“Política de Defensa y Seguridad Democrática”
En su primer mandato, el presidente Álvaro Uribe introdujo una reforma a la ley sobre orden público330 que posibilitara los procesos de paz, para suprimir el carácter político de las organizaciones armadas ilegales, de forma que se trataran de manera similar a los guerrilleros y a los paramilitares. A la vez, el discurso oficial descalificó los anteriores procesos de paz y los diálogos con las guerrillas sostenidos por varios gobiernos; formalmente negó la existencia del conflicto armado, calificó indistintamente de terroristas a guerrilleros y paramilitares y cerró la posibilidad de establecer una agenda política de negociación entre la insurgencia y el gobierno, imponiendo una política de estímulo a las deserciones individuales y de exigencia a los grupos armados de cesar las hostilidades de manera unilateral, acogerse al programa de reincorporación y otorgarles indulto.
La agenda temática de la democracia no se debe negociar bajo la presión de los fusiles, pero a quienes los portan se debe ofrecer condiciones para que los abandonen y hagan valer sus ideas en los escenarios de la democracia .331
Entre tanto, su estrategia principal fue el tratamiento militar del conflicto armado, con el presupuesto de conseguir la derrota de la insurgencia y a partir de allí considerar la eventualidad de una negociación en condiciones de sometimiento de los rebeldes al Gobierno nacional. Es decir, la formulación en términos de política de paz del gobierno Uribe fue subsidiaria de la política de seguridad sustentada en la dinámica de 330 Ley 782 de 2002.
ofensiva militar, a la vez que orientada por el concepto de sometimiento de los insurgentes, con beneficios judiciales en caso de no compromiso con graves crímenes y acceso al programa de reintegración, el cual ahora se relacionó con propósitos contrainsurgentes y formas de habilitar el apoyo en la guerra.
El actual Gobierno nacional no incluyó en su programa el diseño propiamente de una política de paz sino que su tratamiento se subordina al de su apuesta política central, llamada política de seguridad democrática. Pero esta última enfatiza la imposición de la autoridad desde el Estado y se asocia al debilitamiento, e incluso a la supresión, de determinadas garantías constitucionales en materia de derechos humanos, al desconocimiento de principios básicos de derecho humanitario y a concepciones, políticas y actuaciones de clara estirpe autoritaria, orientadas principalmente a ganar la guerra mediante el desarrollo de una dinámica de ofensiva militar que pretende la derrota estratégica de las guerrillas. En tal sentido, su proyecto no responde al afianzamiento de los soportes de la paz y la reconciliación, sino a los propios de la polarización y la retroalimentación de las dinámicas del conflicto. 332
Bajo tal perspectiva, el presidente Uribe abandonó el proyecto de construir, con visión de mediano plazo, una política de paz nacional y estatal, la cual no fue considerada ni siquiera en el sentido formal, por cuanto se partió de negar la misma existencia del conflicto armado interno, para afirmar que el fenómeno se reducía a una amenaza de carácter terrorista. Las políticas de paz de anteriores gobiernos se asociaron a estrategias como la disposición al diálogo y la negociación con las guerrillas; la definición de agendas con temas que aludieron a las causas del conflicto; la creación de espacios de concertación política con participación de organizaciones políticas y sociales; iniciativas legislativas sobre reformas asociadas a los procesos de paz o a sus instrumentos; el desarrollo de programas de inversión social en zonas de conflicto; el reconocimiento de la grave problemática humanitaria y la urgente aplicación del DIH y el recurso a formas de facilitación e intermediación interna e internacional.
El gobierno Uribe, en sus dos mandatos subsiguientes, no sustentó como tal una política de paz, como tampoco propuso una política general para los derechos humanos ni para la aplicación del derecho internacional humanitario, sino que subsumió estos temas en su política denominada de “defensa y seguridad democrática”. Por tanto, produjo un viraje de fondo, 332 La política del gobierno Uribe frente al tema de la paz, Álvaro Villarraga S., en
una ruptura con denominadores comunes de ella y con ciertas líneas de continuidad en la búsqueda de consolidar una política coherente con la solución política negociada del conflicto armado. De fondo, lo que se impuso fue una política de seguridad cuyo meollo era el tratamiento militar del conflicto y de su solución.
El Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006,333 al definir la “política de defensa y seguridad democrática” señaló como estrategias el control territorial, el combate al narcotráfico y al crimen organizado, el fortalecimiento del servicio de justicia, el desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto, los derechos humanos y la convivencia y destacó en tal empeño la necesidad de la cooperación internacional. En consecuencia, se propuso desarticular las redes de apoyo a los grupos violentos, fortalecer y profesionalizar la fuerza pública y los organismos de seguridad, conformar nuevos contingentes de soldados profesionales, escuadrones móviles de carabineros y cuerpos Gaula y reactivar la presencia de las estaciones de la Policía Nacional en los municipios. Asumió la elevación de la capacidad y la eficacia militar operativa a la vez que modernizar el material estratégico y táctico. Aspectos destacados fueron la recuperación de territorios con presencia de los grupos armados ilegales, la protección de la infraestructura económica y el desarrollo de un programa de seguridad vial. Convocó la cooperación ciudadana para preparar inicialmente un millón de cooperantes con apoyo en un sistema de pago de recompensas.
Con el Plan Consolidación y su fase subsiguiente del Plan Patriota, las fuerzas armadas gubernamentales avanzaron en la recuperación territorial, consiguieron un notable repliegue guerrillero y aliviaron la presión del conflicto armado frente a las posibilidades de locomoción y tránsito en muchos lugares. Se reforzaron las acciones de recuperación territorial, los Comandos de Operaciones Conjuntas, la mayor coordinación y capacidad militar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y el consiguiente despliegue de la presencia de la Policía Nacional en las cabeceras de los municipios. Entre tanto, continuó la intervención militar de los Estados Unidos, que incluyó asesoría militar directa incluso de tropas en operativos militares, además de la capacitación y la incidencia estratégica no solo en materia operativa sino en consideraciones políticas y del orden global. Sin embargo, tales avances oficiales en el contexto del conflicto bélico se vieron cuestionados ante medidas relacionadas con violaciones a los derechos humanos, al inicio representadas en capturas masivas, prolongación del masivo 333 Ley 812 de 2003, Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
desplazamiento forzado desde las zonas de confrontación, pervivencia de la actuación paramilitar no obstante la desmovilización de numerosas estructuras y proliferación de ejecuciones extrajudiciales con compromiso directo de la fuerza pública, a partir de los casos reconocidos popularmente como “falsos positivos”.