PDF superior Ley de contratación administrativa : reforma a la contratación estatal

Ley de contratación administrativa : reforma a la contratación estatal

Ley de contratación administrativa : reforma a la contratación estatal

Es allí, en el análisis histórico y teleológico de esta reforma, en donde se encuentra el principal mérito de esta investigación. En efecto, la autora, mediante la unificación temática de las principales modificaciones realizadas al régimen de contratación, expone y analiza los antecedentes, causas y motivos que condujeron al legislador a aprobar los cambios efectuados en la Ley 80 de 1993.

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Sobreprecios en la contratación estatal

Sobreprecios en la contratación estatal

Posteriormente, ante la inquietud que se venía presentando en nuestro país acerca de la precisión de las acciones contractuales para el tratamiento del sobreprecio, que ayuden a resarcir los perjuicios ocasionados por el contrato con sobreprecios; se plantea en los proyectos de reforma a la Ley 80 de 1993 la posibilidad que bajo el principio de la conmutatividad de la contratación estatal, cuando la entidad encontrara sobreprecios en un contrato estatal no estaba obligada a pagar precios que excedieran injustificadamente del precio comercial de los bienes o servicios contratados al tiempo de la apertura del proceso de licitación o concurso o, en los eventos de contratación directa, al tiempo de la celebración del mismo y además, proponen la denominada acción por lesión: mediante la cual las entidades estatales, los organismos de control fiscal y el Ministerio Público estarían legitimados para solicitar a la autoridad judicial que la entidad contratante pueda abstenerse de pagar el valor que exceda el precio comercial de los bienes y servicios que haya contratado, siempre que tal exceso resulte desproporcionado e injustificado y en los eventos en que la entidad ya hubiere efectuado pagos del precio lesivo, a través de esta acción también se podría solicitar el reintegro del valor pagado en exceso, actualizando a la fecha de ejecutoria de la decisión o en el evento en que la decisión judicial exprese que en el proceso pudo establecerse con claridad la actuación de mala fe del contratista, se ordenará el reintegro pleno de lo dado o pagado por la entidad y la conservación, a favor de ésta y a título de sanción, de lo que hubiere recibido del contratista incurso en esa conducta ” 176
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La contratación administrativa: normas y principios

La contratación administrativa: normas y principios

rimos, postulan que sí, en la medida que: a) la publicidad es uno de los principios «rectores» de la licitación; b) toda la actividad estatal —salvo razones de defensa y seguridad— debe ser pública; c) la publicidad, como la igualdad, son consecuencia de la forma republicana de gobierno; d) la publicidad está garantizada por la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), que la Argentina ha ratificado por Ley 24759 (BO 17/01/97); e) la posibilidad de acceder a los dictámenes de los organismos técnicos —a lo que generalmente los funcionarios públicos se oponen ce- losamente— conlleva, en definitiva, muchos menos perjuicios para la Ad- ministración que los alegados por dichos funcionarios; y f) favorecerá, sin duda, la observancia de la legalidad y la transparencia del procedimiento 32 .
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Limitaciones a la adenda en contratación estatal: análisis a la luz de la ley y la jurisprudencia colombiana

Limitaciones a la adenda en contratación estatal: análisis a la luz de la ley y la jurisprudencia colombiana

En este contexto tenemos que el principio de responsabilidad es contemplado de manera especial en la Ley 80 de 1993 y con posterioridad de manera general en ley 1437 de 2011 (CPACA), lo que no significa que el hecho de estar contenido en dos normas diferentes, se excluya su aplicación en una u otra, por el contrario, dicha aplicación es complementaria, dado que si bien el principio de responsabilidad se encuentra contenido en dos normas, que en principio aplican en diferentes ámbitos de actuación administrativa, una en el ámbito de la contratación estatal y el otra en las demás actuaciones de la administración, dicho principio en las dos normas tiene la misma finalidad, esto es que los agentes de la administración respondan por sus decisiones, omisiones o extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones, además por remisión expresa de la ley 80 de 1993 (artículo 23) se aplicarán a la contratación estatal los principios particulares del derecho administrativo, lo que indica que, lo que no se encuentre regulado expresamente en el art 26 de la ley 80 de 1993 como norma especial respecto al principio de responsabilidad, se aplicará lo regulado al frente al mismo en la ley 1437 de 2011 (CPACA).
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Propuesta de reforma a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en los procedimientos de contratación de consultoría

