Luis Tapia, un sociólogo miembro del célebre grupo Comuna, al cual también perteneció Álvaro García Linera, acuñó hace algunos años el concepto de “política salvaje”318, basado en la experiencia de las luchas sociales bolivianas contemporáneas. Concepto que consideramos particularmente útil como instrumento para analizar las formas y los fines de la movilización colectiva en el país a comienzos del siglo XXI. Para Tapia, “la política salvaje es la dirección colectiva sin organización permanente, sin institución de gobierno”319: en los momentos de crisis en que los fundamentos de la hegemonía cultural dominante se vuelven ambiguos y menos creíbles, se crean condiciones para la desorganización de las estructuras políticas de dominación y su reemplazo por una especie de gobierno en flujo, transitorio pero fértil, expresado en los movimientos sociales en manos de las capas excluidas de la sociedad. Al revelar “el carácter contingente y temporal de todo orden político y social”320, quitando a este el aura de sacralidad e inmutabilidad que normalmente le acompaña, la política salvaje funda las bases para una eventual reinstitucionalización de la política bajo formas más democráticas e incluyentes. De manera implícita, Tapia remitía al primer lustro del milenio en Bolivia como ejemplo tipo de un período de predominancia de la política salvaje.
Las formas de organización de la “política salvaje” pudieron germinar y crecer en el terreno fértil del neoliberalismo a la boliviana. Tras quince años de reformas estructurales promercado, en ámbitos tan diversos como la minería, los hidrocarburos, la propiedad agrícola, los recursos hídricos, el mercado laboral o la intervención estatal en la economía, una nueva serie de actores tuvo la oportunidad y la motivación para reemplazar el sindicalismo tradicional y movilizarse contra los efectos de estas medidas. Tras un primer momento en que provocó un efecto anestésico, la doctrina neoliberal volvió a politizar la actividad política colectiva. Como sostienen Arce y Rice, “el neoliberalismo se convirtió en un símbolo organizador alrededor del cual los movimientos sociales acumulan apoyo para sus esfuerzos de movilización.”321 Tapia, como buen neomarxista, comparte esta visión de las protestas como conflictos fundamentalmente económicos322, sobreponiéndolos a las cuestiones étnicas.
Buscaremos enseguida sumergirnos en el intenso ciclo de movilizaciones que condujo a la huida de un presidente constitucionalmente electo, concentrándonos en cuatro momentos clave pero sin olvidar los períodos de aparente calma. Pero antes, creemos que el concepto de política salvaje, tal
318 TAPIA, Luis: Política Salvaje, La Paz, Muela del Diablo-CLACSO, 2008 319 Ib., pág.118
320 Ib., pág.124
321 ARCE, Moisés y RICE, Roberta: “Societal Protest in Post-Stabilization Bolivia” (…), pág.98
322 TAPIA, Luis: “La reforma del sentido común en la dominación neoliberal y en la constitución de nuevos bloques
como fue concebido por Tapia, puede vincularse de manera fructuosa con otros dos aportes teóricos. El primero es el de “forma multitud”, desarrollado en el ámbito boliviano por García Linera, y el segundo el de populismo según Laclau, que ya hemos referido de paso más arriba. En efecto, si Tapia reflexiona sobre los efectos renovadores de la movilización social sobre el sistema político- institucional, García Linera se centra en las formas de esas acciones colectivas, mientras que Laclau discurre sobre la articulación entre las demandas emitidas por las organizaciones sociales.
