el caso de infracciones administrativas cometidas por personas jurídicas, señalando que se aplica el principio de responsabilidad personal por las propias acciones -principio de la personalidad de la sanción o consecuencia- La Sala de lo Contencioso-Administrativo de 10 de mayo de 2007 -EDJ recuerda que ". El principio de culpabilidad recogido en el artículo 130.1 de la Ley 30/1992 -EDL establece que sólo pueden ser sancionados los responsables de las actuaciones constitutivas de infracción administrativa, incluso por simple incumplimiento.
En un procedimiento sancionador, ya sea penal o administrativo, se establece que la sanción sólo puede sostenerse a través de la subjetividad del autor que ha violado un código de conducta prohibido (FJ 21). La sanción sólo puede mantenerse en base a la responsabilidad subjetiva del autor, s.f.). El TS establece la existencia de una responsabilidad administrativa funcional basada en el resultado, que demuestra el incumplimiento, sin examinar directamente el elemento voluntario de la conducta (fraude o culpabilidad) y sin observar el principio de culpabilidad. Primero: El Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa del Perú utilizó la prueba de fraude y error para determinar la responsabilidad funcional a lo largo de los años en la medida en que analizó la conducta imparcial del administrador, analizó la dolo e incumplimiento de manera general, pero no analizó directamente el elemento voluntario de la conducta (fraude o culpa).
En segundo lugar, uno de los criterios jurisprudenciales que rigen el principio de culpabilidad en el territorio nacional e internacional; observado: En un proceso sancionatorio (penal o administrativo), la sanción sólo puede mantenerse por la responsabilidad subjetiva del infractor que ha violado una norma de conducta prohibida por la ley; En nuestro ordenamiento jurídico y en particular en el sistema tributario (..) no existe una exención objetiva de responsabilidad o culpa, exigiendo la norma al menos la ocurrencia de negligencia o, lo que es lo mismo, la falta de diligencia necesaria o debida diligencia. . En segundo lugar, se recomienda a los especialistas del Tribunal Superior de Responsabilidad Funcional encargados de establecer la responsabilidad administrativa funcional realizar mayores investigaciones de los casos que investigan, para emitir resoluciones motivadas que incluyan directamente el análisis del elemento volitivo de la conducta (o culpabilidad). En tercer lugar: Se recomienda que especialistas en el campo del derecho administrativo puedan profundizar en el tema de investigación y generar debates sobre la normativa vigente.
Estudio analítico del silencio administrativo positivo respecto de la sanción por omisión funcional del órgano administrativo en la municipalidad distrital de Paucarcolla en el año 2012 [Universidad Nacional del Altiplano]. Inhabilitación de servidores públicos para el desempeño de funciones públicas, conflictos entre derecho administrativo y penal, caso peruano [Universidad Nacional del Altiplano]. Análisis de las sanciones disciplinarias por responsabilidad administrativa impuestas a servidores públicos o funcionarios de la sede de la zona de registro no. ii-Chiclayo en el período 2013-2015, y su connotación con el acuerdo plenario no. 01-2013-cg/tsra.
Reglamento de la Ley de Servicio Público, Revista Administración y Control Público, N°08, Perú, Gaceta Jurídica.