Propuesta de reforma a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en los procedimientos de contratación de consultoría

a) estén integradas o se conformen mayoritariamente con cualquiera de los organismos y entidades señaladas en los números 1 al 6 de este artículo o, en general por instituciones del Estado; o, b) que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su capital o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato.
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El silencio administrativo en la contratación estatal

El silencio administrativo en la contratación estatal

Teniendo en cuenta esto, encontramos que el actuar del Silencio administrativo para que sea asimilado como una respuesta de la Administración negativa o positiva, dependiendo de la norma y de la materia que en que se encuentre es otorgada por la misma Ley, por lo cual el Doctrinante manifiesta que “se observa que la doctrina se inclina actualmente a considerar que el silencio de la administración no es acto administrativo, ni tácito ni presunto, simplemente se trata de un valor jurídico que las leyes atribuyen a la abstención de no decidir”, expresando además que “el acto administrativo es una decisión proferida por cualquier órgano del Estado, en ejercicio de una función administrativa, o por lo particulares autorizados por la ley que crea, modifica o extingue una relación jurídica.
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Sanciones pecuniarias en la contratación estatal

Sanciones pecuniarias en la contratación estatal

Finalmente y como conclusión del análisis expuesto, al preguntarse específicamente si la imposición unilateral de multas -pactadas por parte de la entidad estatal contratante- constituye una exorbitancia administrativa, el Consejo de Estado señala que “ La respuesta debe ser afirmativa, en concordancia con lo sostenido por la Sala en la sentencia de 20 de octubre de 2005. Sin duda alguna las multas que se analizan, son contempladas por el estatuto de la contratación estatal, como una capacidad de la entidad frente al contratista privado y no viceversa. Es entonces la naturaleza pública de una de las partes del contrato, la que justifica que en virtud de la función de dirección, control y vigilancia, resulten procedentes las multas. La ley 80 de 1993 como se observó no contempla a la imposición de multas como una cláusula excepcional, pero consagra la posibilidad de que pueda ser pactada. Si en desarrollo de ello, una entidad estatal la impusiera unilateralmente, ésta tendría la posibilidad de recibir un precio, a través de descuentos o cobros ejecutivos, posibilidad esta que de manera alguna le resultaría viable al contratista. Se insiste en que esta posibilidad, debe concebirse dentro de la filosofía del rol que le corresponde a la entidad estatal en la ejecución del contrato, para con ello cumplir su objeto, que de una u otra manera guarda relación directa con los fines del Estado. Esta finalidad le ha servido en un caso similar a la Corte Constitucional, para determinar la exorbitancia de una imposición de multas y la necesidad de la configuración legal de la misma. Es la condición entonces de la entidad estatal en relación con el contrato, entendido como instrumento para el cumplimiento de la función administrativa que le es propia, lo que justificaría la existencia de una prerrogativa pública consistente en la imposición unilateral de una multa, al contratista. Esta prerrogativa, sin embargo, según se anotó, debería estar contemplada en la ley, y en caso de ser así, con su ejercicio se verificaría una evidente exorbitancia administrativa ” 161
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Aplicación de la Ley de Contración Estatal en la Liquidación del Contrato Nº 618 2012/ORA Bajo el Sistema de Suma Alzada en el GRH   Sede Central   2017

Aplicación de la Ley de Contración Estatal en la Liquidación del Contrato Nº 618 2012/ORA Bajo el Sistema de Suma Alzada en el GRH Sede Central 2017