Hay momentos en que las tres ideas claramente se tocan, como cuando Tapia describe la forma interna de los actores sociales de la política salvaje: “En los movimientos sociales suele haber una combinación de política salvaje y de organización y proyecto (…) Cuando el movimiento se vuelve masa en a1gunas coyunturas, se podría decir que predomina la política salvaje.”323 La noción de “masa” que Tapia tiene en mente es tomada de René Zavaleta Mercado, y ese autor es uno de los puentes con el pensamiento de García Linera. Este reflexiona sobre los cambios en las formas organizativas de la masa popular a través del concepto de “forma multitud”, que también toma prestado de Zavaleta Mercado, aunque adaptándolo a los nuevos tiempos de la acción colectiva y dándole un sentido más optimista. El actual vicepresidente define la “forma multitud” como:
“(...) una asociación de asociaciones de varias clases e identidades sociales, sin una hegemonía única en su interior. (…) Cuando no hay identidades fijas, ni estructuras de movilización muy sólidas, sobre todo en el mundo urbano, la forma multitud se convierte en el escenario fundamental de la acción colectiva en cuanto agregación temporal de múltiples identidades y agregaciones colectivas territoriales.”324
Asimismo, Laclau comparte algunos puntos de partida con sus dos colegas bolivianos, como se verifica en una intervención del sociólogo argentino en La Paz en la que meditaba específicamente sobre el caso boliviano y le aplica su modelo de populismo325. De entrada, se constata que el sociólogo argentino comparte con Tapia y García Linera visiones similares del concepto gramsciano de hegemonía. Pero añade una variante interesante, al asociar la hegemonía con la relación metonímica que se establece cuando un reclamo particular asume la representación de una demanda de carácter universal. Esto ocurre cuando el Estado no es capaz de gestionar de manera eficaz la acumulación de demandas particulares que distintos sectores sociales le plantean. En ese caso, del abanico de protestas
323 TAPIA, Luis: Política Salvaje (…), pág.123
324 STEFANONI, Pablo y RAMÍREZ GALLEGOS, Franklin: “La política de los movimientos sociales en Bolivia.
Diálogo con Álvaro García Linera”, Íconos, nº25, mayo de 2006, pág.100. Para más detalles, consúltese GARCÍA LINERA, Álvaro: La potencia plebeya: acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares, Bogotá, Siglo del Hombre-CLACSO, 2009, pp.371-375. Además de Zavaleta Mercado, la otra inspiración de García Linera en este tema son las obras de Toni Negri y Michael Hardt, por ejemplo Multitud: Guerra y democracia en la era del imperio, Barcelona, Debate, 2004
325 LACLAU, Ernesto: “El pueblo, el popular y el populismo”, en NEGRI, Toni y otros, Pensando el mundo desde
acaba por salir una reivindicación común que cuestiona no sólo la gestión estatal de la cosa pública sino el modelo y la propia legitimidad del Estado, proponiendo así una alternativa a la cultura hegemónica de las clases dominantes. La unión del universalismo presente en todas las demandas particulares es denominada por Laclau una “cadena de equivalencias”, puesto que nivela las distintas exigencias en el mismo plano y les da valor equivalente.
La anterior digresión a propósito de los tres autores citados es relevante porque nos dará instrumentos para ahondar con más detalle en los rasgos fundamentales de la acción colectiva de las organizaciones sociales bolivianas en la vuelta del siglo, y a partir de ahí identificar el rol que los cocaleros del Chapare y su partido desempeñaron en la aceleración del tiempo sociopolítico que se verificó en ese período.
A partir de 2000, los conflictos sociales cambian de ritmo y de naturaleza. De ritmo, porque su número y vigor se intensifican. De naturaleza, porque van abandonando su carácter diferencial en sus relaciones con las autoridades y adoptan una postura gradualmente equivalencial. La terminología es, por supuesto, de Laclau. La lógica de articulación de los conflictos evoluciona y van emergiendo reclamos comunes326: primero, la Asamblea Constituyente y luego, a partir de 2002, la renuncia de Sánchez de Lozada y el referéndum sobre los hidrocarburos (transmutado luego en nacionalización). En términos institucionales, la diferencia consiste en una crisis de gobierno o una crisis de Estado.
Con la distancia histórica de que ahora disponemos, se observa que en el año inaugural del milenio se abre efectivamente un ciclo político de movilización general. Entre finales de 1999 y abril de 2000, la respuesta popular al proyecto de privatización del suministro de agua en Cochabamba y al brutal aumento de precios desencadenó la famosa Guerra del Agua, que movilizó la ciudad durante varios meses y dio mayor visibilidad a una cuestión que se tornaría prioritaria: los recursos naturales.
