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República de Guatemala
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Tercer Informe
al Congreso de la República
P
RESIDENTE
A
LFONSO
P
ORTILLO
C
ONSTITUCIÓNP
OLÍTICADELAR
EPÚBLICADEG
UATEMALAArtículo 183. Funciones del Presidente de la República
Son funciones del Presidente de la República
i) Presentar anualmente al Congreso de la República, al iniciarse su período de sesiones,
informe escrito sobre la situación general de la República y de los negocios de su
7
ÍNDICE
Capítulo I
1. Marco político 21
1.1 Reforma del Estado 22
1.1.1 Democracia participativa 22
1.1.2 Descentralización 23
1.1.3 Liberar al Estado y a la política 23
1.1.4. Fortalecimiento institucional 24
1.2 Transparencia versus corrupción 25
1.2.1 Libertad y responsabilidad, los retos de la transparencia 25
1.2.2 Un enfoque integral y un combate global 26
1.3 Lucha contra la pobreza y la exclusión 27
1.3.1 Reducción de la pobreza 27
1.3.2 Contra la exclusión 29
1.3.3. Superar rezagos en áreas clave 32
1.4 Economía de mercado, crecimiento, desarrollo y globalización 35
1.4.1. Mercado, Estado y democracia 35
1.4.2 Transformación estructural de la economía 36
1.4.3 Articulación de lo financiero y lo fiscal 38
1.4.4 De la integración a la globalización 39
1.5 Construir un entorno internacional de paz y cooperación 40
1.5.1 Globalizar la solidaridad 41
1.5.2 Resolución pacífica de los diferendos internacionales 41
1.6 Nuevos enfoques para la seguridad 42
1.6.1 Seguridad humana 42
1.6.1 El reto de la seguridad pública 43
1.6.3 Seguridad externa y defensa nacional 43
1.7 Acuerdos de Paz y reconciliación nacional 45
1.8 Año electoral, año de responsabilidad 46
Capítulo II
2. Panorama general de la República 49
2.1 Económico 50 2.1.1 Evolución macroeconómica 50 2.1.2 Política económica 57 2.1.2.1 Política fiscal 57 2.1.2.2 Política monetaria 62 2.1.2.3 Política cambiaria 64 2.1.2.4 Política crediticia 66
2.1.2.5 Génesis del acuerdo de Derecho de Giro 68
2.1.3 Entorno económico internacional 68
2.1.3.1 Comercio exterior 70
2.1.3.2 Competitividad 76
2.1.4 Sectores que apoyan el desarrollo económico 77
2.1.4.1 Agropecuario, recursos naturales y medio ambiente 77
2.1.4.2 Minería e hidrocarburos 82
2.1.4.3 Energía eléctrica 84
8
2.1.4.5 Comunicaciones 92
2.1.4.6 Turismo 94
2.1.4.7 Micro, pequeña y mediana empresa 95
2.2 Social 99
2.2.1 Características demográficas 99
2.2.2 Pobreza 101
2.2.3 Empleo 105
2.2.4 Seguridad alimentaria y nutricional 108
2.2.5 Salud 110
2.2.6 Agua potable y saneamiento básico 114
2.2.7 Educación, ciencia y tecnología 118
2.2.8 Vivienda 121
2.2.9 Atención a grupos vulnerables 121
2.2.10 Temas transversales 128
2.2.10.1 Equidad de género 128
2.2.10.2 Multiculturalidad e interculturalidad 130
2.2.10.3 Hechos fortuitos importantes por su impacto
en la economía, lo social y lo político 131
2.3 Político 133
2.3.1 Entorno internacional 133
2.3.2 Respeto a los derechos humanos 136
2.3.3 Seguridad ciudadana 138
2.3.4 Defensa nacional 141
2.3.5 Campaña presidencial a favor de la transparencia y
contra la corrupción 141
2.3.6 Acuerdos de Paz 142
2.3.7 Proceso de descentralización y modernización
de la administración pública 143
Capítulo III
3. Logros del gobierno en el 2002 147
3.1 Económico 147
3.1.1 Estado de las variables macroeconómicas 148
3.1.2 Política económica 149
3.1.2.1 Política fiscal 149
3.1.2.2 Política monetaria, cambiaria y crediticia 154 3.1.2.3 Cumplimiento de los compromisos
contenidos en el Acuerdo de Derecho de Giro con el FMI 155
3.1.2.4 Reactivación económica 155
3.1.3 Actuación en el entorno económico internacional 163
3.1.3.1 Integración económica 163
3.1.3.2 Comercio exterior 165
3.1.4 Sectores de apoyo al desarrollo económico 169
3.1.4.1 Agropecuario, recursos naturales y medio ambiente 169
3.1.4.2 Minería e hidrocarburos 180
3.1.4.3 Energía eléctrica
3.1.4.4 Transporte 189
3.1.4.5 Comunicaciones 191
3.1.4.6 Turismo 193
9
3.2 Social 201
3.2.1 Programas y proyectos para disminuir la exclusión social 202
3.2.1.1 Pobreza 202
3.2.1.2 Empleo 205
3.2.1.3 Seguridad alimentaria-nutricional 208
3.2.1.4 Salud 212
3.2.1.5 Agua potable y saneamiento básico 218
3.2.1.6 Educación, ciencia y tecnología 220
3.2.1.7 Vivienda 225
3.2.1.8 Atención a grupos vulnerables 228
3.2.2 Temas transversales 245
3.2.2.1 Género 245
3.2.2.2 Multiculturalidad e interculturalidad 248
3.2.2.3 Avances en la gestión para la prevención
y mitigación de desastres 254
3.3 Político 258
3.3.1 Entorno internacional 258
3.3.2 Respeto a los derechos humanos 272
3.3.3 Seguridad ciudadana 275
3.3.4 Defensa nacional 279
3.3.5 Campaña presidencial a favor de la transparencia
y contra la corrupción 280
3.3.6 Avances en la implementación de los compromisos contenidos en los
Acuerdos de Paz 281
3.3.6.1. Coordinación, apoyo y monitoreo a las comisiones
paritarias, no paritarias y específicas 282
3.3.6.2 Planeación, ejecución y evaluación
de los programas de reconciliación 285
3.3.7 Proceso de descentralización y modernización
de la administración pública 287 Capítulo IV 4. Desafíos 293 4.1 Económico 294 4.2 Social 296 4.3 Político 297
11
Gráfica 1: Tasas de crecimiento económico real 1998-2002 52
Cuadro 1: Trabajadores cotizantes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 1997-2001 54 Gráfica 2: Precios internacionales del café y déficit en cuenta corriente 1997-2002 55 Gráfica 3:Déficit fiscal, tasas de interés y tipo de cambio 1998-2002 56
Gráfica 4: Carga tributaria neta 1998-2002 58
Gráfica 5: Gasto del gobierno central como proporción del PIB 1998-2002 59
Gráfica 6: Desembolsos de préstamos con relación al PIB 1999-2002 60 Cuadro 2: Deuda pública externa, según fuente de financiamiento 2000-2002 61 Gráfica 7: Tasas de interés activas y pasivas promedio del sistema bancario y tasa promedio
de operaciones de reportes 2001-2002 62
