Bajo la nueva política del gobierno Barco no avanzó el proceso de paz con las FARC-EP y, por el contrario, pronto entró en crisis y se produjo de manera progresiva la ruptura de la tregua. Tampoco existía una propuesta o una política de interlocución con las demás guerrillas, de forma que en distintas regiones se intensificó el conflicto armado. El presidente Barco negó reiteradamente las peticiones de distintos sectores en el sentido de designar comisiones o equipos de veeduría, con el argumento de que el 71 Conferencia del Consejero Presidencial Carlos Ossa. XXV Congreso de La SAC, noviembre 27 de 1987.
cumplimiento del cese al fuego era un asunto de absoluta responsabilidad gubernamental, de control de las Fuerzas Armadas y que le competía a las FARC-EP asumir su propia responsabilidad en el contexto del acuerdo establecido con el gobierno.
Dirigentes de la UP, a partir de la dura experiencia de persecución y extermino sufrida, cuestionaron que fuera posible y sostenible un proceso de paz parcial en medio de la prolongación simultánea del conflicto armado:
“¿Será que se puede hacer una paz parcial? ¿Será que se puede hacer una paz con las FARC-EP y responderle a tiros a los demás grupos? Es necesario señor Ministro y Representantes que se restablezca el diálogo con todas las fuerzas guerrilleras sin exclusiones”72.
Simultáneamente, ante los factores que estaban en crisis en el proceso de paz, distintos sectores sociales y políticos criticaron que la tregua y el acuerdo de paz no tuvieran establecidos términos de tiempo y que la existencia simultánea de las FARC-EP y de la UP en las regiones implicara lo que denominaron “el proselitismo armado”. Presentaron denuncias sobre formas de coacción a la población que no fuera afecta a las causas del movimiento insurgente. Adicionalmente, denunciaron secuestros, extorsión, amenazas y homicidios que supuestamente comprometían a frentes de las FARC-EP, incluso por parte de obispos católicos en regiones como Magdalena Medio y Caquetá, así como gremios y sectores sociales comprometidos con el proceso de paz.
De otra parte, la UP, además de tener que exigir garantías de manera perentoria, puesto que se trataba de su posibilidad de supervivencia en condiciones extremas, demandó el cumplimiento del conjunto de los compromisos contenidos en los Acuerdos de La Uribe, e insistió en las reformas que permitieran un avance sustancial del proceso de paz:
… que el Gobierno convoque a sesiones extras el Congreso de la República, con una agenda definida de estudio de los proyectos de Reforma Agraria, Urbana, Laboral y de las reformas constitucionales como las que consagran la derogatoria del Artículo 28 y del parágrafo del Artículo 120 de la Constitución, la reglamentación del Artículo 121, el establecimiento del plebiscito nacional, la eliminación de la paridad en la Administración de Justicia, la rama electoral, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y los institutos descentralizados73.
72 Debate sobre el proceso de paz en la Cámara de Representantes, intervención del representante por la UP Luciano Marín (Iván Márquez), octubre 7 de 1986.
73 Carta de la Coordinadora Nacional de la Unión Patriótica al Ministro de Gobierno, Fernando Cepeda Ulloa, febrero 23 de 1987.
En los ámbitos regionales se conjugaban el negativo impacto del conflicto armado sobre la población y la propia dinámica de los movimientos sociales, interferidos de forma determinante por tal circunstancia. El gobierno señaló a las FARC-EP de promover marchas campesinas allí donde ocurrían operativos militares, pero tales movilizaciones, por lo regular, conjugaban las demandas reivindicativas de los campesinos con denuncias sobre atropellos cometidos principalmente por los militares y los paramilitares y, en ciertos casos, constituyeron éxodos de desplazados producto de los hostigamientos sufridos. Aunque con menor impacto en cuanto a regiones y pobladores afectados, también se presentaron denuncias locales y algunos éxodos ocasionados por la actuación de las guerrillas, como los registrados por los medios de prensa en el Magdalena Medio. A Puerto Boyacá arribaron pobladores en manifestaciones colectivas que señalaban la responsabilidad de la guerrilla, en particular de las FARC-EP, respecto de frecuentes atropellos.
