Actores que emplean la violencia directa

Las condiciones agresivas para los pobladores rurales que ostenta un país como Colombia, no solo se demuestran en una normatividad perjudicial para la actividad campesina de mediana y pequeña escala, adicional a esto, el desplazamiento forzado a causa de un conflicto armado que asola al país hace varias décadas, como de la violencia empleada por sectores criminales, ha ocasionado que centenares de hectáreas rurales queden desocupadas y por lo tanto sean susceptibles de ser acaparadas por actores con dudosa reputación50_{. Este hecho posiciona al país como un caso} representativo en América Latina y el Caribe de la práctica de desposesión mediante el desplazamiento (Borras, Franco, Kay y Spoor, 2011, p. 42), principalmente de forma violenta.

50 _{Sobre el empresario esmeraldero, Víctor Carranza, mejor conocido como el Zar de las} esmeraldas, recaen toda una serie de acusaciones sobre sus supuestos vínculos con los paramilitares. En 2010 en versión conjunta los ex jefes paramilitares Daniel Rendón Herrera, alias "Mario"; Élkin Casarrubia, alias "el Cura"; Dúmar Guerrero, alias "Carecuchillo" y Manuel Pirabán, alias "Jorge Pirata", declararon ante la fiscalía que Carranza ayudó a conformar grupos paramilitares en Meta y Vichada. Pero más escabroso aun, señalaron que "los Carranceros" un grupo bajo el mando de Carranza, participó junto a paramilitares enviados por Carlos y Vicente Castaño en masacres como la de Mapiripán, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997 (Monroy, 2010). Cabe mencionar que la masacre de Mapiripán, junto a otras que se efectuaron con posterioridad, no eran precisamente parte de enfrentamientos con la insurgencia, sino una forma de apropiarse de extensas tierras para iniciar proyectos productivos que servían para el sustento de los grupos paramilitares.

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El fracaso de esa redistribución [por medio de una reforma agraria] profundizó los conflictos armados que vive el país, por ello entre los años 1946-1966 se agudizó el monopolio de la tierra como efecto del desplazamiento de aproximadamente 2 millones de personas y el cambio de dueños de cerca de 300 mil títulos de propiedad. Dicha tendencia se acentuó en los años ochentas, en que los narcotraficantes –según Informe publicado en el 2003 por la Contraloría General de la República– se hicieron a 4.4 millones de hectáreas localizadas en tierras planas, esto como estrategia de lavado de activos, control de territorios para la siembra, procesamiento y tráfico de drogas y adquisición de estatus social y poder político (Álvarez, 2012a, p. 21).

Por empleo de violencia directa se entiende un acto que daña o hiere el cuerpo y/o la mente de quien lo recibe, expresamente este acto es realizado por un emisor reconocible, es decir un actor intencionado sobre las consecuencias de esa violencia. Si no hay un emisor fácilmente identificable hablamos de violencia indirecta o estructural, las cuales provienen de la propia estructura social (Galtung, 2003, p. 20).

Pues bien, varias tierras en la Altillanura colombiana, se han visto envueltas en episodios de violencia, seguidos de compras por parte de poderosos grupos económicos. Ejemplo de esto, son tres casos de posible acumulación de tierras de manera irregular, investigados en 2013 por el Incoder, estos son la empresa La Fazenda, propiedad de reconocidos comerciantes y constructores nacionales, que ha invertido millones de dólares en tierras en Puerto Gaitán para desarrollar un complejo de producción de soya, maíz y producción avícola y de cerdos; la compra de la finca sede de la Ganadería La Cristalina de propiedad de la familia del empresario de esmeraldas Víctor Carranza; y Poligrow, holding empresarial registrada en España, que compró predios en Mapiripán para el desarrollo del cultivo de palma (Verdadabierta.com, 2013).

La estructura agraria y sus características aquí en el departamento del Meta, estuvo ligada obviamente al latifundio expansionista pero también ligado al latifundio improductivo, muy relacionado con el lavado de dineros por el narcotráfico y demás, es decir, una relación traqueta en las relaciones de propiedad y sobre la base de eso hay unos asentamientos en la Altillanura y unas disputas entre guetos mafiosos. Aquí es muy conocida, por ejemplo, la guerra que tuvo Leónidas Vargas con Víctor Carranza en toda la Altillanura, en las disputas por tierra y demás. Entonces hay que plantear primero que la compra de tierras desde el punto de vista gamonal se relaciona principalmente con las estructuras de poder tanto políticas como sociales de lo que implicaba el latifundismo para el poder político que tiene en el Meta ―El de la tierra gobierna‖ (…) Entonces Carranza nunca necesito tanta tierra, más que por un afán productivo, de la ganadería o agricultura, era más un símbolo de poder y de controlar el territorio, y por eso cuando el man entra a la Altillanura entra es para consolidarse, es para comprar con la famosa frase de ‗le compro a usted o a la viuda‘ (…)

En los noventas y el 2000, el desarrollo político de las estructuras mafiosas y paramilitares que se consolidan, definen canales, definen estrategias, ósea la Altillanura fue vital para la guerra contrainsurgente, a pesar que nunca tuvo presencia como tal la insurgencia, pero si termino siendo un polo de desarrollo enorme en términos de cumplir con las estrategia paramilitar de expansión en el campo agrario y en otras zonas del

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departamento (…) era un polo económico, había un enclave ahí, entrenamiento, rutas para la coca con Venezuela, siempre fue un enclave ahí.51

Ante lo anteriormente planteado, se da a entender que el papel de los actores armados en Colombia, respecto al actual fenómeno de adquisición en tierras no es marginal, por el contrario, su vinculación con proyectos agroindustriales les ha brindado el carácter de nuevos actores económicos, pasando de tener un poder político y económico en lo local, para ahora desplegarlo en lo nacional (Álvarez, 2012b, p. 3). Tal consideración adquiere relevancia cuando se revisa el rol predominante que presenta el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares frente al desplazamiento de más de 4 millones de colombianos de sus territorios, el trasegar de una contrarreforma agraria en el país, agenciada con mayor rigor entre los años 2002 y 2010 y las 8 millones de hectáreas aproximadamente, que han sido despojadas de sus habitantes y en las cuales ahora se imponen los principales megaproyectos de empresas trasnacionales y privadas nacionales (Forero y Urrea, 2013, p. 28), situaciones que han contribuido a una mayor concentración de la tierra rural.

De acuerdo con datos oficiales, en los años 50 cerca del 55% de los propietarios tenían menos de 10 hectáreas y ocupaban alrededor de 7% de la superficie del país; en 2010 la situación es aún peor, el 77.6% de los propietarios posee el 13,7% de la tierra (Forero y Urrea, 2013, p. 28).

En síntesis, los trabajadores rurales sin ayuda del Estado, fustigados por la violencia directa, además de los requisitos exacerbados a los que se enfrentan para acceder a subsidios y créditos agrarios, no pueden alcanzar estándares de competitividad para ventas de exportación, en un país que cada vez más firma Tratados de Libre Comercio, es así como se ven obligados a diversificar su fuente de ingreso y se dedican a buscar oportunidades de empleo no agrícola, con lo cual se exacerba la desagrarización (Borras, Franco, Kay y Spoor, 2011, p. 43). Es este el escenario al que retornan centenares de familias, beneficiarias de la ley de Victimas y restitución de tierras, antes desplazadas por las guerrillas, paramilitares y hasta las fuerzas armadas del Estado, pero prontamente desplazadas por el mercado, a razón de que es virtualmente imposible sobrevivir en zonas donde no solo subsiste la violencia directa, sino que también prolifera el hambre.