Ámbito Relacional modificado

El Gobierno94 _{a sabiendas de las acciones que ya estaban realizando inversores} nacionales y extranjeros para acceder a la propiedad de la tierra, especialmente a las vastas extensiones con antecedentes de baldíos de la zona de la Altillanura, se preocupó por encontrar vacíos o fisuras legales que permitieran el proceder de estos inversionistas. Esta actitud se comprueba con las veces en que Ministros han consultado al Consejo de Estado (2009 y 2014) respecto a si las argucias emprendidas por personas naturales y jurídicas para concentrar UAF eran válidas. En ambas ocasiones se

93 _{Entrevista 03. Politóloga, investigadora en temas rurales y ambientales, miembro del} colectivo Derechos, Diversidad y Selvas, Junio de 2014.

94 _{Tanto el encabezado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez como el primer mandato} de Juan Manuel Santos.

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estableció que este accionar no solo era inválido sino que iba en detrimento de un principio constitucional.

De esta manera, durante el mandato de Álvaro Uribe se primaron procesos decisionales, por un lado el actuar incongruente con los principios de la ley 1133 de 2007 ―Por la cual se crea e implementa el programa Agro, Ingreso Seguro – AIS‖ pero en total concordancia con el proyecto político y económico del gobierno, el cual se sustentaba en los preceptos de competitividad, innovación y productividad encomendados a grandes inversores, y por otro lado la modificación de la norma líder en el tema de tierras, la ley 160 de 1994 a través de varios proyectos de ley95 _{y un} acuerdo del Incoder (acuerdo 148 de 2008).

Los acercamientos entre el grupo Mónica Colombia y el gobierno, en ese entonces a la cabeza de Álvaro Uribe, también significaron importantes aportes en materia de pensarse acciones que incentivaran la inversión en tierras, no solo en el sector de la agricultura, sino en todo lo concerniente con la economía rural. Frente a esto cabe citar parte de una Carta dirigida por el representante legal de Mónica Colombia, el señor Julio Cesar Cambruzzi a la señora Ana María Fernández Becerra, entonces asesora de la Alta consejería presidencial del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

En nombre del GRUPO EMPRESARIAL MÓNICA COLOMBIA, permítame agradecerle el interés de su despacho para convocar la mesa de trabajo y por la invitación que nos extiende para participar en la misma (…)

Conjuntamente con nuestro asesor jurídico, hemos preparado según su solicitud, el documento contentivo de las propuestas. Tal documento, ha sido inspirado en nuestra muy corta experiencia en Colombia, pero pese a ese lapso breve de diez meses, consideramos que podemos hablar y proponer los asuntos del tema con propiedad.

Acompañamos el documento que contiene además algunas anotaciones al proyecto de decreto que nos fue enviado por su despacho.

Confirmamos la asistencia a la mesa de trabajo, el jueves 25 de Junio de 2009 de 10:30 a 12:30 a.m. a la que asistiremos el suscrito JULIO CESAR CAMBRUZZI y el Asesor Jurídico MARCO ANTONIO SALAZAR GÓMEZ (Cambruzzi, 2009b).

Según se ha citado queda en evidencia como la transnacional Mónica Semillas buscaba aumentar su poder decisional por medio de la alteración del ámbito relacional, ostentando en primera instancia el beneficio que significaría para el país proyectos como el de Mónica Semillas, y por el lado del gobierno se tendría un caso referente a la hora de crear iniciativas de ley y programas gubernamentales que fueran en la línea de los preceptos guías de competitividad, productividad e innovación. Precisamente en el caso citado se estaba construyendo el acuerdo 148 de 2008 del Incoder el cual fue

95 _{La ley 812 de 2003 (Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, hacia un Estado comunitario)} modificó los artículos 20, 21 y 22 de la ley 160 de 1994 estableciendo los principios de productividad y competitividad, los cuales se vinieron desarrollando con mayor rigurosidad en los Planes Nacionales de Desarrollo que le siguieron (2006-2010 y 2010-2014).

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derogado por la advertencia de la Procuraduría, hecho que indica que el ámbito relacional obstaculizaba las acciones tendientes a modificarle.

