PDF superior El principio de transparencia en la contratación pública

El principio de transparencia en la contratación pública

El principio de transparencia en la contratación pública

Como reza la cita, se menciona la transparencia de la contratación por parte de la Administración “como un medio para lograr la objetividad de la actividad administrativa y el respeto a los principios de igualdad, no discriminación y libre concurrencia”, por lo que no está considerada por la Ley como un fin o un objetivo principal que deba cumplir la Administración, sino como un medio para conseguir dichos fines. Como veremos más adelante, concretamente en el punto 4 de este trabajo, la transparencia nunca es un fin, sino un medio que, en muchos casos, asegura el cumplimiento de otros principios. La mención al concepto citada es la única que se hace en la Ley de Contratos del Estado de 1995, la cual tenía como una de sus causas principales la adaptación de la legislación al conjunto de la Comunidad Europea:
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Normatividad y jurisprudencia sobre el principio de transparencia en la contratación pública

Normatividad y jurisprudencia sobre el principio de transparencia en la contratación pública

Se tiene entonces, que el SECOP llevó a una mejor materialización del principio de publicidad en la actuación administrativa de la entidades estatales, en tanto como ya se mencionó, y en consecuente cumplimiento de lo dispuesto en el DUR, existe la obligatoriedad para las entidades de hacer públicos un mínimo número de documentos que guardan estrecha relación con la celebración de contratos, de modo que no se puede negar, que la implementación del SECOP I y II, ha llevado a una mejor aplicación, del principio de transparencia (Herreño, 2016). Las actividades de la administración, ahora cuentan con una mejor forma de acceso y control, en todo lo referente a la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Con la puesta en marcha del SECOP, en sus versiones I y II, los interesados pueden consultar y actuar frente a las decisiones arbitrarias de la administración, además, al aplicar la Ley 527 de 1999, hay una equivalencia funcional de las actuaciones, para que las mismas pueden tener lugar a través de medios electrónicos, lo cual va en línea con lo ordenado en la Ley 1712 y su Decreto Reglamentario parcial 103 de 2015, en lo referente a la publicidad de los actos.
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Aplicación del principio de preclusividad en la contratación pública

Aplicación del principio de preclusividad en la contratación pública

Cabe agregar que a pesar de existir un marco normativo que sirve de base piramidal para dar alcance al principio de preclusividad; se encuentra, que tal principio ha servido para los fines de la contratación estatal, en cuanto a que, permite una visión clara como se expuso en el trabajo, en la búsqueda de una selección objetiva, favorable, tanto para la Entidad como para el contratista; sin embargo, en el ejercicio contractual se ha establecido las diferentes situaciones que han llevado a entrabar procesos que deben ser dirimidos por las Altas Cortés en pro de buscar una solución que sirva de intermediaria frente a los conflictos suscitados en la contratación pública.
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El principio de discrecionalidad en la normativa de contratación pública

El principio de discrecionalidad en la normativa de contratación pública

La legislación de Contratación Pública en el Perú, incluidas sus modificaciones, vigente desde abril de 2017, no contiene un principio explícito de discrecionalidad que permita a las entidades contratantes tomar decisiones para el cumplimiento oportuno de sus contratos. Ante esa realidad, la investigación busca determinar si las legislaciones de los países de la región regulan este principio y cuentan con disposiciones que lo desarrollen. Asimismo, se ha revisado recomendaciones de agencias de desarrollo, para verificar si estas recomiendan que las decisiones que toman las entidades deben privilegiar el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas del Estado, en lugar del cumplimiento de procedimientos formales. Por lo que teniendo en consideración la legislación comparada, la doctrina y recomendaciones de las agencias de desarrollo, se propone implementar un Principio de discrecionalidad administrativa y disposiciones que la desarrollen. Durante la investigación se han empleado métodos analítico, descriptivo y comparativo a efectos de alcanzar los objetivos esperados. Producto del uso de los referidos métodos, se ha podido corroborar que el marco normativo del Perú no cuenta con un principio explícito de discrecionalidad administrativa para las entidades contratantes tomen decisiones con miras de asegurar el cumplimiento oportuno de los contratos, en su lugar, cuenta con un Principio de Eficacia y Eficiencia que de manera insuficiente otorga discrecionalidad a las entidades contratantes. Por su lado, los países de la región no cuentan con un Principio de Discrecionalidad. Finalmente, del trabajo de investigación, se ha concluido que el nuevo marco normativo de compras públicas del Perú privilegia el cumplimiento de los fines por encima del cumplimiento de procedimientos, sin embargo, no cuenta con un principio explícito que permita a las entidades tomar decisiones para asegurar el cumplimiento oportuno de los contratos, por lo que en las recomendaciones e propone implementación normativa en la Ley de Contrataciones del Estado.
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Importancia de la transparencia en la contratación pública en la lucha contra la corrupción

