Contra la exclusión

Las políticas para reducir la pobreza tienen un correlato y un complemento en aquéllas que se orientan a superar otras formas de exclusión. Por algo quedó, al inicio del gobierno, establecido con claridad que una de sus orientaciones principales sería la de desarrollar políticas orientadas a reducir las desigualdades sociales, étnicas y de género (Portillo, 2000: 4).

Cualquier Estado que aspire a la modernidad, cualquier nación digna de llamarse democrática, debe remover estructuras de exclusión y debe generar las políticas y las instituciones capaces de promover la equidad social, étnica y de género.

Inspirada en estas convicciones, Guatemala dispone ahora de una Ley (Decreto Número 42-2001) y una Política de Desarrollo Social, a través de las cuales el Estado asume el compromiso de atender a los grupos más vulnerables.

La Política de Desarrollo Social y Población es un conjunto de medidas que busca crear y promover las condiciones políticas, culturales, sociales, económicas y jurídicas que facilite el acceso de toda la población a los beneficios del desarrollo en condiciones de igualdad y equidad. Se trata que las políticas nacionales de desarrollo económico modifiquen las relaciones sociales, culturales y económicas, y así mejorar las condiciones de vida de toda la población.

a. Derechos de los pueblos indígenas

En el discurso de toma de posesión, el Presidente de la República asumió el compromiso de contribuir a la construcción de las condiciones que garanticen el pleno desarrollo de los indígenas, así como la erradicación del racismo y la discriminación (Portillo, 2000: 12,13).

El conjunto de las políticas gubernamentales están enlazadas precisamente, entre otros temas transversales, por el de la superación de los rezagos e inequidades que afectan a los pueblos indígenas, quienes constituyen la mayoría de la nación multicultural y plu- rilingüe.

Hay una conexión estrecha entre lineamientos de gobierno como la ERP, la Política de

Desarrollo Social y Población, el Plan del Sector Educación 2000-2004 o las acciones para lograr la seguridad alimentaria y nutricional y el propósito gubernamental de lograr que guatemaltecos de ancestro maya, garífuna o xinca, dejen de ser considerados –como ocurrió a lo largo de 475 años de historia colonial y republicana– ciudadanos de segunda categoría. Congruente con lo establecido por los Acuerdos de Paz en dirección a edificar la nación multicultural, multilingüe y pluriétnica, la reforma del Estado, a la que ya se ha

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hecho alusión, busca incorporar estos elementos de la diversidad nacional a las estructuras políticas, y estimular la extensión y profundización de la ciudadanía, concebida como ejercicio real de deberes y derechos.

Esto supone dejar atrás la exclusión, la discriminación y la intolerancia, de suerte que los pueblos indígenas tengan el pleno derecho de hablar, participar y compartir decisiones. En el período que cubre este informe, el Estado, organizaciones sociales diversas y los pueblos indígenas prestaron especial atención al tema de la discriminación y el racismo, concordando en que éstos deslegitiman al sistema político en su conjunto, atentando contra los propósitos de construir una democracia participativa y de promover el desarrollo con equidad.

Atendiendo a esa preocupación nacional, se creó la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas, a la que se encomienda la formulación y seguimiento de políticas públicas y acciones orientadas a erradicar la discriminación racial, así como acompañar a instituciones, a funcionarios del Estado y a instituciones privadas en el desarrollo de mecanismos efectivos para el combate de las prácticas racistas y discriminatorias contra los pueblos indígenas en Guatemala. Por iniciativa del Ejecutivo, con fecha 11 de septiembre al Congreso de la República, por medio del Decreto número 57-2002 aprobó la reforma al Código Penal (Decreto 17-73 del Congreso de la República), tipificando distintas formas de discriminación como un delito. En ese mismo sentido, al Organismo Ejecutivo crea la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los pueblos Indígenas en Guatemala. b. Equidad de género

Desde su inicio, el gobierno se comprometió a “fortalecer la institucionalidad existente, ampliarla y complementarla de manera que la equidad de género se refleje en las políticas públicas, traduciéndola en la institucionalidad, la legislación y la reglamentación requeridas” (Portillo, 2000: 13), reconociendo que hasta ahora lo tradicional en la política hacia la mujer ha sido precisamente no tener política.