Después de lo anteriormente expuesto, los principios de competitividad, innovación y productividad que ya venían enmarcando la visión gubernamental, fueron ampliamente desarrollados durante el primer mandato de Juan Manuel Santos. En el PND de 2010-2014 se planificaron una serie de ajustes en términos ideológicos y procedimentales que ya no se concentraban en aprovechar las fisuras legales e institucionales, sino que se plantó un bloque de acciones coherentes con el proyecto político y económico sustentado en la productividad y competitividad tendiente a modificar las leyes que obstaculizaban este entender, partiendo por la creación de zonas estratégicas para el desarrollo de diversas actividades económicas.

La Nueva Geografía Económica ofrece explicaciones sobre la formación de la gran variedad de aglomeraciones de las actividades económicas en el espacio geográfico y sobre la tendencia a concentrarse en determinadas zonas estratégicas tomando en cuenta la accesibilidad con los mercados nacionales y globales. Con el propósito de lograr un crecimiento espacial más equilibrado, es estratégico consolidar las áreas de mayor desarrollo relativo, promover el desarrollo local de las áreas de menor desarrollo y articular dichas áreas, para aprovechar las capacidades funcionales y externalidades positivas de las primeras, de manera que irradien crecimiento y desarrollo en su área de influencia (Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 40).

Es así como lo primero que se concretó fue tomar el ejemplo del Cerrado Brasileño para delimitar una vasta extensión de tierra en la región de la Orinoquia que respondía a las características de productividad y conservación destinada a la explotación a futuro. Es de esta manera que se inserta en el discurso el termino de Altillanura como una zona estratégica para la agroindustria, y más adelante para el total de actividades que sustentan la economía rural.

La Altillanura abarca entre once a doce millones de hectáreas de los departamentos del Vichada y Meta. El propósito del Gobierno es transformar entre cinco a seis millones de hectáreas de esta zona en una especie del ―Cerrado Brasileño‖ que contribuyó a convertir a ese país es una potencia agrícola mundial. Entre los productos que se buscan desarrollar se encuentra el cacao, maíz‐soya, los correspondientes a la avicultura y porcicultura, la ganadería intensiva, el caucho forestal y la palma. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Diciembre de 2010 (Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 45).

Seguidamente se evaluó las necesidades de la zona, concluyendo en la prioridad de realizar proyectos de infraestructura física y virtual que conectasen la zona de manera intraregional. Por ejemplo en los Lineamientos estratégicos diferenciados para el Meta y el Vichada se argumenta la ―Creación de condiciones para la productividad y competitividad económica de la Altillanura a través del mejoramiento de la infraestructura vial, de comunicaciones y comercialización, promoción de la investigación y el impulso de estrategias para asegurar un desarrollo sostenible‖ (Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 33).

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Una vez avanzada la infraestructura para hacer atractiva la zona por sus propias características, se concibe la conectividad entre distintas zonas que esbozan a su vez diversas características primordiales. Para el desarrollo de una conectividad interregional el gobierno plantea:

reducir las distancias físicas entre los centros urbanos y entre estos y sus áreas de influencia y superar las deficiencias institucionales y barreras administrativas que impiden o que no favorecen la asociatividad y la unión de esfuerzos público‐ privados para emprender proyectos integrales de desarrollo territorial supramunicipales y supradepartamentales. Para el efecto, una estrategia territorial potente es el aprovechamiento de los ejes de integración físicas la constitución de ejes y áreas de desarrollo territorial alrededor de las infraestructuras viales y de comunicación, impulsando procesos de desarrollo regional en sus zonas de influencia (Departamento Nacional de Planeación, 2011,pp. 40-41).

Todas estas decisiones o acciones anteriormente descritas van en la dirección de alterar los procedimientos institucionales además de los símbolos, saberes y principios indispensables para orientar un conjunto de decisiones, de manera que se faciliten ciertas acciones y se obstaculicen o impidan otras. Después de esta consideración es evidente como las decisiones de los gobiernos estudiados, además del accionar de la transnacional Mónica Semillas, van orientados a modificar el marco legal referido al tema del acceso a la tierra, especialmente a los predios sometidos a la limitación de la UAF direccionada a promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios.

En efecto se constata que este bloque de acciones pretende alterar los obstáculos que representan para estos actores el límite de la UAF, de manera que se facilite para los grandes inversores el acceso a la tierra en detrimento de los actuales sujetos de leyes como la 160 de 1994, es decir de los trabajadores agrarios, quienes son los destinatarios de la adjudicación de terrenos baldíos de la nación.