El auge del pueblo y su golpe al suelo

En septiembre de 1970, por primera vez desde la independencia de Chile, se impone en las elecciones presidenciales un líder que representaba a una coalición política cuyo proyecto político era modificar los fundamentos de la sociedad mercantil y acumuladora de capitales vigente hasta el momento. La coalición de Salvador Allende, denominada Unidad Popular (UP), representaba un triunfo para la izquierda política chilena, que aliada con los poderes sindicalistas, representaba a parte importante de los sectores populares del país, que vieron en este momento la posibilidad de formar parte de los espacios de poder político chilenos a través de la vía chilena para el socialismo.

El programa de la unidad popular proponía un avance hacia el socialismo sin la mediación de la guerra civil (a diferencia de otras experiencias), en términos prácticos, agudizaba la tarea de terminar con aquellas prácticas que impedían el desarrollo: la presencia imperialista principalmente norteamericana, (que determinaba la dependencia económica); y la existencia de latifundios y los grandes monopolios nacionales (Álvarez et al., 2007; Salazar y Pinto, 1999).

La unidad popular logra la aprobación de la nacionalización del cobre, y desde allí se plantea financiar la política económica dentro del país. El gasto social se elevó por sobre el 30% con respecto al mismo en el año 1970, como parte de una política fiscal expansiva y de redistribución de ingresos seguida en esos años, mientras que los ingresos tributarios se mantuvieron (Arellano, 1985).

Así también se procedió a la nacionalización de la banca privada a través de la compra de acciones, se expropiaron, y traspasaron las grandes industrias nacionales al control del Estado, para de esta forma generar la llamada “área de propiedad social”, que debía convertirse en el eje del desarrollo nacional. Este proceso de traspaso industrial, constituyó uno de los grandes problemas políticos del período, dado que dentro del mismo gobierno, había acuerdo en los alcances que tenía que tener esta medida, y que afectó en la posibilidad de consensos con los sectores más progresistas de la Democracia Cristiana, lo que era fundamental para el logro de las medidas, dado que en el parlamento la coalición de izquierda en el año 1970 era minoría, siendo éste el espacio de aprobación de los proyectos de gobierno (Álvarez et al. 2007).

El proyecto de Allende orientado a la democratización del país, da cuenta en el año 1971 de un descenso histórico en la tasa de cesantía en Chile, alzas en salarios, medidas en el ámbito habitacional (como ha sido mencionado previamente); en educación, el levantamiento del proyecto Escuela Nacional Unificada, la que garantiza el

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acceso a la educación y la retención escolar, además de la integración de los diversos sectores sociales a la educación escolar y universitaria. En salud, la continuidad del proyecto comenzado en 1968 de medicina curativa, marcaría una tendencia histórica (Álvarez et al., 2007; FOSUPO y UDP, 2011; Arellano, 1985).

Con ello, las acciones vinculadas a los sectores de la población activos laboralmente, se amplían sin desmedro sobre aquella población marginada, incrementando la atención a los sectores más precarios de la sociedad, y sumándole atención a sectores antes postergados, como los pobres urbanos y los campesinos, facilitándoles especialmente a los urbanos, su incorporación a los distintos servicios sociales, pasando por la vivienda, la educación y la salud (Arellano, 1985).

Este periodo, se ha definido como el período del Estado Redistribuidor, haciendo la distinción entre la redistribución de la riqueza en cuanto a bienes y servicios de la sociedad. La premisa subyacente en este período, como rol del Estado, fue la de lograr ciertas tendencias que avanzaran hacia una mejor redistribución del ingreso, en beneficio de los sectores más desfavorecidos (gobierno demócrata cristiano), para llegar más lejos aún en la redistribución del poder (gobierno UP), tanto a nivel económico como político (Martínez y Palacios, 1996).

Sin embargo, como podemos ver, esta tendencia se correlaciona con una realidad de acción nacional, dentro de la cual se agudiza el poder popular. Las potencialidades de acción desplegadas en las tomas de terrenos, y la organización poblacional promovida desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se suma a las posibilidades que se visualizan desde la sociedad chilena en su conjunto, para tener control sobre barrios, campos, comercio, etc., prueba de ello es la creación desde el poder popular de diferentes organizaciones, tendientes a sustituir a varias instituciones del Estado. Muestra de esto, es la exigencia de la instauración de la Asamblea Popular, en reemplazo del “parlamento burgués” por parte del comando de trabajadores del Cordón de Cerrillos – Maipú en septiembre el 1972.

Así, tal como había ocurrido en 1925, ante las dificultades evidentes de hacer cierta la promulgación de las leyes sociales, entre el 1972- 1973, la baja sociedad civil toma acciones de participación en la gestión política, y exige a los mandatarios su lugar en ello. Eso fue lo que la población también exigió a Salvador Allende en las manifestaciones de junio de 1973 (Salazar y Pinto, 1999).

Por su parte, el constante aumento del gasto social para satisfacer las demandas crecientes y la falta de instrumentos adecuados para generar los recursos fiscales

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necesarios desde la oferta y la demanda, junto con los desequilibrios macroeconómicos, y el déficit estructural, desembocaron en constantes crisis macroeconómicas, crecientes déficit fiscales, inflación, y deteriorados niveles de inversión como consecuencia de los severos ajustes que debieron aplicarse en forma relativamente periódica. Todo ello llevo a la crisis del desarrollo económico basado en la industrialización sustitutiva, llegando a su punto más álgido durante el período de Salvador Allende (Schkolnik y Bonnefoy, 1994).