Al mismo tiempo, entre 5 y 9 de abril, los campesinos del Altiplano, conducidos por la CSUTCB de Felipe Quispe, imponían un bloqueo de alcance nacional que repetirían con aún más impacto en septiembre del mismo año, al unísono con los bloqueos cocaleros en el Chapare, que a su vez habían participado activamente en el enfrentamiento hídrico de Cochabamba meses antes. Mientras tanto, en La Paz se desató una huelga del cuerpo de policía antidisturbios, preludio de futuros episodios de rebelión de las fuerzas de seguridad. En los tres casos, la situación se resolvió con la derrota gubernamental. Por lo tanto, 2000 fue una fecha fundamental por haber sido el escenario de una triple rendición del Ejecutivo: tras quince años de reveses sociales ante el ímpetu de las reformas estructurales, la iniciativa pasaba a las manos de las organizaciones sociales. Como comenta Oscar Olivera, dirigente fabril y figura clave en el conflicto por el agua en Cochabamba: “(...) lo más
326 Laclau los denomina “significantes vacíos”, puesto que su mera evocación dispensa la enumeración de las demandas
importante es que el pueblo tomó conciencia de su capacidad para modificar las malas políticas.”327 Pero la victoria popular en Cochabamba fue especialmente significativa por dos razones: en primer lugar, el carácter diverso de sus participantes: la Coordinadora del Agua y de la Vida reunía a sus principales promotores, los regantes, pero también a campesinos, obreros, estudiantes, vecinos, cocaleros e incluso capas medias urbanas, pero sin una supremacía visible de ninguno de estos grupos, confederados bajo una jerarquía difusa328. La demanda era concreta y local, pero la unión de organizaciones, muchas de ellas no directamente afectadas por las decisiones de la empresa Aguas del Tunari, la transformó en algo más universal. En efecto, para estas organizaciones, la cuestión en torno a las tarifas del agua adquirió distintas connotaciones: para unos, tocaba en el tema de los recursos naturales y su propiedad pública; otros vieron en ella una oportunidad para debilitar el gobierno; otros aun luchaban contra el imperialismo económico y el capitalismo transnacional; algunos se alistaron en la lucha por una solidaridad de clase. Desde la perspectiva del populismo de Laclau, la equivalencia se instaló no por la convergencia de demandas rechazadas desde el poder (a la que llama “solidaridad negativa”), sino por las distintas interpretaciones que unos y otros hicieron de una misma reivindicación.
En segundo lugar, la Guerra del Agua expulsó al Estado del centro de la urbe cochabambina. Si es cierto que ciertas regiones aisladas contaban con poca o ninguna presencia del Estado, nunca en la historia republicana contemporánea el monopolio estatal de la violencia había sido cuestionado tan abiertamente en uno de sus puntos neurálgicos. Mientras el rechazo a la privatización desafiaba el modelo económico vigente, la ocupación de la ciudad y el fracaso del estado de sitio menoscababan la propia autoridad del Estado.
Luego, en septiembre y octubre de 2000, nuevos bloqueos en el Altiplano en contra de una nueva Ley de Aguas y de los cocaleros en el Trópico interrumpieron el tránsito en el eje entre Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz. En las tierras altas, a los campesinos aymaras se juntaron transportistas, maestros y vecinos urbanos con sus propias demandas corporativas. A su vez, los productores de coca insistían con cambios en la política de erradicación, que entonces tocaba su punto álgido, tanto en superficie erradicada como en la violencia de los choques entre militares y agricultores.