La misma Consejería Presidencial para la Reconciliación fue encargada de establecer acuerdos con los marchantes para conseguir su retorno. Ello puso de presente la urgencia de tratar el tema agrario, la seguridad de la población y la discusión sobre la petición de la desmilitarización de zonas rurales, teatro de operaciones de las tropas oficiales, tanto por las negativas consecuencias sobre los pobladores como por la dinámica de reactivación de tensiones y enfrentamientos con las FARC-EP. El gobierno alegó en favor de la actuación militar, dada la presencia de distintas guerrillas en numerosas regiones. Sin embargo, el consejero Carlos Ossa explicó que, una vez cumplida la positiva misión de mediación y búsqueda de acuerdos, retornaban tanto los campesinos como las autoridades, pero invariablemente sucedían nuevos atentados fatales contra los primeros, que deslegitimaban y cuestionaban la labor oficial.
La labor de la consejería, una vez firmados los acuerdos con las comunidades, caía casi siempre en un vacío que rayaba con lo macabro. Apenas regresaban a Bogotá el Consejero o sus delegados, con una frecuencia que espantaba por su regularidad, comenzaban a ser asesinados los dirigentes de las marchas o de los paros. Así sucedió en los santanderes, en el Guaviare, en el Meta y en otras regiones del país. Como ha sido característico en todos estos años, había dos discursos: uno el del Gobierno, que todo el mundo conocía, y otro subterráneo, el de la derecha o los paramilitares, que disparaban desde la oscuridad para derrumbar los esfuerzos de reconciliación del Gobierno74.
En contraste con los altos costos para la población y con la crisis humanitaria desatada, principalmente por efectos del conflicto armado, la política del gobierno no reconoció la grave problemática de derechos humanos y derecho humanitario ni actuó en relación con ello frente a la fuerza pública y los organismos de seguridad. Tampoco asumió un tratamiento efectivo frente a los grupos paramilitares que, si bien se originaban en las bases militares, progresivamente se fortalecían y vinculaban al fenómeno del narcotráfico. De manera paradójica, por decir lo menos, los discursos del presidente, los ministros y los altos funcionarios acudieron a la retórica del debido respeto de los derechos humanos y argumentaron que las Fuerzas Armadas, por su naturaleza, no los podían violar, puesto que su finalidad era precisamente la de “salvaguardia de las comunidades”.
Ante el dramático deterioro de la tregua no había avance posible en los términos del Acuerdo de La Uribe, dadas las mutuas exigencias incumplidas bajo el alegato de la inexistencia de condiciones, a partir de políticas y prioridades asumidas de manera distinta. Las FARC-EP argumentaron que se resistían a considerar la desmovilización ante los ataques sistemáticos contra los integrantes de la UP, que comprometían en muchos casos a militares asociados con paramilitares, y exigieron al gobierno avanzar en las reformas que permitieran sentar las premisas de la paz democrática. A su vez, el gobierno presionó unilateralmente el compromiso de desarme, desmovilización e incorporación política y social de los integrantes de las FARC-EP como condición para avanzar en otros aspectos del acuerdo, pero de tal manera que las reformas respondieran a la actuación autónoma de las instituciones comprometidas y a la propia iniciativa de los partidos. Además, en cuanto a la incapacidad gubernamental de asumir responsabilidades que llevaran a tomar medidas coherentes con el cese de la violencia y la corrección del rumbo del proceso, resultó revelador el testimonio del consejero presidencial, Carlos Ossa, sobre lo ocurrido en el seno del alto gobierno cuando fue asesinado el que fuera candidato a la presidencia de la república por la UP, exmagistrado Jaime Pardo Leal. Dada la situación, se reunió en secreto el gobierno con las comandancias de la fuerza pública y los organismos de seguridad con el objeto de evaluar lo sucedido, pero aunque las investigaciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) daban cuenta de la presencia en el país de numerosos núcleos paramilitares y que públicamente el gobierno había reconocido esta situación, en dicha reunión predominó la tesis de que el grave atentado lo explicaría el supuesto interés de las FARC-EP en que los crímenes contra la UP desestabilizaran el proceso de paz y justificaran la retoma de la lucha armada. El posterior consejero presidencial, Rafael
Pardo, reconoce que durante su actuación fue creciente la dificultad de entendimiento con las FARC-EP, dada la escalada de la llamada guerra sucia contra la UP, y que el Estado se reveló impotente para impedirla: “La
guerra sucia contra miembros de la UP era continua, el Estado parecía impotente para contenerla y los grupos paramilitares aumentaban en número, capacidad y cobertura territorial”75.