Importancia de la transparencia en la contratación pública en la lucha contra la corrupción

En el marco de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 (por medio de las cuales tuvo lugar la expedición del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se introdujeron medidas para la efi ciencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, respectivamente) no se puntualizó el concepto de transparencia; no obstante, la doctrina ha avanzado sobre el particular al punto tal que lo defi ne como aquel principio en virtud del cual la actividad contractual debe efectuarse en forma pública e imparcial, en aras de garantizar la igualdad, la imparcialidad, la moralidad, la publicidad, la libre concurrencia; todo lo cual en orden a materializar la selección objetiva del contratista (Fandiño, 2014). A propósito de la ley 80 de 1993, la Corte Constitucional mediante sentencia C-128 de 2003, en relación con la forma en que la mencionada disposición desarrolla el principio de tranparencia, precisó:
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La contratación pública electrónica en Bogotá, D.C. : ¿fortalecimiento de los escenarios de transparencia y control?

La contratación pública electrónica en Bogotá, D.C. : ¿fortalecimiento de los escenarios de transparencia y control?

La pertinencia de este trabajo se enmarca en el campo de la gestión pública, con apoyo e incidencia en la ciencia política. Durante todo el desarrollo de la investigación se hará alusión a ellas, ya que la implementación de herramientas tecnológicas, en busca de optimizar el proceso contractual podrá generar resultados, vigilancia, transparencia y eficiencia, lo que conlleva, si los procedimientos fueron efectivos, a acercar la ciudadanía a la res pública, y si por el contrario los procedimientos no fueron los indicados, a aumentar de distancia entre la gestión pública y la participación ciudadana. La contratación pública es un tema específicamente del derecho administrativo, pero cuando a este concepto se le adiciona la palabra electrónica se comienza a notar que traspasa barreras disciplinarias y que puede ser estudiado desde la Ciencia Política, ya que se hace alusión a la forma en que el Estado satisface las necesidades básicas de sus habitantes por medio de políticas públicas. La contratación en línea es una política pública, que desde el gobierno central ha buscado acercar la gestión presupuestal, haciéndola más accesible, rápida y transparente para los usuarios, órganos de control, y en general a la ciudadanía, por lo cual entra en un análisis politológico, porque se estudia la acción gubernamental y las relaciones que se presentan entre gobernante y gobernado.
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El principio de transparencia como lucha contra la corrupción en la contratación estatal  colombiana

El principio de transparencia como lucha contra la corrupción en la contratación estatal colombiana

El presente artículo busca hacer un análisis de la aplicación que se le da al principio de transparencia dentro de la contratación estatal colombiana, su importancia y el alcance que tiene en el desarrollo de los procesos de contratación. Además busca determinar qué tan eficaz es este principio, teniendo en cuenta que el gobierno colombiano ha diseñado e implementado medidas de control con el fin de garantizar la transparencia dentro de la contratación pública, para así combatir una de las problemáticas más grandes que se vive en el país como es la corrupción. De igual manera busca dar un análisis de los índices de corrupción en Colombia para determinar si las medidas que se han adoptado realmente han cumplido el fin para las cuales fueron creadas; lo anterior haciendo alusión a la modificación del estatuto contractual mediante la ley 1150 de 2007. Palabras claves: aplicabilidad, corrupción, igualdad, principio, publicidad, recursos públicos, transparencia.
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Aplicación del principio de transparencia y probidad administrativa en la contratación pública y especialmente en la licitación pública. Revisión doctrinaria y jurisprudencial.

