Los años ochenta: una década nefasta

Siguiendo la propuesta del profesor Medófilo Medina, como primer periodo de aproximación va entre 1977 y 1997, delimitado entre dos paros cívicos de envergadura nacional. A partir de 1997 se puede señalar un segundo periodo, que a pesar de ser la continuidad de las endémicas crisis, presenta características particulares.

El punto de partida lo constituye el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977, que concitó una masiva movilización fruto del profundo malestar popular generado por la falta de soluciones al desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades. Dos hechos influyeron decisivamente en el devenir político de entonces: “la adopción del Estatuto de Seguridad del 6 de septiembre de 1978 por el gobierno de Turbay Ayala y la realización de la Séptima Conferencia Nacional de las FARC en 1982” (Medina, 1997: 29).

En el primer caso, el Estatuto de Seguridad, sobrepasó los límites legales de la lucha contra la subversión, haciendo de la tortura una herramienta rutinaria para obtener confesiones, aunque, como lo señala Medina, tales procedimientos no eran novedosos, pero si lo fue su aplicación en las capas medias de las ciudades. La situación se hizo explosiva en aquel año cuando se dieron a conocer en los medios de comunicación diversos hechos de torturas, desnudados a partir del caso de Omaira Montoya Henao militante del ELN supuestamente desaparecida por la Segunda Brigada del Ejército, situación que refleja cómo ese tipo de violencia tiene una relación con el sistema político.

En el segundo caso, la conferencia de las FARC hizo oficial su configuración como Ejército Popular -EP- y puso en marcha las bases de lo que sería su nuevo modo de operar, lo que significó en la práctica que dicho grupo armado tomaría la iniciativa dejando las viejas prácticas de emboscar al enemigo, es decir a las fuerzas oficiales

del Estado colombiano, y que en adelante irían “en pos de él para ubicarlo, asediarlo y coparlo, y si aquel cambiare otra vez su modo de operar volviendo a su antigua concepción, atacarlo en ofensiva de comandos móviles” (Jacobo Arenas, miembro del comando central de las FARC, citado por Medina 1997: 30).

La lucha armada se transformó desde ese entonces, las guerrillas empezaron a jugar una guerra del posicionamiento estratégico buscando el control de las vías de comunicación y el acceso a regiones estratégicas en su zona de influencia que con el correr de los años habrían de convertirse en zonas, o bien de producción sustancias prohibidas, o de cinturones claves para la comercialización hacia el exterior de dichas sustancias y hacia el interior de los insumos y precursores requeridos para producirlas, así como el armamento y el material de intendencia que demandaban dichos grupos armados.

El accionar de la guerrilla, sumado a la entrada en escena de nuevos actores como los paramilitares, condujo a una pérdida de control territorial por parte del Estado. De otra parte, para finales de los años noventa los paramilitares ya habían cumplido cerca de quince años disputando el control territorial tanto las guerrillas como el propio Estado. Con un proceso iniciado desde los años ochenta en el Magdalena Medio y Córdoba, progresivamente establecieron su dominio mediante no sólo la guerra contra las guerrillas, también con el uso del terror contra la población civil, estrategia en la cual las masacres han jugado un papel clave.

Ganaron terreno extendiéndose hasta el Urabá y al Departamento del Casanare y posteriormente al resto del país, mostrando un enorme dinamismo que “está en relación con la diversificada base de sus apoyos: militares, narcotraficantes, autoridades civiles locales, ganaderos y terratenientes tradicionales. Parece perfilarse una secuencia de etapas en la actuación del paramilitarismo: terror sobre la población, expulsión de pequeños propietarios, expansión de una agricultura moderna. En resumen, un modelo de dominación político-militar y socioeconómica” (Medina, 1997: 33).

