Actores, roles y participación en las políticas para la Sociedad de la

organización social y económica de los comunidades (Finquelievich y otros, 2009).

3.3 Actores, roles y participación en las políticas para la Sociedad de la Información

En tanto formuladas como planes o agendas digitales, una tendencia que viene ocurriendo en los últimos años, objetivos y acciones deben ser coherentes con la visión política sobre el estadio a alcanzar que tenga cada sociedad. El contenido debería estar construido, como adelantamos, por el aporte de una variedad de actores.

En primer lugar, los actores estatales. Para Finquelievich (2011) es necesario que se promueva una implementación de estrategias de manera armoniosa, integral y sistemática, previendo regulaciones y legislaciones, a lo que nosotros agregamos, con Ruiz de Alonso (2010), la necesidad de que las políticas se prolonguen en el tiempo, que sean sostenidas, y que estén en constante actualización120. Los gobiernos están llamados a ser los actores más importantes, a través de sus funciones de coordinación, articulación operativa y garante de condiciones políticas y financieras, para desarrollar acciones beneficiosas y tendientes a resolver las inequidades de uso, acceso y apropiación en la Sociedad de la Información. Con similar sentido, para Kaufman y Piana (2007) los Estados deberían ser articuladores institucionales e intersectoriales, y productores de

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La autora sostiene que las agendas digitales deben ser consideradas parte de un proceso dinámico de prueba y error, actualizando lo necesario y descartando lo que no funciona.

contenidos de alto valor, facilitando el conocimiento para la inserción de los distintos sectores en redes de amplio espectro. Para que esto ocurra, los gobiernos deben facilitar la implementación de mecanismos multisectoriales para incorporar las heterogéneas visiones y demandas de los diversos actores sociales, asegurando un proceso transparente e inclusivo. Los actores gubernamentales juegan igualmente un papel fundamental al desarrollar y promover las capacidades para la apropiación y el uso eficaz de la información, el conocimiento y de las TIC, por medio de programas que ofrezcan a los ciudadanos condiciones accesibles para la compra de equipamiento, educación digital y formación permanente (Fernández Aballi, 2007).

En segundo lugar, los actores no estatales, donde hay que atender la tensión que introducen los actores privados que siempre inducen elementos a las políticas que pueden hacer variar los resultados esperados, a veces liderando la política y veces ocupando los espacios vacíos que deja el Estado en materia de bienes sociales. Además, las organizaciones sociales, cuyos intereses suelen expresar valores sociales compartidos que difieren tanto del Estado como del mercado, deben poder ser incorporadas en los niveles más altos de formulación e implementación de las PPSI (Finquelievich, 2011). Las OSC tienen un capital pre existente en forma de redes sociales y comunitarias que debe ser aprovechado (Araya Dujisín, 2004). También otro sector importante es el académico, representado por universidades, investigadores, centro de estudio, etcétera, los cuales tienen recursos calificados y construcción de conocimiento permanente. En definitiva, la participación multisectorial es recomendable en todas las fases de desarrollo de PPSSI para asegura que demandas, intereses sociales y conocimiento técnico estén incluidos al servicio del desarrollo de toda la comunidad.

Esta integración de actores también se manifiesta en los desarrollos de Porrúa Vigón (2004), CEPAL (2005) y Luna (2010), quienes afirman que la transición de las sociedades latinoamericanas hacia la Sociedad de la Información debe darse con elementos integrados en políticas públicas TIC121, con el apoyo y esfuerzo de varios sectores sociales coordinados por el Estado. Esto, en un esquema privado

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de infraestructura para la SI que sigue dominando el territorio y generando una apropiación desigual por parte de las comunidades. La desregulación en materia de comunicaciones y la privatización generaron un acceso privado sin garantía pública de proveer bienes y servicios digitales a los ciudadanos, que siguen a la deriva de la lógica del mercado. Con todo, las TIC penetran y generan apropiaciones divergentes en un escenario irregular, y en muchos casos se fueron imponiendo desordenadamente, sin estar atadas a políticas convenientes para toda la sociedad (Kaufman y Piana, 2007).

Ruiz de Alonso (2010) sostiene que la presencia de otros actores reduce la posibilidad de discontinuidad de las políticas públicas TIC. La autora marca la preferencia por los proyectos locales o regionales más que por los nacionales, ya que sería más factible que la propia ciudadanía, las organizaciones privadas y públicas de la correspondiente localidad se conviertan en veedores y defensores del proyecto, asegurando así su sostenibilidad social122. Las organizaciones más representativas en la localidad serían partícipes del proyecto TIC como usuarios institucionales, el proyecto tendrá larga vida y logrará su objetivo de impactar en el nivel de vida de los pobladores. Asimismo, una de las mejores opciones para operar es la asociación público-privada, al menos en ciudades con actividad empresarial123.

La participación ciudadana o la incorporación de las necesidades y visiones de los ciudadanos a la política pública TIC es un factor destacado por varios autores124. La capacidad que tengan los ciudadanos de influir en ese curso de acción a partir de la integración de fundamentos, objetivos, acciones y decisiones respalda y otorga legitimidad a la política pública (Kaufman, 2007). Los proyectos participativos siempre cobran mayor legitimidad democrática (Araya Dujisin, 2004). Existen algunas necesarias características que deben tener este tipo de

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Esto no incluye a las regulaciones nacionales, o grandes políticas de regulación de mercado, que tienen a los Gobiernos Nacionales como decisores últimos.

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Reilly (2004) sostiene que las organizaciones sociales se han concentrado más en promover el acceso y desarrollar capacidades que intervenir en estrategias digitales más profundas como el gobierno electrónico.

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Serna (1999), Martínez (2001), Finquelievich (2001, 2009), Goldstein (2003, 2004) CEPAL (2005), Unesco (2008).

iniciativas para atender al concepto de Sociedad de la Información en su integralidad: la multisectorialidad, la transversalidad en su aplicación, y la novedad temática. Para transformarse en política pública genuina es indispensable la convocatoria de diversos sectores sociales para establecer una agenda consensuada, esto es, habilitar canales para la participación ciudadana y construir espacios públicos convergentes e inclusivos (Hilbert y otros, 2003; Crovi, 2004; Guerra y otros, 2007).

Intervenir en la Sociedad de la Información implica alterar aspectos sociales, por lo tanto, los modelos decisorios verticales o centralizados no son los apropiados, sino que es indispensable la participación ciudadana y la incorporación de sectores no estatales para generar sinergias y aunar esfuerzos en pos de una inclusión efectiva y plural (Luna, 2010). Araya Dujisin (2004) sostiene que las comunidades deben estar en el centro de todo proyecto TIC de modo que puedan desarrollar habilidades, capacidades, y participar de la construcción de la información. El Estado, al igual que otras organizaciones de la sociedad, necesita desenvolverse con las nuevas prácticas de la Sociedad de la Información, no solo incorporando sus beneficios hacia el interior de sus actividades, sino diseñando participativamente nuevos objetivos funcionales para las TIC (Finquelievich y Prince, 2010).