37. Giovanna Valenti, p. 172
38. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Presidencia de la República, objetivo 8. http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PR/Planes/31052007.pdf
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IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LA VULNERABILIDAD DE LAS NIÑAS Y MUJERES ADOLESCENTES ANTE LA NARCOVIOLENCIA EN MÉXICO
Negación de la autoridad del empeoramiento en condición de seguridad, violación derechos humanos y otras problemáticas como la que
atraviesan niñas y niños y adolescentes. Negación de estar en una situación de
conflicto armado, “guerra contra el narco”
La búsqueda desesperada de nuevos elementos a incorporar en la célula criminal donde NNA se convirtieron en un blanco fácil y accesible.
La ruptura de la cohesión social, pérdida de derechos de la ciudadanía para disfrutar del espacio público y de sus libertades.
Gran afectación emocional en NNA Escalada de violencia y de
narcomensajes, ejecuciones y crímenes de lesa humanidad.
Negación del problema como un problema y defensa por parte del gobierno federal de dicha estrategia, como la única alternativa para alcanzar la seguridad, desmantelar el tráfico de drogas y las células organizadas que lo operan.
Notorio incremento de la influencia de Estados Unidos en la estrategia de combate al crimen organizado. Mayor presencia de armas de fuego, legales e ilegales entraron por la frontera mexicana entre México y Estados Unidos.
Incremento desproporcionado del número de personas victimadas con arma de fuego, ejecuciones y desapariciones.
Reclamos de la ciudadanía a la autoridad por el clima de violencia, inseguridad y riesgo.
Minimización de la autoridad de las víctimas inocentes, del incremento de la violencia y muertes. Ocultamiento de los narcomensajes –restringiendo su
aparición en los medios-.
En este contexto, las políticas de infancia vigentes muestran las siguientes realidades: Nuevas violencias y riesgos de cara al crimen organizado y violencia social en México. Como se ha mencionado con anterioridad, el incremento de la violencia social, flujo indiscriminado de armas de fuego y ampliación de actividades ilegales operadas por células organizadas trajo consigo nuevas vulnerabilidades a NNA en el acceso a sus derechos. A la condición de precariedad en la que se encuentra la niñez mexicana, se añadieron factores de riesgo extremo en el marco de la violencia social ocasionada por el crimen organizado.
Miles de niñas y niños son huérfanos de padres ejecutados y desaparecidos. Pero miles más viven en carne propia la violencia como testigos directos del daño que producen las armas, de las torturas y de los mensajes de narcotraficantes para los cuales usan los cuerpos mutilados de sus contendientes que suelen ser arrojados en puntos
estratégicos de poblaciones, calles y puentes.
Entre las nuevas violencias se encuentra el reclutamiento estilo “leva” de NNA para enrolarse en las estructuras criminales. La distorsión de la realidad y la falta de
oportunidades han conducido a algunos NNA a pensar que incluso ser criminal es una carrera que paga y que vale la pena desarrollar. Niños y niñas sicarios, usados para la servidumbre, como esclavos sexuales, explotados sin paga, obligados a torturar, asesinar o a asistir a misiones peligrosas con alta probabilidad de terminar muertos. Los usan de mensajeros, transportadores, espías, entre otras funciones, totalmente ajenas a los derechos que los protegen. Estas actividades han conducido a que NNA sean también blanco de prácticas similares a las vividas por los adultos, capturas, torturas y
ejecuciones.
Discriminación, criminalización, de NNA víctimas y testigos de crímenes de alto
impacto. La principal discriminación que enfrentan NNA testigos es la normalización de las situaciones en las zonas de mayor violencia aunado a la falta de interés de la
autoridad de que esto sea visto como un problema social de proporciones y
consecuencias insospechadas para el futuro de estos NNA y para la sociedad en la que se desenvuelven. Esta ausencia de interés hace que el problema no sea visto como problema de interés público y por lo tanto aún no se diseña una política pública integral que lo contemple. Ha habido un intento por dar atención a NNA en contextos de violencia armada, tal como se muestra en los Protocolos de Atención para NNA en Escenarios de Delincuencia Organizada. Los NNA involucrados en el crimen
organizado suelen ser tratados como criminales mayores por las propias bandas y autoridades.