Gráfica 8: Tasa de interés promedio ponderado de las OMAS 2001-2002 63
Gráfica 9: Inflación acumulada 2001-2002 64
Gráfica 10: Tipo de cambio promedio de compra 2001-2002 65
Gráfica 11: Reservas monetarias internacionales netas 2001-2002 66 Cuadro 3: Cartera de créditos por actividad económica 1998-2002 67 Cuadro 4: Préstamos y descuentos concedidos anualmente por departamentos 1999-2002 67
Cuadro 5: Comercio intrarregional 1998-2001 71
Cuadro 6: Producción de petróleo, valor e ingresos al Estado 1998-2002 83
Gráfica 12: Sistemas de distribución de energía 2002 85
Gráfica 13: Cobertura eléctrica de Guatemala 1998-2002 87
Cuadro 7: Parque vehicular por tipo de vehículo 1998-2002 90
Cuadro 8: Volumen de carga movilizada por medio del transporte marítimo 1998-2001 92
Gráfica 14: Líneas telefónicas disponibles 1998-2001 94
Cuadro 9: PEA por categoría ocupacional, según sexo 1998-1999 96
Cuadro 10: PEA de la MYPE, por rama de actividad económica 1998-1999 97
Cuadro 11: PEA del sector de la MYPE, por nivel educativo 1998-1999 97
Cuadro 12: PEA vinculada con el sector de la MYPE, por rangos de ingreso 1998-1999 98 Cuadro 13: PEA vinculada con el sector de la MYPE, por grupo étnico 1998-1999 98
Cuadro 14: Características de la población, según departamento 2002 100
Cuadro 15: Nivel de pobreza en cada región 2000 101
Cuadro 16: Distribución de los hogares rurales sin tierra, por regiones 1979-2001 102 Cuadro 17: Objetivos y metas de desarrollo del milenio 1989-2015 104 Cuadro 18: Cobertura del IGSS respecto a la PEA, por departamento 1997-2001 106
Gráfica 15: Salarios mínimos y costo de la canasta básica de alimentos y básica vital 1997-2002 107 Cuadro 19: Gasto público en salud y asistencia social 1998-2002 114 Cuadro 20: Servicios básicos en hogares pobres y no pobres 2000 115
Cuadro 21: Servicios básicos según área geográfica 2000 115
Cuadro 22: Gasto público en agua y saneamiento básico 1998-2002 118 Cuadro 23: Tasa neta de escolaridad, en todos los niveles 1998-2002 119 Cuadro 24: Víctimas atendidas por medio del Teléfono de Ayuda Familiar (TAF) 2000-2002 125
Cuadro 25: Prevalencia de consumo de drogas a nivel nacional 1998 128 Cuadro 26: Causas primarias de discapacidad (bio-médica) 1997 127
Cuadro 27: Causas secundarias de discapacidad 1997 127
Cuadro 28: Causas terciarias de discapacidad y condiciones exacerbantes 1997 127
Cuadro 29: Reuniones de grupo consultivo para Guatemala 136
12
Cuadro 30: Linchamientos e intentos de linchamientos, personas fallecidas y heridas 1997-2001 137 Cuadro 31: Total de hechos de violencia reportados a la Policía Nacional Civil 1998-2001 138 Cuadro 32: Hechos delictivos más comunes, por región. Enero-noviembre 2002 139 Cuadro 33: Agentes de la Policía Nacional Civil por sexo y región 2002 140 Cuadro 34: Principales variables macroeconómicas 2001-2002 149
Cuadro 35: Ingresos netos del gobierno central 2001-2002 150
Cuadro 36: Gastos del gobierno central y estructura porcentual 2002 152 Cuadro 37: Asignaciones sectoriales para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz al 31 de julio de 2002 153
Cuadro 38: Ejecución de la inversión del gobierno 2002 153
Cuadro 39: Fincas entregadas en el 2002 por el gobierno 172
Cuadro 40: Medidas legales Año 2002 173
Cuadro 41: Distribución geográfica de las fincas en estudio 2002 173 Cuadro 42: Distribución de fertilizantes por departamento 2001-2002 175 Cuadro 43: Préstamos otorgados por el fideicomiso para el café en 2002, por tipo de deudor 175
Cuadro 44: Destino de los créditos 2002 176
Cuadro 45: Ingreso del Estado por la producción de petróleo 2002 180 Cuadro 46: Otros ingresos del Estado en el subsector hidrocarburos 2002 180 Cuadro 47: Crecimiento de demanda de potencia (MW) 2001-2002 183 Cuadro 48: Crecimiento de demanda de energía (GWH) 2001-2002 183
Cuadro 49: Tarifas de las empresas distribuidoras de energía 2002 187 Cuadro 50: Proyectos de centrales de energías renovables 2002 188 Cuadro 51: Proyectos ejecutados y en ejecución de FONDETEL 2002 192
Cuadro 52: Fondos privativos trasladados a la Tesorería Nacional 2002 193 Cuadro 53: Desarrollo de MIPYMES intermediarias financieras 1995-2002 196
Cuadro 54: Desarrollo de MIPYMES proyectos productivos financiados 1995-2002 197
Cuadro 55: Grupos atendidos por la sección de organización grupal 1995-2002 198 Cuadro 56: Asignaciones presupuestarias para la Estrategia de Reducción de la Pobreza 2002 203 Cuadro 57: Nivel de ruralidad de los municipios donde se realizan ERPM 2002 204
Cuadro 58: Nivel de etnicidad de los municipios donde se realizan ERPM 2002 205 Cuadro 59: Nivel de pobreza de los municipios donde se realizan ERPM 2002 205
Cuadro 60: Programa Emergente de Reducción de la Desnutrición Aguda 2002 209
Cuadro 61: Asistencia Alimentaria MAGA-PMA 2002 211
Cuadro 62: Cobertura estatal de servicios de salud 2002 212
Cuadro 63: Actividades de los fondos sociales en el sector educación 2002 223 Cuadro 64: Inspecciones realizadas a viviendas por el FHA 2001-2002 225
Cuadro 65: Seguros emitidos por entidad aprobada 2002 227
Cuadro 66: Programa Escuela para Padres, capacitaciones por departamento 2002 231 Cuadro 67: Seminarios de capacitación, por región y tema, impartidos por CONJUVE 2002 232
Cuadro 68: Participación de jóvenes en eventos deportivos y culturales, porregión,
realizados por CONJUVE 2002 232
Cuadro 69: Cursos de capacitación sobre ecología y medio ambiente, impartidos por CONJUVE 2002 233
Cuadro 70: Actividades de sensibilización y capacitación en el tema de drogas 2002 243 Cuadro 71: Cobertura de capacitación en tema de drogas 2002 243
Cuadro 72: Visitantes según región de origen 2002 267
Cuadro 73: Personas detenidas por la PNC por tipo de delito y departamento 275
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ACDI Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional.