Hoy se sabe qué se trató en realidad de un proyecto de carácter político nacional articulado con base en formas de acción político-militar como las cooperativas de seguridad y las Convivir. Más aún, entre 1994 y 1997 las organizaciones paramilitares organizaron tres cumbres nacionales lo que demuestra un horizonte de planeación de carácter nacional por parte de dichas organizaciones, que desborda ampliamente el panorama regional en el cual surgieron.

Se evidencia claramente, entonces, la pérdida del monopolio sobre la violencia por parte del Estado. La reacción, como ya se mencionó, fue la puesta en marcha del Estatuto de Seguridad, política que sumada a la continua necesidad por parte de las élites de mantener en estado de excepción al país mediante el uso del estado de sitio, condujo a una permanente restricción de los derechos individuales y colectivos, que sumado a la gran cantidad de actos violentos, de asesinatos, llevó a que Colombia fuera señalada como una “democracia restringida”.

Se trata, como lo señaló Daniel Pécaut del desgaste político del régimen. La idea de democracia restringida como característica de ese desgaste tiene como objetivo cuestionar “diversos rasgos que han marcado el funcionamiento del sistema político colombiano en el curso de los últimos decenios: reglas de juego limitativas introducidas por el Frente Nacional, cuasimonopolio de los partidos tradicionales, trivialización de medidas de excepción como el estado de sitio” (Pécaut, 2006: 314). Dichos rasgos, aunque insuficientes para dar cuenta de toda la crisis sistémica, ayudan a entender algunos de los componentes más importantes que hicieron colapsar el sistema político y en particular el sistema de justicia. Otros elementos que coadyuvaron a esa situación pueden ubicarse en el desmoronamiento de las lealtades partidistas en las grandes ciudades durante la década de los 80, donde el Partido Liberal tiempo atrás tenía bases sólidas pero que en 1984 sólo tuvo el 34% de los votos en las cuatro ciudades principales. A ello se suma el alto nivel de abstención que llegó a ser del 55% en las cuatro grandes ciudades en las elecciones presidenciales de 1982. La articulación del régimen colombiano sobre bases religiosas es otro componente como lo señala Pécaut, con el proceso de secularización, muy lento en Colombia y la pérdida de capacidad de la Iglesia para

articular los movimientos populares, sumado a que la jerarquía colombiana no intentó siquiera aproximarse a las movilizaciones populares, se facilitó el resquebrajamiento del sistema político (Pécaut, 2006: 315).

Con estos patrones se produjo una difusión de la violencia social a lo largo de la década. Reforzada por las transformaciones en las guerrillas, de una parte las FARC con su nueva orientación tal y como se señaló párrafos anteriores. Pero también con la entrada en la escena militar a gran escala del M-19 a partir de 1979, una vez que había renunciado a la guerrilla urbana a causa de los golpes que había recibido en sus redes de apoyo por parte de los organismos estatales.

De esta forma la reestructuración estratégica de las FARC, la generalización de acciones militares rurales por parte del M 19, la participación activa del ELN y del EPL así como de otros grupos armados como el Quintín Lame en hostigamientos militares y acciones violentas, condujo a que el problema de las guerrillas cambiara de naturaleza y de escala, “de fenómeno crónico pero marginal, arraigado en la tradición de violencia en los conflictos por la tierra, se transforma en componente de un proceso que, por primera vez, plantea como objetivo la lucha por el poder” (Pécaut, 2006: 319).

La situación se agravó con el Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala, que como se indicó, consistió en una política estatal que desbordaba los límites legales, instalando la tortura y las desapariciones como mecanismos de lucha de las Fuerzas Armadas. Todo ello condujo durante el gobierno de Belisario Betancur a la búsqueda de un proceso de paz con el M-19 que a la postre fracasó tanto por incapacidad de las guerrillas para articular sus objetivos con un proceso de paz que los incluyera democráticamente así como las fuertes resistencias al interior del ejército y de las élites dominantes.