Por medio de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), se han dado lineamientos

que sientan las bases de una verdadera política de Estado orientada hacia la equidad de género. Esta política se aplica con base en nueve ejes centrales: a) Equidad económica; b) Equidad, tierra y vivienda; c) Equidad, Educación; d) Salud integral; e) Violencia contra la mujer; f) Equidad laboral; g) Equidad jurídica; h) Mecanismos institucionales para el avance de las mujeres; i) Equidad en la participación sociopolítica.

Se trata de lineamientos elaborados a través de una amplia consulta y logro de consensos, que constituyen una política nacional de promoción y desarrollo de las mujeres guatemaltecas, para un período que trasciende a este gobierno.

De su parte, la Política de Desarrollo Social y de Población presta especial atención a las mujeres, incluido su derecho a conocer y aplicar, por decisión propia, los principios de la salud reproductiva.

El Gobierno de la República considera importante seguir evolucionando en la generación de espacios institucionales y en la legislación para corregir desequilibrios históricos y a la vez asumir a la mujer como sujeto social y como sujeto político. Esto

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implica hacer visibles a las mujeres en las estadísticas, la legislación, y en el proceso iniciado por la SEPREM en la formulación del presupuesto con enfoque de género.

De ahí la importancia que la Presidencia de la República atribuye a temas particulares como el del trabajo no remunerado de las mujeres en su condición de amas de casa, la falta de derechos asegurados a las mujeres en las políticas de acceso a la tierra, y la incorporación desventajosa de las mujeres a la vida laboral, en términos de salarios, de jornadas y condiciones de trabajo.

En línea con la promoción de los derechos y deberes de las mujeres, al gobierno preocupa el problema, bastante grave, de la violencia intrafamiliar, admitiendo que la agresión contra las mujeres tiene profundas raíces culturales y requiere promover un cambio de actitud de toda la sociedad. Reconoce, igualmente, que un obstáculo para alcanzar el objetivo de luchar eficazmente contra la violencia doméstica es la tradicional separación entre lo público y lo privado; pero al mismo tiempo cree que el Estado tiene una responsabilidad de primer orden evitando la impunidad de esas formas de violencia. b. Apoyo a la población vulnerable

La lucha contra la exclusión implica también el impulso de políticas y acciones encami- nadas a favorecer a otros segmentos vulnerables de la sociedad guatemalteca; esto es, aquellos cuyas condiciones de existencia los colocan en posición de ser más afectados por procesos económicos, sociales y ambientales.

En la Matriz de Política Social 2000-2004 y en la Política de Desarrollo Social y Población se establecen líneas de política encaminadas a propiciar las bases mínimas del desarrollo humano integral, sostenido y sustentable de todos los habitantes, con especial énfasis en la atención y protección a los grupos vulnerables de la población, dentro de ellos la niñez, la juventud, las personas con discapacidad y los adultos mayores, con el fin de potenciar sus capacidades, tomando en cuenta la realidad pluricultural y multilingüe del país, en el marco de una gestión descentralizada y coordinada interinstitucional e intersectorialmente.

Respecto a la niñez, existen lineamientos específicos en el Plan Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (promovido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y otras agencias); en el Plan Nacional de Acción contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en Guatemala; en el Plan de Acción a favor de los Niños, Niñas y Jóvenes de la Calle; y en la Política de Desarrollo de la Juventud Rural, lineamientos que habrán de integrarse y ampliarse en la Política Nacional Integral de Atención a la Niñez y la Adolescencia.

En este ámbito, la Presidencia de la República ha llamado la atención de la sociedad y de las instituciones estatales concernidas acerca de que el embarazo precoz y el aborto clandestino constituyen un problema serio de salud pública, que debe ser atendido con sentido de urgencia.