PDF superior Globalización del derecho administrativo colombiano

Globalización del derecho administrativo colombiano

Globalización del derecho administrativo colombiano

Gloria Amparo Rodríguez Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, Universidad Externado de Colombia. Máster en Medio Ambiente y Desarrollo, Universidad Nacional de Co- lombia. Abogada, especialista en Derecho Ambiental y Negociación, Conciliación y Arbitraje, Universidad del Rosario. En la actualidad se desempeña como Directora de la Especialización en Derecho Ambiental de la Uni- versidad del Rosario, donde también es docente. Es coautora del libro Lineamientos para una reglamen- tación de la flora medicinal en Colombia. Rodríguez, Gloria, et ál. (Editorial Universidad del Rosario, 2007). Autora del artículo “La participación en la ley forestal” en Columnas al derecho. Observatorio El Espectador. (Editorial Universidad del Rosario, 2007). Beatriz Londoño Toro Doctora en Derecho Universidad Complutense de Ma- drid, España. En la actualidad se desempeña como Directora del Grupo de Investigación en Derechos Hu- manos. Docente de la Especialización en Derecho Am- biental de la Universidad del Rosario. Coautora de los libros Función Ecológica de la Propie- dad en Resguardos Indígenas (Centro Editorial Uni- versidad del Rosario, 2004); Perspectivas del Derecho Ambiental en Colombia Londoño Toro, Beatriz, et ál., (Centro Editorial Universidad del Rosario, 2006). Edi- tora académica del libro Propiedad conflicto y medio ambiente. Londoño, varios autores (Centro Editorial Universidad del Rosario, 2004). Giovanni J. Herrera Carrascal Abogado, especialista en Derecho Administrativo, Comercial y Ambiental. Estudiante de la Maestría en Derecho de los Recursos Naturales. En la actualidad se desempeña como Coordinador de Conceptos y Casos Especiales del Departamento Administrativo de la De- fensoría del Espacio Público de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Docente de la Especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario. Es coautor del libro Perspectivas del Derecho Ambiental en Colombia, 2006, (Centro Editorial Universidad del Rosario, 2006).
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Transformaciones y evolución de las fuentes del derecho administrativo colombiano a partir de los tratados de integración

Transformaciones y evolución de las fuentes del derecho administrativo colombiano a partir de los tratados de integración

Así pues, el concepto de “principios” como categoría normativa sugiere la base para realizar el análisis de las repercusiones de la incorporación de los tratados a nuestro ordenamiento jurídico que dará lugar al derecho de integración. Por tanto, empezaremos por enunciar que los principios hacen referencia a típicas normas de organización, mediantes los cuales se unifica o estructura cada una de las instituciones jurídicas que dan fundamento o valor al derecho, a través de la condensación de valores no sólo de justicia sino éticos (Espinosa, 2011: p. 400- 404). Eso es lo que justamente los diferencia de las “reglas”, las cuales constituyen normas de conducta que consagran imperativos categóricos o hipotéticos que deben ser acatados independientemente del ámbito factico o jurídico en el que se producen. Sobre el particular providencias de la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones se han pronunciado al respecto (v.gr. la sentencia T-406 de 1992, C-251 de 2002, C-538 de 2010 entre otras), señalando que éstos deben ser entendidos de tal manera que signifiquen una base deontológica-jurídica sin la cual cambiaría la naturaleza misma de la Constitución y por ende la estructura organizativa perdería su significado y razón de ser. Por lo tanto, desde la perspectiva de nuestro trabajo, nos interesa la finalidad de los principios en el entendido de ser una guía o un faro para el juez que en caso de insuficiencia normativa concreta y específica, deben ser empleados como fuente integradora del derecho.
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MODERNIDAD Y MODERNIZACIÓN EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO - BREVE REFLEXIÓN SOBRE LA UTILIDAD DEL PRECEDENTE ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL NEOCONSTITUCIONALISMO

