Estado oligárquico y administración de los falsos y verdaderos pobres

transcurso del primer periodo post-independencia, el nuevo Estado Chileno perpetuó una serie de modelos sociales coloniales, entre ellas, la preservación la estructura

4 En lo que sigue del texto me referiré a estos autores desde ahora como FNSP y UDP, 2011. Ambas siglas oficiales de las mismas instituciones.

5 Las propuestas denuncias que generan mayor escucha son las del educador patriota Manuel de Salas Corbalán (1808) y la proclama de Fray Antonio de Orihuela (año 1811) ambas disponibles en

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vertical constituida por la imposición de la etnia conquistadora sobre la conquistada, el estamento propietario sobre los no propietarios, con el consecuente rasgo paternalista o esclavista del régimen laboral (Salazar y Pinto, 1999, Massardo, 2004; FOSUPO y UDP, 2011).

Por su parte la religiosidad impuesta por la Iglesia Católica cumplió un papel determinante en la reproducción de una visión de mundo ligada a los intereses de la clase hegemónica y no se comenzará a pensar en la autonomía del Estado frente de la iglesia católica hasta 1888, durante la administración Federico Santa María (1885- 1888). Esta separación estado inglesa no determinará sino hasta 1925 durante el periodo de Arturo Alessandri (1920-1924). En esta línea, y en gracia de la dependencia ideológica, se comprende mayormente que a lo largo del siglo XIX y hasta el periodo de 1920 a 1931, se hayan promulgado una serie de leyes sociales que no estaban orientadas a mitigar la miseria de una parte importante de la población (Massardo, 2004).

El discurso público del primer periódico nacional, La Aurora de Chile, deja ver la preocupación criolla por las condiciones de insalubridad de la ciudad, tal como también, una serie de medidas para hacer frente a las epidemias de la época (FOSUPO y UDP, 2011), sin embargo, la mayoría de las formas de ayuda social hacia los más empobrecidos continuaron tomando forma de caridad y limosna (Massardo, 2004; FOSUPO, 2012).

Desde 1818 a 1890, la Iglesia refuerza su aparato ideológico implementando sociedades benéficas, que siguen el modelo de prestación francesa de socorro a domicilio a los enfermos, ancianos, y viudas con muchos hijos. Distribuyendo también raciones alimenticias, y manteniendo una cocina en Santiago, e inaugurando la casa de talleres, donde se enseñaba oficios a niños y adolescentes (Massardo, 2004, FOSUPO, 2012).

La valoración que predomina en esta fase, reproduce el patrón dominante en una sociedad altamente paternalista, donde el clero y los criollos católicos de la élite tenían el deber de moralizar al pueblo y ejercer la caridad para atenuar los rigores de una condición que se desprendía del orden natural creado por Dios (Massardo, 2004, FOSUPO, 2012).

En cuanto al proceso de construcción del Estado, si bien se planteó en sus inicios como un creciente diálogo ciudadano desarrollado principalmente en los cabildos, solo formaban parte de este los considerados ciudadanos, condición para la cual era

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necesario: Saber leer y escribir, ser hombre, ser mayor de 25 años, y disponer de un bien raíz, en un contexto donde según el censo de 1833, sobre una población de 1.439.120 personas, 1.245.222 eran analfabetas. Si de ello se descuenta a las mujeres, y a los hombres que no tienen el bien raíz y son menores de 25 años, los ciudadanos no llegaban a ser un 2.5% de la población. Condición que además podía perderse si, por ejemplo, este se transformaba en sirviente doméstico (Massardo, 2004).

En este contexto, a juicio de diferentes historiadores en cuanto a participación en la independencia (Pinto y Valdivia, 2009; Ponce de León, 2012), la mayoría de los sectores populares permanecieron indiferentes a los acontecimientos surgidos después de 1810, ya que no existía una identificación nacional y visualizaban la independencia como un conflicto entre sus patrones.

Sin embargo, se construye un Estado desde la consolidación de una clase oligárquica mercantil criolla de origen y mentalidad colonial, que lo dirige con un fuerte dominio interno social, pero que es frágil en cuanto al comercio exterior. Posterior a la independencia de la corona española, este grupo desarrolló nuevos vínculos de dependencia económica con Estados Unidos inicialmente, y posteriormente con Inglaterra.

Considerando que el poder de modernización lo tenían estos comerciantes, se les concedió la “ciudadanía económica” en igual condición que los comerciantes locales. Esta relación no despertó xenofobia, ni dio vida política a la idea de imperialismo, más bien al contrario: inspiró sentimientos de inferioridad, debilidad y decadencia la de raza (Salazar y Pinto, 1999:53). De este modo, se sentarían las bases de lo que hasta 1930, sería el motor de la economía nacional constituido por la demanda externa (Arellano, 1985; Salazar y Pinto, 1999; Massardo, 2004).

El liderazgo extranjero sub-produjo una cierta cultura estatal, y una cultura de mercado que juntas, compusieron una específica estrategia "liberal" de desarrollo, y un modo mercantil de ser burguesía, que fue la matriz cultural en la que se formaron y actuaron los políticos desde entonces, y por el periodo parlamentarista siguiente6 (Salazar y Pinto, 1999).

