resolvieron un total de 73 asuntos puesto que el Tribunal, en uso de la facultad que le confiere el art. 83 LOTC, había acordado la acumulación de cuatro recursos de inconstitucionalidad (uno de ellos se había acumulado a los cinco conflictos positivos de competencia resueltos en la STC 1/2011, de 14 de febrero; otros dos resueltos en la STC 18/2011, de 3 de marzo, y el último en la STC 149/2011, de 28 de septiembre) una cuestión de inconstitucionalidad (STC 205/2011, de 15 de diciembre) y seis conflictos positivos de competencia (además de la ya citada STC 1/2011, SSTC 158/2011, de 19 de octubre, y 207/2011, de 20 de diciembre).
El Pleno dictó 55 de estas sentencias. De ellas, 32 recayeron en recursos de inconstitucionalidad que tenían por objeto diferentes previsiones en materia de aguas incorporadas a los Estatutos de Autonomía reformados de Andalucía (STC 30/2011/, de 26 de marzo), Castilla y León (STC 32/2011, de 28 de marzo) y Aragón (STC 110/2011, de 22 de junio);
disposiciones estatales y autonómicas en materia de ordenación del sector eléctrico y de suministro de este tipo de energía (SSTC 18/2011, de 3 de marzo, y 148/2011, de 28 de septiembre), horarios comerciales (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, y 140/2011, de 14 de septiembre) y urbanismo (SSTC 74/2011, de 19 de mayo, y 137/2011, de 14 de septiembre); la regulación por el legislador estatal del contrato de cesión de derechos de uso de agua (STC 149/2011, de 28 de septiembre); la reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorro llevada a cabo por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (SSTC 118/2011, de 5 de julio, y 138/2011 y 139/2011, ambas de 14 de septiembre); diversos aspectos del desarrollo del principio de estabilidad presupuestaria plasmado en la Ley 18/2001, de 12 de diciembre y la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre (SSTC 134/2011, de 20 de julio, y 157/2011, de 18 de octubre, que iniciaron una larga serie compuesta por otras once sentencias); sendas leyes de medidas fiscales, administrativas y del orden social (SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, y 176/2011, de 8 de noviembre); el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y las ciudades con Estatuto de Autonomía introducido por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre (STC 204/2011, de 15 de diciembre); sendas reformas de las leyes electorales de Castilla-La Mancha y Andalucía (SSTC 19/2011, 3 de marzo, y 40/2011, de 31 de marzo, respectivamente) y diversas disposiciones de la ley de fundaciones de la Comunidad de Madrid (STC 120/2011, de 6 de julio). Las cuestiones de inconstitucionalidad dieron lugar a 16 sentencias, dos de ellas cuestiones internas de inconstitucionalidad (SSTC 39/2011, de 11 de marzo, promovida por el propio Pleno del Tribunal
Constitucional en relación con el establecimiento de un recargo tributario para cuya imposición no se preveía procedimiento contradictorio alguno, y 177/2011, de 8 de noviembre, planteada por la Sala Segunda del Tribunal con respecto al régimen de impugnación de las sanciones impuestas por infracciones leves en materia de disciplina militar); las restantes versaron sobre la regulación del traspaso de locales de negocio resultante de la transformación, fusión o escisión de sociedades y entidades públicas y privadas (STC 50/2011, de 14 de abril), la tasa por instalación de anuncios publicitarios visibles desde las vías públicas locales (STC 73/2011, de 19 de mayo), la supeditación de la cesión del disfrute del permiso de maternidad exclusivamente al supuesto de que la madre sea trabajadora por cuenta ajena (SSTC 75/2011, de 19 de mayo, y 152/2011, de 29 de septiembre), la distribución de competencias entre los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo (STC 121/2011, de 7 de julio), la reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorro por la Ley 44/2002 (SSTC 151/2011, de 29 de septiembre, y 160/2011, de 19 de octubre), la ordenación de la atención farmacéutica en Extremadura (STC 161/2011, de 19 de octubre), la exención de grado en la promoción interna de policías locales de Cantabria (STC 175/2011, de 8 de noviembre), el establecimiento por el legislador autonómico de supuestos de exención del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (STC 184/2011, de 23 de noviembre), subvenciones a partidos políticos (SSTC 200/2011 y 201/2011, ambas de 13 de diciembre), el régimen de impugnación de las sanciones por infracciones leves de la disciplina de la Guardia Civil (STC 202/2011, de 13 de diciembre) y las limitaciones a la revisión del grado de invalidez permanente reconocido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (STC 205/2011, de 15 de diciembre). finalmente, el Pleno pronunció siete sentencias en conflictos positivos de competencia sobre retribuciones a funcionarios de la Administración de Justicia (STC 109/2011, de 22 de junio), ejercicio de la potestad subvencional en relación con el deporte universitario y con los servicios sociales (SSTC 156/2011, de 18 de octubre, y 178/2011, de 8 de noviembre, respectivamente), ordenación de explotaciones porcinas (SSTC 158/2011, de 19 de octubre, y 207/2011, de 20 de diciembre), cooperación económica estatal a las inversiones locales (STC 159/2011, de 19 de octubre) e integración laboral de discapacitados (STC 149/2011, de 13 de diciembre).