ADIM Asociación de Desarrollo Integral Municipal ADPIC Acuerdo sobre Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio
AE Autoempleo
AEC Asociación de Estados del Caribe AGAAI Asociación Guatemalteca de Alcaldes
Indígenas
AGEXPRONT Asociación Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales
AICD Agencia Interamericana de Cooperación y Desarrollo
AID Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América ALCA Área de Libre Comercio de las Américas ALMG Academia de Lenguas Mayas de Guatemala AMM Administrador de Mercado Mayorista de
Electricidad
AMNE Atención Materno Neonatal Esencial ANAM Asociación Nacional de Municipalidades APPI-TIP Programa Regional para la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión en América Central (por sus siglas en inglés)
ASDI Agencia sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional
ASIES Asociación de Investigación y Estudios Sociales
ASINDES Asociación de Entidades de Desarrollo y Servicios no Gubernamentales de Guatemala ASMUGON Asociación Nacional de Mujeres en el
Gobierno Municipal
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica
BID Banco Interamericano de Desarrollo BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento
BM Banco Mundial
CA Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz
CADISOGUA Coordinadora de Asociaciones de Desarrollo Integral del Sur Occidente de Guatemala
CAI Centros de Atención Integral CAM Centro de Apoyo a Microempresas CAMIP Centro de Atención Médica Integral para
Pensionados
CARICOM Comunidad de Estados del Caribe (por sus siglas en inglés)
CAUCA Codificación Arancelaria Uniforme Centroamericana
CAS Consejo Asesor de Seguridad CECI Centro Canadiense de Estudios y de
Cooperación Internacional
CEDAW Convención sobre la Eliminación de Todas
SIGLAS
las Formas de Discriminación Contra la Mujer (por sus siglas en inglés)
CELGUSA Celulosas de Guatemala
CEMANDES Centro de Estudios para el Manejo de Desastres
CENPES Comisiones Especializadas no Permanentes (de la OEA)
CENTRACAP Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPREDENAC Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central CFAC Conferencia de Fuerzas Armadas
Centroamericanas
CFE Comisión Federal de Electricidad (México)
CHF Cooperative Housing Foundation CIAT Comisión de la Convención
Interamericana del Atún Tropical CICTE Comité Interamericano contra el
Terrorismo
CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos
CIEN Centro de Investigaciones Económicas Nacionales
CIIU Clasificación Internacional Industrial Uniforme
CIM Comisión Interamericana de la Mujer CIRC Comité Internacional de la Cruz Roja CIT Comité Técnico de Asuntos Institucionales CNEE Comisión Nacional de Energía Eléctrica CNJ Comisión Nacional de Justicia CNOC Consejo Nacional de Organizaciones
Obreras y Campesinas
CNPAG Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala
CODEUR Consejo de Desarrollo Urbano y Rural COE Centro de Operaciones de Emergencia COF Centro de Orientación Femenina COGUADIH Comisión Guatemalteca para la Aplicación
del Derecho Internacional Humanitario COGUANOR Comisión Guatemalteca de Normas COINDE Consejo de Instituciones de Desarrollo COJUST Comisión de Fortalecimiento del Poder de
la Justicia
COLRED Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres
COLUSAG Comisión de Espiritualidad y Lugares Sagrados
COMCEL Comunicaciones Celulares de Guatemala COMG Consejo de Organizaciones Mayas de
Guatemala
COMIECO Consejo de Ministros de Economía Responsables de la Integración Centroamericana
14
COMRED Coordinadoras Municipales para la Reducción de Desastres
COMRIEDRE Consejo de Ministros Responsables de la Integración Económica y Desarrollo Regional CONADI Consejo Nacional para la Atención de las
Personas con Discapacidad
CONAFOR Comisión Nacional para la Fortificación, Enriquecimiento y/o Equiparación de Alimentos
CONALFA Consejo Nacional de Alfabetización CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAPEX Consejo Nacional de Promoción de
Exportaciones
CONAPLAM Comisión Nacional para la Promoción de la Lactancia Materna
CONAPOEX Consejo Nacional de Política Exterior CONAPROV Comité Nacional de Protección a la Vejez CONCYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONE Comité Nacional de Emergencia CONFEDE Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala
CONGCOOP Coordinación de Organizaciones no Gubernamentales y Cooperativas CONJEFAMER Conferencia de Jefes de Fuerzas Armadas
Americanas
CONJUVE Consejo Nacional de la Juventud CONRED Coordinadora Nacional para la Reducción
de Desastres
COPART Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas COPMAGUA Coordinación de Organizaciones del
Pueblo Maya de Guatemala
COPRE Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, la Descentralización y la Participación Ciudadana
COPREDEH Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos
COVIAL Unidad de Conservación Vial CPN Comisión Portuaria Nacional COPRYP Comisión Paritaria de Reforma y
Participación
CRE Comisión de Reforma Electoral CRRH Comité Regional de Recursos Hidráulicos CTAI Comité Técnico de Asuntos Institucionales CTEAR Comisión Técnica para la Ejecución del
Acuerdo sobre Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas DEMI Defensoría de la Mujer Indígena DEOCSA Empresa de Distribución de Energía
Eléctrica de Occidente, Sociedad Anónima DEORSA Empresa de Distribución de Energía
Eléctrica de Oriente, Sociedad Anónima DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil DGC Dirección General de Caminos DINEL Directorio Nacional de Empresas y sus
Locales
DOAN Departamento de Operaciones Antinarcóticas
DUSI Inventario de Tamizaje sobre Uso de Drogas (por sus siglas en inglés) EAIEPI Estrategias de Atención Integral de
Enfermedades Prevalentes en la Infancia ECOSOC Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas
EEGSA Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima
EMPAGUA Empresa Municipal de Agua
ENEI Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENIGFAM Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
Familiares
ENSMI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil
ERP Estrategia de Reducción de la Pobreza ERPD Estrategia de Reducción de la Pobreza
Departamental
ERPM Estrategia de Reducción de la Pobreza Municipal
EUA Estados Unidos de América EVN Esperanza de Vida al Nacer EX PMA Ex Policia Militar Ambulante
FACYT Fondo de Apoyo a la Ciencia y Tecnología FAO Fondo de la Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (por sus siglas en inglés)
FICOCE Programa de Financiamiento Integral al Comercio con Centroamérica FIDA Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola
FINABECE Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo
FIS Fondo de Inversión Social FMI Fondo Monetario Internacional FNUAP Fondo de Población de las Naciones
Unidas
FOCALAE Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este
FODIGUA Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco
FOGUAVI Fondo Guatemalteco para la Vivienda FOMIN Fondo Multilateral de Inversiones FONACYT Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología FONAPAZ Fondo Nacional para la Paz
FONDETEL Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONISAL Fondo para Investigación en Salud Pública FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales
FSDC Fondo de Solidaridad para el Desarrollo Comunitario
GAFI Grupo de Acción financiera GAFIC Grupo de Acción Financiera del Caribe GATS Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GST Grupos Sectoriales de Trabajo GTZ Agencia de Cooperación Alemana (por sus
15
GUATEL Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones
ICESPO Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policía
ICTA Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas IEMA Impuesto a las Empresas Mercantiles y
Agropecuarias
IGER Instituto de Escuelas Radiofónicas IGSS Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social
INACOP Instituto Nacional de Coopertativas INAP Instituto Nacional de Administración
Pública
INCAP Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
INDE Instituto Nacional de Electrificación INCAN Instituto Nacional de Cancerología INE Instituto Nacional de Estadística INFOM Instituto de Fomento Municipal INGUAT Instituto Guatemalteco de Turismo INMUJERES Instituto Nacional de la Mujer (México) INSIVUMEH Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología INTECAP Instituto Técnico de Capacitación y
Productividad
INTRAPAZ Instituto de Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz en Guatemala IPES Instituto de Estudios Políticos y Sociales IPC Índice de Precios al Consumidor IRIPAZ Instituto de Relaciones Internacionales e
Investigación para la Paz ISR Impuesto sobre la Renta ITS Infecciones de Transmisión Sexual IVA Impuesto al Valor Agregado MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación
MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MCD Ministerio de Cultura y Deportes
ME Microempresa
MEM Ministerio de Energía y Minas MER Mercado Eléctrico Regional MICIV Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda MINECO Ministerio de Economía MINEDUC Ministerio de Educación MINFIN Ministerio de Finanzas Públicas MINTRAB Ministerio de Trabajo y Previsión Social MINUGUA Misión de Verificación de las Naciones
Unidas en Guatemala
MM Mercado Mayorista
MOJOCA Movimiento de Jóvenes de la Calle MONALFA Movimiento Nacional de Alfabetización MIPYME Micro, Pequeña y Mediana Empresa MP Ministerio Público
MRE Ministerio de Relaciones Exteriores MSF Médicos Sin Fronteras
MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
MYPE Micro y Pequeña Empresa OEA Organización de Estados Americanos OFDA Oficina de Asistencia para Desastres (por
sus siglas en inglés)
OIT Organización Internacional del Trabajo OMAs Operaciones de Mercado Abierto OMC Organización Mundial de Comercio OMPI Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual
OMS Organización Mundial de la Salud ONSEC Oficina Nacional de Servicio Civil ONU Organización de Naciones Unidas ONUDI Organización de Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
