Terminado el período de fuerte conflictividad social que caracterizó el gobierno de la UDP entre 1982 y 1985308, las medidas tomadas por el nuevo gobierno del Paz Estenssoro y sus sucesores asestaron un duro golpe a las organizaciones laborales clásicas. El sindicalismo obrero y minero que había inicialmente apoyado la coalición de izquierdas para luego rebasarla sufrió en la piel las consecuencias del decreto 21060 y las demás normativas que implementaron en Bolivia un modelo económico orientado hacia el libre mercado. La disminución acentuada de los conflictos sociales de origen sindical se debió en buena medida al despido de miles de mineros y obreros de empresas
308 Según Laserna y Villarroel, autores de una de las obras de referencia para el presente capítulo, 1985 fue el año con
más conflictos sociales de la historia contemporánea de Bolivia (al menos de 1970 a 2007). Véase LASERNA, Roberto y VILLARROEL, Miguel: Enero de 1970 – enero de 2008. 38 años de conflictos sociales en Bolivia (…), pág.13
públicas luego privatizadas y a la consecuente merma en la capacidad de convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB). Roberto Laserna, acaso exagerando los maleficios del rentismo, propone otro argumento: según él, el colapso del mercado mundial del estaño redujo de manera sustancial las posibilidades de gasto fiscal al alcance del Estado, que “expuso con tal transparencia la insolvencia fiscal que terminó por convencer a la población de que cualquier aumento del gasto tendría repercusión en los impuestos.”309 Menos manifestantes sindicados y menos fondos disponibles explicarían así la menor presión social.
Sea como fuere, a finales de los años 80 la sociedad boliviana parecía haberse apaciguado, tanto económicamente como socialmente, coincidiendo la estabilidad macroeconómica con una manifiesta caída en las reivindicaciones directas al Estado. Sin embargo, con la perspectiva histórica que el largo plazo nos permite tener, observamos que estos años de relativa paz social constituyeron más bien un momento de transición entre dos oleadas de protestas impulsadas por dos tipos distintos de actores.
Roberta Rice, en una obra reciente310, defiende esta hipótesis, al afirmar que estos nuevos movimientos sociales, entre los cuales se destacaron las organizaciones indígenas, cambiaron el cursor corporativo que había orientado las protestas sociales en las dos décadas precedentes. Por una parte, no renegaban de las luchas del pasado: parte de sus demandas retomaba viejos temas de la izquierda clásica, aunque a partir de un enfoque étnico, en particular la reforma agraria y la protección de las tierras comunitarias. Por otro lado, introdujeron nuevos temas que años después se convertirían en banderas de las organizaciones populares y también del propio MAS, como fuesen la explotación de los recursos naturales o los inconvenientes ecológicos de la inversión extranjera (en el rubro maderero, por ejemplo). Por fin, exigían también reformas relacionadas con los problemas específicos de las democracias representativas en los países andinos y el modelo económico implementado en la casi totalidad del continente. La demanda por una Asamblea Constituyente, cuyos orígenes remontan a la década de 80, se integra en esa tendencia.
No cabe aquí reflexionar a fondo sobre las causas de la emergencia de los movimientos de cariz indígena. Pero sí podemos señalar, como hace Yashar, que en América Latina las organizaciones indígenas, a semejanza de los demás movimientos sociales, emergieron fundamentalmente como respuestas al Estado y a sus políticas. Por esa razón, no resulta sorprendente que sus exigencias se hayan concentrado en el Estado, como la redefinición de la ciudadanía y la demanda de autonomía311.
309 LASERNA, Roberto: “Mire, la democracia boliviana, en los hechos...”, Latin American Research Review, Special
Issue, 2010, pág.54
310 RICE, Roberta: The New Politics of Protest: Indigenous Mobilization in Latin America's Neoliberal Era, Tucson,
University of Arizona Press, 2012
311 Como hemos referido, Yashar explica la politización de lo étnico con tres argumentos: los cambios en los regímenes
de ciudadanía provocados por las medidas neoliberales, el desarrollo de redes comunitarias y nuevas posibilidades en el espacio de asociación política. Véase YASHAR, Deborah: “Resistance and Identity Politics in an Age of Globalization”,
Estos nuevos movimientos de cariz indígena se integraron en una tendencia general en el continente, donde nuevos actores sociales intentaron estimular la participación democrática en espacios más allá del Estado y los partidos y contribuyeron a volver a politizar temáticas que habían sido excluidas de la discusión política312.