La aparición de escuadrones de la muerte sobre todo en Medellín y Cali eliminando sospechosos políticos, delincuentes o personas marginales, alimentaron el oscuro cuadro de violencia de aquella década, con 800 víctimas contabilizadas únicamente en la ciudad de Cali. Ascienden entonces al escenario los paramilitares a los que se

les acusa de al menos 300 desapariciones en los últimos años de aquella década. Y para empeorar las cosas los ataques de los narcotraficantes asesinando magistrados, fiscales funcionarios del poder público, testigos y adelantando actos terroristas indiscriminados constituyeron parte del panorama político colombiano, que, parodiando la expresión de la CEPAL sobre la economía latinoamericana, podríamos decir que en lo político para Colombia fue la década perdida.

El ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado el 30 de abril de 1984 por orden del cartel de Medellín debido a la vigorosa lucha del ministro contra los narcotraficantes. Luego también asesinaron a varios miembros de la Corte Suprema de Justicia y en diciembre de 1986 al director del diario El Espectador. La capacidad de las organizaciones narcotraficantes de alterar el orden y de influenciar a la justicia, se muestra en el atentado del que fue víctima en 1987 el embajador de Colombia en Budapest quien había reemplazado a Lara Bonilla como ministro. Se inicia una lucha frontal declarando el gobierno nacional el uso del tratado de extradición con los Estados Unidos y a comienzos de 1987 envió a la justicia norteamericana a Carlos Lehder uno de los cabecillas más connotados del cartel de Medellín. Se inicia con la extradición una verdadera guerra de los narcotraficantes contra el gobierno y la sociedad colombiana.

Pero aún más, “como si faltara una prueba espectacular de la gravedad de la situación, la ocupación del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985 por el M- 19, la ofrece al país entero” (Pécaut, 2006: 334). Hecho que concitó una grave crisis política, militar y del aparato judicial. Los muertos y desaparecidos resultantes de aquella toma tanto por las acciones de la guerrilla como por las decisiones del ejército quienes tomaron el mando, en una situación que para algunos analistas constituyó un golpe de Estado transitorio y soterrado, aún no han recibido justicia, si bien se han condenado algunos miembros de las Fuerzas Armadas y los miembros del M-19 reconocieron su error cuando fueron amnistiados más tarde, falta una justicia real y la explicación de varias desapariciones de empleados y personas que visitaban el palacio de justicia en aquel momento, así como la ausencia de vigilancia policial justo el día de la toma.

En los últimos años de dicha década el conflicto se agudizó.

Progresivamente fueron tomando mayor fuerza en los grupos de autodefensas creados en virtud que la normatividad vigente hasta 1989 que permitía que los militares promovieran ese tipo de organizaciones, “recién en 1988 aparecieron los primeros temores sobre la deriva de estos grupos de autodefensa. En aquel momento, en efecto, el gobierno reconocía la proliferación de bandas de mercenarios encargados, a cuenta de fuerzas oscuras, de sembrar el terror en las ciudades en las zonas rurales” (Pécaut, 2006: 393). Dichos grupos habían comenzado su transformación en paramilitares y progresivamente construyeron una organización de carácter nacional a partir de 1989, y fueron adquiriendo cada vez mayor autonomía, de hecho “la masacre de la Rochela en los primeros meses de este año, que costó la vida de una docena de funcionarios judiciales que estaban investigando otras matanzas de estos grupos en el Magdalena Medio, le dio al gobierno el campanazo de alerta” (Palacio Castañeda, 1998: 169).

Paramilitares, que hay que recordar en un recuento de esta situación, fueron los artífices del proceso de exterminio del movimiento político Unión Patriótica -UP-, considerado el brazo político de la guerrilla de las FARC. Quince años después se calculaba en más de 502 miembros de la UP asesinados, tanto aquellos que eran sus representantes en el Congreso, en las asambleas departamentales y en los consejos municipales, proceso que llegó a su culmen el 11 de octubre de 1987 cuando fue asesinado el presidente de dicha organización, el senador Jaime Pardo Leal. Los asesinatos también golpearon a numerosos afiliados a esa organización en especial a aquellos que habían participado en las “marchas campesinas” o “paros cívicos” que se habían desarrollado durante el primer semestre de 1987. Se trató de una verdadera política de exterminio.