OPMs Oficinas de Planificación Municipal OPS Organización Panamericana de la Salud OTAN Organización del Tratado del Atlántico
Norte
PACIT Programa de Agregados Comerciales, de Inversión y Turismo
PAREC Programa de Apoyo para la Reinserción de Excombatientes
PCD Personas Con Discapacidad PCH Programa de Cooperación Hemisférica PDH Procuraduría de los Derechos Humanos PEA Población Económicamente Activa PEM Planes Estratégicos de Modernización PER Plan de Electrificación Rural PET Población en Edad de Trabajar PGPP Programa de Gasto Público Prioritario PGN Procuraduría General de la Nación PIB Producto Interno Bruto PMA Programa Mundial de Alimentos PNC Policía Nacional Civil
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PPP Plan Puebla-Panamá
PRECLIF Proyecto de Prevención y Combate Local de Incendios Forestales
PRADIS Programa de Discapacidad PROAM Programa de Acceso a Medicamentos PRODESFRO Programa de Desarrollo Sostenible en las
Comunidades Fronterizas Guatemala-México
PRONACOM Programa Nacional de Competitividad PRONADE Programa Nacional de Autogestión
Educativa
PRONAM Programa Nacional del Adulto Mayor PRONAME Programa Nacional de Mejoramiento de
las Estadísticas Económicas
PROPEVI Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intra Familiar
PRRD Plan Regional de Reducción de Desastres REMHI Recuperación de la Memoria Histórica RIC Registro de Información Catastral RIN Reservas Internacionales Netas SAA Secretaria de Asuntos Agrarios
16
SAAS Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia
SAE Secretaría de Análisis Estratégico SAT Superintendencia de Administración
Tributaria
SATHA Sistema de Alerta Temprana para Huracanes en el Atlántico SBS Secretaría de Bienestar Social SCEP Secretaría de Coordinación Ejecutiva de
la Presidencia
SECCATID Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas
SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEN Sistema Estadístico Nacional SENACYT Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología SEPAZ Secretaría de la Paz
SEPREM Secretaría Presidencial de la Mujer SERCOM Servicios de Comunicaciones
Inalámbricas
SERNAM Servicio Nacional de la Mujer (Chile) SIAF Sistema Integrado de Administración
Financiera
SIAS Sistema Integral de Atención en Salud SIASEJU Sistema de Información y Apoyo al
Sector Justicia
SIC Sistema de Información Criminológica y Criminalística
SICA Sistema de la Integración Centroamericana SICOFAA Sistema de Cooperación entre Fuerzas
Aéreas Americanas
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIECA Secretaría de Integración Económica
Centroamericana
SIEPAC Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central
SIG Sistema de Información Geográfica SIGAP Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas SINAMRED Sistema Nacional Multisectorial de
Gestión para la Reducción de Desastres SINCYT Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología SIPECIF Sistema Integrado de Prevención,
Erradicación, y Control de Incendios Forestales
SIPOL Sistema Informático de la Policía Nacional SIT Superintendencia de Telecomunicaciones SIN Sistema Nacional Interconectado SNIP Sistema Nacional de la Inversión Pública SOSEP Secretaría de Obras Sociales de la Esposa
del Presidente
TELGUA Telecomunicaciones de Guatemala TGP Tasa Global de Fecundidad TLC Tratado de Libre Comercio TPA Autoridad de Promoción Comercial
(por sus siglas en inglés)
UE Unión Europea
UFM Universidad Francisco Marroquín UMG Universidad Mariano Gálvez UNAG Unidad de Apoyo a las Gobernaciones
Departamentales
UNESCO Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus siglas en inglés) UNICAR Unidad de Cirugía Cardiovascular UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (por sus siglas en inglés) UNIS Universidad del Istmo
UPAZ Universidad para la Paz-Naciones Unidas UPRECO Unidad Presidencial para la Resolución de
Conflictos
URL Universidad Rafael Landívar URNG Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca
USAC Universidad de San Carlos de Guatemala USAF Fuerza Aérea de los Estados Unidos de
América, por sus siglas en inglés USAID Agencia para el Desarrollo Internacional
de los Estados Unidos de América, también conocida como AID UTMs Unidades Técnicas Municipales UVG Universidad del Valle de Guatemala VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana VUI Ventanilla Unica para las Inversiones
17
Presentación
L
a presentación del III Informe Presidencial al Congreso de la República responde al mandato contenido en el artículo 183, inciso i, de la Constitución Política de la República de Guatemala, que textualmente establece:“Son funciones del presidente de la República presentar anualmente al Congreso de la República, al iniciarse su período de sesiones, informe escrito de la situación general de la República y de los negocios de su administración realizados durante el año anterior”.
Para cumplir con ese mandato, el Informe del Presidente al Congreso se divide en cuatro capítulos.
El capítulo I: Marco Político, destaca la forma en que la actual administración gubernamental conceptúa y se propuso actuar sobre las realidades económicas, sociales y políticas del país, con el propósito de superar problemas, potenciar ventajas y establecer bases firmes y duraderas para acelerar el logro del desarrollo humano de los guatemaltecos, en especial de los excluidos y marginados. Apunta también a definir las condiciones que deben darse para alcanzar un proyecto de nación, y cuál debería ser la acción guber-namental para, en conjunto con la sociedad, hacer realidad dicho proyecto, sustentado en el compromiso del Estado hacia el cumplimiento efectivo de los Acuerdos de Paz.
El capítulo II: Panorama General de la República, describe brevemente cuáles fueron las condiciones del país en el año 2002, sobre las que debió desenvolverse la acción gubernamental, considerando tanto sus determinantes estructurales como las coyunturales. Dicha descripción resulta fundamental para comprender el trabajo gubernamental en el año, objetivo del presente informe y el entorno en el que el mismo se realizó.
El capítulo III: Logros del gobierno en el 2002, presenta los avances más importantes del trabajo de la administración durante el año 2002, dividido en tres grandes campos: el económico, el social y el político. Se reconoce que estos logros habrían sido imposibles de alcanzar si no se hubiese contado con el apoyo de la población guatemalteca en general. El capítulo IV: Desafíos, presenta los principales retos que enfrenta el gobierno y los distintos actores y sectores de la sociedad guatemalteca, para concretar los objetivos y metas de mediano y largo plazo que conduzcan a la nación que se desea, a la inserción ventajosa en el contexto internacional, a la potenciación de las cualidades y ventajas, y a la erradicación y control de los lastres que aún tienen atrapados en la pobreza, la exclusión y discriminación a millones de compatriotas. Estos desafíos son básicamente estructurales y deben llamar a la reflexión y a la acción concertada de la nación para superarlos integralmente.
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CAPÍTULO I
MARCO POLÍTICO
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1. MARCO POLÍTICO
S
e definen y tratan en este capítulo ocho temas centrales para la actual administración, siendo éstos los siguientes: a) la reforma del Estado; b) la lucha por la transparencia y la lucha contra la corrupción; c) la lucha contra la pobreza y la exclusión; d) la economía de mercado en el marco de un mundo cada vez más globalizado; e) la paz y la promoción de la cooperación internacionales; f) la seguridad humana y la seguridad ciudadana; g) los Acuerdos de Paz y la reconciliación nacional; y h) la responsabilidad del gobierno ante el proceso electoral de 2003.En la reforma del Estado resalta la necesidad de contar con una democracia partici-pativa, en la que los procesos y las decisiones sean descentralizadas y donde no primen los intereses de grupos reducidos por poderosos que éstos sean.
La lucha contra la corrupción pone énfasis en la necesidad de un enfoque integral para combatirla en todas las esferas y en todos los sectores, contando con la participación activa de la sociedad civil y la firme decisión política del Estado para combatirla desde ya y con resultados positivos.
La lucha contra la pobreza y la exclusión intenta lograr que en el más breve plazo millones de guatemaltecos marginados por el sistema superen tales situaciones y se incorporen como fuerzas vitales para alcanzar el desarrollo integral.
En el tema de la economía se enfatiza la necesidad de contar con un mercado que distribuya óptimamente los recursos económicos, y se define la función del Estado para potenciar sus ventajas y aminorar sus posibles restricciones. Se destaca también la importancia que la reforma financiera y fiscal, desarrollada por el gobierno, tiene para mejorar el funcionamiento del mercado y dotar a la economía y a la sociedad de los activos y servicios de apoyo al mercado. Resalta, asimismo, la importancia estratégica de la integración centroamericana, y cómo aprovechar la mundialización y controlar sus posibles efectos no deseados.
En el tema de entorno internacional de paz y reconciliación se señala que la principal guía de la política exterior del gobierno son los principios y valores dictados por los legítimos intereses nacionales de Guatemala, que privilegian la paz mundial, el desarrollo con equidad, la resolución pacífica de conflictos y el respeto a los derechos humanos.
La seguridad es clave en la agenda nacional, y se establece que el nuevo enfoque de gobierno sobre este concepto tiene una clara raigambre democrática. Es decir, se ha dejado por un lado la noción de “enemigo interno”, que fue característica durante el conflicto armado. Con base en los Acuerdos de Paz se resalta la creación de instancias para el impulso de una nueva cultura de la seguridad integral. Por último, en este tema, se hace un recuento de los retos de la seguridad.