Ante la posibilidad de una muy comentada y discutida reforma energética a través de la cual se permita una mayor participación de la inversión privada en dicho sector, resulta relevante tener presente los procedimientos y formalidades relacionados con la contratación de los particulares con el gobierno mexicano. A nivel federal, las Leyes que rigen la contratación pública son la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dependiendo del objeto del contrato en cuestión, sin embargo, en el año 2008 se publicaron diversas reformas que excluyeron de la aplicación de estas Leyes a las adquisiciones, arrendamientos y contratación de obras y servicios, tratándose exclusivamente de las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en el Ramo del Petróleo, en cuyo caso, aplicará lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos. La contratación pública puede realizarse, según ambas Leyes, a través de: a) licitación pública; b) invitación a cuando menos tres personas; o c) adjudicación directa, siendo la licitación pública el principal medio de contratación. A este respecto, y sin discutir las particularidades de cada una de las Leyes antes señaladas dado el alcance del presente artículo, es de recordar que en la contratación pública en México es indispensable que los participantes cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos en las bases del concurso o procedimiento de contratación aplicable, por menor e intrascendente que parezcan, pues, salvo que haya una exclusión expresa en dichas bases o en las juntas de aclaraciones correspondientes, las Entidades y dependencias convocantes, con la finalidad de llevar a cabo procedimientos transparentes y objetivos, muy seguramente procederán al desechamiento de la propuesta en cuestión, aún y cuando técnica y/o económicamente dicha propuesta resulte la mejor o más conveniente. Le sugerimos que en caso de
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Principios de la contratación estatal en Colombia

Principios de la contratación estatal en Colombia

Se pudo establecer que los principios analizados anteriormente giran en torno a todos los movimientos o actuaciones que realice el estado frente a la contratación pública, principios que garantizan para el participante buena imagen del estado donde se rigen bajo parámetros y leyes constitucionales que permitirán acceder de manera transparente y garantista en un futuro contrato con la administración. En este orden de ideas el Consejo de Estado dejo de precedente que principios deben regir la contratación en Colombia y no de manera individual sino por el contrario son principios que deben estar plasmados en cualquier tipo de contratación que desee realizar el estado con el particular, si bien es cierto que estos principios tiene rango constitucional la ley 80 de 1993 trae consigo una serie de principios que se complementaran o rigen la función administrativa 13 .
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Elementos y presupuestos de la contratación estatal

Elementos y presupuestos de la contratación estatal

mente redactadas. Por ello adquiere especial relevancia la posibilidad de renegociar y modificar los contratos con el fin, entre otros, (i) de recuperar el equilibrio econó- mico, en los eventos en los que se materializan obstáculos no previsibles, extraor- dinarios y no imputables al contratista, o (ii) de adecuar la prestación del servicio a las nuevas exigencias de calidad, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico. Además, debe tenerse en cuenta que los contratos de concesión tienen características de contratos relacionales. Estos contratos se caracterizan por ser a largo plazo y por ello la relación entre las partes se fundamenta en la confianza mutua que se despren- de (i) de la interacción continuada entre ellas, y (ii) de que su interés por cumplir lo pactado no se fundamenta exclusivamente en la verificación de un tercero sino en el valor mismo de la relación. Esto hace que el gobierno de la transacción sea diferente, pues los procesos de ajuste a circunstancias imprevistas no se limitan a una simple renegociación de los términos contractuales sino que comprenden una redefinición de las estructuras administrativas de gobernación dispuestas para evitar conflictos en la relación a largo plazo. Sin embargo, como se señaló en apartes previos y se deriva de la naturaleza vinculante del contrato y del principio de planeación, la modifica- ción debe ser excepcional y debe (a) justificarse en razones autorizadas por la ley y debidamente probadas y fundamentadas, y (b) no corresponder a objetos nuevos; lo contrario crearía incentivos para que las partes se aprovechen de la alta especificidad de las inversiones que la infraestructura demanda y de que la relación contractual ya se encuentra formada, para comportarse de manera oportunista, es decir, mediante conductas dirigidas a ignorar los principios de la contratación estatal ―como la libre concurrencia y la selección objetiva― y, por esta vía, de la función administrativa constitucionalmente consagrados. Por ejemplo, los contratistas, basados en la expec- tativa de futuras modificaciones dirigidas al mantenimiento del equilibrio económico del contrato, pueden estructurar ofertas con precios artificialmente bajos solamente con el propósito de lograr la suscripción del acuerdo y una vez obtenida la posición de contraparte del Estado, presionar la renegociación del negocio para obtener nue- vas ventajas. En relación con la restauración del equilibrio económico del contra- to, la Sala nuevamente resalta que las modificaciones deben obedecer solamente a circunstancias no previsibles, extraordinarias y no imputables al contratista. Así lo exige el artículo 27 de la ley 80, según el cual el restablecimiento del equilibrio sola- mente es posible cuando la ruptura proviene de causas no imputables a quien resulta afectado. 185
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Estrategias de eficiencia para el índice de gobierno abierto   IGA, en el ejercicio de control a la contratación estatal