MODERNIDAD Y MODERNIZACIÓN EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO - BREVE REFLEXIÓN SOBRE LA UTILIDAD DEL PRECEDENTE ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL NEOCONSTITUCIONALISMO

de validez de las ditintas formas en que se expresa, sea ya desde la ley, el acto administrativo o las sentencias judiciales. Por lo tanto, no sería mala idea contemplar la posibilidad de garantizar principios como el de la igualdad, la seguridad jurídica y la legalidad acudiendo a un re-leer de las decisiones administrativas. Ello evitaría, con razón, el atiborramiento de la administración de justicia y llevaría a lograr el cometido primordial de la función pública: dar un buen servicio. Lo anterior no significa, sin embargo, que el servidor público se mantenga ajeno a la transformación; al contrario, cumplir con las nuevas funciones, lo que implica mejorar el servicio, también lleva inmersa la necesidad de mejorar las competencias de los servidores. En términos futuristas y especulativos, se trataría de reavivar las discusiones jurídico académicas al interior de la administración pública, dejando atrás gradualmente el fantasma de la burocracia estática y molesta ¿Sería bueno, entonces, impulsar la transformación? Indudablemente.
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Módulo para la presentación del examen preparatorio de derecho público :administrativo general y colombiano

Módulo para la presentación del examen preparatorio de derecho público :administrativo general y colombiano

Es, pues, derecho y, además, administrativo. Como derecho, su estudio corresponde a la teoría general del derecho, cuyo concepto ha sido discutible. Si nos atenemos a KELSEN, es un sistema de normas coactivas. Si se acepta la división del derecho en Público y Privado ( distinción imprecisa, pues se discute si ella obedece a la intervención de una entidad estatal, o a la materia regulada, o al interés protegido por la norma), la doctrina lo ubica en el Público. Es así, una rama del derecho público, y una rama autónoma, separada de las otras secciones de ese público, como del constitucional, penal, internacional financiero, aunque estrechamente relacionada con éstos. Además algunos como ALESSI, lo califican como interno, pero también existe el administrativo internacional. Desde luego, también tiene amplias vinculaciones con el derecho privado ( civil, comercial), porque a veces la Administración se somete al derecho privado o interfiere en las relaciones jurídicas privadas.
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Reflexiones acerca del principio de proporcionalidad en el ámbito del derecho administrativo sancionador colombiano

Reflexiones acerca del principio de proporcionalidad en el ámbito del derecho administrativo sancionador colombiano

facultad para imponer una obligación o regular una conducta, en aras de alcanzar el bienestar general, y no lo fuera. para imponer sanciones por su incumplimiento[r]

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El derecho y la globalización desde abajo

El derecho y la globalización desde abajo

Un segundo factor que debe sopesarse cuando se valoran las condiciones para la acción contrahegemónica es la observación de que las redes transnacionales que apoyan a las EM y a algunas de las redes de activistas transnacionales (Keck y Sikkink 1998) que luchan por controlar el poder empresarial comparten algu- nas características sociales fundamentales. Aquí una de las cuestiones funda- mentales es que un mayor número de grupos sin ánimo de lucro y de asociaciones civiles comparten una cultura de saber experto profesional que no es muy distinta de la que sirve de base para la organización de las empresas. En las páginas que siguen, por lo tanto, intentaré ofrecer algunas reflexiones críticas sobre algunas coaliciones contrahegemónicas típicas y sobre campañas de oposición solidarias. En este orden de cosas, Santos (2002) defiende que las condiciones están maduras para que emerjan nuevos tipos de coaliciones entre «los subalternos en Occidente y los del resto del mundo». Por ejemplo, las coaliciones transnacionales para la eliminación de las maquilas incluyen sindicatos, organizaciones de consu- midores, grupos religiosos, ONG de derechos humanos, organismos de control independientes, organizaciones de estudiantes y otras organizaciones de coordi- nación general (véase en este volumen el capítulo de Rodríguez Garavito). De manera similar, considérese la identidad de los demandantes en los casos pre- viamente discutidos de la ATCA. En muchos casos, los indígenas, los pobres y los pueblos oprimidos han sido capaces de presentar sus demandas porque fueron ayudados, financiados y representados por participantes institucionales de otros lugares. En el caso contra Unocal, los campesinos de Birmania fueron representados por abogados de EarthRights International, el Center for Constitu- tional Rights, con sede en Nueva York, y por dos despachos de abogados privados especializados en casos de derechos civiles y en acciones de clase. En el caso contra Texaco, miembros de tres tribus indígenas de Ecuador fueron ayudados por una coalición numerosa: un abogado ecuatoriano trabajando en Estados Uni- dos inició el caso y a él se unieron un despacho de abogados privado especializa- do en pleitos de acciones de clase, un grupo de profesores de derecho de Boston, la Massachussets Environtmental Law Society, Earth Justice International y Amazon Watch. En el caso contra Nigeria, los miembros de la familia de Ken Sero-Wiwa fueron representados por el Center for Constitutional Rights con sede en Nueva York y ayudados por EarthRights International. En el caso contra Coca-Cola, el sindicato colombiano recibió la ayuda y fue representado por el American United Steel Workers Union (sindicato de trabajadores del acero estadounidense) y por el International Labor Rights Fund. Este último también asumió la representa- ción en un caso contra ExxonMobil en Indonesia. 9 Los casos ATCA desdibujan
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El fortalecimiento del control judicial de la administración una mirada comparada desde el derecho continental europeo, el derecho anglosajón y su influencia en el derecho administrativo colombiano

