El artículo 159 de la Constitución establece que el Tribunal debe ser renovado por tercios cada tres años. El texto de este decimotercer informe del Tribunal es, como los anteriores, resultado del excelente trabajo de los distintos servicios de la casa, dirigidos por la Secretaría General.
Composición del Tribunal
Secretaría General, Letrados,
Dña. Matilde Carlón Ruiz, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Dña. Margarita Beladíez Rojo, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.
Acuerdos normativos del Pleno y otras resoluciones de carácter general *
Actividad jurisdiccional
Datos generales
Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales A) Preliminar
Procesos de amparo A) Preliminar
La actividad judicial del juzgado en 2011 se resume con datos cuyo detalle se incluye en el anexo III. Las siguientes secciones describen las relativas a la solicitud de justicia constitucional, las penas impuestas, otras actividades judiciales y el procedimiento para admitir los recursos; Finalmente, se hace un balance estadístico del año y una referencia a las emisiones pendientes.
La demanda de justicia constitucional
Poco más de una cuarta parte de los recursos de amparo se interpusieron tras una decisión u orden dictada por el Tribunal Supremo (1.878, 26,45 por ciento). Finalmente, en 1.092 recursos de amparo fueron impugnadas las resoluciones dictadas en primera o única instancia (15,38 por ciento).
Las Sentencias
La restante actividad jurisdiccional. Planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El primero se refiere a la interpretación de las disposiciones pertinentes de la Decisión Marco 2002/584/JAI, más concretamente, el art. 47 de la Carta de la Unión Europea sobre derechos fundamentales, así como el derecho a la defensa, garantizado en el art.
El trámite de admisión de recursos
La comparación entre ambas cifras permitirá comprobar que la Corte habría resuelto el 84 por ciento de los recursos de amparo recibidos durante la fase de admisión. Quedaban, por tanto, 493 recursos pendientes más de los recibidos, lo que equivale a una resolución de 92,94 recursos por cada 100 presentados.
Balance estadístico del año
La Sala declara inadmisibles mediante auto y tres autos) y archiva 523 recursos pendientes de admisión (con 20 autos y 503 autos). Al cierre del año, un total de 49 recursos de amparo se encontraban pendientes de sentencia de la Sala Primera (como uno acumulado tras la admisión), no encontrándose ninguno pendiente ante las Salas.
La pendencia de asuntos
Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales
Preliminar
Por su parte, los Senados impusieron siete sentencias en procesos de inconstitucionalidad y disputas constitucionales, de las que el pleno les dejó tomar nota, en uso de las facultades que les otorgaba. Asimismo, un total de 21 cuestiones fueron declaradas inconstitucionales por decisión del pleno y senados;
Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado
La STC 140/2011, de 14 de septiembre, desestimó el recurso interpuesto por el Consejo de Gobierno de las Illes Balears sobre diversas disposiciones de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de jornada laboral. En la STC 149/2011, de 28 de septiembre, se puso a prueba la constitucionalidad de la regulación del contrato sobre cesión del derecho de uso de agua del actual texto refundido de la Ley de Aguas.
Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas
También se refiere a las competencias en materia eléctrica la STC 148/2011, de 28 de septiembre, en la que el Pleno resolvió el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno sobre distintos principios de la Ley de Cortes de Castilla-La Mancha. 6/1999, de 15 de abril, de protección de la calidad del suministro. También en materia electoral, la STC 40/2011, de 31 de marzo, se pronunció sobre una denuncia de inconstitucionalidad interpuesta contra la modificación de la Ley Electoral de Andalucía llevada a cabo por la Ley del Parlamento de Andalucía 5/2005, de 8 de marzo.
Conflictos constitucionales y otros pronunciamientos
Procesos de amparo
En cuanto a la parte resolutiva de las sentencias, en 112 de ellas se concedió total o parcialmente la protección solicitada, en 31 se denegó y en las cinco restantes el correspondiente recurso de protección fue inadmisible en su totalidad. De estos últimos, cuatro sentencias fueron dictadas por la Sala Primera, que en dos de ellas acordó desestimar los recursos de amparo por no reunir la demanda el requisito para fundamentar suficientemente la especial significación constitucional del recurso (SSTC 69/2011, de 16 de mayo, y 143/2011, de 26 de septiembre, ambas de la Sala Primera) y en otras dos porque el solicitante de protección no agotó suficientemente el recurso judicial anterior (en la STC 105/2011, de 20 de junio), porque la El recurso de amparo se presentó sin esperar a la resolución de un recurso pendiente en el proceso judicial, y en la STC 125/2011, de 14 de julio, porque no se agotó la vía administrativa ante el controvertido proceso electoral al no realizar lo pertinente. reclamo ante el consejo electoral).