NNA víctimas directas o indirectas del crimen organizado y la violencia social muestran signos de alta afectación e impacto en su desarrollo cotidiano, cientos han visto morir frente a ellos a familiares y conocidos o han sido heridos con armas de fuego. Miles son huérfanos y otros tantos viven en carne propia la violencia en forma de tráfico, esclavitud, engaño, cooptación para delinquir y operar como
39. Dichos protocolos fueron desarrollados en por la Mesa Interinstitucional para la Atención de NNA en Escenarios de Delincuencia Organizada, presidida por el Sistema DIF y en la que participaron diversas instituciones federales y de la sociedad civil. Sin embargo se centraron en la intervención y actuación durante un suceso violento en el que estuviese involucrada alguna institución de seguridad, o instancia estatal, para proteger y guiar a los NNA, en su contacto con el proceso de justicia y en su contribución para la restitución de derechos. Lejos de poder considerarse como una política integral, se desconoce su aplicación y resultados.
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“adulto” en las redes criminales, portando y disparando armas de fuego enfrentándose a los horrores que otros enfrentan. De los más de 60 000
ejecutados en estos años, 2006 a la fecha, se desconoce cuántos son NNA. En las fosas comunes no hay procedimientos claros sobre identificación de cadáveres de manera que miles de NNA son reportados como desaparecidos.
NNA migrantes no acompañados se encuentran en una alarmante condición de desprotección y riesgo, siendo su motivación de viaje el llegar a los Estados Unidos para unirse con familiares para encontrar una vida mejor, -ya que en su país de origen viven ya violencia, exclusión y marginación-, son presas fáciles del crimen organizado trasnacional y de las bandas de narcotráfico y otros delitos. NNA son violados y explotados sexualmente, las niñas con frecuencia son usadas para servicio doméstico de bandas criminales teniéndolas en explotación y violación continua de sus derechos.
Ante el contexto antes mencionado en el que se aprecia una muy específica vulnerabilidad no sólo jurídica de NNA con la ausencia de estado de derecho, invisibilización de sus necesidades y nuevas circunstancias ante las violencias sociales que se han disparado se hizo entonces un análisis general de las políticas públicas de infancia para determinar la condición general que guardan y desde ese lugar llegar a lo específico que es una serie de conclusiones y recomendaciones a futuro de política pública para NNA a nivel general y en lo específico, una serie de recomendaciones para políticas
integrales sobre la situación de violencia social. En esta lógica, se partió de un criterio de análisis de las políticas públicas resultante de un
instrumento base diseñado a manera de cuestionario y distribuido entre las instituciones federales y del Distrito Federal, Quintana Roo y Sinaloa con la intención de recuperar
información de calidad y validada por la propia institución respecto de las preocupaciones que se expresan en los objetivos del presente estudio.
Se hicieron también cuestionarios y entrevistas a organizaciones civiles que trabajan el tema de infancia y que no serán reportados en este momento debido a que el centro de la discusión serán las políticas públicas
gubernamentales. En el momento de hablar del establecimiento de agenda y de políticas serán
incluidas las propuestas y actividades mencionadas por la sociedad civil. Se
consideraron para la clasificación y análisis, los conceptos vertidos en el marco teórico de la presente investigación:
Así como otros planteamientos específicos que ayudaran a reconocer el problema, por lo que una pregunta crucial fue alusiva a la definición que institucionalmente tienen por violencia social, entendida para objeto del presente estudio como la derivada del crimen organizado.
Se enviaron cuestionarios a las instituciones más significativas vinculadas de una u otra forma a salvaguardar los derechos de la infancia. A nivel federal se pudieron tener entrevistas con 10 de éstas y sólo se recuperaron respondidos 7 cuestionarios, a nivel Distrito Federal, se otorgaron 5 entrevistas de instituciones del Distrito Federal y se
recuperaron apenas 2 cuestionarios durante el 2012. En Quintana Roo se recuperaron
solamente dos cuestionarios y en Sinaloa 9. La búsqueda y localización de instituciones, implicó un mapeo a partir del cual comenzaron a solicitarse visitas y entrevistas a
representantes de las instituciones federales y estatales, pudiendo tener acceso a varias de éstas. Los resultados de aplicación se integran en el análisis institucional anexo.