El fortalecimiento del control judicial de la administración una mirada comparada desde el derecho continental europeo, el derecho anglosajón y su influencia en el derecho administrativo colombiano

1991 que establecían la procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Esta sentencia hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, de manera que no pueden revivirse las disposiciones que fueron declaradas inexequibles, pero como vemos hoy claramente, con la amplitud en que la Corte ataca las providencia de los jueces mediante la denominada causales genéricas de procedibilidad, podemos afirmar que ha desconocido la decisión de la cosa juzgada constitucional. Las razones del fallo, en resumidas cuentas, son: “ La cosa juzgada, que confiere a las providencias la fuerza de verdad legal dentro del ámbito individualizado del asunto litigioso resuelto, se funda en el principio de la seguridad jurídica, la cual para estos efectos, reside en la certeza por parte de la colectividad y sus asociados en relación con la definición de los conflictos que se llevan al conocimiento de los jueces. El principio de la cosa juzgada hace parte indiscutible de las reglas del debido proceso aunque no se halle mencionado de manera expresa en el artículo 29 de la Constitución. Todo juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las partes no puede cernirse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de la solución judicial a su conflicto. En consecuencia, hay un verdadero derecho constitucional fundamental a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de la cosa juzgada. Si la Constitución dispone que ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por el mismo hecho -"non bis in ídem," con esa garantía procesal resulta incompatible la posibilidad de intentar acciones de tutela contra sentencias ejecutoriadas, toda vez que ello representaría la reapertura del proceso culminado. Aunque se admitiera, en gracia de la discusión, que, a pesar de las razones enunciadas, fuera procedente la acción de tutela para que un juez
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Estado Social Y Globalización Del Derecho Administrativo DANIEL FELIPE CASTAÑO MESA

Estado Social Y Globalización Del Derecho Administrativo DANIEL FELIPE CASTAÑO MESA

El concepto de globalización no cuenta con una definición que precise todos los elementos que forman parte de este término, y aunque todo el mundo habla de globalización, existe infinidad de consideraciones sobre este concepto, pues abarca diversos espacios que van desde la economía, pasando por la política hasta la tecnología. Existe, por tanto, un debate permanente en torno a la conceptualización de la globalización, pensándose ésta como la ampliación, profundización y aceleración de una interconexión mundial en todos los aspectos de la vida social contemporánea.
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Efectos reglamentarios y jurisdiccionales del derecho comunitario Andino sobre el derecho administrativo colombiano

Efectos reglamentarios y jurisdiccionales del derecho comunitario Andino sobre el derecho administrativo colombiano

