Atención a grupos vulnerables

La vulnerabilidad se entiende mejor al referirse a la falta de acceso a beneficios, exponien- do a individuos, hogares y comunidades al incremento o riesgo desproporcionado de empobrecimiento. Planteado de manera simple, un incremento en los números y rangos de ventajas o beneficios significa menos vulnerabilidad; con menores ventajas se incremen- ta el riesgo de empobrecimiento (Narayan et al 2000: 60-61, citado por Alwang y Siegel, 2000: 1).

En este sentido, como puede observarse en la información de los incisos precedentes, los indicadores apuntan a que los grupos más pobres son los niños y niñas, las personas discapacitadas y los adultos mayores. Sin embargo, adicionalmente a la vulnerabilidad social vinculada a la pobreza, también se puede hablar de vulnerabilidad a riesgos natu- rales y producidos por los seres humanos, los cuales se desarrollan en el inciso 2.2.10.3.

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a. Niñez y juventud

La niñez y la juventud se conciben como sujetos estratégicos para la transformación de la sociedad: ambos sectores son agentes de cambio que demandan bienes y valores en la esfera pública, cuya atención debe ser prioritaria teniendo en cuenta su vulnerabilidad.

Se entiende como población infantil o etapa infantil a la población comprendida entre los cero y los seis años de edad, donde se configuran las bases del desarrollo físico, intelectual, afectivo-social y psicológico del niño, y donde la respuesta que reciba del entorno será fundamental como estímulo de sus potencialidades y de prevención de las dificultades que puedan llegar a manifestarse de forma más clara en niveles posteriores. Según proyecciones del INE, del total de la población 2.6 millones están comprendidos

entre cero y seis años, es decir, el 21.7 por ciento de la población total.

Los problemas más agudos que enfrenta la población infantil son las carencias de atención del sistema educativo y del sistema de salud, y que se traducen en bajas tasas de escolaridad y altas tasas de morbi-mortalidad (ver incisos 2.2.1.6 y 2.2.1.5, respectivamente). Además, persisten patrones culturales discriminatorios hacia la niña que obstaculizan su inserción en el sistema educativo y su permanencia una vez ingresa al sistema mencionado.

- Niñez y adolescencia trabajadoras

Dentro de la PEA figuran 323 mil 801 niños de siete a catorce años que trabajan y, dentro de

éstos, un 21.4 por ciento corresponde al área urbana, un 78.6 por ciento al área rural. Con relación a género, el 73.2 por ciento es hombre y el 26.8 por ciento es mujer (INE, 1999b:

51). Estas cifras muestran que hay una incorporación prematura al trabajo, a pesar de que el Código de Trabajo establece que la edad mínima para trabajar es de catorce años.

- Niñez y juventud de y en la calle

Según el censo de “Aproximación Situacional del Niño, Niña y Adolescentes de la Calle”, realizado en 1998 por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP),

de un total de 5 mil 994 niños y niñas, 2 mil 474 son atendidos (as) por instituciones públicas y privadas, y 3,520 se encuentran en las calles sin atención. Por otra parte, informes de la organización no gubernamental Casa Alianza (Casa Alianza, 2000: Internet), señalan que la mayoría de los niños que vive en las calles de la ciudad de Guatemala tienen entre siete y catorce años, muchos de ellos migrantes del interior por causas eco- nómicas o por el conflicto armado interno.

Entre las causas por las cuales los niños, niñas y jóvenes optan por vivir en la calle están: la pobreza, la carencia de vivienda y alimentación; el hacinamiento y la promis- cuidad. Las causas anteriores no dejan espacios adecuados para una interacción sana entre los miembros de las familias, y en esas condiciones se provoca la expulsión de los niños hacia la calle a temprana edad, lo que induce su involucramiento en las drogas, la delincuencia y la prostitución.

Según la ENCOVI, 2000, siete de cada diez niños menores de cinco años se encuentran

en situación de pobreza, y seis de cada diez niños entre seis y dieciocho años, son pobres. Tasas menores al promedio nacional, se observan en los restantes grupos de edad. Las

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cifras anteriores muestran que los grupos más vulnerables a la pobreza son los menores de 18 años, sobresaliendo aquellos menores de cinco.

Según informe especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (NU, 2000: 12), sobre los derechos de la niñez en Guatemala, en el año 1994 se estimaba

que habían de 1,500 a 5 mil niños y niñas en la calle, de los cuales el treinta por ciento eran niñas y el 65 por ciento se ubicaba en la ciudad capital. Las edades de estos niños y niñas oscilaban entre los diez y los 17; el tres por ciento era menor de diez años; el 60 por ciento era de la capital, mientras que el resto era originario del área rural, Honduras y El Salvador.