Aplicación del principio de transparencia y probidad administrativa en la contratación pública y especialmente en la licitación pública. Revisión doctrinaria y jurisprudencial.

e igualdad, no tendría por qué haber restricciones al respecto. El Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de referirse a ello en su sentencia rol 2689 de 24 de mayo de 2016, apelando a que el principio de transparencia permite una fiscalización más amplia que los instrumentos de la norma en específico: “Que, en el caso concreto, parece necesario asumir un adecuado resguardo frente a un proveedor situado en el extranjero, con el cual se utiliza el mecanismo del trato directo respecto de un contrato con la Administración del Estado, en relación con el que existe constancia que un medio idóneo para determinar los detalles del acto administrativo fue el uso de la comunicación electrónica, cuestión que a nadie debería extrañar en la segunda década del siglo XXI”. Si bien el fallo no alude expresamente a la nacionalidad del oferente, ni tampoco se enmarca dentro de un proceso licitatorio, es menester atender el factor de foraneidad como un elemento determinante, habida cuenta de su mayor lejanía a efectos de verificar su idoneidad como contratante. En todo caso, veremos más adelante que la existencia de sanciones en el extranjero es considerado irrelevante por la jurisprudencia para calificar la idoneidad de un participante.
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Función de supervisión de la contratación estatal: un análisis desde el principio de transparencia y la seguridad jurídica

Función de supervisión de la contratación estatal: un análisis desde el principio de transparencia y la seguridad jurídica

En este orden de ideas se está dejando en la norma jurídica de forma general a discrecionalidad del supervisor o interventor del contrato a libre albedrio del desarrollo del contrato que están configuradas bajo unas figuras jurídicas que permiten una amplia discrecionalidad para la ejecución de la misma como lo son: adición, modificación, prórroga, contratos apremio, decisiones que se toman por la entidad pública, basado en los informes previos emanados del funcionario que controla la ejecución del contrato, el principio de transparencia no se garantiza en tanto es una acción subjetiva no existe un control permanente de los actos que se llevan a cabo por parte del supervisor, que como consecuencia puede acarrear en actuaciones delictivas, u omisiones por falta de conocimiento sobre el objeto contractual, teniendo en cuenta que se está manejando recursos del Estado.
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TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL PAÍS VASCO (ESPAÑA)

TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL PAÍS VASCO (ESPAÑA)

Sobre las obras públicas, en la tabla 7 se puede apreciar que los municipios con mejor valoración son todos municipios con un tamaño de población por encima de los 60.000 habitantes, es decir, son los municipios de mayor tamaño del País Vasco, que además son los que realizan un mayor número de obras públicas. Lo más preocupante es que hay 27 ayuntamientos, es de- cir el 64%, que no tienen ninguna información sobre obras públicas. Tener acceso a informaciones sobre el presupuesto, plazo de finalización de la obra, empresas prestadoras de los servicios entre otros aspectos, facilita el acompañamiento de la contratación pública. Villoria (2007), Jiménez (2009) y Cerrillo i Martínez (2012) señalan que los escándalos de corrupción ocu- rren en el ámbito local, en ese caso, la transparencia de las obras públicas se convierte en un catalizador para la fiscalización ciudadana, que puede verificar la ejecución, inclusive física, de las obras en construcción.
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Acceso a la información pública y principio de transparencia. Concepto, bloque constitucional y test de proporcionalidad

Acceso a la información pública y principio de transparencia. Concepto, bloque constitucional y test de proporcionalidad

En este sentido, estimamos que el derecho de acceso a la in- formación pública es sui generis, ya que contempla, por un parte, un carácter social que se maniesta en la obligación del Estado de seguir un actuar transparente. Sin embargo, su vigencia no se agota en la mera declaración de que los órganos del Estado deben regirse por el principio de transparencia en su desempeño, ya que nuestro ordenamiento jurídico contempla, además, la posibilidad de que cada persona, individualmente considerada, reclame la vi- gencia del derecho de acceso a la información pública ante los Tribunales de Justicia o ante las entidades que corresponda (co- mo el Consejo para la Transparencia). Entonces, el Estado estaría obligado a responder las solicitudes de las personas y entregarles la información públicamente relevante, para los nes que éstas estimen pertinentes (ya sea para scalizar la labor de las autori- dades y representantes, ya sea con el n de utilizar la información de conformidad lo estimen conveniente).
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El principio de la confianza legítima para establecer una contratación pública eficiente

El principio de la confianza legítima para establecer una contratación pública eficiente