En el capítulo anterior, mencionamos algunas de las manifestaciones sociales de nuevo cuño ocurridas en Bolivia en los años 90, empezando por la Marcha por el Territorio y la Dignidad, convocada por doce pueblos de las Tierras Bajas en el primer año del decenio. Ya hemos reflexionado sobre la importancia de esta iniciativa para el ingreso del concepto de “territorio” en el léxico social y político. Pero la Marcha fue también el escenario de la primera demostración de solidaridad entre indígenas del Oriente y pueblos originarios del Altiplano –quechuas y aymaras– y el prenuncio de un acercamiento futuro entre la CIDOB y la CSUTCB. En el último día de la caminata, representantes de la CSUTCB andina se sumaron a la marcha y entraron juntos en La Paz. Dos años después, se siguieron estrechando los lazos entre las poblaciones autóctonas de ambas regiones del país, con ocasión de las celebraciones de los 500 años del viaje de Colón.
El Estado reaccionó con aparente magnanimidad a los pedidos de las comunidades amazónicas. Como nota Xavier Albó, “en un tiempo de creciente globalización económica, es más fácil tratar con organizaciones que enfatizan la identidad cultural que con las que siguen insistiendo en la dimensión clasista y la explotación económica.”313 De ahí que Paz Zamora y Sánchez de Lozada se hayan mostrados proclives a aceptar, o cuando menos a escuchar, las demandas presentadas por la CIDOB y sus afiliadas. Recordemos que, poco después de la primera marcha indígena de 1990, el Parlamento ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en ese momento la norma jurídica más avanzada en el reconocimiento de los derechos de los pueblos autóctonos. En 1993, Víctor Hugo Cárdenas salió elegido Vicepresidente en el primer mandato de “Goni”. La reforma constitucional de 1994 contemplaba el multiculturalismo, las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) –la concreción jurídica de la noción de territorio– y la enseñanza intercultural. En ese mismo año, la Ley de Participación Popular reconoció oficialmente al ayllu andino.
El ambiente favorable a las demandas de tipo étnico quedó patente en la creación, en 1997, del Consejo Nacional de Ayullus y Markas del Qullasuyo. El CONAMAQ nació con el objetivo de representar las formas tradicionales de organización de las comunidades originarias altiplánicas. Distanciándose de la naturaleza sindical de la CSUTCB, el Consejo tardó en afirmar su autonomía, debido a la falta de arraigo local y a la influencia de ONG y de organismos gubernamentales en su proceso de fundación. Tanto el CONAMAQ como la CIDOB privilegiaban una postura conciliadora
312 STAHLER-SHOLK, Richard y VANDEN, Harry: “A Second Look at Latin American Social Movements:
Globalizing Resistance to the Neoliberal Paradigm”, Latin American Perspectives, vol.38, nº1, enero 2011, pág.9
ante el Estado, mientras otros actores iban interiorizando que el enfrentamiento era la única forma de hacerse escuchar.
¿Pueden los productores de coca del Trópico de Cochabamba ser integrados en esta nueva oleada de movimientos sociales de raíz indígena? La cuestión es discutible: si es cierto que en algunas ocasiones se acercaron a las organizaciones indígenas de primera generación, tanto sobre el terreno como en las propuestas, lo hicieron asumiendo características propias que lo alejan de las comunidades de las tierras bajas, a las cuales volvería a acercarse a principios del siglo actual. El sindicalismo cocalero era en última instancia eso mismo: una organización sindical con rasgos marcadamente rurales y agrícolas, pase la casi redundancia. Como señalaba Do Alto en 2011, “aunque es visible un proceso de indianización de los sectores populares bolivianos, la identidad campesina sigue siendo muy visible dentro del MAS”314. La afirmación es aún más válida cuando aplicada a década de los 90. Así, conviene matizar la idea según la cual el declive del corporativismo fue reemplazado por los indígenas movilizados. ¿O no es cierto que las dos principales organizaciones sociales en los años 90 fueron dos sindicatos campesinos que defendieron, en la mayoría de sus acciones, posiciones que concernían estrictamente a sus actividades agrícolas? Los productores de coca y su cato de coca, Felipe Quispe y sus tractores: demandas corporativas en estado puro.