Estrategias de eficiencia para el índice de gobierno abierto IGA, en el ejercicio de control a la contratación estatal

Finalmente, el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG, es la herramienta empleada por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Pública – MIPG, del Departamento Administrativo de la Función Pública, que permite la captura, el monitoreo y la evaluación de la capacidad administrativa y el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social15. Hasta el año 2016, esta era aplicada únicamente a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden Nacional, pero a partir de la vigencia 2017, esta se expande a todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles, así como a la organización electoral, a los organismos de control y a las entidades control y a las entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial en los términos del artículo 40 de la Ley 489 de 1998 16 .Este formulario tipo encuentra, captura la información directamente de las entidades a través de 7 módulos, 9 secciones y 237 preguntas con una o varias opciones de respuesta.
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La subsanabilidad de requisitos en la licitación pública y su impacto frente a los principios de la contratación estatal en Colombia

La subsanabilidad de requisitos en la licitación pública y su impacto frente a los principios de la contratación estatal en Colombia

Podemos concluir entonces, que si bien la ley 1882 de 2018 soluciona en alguna medida el problema jurídico planteado por cuanto impone un límite al derecho que tienen los proponentes para rectificar, el cual se evidencia en el plazo para hacerlo, que es hasta la finalización del traslado del informe de evaluación para la presentación de observaciones, aclaraciones y ahora subsanaciones, deja de lado el establecimiento taxativo de los requisitos necesarios para la comparación de las ofertas, manteniendo como único criterio para determinar un requisito como insubsanable el que atañe a que sea puntuable. Lo anterior evidencia, que si bien hay un criterio objetivo, unificado que se refiere al tiempo sigue permitiendo subjetividades en el proceso de selección y deja a merced de las entidades que en uso de la discrecionalidad administraba establezcan los requisitos necesarios para la comparación de las ofertas, lo cual pone en riesgo el principio de transparencia y responsabilidad ya que los funcionarios evaluadores de los procesos de selección en aras de favorecer a uno u otro oferente pueden acomodar los requisitos no subsanables generando hechos de corrupción, lo cual desborda la discrecionalidad administrativa otorgada por la Ley y concluye en responsabilidad para el Estado, por cuanto sus agentes se apartan de la ley bajo el supuesto del vacío existente y la facultad que esto les atribuye para establecer los requisitos necesarios para comparar las ofertas, los cuales finalmente deben fijarse para la selección de la oferta más favorable.
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Contratación estatal