Según la relatora del informe citado, señora Ofelia Calcetas-Santos, en varios casos, de los cuales el más sobresaliente se ubicó en Ciudad Tecún Umán, departamento de San Marcos fronterizo con México, los niños y niñas que ejercían la prostitución oscilaban entre los catorce y dieciséis años de edad, habían sido totalmente privados de su libertad, tatuados en contra de su voluntad, forzados a beber alcohol e ingerir drogas, y golpeados cuando los clientes se quejaron de su comportamiento. Los adultos responsables de tales hechos fueron sentenciados a trece y seis años en prisión.

Los ingresos que perciben los niños y niñas que viven en la calle (agrega el informe citado) provienen de robos, prostitución y mendicidad; además, se considera que alrededor del 90 por ciento de ellos consume y abusa de sustancias tóxicas. Según dicho informe, la mayoría de niños y niñas involucrados en la prostitución oscilan entre los quince y diecisiete años y, en muchos casos, cae en esta situación cuando trata de viajar a los Estados Unidos de América.

La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes constituye una violación fundamental a los derechos de éstos. Se reconocen tres modalidades: la prostitución y la pornografía de niñez y adolescencia; el turismo sexual; y el tráfico de menores de edad con fines de explotación sexual comercial. La prostitución infantil se da a través de la cosificación de sus cuerpos y su sexualidad, se asumen como mercancías para su comer- cialización, organizada o no por redes de personas prostituyentes; la pornografía infantil es la representación visual o auditiva de una persona menor de edad para el placer del usuario, con fines lucrativos o retributivos para el proveedor o intermediario, entrañando la producción, la distribución, la tenencia y el uso de ese material; el turismo sexual es la explotación sexual comercial de personas menores de edad por parte de extranjeros que visitan el país en calidad de turistas, se incluye la promoción del país como punto accesible para el ejercicio impune de esta actividad (Grupo articulador del plan, 2001: 12 y 13).

En ese contexto, corresponde a la Secretaría de Bienestar Social (SBS) atender los aspectos

más sensibles de la niñez en riesgo social y vulnerabilidad, discapacidad, en conflicto con la ley, víctimas de la explotación sexual, maltrato infantil y violaciones de los derechos del niño. Por tal motivo, la SBS adoptó desde 2001 la política denominada “Plan nacional de

acción contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Guate- mala”, elaborado por un grupo de trabajo multisectorial y multidisciplinario.

Otras instituciones también apoyan la tarea de brindar atención y protección a los grupos vulnerables. Tal es el caso de la SOSEP, cuyos programas se dirigen hacia la niñez,

juventud, personas con discapacidad, y adultos y adultas mayores, con el fin de potenciar sus capacidades, tomando en cuenta la realidad pluricultural y multilingüe del país; en el

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marco de una gestión descentralizada y coordinada, interinstitucional e intersec- torialmente, realiza sus actividades por medio de sus programas de trabajo: a) Hogares Comunitarios, b) Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar (PROPEVI), y c)

Escuela para Padres.

Por otra parte, el Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) toma en cuenta los

problemas que enfrentan actualmente la adolescencia y la juventud, los cuales circunscribe en tres diferentes dimensiones:

—Dimensión política: el adolescente y joven carecen de espacios de participación para ejercer sus derechos de interlocución en tanto sujetos políticos.

—Dimensión económica: su remuneración es inequitativa respecto a los salarios esta- blecidos legalmente; también existen pocas oportunidades para su inserción laboral o bien se les asignan ocupaciones no apropiadas para su edad.

—Dimensión social: hay deterioro de la identidad, autoestima, autodeterminación, baja calidad de vida, desigualdad de oportunidades, discriminación por etnia, edad o género, altas tasas de deserción y repitencia escolar. El sistema educativo todavía no logra impactar en la formación integral y la preparación para la inserción a la vida social, política y productiva y persisten carencias para desarrollar sus potencialidades.

Por tal razón, el CONJUVE, como ente coordinador de la política para la juventud, estableció

como objetivo primordial la organización formal y/o legal de grupos de jóvenes con deseos de integrarse al desarrollo político, económico y social, en los departamentos, los municipios, zonas y colonias de las áreas urbanas y urbano-marginales, lo que ha llevado a la creación de sedes en el ámbito nacional, fomentando la descentralización administrativa y con el apoyo institucional de entidades gubernamentales y no gubernamentales.