Pese a esto, los cocaleros, así como los campesinos aymaras, participaron en algunas marchas organizadas por los pueblos de las tierras bajas, pero su concomitancia fue ocasional. Por ejemplo, en la Marcha por la Vida, el Territorio y la Soberanía Nacional, realizada en agosto y septiembre de 1995, se reunieron amazónicos y cocaleros. Ahí, se volvió a insistir en el tema del reconocimiento étnico y de los derechos colectivos de los pueblos autóctonos. También se incorporó otro tipo de demandas, relacionadas con las consecuencias de las políticas estatales sobre la hoja de coca. Pero al año siguiente, la Marcha contra la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria mostró la diversidad de intereses defendidos por los distintos grupos indígenas y campesinos de tierras altas, bajas y de los valles: la plataforma común compartida por la CSUTCB, la Coordinadora de las Seis Federaciones, los colonizadores y la CIDOB se rompió después del acuerdo entre esta última confederación y el gobierno ya durante la marcha.
En términos cronológicos, el primer mandato de Sánchez de Lozada, entre 1993 y 1997, constituyó el período de transición entre una oposición social de cariz marcadamente obrero-clasista y otra donde los actores indígenas compartían protagonismo con organizaciones de visibilidad reciente, tales como las juntas vecinales, los comités cívicos o las asociaciones gremiales (comerciantes y transportistas, entre otros), además del sindicalismo campesino, por fin autónomo ante el Estado y la COB. Hay que subrayar que estos cuatro años fueron los menos conflictivos socialmente de la historia democrática
de Bolivia, a pesar de episodios de movilización importantes como las marchas indígenas de 1995 y 1996.
A partir de 1998, asistimos a un repunte de los conflictos en el área rural, cara visible de la ruralización de la lucha política de que hablábamos arriba, con un protagonismo creciente de la CSUTCB liderada por Felipe Quispe y de los productores de coca en su lucha contra la erradicación. Este incremento de las protestas en zonas rurales esconde, sin embargo, desigualdades en el poder de convocatoria en el seno del movimiento campesino. En la opinión de García Linera, “[a] excepción de la gran marcha de 1996 en contra de la ley del INRA, el protagonismo social de las luchas sociales habrá de desplazarse del altiplano aymara a las zonas cocaleras del Chapare donde predominará un
discurso de tipo campesino complementado con algunos componentes culturales indígenas.”315 Este comentario es significativo tanto por su constatación del nuevo protagonismo cocalero (quizá exagerada, ya que el altiplano aymara siguió bloqueando de forma eficaz al menos hasta 2003) como por la integración de los productores de coca en el sindicalismo campesino y sólo accesoriamente en la corriente indígena.
Por último, refiramos que el cambio de preponderancia de organizaciones sociales conllevó, como se supondría, transformaciones en el repertorio de acciones colectivas empleado por los grupos descontentos: a menos huelgas formales correspondieron más marchas y manifestaciones, más huelgas de hambre y más bloqueos. En resumen, a finales del siglo, la gran mayoría de conflictos – cerca de 80%– implicaba una adhesión activa por parte de los individuos participantes, una alteración drástica cuando comparamos estos datos con el panorama social en los años 80316. Este cambio puede ser considerado un peligro, debido al potencial violento de la adhesión activa. Pero un estudio reciente sobre el caso boliviano demuestra que la pertenencia a organizaciones de la sociedad civil tiene un efecto positivo sobre el apoyo al sistema político, incluso durante una crisis, aunque no sobre el apoyo al gobierno de turno317. O sea, que más protestas no implican necesariamente una pendiente hacia el derrumbe de las instituciones vigentes.
Así, lo que hay que retener de esta corta retrospectiva es que los conflictos sufrieron, en el espacio de una década, una triple evolución: cambiaron no sólo sus contenidos y sus actores, sino también sus formas.
315 GARCÍA LINERA, Álvaro: “El desencuentro de dos razones revolucionarias (…)”, op.cit., pág.9, cursiva nuestra. 316 LASERNA, Roberto y VILLARROEL, Miguel: Enero de 1970 – enero de 2008. 38 años de conflictos sociales en
Bolivia (…), pág.23
317 BOULDING, Carew y NELSON-NÚÑEZ, Jami: “Civil Society and Support for the Political System in Times of