Es entonces este principio un limitante al poder de la Administración, para evitar la arbitrariedad en la toma de decisiones, y de esta forma respetar las competencias otorgadas por el ordenamiento jurídico a la administración, como las normas o procedimientos a que deben sujetarse para el cumplimiento de los fines estatales consagrados en la Constitución y en las leyes. Lo mismo que el respeto por los principios que irradian el ordenamiento en especial, los de transparencia y publicidad que sustentan el proceso de contratación estatal. En relación con el principio de transparencia, la Ley 80 de 1993 busca que en los procedimientos de selección, en especial en la elaboración de los pliegos y en la publicidad de los mismos que se dé plena cabida y respeto a este principio que obliga a la Administración a indicar los requisitos objetivos y necesarios para participar, así como a definir reglas objetivas, justas, claras y complejas que permitan la confección de los ofrecimientos, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso (art. 24 No. 5); señalar las reglas de adjudicación del contrato en los avisos de apertura de la licitación o concurso y en los pliegos de condiciones o términos de referencia (art. 24 No. 6); y motivar los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, y los informes de evaluación, el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso de escogencia (art. 24 No. 7).
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La aplicación del principio de transparencia en los procesos de selección en la contratación estatal colombiana a través del Secop

La aplicación del principio de transparencia en los procesos de selección en la contratación estatal colombiana a través del Secop

Ricardo García Macho habla en su artículo La transparencia en el sector público, se refiere a que éste principio está indisolublemente atado al derecho a la información, constituyéndose ambos en la base del sistema democrático y en la razón del debido funcionamiento de las instituciones públicas, de tal manera que afirma El ciudadano necesita información para que su participación en la toma de decisiones sea efectiva, y su impulso depende de que la idea de democracia no se entienda sólo en sentido formal y jerárquico, sino entendida como una concepción abierta a una participación efectiva en los procesos de decisión política y administrativa. También en la realización del principio del Estado de derecho la transparencia tiene un papel de fomento, lo cual se manifiesta en la garantía de los derechos fundamentales, así en el aseguramiento y ponderación del derecho fundamental a la protección de datos. La transparencia en el funcionamiento de las instituciones públicas facilita la formación de una opinión pública informada, que podrá participar en la toma de decisiones en las cuestiones que les conciernen. Existe una relación entre publicidad y transparencia, y si bien es cierto que el principio de publicidad goza de una mayor tradición histórica como ha sido puesto de manifiesto3, en la actualidad caminan juntos y coadyuvan a la formación de una opinión pública, para lo cual debe facilitarse al ciudadano el acceso a los documentos. https //www.google.com.co/webhp?sourceid=chromeinstant&ion= &espv= &ie=UTF- 8#q=la%20transparencia%20en%20el%20sector%20p%C3%BAblico%20garc%C3%ADa%20macho
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Principio de transparencia, base de la contratación estatal colombiana

Principio de transparencia, base de la contratación estatal colombiana

Percibo que el legislador al evidenciar los altos índices de corrupción en el país, vio la necesidad de acudir a un principio, para que con base en él se desarrollara la normatividad contractual, positivizándolo. Si decimos que el cometido de un principio es complementar tres necesidades del derecho objetivo, tenemos que el principio de transparencia abarcaría la mayor parte de la realidad, en el entendido que con su aplicación estaría atacando la corrupción; en cuanto a la compatibilidad de las normas tenemos que la totalidad de la normatividad contractual con el Estado es coherente a este principio, y a su vez las mismas normas tienden a cumplir con los fines del Estado a través de una adjudicación transparente siguiendo lo preceptuado.
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LA NECESIDAD DE LA PLANIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN COMO GARANTÍA DE TRANSPARENCIA, DEL USO ESTRATÉGICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DEL USO ADECUADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

LA NECESIDAD DE LA PLANIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN COMO GARANTÍA DE TRANSPARENCIA, DEL USO ESTRATÉGICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DEL USO ADECUADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

“Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente Ley son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el de conseguir una mejor relación calidad-precio.” Por lo tanto, como hemos visto, la LCSP pretende una amplificación de la transparencia. Se trata tanto de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a saber cómo se utilizan los fondos públicos, de los que son dueños, y a conocer, no solo qué servicios se prestan, sino cómo se prestan esos servicios como el derecho de las empresas a tener la información que garantice la libertad de acceso a las licitaciones (principio general) dado que la transparencia en la información es un puntal importante de la igualdad de trato (otro principio general).
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Los actos preparatorios y principio de eficiencia de la contratación pública