Las experiencias de trabajo con la niñez y la juventud de la calle han demostrado que previo a involucrar a los niños y jóvenes en actividades educativas o laborales, es necesario trabajar procesos de atención psicosocial y de desintoxicación por consumo de drogas, que permitan motivar su interés y adaptación a un nuevo estilo de vida.

- La violencia intrafamiliar

La violencia intrafamiliar es un fenómeno social que afecta principalmente a mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas mayores, aunque también se han registrado casos de hombres maltratados. La violencia intrafamiliar atenta contra los derechos huma- nos fundamentales, además de implicar serias repercusiones en la salud integral de las personas, en la economía familiar, en el ámbito del trabajo e impacta en forma negativa en el desarrollo humano.

Guatemala no es ajena a este problema. La cultura de violencia que nos apremia se extiende a todo el entramado social, incluida la familia. La violencia intrafamiliar es una de las causas de desintegración familiar que afecta a la sociedad, especialmente a los grupos vulnerables. Existen diversos factores para que se dé este fenómeno: deterioro de valores, problemas de orden social, patrones culturales aprendidos, estructuras familiares cimentadas en relaciones asimétricas, donde la razón y la verdad parecen atributo único de la autoridad socialmente establecida, es decir, del varón y del adulto.

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Las víctimas de violencia intrafamiliar acuden a una de las instancias de ayuda que es el Teléfono de Ayuda Familiar (TAF), que administra el PROPEVI. En este sentido, se presenta a

continuación un cuadro con las llamadas recibidas desde el año 2000 hasta el año 2002. Es necesario aclarar que la función del PROPEVI es orientar a las personas acerca del qué hacer

y hacia dónde dirigirse cuando se requiere el inicio de procesos judiciales; no obstante, se brinda apoyo psicológico tanto a las víctimas como a los agresores de común acuerdo.

Cuadro 24

Víctimas atendidas por medio del Teléfono de Ayuda Familiar (TAF)

Tipo de población 2000-2002

Fuente: Institución, datos al 15 de noviembre de 2002.

- La situación de la lucha contra las adicciones

En el ámbito mundial, la lucha contra el narcotráfico, el consumo de drogas y el tratamiento y rehabilitación de adictos, constituyen áreas de acción prioritaria para los gobiernos. Las Naciones Unidas dedicó el período extraordinario de sesiones de su asamblea gen- eral en junio de 1998 a la lucha contra la producción, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y actividades conexas. Los problemas del tráfico de drogas y su consumo ilícito son crecientes, con la condición que las drogas aceptadas por los pueblos como el alcohol y el tabaco, son puerta de acceso a otras drogas.

Guatemala no queda exenta de sufrir las consecuencias que conllevan el tráfico y el consumo de drogas. Por su ubicación y condiciones geográficas, este país es utilizado como puente para el tráfico de drogas, lo cual incide en que parte de la droga se quede en el país. Otras causas que lo hacen vulnerable al consumo de drogas son: la inequitativa distribución del ingreso; el desempleo; las condiciones de pobreza y extrema pobreza; el analfabetismo y poco acceso a la educación; la precariedad de la salud; aspectos culturales; lo característico de su población joven (a finales del siglo XX, la población nacional de

cero a diecisiete años se estimaba en un 51 por ciento del total (PNUD, 2000: 136); y

también influyen las limitaciones de los sistemas educativo y de salud.

La Encuesta Nacional “Inventario de Tamizaje sobre Uso de Drogas”, conocida como

DUSI, por sus siglas en inglés, realizada en el año 1997 en la población adolescente de los

ciclos escolares básico y diversificado del sector público, evidencia el consumo de diversos tipos de drogas. Los resultados de esta encuesta se muestran a continuación:

Víctimas Año 2000 % Año 2001 % Año 2002* %

Total general 3,529 100 11,598 100 13,802 100 Mujeres 2,263 64.13 6,810 58.7 10,498 76.1 Hombres 385 10.91 1,449 12.5 2,059 14.9 Menores 638 18.08 939 8.1 572 4.1 Adolescentes 122 3.46 200 1.7 487 3.5 Adultos mayores 121 3.43 2,176 18.8 173 1.3 Discapacitados - 0 24 0.2 13 0.1

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Cuadro 25

Prevalencia de consumo de drogas a nivel nacional 1998

Fuente: Elaboración de SEGEPLAN con base en información de SECCATID.