6 República Parlamentaria 1891- 1925, Sin la modificación de la constitución 1833, luego del golpe de Estado a Balmaceda, se impone el régimen parlamentario desde el que se disminuye el poder del Primer Mandatario a niveles figurativos y otorgando facultades ejecutivas a los partidos políticos representados en el Congreso. El Presidente de la República podía designar a sus ministros libremente, estos debían rendir cuenta de sus actos ante el Senado y la Cámara de Diputados, en las llamadas interpelaciones. A, los sietes gobiernos de la época tuvieron, en promedio, 15 gabinetes que no duraron más de cuatro meses cada uno, debido a las prácticas parlamentarias. (Memoria Chilena, 2004)

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El desarrollo de un mercado económico que continuamente miraba al exterior, en desmedro de las funciones económicas locales, estimuló la generación de una nueva división social, entre una cultura cosmopolita, formada por los grandes mercaderes que no tenían como preocupación las condiciones económicas ni políticas del país, puesto que vendían en el exterior casi el total de lo producido, y otra provinciana, formada por las clases productoras o trabajadoras, que por mucho tiempo vieron que sus demandas no emergían como preocupaciones para el primer grupo los que determinaban sus intereses según los vaivenes de los países compradores de la producción, uniéndose ambas en una tradición de desigualdad y posterior conflicto (Salazar y Pinto, 1999).

La nueva organización administrativa liderando desde las nuevas demandas económicas externas generó cambios en las relaciones comerciales dentro del país. Iniciando así un proceso donde la tierra comienza a tener mayor valor, y la riqueza se determina en condición de la propiedad (Illanes, 2010). Esto incentiva la adquisición de tierras productivas hacia el sur del país por parte de la oligarquía, conllevando la expulsión de aquellos que sin ser dueños ni trabajadores de los terrenos, los habitaban desde tiempos ancestrales, obligando así al vagabundaje a una parte importante del bajo pueblo al perder el acceso a las tierras (Illanes, 2010). Lo anterior conjugado con la emergente industrialización nacional, encausó la proletarización del trabajo, y desde ello, la búsqueda de los errantes a puestos de trabajo en minas, puertos, o en las ciudades emergentes.

Este cambio en las lógicas de producción implicó la perdida de raíces y dejando a muchos sin lugar donde establecerse, teniendo como único capital la venta de su propia fuerza de trabajo a la emergente industria, o bien el destierro reiterado (Salazar, 2000; Illanes, 2010).

Sumado a ello, la población desde inicios de la república enfrentó la reedición de criterios de persecución coloniales tras la forma de edictos de castigo. Desde la Constitución del 18337_{, se reeditó en Santiago de Chile la persecución de aquellos} llamados vagos (o desocupados), imponiéndoseles un régimen de azotes, palos y jaulas en los años siguientes (Massardo, 2004; Ponce de León, 2012). Con ello, la población no vinculada a los medios de producción y que no contaba con la categoría de “pobre de solemnidad”, ante la amenaza del castigo se fugó, y se auto-desterró de

7 Constitución del 1833: Promulgada y publicada el 25 de mayo de 1833, la nueva constitución reemplazó al texto de 1828 y permaneció vigente hasta la nueva Carta de 1925. Durante casi un siglo de vigencia, diversas reformas a la Constitución fueron adecuando los intereses de los nuevos gobiernos, siempre sobre la base de un sistema orgánico estable y sólido que le dio permanencia al ordenamiento político. Bajo un estricto orden fue consolidándose el presidencialismo que otorgó plenos poderes al Ejecutivo, sin violentar la Constitución. (Memoria Chilena, 2004)

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las comunidades locales, marginalizándose como largas redes sociales móviles, donde se fraguan códigos propios y tradiciones cívicos culturales de tipo marginal (Quijano, 2000; Salazar y Pinto, 1999).

La visión de la pobreza bordea la punición por una de sus partes, remitiendo a divisiones coloniales entre verdaderos y falsos pobres, y a una visión general de éstos como ignorantes y fáciles de dominar desde el discurso patriota criollo oficial (Ponce de León, 2012).

En los modos de relación propia desde el Estado hacia aquellos entendidos como

falsos pobres, según algunos autores revelaban la prevalencia de un temor hacia un otro

definido desde una naturaleza desconocida y diferentes, asociada a lo pecaminoso, a la improductividad y la criminalidad, fruto de la distancia social y la moral cristiana de la pobreza (Ponce de León 2012, 2003; Romero, 1997, Salazar, 1985; Grez, 1995).

A ello se suma la visión del indígena, donde si bien algunos historiadores relatan que en la primera parte del siglo XIX la comunicación comercial en el límite de Arauco era fluida y cotidiana, la prensa escrita deja ver una imagen del indígena como bárbaro, “seres inferiores” o a través de adjetivos peyorativos como “brutos racionales”, desde lo cual era sinónimo de ser pobres e indígenas (Bengoa, 2000; FOSUPO y UDP, 2011).

De este modo, mientras los mercaderes extranjeros aseguraban la eficiencia económica, el poder gubernamental se centraba en disciplina y administrar la díscola fuerza de trabajo, gestando así, un poder configurado como Estado-nación de blancos, donde la masa indígena y popular, cuando no era subordinada a lo laboral y jurídicamente a un régimen vertical de producción, vivía sin dios ni ley en la marginalidad y el vagabundaje, excluidos del Estado-nación e invisibles socialmente por mucho tiempo (Salazar y Pinto, 1999; Illanes, 2010; Palma, 2011; Ponce de León, 2012). Así el Estado, manejado desde un poder oligárquico8_{, fue definiendo su} accionar relacional con los diferentes grupos sociales, desde lo que Quijano (2000) denomina “una colonialidad del poder”.