II. MARCO CONCEPTUAL
II.4 Arqueología aplicada y arqueología pública
El desarrollo de la Arqueología aplicada, como marco complementario a la Arqueología del Paisaje (Barreiro 2006b, 2006a) implica ni más ni menos que el entendimiento de la práctica arqueológica en su contexto, como propuesta constructiva y autocrítica. Se trata por una parte, de hacer una reflexión de la práctica arqueológica sobre sí misma, y por otro lado, de la necesidad de diseñar una táctica para transformar a la arqueología en una disciplina capaz de “insertarse” en la práctica discursiva de la modernidad, o como lo argumenta Barreiro (2006:18) en el seno de la racionalidad técnica.
Se plantea desde esta perspectiva que la arqueología es un saber que moviliza otros saberes tales como el congnitivo-instrumental, el práctico-estético implicado por ejemplo en la socialización, así como también un conocimiento práctico-moral. Este último presenta tres dimensiones: a) una dimensión jurídica, b) una dimensión socio- política, y una dimensión ética del quehacer arqueológico-patrimonial. Como dice David Barreiro:
“…la arqueología aplicada es una práctica social, normativizada y regulada, concebible como una tecnociencia para la socialización del Patrimonio Arqueológico, con tres esferas de acción que se complementan y sin cualquiera de las cuales tendríamos una arqueología incompleta, inmersa en el sistema productivo y tecno-científico pero sin capacidad de generar valores y aspirar a un horizonte de transformación, tanto de la propia disciplina como del contexto en que se constituye.” (Barreiro 2006a:24).
Las consecuencias prácticas de esta tecnociencia serían, por un lado, privilegiar el componente ejecutivo en la búsqueda de la acción más que en la búsqueda de una verdad y un conocimiento (positivista), compatibilizando acción con conocimiento. Por otro lado, reconvirtiendo a la arqueología en una ciencia de cara a la sociedad, que se inserte en el sistema productivo, y así también que proponga sus objetivos en y para la transformación de la realidad.
David Barreiro (2006a:15) propone como táctica promover en el seno de la racionalidad técnica moderna (RT) a la arqueología como una ciencia operativa que tenga la
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capacidad para modificarla y reconducirla a través de criterios que vayan más allá de la eficacia, en sus dimensiones políticas y éticas.
La reconstrucción de la práctica arqueológica en función de las situaciones concretas, de patrimonialización, de reconocimiento y de reclamos es de espacial interés para la arqueología latinoamericana. Esto ha sido plateado por otros autores como Rafael Curtoni y Gabriela Chaparro (2008) por ejemplo. Se propone una práctica política, situada y decolonizadora (Quijano 2000) “…a la luz de ideas y formas de ver generadas localmente” (Curtoni y Chaparro 2008:2017) que desacralice la disciplina (y los arqueólogos), que se libere del “juego endógamo” y que la abra al mundo. Una práctica arqueológica y una ciencia que sea respetuosa con la alteridad y consciente de sí misma (Falquina et al. 2006).
A este respecto Palerm decía:
“El futuro profesional de los antropólogos no puede quedar reducido a la investigación pura y la docencia universitaria, a no ser que se quiera condenar a la antropología al estancamiento, al culto de lo exótico, a satisfacer meras curiosidades por el pasado y a jugar los juegos académicos permitidos” (Palerm 1980:29-30 en Curtoni y Chaparro 2008:30).
Estas propuestas que parten de una apertura de las ciencias sociales pueden ser vistas también a la luz de lo expuesto por Silvio Funtowicz y Jerome Ravetz (2000): la complejidad de los procesos en los que trabajamos hace necesario el desarrollo de estrategias adecuadas y acordes a esta cualidad. En este sentido, las ciencias sociales también pueden tener en cuenta las distintas escalas de trabajo e incertidumbre y estar sujetas al debate abierto de una ciencia posnormal.
Un escenario posible (aunque no falto de complejidad) es el planteado por Alessandra Olivi (2010) a través de la propuesta de un enfoque ecosistémico para el abordaje del patrimonio en Latinoamérica. Este enfoque, contrapuesto a los enfoques conservacionistas y reactivadores, entiende que para el logro de la sostenibilidad de las propuestas, se debe tener en cuenta la calidad de vida de las personas que se encuentran en asociación directa con los recursos.
63 “El manejo de los bienes será […] más sostenible en el tiempo en la medida que se integren las comunidades que tradicionalmente hacen uso de ellos y se limite o controle la participación de agentes oportunistas que pueden perjudicar el acceso y el uso colectivo del bien. Todo lo anterior obliga a abordar el problema de la gestión patrimonial a partir de una visión diacrónica, multisectorial y transdisciplinaria, recurriendo a metodologías innovadoras a la hora de evaluar y emprender un determinado proyecto.” (Olivi 2010:258).
La arqueología pública desarrollada desde Latinoamérica promueve formas de hacer una arqueología comprometida, no sólo con las poblaciones indígenas nativas sino más allá con responsabilidad social (Funari 2001). En este contexto, se amplía la definición de la arqueología pública, que va más allá de la producción de materiales para la socialización o la transferencia de conocimientos, a la producción de trabajo en torno a los procesos de negociación y creación de sentidos en torno a la materialidad arqueológica (Funari 2001; Merriman 2004; Salerno 2012, 2013). La arqueología pública incluye una diversa gama de temáticas y se consolida en los últimos años como una línea de investigación en sí misma (Salerno 2012).