Esta misma encuesta registró que la edad promedio del primer consumo para todas las drogas está entre los trece y quince años de edad. En otro aspecto, se estableció la influencia de factores de riesgo que se relacionan con el consumo de drogas: problemas familiares, trastornos psicológicos, estado de salud, problemas escolares, presión de grupo, consumo de drogas en la familia.

b. Los adultos mayores

En Guatemala, el tamaño y crecimiento del envejecimiento demográfico presenta un in- cremento lento, pero sostenido de la proporción de personas de sesenta años y más respecto con la población total. Aunque el país es joven a juzgar por el 42.5 por ciento de su población menor de quince años, el aumento de las personas mayores ha alterado el perfil de la estructura por edades. En este sentido, la población de sesenta a más años para 2002, se estima que es de 633,345, y representa el 5.3 por ciento de la población total.

Está en vigencia la “Ley de protección para las personas de la tercera edad”, Decreto número 80-96 del Congreso de la República, y el “Reglamento de la Ley de protección para las personas de la tercera edad” (Acuerdo Gubernativo número 135-2002), donde se enmarca la atención en el ámbito de los servicios esenciales.

c. Personas con discapacidad

Según proyecciones (MSPAS, 1999a: 3), en el año 1999 había en el país 1.015,000 perso-

nas con discapacidades físicas o mentales, lo que representaba un nueve por ciento de la población de ese entonces.

Los esfuerzos por atender a esta población han surgido paulatinamente y en forma dispersa; sin embargo, existe ya el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI), foro autónomo que reúne a distintas instituciones del sec-

tor público y de la sociedad civil, con el fin de coordinar, asesorar e impulsar políticas dirigidas a la población con discapacidades. Según CONADI las causas más frecuentes

de discapacidad son:

Tipo de droga Porcentaje de población

escolar que consume droga

Total 100 Alcohol 37.1 Tabaco 21.1 Tranquilizantes 3.8 Marihuana 3 Cocaína 2.2 Estimulantes 2.4 Inhalables 1.9 No consume 28.5

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Cuadro 26

Causas primarias de discapacidad (bio-médica) 1997

Fuente: “Discapacidad en la Región Centroamericana”, febrero de 1997, citado en Plan Estratégico 2001-2005 de CONADI.

Cuadro 27

Causas secundarias de discapacidad 1997

Fuente: “Discapacidad en la Región Centroamericana”, febrero de 1997, citado en Plan Estratégico 2001-2005 de CONADI.

Cuadro 28

Causas terciarias de discapacidad y condiciones exacerbantes 1997

Fuente: “Discapacidad en la Región Centroamericana”, febrero de 1997, citado en Plan Estratégico 2001-2005 de CONADI.

Período prenatal Período perinatal

Genéticas Cromosómicas Gen único/múltiple

Trauma de parto

Síndromes esporádicos Incompatibilidad, A, B, 0/Rh

Infecciones intrauterinas Hipoxia, isquemia, asfixia

Tóxicos Alteraciones metabólicas

Deficiencias fetales de suplemento Infecciones (meningitis, encefalitis)

Hipoxia-izquemia Hemorragia intracraneana

Trauma intrauterino Período posnatal

Infecciones (meningitis, encefaliti, septicemia) Traumas

Asfixia Tóxicos Neoplasias

Período prenatal Período perinatal

Prematuridad Enfermedades infectocontagiosas

Tabaquismo Envenenamientos

Alcoholismo/drogadicción Accidentes en el hogar Bajo peso al nacer Accidentes de tránsito Desnutrición Latrogenia

Período prenatal Período perinatal

Pobreza Institucionalización

Conflictos bélicos Contaminación ambiental

Violencia Barreras arquitectónicas

Falta/ausencia de servicios básicos (salud, bienestar social)

Falta de oportunidades de aprendizaje

128

Adicionalmente, el diagnóstico del MSPAS expuso otras enfermedades que pueden

provocar algún tipo de secuela discapacitante; dentro de ellas se encuentran las enfer- medades cardiovasculares y reumáticas del corazón, sífilis, de los nervios, fracturas, traumatismos, envenenamientos, quemaduras, enfermedades del sistema óseo muscular y del tejido conjuntivo, enfermedades broncopulmonares, enfermedades de ojos y anexos, de oídos y anexos, trastornos mentales. El enfrentamiento armado interno que tuvo lugar de la década de 1960 hasta mediados de la década de 1990, también dejó un número considerable de personas con discapacidades.

In document República de Guatemala (página 121-128)