Los bloqueos de caminos en el Altiplano duraron tres semanas y redujeron el suministro de productos alimenticios a La Paz. El Gobierno, alarmado, aceptó el pliego propuesto por la CSUTCB. Por estas fechas, Felipe Quispe, que había alcanzado la dirección de la confederación sindical en 1998 gracias a las desavenencias entre los campesinos quechuas de Cochabamba, salió fortalecido como una de las figuras más eminentes del panorama contestatario. En el Chapare, el Gobierno también fue
327 CRABTREE, John: Perfiles de la protesta (…), pp.7-8
328 Una heterogeneidad y horizontalidad que recuerdan las palabras de Tapia: “Las políticas salvajes son tiempos de
obligado a renunciar a la construcción de tres cuarteles militares y a dialogar con los representantes de los productores de coca sobre los fundamentos y los métodos del objetivo “coca cero”. Por su lado, en El Alto se registraron reiteradas concentraciones de jóvenes aymaras exigiendo una institución de enseñanza superior, la futura Universidad Pública de El Alto. La generación de jóvenes que luchó por esta universidad conformó uno de los núcleos alrededor de los cuales la sociedad alteña se movilizaría en los años siguientes329.
Después de los vigorosos bloqueos de septiembre y octubre, el país entró en un período de relativa tranquilidad que duraría hasta junio de 2001, cuando las comunidades aymaras del oeste del departamento de La Paz se lanzaron a bloquear caminos durante casi un mes, con una lista de demandas centradas en la autodeterminación indígena mezcladas con elementos en contra del modelo económico vigente330. A 24 de agosto, un convenio fue firmado entre los campesinos y las autoridades, tras la promesa de fondos adicionales, de material agrícola y de la suspensión del proceso de saneamiento de tierras en el departamento.
Tras la renuncia por enfermedad de Hugo Banzer, ascendió a la jefatura del Estado su vicepresidente, el joven Jorge Quiroga. Aunque adoptando un talante distinto al de su predecesor, “Tuto” (como era apodado) no introdujo cambios mayores en la política gubernamental anticoca, plasmada en el Plan Dignidad de 1998. En enero de 2002, ante el recrudecimiento de la erradicación, las federaciones cocaleras del Trópico reaccionaron violentamente a un nuevo decreto que añadía trabas al transporte y comercialización de la hoja de coca producida en la región y prohibía la venta de la misma en el mercado de Sacaba, en pleno Chapare, amenazando la subsistencia económica de miles de productores. Las movilizaciones cocaleras, con su diputado Evo Morales a la cabeza, seguían respondiendo en primera instancia a la política de erradicación y a la militarización de sus provincias. Los enfrentamientos obligaron el gobierno a retroceder pero provocaron cinco víctimas mortales, tres campesinos y dos soldados, y una víctima política, Evo Morales. En efecto, los partidos mayoritarios acusaron el líder cocalero de haber acicateado las huestes cocaleras y provocado indirectamente las muertes. Por ese motivo, lo expulsaron del Parlamento tras un apresurado proceso. Como referimos en una sección anterior, la indignación popular en contra de la expulsión de Evo Morales incrementó su visibilidad mediática y constituyó el pistoletazo de salida ideal para una campaña electoral exitosa. Además, fue tal vez en ese momento que la figura de Evo Morales
329 ZIBECHI, Raúl: Disperser le pouvoir. Les mouvements comme pouvoirs anti-Étatiques, Paris, Le Jouet enragé,
L'Esprit frappeur, 2009, pp.114-116. El protagonismo de las organizaciones aymaras del Altiplano y de las juntas vecinales de El Alto, integradas sobre todo por inmigrantes aymaras recientes, contribuyó para la resurrección de un ethos comunal marcado por la multiplicación de asambleas, la mutualización de tareas y la rotación de líderes. Pero ese ethos de inspiración comunitaria parece haber servido más de inspiración a las lógicas de auto-organización sobre el terreno que a los contenidos específicos de las insurrecciones.