Igualdad (art. 14 CE)
La STC 13/2011, de 28 de febrero, preveía protección por vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación judicial de la ley. Por el contrario, en la STC 38/2011, de 28 de marzo, no se observó vulneración de este derecho, al no cumplirse el requisito de otredad, ya que la única resolución judicial dictada como condición de comparación fue un auto dictado en recurso impugnado. -solución administrativa de una denuncia de cámara permanente interpuesta por la misma entidad comercial que ahora solicitó protección.
Integridad física y moral (art. 15 CE)
En consecuencia, la decisión impugnada no puede prevalecer sobre el derecho de la demandante a elegir libremente su estado civil y con quién quiere casarse. La Segunda Sala afirmó que el cierre de la investigación cuando aún existían medios de investigación razonables y eficaces a disposición de los órganos de la jurisdicción militar que actuaban para confirmar o desestimar la denuncia presentada, era contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a la integridad física y moral.
Libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE)
Libertad personal (art. 17.1 C
Intimidad y secreto de las comunicaciones (art. 18 CE)
Además, el ordenador es un instrumento útil para el envío y recepción de correos electrónicos, por lo que tanto el derecho al secreto de las comunicaciones como el derecho a la intimidad pueden verse afectados en la medida en que dichos correos electrónicos queden almacenados en la memoria del terminal informático. usado. . En el caso, la interceptación de las comunicaciones telefónicas fue acordada mediante decisión judicial motivada, dictada dentro de un juicio y comunicada al Ministerio Público, todo lo cual motivó el rechazo de esta demanda de protección.
Libertades de expresión e información (art. 20 CE)
Por el contrario, también es necesario que la resolución jurisdiccional se dé dentro de un proceso, único cauce que permite el control de la propia acción judicial. Más concretamente, y en relación con este control de la actuación judicial, en esta resolución la Sala Segunda reitera que cuando se dictan órdenes de intervención y prórroga en el marco de procedimientos indefinidos, que no constituyen estrictamente un proceso, es imprescindible notificarlo a la Fiscalía. Público. que él, como garante de los derechos de los ciudadanos, pueda promover el control de la medida acordada.
Reunión y manifestación (art. 21 CE)
Derecho de asociación (art. 22 CE)
En efecto, según la doctrina desarrollada por la Corte al respecto, la facultad de autoorganización constituye uno de los aspectos del derecho fundamental de asociación e incluye, entre otros contenidos, la libertad de configurar el régimen disciplinario del sujeto. En consecuencia, cuando se prueba que la sanción fue impuesta por hechos previstos en los estatutos sociales, y luego de realizado el trámite correspondiente, para valorar adecuadamente el derecho de asociación, es necesario que la autoridad judicial limitarse a comprobar si se han producido circunstancias que puedan servir de base a la decisión de los socios.
Derecho de participación en los asuntos públicos (art. 23.2) A lo largo de 2011 se dictaron 17 sentencias en las que se resolvieron otros
Finalmente, la STC 125/2011, de 14 de julio, desestimó el recurso de amparo interpuesto con motivo de la decisión por empate entre candidatos al comprobarse que el demandante no había agotado la vía. Asimismo, la STC 57/2011, de 3 de mayo, señaló que constituye una infracción la decisión del Consejo del Congreso de rechazar una solicitud de información presentada a trámite por un diputado por no ir acompañada de la firma del portavoz de su grupo parlamentario. . de su derecho a ejercer la función parlamentaria en condiciones de igualdad.
Tutela judicial (art. 24.1 CE)
Dos de las sentencias dictadas en 2011 otorgaron protección por violación del derecho a la protección judicial como consecuencia de la inadmisibilidad de un controvertido recurso administrativo por extemporaneidad. Dos de las sentencias dictadas en 2011 otorgaron amparo constitucional por violación de la llamada garantía de indemnización.
Garantías procesales (art. 24.2 CE) a) Juez imparcial
En aplicación de la doctrina establecida por la STC 167/2002, de 18 de septiembre, la SSTC 46/2011, de 11 de abril, y la 135/2011, de 11 de septiembre, concluyeron que la condena penal en segunda instancia como consecuencia de 'n La Una nueva valoración de prueba personal realizada sin audiencia pública previa representa una vulneración del derecho fundamental a un juicio con todas las garantías en la sentencia. En la ya revisada STC 59/2011, la Sala Primera del Tribunal concluyó que la ausencia de cualquier consideración de alegación exculpatoria sobre la autoría del delito penitenciario imputado en el curso de un procedimiento administrativo sancionador, representa una vulneración del derecho. a la presunción de inocencia.