El escenario de inestabilidad económica, política, y social de Chile, especialmente posterior a 1972, daba cuenta de una crisis, no sólo interpretable en un ámbito interno, sino que con dimensiones que involucraban a actores externos, como el Gobierno de EEUU y su lucha contra el comunismo, quienes si bien inicialmente no tuvieron el apoyo de los partidos de oposición al gobierno, con el tiempo permearon a una parte importante de la mentalidad de las clases políticas conservadoras, encontrando puntos de confluencia y de retroalimentación, reforzando en este escenario a una oposición política, a la mentalidad Marxista representada en el gobierno de la UP, y al Estado Benefactor que esta lideraba.

La CIA llevo concretó una serie de iniciativas de boicot en contra del gobierno de la UP, principalmente mediante el financiamiento entre 1970 y 1973 en medios de prensa (cultivando el terror hacia el marxismo), y de movimientos huelguista (propiciando el desabastecimiento), entre otras iniciativas (Álvarez et al., 2007), las que permitieron urdir el “Plan Z”, publicado el día del golpe militar por el diario El Mercurio, este consistía, en una pretendida operación, ampliamente difundida por los militares, a través de la cual el gobierno de la UP supuestamente se habría aprestado a realizar un autogolpe para instaurar el comunismo, por medio de una matanza organizada (Magasich, 2010) 26_.

Por su parte los partidos de la derecha conservadora, que hasta el momento habían presentado una baja votación en las elecciones del 1960 y del 1964, poco a poco fueron desarrollando, en comunión con las ideas liberales norteamericanas, una campaña del terror desde la cual se vinculaba de modo importante el advenimiento de un gobierno socialista con consecuencias fatales en la vida personal, familiar, social, religiosa, y en la integridad de la nación.

26 Los archivos de la CIA descalificados a partir del año 1999 señalan que jamás existió un Plan Zeta y que fue una operación de guerra psicológica de los militares chilenos, específicamente de la Armada Chilena, para justificar la represión llevada a cabo a posteriori y que contó con financiamiento de la CIA.

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El Estado de crisis de 1972 afectó en la vida cotidiana de toda la gente (desabastecimiento de productos básicos por el paro de transportistas, los problemas de vivienda, entre otros), y fue descrita por la oposición como una manifestación de ese caos y desorden fruto del gobierno socialista, discurso que daba nombre a una cotidianidad de precariedad, que por primera vez en la historia tocaba las puertas de la clase acomodada Chilena, grupo donde por tradición confluían pensamientos conservadores, y que era predominante la oposición al gobierno de la UP, siendo los expropiados, los intervenidos por el gobierno, y quienes por primera vez tenían que incurrir en prácticas de vivencia precaria, en igualdad de condiciones con el resto del pueblo, como por ejemplo el abastecimiento por medio de una tarjeta de racionamiento. Esta situación dio cuenta de que la Unidad Popular, en el breve tiempo de la vía hacia el socialismo, no sólo representaba en Chile un cambio de modelo de desarrollo y de bases de poder, sino que también con ello, cuestionó los fundamentos de un orden hegemónico, alterando la percepción de las posibilidades de lo posible, también para las clases acomodadas, quienes se fueron articulando tras la idea del miedo hacia el marxismo, y posteriormente hacia su confrontación y reducción.

La inseguridad traducida en terror por parte de los opositores a las políticas de Estado, se dejan ver en distintas publicaciones como las realizadas ya en el 1969, por quien en aquel entonces fuera estudiante de derecho, Jaime Guzmán (quien posteriormente será ideólogo de la reforma constitucional de 1980), quien en un artículo describió el clima de inseguridad social que caracterizaba la época para quienes no eran partidarios de las ideas de izquierda (Guzmán, 1969 en Salinas, 2002). La demanda de cambio de gobierno por parte de la derecha, se hizo parte de la lucha de clases en la calle, diferenciándose de la demanda popular, y confrontándola, por medio de grupos paramilitares como Patria y Libertad, y las marcha de las ollas vacías o de las momias, marchas callejeras de mujeres de clase media alta, que confluyen en esta acción con los grupos de mujeres populares y dan cuenta, en su contexto, de la polarizaron existente entre las mujeres en su diferencias de clases, quienes en el último periodo de la UP, marcharon en las principales ciudades de Chile (Werth, 1983 en Campos, J, 2012). La crisis de la democracia, tuvo en este contexto directa relación con la polarización de las posiciones partidistas, en izquierda y derecha, lo que redujo la lucha de clases a ideologías políticas, escenario dentro del cual los partidos de centro, que en épocas anteriores habían logrado concertar coaliciones de lado y lado, evitando polarizaciones. Tras la unidad popular no lo hizo, de este modo en esta fase se vuelve evidente nuevamente el modo en que lo social se supedita a “lo político”, lo democrático

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a “lo parlamentario”, y los movimientos sociales a “lo estatal”, como sucede con el proletariado, los pobres, los estudiantes y la sociedad civil en general, quienes hubieran sido solo comparsas que acompañaban desde la calle apoyando a unos y otros (Salazar y Pinto, 1999).

Los partidos de la derecha chilena se unifican en torno a la estrategia de un golpe de Estado, y a finales de ese mismo año, el parlamento declara ilegitimo al gobierno, facilitando la intervención militar, haciéndose efectivo el golpe militar el 11 de septiembre de 1973, y el Partido Demócrata cristiano, que figuraba en el centro del parlamentarismo liderado por su presidente, Patricio Aylwin, aprobó públicamente el golpe militar de 1973, con el que se inicia la dictadura de Augusto Pinochet27_.

Con la caída del gobierno de Allende, concluyen cinco décadas de continua expansión de los servicios sociales financiados con recursos públicos. Entre 1920 y 1970, el gasto social por persona se elevó en más de 30 veces. Mientras que el PGB per

cápita, lo hizo en 2 o 3 veces. Estos recursos vinieron a financiar la provisión de nuevos

servicios, que beneficiaron progresivamente a nuevos sectores sociales.