En relación con los Acuerdos de Paz y la reconciliación nacional, se recalca la decisión gubernamental de otorgar categoría de compromisos de Estado a dichos acuerdos y cómo continúan constituyendo un faro para aproximarse con mejor sustento a un proyecto nuevo de país.
Por último, el tema del año electoral plasma la decisión gubernamental de prepararse responsablemente para una transición en la que se garanticen unas elecciones sin mácula.
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1.1 Reforma del Estado
Guatemala vive un cambio de época. Desde el inicio de este gobierno se estimó que, en consonancia con ese cambio, era necesario emprender un decidido proceso de reforma del Estado (Portillo, 2000: 2), como parte del camino a recorrer para construir una nación próspera, menos desigual, libre de discriminación y de privilegios, con certeza jurídica.
1.1.1 Democracia participativa
La reforma del Estado demanda el tránsito de una democracia cuyo signo distintivo ha sido la representatividad, hacia otro tipo de democracia nutrida por la participación social, con libertades públicas fortalecidas. Se requiere, pues, de una reingeniería de aquellos mecanismos de la democracia representativa que muestren signos de anacronismo, incorporando herramientas de la democracia participativa a fin de mejorar el tratamiento de los problemas que cotidianamente enfrenta la sociedad. Una democracia en la cual los actores sociales, especialmente aquellos tradicionalmente preteridos, son llamados a participar en la definición de las políticas y acciones públicas, y a desarrollar el capítulo de la auditoría social.
Esta orientación se apoya, además, en el reconocimiento que el país vive sacudimientos democráticos, en cuyo centro es necesario situar a la comunidad, organizada y participante en la solución de sus propios problemas.
La democracia participativa implica también construir un modelo alternativo de gobernabilidad democrática, utilizando las herramientas de diálogo y negociación que ofrecen al país la agenda y la institucionalidad de la paz, reformando el concepto de la política, para darle su lugar como el principal medio de dirección y de cohesión social.
Implica una práctica política que genere nuevos equilibrios, establezca reales contrapesos entre los organismos del Estado, y despierte responsabilidades sociales y cívicas que desarrollen sentido de comunidad y una actitud de pertenencia.
Se trata, también, del impulso a diversos espacios de diálogo y de intermediación sociopolítica que, sin violentar el ordenamiento jurídico del país, propicien vías alternativas para el tratamiento y resolución de controversias, para el diagnóstico de la problemática y la búsqueda de soluciones viables, en escalas local, municipal, departamental, regional y nacional. Con el propósito de estimular la cultura y la práctica del diálogo y la negociación, despertando en la sociedad la confianza en que ése es el camino adecuado para resolver muchos problemas, el Gobierno de la República ha hecho lo propio al otorgar amplias facultades y respaldo institucional a la Unidad Presidencial para la Resolución de Conflictos (UPRECO).
Se ha insistido en la necesidad de poner el péndulo político en el equilibrio y la ponderación. El diálogo y la negociación, alejados de la imposición y el condicionamiento, son la alternativa, porque significan edificar sobre la base del respeto, la tolerancia y el entendimiento.
La participación, el diálogo y la concertación están mostrando ser métodos eficaces de construcción de la vida democrática y de un Estado plural.
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1.1.2 Descentralización
La democracia participativa implica que la reforma del Estado se oriente hacia el desarrollo de un aparato público que, con eficacia y transparencia, interactúe con la población en torno a sus problemas centrales, en su propio territorio. Esto es, un Estado descentralizado. Precisamente, la descentralización, para delegar decisiones, administración y recursos, es uno de los pilares de la acción pública del gobierno desde su inicio como vía para fortalecer y profundizar la democracia (Portillo, 2000: 3,12).
Guatemala está agitada por la irrupción pública de viejos problemas y por la necesidad de fortalecer sus instituciones democráticas, particularmente las de carácter local, municipal, departamental y regional. De ahí la importancia que el Ejecutivo, particu-larmente en el período que cubre este informe, ha atribuido al impulso de reformas legales para colocar al país en la vía de la construcción de ese nuevo Estado.
Sus bases se encuentran en la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto número 11-2002), en la Ley General de Descentralización (Decreto Número 14-2002), y en el nuevo Código Municipal (Decreto Número 12-2002); legislaciones propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso de la República en 2002.
Ese nuevo marco legal crea las condiciones para la organización de la población en pos de la mejor resolución de sus problemas, en la ruta de la descentralización, de la diversidad étnica y de la equidad de género, facilitando la construcción de espacios de trabajo conjunto Estado-sociedad.
1.1.3 Liberar al Estado y a la política
Bajo tales presupuestos, una orientación central del gobierno ha sido la de liberar a la política y al Estado de los poderes fácticos tradicionales, esforzándose por construir una democracia fuerte, libre de la concentración excesiva del poder económico e ideológico, factores que condicionan y limitan la construcción de la paz, niegan la naturaleza misma de la democracia y entorpecen el desarrollo.
Esta orientación busca expresamente poner fin a la captura del Estado, entendida como aquella situación en la cual los poderes públicos son colocados al servicio de intereses de minorías privilegiadas, distintos a los de la sociedad y el bien común.
Gracias a esa línea de acción, el Estado ya no recibe órdenes ni instrucciones. El Estado guatemalteco, como expresión política de la sociedad, ha ganado un lugar: se le consulta, se le convence, se dialoga con él, se concierta con él, se adoptan acuerdos que toman en cuenta varios intereses, no sólo un interés dominante, buscando tomar en cuenta todos los intereses de la sociedad.
La liberación del Estado y de la política implica, también, la necesidad de dejar atrás la exclusión, la discriminación y la intolerancia, promoviendo la participación y el diálogo como métodos eficaces para construir la vida democrática, para construir un nuevo contrato social y político en el cual el concepto de ciudadanía es fundamental.
Esa opción por el pluralismo cobra vida en un gabinete de gobierno cuyo rasgo sobresaliente es, precisamente, la diversidad del origen y el pensamiento políticos de sus integrantes. La justeza de esa decisión presidencial se apoya, además, en la profunda
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convicción de que los gobiernos futuros, para ser congruentes con la realidad sociopolítica del país, serán llamados a constituirse, también, en concreción de amplias coaliciones, de encuentros generacionales, ideológicos y políticos, los únicos encuentros que pueden fertilizar un proyecto de Estado democrático, justo y sin exclusiones.
La reforma del Estado y el fortalecimiento de la democracia no se agotan en el movimiento hacia la participación ciudadana y la descentralización: se articulan con reformas necesarias en ámbitos como el económico, el financiero, el fiscal, el laboral, el social y el educativo.
Esto es así porque Guatemala requiere que haya correspondencia entre la institucionalidad democrática y la satisfacción de las necesidades de la población, especialmente en el bienestar económico y social, así como en la seguridad pública, personal y jurídica.
El reto de construir el nuevo sujeto ciudadano pasa, precisamente, por el reconocimiento que en el país sólo podrá hablarse de ciudadanas y ciudadanos plenos si sus habitantes tienen ingresos para una vida digna, cuentan con servicios básicos de salud y educación de calidad, si aprenden a manejar los recursos básicos estratégicos que aseguran su supervivencia.
Dicho de otro modo, no se puede ejercer la ciudadanía cuando la mayoría no tiene las condiciones materiales para reunirse en comunidad o gremio y pensar en política, que es pensar en futuro, largo plazo y transformación social. Puede haber hombres y mujeres, pero si no saben leer, si no piensan con libertad, si no tienen empleo, si no tienen educación, si no tienen salud, no son ciudadanos y ciudadanas.