Legalidad penal y sancionadora (art. 25 CE)
En la STC 9/2011 se desestimó la alegación de vulneración de este derecho fundamental en el aspecto especial del derecho a la no acusación, ya que, según se comprobó, la sentencia firme no se sustentaba en modo alguno en la valoración frente a la acusado. Negativa del imputado a declarar. En la STC 144/2011, de 26 de septiembre, se dejó sin efecto la sanción administrativa relativa a las denominaciones de origen, que fue anulada por sentencia judicial firme y no tenía la cobertura necesaria.
Autonomía universitaria (art. 27.10 CE)
En la STC 33/2011 se negó que existieran circunstancias excepcionales que justificaran la sustitución de los trabajadores en huelga por los jefes y directores del periódico, y también se calificó de improbable que una decisión de tal magnitud se hubiera llevado a cabo sin conocimiento. o sin la aprobación de la empresa en cuestión. En la ya citada STC 104/2011 se amparo la vulneración del derecho de huelga, en conexión con el derecho a la legalidad penal, en relación con la condena de un trabajador miembro del comité de huelga de un ayuntamiento que se negó a cumplir una Orden de desalojo de una oficina municipal.
Derecho de petición (art. 29 CE)
Secretaría General
- Servicio de Estudios, Biblioteca y Documentación
- Servicio de Doctrina Constitucional
- Servicio de Gerencia
La biblioteca tiene como finalidad estrictamente servir a los miembros del tribunal y a los abogados. También continuaron los trabajos de actualización, normalización y clarificación de los índices de la práctica judicial constitucional.
Ingreso de fondos
En cuanto a la gestión de la Sede del Tribunal Constitucional y sus instalaciones, cabe destacar las actuaciones llevadas a cabo para la renovación de los sistemas e instalaciones de seguridad, cuya primera fase se inició en 2010; las obras de sustitución del vallado trasero y mejora del recorrido perimetral de la parcela; y finalmente la segunda fase de la intervención para renovar y mejorar los conductos de suministro y compuertas del sistema primario de climatización del edificio.
Descripción, reproducción e informatización
Durante 2011 se ha mejorado la base de datos del Archivo General migrando a "SQL server" y, en colaboración con el servicio informático, mejorando las interfaces de acceso a la información. Por otro lado, en el marco de una consulta contratada por la Corte Constitucional y dirigida por el Archivo General, se avanzó en la definición del modelo conceptual de archivo electrónico y un plan de acción en materia de gestión y archivo documental en el área de administración electrónica.
Servicios a usuarios
Becas de formación. Recursos humanos
Instalaciones
Presupuesto
El Tribunal Constitucional tiene autonomía presupuestaria y su presupuesto se compone del apartado 04 del estado de gastos de los presupuestos generales del Estado. La Conciliación Presupuestaria de 2011 proporciona los resultados a continuación para los distintos capítulos del presupuesto, mostrando el nivel de implementación que representan en relación con las asignaciones finales:
Relaciones institucionales
22 de septiembre: Visita de trabajo del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. 1 de junio: Fiscal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, D. Pedro Cruz Villalón.
Otras actividades
90 canchas y 9 grupos; y el Segundo Congreso se celebró en enero de 2011 en Río de Janeiro, Brasil, durante el cual se discutió el proyecto de Estatuto de la Conferencia. El Tercer Congreso de la Conferencia Mundial está previsto que se celebre en Seúl, Corea del Sur, en 2014.
Normas legales, reglamentarias y otras disposiciones relativas al Tribunal
Relación de Sentencias y de Autos publicados en el “Boletín Oficial del Estado”
Estadísticas jurisdiccionales IV. Actividad del Tribunal Europeo
Magistrados eméritos
Normas legales, reglamentarias y otras disposiciones relativas
Los recursos a que se refiere el artículo 99.3 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, serán informados por el abogado designado por el Presidente. Aprobación del gasto. i) Ordenar pagos. j) Recopilación, clasificación y publicación de la doctrina constitucional del tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34.2.a) de este reglamento.
Relación de Sentencias y de Autos publicados
SENTENCIAS
Presentado por la cuarta división de la sala administrativa del tribunal. Presentado por la Sala Cuarta del Panel Administrativo Contencioso de la Corte Suprema en relación con el art.