La conjunción de tantos hechos violentos, la participación de diversos actores con intereses particulares, la débil legitimidad del Estado colombiano, la capacidad de lucha de las guerrillas a nivel rural, y los enormes recursos de las organizaciones del narcotráfico que les permitieron crear verdaderos ejércitos paramilitares y de sicarios, condujo a que las instituciones sufrieron en carne propia la creciente

violencia, para entonces “la justicia no logra tramitar siquiera una mínima parte de los delitos y, a medida que los jueces caen bajo las balas de los asesinos, parece abocada a la parálisis” (Pécaut, 2006: 334).

Durante el gobierno del presidente Virgilio Barco a finales de la década de los 80 se hicieron esfuerzos para superar esta situación. Introdujo la idea de despolitizar el problema de la paz y tratarlo de manera técnica. La estrategia fue “institucionalizar la negociación, invertir masivamente en las zonas de violencia, reforzar la presencia del ejército y la policía, preparar suavemente la elección popular de alcaldes” (Pécaut, 2006: 335). Y es que este último elemento, la elección popular de alcaldes se enmarca dentro de una de las transformaciones políticas más importantes de la década con la Ley 12 de 1986 que consistió en un esfuerzo de descentralización y en la institucionalización de la elección popular de alcaldes por primera vez en el país.

A finales de los años ochenta el profesor Álvaro Camacho en un esfuerzo por hacer mayor precisión sobre los tipos de violencia dominantes en Colombia, identificó una serie de actores que caracterizó con base en su identidad pública o privada, individual o colectiva y en su postura activa o pasiva, así como el carácter organizado de cada uno de dichos actores (Camacho, 1988: 7). Excluyendo los actos de violencia propios del ejercicio legítimo de Fuerzas Armadas y los accidentes de tránsito, identificó 11 tipos de actores en el complejo panorama de la violencia en Colombia que ya operaban en aquel decenio. Ver Tabla 1.

Tabla 1

Formas de violencia: actores y modalidades

Tipo de actor Interés Blanco Tipo de organización Modalidades

Crimen organizado

Con ánimo de lucro, con cierta connotación

política

Blanco selectivo Privada

Narcotráfico, secuestro extorsivo y en general

el del narcotráfico en beneficio propio o del

Estado

Crimen organizado Con ánimo de lucro Blanco no selectivo

Organizaciones delincuenciales profesionalizadas Robo de automóviles, asaltos bancarios, robos domiciliarios y algunas modalidades de secuestro Crimen no organizado

Con fines de lucro o supervivencia

económica

Particulares organizados o no

Con fines políticos o acceso a recursos públicos o privados

Blanco selectivo sobre opositores

Crímenes contra la propiedad pública o

privada

Grupos insurrectos Con fines políticos

Cuerpos armados del Estado y sus presuntos

aliados Organizaciones insurrectas Emboscadas, tomas guerrilleras de poblaciones, enfrentamientos, ataques a retenes y puestos de policía

Grupos insurrectos Con fines políticos Particulares Organizaciones insurrectas Secuestros, asaltos a entidades financieras, “boleteos”. Asesinatos de presuntos delatores o cómplices del enemigo

Individuos particulares Con fines políticos

Particulares desarmados supuestos colaboradores de guerrilleros, activistas sindicales, amnistiados, periodistas o políticos Profesionales de la

muerte, “sicariato” Secuestros, asesinatos

Agentes del Estado Con fines políticos

Civiles armados o desarmados, movilizaciones populares no violentas Instituciones militares y de la policía, instituciones de seguridad del Estado