Los actos preparatorios y principio de eficiencia de la contratación pública

El marco normativo de Actos Preparatorios influye significativamente en sentido negativo en el Principio de Eficiencia de la Contratación Pública. La Capacidad Técnica en contratac[r]

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IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA JOSÉ HANS BARRETO GONZÁLEZ

IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA JOSÉ HANS BARRETO GONZÁLEZ

Encontramos pues, que esta Ley estableció que una persona incursa en cualquiera de las causales de inhabilidad que consagra la Constitución o la Ley, significa un ataque directo al principio de transparencia, conducta en la cual también incurrirá quien lo permita o lo oculte – Artículo 1º-. Así mismo, se previno que mediante el uso de la contratación pública, se pagaran “favores recibidos en las campañas políticas”, lo que en efecto materializa el principio de transparencia –Artículo 2º-. De igual manera se busca prevenir en la norma que un ex funcionario se aprovechara de los contactos en la entidad donde laboró estableciendo unas limitaciones en la contratación –artículo 3-. En el mismo sentido, con el fin de prevenir actos de corrupción y que atentan contra la transparencia, se estableció una inhabilidad para que quienes al nivel de la respectiva entidad tengan cierto grado decisivo, manejo y control, en aras de que puedan aprovechar tal situación en beneficio propio, estableciendo una serie de limitantes mediante la figura de la inhabilidad para contratar, en procura de aislar de la gestión administrativa o relación con la misma a aquellas personas –artículo 4º-.
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El principio de transparencia como principio de actuación administrativa

El principio de transparencia como principio de actuación administrativa

Lógicamente, entiendo que este principio no puede ser confeccionado como algo absoluto porque terminaría perjudicando los fines a los que sirve. Tras el estudio de la LTBG y, sobre todo, de las corrientes del Derecho comparado, comparto que hay bienes jurídicos que deben situarse fuera del alcance de la transparencia. En cambio, considero que las restricciones a la transparencia en la actuación administrativa no deberían aplicarse con la misma rigurosidad en el ámbito político, donde la transparencia debe exigirse todavía más categóricamente.
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La transparencia como principio vertebrador de la contratación pública: significado y problemas de articulación normativa

La transparencia como principio vertebrador de la contratación pública: significado y problemas de articulación normativa

La transparencia en la contratación pública es una exigencia que se predica del sector público, y espe- cialmente de las Administraciones públicas, en los términos dispuestos en la Ley 9/2017 de CSP. En conse- cuencia, los incumplimientos en esta materia pueden dar lugar: a) a la presentación del recurso especial en materia de contratación, cuando el incumplimiento de actuaciones de transparencia se refiera a los contratos y actos recogidos en el art. 44; b) a la interposición del recurso de alzada o potestativo de reposición cuando afecten a actos de preparación, adjudicación, ejecución o extinción del contrato que no sean susceptibles del recurso especial (art. 44.6). Tanto en los supuestos referidos en el apartado a) como en el b), las resolucio- nes administrativas de esos recursos son impugnables ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. A tal efecto, hay que tener en cuenta que el art. 38 de la Ley 9/2017 CSP considera un vicio de invalidez de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores «cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas de Derecho Administrativo». Y entre las causas de nulidad de pleno derecho específicas de la contratación pública, por lo que ahora nos interesa, procede referirse a «la falta de publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante», en el “Diario Oficial de la Unión Europea” o en el medio de publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el art. 135, según dispone el art. 39 c) 63 . A su vez, como causas de anulabilidad que pueden derivarse
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El principio de publicidad como garantía de transparencia en la actividad contractual de la contratación pública

El principio de publicidad como garantía de transparencia en la actividad contractual de la contratación pública

Los diferentes procesos de contratación y en su totalidad, no alcanzan llegar a los distribuidores de bienes, servicios u obras, debido que, en la actualidad, pocos conocen el sistema electrónico disponible para la publicidad de los contratos públicos, violando en primera medida el principio de libre concurrencia o igualdad de trato. Es importante preguntarnos si efectivamente es un elemento de garantía, el principio de transparencia y el principio de publicidad de cada uno de los procesos contractuales en Colombia, dado a que en muchas entidades no publican en su totalidad la actividad contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP violando el principio de publicidad como exigencia contractual y del mismo modo violando el principio de transparencia pues no se respeta la publicación de los actos contractuales y la facilitación de cualquier persona a la información de los mismos, a través de los medios y procedimientos que establece las ley.
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