Contratación estatal

de las estipulaciones en ellos convenidas, la introducción de modificaciones a lo pac- tado, la terminación unilateral, la caducidad administrativa, la reversión y el some- timiento a las leyes nacionales. En este orden de ideas, las cláusulas exorbitantes le otorgan ventajas a la Administración, porque es gestora del interés colectivo. Ahora bien, con la Ley 80 de 1993, su existencia opera tanto ex leye como ex contractu, dependiendo del acuerdo que se trate […]. Que estos poderes operan ex leye significa que se integran a los contratos aun cuando no se pacten, porque la norma los incor- pora directamente en algunos negocios, concretamente los que tienen por objeto: el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, la explotación y concesión de bienes del Estado, y los contratos de obra. En estos casos la norma es impositiva, al advertir que para el efectivo cumplimiento de los fines de la contratación las entidades “pactarán” estos poderes; no obstante, si no se estipulan, el inciso tercero del mismo numeral señala que se entienden pactadas, aunque no se consignen expresamente. Sin embargo, estas cláusulas también pueden ser ex contractu, es decir, que sólo harán parte del negocio por voluntad expresa de las partes, aunque la ley sólo establece tal posibilidad en dos tipos de contratos: su- ministro y prestación de servicios profesionales. 73
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Posibles divergencias e incongruencias funcionales en las entidades públicas, entre la normativa contractual y presupuestal en lo concerniente a la contratación pública colombiana

Posibles divergencias e incongruencias funcionales en las entidades públicas, entre la normativa contractual y presupuestal en lo concerniente a la contratación pública colombiana

Teniendo en cuenta lo anterior los contratos poseen una cronología procedimental coherente y estandarizada legalmente por el estado colombiano , basada en un orden de pasos que se deben cumplir para satisfacer la normativa legal de la contratación pública, dentro de lo observado y experimentado en las entidades han surgido diversos conceptos de los funcionarios y contratistas ,que con profesiones de distinta índole como lo son abogados, contadores y administradores públicos etc. , han debatido la correcta aplicación y el buen proceder de ciertos trámites administrativos en cuanto a etapas de la contratación estatal , detectando así que la incidencia de conceptos normativos pueden llegar a no ser claros y que su proceder se basa en la experiencia empírica o en la lógica funcional adquirida en otras entidades públicas, pero no en una normativa legalmente constituida correctamente sustentada para ciertas situaciones
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La agencia nacional de contratación: Unificación administrativa de la contratación pública colombiana

La agencia nacional de contratación: Unificación administrativa de la contratación pública colombiana

La expectativa económica de ahorro, sobre la que se hace énfasis con la creación de agencia nacional de contratación, debe compensar obviamente los costos burocráticos que implica una nueva entidad, sin embargo, era necesaria y con seguridad la relación costo beneficio será positiva, deberá esperarse en el largo plazo si el ahorro estimado finalmente se concretará. En el tema de la corrupción también existen grandes expectativas, sin embargo, el problema es más bien estructural y de cultura política y clientelar, básicamente sobre contratos de las mayores cuantías. Los recientes escándalos en la contratación, especialmente, los de más impacto en la ciudadanía se espera que no vuelvan a ocurrir con tanta permisividad y falta de control tanto en materia fiscal como disciplinaria. La nueva agencia tiene un reto enorme para corregir las lagunas y vacios que han dado lugar a estos fenómenos y cuenta con las herramientas técnicas y administrativas para hacerlo.
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PhD, SONIA PATRICIA CORTES ZAMBRANO

PhD, SONIA PATRICIA CORTES ZAMBRANO

 Institucionalizar y fomentar la especialidad del profesional en contratación pública, cuya formación deberá ser técnica y moral, de esta forma se dejara de improvisar con los cargos de confianza en el manejo de tan delicada gestión, reduciendo de esta forma la ineficiencia y la tendencia a aceptar sobornos. La elección de los funcionarios del área de contratación, debe ser en todos los casos una elección técnica y por méritos, no debe ser una elección de confianza como sucede cada vez que entra una nueva gestión a las entidades del Estado, siendo lo primero en copar las áreas de contratos con su personal de confianza, para asegurar sus intereses personales sobre el interés público.
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La ley de contratación pública y el principio constitucional de la libertad de contratación