1.1.4. Fortalecimiento institucional
El proceso democrático pasa también por la consolidación de las instituciones, empezando por aquéllas derivadas de la división republicana de poderes. De ahí que ésta ha sido una línea del Gobierno de la República, favorable a la celosa observancia de la independencia de los tres organismos del Estado, pero también a la colaboración respetuosa entre ellos. En esa línea, una directriz fundamental en el Ejecutivo para el período del que se informa fue propiciar que los procesos de renovación institucional, vividos por el país en 2002, ocurriesen con independencia procesal, ateniéndose a la convicción presidencial de que el Estado requiere de órganos de control en verdad autónomos, probos y con calidades técnicas, que cumplan su función sin consignas políticas ni seducciones económicas o publicitarias.
La aspiración central del Ejecutivo fue que, como ocurrió en su momento con la Corte de Constitucionalidad, con la elección del nuevo Tribunal Supremo Electoral y con los nombramientos de Fiscal General, Procurador de los Derechos Humanos, Contralor de Cuentas, Procurador General de la Nación y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, debían fortalecerse la confianza ciudadana, la autonomía y la eficiencia de estas instituciones, vitales para el funcionamiento, el desarrollo y la construcción de una democracia sólida.
Esta línea propicia el fortalecimiento del Estado de derecho y de la cultura institucional y democrática de la sociedad guatemalteca, evadiendo el riesgo de hacer de la democracia
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una mera formalidad, una democracia condenada a desvirtuarse si deja de identificar y de corregir las debilidades por las que transitan la ineficacia, la ineficiencia y la corrupción. Guatemala ha avanzado en la construcción de una institucionalidad que, si bien no está libre de desencuentros con las necesidades de la sociedad, constituye la base para perfeccionar el régimen democrático, sin el cual el país no es viable. Reforzar ese andamiaje institucional ha sido, precisamente, la orientación guía de la conducta gubernamental durante el ciclo de renovación ocurrido en los últimos doce meses.
1.2 Transparencia versus corrupción
Una tarea central de la democracia es la transparencia, que significa conocer por qué se hacen las cosas, cómo se hacen y qué resultados reales se obtienen. Por eso, uno de los grandes desafíos para consolidar y renovar la democracia en Guatemala es construir una cultura de transparencia, en la que no haya resquicios para la corrupción.
Ésta mina la credibilidad de la democracia y de la paz que el país construye con tantas dificultades, por lo que, desde su inicio, el Presidente de la República identificó al combate contra la corrupción y la impunidad como uno de los pilares de la política que habría de seguir la administración iniciada en enero de 2000 (Portillo, 2000: 4).
Durante el período sobre el cual se informa, los temas de transparencia y corrupción crecieron en importancia dentro de la agenda nacional, tanto en la del Estado como en la de relevantes segmentos de la sociedad y de la opinión pública, lo cual creó un clima propicio para que el Ejecutivo desarrollase orientaciones precisas e integrales para atender estos asuntos con visión estratégica de país.
1.2.1 Libertad y responsabilidad, los retos de la transparencia La amplia publicidad y seguimiento noticioso que algunos medios de comunicación social han dado a casos de corrupción atribuida a funcionarios de este gobierno y del Estado, si bien han estado por momentos salpicados por el forcejeo político de quienes quisieran mantener la captura estatal, han ocurrido en el marco de la escrupulosa aplicación del compromiso presidencial con la transparencia, con el respeto irrestricto a la libertad de prensa, y con el ejercicio del derecho a la emisión del pensamiento sin ninguna cortapisa. La clave de esta orientación de política se resume en una palabra: tolerancia. Tolerancia a la diversidad de pareceres propios de una sociedad democrática, e incluso hacia quienes van más allá del ejercicio responsable de estas libertades fundamentales e incurren en ex-cesos colindantes con la calumnia y el irrespeto a las instituciones y a quienes las repre-sentan.
Esa orientación se apoya también en la convicción que la libertad de expresión no es sólo un anhelo ciudadano ni únicamente un derecho tutelado por el Estado y la Cons-titución; es y debe ser también ejercicio cotidiano de responsabilidad plena de quienes la ejercen y de quienes, con hechos y no con discursos, deben respetarla.
Si bien la libertad de expresión de que hoy goza el país no tiene parangón en la historia nacional, el Ejecutivo ha buscado propiciar su ampliación hacia la libertad de información, lo cual incluye democratizar el acceso a los medios escritos y las frecuencias de radio y televisión.
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1.2.2 Un enfoque integral y un combate global
Los lineamientos trazados por el gobierno para hacer frente a la corrupción arrancan con un enfoque integral del fenómeno, considerando su carácter estructural y sistémico. Se trata de un fenómeno que involucra factores culturales, políticos, económicos, adminis-trativos, legales, institucionales y organizacionales, cuyas raíces se hunden profundamente en la historia nacional, particularmente en la forma autoritaria en la que se ejerció el poder público durante tantos años.
También arrancan de la claridad de que la corrupción no es monopolio exclusivo del Estado. Sin duda existe la corrupción administrativa, que es grave, pero no lo es tanto como la corrupción por elevadas influencias y componendas entre empresas, altos funcionarios y dirigentes políticos. Esta última es la corrupción más gravosa, tanto porque se aprovecha de las reglas como las cambia egoístamente a su favor.
Desde esta perspectiva integral, las fuentes del problema se encuentran en el sistema anacrónico que estimula la corrupción misma, la especulación financiera y la ineficiencia. Quienes han tenido capturado al Estado, buscan que éste sea ineficiente para la mayoría, especialmente para sus competidores, pero muy eficiente para ellos.
Una tercera fuente de los lineamientos gubernamentales en este terreno es la certeza que la corrupción es un signo de la falta de solidaridad que aqueja a la sociedad guatemalteca. Está demostrado que la corrupción actúa sobre todo contra los pobres y, entre éstos, principalmente afecta a los indígenas y a las mujeres, porque conlleva una ineficiente asignación de los escasos recursos fiscales, mientras la pérdida social derivada eleva los costos de oportunidad, reduciendo las oportunidades de acceso al empleo, la salud, la educación y otros servicios básicos.
El gobierno está convencido que la lucha contra la corrupción es una tarea nacional que demanda determinación y acciones conjuntas del Estado y la sociedad, por encima de recelos y desconfianzas, sin levantar falsas expectativas y sin convertir ésta en un nuevo terreno de destrucción y ataques.
Esa lucha exige que el gobierno, así como los actores estratégicos de la economía y la sociedad en su conjunto, se reconozcan como parte del problema, pero también de la solución. De ahí que una condición para que las iniciativas a favor de la transparencia y contra la corrupción avancen es que tengan en cuenta la mayor cantidad y calidad de actores posibles. Exigen la más amplia participación ciudadana como mecanismo de auditoría social, lo que se podrá hacer operativo en el seno de espacios como los Consejos de Desarrollo. Atacar la corrupción sólo del lado gubernamental no resuelve el problema.
La directriz central que orienta la acción gubernamental en este terreno es que la lucha contra la corrupción debe librarse en tres dimensiones: la prevención, el control y la sanción de los corruptos.
La lucha contra la corrupción y contra la impunidad pasa por muchos de los caminos trazados para reformar el Estado y renovar la democracia. Entre ellos, profesionalizar el servicio público; promover la transparencia del sistema financiero nacional; eliminar la discrecionalidad; perfeccionar los sistemas para el manejo transparente de los fondos públicos; promover reformas legales y administrativas que garanticen el libre acceso a la información pública; revisar la legislación relacionada, buscando adecuarla a la
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ción Interamericana contra la Corrupción, así como las disposiciones de transparencia acordadas en el Pacto Fiscal y viabilizar el control social desde los Consejos de Desarrollo. Es necesario depurar al Estado de quienes lo instrumentan para enriquecerse ilícitamente, en detrimento del bien común.
También es necesario que se coordinen los órganos del Estado concernidos y las organi-zaciones sociales, de suerte que en el impulso de acciones para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción en la administración pública, en el sector privado y en el conjunto de la social, prevalezca el interés nacional y colectivo sobre los intereses sectoriales, institucionales e individuales.
1.3 Lucha contra la pobreza y la exclusión
Desde su primer día, el gobierno se propuso “no claudicar en el combate contra la pobreza” (Portillo, 2000: 3) por considerar que éste es el mayor problema político, social, económico y ético que enfrenta la sociedad guatemalteca.