Primacía y supremacía son categorías que se desenvuelven en órdenes diferenciados. Aquélla, en el de la aplicación de normas válidas; ésta, en el de los procedimientos de normación. La supremacía se sustenta en el carácter jerárquico superior de una norma y, por ello, es fuente de validez de las que le están infraordenadas, con la consecuencia, pues, de la invalidez de éstas si contravienen lo dispuesto imperativamente en aquélla. La primacía, en cambio, no se sustenta necesariamente en la jerarquía, sino en la distinción entre ámbitos de aplicación de diferentes normas, en principio válidas, de las cuales, sin embargo, una o unas de ellas tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicación preferente o prevalente debida a diferentes razones. Toda supremacía implica, en principio, primacía (de ahí su utilización en ocasiones equivalente, así en nuestra Declaración 1/1992, FJ 1), salvo que la misma norma suprema haya previsto, en algún ámbito, su propio desplazamiento o inaplicación. La supremacía de la Constitución es, pues, compatible con regímenes de aplicación que otorguen preferencia aplicativa a normas de otro Ordenamiento diferente del nacional siempre que la propia Constitución lo haya así dispuesto, que es lo que ocurre exactamente con la previsión contenida en su art. 93, mediante el cual es posible la cesión de competencias derivadas de la Constitución a favor de una institución internacional así habilitada constitucionalmente para la disposición normativa de materias hasta entonces reservadas a los poderes internos constituidos y para su aplicación a éstos. En suma, la Constitución ha aceptado, ella misma, en virtud de su art. 93, la primacía del Derecho de la Unión en el ámbito que a
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La globalización y el Derecho Administrativo argentino

La globalización y el Derecho Administrativo argentino

trínsecamente mala es tan equivocado como decir que la energía ató- mica es intrínsecamente mala. Con esto quiero significar gráficamente que la globalización, conforme al uso que de ella se haga, puede servir como instrumento de colonialismo al servicio de afanes imperialistas, o como instrumento para materializar la solidaridad internacional en función de la hermandad universal del género humano. Por lo tanto, creo que hay dos trampas en las que podemos caer, muchas veces con absoluta buena fe. Una de ellas es combatir la globalización al estilo de Don Quijote, que la emprendía contra los molinos de viento. Es en el fondo una evasión de la realidad, y es también el camino más fácil. Ne- gar la realidad es siempre más sencillo que intentar encauzarla. La se- gunda trampa es “comprar” la idea de globalización que nos quieren vender: la meramente economicista. Todas las visiones economicistas son reduccionistas, aunque convienen, obviamente, a los ricos y pode- rosos... De manera que la solución no es oponerse a la globalización, sino algo mucho más difícil y comprometedor: luchar para que este fe- nómeno de nuestro tiempo sirva para que los pueblos tomemos con- ciencia de nuestro común origen y destino, de nuestra hermandad, de la necesidad de una solidaridad tan urgente como necesaria. No se me escapa que muchos trabajan para que la globalización sea instrumento de los imperialismos de turno. Pero precisamente éste es el desafío. Su- perar los complejos de inferioridad, rechazar las visiones economicistas de la realidad, tomar conciencia verdadera y operante de que podemos dar y hacer mucho en el concierto internacional, predicar aunque sea en el desierto» 10 . Para todo ello es menester una sólida vocación de ser
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PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMPONENTE GENERAL

PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMPONENTE GENERAL

Con la voluntad política del Alcalde (JESUS ARIAS BUITRAGO) para la elaboración del Plan Básico se dio inicio al proceso, el 4 de enero de 1999 se conformo un grupo interdisciplinario investigador, del equipo administrativo, posteriormente se contrato con un consultor (ATLAS INGENIERIA, RICARDO GALINDO), quien adelanto el proceso acorde con el compromiso contractual de Esquema de Ordenamiento Territorial, por motivos de orden social y por la integridad personal el consultor debió salir del país, por lo anterior y dadas las sugerencias de la Corporacion Autonoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR) partiendo del principio que como El Municipio de Ramiriquí es capital de provincia y acorde con la Ley 388 el Municipio puede adoptar un Plan básico de ordenamiento territorial. Se hace necesario contratar con otro consultor (ANA FELISA RODRIGUEZ) la realización de la reestructuración y llevar los contenidos de Esquema a Plan Básico.
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Debates sobre globalización y derecho

Debates sobre globalización y derecho

No obstante el estado de recuperación actual por el sistema de concesiones que le augura al ferrocarril buenas posibilidades de enfrentar volúmenes de carga a costos competitivos, la red fe- rroviaria continúa inconexa y los sistemas de complementación intermodal son inexistentes, lo cual le resta por el momento com- petitividad a este modo de transporte para enfrentar el reto de la globalización. Hacia el futuro de manera paralela se deberá avanzar en el proceso de integración con los distintos modos de transporte para garantizar su eficiencia. De modo complemen- tario, para garantizar la interacción del modo férreo con el sis- tema de transporte nacional y reducir los costos del mismo, la rehabilitación de la red se debe yuxtaponer con la habilitación de puertos secos y centros de transferencia intermodal de carga. Esto permite justificar las enormes inversiones que se están realizando en la recuperación del modo ferroviario y acceder a la carga de vocación ferroviaria que, debido a la ubicación de su origen o destino, no cuenta con acceso directo a la red férrea.
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LECCIÓN 8 LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS (I): CONCEPTO, CLASES Y ELEMENTOS1