Por su parte, las Salas dictaron siete sentencias en procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales cuyo conocimiento les había sido deferido por el Pleno en uso de la facultad que le otorgan el
art. 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. De éstas, la Sala Primera dictó cuatro sentencias, una de ellas resolutoria de cinco conflictos positivos de competencia y un recurso de inconstitucionalidad en materia de formación continua de profesionales sanitarios (STC 1/2011, de 14 de febrero) y las tres restantes recaídas en otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad relativas a la distribución de competencias en materia de comercio interior (STC 4/2011, de 14 de febrero) y al deslinde de atribuciones entre los órdenes jurisdiccionales social y contencioso- administrativo (SSTC 146/2011 y 147/2011, ambas de 26 de septiembre).
A su vez, la Sala Segunda pronunció tres sentencias en cuestiones de inconstitucionalidad, todas ellas anulatorias de otras tantas previsiones legales autonómicas que impedían participar, en los procedimientos de apertura de nuevas oficinas de farmacia, a los farmacéuticos mayores de sesenta y cinco años (SSTC 63/2011, de 16 de mayo; 79/2011, de 6 de junio, y 117/2011, de 4 de julio).
La mayoría de las sentencias dictadas por el Tribunal en procesos de inconstitucionalidad y conflictos (concretamente, 59 de las 62) resolvieron el fondo de los asuntos planteados, por más que en algunas de ellas se acordara la inadmisión parcial de algunos aspectos. Las tres sentencias restantes, dictadas todas ellas en cuestiones de inconstitucionalidad, no entraron a examinar el fondo del asunto planteado al apreciarse una defectuosa formulación del juicio de relevancia (SSTC 160/2011, de 19 de octubre, donde además se constató la pérdida parcial de objeto del proceso; 200/2011 y 201/2011, de 13 de diciembre).
Cuatro de las sentencias pronunciadas en este tipo de procesos constitucionales contaron con votos particulares. Todas ellas fueron dictadas por el Pleno, tres en recursos de inconstitucionalidad (SSTC 110/2011, de 22 de junio; 136/2011, de 13 de septiembre, y 137/2011, de 14 de septiembre) y una en conflicto positivo de competencia (STC 156/2011, de 18 de octubre).
Durante 2011 el Pleno inadmitió mediante auto 19 cuestiones de inconstitucionalidad, ya fuera por falta de las condiciones procesales o por resultar notoriamente infundadas; asimismo, se inadmitieron un conflicto negativo de competencia (ATC 15/2011, de 15 de febrero) y un conflicto positivo de competencia, que había sido inicialmente admitido, decisión revocada al estimar el recurso de súplica formulado por el Abogado del
Estado (ATC 97/2011, de 21 de junio). En sentido contrario, la estimación del recurso de súplica formulado frente al ATC 55/2011, de 17 de mayo, supuso la admisión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta Diputados con respecto a la Ley foral 16/2010, de 8 de noviembre, por la que se crea el registro de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo (ATC 98/2011, de 22 de junio). El Pleno apreció, asimismo, la extinción de cuatro recursos de inconstitucionalidad como consecuencia del pronunciamiento de las SSTC 31/2011, de 17 de marzo, sobre regulación de horarios comerciales (ATC 39/2011, de 12 de abril) y 137/2011, de 14 de septiembre, en relación con la reforma de la legislación urbanística llevada a cabo en el Real Decreto- ley 4/2000 (AATC 148/2011, 149/2011 y 150/2011, todos ellos de 7 de noviembre). Igualmente por auto, tanto del Pleno como de las Salas, se declaró la extinción de un total de 21 cuestiones de inconstitucionalidad;
18 de esos autos fueron dictados por el Pleno, ocho de ellos para declarar extinguidas las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación con la tasa por instalación de anuncios publicitarios visibles desde las vías públicas locales, declarada inconstitucional y nula por la STC 73/2011, de 19 de mayo (AATC 77/2011 a 84/2011, todos ellos de 7 de junio), y los diez restantes para hacer lo propio con respecto a las cuestiones que tenían por objeto el régimen de impugnación contenciosa de las sanciones impuestas por infracciones leves en materia disciplinaria militar anulada por la STC 177/2011, de 8 de noviembre, resolutoria de la cuestión interna de inconstitucionalidad promovida en su día por la Sala Segunda del propio Tribunal (AATC 168/2011 a 177/2011, todos ellos de 13 de diciembre); la Sala Primera dictó dos autos declarando la extinción de otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 126/2011, de 17 de octubre, y 151/2011, de 7 de noviembre) y uno la Sala Segunda (ATC 88/2011, de 20 de junio).
En materia de medidas cautelares el Pleno dictó nueve autos acordando el levantamiento de la suspensión de las normas y resoluciones autonómicas impugnadas por el Presidente del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE (AATC 42/2011, 43/2011, y 44/2011, todos ellos de 12 de abril;
87/2011, de 9 de junio; 95/2011 y 96/2011, de 21 de junio; 107/2011, de 5 de julio; 161/2011, de 22 de noviembre, y 181/2011, de 13 de diciembre) y en otros cuatro decidió mantener dicha suspensión (AATC 24/2011, de 3 de marzo; 108/2011, de 5 de julio; 114/2011, de 19 de julio, y 183/2011, de 14 de diciembre, este último con un voto particular).
finalmente, en el ATC 132/2011, de 18 de octubre, se desestimó la
petición de suspensión de una norma autonómica recurrida por más de cincuenta Diputados.