La pobreza pone límites a la democracia y a la paz, pues no permite a la mayoría de la población ejercer plenamente los derechos políticos, culturales, sociales y económicos consignados en la Constitución Política de la República.
Por ello en la orientación de la actividad gubernamental se hace tanto énfasis en el compromiso en contra de la inequidad y la pobreza material, como parte de la lucha contra la exclusión social, económica, política y cultural.
1.3.1 Reducción de la pobreza
Este compromiso es la fuente de inspiración de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), aprobada en noviembre de 2001, la cual es concebida como una política
de Estado que aspira a trascender el horizonte de diferentes administraciones gubernamentales y a que sea asumida e impulsada por los diversos sectores sociales.
La ERP desarrolla el espíritu de la Constitución Política de la República e incorpora los
compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz. Su objetivo es atender a un estrato específico: aquellos que están en situación de pobreza y pobreza extrema. De ahí que uno de sus principios generales sea la atención preferente al área rural.
Eso incluye la atención prioritaria a los programas de seguridad alimentaria y nutricional en los municipios que presentan las mayores vulnerabilidades. Paralelamente, los desayunos y almuerzos escolares siguen siendo un medio indispensable para disminuir la desnutrición crónica.
Asimismo, y como parte de la aplicación de la ERP, por tercer año consecutivo se da
especial importancia a la distribución de fertilizantes a precios subsidiados y a los programas de semillas mejoradas.
a. Desarrollo rural
El gobierno se ha orientado por ampliar la visual de la ERP, incorporando a ella los temas
del desarrollo rural y de la problemática agraria. Esto es algo ineludible para la historia de Guatemala, pues en la construcción de su futuro democrático y pacífico es fundamen-tal lograr la paz social en el campo.
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Con esa preocupación en mente, se creó la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), con
el propósito de contar con una institución capaz coordinar a los entes del gobierno cen-tral vinculados al tema y de orientar el diseño, consulta, emisión y puesta en práctica de una Política de Desarrollo Rural que trascienda el planteamiento tradicional de reforma agraria e incluya la educación, la capacitación; el apoyo técnico, crediticio, de comercialización; y la libertad productiva para la población del campo.
El Gobierno de la República está convencido de la necesidad que haya certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra y de que no habrá política agraria ni de desarrollo rural viables, sin información y registro catastral confiables. Por ello considera muy importante la aprobación de la legislación correspondiente.
b. Seguridad alimentaria
El Gobierno de Guatemala tiene asignado, dentro de sus políticas para enfrentar la pobreza, un lugar importante a las orientaciones y a las acciones encaminadas a contrarrestar una de las manifestaciones de ese flagelo: desnutrición en sus diferentes manifestaciones. Con ese propósito, se ha buscado coordinar a las entidades gubernamentales, de la sociedad civil y de la comunidad internacional dedicadas al impulso de acciones en el ámbito multisectorial. La acción del gobierno se guía por el concepto de que la seguridad alimentaria y nutricional es la condición que garantiza a toda la población el acceso permanente y estable a una alimen-tación adecuada, en cantidad y calidad, para alcanzar una vida sana y activa.
Se orienta, también, hacia el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en esta materia, planteándose tres objetivos: sensibilizar institucionalmente sobre el problema; unificar criterios y estrategias para enfrentarlo; y priorizar las acciones en los grupos y áreas geográficas más vulnerables del país.
En un paso adelante para desarrollar y aplicar esta política, en febrero de 2002 se creó el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSAN), cuyos propósitos
son unificar criterios sobre estrategias para afrontar el problema en forma integral y sistémica; definiendo responsabilidades y compromisos de los sectores involucrados en la ejecución de acciones preventivas, correctivas y de sostenimiento, priorizando a los grupos de población y áreas geográficas de mayor riesgo, para eliminar la desnutrición aguda y reducir la desnutrición crónica, con énfasis en la niñez, mujeres embarazadas y lactantes.
c. Salarios y reforma laboral
La economía nacional se ha desempeñado, al menos desde la segunda mitad del siglo pasado, dentro de un círculo vicioso de crecimiento empobrecedor. Esto se traduce, entre otras manifestaciones, en que el trabajo de la mayoría de los guatemaltecos que dependen del salario para vivir ha sido mal remunerado, insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas y para propiciar los índices de productividad necesarios para el desarrollo económico.
De ahí que una de las orientaciones del gobierno –congruente con la línea de hacer frente a la pobreza– ha sido contribuir a establecer en Guatemala salarios mínimos por lo menos similares a los que se pagan en otros países centroamericanos.
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La búsqueda de vías para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores forma parte de un enfoque más amplio, que en este terreno se concreta en el impulso de una reforma laboral que proteja efectivamente a los asalariados, que haga posible el respeto al salario mínimo, a los pactos colectivos de condiciones de trabajo, a la libertad de organización sindical y al derecho de los trabajadores del campo a apelar legalmente al recurso de huelga cuando ya se agotaron las vías conciliatorias.
El gobierno está comprometido en lograr que se cumpla la legislación laboral reformada, como paso ineludible para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, no obstante la convicción que ése es un proceso que trasciende al Ejecutivo elegido en 1999.
d. Ambiente y sostenibilidad
La pobreza en la que vive la mayoría de los guatemaltecos tiene como correlato el empobrecimiento y degradación del ambiente. El modelo económico social imperante hasta ahora tiene una inocultable faceta depredadora, cuyos efectos están a la vista en la deforestación, la merma de la biodiversidad, la contaminación de vitales recursos hidrológicos y el aumento de la vulnerabilidad frente a diverso tipo de fenómenos meteorológicos.
En este ámbito, las líneas de política gubernamental se orientan a propiciar la conser-vación y aprovechamiento sostenible de la riqueza natural y cultural, a través de una estructura descentralizada, desconcentrada y participativa de la gestión ambiental.
Lo anterior significa cumplir con los compromisos sobre ambiente y recursos naturales contenidos en los Acuerdos de Paz, descentralizar y desconcentrar la gestión del medio ambiente a nivel nacional, departamental, municipal y de organizaciones comunitarias, fortaleciendo las unidades de coordinación. Asimismo, desarrollar las unidades ambientales en los ministerios de Estado y promoverlas en entidades autónomas y semiautónomas.
También se busca desarrollar en la población una cultura de respeto al medio ambiente que dé sostenibilidad a los esfuerzos de conservación, uso y manejo de los recursos naturales, promoviendo programas de educación ambiental en función de las distintas realidades socioambientales y culturales de cada comunidad.
Se ha buscado, igualmente, garantizar los recursos materiales suficientes para la gestión ambiental, incrementando los recursos financieros existentes para el medio ambiente, orientándolos hacia las prioridades nacionales en este sector. Además, lograr una protección jurídica eficiente y eficaz de los recursos naturales, a través del fortalecimiento de las instituciones y mecanismos encargados de la vigilancia y la pronta aplicación de las normas y leyes en la materia.
Otra línea de política busca propiciar la conservación y aprovechamiento sostenible de la riqueza natural de Guatemala, lograr la conservación, uso y manejo sostenido de los recursos hídricos, alentar el uso sostenible de la tierra, de acuerdo con su capacidad productiva, valorización económica y sociocultural.
Se busca contribuir a la utilización sostenida de las fuentes de energía en el país, procurando acercar, a la población más pobre, soluciones energéticas renovables y con tecnologías adecuadas a su realidad socioeconómica y cultural. Asimismo, se orienta el impulso de programas de reforestación de cuencas utilizadas para la generación hidro-eléctrica y su mantenimiento por parte de las empresas generadoras.
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En materia ambiental también se ha orientado el desarrollo de acciones para reducir los niveles de contaminación del agua, el aire y los suelos, así como disminuir la contaminación auditiva y visual. Para el efecto se considera necesario desarrollar, en conjunto con los actores privados correspondientes, la reglamentación y los mecanismos de vigilancia y control. Lo anterior incluye proporcionar capacitación y financiamiento a las municipalidades y al sector privado para el manejo y correcta disposición de desechos, con especial atención en los desechos sólidos hospitalarios y sustancias peligrosas. Igualmente, mejorar el marco regulatorio en cuanto al registro, manejo seguro y transporte de productos químicos y sustancias peligrosas.