LECCIÓN 8 LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS (I): CONCEPTO, CLASES Y ELEMENTOS1

los elementos reglados (por ejemplo, el Gobierno puede presentar o retirar un proyecto de Ley pero en todo caso tienen que cumplir los requisitos establecidos para ello); b) protección de Derechos Fundamentales; c) determinación de indemnizaciones; d) principios y valores constitucionales (esta última es de creación jurisprudencia). Así, por ejemplo, con respecto a un indulto, se reconoce su carácter ajeno al de acto administrativo y se delimita el alcance del control jurisdiccional (del Auto 17485/2006, de 19 de diciembre): «Ha de precisarse en relación con lo antes expuesto que ese reducido ámbito de control jurisdiccional sobre las resoluciones relativas al indulto ha sido objeto de múltiples pronunciamientos de esta Sala, recogidos, entre otras, en Sentencias de 11 de diciembre de 2.002, 27 de mayo de 2.003, 18 de julio de 2.003, 3 de junio de 2.004, 16 de marzo de 2.005, 21 de febrero de 2.005 y 11 de enero de 2.006 , en las cuales se ha reafirmado la naturaleza jurídica del indulto como un acto distinto y diferente del auténtico acto administrativo, susceptible de control jurisdiccional exclusivamente en lo que se refiere a los elementos reglados del mismo, habiendo insistido esta jurisprudencia en la innecesariedad del requisito de motivación propio sólo de los actos administrativos, así como de la inaplicación a dichos actos de indulto de las normas reguladoras de los auténticos actos administrativos contenidas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dado que, exclusivamente, son aplicables las normas sobre competencia y procedimiento establecido en la Ley reguladora del mismo de 1.870 que, por otro lado, no exige entre los informes el del Consejo de Estado al que en uno de los apartados de su tercero otrosí del escrito de demanda se refiere el recurrente, quien no cuestiona la existencia de los informes, por otro lado, preceptivos y no vinculantes previstos en la legislación específica de indulto».
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LECCIÓN 10 LOS CONTROLES INTERNOS DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA1

LECCIÓN 10 LOS CONTROLES INTERNOS DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA1

recuerda que son instituciones distintas. En su sentencia de 20-7-2005 (Rec. 2151/2002), el Tribunal Supremo señala que «Sin negar que el procedimiento de revisión de oficio de los actos administrativos, al igual que el sistema legal de recursos ordinarios, constituye un medio idóneo para revisar el contenido de dichos actos, la coexistencia de ambos procedimientos supone necesariamente la existencia de diferencias entre uno y otro. Desde el punto de vista de la temporaneidad, el ejercicio del recurso ordinario -sea ante la Administración, sea ante los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo- está sometido a un plazo preclusivo; en cambio cabe instar la revisión de oficio de los actos administrativos incursos en nulidad en cualquier momento, como prevé específicamente el artículo 102.1 de la Ley 30/92 , procediendo igualmente formular la oportuna demanda contenciosa contra la decisión que la Administración pueda adoptar respecto a la revisión instada, aunque ello no signifique que se haya abierto un nuevo plazo de impugnación frente al acto cuya revisión se había instado».
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Notas sobre el Derecho y el Estado en la era de la globalización.

Notas sobre el Derecho y el Estado en la era de la globalización.