Asesinato de guerrilleros fuera de combate, de sindicalistas y activistas sociales. Excesos en procedimientos de captura e interrogatorios Particulares por iniciativa propia o por

delegación

Restablecimiento del orden moral

Supuestos violadores

del orden moral Organizados o no

“Limpieza social” persecución a prostitutas, homosexuales, mendigos y pequeños expendedores de drogas prohibidas Particulares no

organizados Personal Riñas espontáneas

Injurias, heridas, asesinatos

Particulares Personal Miembros más débiles

de sus familias Violencia intrafamiliar

Fuente: elaboración propia con base en Camacho 1988, pp. 7-8.

Las diversas modalidades de violencia en Colombia se mueven en diferentes espacios de interés. En el ámbito socioeconómico se trata de la lucha por los recursos, entre ellos la lucha por la tierra rural y urbana. En el ámbito político centralmente la lucha es por la hegemonía en el poder del Estado, es la expresión de la falta de participación social y la solución de problemas sociales durante largo tiempo.

En el espacio sociocultural se encuentran las luchas asociadas a las identidades sociales, violencias derivadas por estigmas, por razones de raza o creencias ideológicas. Finalmente, quizás la más importante, está la lucha violenta por los territorios, se trata del choque entre modelos de extracción y explotación de

recursos en territorios donde hay poblaciones asentadas de largo tiempo y polos regionales de desarrollo y que también está directamente relacionada con la tenencia de la tierra (Camacho 1988: 4-5).

El resultado fue, en particular por el accionar de las guerrillas y los paramilitares, la pérdida del control territorial por parte del Estado, lo que significó en la práctica una contrarreforma agraria y el despojo de sus tierras a miles de colombianos en el marco de múltiples confrontaciones armadas y de masacres, que “desde inicios de los años 80, la magnitud y degradación de la confrontación armada han hecho del desplazamiento la única opción de seguridad para miles de habitantes de los territorios en conflicto” (Segura, 2001: 83) y que para inicios del presente siglo había generado alrededor de dos millones de desplazados (Segura, 2001: 84).

Se trató en realidad de diversos conflictos que se entreveraron y se retroalimentan, un fenómeno “de violencias que se cruzaban; violencias en las que han participado actores tan definidos pero tan distintos como la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico; con blancos de ataques como el Estado, la sociedad civil o los mismos actores entre sí, a su vez subdivididos en otros tantos grupos con voluntad para actuar por sí mismos, o para guerrear, si no se prefieren los eufemismos” (García, 1997: 65).

Una clara expresión de la inconformidad social que atravesaba el país en esa década se encuentra en las siguientes líneas de Francisco Leal escritas en 1991:

“Como ya se mencionó, la década pasada fue la de mayor florecimiento de los paros cívicos. Entre 1982 y mediados de 1989 se efectuaron 218 paros, es decir, un promedio de más de 30 por año. En los cuatro años del gobierno de Belisario Betancur se llevaron a cabo 97 paros cívicos. De éstos, 79 fueron municipales y 18 intermunicipales. En los tres primeros años del gobierno siguiente, el de Virgilio Barco, se adelantaron 123 paros que afectaron a 298 municipios, frente a los 163 afectados en el cuatrienio anterior” (Leal, 1991: 17).

La década cerró con un incremento de la violencia y Colombia fue testigo en un solo año (1989-1990) del asesinato de tres candidatos a la Presidencia de la República: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro.

El impacto de esta situación sobre el sistema de justicia fue demoledor, en particular por la incapacidad del aparato judicial para dar cuenta de la creciente ola criminal que fue la forma en que se tradujo la compleja red de actores violentos que confluyeron en Colombia.

La Gráfica 1, tomada de un trabajo de Saúl Franco, permite observar cómo en la medida en que se incrementaron los homicidios a partir de 1983 la tasa de detenidos por cada 100 homicidios continuó descendiendo, lo que demuestra la