330 PATZI, Félix: “Rebelión indígena contra la colonialidad y la transnacionalización de la economía: triunfos y
vicisitudes del movimiento indígena desde 2000 a 2003”, en HYLTON, Forrest y otros, Ya es otro tiempo el presente, 2ª ed., La Paz, La Mirada Salvaje, 2010 [1ª ed. 2003], pág.219
sobrepasó a la de Felipe Quispe como principal representante de los movimientos revoltosos.
La efervescencia social no afectaba sólo a las regiones occidentales. El día 6 de mayo de 2002 asistió a una concentración en Santa Cruz de los indígenas y campesinos de las tierras bajas contra el proyecto de reformas constitucionales lanzado por Jorge Quiroga. Resulta significativo que, en el pronunciamiento emitido tras la manifestación, las organizaciones indígenas de los departamentos orientales defendieran sus “derechos colectivos” adoptando una línea argumentativa centrada en la crítica del modelo económico (con referencias al principio de “la tierra para quien la trabaja”) y de la falta de representatividad del sistema de partidos. A este respecto, sostenían que “sólo una Asamblea Constituyente, con participación de todos sectores sociales del país, es el mecanismo legítimo para reformar nuestra Carta Magna” frente a los intentos del Parlamento y del gobierno de “elevar el modelo neoliberal a rango constitucional a espaldas de las mayorías nacionales”331.
La concentración cruceña desembocó unos días después en la cuarta marcha indígena, denominada Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales, ya en plena precampaña electoral. La exigencia de una Asamblea Constituyente se sobrepuso así a las demandas relativas a los derechos colectivos de los pueblos de las tierras bajas. Por primera vez, estos rebasaban abiertamente el ámbito regional y se posicionaban en el terreno de la transformación estructural del modelo estatal. A las agrupaciones indígenas orientales se unieron el Movimiento Sin Tierra, un grupo cercano al MAS de jornaleros cruceños, las mujeres de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia – Bartolina Sisa (conocidas como las Bartolinas, oriundas del sindicalismo cochabambino) y el CONAMAQ, que encaminaba su propia marcha hacia un final común en La Paz. La posición favorable a la Asamblea Constituyente de CONAMAQ, que representaba a los ayllus de Sucre, Oruro y Potosí, se distanció de la actitud típicamente asumida por la CSUTCB y su líder, Felipe Quispe. Este sufría la contradicción básica entre su discurso radical a favor de un Estado aymara en el occidente boliviano y sus pliegos petitorios al gobierno. A semejanza de la CIDOB y demás organizaciones de las tierras bajas, también CONAMAQ empezó a reemplazar sus demandas circunstanciales por una reforma de arriba abajo del sistema político. En palabras de uno de los asesores de CONAMAQ y participante en la marcha: “La marcha no fue hecha contra nadie, sino para establecer una agenda.”332 La CSUTCB decidió no apoyar la marcha.
De la misma manera, y a pesar del paso de los marchistas orientales por el Chapare, los productores de coca de la región no ayudaron a sus compañeros indígenas ni integraron la marcha hasta la capital.
331 Pronunciamiento disponible en http://archivos.bolivia.indymedia.org/es/2002/05/65.shtml, consultado a 11 de
febrero de 2013
332 Testimonio de Carlos Mamani en RODRÍGUEZ OSTRIA, Gustavo: “Marco Histórico. La larga marcha a la
Asamblea Constituyente”, en Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano. Tomo I, vol.1: En
los umbrales de la Asamblea Constituyente. Antecedentes e inicio, La Paz, Vicepresidencia del Estado-Presidencia de la
Aunque fuera cierto que la proximidad de las elecciones de 30 de junio de 2002 exigía muchos esfuerzos a la red cocalera, no deja de ser un síntoma de la distancia que todavía existía entre ambos movimientos y de la ausencia en ese momento de una posición clara del MAS sobre el proceso constituyente.
Al final, la marcha no alcanzó sus propósitos inmediatos, más precisamente la reforma de Constitución que abriera la puerta a una Asamblea Constituyente. Pero sí logró introducir el tema en la agenda política, de donde ya no saldría hasta el inicio del proceso constituyente en 2006. Como