Desde nuestro punto de vista pensar la arqueología como una ciencia pública implica pensar en una forma de conocimiento desde/con y para la sociedad, en el que la gente tenga una participación activa en la cadena de producción de conocimiento, desde la identificación de los temas de interés público hasta el uso del conocimiento científico (Cuesta et al. 2009; Vienni et al. 2012). Entran en juego aquí propuestas de pedagogía del oprimido (Freire 1970, 1998), extensión crítica (Arocena et al. 2011; Tommasino y Rodríguez 2011) e Investigación-Acción-Participativa (IAP) (Fals Borda 2012) en vínculo solidario con la investigación.
Entendemos que se deben contemplar otras alternativas de construcción de conocimiento, que existen otras formas de adquirir o manejar información. Formas de investigación de la racionalidad científica-técnica de la modernidad que aún prevalecen en la arqueología y en otras ciencias del patrimonio desestiman estas otras formas alternativas y se cierran las posibilidades de participación activa a otros agentes sociales que no pertenezcan al ámbito disciplinar (Curtoni y Chaparro 2008:220).
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Involucrar a las poblaciones locales tiene por lo tanto distintas repercusiones e implica entre otras cosas:
a) considerar otras miradas en la valoración, b) reconocer otros saberes,
c) democratizar el saber académico y socializar, d) facilitar la apropiación,
e) pensar en la transformación social,
f) involucrar múltiples visiones en la toma de decisiones para pensar el futuro del patrimonio de forma sustentable.
“Las políticas culturales pueden impulsar la democratización y la socialización al favorecer la multiplicación de los actores; el reconocimiento de sus voces, al ponerse al servicio del bienestar; la felicidad colectiva, al producir bienes y riqueza directa o indirectamente.” (Basail Rodríguez 2005:92).
Además, conviene pensar en la necesaria interdisciplinariedad que acarrea el trabajo en patrimonio (Vienni 2014) y los beneficios que enfoques de este tipo pueden tener por ejemplo para tratar de diluir los temores y prejuicios de las ciencias mal llamadas exactas (biología, ecología, etc.) sobre la inclusión del patrimonio y la cultura en la conservación de áreas (por ejemplo Rodríguez-Gallego y Nin 2016).
El patrimonio puede ser visto también como un “campo actualmente fragmentado” (Criado-Boado 1996:74) que necesariamente amerita un enfoque interdisciplinario para poder unificar. En su gestión operan diferentes especialistas, “…cada uno de ellos centrado en su campo específico de actividad y en pugna con los demás: investigadores, gestores privados o públicos, consultores...), y superen la equívoca dicotomía entre gestión e investigación.”
Evidentemente, es conveniente no idealizar este proceso, sino asumir que se trata de un territorio disputado y en disputa en que el conflicto estará presente. El conflicto, en
65 tanto el patrimonio es y representa lo visto más arriba, parte inherente al patrimonio. Como constructo social ante todo, es mismo la existencia de diferentes versiones simultáneas sobre una misma realidad (Mariano y Conforti 2013:294).
Los bienes patrimoniales son el escenario de negociaciones y conflictos. Estos conflictos “…los motivan cuando diferentes intereses se justifican sobre su patrimonio, y los sufren cuando actores en pugna toman como rehén el patrimonio de los otros." (Criado-Boado y Barreiro 2013:8).
En muchas ocasiones se echa mano a la idea de que los técnicos somos mediadores en este proceso conflictivo, que podemos hacer un nexo entre las distintas voces (p.e. Criado-Boado et al. 2015:59). Sin embargo, otros autores advierten sobre ese aspecto y discuten el rol de mediador de los arqueólogos que trabajan en patrimonio (Curtoni y Paredes Mosquera 2014b). Lane (2013:112) advierte también que los arqueólogos no somos la voz de la comunidad; nuestra voz es utilizada, e incluso usurpada, para exigir la solución a las necesidades locales.
Trabajar en patrimonio significa asumir el carácter político que esta práctica trae consigo, o como dice Basail Rodríguez (2005:96) “una forma de vida”:
“De todas formas, siempre se realiza una mediación asumiendo los términos y procedimientos del ideal cultural que se comparte y elige para una sociedad. Renunciar o negar ese ideal es imposible o, por lo menos, bastante hipócrita. Se trata más bien de lo opuesto: de mantener ideales pero, al mismo tiempo, de respetar, conocer, comprender e interpretar a los actores sociales para poder encauzar el potencial emancipatorio y la conciencia crítica de todos como agentes de cambio.” (Basail Rodríguez 2005:88).
Una de las alternativas es asumir la multivocalidad como forma de producción de conocimiento (Gnecco 1999; Menezes Ferreira et al. 2014; Curtoni and Paredes Mosquera 2014a; Villarmarzo et al. 2014; Gianotti García et al. 2016) aunque la misma implique lugares de incomodidad (Gnecco 2014), de interrogación (Menezes Ferreira et al. 2014), perder por el camino el argumento de legitimidad (Barreiro 2015) o el
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contemplar nuevas demandas y modificación de las estrategias iniciales (Blasco et al. 2014). Como menciona Rafael Curtoni (2009:25):
“Las alternativas críticas a las formas hegemónicas, globalizantes y excluyentes de construir conocimientos sobre el pasado deben partir de la necesidad, como primer paso, de ‘abrir la arqueología’ a la luz del pensamiento decolonial. Abrir la arqueología implica, entre otras cosas, pensar la práctica ‘desde aquí’; descentralizar el posicionamiento primordial del arqueólogo en la construcción del conocimiento; decostruir la autoridad epistemológica de la disciplina expresada en sus pretensiones de objetividad, neutralidad y universalismo; aceptar la existencia de otros actores con visiones y voces diferentes; estar abierto a las posibilidades de construcciones conjuntas, realizadas por medio de la discusión, negociación y co-participación.”