Por todo ello, cabe concluir que la creciente juridificación ini- ciada en la época del Estado intervencionista (y que en modo algu- no ha concluido) es un proceso altamente disfuncional[r]

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TRATAMIENTO JURIDICO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

TRATAMIENTO JURIDICO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Los funcionarios de las municipalidades y otras entidades que en ejercicio de sus funciones les corresponda otorgar licencias de funcionamiento, autorizaciones para la colocación de avisos publicitarios, autorización para la realización de actividades de carácter permanente y otras actividades o acciones similares que impliquen la ocupación temporal o indefinida de terrenos ubicados en la zona de playa protegida, deberán exigir, bajo responsabilidad, que el interesado acredite la titularidad del derecho en virtud del cual se le confiera la facultad de hacer uso del terreno comprendido en dicha zona, el cual deberá haber sido otorgado por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, cuando se trate de terrenos ubicados en el área de playa, o por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), cuando se trate de terrenos ubicados en la zona de dominio restringido.
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LECCIÓN 11 EL CONTROL DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA POR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (I): ELEMENTOS GENERALES

LECCIÓN 11 EL CONTROL DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA POR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (I): ELEMENTOS GENERALES

aplicación de dicho "plazo de gracia" incluso en todos los supuestos de presentación de escritos, incluida la interposición del recurso. Así puede comprobarse en la reciente sentencia de 26 de diciembre de 2011 dictada por el Tribunal Supremo de el recurso de casación para la unificación de doctrina nº 207/2008, concluye lo siguiente (FJ. Tercero): «Se aprecia consecuentemente, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional que se desprende de la sentencia 182/2006, de 19 de junio, que el Auto de la Sala de instancia recurrido ha vulnerado el artículo 24 CE al considerar de forma inadecuada que había precluido el plazo para interponer el escrito contencioso-administrativo por haber procedido el órgano jurisdiccional a quo a una selección de la normativa procesal aplicable que se revela disconforme al principio de legalidad procesal al que están sometidos todos los Juzgados y Tribunales según lo dispuesto en el artículo 117.3 CE. Y, asimismo, la declaración que efectuamos sobre la observancia por la parte recurrente de la formalidades procedimentales exigidas en la presentación del escrito inicial del recurso contencioso-administrativo no contradice el principio jurídico rector del proceso de insubsanabilidad de los plazos procesales establecidos con el carácter de preclusivos e indisponibles en las leyes procesales siempre que su imposición resulte justificada, que según refiere el Tribunal Constitucional en reiterada doctrina, que se advierte en las sentencias 3/2004, de 14 de enero , 64/2005, de 14 de marzo y 283/2005, de 25 de noviembre, «constituye una carga inexcusable de "actuar tempestivamente" cuyo cumplimiento corresponde a la parte que acciona ante los tribunales de justicia en defensa de sus derechos e intereses legítimos, que representa una garantía sustancial
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El derecho constitucional como derecho administrativo

El derecho constitucional como derecho administrativo

'" Hsü Dau-Lin (Die Verfassungsivandlung, Walter de Gruyter BerUn un Leipzig, 1932) decía: «...kann man vieUeicht Verfassungswandlung ais eine Inlcongruenz definieren, die zwischen[r]

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International Law Observatory: International ActivityObservatorio de Derecho Internacional: Actividad Internacional

International Law Observatory: International ActivityObservatorio de Derecho Internacional: Actividad Internacional

source Anuario Colombiano de Derecho Internacional - ACDI; Vol. 1 (2008): Anuario Colombiano de Derecho Internacional - ACDI;[r]

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LECCIÓN 5 LA ADMINISTRACIÓN INSTRUMENTAL Y CORPORATIVA

LECCIÓN 5 LA ADMINISTRACIÓN INSTRUMENTAL Y CORPORATIVA

No debe perderse de vista que este nuevo régimen de las fundaciones del sector público estatal sólo se refiere al Estado, por lo que las CCAA deberán establecer sus propias normas si quieren evitar la huida del Derecho Administrativo mediante la creación de fundaciones con capital público; pero ello no está sucediendo. Así la Comunidad de Madrid no somete a sus fundaciones a ningún régimen particular que tenga en cuenta su dimensión pública, sin perjuicio de las escasas previsiones de la Ley 1/1998 de Fundaciones de la Comunidad de Madrid (arts. 9 y 10). No obstante, la LCSP somete las fundaciones de todas las Administraciones a la disciplina de la ley cuando la aportación pública directa o indirecta de una o varias entidades integradas en el sector público supere el 50% o cuando el patrimonio fundacional esté formado por bienes o derechos aportados por tales entidades del sector público (artículo 3.1 f) de la LCSP).
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