La ley de contratación pública y el principio constitucional de la libertad de contratación

Esa posibilidad de elegir el cómo solucionar o resolver esas diferencias, al ser vista como una mera manifestación de dicho principio, se halla delimitada, entre otras cosas, en función del concepto de orden público, un concepto de vieja data que, por lo general, impone ciertos límites frente a la libertad de contratación y que, en este caso, no hace más que restringir el derecho que tienen dos o más sujetos a ver satisfecho un determinado interés mediante la utilización de un mecanismo no jurisdiccional, pero sobre todo con la ayuda de un tercero imparcial.
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Análisis económico del mercado de trabajo en España y en la Unión Europea. Una comparativa constructiva.

Análisis económico del mercado de trabajo en España y en la Unión Europea. Una comparativa constructiva.

Hace referencia por primera vez al concepto de flexiseguridad: Trata de dotar de flexibilidad interna y externa a los empresarios para gestionar los recursos humanos conforme a sus necesidades económicas y crear seguridad a los trabajadores en el empleo, pero referido a la activación e iniciativa de los trabajadores en el mercado de trabajo y a su empleabilidad económica: se aprueba un sistema de clasificación laboral más amplio y flexible(se elimina la categoría); se simplifica la regulación de la cuantía salarial y las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo; eliminación de autorización administrativa en la suspensión de contrato, despido colectivo y reducción de jornada; descuelgue de los convenios colectivos y la regulación de su ultractividad. En cuanto a la flexibilidad externa se prevén medidas que faciliten la extinción de los contratos, por causas económicas y productivas; reducción del coste del despido mediante rebaja de indemnización.
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Parámetros técnicos y legales a observar en los contratos estatales para determinar deficiencias de planificación que puedan conllevar a responsabilidad fiscal ante las contralorías en Colombia

Parámetros técnicos y legales a observar en los contratos estatales para determinar deficiencias de planificación que puedan conllevar a responsabilidad fiscal ante las contralorías en Colombia

Según la oficina jurídica de la CGR, se determina que el principio de planeación se cumple básicamente con la elaboración de unos “buenos” estudios previos y deben entenderse como aquellos análisis, documentos y trámites que deben adelantar las entidades públicas antes de contratar, en cualquiera de las modalidades de contratación y su existencia no es un mero capricho la administración, sino una exigencia de orden legal y de origen constitucional que obliga al buen uso de los recursos públicos. Ante la importancia de los estudios previos, es preciso analizar la jurisprudencia que regula dichos estudios. Inicialmente los estudios previos se determinaron en forma general y poco clara mediante la Ley 80, artículo 25, numerales 7 y 12, donde se hace referencia a los mismos como unos análisis de conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar. Posteriormente en el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 se establecieron los parámetros mínimos que deberían contener los estudios previos. A continuación se analiza y explica cada parámetro y las posibles consecuencias de su inobservancia:
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La vulneración de la seguridad jurídica ante la no exigibilidad de garantías en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0,000002 del presupuesto inicial del estado (pie).

La vulneración de la seguridad jurídica ante la no exigibilidad de garantías en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0,000002 del presupuesto inicial del estado (pie).

Por otra parte, es necesario indicar que los contratos administrativos, son el resultado de un proceso de contratación pública, siendo en este caso el contratista, una persona, sea natural o jurídica o consorcio, que resultó adjudicado dentro de un procedimiento de contratación pública y por lo tanto deberá cumplir con las obligaciones que se deriven de su oferta presentada en la fase precontractual y sobre todo del contrato, adhiriéndose a sus cláusulas contractuales y presentando las garantías requeridas para la seguridad de la institución pública, de que el objeto del contrato sea cumplido a cabalidad.
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