1.3.2 Contra la exclusión
Las políticas para reducir la pobreza tienen un correlato y un complemento en aquéllas que se orientan a superar otras formas de exclusión. Por algo quedó, al inicio del gobierno, establecido con claridad que una de sus orientaciones principales sería la de desarrollar políticas orientadas a reducir las desigualdades sociales, étnicas y de género (Portillo, 2000: 4).
Cualquier Estado que aspire a la modernidad, cualquier nación digna de llamarse democrática, debe remover estructuras de exclusión y debe generar las políticas y las instituciones capaces de promover la equidad social, étnica y de género.
Inspirada en estas convicciones, Guatemala dispone ahora de una Ley (Decreto Número 42-2001) y una Política de Desarrollo Social, a través de las cuales el Estado asume el compromiso de atender a los grupos más vulnerables.
La Política de Desarrollo Social y Población es un conjunto de medidas que busca crear y promover las condiciones políticas, culturales, sociales, económicas y jurídicas que facilite el acceso de toda la población a los beneficios del desarrollo en condiciones de igualdad y equidad. Se trata que las políticas nacionales de desarrollo económico modifiquen las relaciones sociales, culturales y económicas, y así mejorar las condiciones de vida de toda la población.
a. Derechos de los pueblos indígenas
En el discurso de toma de posesión, el Presidente de la República asumió el compromiso de contribuir a la construcción de las condiciones que garanticen el pleno desarrollo de los indígenas, así como la erradicación del racismo y la discriminación (Portillo, 2000: 12,13).
El conjunto de las políticas gubernamentales están enlazadas precisamente, entre otros temas transversales, por el de la superación de los rezagos e inequidades que afectan a los pueblos indígenas, quienes constituyen la mayoría de la nación multicultural y plu-rilingüe.
Hay una conexión estrecha entre lineamientos de gobierno como la ERP, la Política de
Desarrollo Social y Población, el Plan del Sector Educación 2000-2004 o las acciones para lograr la seguridad alimentaria y nutricional y el propósito gubernamental de lograr que guatemaltecos de ancestro maya, garífuna o xinca, dejen de ser considerados –como ocurrió a lo largo de 475 años de historia colonial y republicana– ciudadanos de segunda categoría. Congruente con lo establecido por los Acuerdos de Paz en dirección a edificar la nación multicultural, multilingüe y pluriétnica, la reforma del Estado, a la que ya se ha
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hecho alusión, busca incorporar estos elementos de la diversidad nacional a las estructuras políticas, y estimular la extensión y profundización de la ciudadanía, concebida como ejercicio real de deberes y derechos.
Esto supone dejar atrás la exclusión, la discriminación y la intolerancia, de suerte que los pueblos indígenas tengan el pleno derecho de hablar, participar y compartir decisiones. En el período que cubre este informe, el Estado, organizaciones sociales diversas y los pueblos indígenas prestaron especial atención al tema de la discriminación y el racismo, concordando en que éstos deslegitiman al sistema político en su conjunto, atentando contra los propósitos de construir una democracia participativa y de promover el desarrollo con equidad.
Atendiendo a esa preocupación nacional, se creó la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas, a la que se encomienda la formulación y seguimiento de políticas públicas y acciones orientadas a erradicar la discriminación racial, así como acompañar a instituciones, a funcionarios del Estado y a instituciones privadas en el desarrollo de mecanismos efectivos para el combate de las prácticas racistas y discriminatorias contra los pueblos indígenas en Guatemala. Por iniciativa del Ejecutivo, con fecha 11 de septiembre al Congreso de la República, por medio del Decreto número 57-2002 aprobó la reforma al Código Penal (Decreto 17-73 del Congreso de la República), tipificando distintas formas de discriminación como un delito. En ese mismo sentido, al Organismo Ejecutivo crea la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los pueblos Indígenas en Guatemala. b. Equidad de género
Desde su inicio, el gobierno se comprometió a “fortalecer la institucionalidad existente, ampliarla y complementarla de manera que la equidad de género se refleje en las políticas públicas, traduciéndola en la institucionalidad, la legislación y la reglamentación requeridas” (Portillo, 2000: 13), reconociendo que hasta ahora lo tradicional en la política hacia la mujer ha sido precisamente no tener política.
Por medio de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), se han dado lineamientos
que sientan las bases de una verdadera política de Estado orientada hacia la equidad de género. Esta política se aplica con base en nueve ejes centrales: a) Equidad económica; b) Equidad, tierra y vivienda; c) Equidad, Educación; d) Salud integral; e) Violencia contra la mujer; f) Equidad laboral; g) Equidad jurídica; h) Mecanismos institucionales para el avance de las mujeres; i) Equidad en la participación sociopolítica.
Se trata de lineamientos elaborados a través de una amplia consulta y logro de consensos, que constituyen una política nacional de promoción y desarrollo de las mujeres guatemaltecas, para un período que trasciende a este gobierno.
De su parte, la Política de Desarrollo Social y de Población presta especial atención a las mujeres, incluido su derecho a conocer y aplicar, por decisión propia, los principios de la salud reproductiva.
El Gobierno de la República considera importante seguir evolucionando en la generación de espacios institucionales y en la legislación para corregir desequilibrios históricos y a la vez asumir a la mujer como sujeto social y como sujeto político. Esto
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implica hacer visibles a las mujeres en las estadísticas, la legislación, y en el proceso iniciado por la SEPREM en la formulación del presupuesto con enfoque de género.
De ahí la importancia que la Presidencia de la República atribuye a temas particulares como el del trabajo no remunerado de las mujeres en su condición de amas de casa, la falta de derechos asegurados a las mujeres en las políticas de acceso a la tierra, y la incorporación desventajosa de las mujeres a la vida laboral, en términos de salarios, de jornadas y condiciones de trabajo.
En línea con la promoción de los derechos y deberes de las mujeres, al gobierno preocupa el problema, bastante grave, de la violencia intrafamiliar, admitiendo que la agresión contra las mujeres tiene profundas raíces culturales y requiere promover un cambio de actitud de toda la sociedad. Reconoce, igualmente, que un obstáculo para alcanzar el objetivo de luchar eficazmente contra la violencia doméstica es la tradicional separación entre lo público y lo privado; pero al mismo tiempo cree que el Estado tiene una responsabilidad de primer orden evitando la impunidad de esas formas de violencia. b. Apoyo a la población vulnerable
La lucha contra la exclusión implica también el impulso de políticas y acciones encami-nadas a favorecer a otros segmentos vulnerables de la sociedad guatemalteca; esto es, aquellos cuyas condiciones de existencia los colocan en posición de ser más afectados por procesos económicos, sociales y ambientales.
En la Matriz de Política Social 2000-2004 y en la Política de Desarrollo Social y Población se establecen líneas de política encaminadas a propiciar las bases mínimas del desarrollo humano integral, sostenido y sustentable de todos los habitantes, con especial énfasis en la atención y protección a los grupos vulnerables de la población, dentro de ellos la niñez, la juventud, las personas con discapacidad y los adultos mayores, con el fin de potenciar sus capacidades, tomando en cuenta la realidad pluricultural y multilingüe del país, en el marco de una gestión descentralizada y coordinada interinstitucional e intersectorialmente.
Respecto a la niñez, existen lineamientos específicos en el Plan Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (promovido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y otras agencias); en el Plan Nacional de Acción contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en Guatemala; en el Plan de Acción a favor de los Niños, Niñas y Jóvenes de la Calle; y en la Política de Desarrollo de la Juventud Rural, lineamientos que habrán de integrarse y ampliarse en la Política Nacional Integral de Atención a la Niñez y la Adolescencia.
En este ámbito, la Presidencia de la República ha llamado la atención de la sociedad y de las instituciones estatales concernidas acerca de que el embarazo precoz y el aborto clandestino constituyen un problema serio de salud pública, que debe ser atendido con sentido de urgencia.
1.3.3. Superar rezagos en áreas clave