Para las FARC-EP, con el acuerdo de La Uribe, en lo fundamental, cesó la guerra y se dio curso al proceso de paz. Al igual que el Partido Comunista de Colombia (PCC) y la UP, estimó que las expresiones del militarismo fueron el agente opositor a dicho proceso, no concebidas solo como expresión de los militares sino ligado a fuertes intereses de poder. Insistieron en que el gobierno creara una comisión de paz y de verificación y discutieron el concepto oficial de institucionalizar el proceso por considerar que les negaba la participación. Para ellos, la tregua implicaba bilateralidad en los compromisos de las partes, mientras que el gobierno daba prelación al concepto de cese al fuego entendido solo a partir del compromiso de la guerrilla frente al Estado. Por consiguiente, más allá de los frecuentes incidentes militares, existían visiones y propuestas de trato distintos que impedían un tratamiento concertado.
Llama la atención que en el tema de la política de rehabilitación y el desarrollo regional solo habían expectativas y exigencias de un real cumplimiento por parte del Gobierno. Como lo afirmaron voces del gobierno, sectores campesinos influenciados por las FARC-EP que participaron de manera positiva en los Consejos de Rehabilitación. Además, resulta interesante observar que las FARC-EP propusieron una opción de rehabilitación en función del campesinado víctimas de la guerra y de la violencia desatada desde los años 50 del siglo veinte, que tenía que ver directamente con la base social que le dio origen:
Rehabilitar personas, familias, regiones que lo perdieron todo por efectos de la violencia. ¿Qué personas, qué familias, qué regiones? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué? Rehabilitar personas, familias regiones, es para que unas y otras se pongan en condiciones de reincorporarse en un medio ambiente nuevo al proceso productivo de la sociedad. Hay regiones en Colombia que como consecuencia de la violencia, dejaron de participar en el proceso productivo: Marquetalia, en el Tolima, Riochiquito en el Cauca; El Pato y Guayabero en el Huila; el Oriente del Tolima, la Provincia de Sumapaz; partes considerables de las cordilleras Occidental, Central y Oriental, el Magdalena Medio y 75 Rafael Pardo Rueda, prólogo a la presente edición.
el Alto Magdalena; Caquetá, y muchas otras regiones del país. Para no citarlas a todas, en Marquetalia, El Pato, Guayabero y una gran parte del oriente del Tolima, los antiguos propietarios bajo el imperio de la violencia fueron asesinados o abandonaron sus fincas y parcelas. Allí, ahora hay nuevos propietarios. Los antiguos propietarios se ubicaron en otras regiones y muchos se dedican ahora al cultivo de la coca. Hay que rehabilitar a esos antiguos propietarios, y si ya están muertos, a sus herederos o a sus familiares76.
Al respecto, propusieron crear nuevos asentamientos para los desplazados, entendidos como “campesinos exiliados por la violencia”, que contaran con infraestructura de vías de penetración, créditos favorables, comercialización y redes de atención en servicios y acceso a programas institucionales en aspectos como salud, educación, vivienda y recreación. En esta propuesta expresaron que buena parte del campesinado desplazado por la violencia se había ligado al cultivo de la coca en regiones marginales. Por razones de supervivencia, se habló de hacer listas de la población que requería rehabilitación, considerar las regiones y sus particularidades, mirar variaciones de contexto y tener en cuenta la necesidad de recurrir a formas de financiación tanto pública como privada.
Este asunto lo ligaron de nuevo a la exigencia de que las reformas fueran aprobadas en el parlamento pero “teniendo en cuenta nuestras opiniones”, por lo cual destacaron la necesidad de emprender las reformas agraria y urbana, que concebían mediante la confiscación de tierras improductivas o de engorde, la solución del problema de la carencia de tierras, la dinamización de las posibilidades productivas del campesinado y las condiciones de vivienda de los pobladores urbanos así como el equipamiento en servicios y en materia social de la población marginada.
76 Memorando del Estado Mayor de las FARC-EP al Presidente Virgilio Barco, octubre de 1986.